Sentencia CP-153-14 — Registro 14009
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Homicidio Simple, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
".... D) DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. El principio de Debida Técnica recursiva anteriormente explicado, no fue observado por el recurrente al momento de plantear y desarrollar su recurso de casación, pues es posible detectar la inadecuada técnica recursiva del censor al tratar de presentar y desarrollar su impugnación, sin cumplir con lo que relata el artículo 363 del Código Procesal Penal, lo que se vuelve el presente recurso falto de claridad y precisión; en primer lugar establece como precepto autorizante, artículos procesales que no constituyen normas que permiten la interposición del recurso, sino que refieren a derechos que gozan los imputados; por otro lado advierte que su recurso es por infracción de precepto constitucional, pero establece la falta de congruencia entre los hechos imputados, los hechos probados y la sentencia, dando a entender que existe algún motivo por quebrantamiento de forma. A pesar de las inconsistencia del recurso, este Tribunal de Casación ha establecido también como criterio jurisprudencial que, en virtud del control de convencionalidad que establece que los órganos del Estado en el marco de sus competencias, deben tomar en cuenta lo regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que sobre ésta ha realizado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual se constituye en un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, resulta necesario que los jueces y tribunales sean los primeros llamados a ejercer el control de convencionalidad. En tal sentido la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2.h establece las “Garantías Judiciales” exigibles en el marco de un proceso, dentro del cual se establece el “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior,” que es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. De acuerdo a la Corte IDH, el recurso contemplado en el artículo 8.2.h debe ser uno “ordinario eficaz” independientemente de la denominación que se le dé. En esa misma línea, los Estados “no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho a recurrir del fallo ya que dicha posibilidad debe ser accesible sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. Por ello, la corte ha estimado que “las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente.” (Corte IDH. Caso Mohamed vs Argentina). En ese sentido este Tribunal de Casación en respeto a ese control de convencionalidad, efectuará una revisión de la sentencia recurrida para determinar si el Sentenciador respetó en todo momento los derechos constitucionales que goza el acusado o por el contrario violentó el derecho de defensa como lo estableció el recurrente. Según lo relatado por el reclamante, el hecho de que el Tribunal Sentenciador haya fundamentado su sentencia en la declaración de dos testigos anónimos, hacen incurrir en violación al principio constitucional de Defensa. Esta Sala de Casación recuerda, que la declaración de testigos protegidos y no anónimos como lo refiere el censor, es una práctica procesal permitida en nuestra legislación según lo regula el artículo 237 del Código Procesal Penal, puesto que, si bien los testigos gozan de medidas de protección para no conocerse sus nombres, ni revelar su apariencia física por razones de seguridad personal, los jueces de sentencia si conocen esos detalles, precisamente deben cerciorarse de las generales de ley de los testigos que se encuentran en sobres sellados, por tanto no son en ningún momento testigos anónimos, sino que protegidos debido a la existencia racional de algún peligro grave para sus personas o sus parientes, si el recurrente no estaba conforme con las declaraciones de los testigos como “Protegidos” debió impugnarlo en el momento mismo de su solicitud por parte del ente acusador. Esta Sala de lo Penal ha analizado las declaraciones de los testigos protegidos “y” y “z”, así como los juicios de valor que expresó sobre esos testimonios y es posible detectar que fueron valoradas correctamente, estableciendo con sus testimonios y con la valoración conjunta armónica del resto de prueba, que el señor Luis Alfredo Arriaza es responsable de la muerte del señor Noel Jared Aguilera Estrada, respetándose en todo momento los derechos del imputado y sobre todo su derecho a la defensa, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. El principio de Debida Técnica recursiva anteriormente explicado, no fue observado por el recurrente al momento de plantear y desarrollar su recurso de casación, pues es posible detectar la inadecuada técnica recursiva del censor al tratar de