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Sentencia CP-149-14 — Registro 7851

Resumen

En primera instancia se declaró responsable a título de autor al menor por la infracción al tipo penal de Robo y Asociación Ilícita, en perjuicio del testigo protegido.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"DECISIÓN Esta Sala de lo Penal observa que en el presente caso, el censor del fallo que se impugna plantea un recurso de casación de infracción de ley sustantiva fundado en la aplicación indebida del artículo 332 del Código Penal.- Esta Sala considera que los hechos declarados probados por el Juzgador siguientes: “1.- Que de las investigaciones llevadas a cabo por la Fuerza Nacional Anti-Extorsión mediante expediente administrativo presentado al momento de poner a la orden de esta Juzgado al joven L. M. R. P.; Se logró establecer que el joven relacionado se encontraba con dos individuos más, el día veinte de Diciembre (2013) en una entrada de la colonia Melgar II, siendo las doce del medio día los agentes de policía preventiva se encontraban patrullando el sector de la Colonia Melgar de esta ciudad, a bordo de la motorizada M-03, cuando observaron que una persona les hacía señales de auxilio, quienes acudieron de inmediato y al acercarse al ciudadano éste les manifestó que tres personas que en ese momento se encontraban en la entrada de la colonia, lo habían estado extorsionando desde dos meses atrás y que hacía pocos minutos se le habían acercado y le habían quitado la cantidad de DOSCIENTOS LEMPIRAS; amenazándolo con una pistola que dicha cantidad es producto de su trabajo que realiza como vendedor; el cual se le había exigido como impuesto de guerra, es así como los agentes proceden a requerir a los ciudadanos, entre ellos el menor objeto de las presentes diligencias. Mismos que fueron requeridos y detenidos. En Sede Administrativa y Judicial, el menor fue plenamente identificado por el Testigo Protegido.- 2.- Como parte de la Prueba Documental presentada por la Fiscalía, se encuentran la Certificación de Acta de Nacimiento del menor L. M. R. P.; quien nació en esta ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, el día 03 de Julio de 1996; por lo que a la fecha tiene 17 años de edad, lo que lo ubica en la Jurisdicción especial del Juzgado de la Niñez; siendo sus padres L. A. R. A. y N. P. V.”, se ajustan perfectamente a lo dispuesto en el Artículo 332 del Código Penal vigente que a la letra dice: “Se sancionará con la pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de Cien mil lempiras (Lps.100, 000,00) a Trescientos mil lempiras (Lps.300, 000.00) a los Jefes o cabecilla de maras, pandillas y demás grupos que se asocien con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito. Con la misma pena de reclusión establecida en el párrafo anterior rebajada en un tercio (1/3), se sancionará a los demás miembros de las referidas asociaciones ilícitas”. De los hechos declarados probados se deriva que el acusado L. M. R. P., era parte de un grupo de personas que mediante amenazaban con arma de fuego extorsionaban al testigo protegido con cantidades de dinero en concepto de impuesto de guerra. De la prueba de cargo consistente en Agente de Policía E. M. L Y TESTIGO PROTEGIDO CX-777, aunado al resto de la prueba agregada al juicio, resulta que ellos tenían una tarifa establecida, siempre tenia que darles dinero, a veces doscientos, trescientos, o cuatrocientos lempiras, que arma que cargaban la andaba uno de los muchachos siempre en un bolso, que le salían al paso en cualquier parte de la colonia, que eran siempre las mismas personas, siempre andaba el menor L. M. R. P., que algunas veces fue a él a quien le entregaron dinero en concepto de impuesto de guerra. Esta Sala aprecia que del cuadro fáctico de la sentencia recurrida se derivan elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de reproche, contenido en el artículo 332 del Código Penal, pues se aprecia que el acusado junto a otros dos jóvenes se dedicaba a delinquir, utilizando como modus operandi salir al paso de las personas, en este caso al testigo protegido, en cualquier lugar de un territorio determinado, en este caso la Colonia Melgar II de la Ceiba, con el fin de amenazar y/o intimidar a las personas con arma de fuego, y con ello desapoderarlos de cantidades de dinero hasta completar una tarifa, todo ello en concepto del llamado “impuesto de guerra”. Dichas actividades, anteriormente indicadas, son típicas o propias de organizaciones dedicadas de forma permanente a delinquir, como lo son las maras o pandillas. Por lo anterior, esta Sala considera que los hechos declarados probados efectivamente se subsumen perfectamente en la N. penal sustantiva de Asociación Ilícita, sancionado en el artículo 332 del Código Penal, siendo el acusado L. M. R. P. al momento de los hechos un joven de diecisiete años de edad, un miembro activo de una mara o pandilla, siendo estas organizaciones ilícitas, por lo que declara sin lugar el motivo de casación de infracción de ley penal sustantiva, por aplicación indebida del artículo 332 del Código Penal, invocado por el recurrente

