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Sentencia CP-144-15 — Registro 14007

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Robo en su grado de ejecución de Tentativa, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia del Recurso EL RECURSO NO ES DE RECIBO. – Tras confrontar el tipo penal contenido en el artículo 223.2 del Código Penal con los hechos declarados probados en la sentencia que se impugna, esta Sala de lo Penal concluye que el ámbito situacional que prevé el legislador no se reproduce en los hechos reconstruidos por los Juzgadores; ya que los hechos son atípicos al delito de Hurto por Hallazgo. El Ministerio Público no puede perder de vista que el delito por el cual solicita sea condenado el acusado, formula reproche por conducta omisiva, lo que obliga a que en los hechos probados se refleje no solo la falta de realización de la conducta que la ley prevé como de obligatoria observancia, sino que además la decisión de aquel de no ejecutarla aun cuando se haya tenido la posibilidad de real de hacerla dentro del tiempo que razonablemente se desprenda del hecho concreto. En el presente caso la sentencia describe que el viernes 04 de marzo de 2013, en horas de la tarde, el señor José Antonio Amaya Villanueva, caminaba por la estación de buses MAHECO, localizada en el centro de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, y que al arrancar uno de los buses que se encontraba estacionado pudo ver un aparato celular en la calle, el cual tomó en sus manos, caminando posteriormente cuadra y media (150 metros), hasta donde lo alcanzó la señora María de los Ángeles Hernández, propietaria del objeto, identificándolo como la persona que llevaba consigo su propiedad, denunciándolo posteriormente con la Policía. Estos hechos informan el casual hallazgo del teléfono celular, luego de lo cual el acusado camino 150 metros de distancia hasta ser increpado por la señora María Hernández; los hechos no señalan que el acusado tuviese conocimiento quien era el dueño del bien mueble que había encontrado, tampoco señalan que el acusado haya tenido la posibilidad en 150 metros de reportar el hallazgo a alguna autoridad cercana, mucho menos que su desplazamiento haya sido con una dirección distinta a la búsqueda de una persona embestida de autoridad; y en especial de los hechos probados no se desprende que el acusado haya actuado con el fin de aprovechar el bien como lo haría su verdadero dueño. Adicional a que los hechos probados no se subsumen en el tipo penal de hurto, encuentra la Sala de lo Penal la falta de determinación del valor del bien mueble objeto de la controversia, aspecto importante pues el legislador hondureño ha dispuesto la graduación de la pena de conformidad al valor de éste; Es así que -de los hechos probados- no se desprende si el teléfono celular tenía un valor menor a diez lempiras (Falta de Hurto), mayor a diez lempiras pero no mayor a cinco mil lempiras (hurto menor) o un valor que excedía los cinco mil lempiras (Hurto Mayor), y por ende nos hubiéramos encontrado con la dificultad de poder señalar la pena en el supuesto de que los hechos probados hubiesen sido típicos de una conducta de Hurto por Hallazgo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha dos de noviembre del año dos mil dieciocho, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Puerto Cortés. Cortés a los treinta y un días de octubre de dos mil dieciocho, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncia EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-144-2015 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciséis de enero del dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: 1) Absolver al señor José Antonio Amaya Villanueva, por el delito de Robo en su grado de ejecución de Tentativa, en perjuicio de María de los Ángeles Herrera Hernández. - Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, el Abogado Francisco Abdrubal Lobo Galo, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Son Partes En La Única Instancia: Los Abogados Arnaldo Alcides García Alvarado y Mario Reniery Amador Espinal, Defensores Públicos, ambos en su condición de Recurrentes y la Abogada Ela Paredes Bromfield, Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrida. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA Único: El día viernes cuatro de marzo del dos mil trece, en horas de la tarde el señor José Antonio Amaya Villanueva transitaba por la estación de buses conocida como MAHECO, localizada en el centro de San Pedro Sula, Cortés. Al arrancar un bus que se encontraba estacionado, se encontró un aparato celular en la calle que tomó en sus manos, posteriormente se desplazó una cuadra y media del lugar del hallazgo. Hasta donde llegó la propietaria del celular quien lo identificó como la persona que tenía en su poder el aparato telefónico y denunciándolo a la policía lo que dio detención, encontrando en su poder el celular de la señora María de los Ángeles Hernández. III. RECURSO DE CASACIÓN. - MOTIVOS Y ARGUMENTOS Recurso De Casación Por Infracción De Ley: “Exposición De Motivos De Casación Al Motivo Único: “Infracción, por falta de aplicación del artículo 223 numeral 2) del Código Penal”. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. Exposición Del Motivo: El precepto penal de orden sustantivo que se cita como infringido textualmente dice: “Artículo 223; Comete el delito de hurto; …2) Encontrándose una cosa perdida no la entrega a la autoridad o a su dueño sí sabe quién lo es y se apodera de la misma con ánimo de dueño; y.…” Por su parte, el Tribunal sentenciador luego de evacuadas todas las probanzas propuestas, estimó como hecho probado en lo relevante lo siguiente: “Único: El día viernes cuatro de marzo del dos mil trece, en horas de la tarde el señor José Antonio Amaya Villanueva transitaba por la estación de buses conocida como MAHECO, localizada en el centro de San Pedro Sula, Cortes. Al arrancar el bus que se encontraba estacionado, se encontró un aparato celular en la calle que tomo en sus manos, posteriormente se desplazó una cuadra y media del lugar del hallazgo, hasta donde llegó la propietaria del celular quien lo identificó como la persona que tenía en su poder el aparato telefónico y denunciándolo a la policía lo que dio detención, encontrándole en su poder el celular de la señora María de los Ángeles Hernández.” El delito de hurto regulado en el artículo 223 numeral 2) del Código Penal tutela la propiedad y para que concurra es necesario que el autor encuentre una cosa perdida no la entregue a su dueño y en su efecto a la autoridad, pues en el caso subjudice, de acuerdo al cuadro fáctico, el encausado se encontró un aparato celular en la calle, mismo que al no tener conocimiento quien era su dueño, estaba en la obligación de entregarlo a la autoridad, por lo que estimamos que en este factum se subsumen con claridad tanto la parte objetiva del tipo penal de hurto, o sea su descripción normativa y la parte subjetiva, que es la voluntad del enjuiciado de apoderarse de la cosa de ajena pertenencia, ya que no se establece que éste haya realizado acciones tendientes a saber quién era la persona dueña de dicho aparato, ni tampoco se observan signos de que buscara la autoridad para entregárselo a pesar que se encontraba una patrulla cerca del lugar, esto debido a que dicho relato factico establece que la propia ofendida llegó hasta el lugar donde se encontraba el encausado junto con agentes de la policía a fin de recuperarlo, y el juzgador al haber establecido en el numeral segundo del acápite de la fundamentación jurídica: ‘Los hechos que el Tribunal ha declarado probados no se adecuan al ámbito situacional que describe el delito de Robo en su grado de ejecución de tentativa como acusara el Ministerio Público, regulado y sancionado en los artículo 217 y 218 en relación al 15 del Código Penal vigente, al no concurrir los elementos de su tipificación, artículo 217, cita literal: “Comete el delito de robo quien se apodera de bienes muebles ajenos, los animales incluidos, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. Se equipara a la violencia contra la persona el hecho de arrebatar por sorpresa a la víctima la cosa que lleva consigo...”.- En el caso sub judice, la prueba no permitió establecer que se produjo un desapoderamiento de bienes de ajena pertenencia, de teléfono celular marca Black Berry, propiedad de María De Los Ángeles Herrera Hernandez empleando para ello, el sujeto (s) activo (s) fuerza en la cosa, la fuerza jurídica se entiende como la alteración del estado natural de las cosas con el ánimo de apoderarse de bienes muebles de ajena pertenencia, en este caso, sólo se puede dar por probado y que se ha acreditado en juicio el hallazgo del aparato telefónico en plena vía pública por el acusado, Pues el Tribunal da plena credibilidad a la declaración del testigo de la defensa señor José Cupertino García quien establece el hallazgo del aparato telefónico. Esta declaración coincide con la declaración vertida