presentar y desarrollar su impugnación, sin cumplir con lo que relata el artículo 363 del Código Procesal Penal, lo que se vuelve el presente recurso falto de claridad y precisión; en primer lugar establece como precepto autorizante, artículos procesales que no constituyen normas que permiten la interposición del recurso, sino que refieren a derechos que gozan los imputados; por otro lado advierte que su recurso es por infracción de precepto constitucional, pero establece la falta de congruencia entre los hechos imputados, los hechos probados y la sentencia, dando a entender que existe algún motivo por quebrantamiento de forma. A pesar de las inconsistencia del recurso, este Tribunal de Casación ha establecido también como criterio jurisprudencial que, en virtud del control de convencionalidad que establece que los órganos del Estado en el marco de sus competencias, deben tomar en cuenta lo regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que sobre ésta ha realizado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual se constituye en un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, resulta necesario que los jueces y tribunales sean los primeros llamados a ejercer el control de convencionalidad. En tal sentido la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2.h establece las “Garantías Judiciales” exigibles en el marco de un proceso, dentro del cual se establece el “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior,” que es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. De acuerdo a la Corte IDH, el recurso contemplado en el artículo 8.2.h debe ser uno “ordinario eficaz” independientemente de la denominación que se le dé. En esa misma línea, los Estados “no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho a recurrir del fallo ya que dicha posibilidad debe ser accesible sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. Por ello, la corte ha estimado que “las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente.” (Corte IDH. Caso Mohamed vs Argentina). En ese sentido este Tribunal de Casación en respeto a ese control de convencionalidad, efectuará una revisión de la sentencia recurrida para determinar si el Sentenciador respetó en todo momento los derechos constitucionales que goza el acusado o por el contrario violentó el derecho de defensa como lo estableció el recurrente. Según lo relatado por el reclamante, el hecho de que el Tribunal Sentenciador haya fundamentado su sentencia en la declaración de dos testigos anónimos, hacen incurrir en violación al principio constitucional de Defensa. Esta Sala de Casación recuerda, que la declaración de testigos protegidos y no anónimos como lo refiere el censor, es una práctica procesal permitida en nuestra legislación según lo regula el artículo 237 del Código Procesal Penal, puesto que, si bien los testigos gozan de medidas de protección para no conocerse sus nombres, ni revelar su apariencia física por razones de seguridad personal, los jueces de sentencia si conocen esos detalles, precisamente deben cerciorarse de las generales de ley de los testigos que se encuentran en sobres sellados, por tanto no son en ningún momento testigos anónimos, sino que protegidos debido a la existencia racional de algún peligro grave para sus personas o sus parientes, si el recurrente no estaba conforme con las declaraciones de los testigos como “Protegidos” debió impugnarlo en el momento mismo de su solicitud por parte del ente acusador. Esta Sala de lo Penal ha analizado las declaraciones de los testigos protegidos “y” y “z”, así como los juicios de valor que expresó sobre esos testimonios y es posible detectar que fueron valoradas correctamente, estableciendo con sus testimonios y con la valoración conjunta armónica del resto de prueba, que el señor Luis Alfredo Arriaza es responsable de la muerte del señor Noel Jared Aguilera Estrada, respetándose en todo momento los derechos del imputado y sobre todo su derecho a la defensa, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. V. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, interpuesto por la defensa pública del acusado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil dieciocho, que literalmente dice: “I. Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días de septiembre de dos mil dieciocho, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En Nombre Del Estado De Honduras La sentencia en el Recurso de Casación SP 153-2014 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha diecinueve de agosto del año dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, departamento de Choluteca, mediante la cual Condenó al señor Luis Alfredo Arriaza, como autor del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor Noel Jared Aguilera Estrada, a la pena de Diecisiete (17) años de reclusión, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal. Asimismo se declaró la responsabilidad civil del condenado Luis Alfredo Arriaza. No se condenó en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, el Abogado Samuel Antonio Nuñez Acosta, actuando en su condición de Defensor Público del señor Luis Alfredo Arriaza. Son Partes En La Única Instancia: El Abogado José Roberto Izaguirre en su condición de Defensor Público del señor Luis Alfredo Arriaza, como parte recurrente y el abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su calidad de Fiscal del Ministerio Público como parte recurrida. I. Hechos Probados PRIMERO: En fecha veintiuno (21) de Febrero del año dos mil nueve, como a eso de las once de la noche (11:00 pm) en la aldea de San Jerónimo, Jurisdicción del Municipio de Namasigue, Departamento de Choluteca, en el salón de baile propiedad de la familia Zapata, se llevó a cabo una fiesta bailable la cual era amenizada por el grupo musical “Eros” siendo su vocalista el cantante Noel Jared Aguilera Estrada. SEGUNDO: Mientras el grupo musical y sus bailarinas se encontraban amenizando el baile; Luis Alfredo Arriaza alias “Barrabás”, se acercó hasta una de las bailarinas y la intentó tocar, pero Noel Jared se lo impidió manifestándole “que no la molestara, que estaba trabajando y que al terminar podía bailar con ella”; Luis Alfredo se molestó y le dijo a Noel Jared: “No sabes con quien te estás metiendo” e inmediatamente salió del salón. TERCERO: Como a eso de las 11:30 a 12:00 de la noche, el grupo musical hizo una pausa en su repertorio musical para descansar, saliendo del salón Noel Jared Aguilera ubicándose cerca de la puerta de entrada al salón, hasta donde se le acercó Luis Alfredo Arriaza quien le solicitó que sacara a la bailarina y se la entregara, contestándole Noel Jared “no puedo sacarla y entregársela”, por lo que Luis Alfredo Arriaza sin mediar palabra saca un arma de fuego que portaba en su cintura y disparó en contra de Noel Jared impactándole un disparo, en la región del pómulo en mejilla del lado izquierdo, con orificio de salida en occipital posterior de la cabeza; cayendo Noel inerte sobre la acera del salón de baile, marchándose con rumbo desconocido Luis Alfredo Arriaza. CUARTO: Luis Alfredo Arriaza fue capturado posteriormente, por los agentes de investigación y luego puesto a la orden del Juzgado de Letras competente. III. Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS. PRIMER MOTIVO: INFRACCION AL PRECEPTO CONSTITUCIONAL DE DERECHO DE DEFENSA. PRECEPTO AUTORIZANTE: EL PRESENTE MOTIVO DE CASACION SE ENCUENTRA COMPRENDIDO EN EL ARTICULO: 1, 361 y 101 DEL CODIGO PROCESAL PENAL y artículo 82 de la Constitución de la República. El derecho de defensa es inviolable. Reza en la Constitución de la República. El precepto Procesal Penal que se refiere al artículo (uno) sobre el JUICIO PREVIO han sido infringido al condenar en sentencia a mi representado, violando las garantía Constitucional en perjuicio de mi patrocinado como el derecho de Defensa que se traduce en: FALTA DE CONGRUENCIA ENTRE LOS HECHOS IMPUTADOS Y LOS HECHOS PROBADOS Y LA SENTENCIA Se estableció en la sentencia como hecho PROBADO “Como a eso de las 11:30 a 12:OO de la noche del día veintiuno de febrero del dos mil nueve, el grupo musical hizo una pausa musical en la cual salió del salón de baile el señor Noel Jared Aguilera y ubicándose cerca de la entrada de la puerta del salón donde se acerco el señor Luís Arriaza solicitándole que le sacara a la bailarina contestándole Noel Jared “no puedo sacarla y entregarla” por lo que Luís Alfredo Arriaza sin mediar Palabras saco una arma de fuego que portaba en la cintura y disparo en contra de Noei Jared en la región del pómulo en la Mejía izquierda, con orificio de salida en el Occipital posterior”. El fundamento de los Hechos Probados lo constituyo la prueba testimonial de Testigos Protegidos denominados “y” y el testigo clave “Z” consignados en el artículo 236 del C.P.P. Cuya característica es la ocultación de la Identidad y que permiten declarar de manera Anónima conociéndolo la literatura como TESTIGO ANONIMO. Constituyéndose en una verdadera sorpresa para la defensa que la Sentencia Condenatoria se sustentase en la declaración de TESTIGOS ANONIMOS el cual lo obliga a recurrir la misma ante esta honorable sala de lo Penal de Corte suprema de Justicia señalando donde está el error y la violación del Principio Constitucional de Defensa: El Principio de Congruencia debe guardar correspondencia lógica con las pretensiones deducidas por las partes debatidas y probadas en el proceso y la sentencia pasando por el contradictorio como esencia del