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, UNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los MAGISTRADOS RAFAEL BUSTILLO ROMERO, quien actúa como Coordinador, ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA Y JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, la siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-149-2014 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticuatro de febrero del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual Declaró responsable a título de autor al joven L. M. R. P. por la infracción al tipo penal de ROBO, en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO y lo declaró a título de autor por las Infracción Penal de ASOCIACION ILICITA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- Se le amonestó a fin de que joven L. M. R. P. comprenda que la propiedad ajena se respeta.- Se le Internó en el Centro Pedagógico El Carmen de la ciudad de San Pedro Sula, por el tiempo de SEIS (6) años.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, la Abogada R. V., actuando en su condición de Defensora Pública del joven L. M. R. P..- SON PARTES: La Abogada R. V., Defensora Pública del joven L. M. R. P., como parte recurrente; y, el Abogado O.K. V. J. M., Fiscal en representación del Ministerio Público, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS 1.- Que de las investigaciones llevadas a cabo por la Fuerza Nacional Anti-Extorsión mediante expediente administrativo presentado al momento de poner a la orden de esta Juzgado al joven L. M. R. P.; Se logró establecer que el joven relacionado se encontraba con dos individuos más, el día veinte de Diciembre (2013) en una entrada de la colonia Melgar II, siendo las doce del medio día los agentes de policía preventiva se encontraban patrullando el sector de la Colonia Melgar de esta ciudad, a bordo de la motorizada M-03, cuando observaron que una persona les hacía señales de auxilio, quienes acudieron de inmediato y al acercarse al ciudadano éste les manifestó que tres personas que en ese momento se encontraban en la entrada de la colonia, lo habían estado extorsionando desde dos meses atrás y que hacía pocos minutos se le habían acercado y le habían quitado la cantidad de DOSCIENTOS LEMPIRAS; amenazándolo con una pistola que dicha cantidad es producto de su trabajo que realiza como vendedor; el cual se le había exigido como impuesto de guerra, es así como los agentes proceden a requerir a los ciudadanos, entre ellos el menor objeto de las presentes diligencias. Mismos que fueron requeridos y detenidos. En Sede Administrativa y Judicial, el menor fue plenamente identificado por el Testigo Protegido.- 2.- Como parte de la Prueba Documental presentada por la Fiscalía, se encuentran la Certificación de Acta de Nacimiento del menor L. M. R. P.; quien nació en esta ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, el día 03 de Julio de 1996; por lo que a la fecha tiene 17 años de edad, lo que lo ubica en la Jurisdicción especial del Juzgado de la Niñez; siendo sus padres L. A. R. A. y N. P. V.” III. ADMISIBILIDAD El Recurso de Casación por Infracción de Ley reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. IV. RECURSO DE CASACIÓN “La recurrente, Abogada R. V., formalizó su Recurso de Casación por Infracción de Ley de la siguiente manera: “MOTIVO UNICO: Infracción por aplicación indebido del precepto contenido en los artículos 332 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra en el artículo 360 párrafo primero Del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO Por una parte la N. sustantiva infringida es el artículo 332 del Código Penal que establece: 332 Se sancionará con la pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de CIEN MIL LEMPIRAS (Lps.100,000,00) a TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (Lps.300,000.00) a los Jefes o cabecilla de maras, pandillas y demás grupos que se asocien con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito. Con la misma pena de reclusión establecida en el párrafo anterior rebajada en un tercio (1/3), se sancionará a los demás miembros de las referidas asociaciones ilícitas. PRIMERO: Artículo este que se ha aplicado incorrectamente por la Juez de Letras de la Niñez de la Sección Judicial de la Ceiba al no ajustarse la declaración de los hechos probados con el tipo penal que establece ese artículo. El Juzgado en referencia declaro como probados los siguientes hechos: 1.