proceso; lo que hizo el tribunal de sentencia de Choluteca y Valle es “complacer” a una de las parte (Ministerio Publico)pues hay una identidad entre la acusación y la sentencia; y la forma como quedaron los Hechos Probados en la Sentencia revela otra cosa. La declaración de los Testigos Protegidos “Y” y “Z” siempre será prueba indirecta lo cual requerirá otros medios de prueba para su valides y establecer su grado de certeza en ambos casos dichos testigos afirman la presencia en lugar de los hechos a mi representado sin ser corroborado por otro medio de prueba como ser el decomiso de instrumentos de ejecución del delito (arma); balística; decomiso de posesión de objetos robados todos aquellos INDICIOS referentes a la AUTORIA así como indicio de OPORTUNIDAD como huellas materiales del delito o simplemente el del móvil “nadie viola leyes naturales ni civiles; nadie delinque sin una causa que lo determine; la existencia de un crimen GRATUITO es completamente absurdo se delinque cuando se tiene un interés” “La Prueba en materia Penal”; Tiberio Quintero Espino. El tribunal de Sentencia tarifó la prueba otorgándole más valor al del acusador que a las pruebas presentadas por la defensa. De todos los alegatos ante expuestos se desprende una clara violación al precepto Constitucional de Defensa porque a los testigos Protegidos o testigos Anónimos nunca serán confiables imparciales fiables porque se escudan, tampoco se verifica el modo como conoció los hechos; no se podrá conocer la animadversión u otros extremos que hagan surgir dudas sobre su credibilidad; viola normas procesales como el de contradicción; la defensa técnica; lo cual resulta incompatible con el Sistema Acusatorio que privilegia la transparencia. La violación del Derecho de Defensa está en la Sentencia Condenatoria fundamentada en testigos PROTEGIDOS o testigos ANONIMOS este es el error en que ha incurrido el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle en que a agravado la condición del imputado volviendo incongruente los Hechos Imputados y los Hechos probados y la Sentencia. IV. Fundamentación 1) Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El Artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentar la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del Legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República, frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. 1.a) Único Motivo Norma Autorizante: Artículos 1, 361 y 101 todos del Código Procesal Penal. Norma Constitucional que se denuncia Infringida: Artículo 82 de la Constitución de la República. Concepto de la Infracción: Violación al derecho de defensa. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Sin determinar por el censor. Explicó el recurrente que existe falta de congruencia entre los hechos imputados y los hechos probados y la sentencia. Recalcó que es una verdadera sorpresa para la defensa que la Sentencia condenatoria se sustentase en la declaración de testigos anónimos y es lo que ha ocasionado la violación al derecho de defensa. 1.b) Del Derecho de Defensa. Uno de los requisitos Constitucionales del proceso penal, lo constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (Véase Pavón Gómez Germán, De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49) (En fallo de fecha 02 de noviembre del 2011, contenido en el expediente 342-09); además esta Sala de lo Penal, ha establecido que “…el derecho de defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…”[1] 1.c) Del Principio de Debida Técnica en el Recurso de Casación Penal. Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que “el Principio de Debida Técnica” se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, por ello esta sala de lo penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de Agosto de 2010 SP 273-08; Sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; Sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aún intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley[2]. 1. D) De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. El principio de Debida Técnica recursiva anteriormente explicado, no fue observado por el recurrente al momento de plantear y desarrollar su recurso de casación, pues es posible detectar la inadecuada técnica recursiva del censor al tratar de presentar y desarrollar su impugnación, sin cumplir con lo que relata el artículo 363 del Código Procesal Penal, lo que se vuelve el presente recurso falto de claridad y precisión; en primer lugar establece como precepto autorizante, artículos procesales que no constituyen normas que permiten la interposición del recurso, sino que refieren a derechos que gozan los imputados; por otro lado advierte que su recurso es por infracción de precepto constitucional, pero establece la falta de congruencia entre los hechos imputados, los hechos probados y la sentencia, dando a entender que existe algún motivo por quebrantamiento de forma. A pesar de las inconsistencia del recurso, este Tribunal de Casación ha establecido también como criterio jurisprudencial que, en virtud del control de convencionalidad que establece que los órganos del Estado en el marco de sus competencias, deben tomar en cuenta lo regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que sobre ésta ha realizado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual se constituye en un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, resulta necesario que los jueces y tribunales sean los primeros llamados a ejercer el control de convencionalidad. En tal sentido la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2.h establece las “Garantías Judiciales” exigibles en el marco de un proceso, dentro del cual se establece el “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior,” que es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. De acuerdo a la Corte IDH, el recurso contemplado en el artículo 8.2.h debe ser uno “ordinario eficaz” independientemente de la denominación que se le dé. En esa misma línea, los Estados “no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho a recurrir del fallo ya que dicha posibilidad debe ser accesible sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. Por ello, la corte ha estimado que “las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente.” (Corte IDH. Caso Mohamed vs Argentina). En ese sentido este Tribunal de Casación en respeto a ese control de convencionalidad, efectuará una revisión de la sentencia recurrida para determinar si el Sentenciador respetó en todo momento los derechos constitucionales que goza el acusado o por el contrario violentó el derecho de defensa como lo estableció el recurrente. Según lo relatado por el reclamante, el hecho de que el Tribunal Sentenciador haya fundamentado su sentencia en la declaración de dos testigos anónimos, hacen incurrir en violación al principio constitucional de Defensa. Esta Sala de Casación recuerda, que la declaración de testigos protegidos y no anónimos como lo refiere el censor, es una práctica procesal permitida en nuestra legislación según lo regula el artículo 237 del Código Procesal Penal, puesto que, si bien los testigos gozan de medidas de protección para no conocerse sus nombres, ni revelar su apariencia física por razones de seguridad personal, los jueces de sentencia si conocen esos detalles, precisamente deben cerciorarse de las generales de ley de los testigos que se encuentran en sobres sellados, por tanto no son en ningún momento testigos anónimos, sino que protegidos debido a la existencia racional de algún peligro grave para sus personas o sus parientes, si el recurrente no estaba conforme con las declaraciones de los testigos como “Protegidos” debió impugnarlo en el momento mismo de su solicitud por parte del ente acusador. Esta Sala de lo Penal ha analizado las declaraciones de los testigos protegidos “y” y “z”, así como los juicios de valor que expresó sobre esos testimonios y es posible detectar que fueron valoradas correctamente, estableciendo con sus testimonios y con la valoración conjunta armónica del resto de prueba, que el señor Luis Alfredo Arriaza es responsable de la muerte del señor Noel Jared Aguilera Estrada, respetándose en todo momento los derechos del imputado y sobre todo su derecho a la defensa, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. V. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, interpuesto por la defensa pública del acusado. VI. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 237, 338, 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por el Abogado Samuel Antonio Nuñez Acosta, en su condición de Defensor Público del señor Luis Alfredo Arriaza a quien se le condenó por el delito de Homicidio en perjuicio de Noel Jared Aguilera Estrada. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha diecinueve de agosto del dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, departamento de Choluteca. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA COORDINADORA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho. Certificación de la Sentencia de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-153-2014.
JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
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[1] Vid Sentencia de Casación Penal N° SP 187-2011 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 15 de abril del 2013.
[2] VID Sentencia de Casación Penal SP 41-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 08 de marzo del 2012