- Que de las investigaciones llevadas a cabo por la Fuerza Nacional Anti—Extorsión, mediante expediente administrativo presentado al momento de poner a la orden de este Juzgado al joven L. M. R. P.; se logró establecer que el joven relacionado se encontraba con dos individuos mas, el día veinte de diciembre (2013) en una entrada de la colonia Melgar II, siendo las doce del medio día los agentes de policía preventiva se encontraban patrullando el sector de dicha colonia, a bordo de la motorizada M-03, cuando observaron que una persona les hacia señales de auxilio, quienes acudieron de inmediato y al acercarse al ciudadano este les manifestó que tres personas que en ese momento se encontraban en la entrada de la colonia, lo habían estado extorsionando desde dos meses atrás y que hacia pocos minutos se le habían acercado y le habían quitado la cantidad de DOSCIENTOS LEMPIRAS; amenazándolo con una pistola, que dicha cantidad es producto de su trabajo que realiza como vendedor; el cual se le había exigido como impuesto de guerra, es así como los agentes proceden a requerir a los ciudadanos, entre ellos el menor objeto de las presentes diligencias; mismos que después de ser revisados fueron y detenidos; y llamando a la central de Policía fueron trasladados a la misma. En sede administrativa y judicial, el menor fue plenamente identificado por el Testigo Protegido. 2.- Como parte de la prueba documental presentada por la Fiscalía, se encuentra la certificación de Acta de nacimiento del menor L. M. R. P.; quien nació en esta ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida, el día 03 de julio de 1996; por lo que a la fecha tiene 16 años de edad, lo que lo ubica en la jurisdicción especial del Juzgado de la Niñez; siendo su padres L. A. R. A. y N. P. V.. Al analizar el contenido de los dos hechos probados se observa que el Tribunal no analizó los elementos requeridos para establecer si se configuraba el tipo penal acusado el cual es el de Asociación Ilícita. Como se puede apreciar en los dos hechos probados, del conjunto del relato fáctico que constituye para los efectos de casación verdades indiscutibles, no permiten declarar la existencia independiente de un delito de Asociación Ilícita a que se refiere el articulo 332 del Código Penal, por el que se acuso al menor L. M. R. P., en vista que en dichos hechos no se encuentran comprendidos los elementos objetivos y subjetivos que configuran el ilícito penalmente relacionado, tampoco se instituye en estos hechos probados, cual fue el bien jurídico protegido y cuando fue puesto en peligro efectivo, como todos sabemos nuestra legislación establece que los delitos pueden ser de acción y de omisión y para ser punibles deben de poner en eminente peligro un bien jurídico tutelado por el Estado, en el presente caso, este hecho no relata cual fue la acción que de lugar a tipificar el delito como asociación Ilícita, y mucho menos que se haya puesto en peligro efectivo el bien jurídico colectivo como ser la Seguridad Interior del estado de Honduras, por lo que podemos determinar que los hechos probados establecido por la Juez de Letras de la Niñez de la Ceiba en su sentencia no se enmarca correctamente en el delito de ASOCIACION ILICITA, asimismo hemos de decir que confrontado los hechos declarados probados con la prueba aportada por el ente acusador como lo es el Ministerio Público, esta defensa considera que el mismo no resulta adecuado a lo que dispone el artículo 332 del Código Penal vigente, que reprime a toda persona asociada ilícitamente de manera permanente para delinquir, quedando la conducta del menor L. M. R. P. fuera del contexto de la N. penal citada (artículo 332 del Código Penal). SEGUNDO: Es así que la acción típica de la conducta prohibida por la ley requiere que se pertenezca a una mara, pandilla o a cualquier grupo ilícito, ya sea en calidad de jefe, cabecilla o simple miembro, grupos que en definitiva son los considerados como asociaciones ilícitas por la N. penal. Para pertenecer a uno de estos grupos, se supone que existe un concierto de voluntades de varias personas con fines delictivos, en los que participan según en la condición en que se pertenezca al grupo (jefes, cabecillas o simples miembros), los hechos declarados probados en la sentencia de mérito no constituyen el ilícito penal que pretendía el Ministerio Público al acusar, por cuanto no se cumplen los elementos objetivo y subjetivo que se requiere para la existencia de este delito como lo señalamos a continuación: Elemento o Tipo objetivo del delito de Asociación Ilícita requiere en primer lugar que las personas se hallen materialmente integradas a un grupo u organización dedicada a delinquir y en segundo lugar que la integración de estas personas a los aludidos grupos tenga persistencia en el tiempo, es decir que no se haya interrumpido su permanencia a causa de un desistimiento voluntario y definitivo del sujeto activo, en algún momento previo a su captura, reiteramos que la asociación debe de ser duradera, no puede ser una organización fugaz que tenga como único objetivo cometer un hecho punible aislado sino que se requiere un constante concierto para la práctica de actividades delictivas. El elemento subjetivo del tipo penal en cuestión lo constituye la persistencia de ánimo de mantenerse asociado para delinquir. Este elemento está constituido por el dolo, que necesariamente debe reflejar el conocimiento que tienen los sujetos que forman parte del grupo o pandilla que estos grupos cometen ilícitos penales sin embargo tienen el firme propósito de pertenecer a dichos grupos y delinquir dentro de los mismos. Analizada la sentencia de mérito, y con lo antes manifestado concluimos diciendo que en la misma en cuanto a que el menor infractor sea miembro de una asociación ilícita no se logró enervar el estado de inocencia del mismo, pues únicamente existen manifestaciones aisladas esbozadas por el testigo protegido en la audiencia de juicio oral y no comprobadas ante la policía Nacional Preventiva dichos hechos delictivos, asimismo no se demostró que el fuera miembro activo de alguna mara, lo anterior porque en juicio nunca se demostró documentalmente o mediante fotografías o videos haberse estado vigilando en diferentes oportunidades al menor infractor, por lo que no se produce la plena convicción de que el menor efectivamente sea miembro de un grupo asociado ilícitamente. Examinado lo anterior, siendo que la N.tiva penal establece claramente que solamente son responsables quienes actúan como autores o cómplices, a titulo de dolo o culpa y no habiéndose probado ni la configuración del tipo penal acusado ni la participación culpable del menor como autor del hecho que le fue atribuido, no puede declararse la culpabilidad del mismo por lo anterior debiéndose para tal efecto declarar la libre absolución del menor por este delito tal y como lo recomienda el artículo 339 del Código Procesal Penal. TERCERO: Recordemos Honorables Magistrados que el fáctum del fallo está orientado a subsumir la acción imputada en el tipo penal contenido en el artículo 332 del Código Penal vigente como acción consumada, de tal manera que la calificación del hecho debe de estar en armonía con la parte resolutiva del fallo y siendo que los hechos probados son el cimiento del fallo y que por esa razón son inobjetables, en ese sentido el fallo no se circunscribe como verdad que el menor pertenezca a alguna asociación ilícita y su permanencia a ella en forma indefinida y en este caso se produce una incongruencia entre los hechos estimados y declarados probados con el delito del cual se les acusa es decir al delito de Asociación Ilícita. De lo anterior se desprende que la conducta narrada en los hechos declarados probados por el Juzgado de Letras de la Niñez Seccional de la Ceiba no es suficiente para ser constitutivo de una “ASOCIACION ILICITA” como erróneamente fue calificado y por ende haber condenado al menor L. M. R. P., pues el Ministerio Fiscal pudo haber demostrado la culpabilidad de mi representado mediante el testimonio de personas de la comunidad que dijeran que les consta que este menor había cometido ilícitos contra las personas incluido el ofendido, además no basta la simple declaración de testigo Protegido de cargo y Agente de la Policía donde unos se escudan en el cargo que ostentan para mentir y perjudicar a las personas, sino que es necesario como se dijo antes que sea producto de una vigilancia y observación continua debidamente documentada, ya sea con fotografías, o cintas de video por parte de la policía, pero es el caso que en el juicio, solamente fueron llevados un agentes de la Policía E. M.es L. y testigo Protegido CX-777, policía este que le dio captura al menor con otras dos personas mas, recordemos que la responsabilidad de procurar el enjuiciamiento le corresponde al ente acusador del Estado que como representante de la sociedad, está obligado en todo momento a radicar ante los tribunales de justicia las acciones penales necesarias contra quienes resulten con graves indicios de responsabilidad, pero la búsqueda y obtención lícita de las pruebas es responsabilidad exclusiva de los cuerpos de investigación según lo prescriben los artículos 272, 273 y especialmente los artículos 279, 280 y 281 del Código Procesal Penal, con la colaboración de otros cuerpos, siempre bajo la dirección del Fiscal, debiendo desplegar toda su actividad inquisitiva en la búsqueda de las pruebas que vinculen al hecho con los posibles participes, y solo ante la existencia de graves indicios de criminalidad se procederá contra una persona, para solicitar de un órgano jurisdiccional la determinación de su culpabilidad, por tal razón consideramos que es peligroso sostener que una persona pertenezca a una asociación ilícita de aquellas conocidas como maras o pandillas, solamente teniendo como prueba denuncia de un testigo Protegido y un agente de Policía que lo capturan por una denuncia, testigos estos que pierden credibilidad porque en su deposición se contradice y podría tratarse de alguien que quiera perjudicarlo, por lo que las mismas deberían estar asociadas con otras pruebas que demuestren todos y cada uno de los elementos definidores del delito como ha quedado expuesto, pero nunca con la simple mención como suele hacerse en estrados policiales. Cuando se trata de restringir un derecho fundamental de la persona humana, como la libertad, debe de garantizarse plenamente que la persona a quién se le menoscabara su derecho, es aquella que realmente ha cometido infracción penal y que por ello es necesaria su resocialización mediante el cumplimiento de una pena en este caso al no haberse acreditado fehacientemente solamente por medio de indicios aislados la existencia del delito y la participación que pudiere haber tenido L. M. R. P. no existe fundamento alguno para considerarlo culpable y mucho menos para imponerle una Infracción. La parte acusadora ha de acreditar en el juicio oral los hechos constitutivos, los hechos que conforman el tipo penal, es por ello que al no haber acreditado el Ministerio Público fehacientemente, los extremos en que fundan su acusación, ya que su actividad probatoria resulta insuficiente para probar la existencia del delito y enervar la presunción de inocencia, procede entonces dictar un fallo absolutorio a favor del menor por el delito de Asociación Ilícita. INTERPRETACIÓN PRETENDIDA Al no enmarcarse correctamente el hecho probado en el delito de Asociación Ilícita, por no plasmarse ninguno de los elementos antes explicados, esta defensa considera que este hecho no es constitutivo de delito alguno, es decir, no vincula la responsabilidad de mi representado menor L. M. R. P. a la Infracción por el cual fue condenado, por lo que, se solicita con todo respeto a la Honorable Corte Suprema de Justicia que case el recurso y reforme la parte resolutiva de la sentencia, debiendo dictar una nueva en la cual se ABSUELVA de toda responsabilidad a mi patrocinado en el caso de la Asociación Ilícita.”. V. FUNDAMENTACION JURIDICA A través del RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la N. de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra N. jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las N.s que sí corresponde aplicar, se invocan N.s que no deben aplicarse, o se invocan las N. que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Artículo 198 del Código de la Niñez y de la Adolescencia dispone que: “ Para los efectos de lo dispuesto en la literal h) del Artículo 188, el internamiento será una medida excepcional que con­sistirá en privar de su li­bertad al niño: a) Porque la infracción cometida por el mismo haya producido daño a la vida de una persona o haya consistido en amenazas o gra­ves violencias contra otros seres humanos; b) Porque la acción u omisión haya impli­cado reincidencia o habitua­lidad en la comisión de infracciones; c) Porque el niño haya rechazado expresa, reiterada e injus­tificadamente el cumplimiento de otras medidas o sanciones impuestas por la autoridad competente; o, d) Porque exi­ste peligro de fuga u obstrucción de la investigación. El internamiento se apl­icará por el menor tiempo posible y no podrá exceder del que sea estrictamente necesario para la rehabilita­ción del niño. La acumulación no podrá exceder de ocho (8) años. Los efectos del interna­miento se evaluarán cada seis (6) meses”.[1] “El delito de Asociación Ilícita contenido en el artículo 332 del Código Penal establece: “Se sancionará con la pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de cien mil (L.100, 000.00) a trescientos mil (L.300, 000.00) Lempiras a los jefes o cabecillas de maras, pandillas y demás grupos que se asocien con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito. Con la misma pena de reclusión establecida en el párrafo anterior, rebajada en un tercio (1/3), se sancionará a los demás miembros de las referidas asociaciones ilícitas. Son Jefes o cabecillas, aquellos que se destaquen o identifiquen como tales y cuyas decisiones influyan en el ánimo y acciones del grupo”.- Por lo que corresponde su análisis: A) Naturaleza: El tipo penal de asociación ilícita constituye la criminalización de un tipo de conspiración, cuyo concepto es proporcionado por el Código Penal en el artículo 17, reprochando cuando varias personas deciden asociarse con el propósito permanente de ejecutar actos delictivos, si bien, el tipo penal califica como asociaciones ilícitas a las maras o pandillas, su aplicación no es exclusiva a dichos grupos, ya que por configuración puede ser base para declarar ilícito cualquier grupo de personas que concierten cometer delitos de carácter permanente. B) Bien Jurídico Protegido: El bien jurídico protegido es la Seguridad Interior del Estado de Honduras, que se traduce en la tranquilidad, y confianza que tiene la población del Estado en cualquier ambiente donde se encuentre dentro del territorio nacional; C) Elementos Objetivos del Tipo: 1) Sujetos Activos: El tipo penal no señala cuantas personas deberán de estar integradas en la asociación, por lo que siguiendo el artículo 2.a de la Convención de Palermo y conforme la Sentencia de fecha 22 de enero del 2007, en Expediente 2325-2004, dictada por esta Sala de lo Penal, deberá de entenderse que como mínimo tres personas. El tipo penal no exige que los sujetos activos tengan cualidades particulares, por cuanto el grupo podrá estar conformado por cualquier persona sin importar edad, sexo, religión, nacionalidad, etc. El Sujeto activo no necesariamente tendrá conocer la identidad de los miembros del resto del grupo, ya que podrá acontecer en donde solo conozca a uno de ellos, que le inicie en la agrupación y le de la membrecía. La membrecía del sujeto activo con el grupo puede ser permanente o temporal, como en los casos de personas que se unen al grupo solo entretanto se ejecuta un determinado delito, en estos casos se le considerara parte de la asociación ilícita, por cuanto el grupo como tal está constituido de manera permanente, con el fin de ejecutar delitos aún cuando su participación solo sea de carácter temporal. No se requerirá que en el grupo exista una estructura definida, jerarquizado o con roles determinados, ya que ello dependerá de la cantidad de miembros y la complejidad de los delitos que se proyecten ejecutar, bastará entonces que exista la agrupación como tal bajo un visión consensuada de cometer delitos; 2) Conducta Criminosa: Teniendo como verbo rector el “asociarse”, el acto penalmente relevante lo constituirá cuando el grupo de personas concierte la ejecución de actos delictivos. Implica entonces, que el grupo parte del acuerdo de voluntades de sus miembros para ejecutar delitos, por cuanto no es necesario que de manera posterior los miembros del grupo tenga que externar su acuerdo en la ejecución de un determinado delito, basta que hayan accedido a ser parte del grupo con la disposición de cometer delitos en cualquier momento en el tiempo en que el grupo este conformado como tal. El conjunto de personas pueden constituir el grupo con el fin de cometer delitos o la idea de cometer delitos de manera permanente puede nacer después de haberse constituido el grupo. No constituye asociación ilícita el grupo de persona que se proyecta la ejecución reiterada de actos constitutivos de faltas o actos contrarios a la ley civil o administrativa, debido a que el tipo penal lo restringe a actos constitutivos de delitos; 3) Requisito de Tiempo: El tipo penal exige que el grupo sea permanente, es decir, que no sea una reunión accidental de personas para cometer un delito determinado, sino que cada persona se identifique a sí mismo como miembro de un grupo que tiene constancia en el tiempo y cuyo único rol o como parte de sus roles, es cometer delitos (Al respecto ver Sentencia de fecha 24 de noviembre del 2005, en el Expediente 058-2006 y Sentencia de fecha 23 de marzo del 2007, en Expediente 079-2006); 4) Iter Criminis: No se requiere que los delitos propuestos por los integrantes del grupo lleguen a la fase de consumación, ni siquiera se exige el inicio de ejecución de esas conductas, la consumación del delito de asociación ilícita se produce con el acuerdo permanente de cometer delitos; 5) Sujeto Pasivo: El Sujeto pasivo del delito es el Estado de Honduras, no como Persona Jurídica, sino como entidad que agrupa a todos sus habitantes, es decir, a todos los que conforman la sociedad hondureña. D) Elementos Subjetivos del Tipo: Como elementos subjetivos, el tipo penal, junto al dolo, exige una intención final, la cual es la de cometer delitos de manera permanente (Al respecto ver Sentencia de fecha 24 de noviembre del 2005, en el Expediente 058-2006). E) Grados de Participación: En este tipo penal el único grado de participación que se presenta es el de co-autor, ya sea como jefe o cabecillas, y miembros del grupo: Son cabecillas, conforme lo señala el mismo tipo penal, aquellos que inciden en la voluntad de los miembros del grupo de manera reiterada y no accidental o momentánea, entretanto y bajo con concepto negativo, son miembros todos aquellos que no sean cabecillas o Jefes del grupo. No acontece en este tipo penal el grado de cómplice, debido a que éste no cumpliría con el elemento objetivo de permanencia. Ahora bien, si se puede presentar la participación de un cómplice en la ejecución de un determinado delito por el grupo ilícito (Ejemplo: robo, asesinato, tráfico de drogas), más no como cómplice del delito de asociación ilícita. F) Punibilidad: La pena abstracta a imponer a los miembros de grupos delictivos será de 13 años con 04 meses a 20 años de reclusión. El tipo penal no señala pena de multa para este tipo de participante. La pena abstracta a imponer a los jefes o cabecillas de los grupos delictivos será de 20 a 30 años de reclusión y multa de L.100, 000.00 a L.300, 000.00 lempiras. G). Características del Tipo Penal: 1) Según su Estructura: i) Tipo Penal Básico: Describe de manera independiente un modelo de comportamiento humano; ii) Tipo Penal Simple: Describe un solo modelo de comportamiento. 2) Según su Contenido: i) Tipo Penal de Mera Actividad: La descripción se agota con la acción del sujeto activo de asociarse con otras personas sin que se requiera la producción de un resultado en el mundo exterior que sea separable espacio-temporalmente (Al respecto ver Sentencia de fecha 08 de Septiembre del 2005, en el Expediente 291-04 y Sentencia de fecha 17 de octubre del 2007, en Expediente 380-2006); ii) Tipo Penal de Conducta Permanente: El comportamiento del sujeto activo se renueva de manera continua entretanto sea parte de la agrupación delictiva; iii) Tipo Penal de Acción: Requiere que el sujeto activo de manera consciente y voluntaria se adhiera al grupo delictivo, ergo no permite la comisión por omisión; iv) Tipo Penal Cerrado o Determinado: El tipo penal describe con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta prohibida se desprende con toda claridad del artículo 332 del Código Penal. 3) Según el Sujeto Activo: i) Tipo Penal Plurisubjetivo: Exige la concurrencia de tres personas o mas; ii) Tipo Penal Común: No requiere que los sujetos activos posean condiciones especiales. 4) Según el Bien Jurídico Tutelado: i) Tipo Penal Mono Ofensivos: Protege un único bien jurídico, tal cual es la Seguridad Interior del Estado de Honduras; ii) Tipo Penal de Peligro Abstracto: Debido a que la conducta delictiva apenas alcanza a potenciar un peligro para el bien jurídico protegido (Al respecto ver Sentencia de fecha 08 de septiembre del 2005, en el Expediente 291-04, Sentencia de fecha 17 de octubre del 2007, en Expediente 380-2006 y Sentencia de fecha 23 de marzo del 2007, en Expediente 079-2006)”. [2] VI. RESUMEN INFRACCIÓN POR APLICACIÓN INDEBIDO DEL PRECEPTO CONTENIDO EN LOS ARTÍCULOS 332 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. La N. sustantiva infringida es el artículo 332 del Código Penal que establece: “Se sancionará con la pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de Cien mil lempiras (Lps.100,000,00) a Trescientos mil lempiras (Lps.300, 000.00) a los Jefes o cabecilla de maras, pandillas y demás grupos que se asocien con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito. Con la misma pena de reclusión establecida en el párrafo anterior rebajada en un tercio (1/3), se sancionará a los demás miembros de las referidas asociaciones ilícitas”, tipo penal que ha aplicado incorrectamente por la Juez de Letras de la Niñez de la Sección Judicial de la Ceiba al no ajustarse la declaración de los hechos probados. Al analizar el contenido de los hechos probados se observa que el A Quo no analizó los elementos requeridos para establecer si se configuraba el tipo penal de Asociación Ilícita. En dichos hechos probados no se encuentran comprendidos los elementos objetivos y subjetivos que configuran el ilícito penalmente relacionado. El artículo 332 del Código Penal vigente, reprime a toda persona asociada ilícitamente de manera permanente para delinquir, quedando la conducta del menor L. M. R. P. fuera del contexto de artículo 332 del Código Penal. La acción típica de la conducta prohibida por la ley requiere que el acusado pertenezca a una mara, pandilla o a cualquier grupo ilícito, en calidad de jefe, cabecilla o simple miembro, grupos que en definitiva son los considerados como asociaciones ilícitas por la N. penal. Para pertenecer a uno de estos grupos, se supone que existe un concierto de voluntades de varias personas con fines delictivos, no constituyen el ilícito penal que pretendía el Ministerio Público al acusar. No se cumplen los elementos objetivo y subjetivo que se requiere para la existencia de este delito. Elemento o Tipo objetivo del delito de Asociación Ilícita requiere que las personas se hallen materialmente integradas a un grupo u organización dedicada a delinquir; y que la integración de estas personas a los aludidos grupos tenga persistencia en el tiempo, es decir que no se haya interrumpido su permanencia a causa de un desistimiento voluntario y definitivo del sujeto activo, en algún momento previo a su captura, la asociación debe de ser duradera, no puede ser una organización fugaz que tenga como único objetivo cometer un hecho punible aislado sino que se requiere un constante concierto para la práctica de actividades delictivas. El elemento subjetivo del tipo penal lo constituye la persistencia de ánimo de mantenerse asociado para delinquir. Este elemento está constituido por el dolo, que necesariamente debe reflejar el conocimiento que tienen los sujetos que forman parte del grupo o pandilla que estos grupos cometen ilícitos penales, sin embargo tienen el firme propósito de pertenecer a dichos grupos y delinquir dentro de los mismos. No basta la simple declaración de TESTIGO PROTEGIDO DE CARGO Y AGENTE DE LA POLICÍA, sino que es necesario que sea producto de una vigilancia y observación continua debidamente documentada, con fotografías o cintas de video, pero es el caso solamente se tuvo como prueba denuncia de un testigo Protegido y un agente de Policía que lo capturan por una denuncia, testigos estos que pierden credibilidad porque en su deposición se contradice y podría tratarse de alguien que quiera perjudicarlo. Al no haber acreditado el Ministerio Público fehacientemente los extremos en que fundan su acusación, por una actividad probatoria insuficiente para probar la existencia del delito y enervar la presunción de inocencia, procede entonces dictar un fallo absolutorio a favor del menor por el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA. VII. DECISIÓN Esta Sala de lo Penal observa que en el presente caso, el censor del fallo que se impugna plantea un recurso de casación de infracción de ley sustantiva fundado en la aplicación indebida del artículo 332 del Código Penal.- Esta Sala considera que los hechos declarados probados por el Juzgador siguientes: “1.- Que de las investigaciones llevadas a cabo por la Fuerza Nacional Anti-Extorsión mediante expediente administrativo presentado al momento de poner a la orden de esta Juzgado al joven L. M. R. P.; Se logró establecer que el joven relacionado se encontraba con dos individuos más, el día veinte de Diciembre (2013) en una entrada de la colonia Melgar II, siendo las doce del medio día los agentes de policía preventiva se encontraban patrullando el sector de la Colonia Melgar de esta ciudad, a bordo de la motorizada M-03, cuando observaron que una persona les hacía señales de auxilio, quienes acudieron de inmediato y al acercarse al ciudadano éste les manifestó que tres personas que en ese momento se encontraban en la entrada de la colonia, lo habían estado extorsionando desde dos meses atrás y que hacía pocos minutos se le habían acercado y le habían quitado la cantidad de DOSCIENTOS LEMPIRAS; amenazándolo con una pistola que dicha cantidad es producto de su trabajo que realiza como vendedor; el cual se le había exigido como impuesto de guerra, es así como los agentes proceden a requerir a los ciudadanos, entre ellos el menor objeto de las presentes diligencias. Mismos que fueron requeridos y detenidos. En Sede Administrativa y Judicial, el menor fue plenamente identificado por el Testigo Protegido.- 2.- Como parte de la Prueba Documental presentada por la Fiscalía, se encuentran la Certificación de Acta de Nacimiento del menor L. M. R. P.; quien nació en esta ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, el día 03 de Julio de 1996; por lo que a la fecha tiene 17 años de edad, lo que lo ubica en la Jurisdicción especial del Juzgado de la Niñez; siendo sus padres L. A. R. A. y N. P. V.”, se ajustan perfectamente a lo dispuesto en el Artículo 332 del Código Penal vigente que a la letra dice: “Se sancionará con la pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de Cien mil lempiras (Lps.100, 000,00) a Trescientos mil lempiras (Lps.300, 000.00) a los Jefes o cabecilla de maras, pandillas y demás grupos que se asocien con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito. Con la misma pena de reclusión establecida en el párrafo anterior rebajada en un tercio (1/3), se sancionará a los demás miembros de las referidas asociaciones ilícitas”. De los hechos declarados probados se deriva que el acusado L. M. R. P., era parte de un grupo de personas que mediante amenazaban con arma de fuego extorsionaban al testigo protegido con cantidades de dinero en concepto de impuesto de guerra. De la prueba de cargo consistente en Agente de Policía E. M. L Y TESTIGO PROTEGIDO CX-777, aunado al resto de la prueba agregada al juicio, resulta que ellos tenían una tarifa establecida, siempre tenia que darles dinero, a veces doscientos, trescientos, o cuatrocientos lempiras, que arma que cargaban la andaba uno de los muchachos siempre en un bolso, que le salían al paso en cualquier parte de la colonia, que eran siempre las mismas personas, siempre andaba el menor L. M. R. P., que algunas veces fue a él a quien le entregaron dinero en concepto de impuesto de guerra. Esta Sala aprecia que del cuadro fáctico de la sentencia recurrida se derivan elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de reproche, contenido en el artículo 332 del Código Penal, pues se aprecia que el acusado junto a otros dos jóvenes se dedicaba a delinquir, utilizando como modus operandi salir al paso de las personas, en este caso al testigo protegido, en cualquier lugar de un territorio determinado, en este caso la Colonia Melgar II de la Ceiba, con el fin de amenazar y/o intimidar a las personas con arma de fuego, y con ello desapoderarlos de cantidades de dinero hasta completar una tarifa, todo ello en concepto del llamado “impuesto de guerra”. Dichas actividades, anteriormente indicadas, son típicas o propias de organizaciones dedicadas de forma permanente a delinquir, como lo son las maras o pandillas. Por lo anterior, esta Sala considera que los hechos declarados probados efectivamente se subsumen perfectamente en la N. penal sustantiva de Asociación Ilícita, sancionado en el artículo 332 del Código Penal, siendo el acusado L. M. R. P. al momento de los hechos un joven de diecisiete años de edad, un miembro activo de una mara o pandilla, siendo estas organizaciones ilícitas, por lo que declara sin lugar el motivo de casación de infracción de ley penal sustantiva, por aplicación indebida del artículo 332 del Código Penal, invocado por el recurrente. VIII. RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 del Código Procesal Penal.- FALLA: Declara sin lugar el recurso de casación por infracción de Ley sustantiva, único motivo, interpuesto por la Abogada R. V., Defensora Pública del joven L. M. R. P., contra la sentencia de fecha veinticuatro de febrero del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los fines y efectos legales.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de marzo de dos mil dieciocho.- Certificación de la sentencia de fecha uno de febrero del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-149-2014.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

[1] Código de la Niñez y de la Adolescencia contenido en el Decreto No. 73-96, de treinta días del mes de mayo de mil novecientos noventa y seis. Reformado mediante Decreto No.35-13, del seis de septiembre de dos mil trece, publicado e el Diario Oficial La Gaceta No33, 222.

[2] Cita completa contenida en la sentencia de casación penal Expediente CP- 449-2011 de fecha diez de enero de dos mil trece.