por el propio acusado José Antonio Amaya Villanueva, que, si bien no se considera una prueba propiamente dicha, puede ser valorada en el marco de la prueba, es decir que lo dicho por José Antonio Amaya Villanueva es confirmado o verificado a través de la declaración del señor José Cupertino Garcia. Para que se dé el delito de robo debe existir el apoderamiento de una cosa mueble ajena y su disponibilidad o la posibilidad al menos en abstracto de disponer de la cosa, considérese que en el presente caso si bien se encontró al acusado con el aparato celular al momento de su detención tal como se acredita con el acta de registro personal y acta de decomiso, pero que ha sido acreditado con el declaración del señor José Cupertino Garcia que el acusado se lo encontró en plena vía pública, pues en el presente caso no están acreditados los elementos objetivos y subjetivos del delito de Robo en su grado de ejecución de tentativa, tal como se deja establecido al valorar la prueba.” (lo subrayado es nuestro); el sentenciador reconoce que lo que sucedió fue que el encartado al encontrar el celular propiedad de la señora María de Los Ángeles Herrera Hernández y no buscar la manera de entregárselo a ella o a la autoridad incurre en el delito de hurto, de ahí que el tribunal incurre en el vicio in iudicando supra referido al no haber aplicado la norma citada como infringida. Asimismo, consideramos necesario señalar, que aunque el ente acusador haya realizado una calificación previa de los hechos objeto de juzgamiento por el delito de Robo en su grado de ejecución de tentativa, no constituye una violación al derecho de defensa, al formalizar el presente recurso por el ilícito de hurto, ya que se juzgaron los mismos hechos, los cuales permanecieron invariables durante todo el proceso, por ende se ha garantizado la defensa del encausado, quien aportó los medios de prueba necesarios para rebatirlos en igualdad de condiciones, pues el principio de congruencia preceptuado en el artículo 337 del Código Procesal Penal no prohíbe modificación de la calificación en forma distinta siempre que la que se pretende no sea de mayor perjuicio que la que se ha venido aplicando, lo que ocurre en el presente caso, que se trata de los mismo hechos, pero del análisis realizado se deduce que el señor José Antonio Amaya Villanueva ha incurrido en el delito de Hurto, establecido en el artículo 223 numeral 2) del Código Penal. Sobre esta circunstancia la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que: “El principio de congruencia que recoge el artículo 337 del Código Procesal Penal, constituye uno de los pilares torales del Sistema Acusatorio y que representa la ruptura de uno de los paradigmas del arbitrio judicial que imperaba en el sistema inquisitivo. El artículo 337 no prohíbe modificar la calificación del delito, lo que proscribe es la modificación de los hechos objeto del debate, pudiendo el juzgador calificarlos en forma distinta siempre y cuando no sea en perjuicio del imputado, vale decir, que podrá hacerse cualquier calificación siempre que no sea de mayor perjuicio que la que originalmente se venía aplicando, distinta de las actuaciones que señala dicho artículo, en otras palabras, debe mantenerse la homogeneidad del bien jurídico lesionado, por ejemplo, no puede condenarse a una persona juzgada por lesiones, por una tentativa de homicidio, ni puede absolverse a una persona por lesiones y condenársele por robo.”[1] En este mismo orden de ideas, el ya referido tribunal expresó que: “El principio de congruencia, no significa que habrá de existir una equivalencia absoluta entre la sentencia y la acusación, pueden darse variantes no significativas para lo toral de la decisión que se toma, lo básico es que la sentencia condenatoria que se dicte debe surgir del juicio oral que se desarrolle y dentro de los límites acusatorios imputados, la finalidad es evitar que se condene por un hecho diferente al que fuera imputado e intimado en juicio oral, lo importante es que dichos hechos no hayan sido variados en su contenido de forma tal que dé lugar a incorporar un cuadro fáctico totalmente ajeno a lo controvertido a lo largo del juicio”[2] De lo antes expuesto se evidencia lo desacertado de la posición fijada por el Sentenciador en el acápite de fundamentos jurídicos de la sentencia impugnada, dado que del factum se desprende los elementos exigidos por la norma penal en el artículo 223 numeral 2 del Código Penal, es por ello, que al realizar la subsunción típica de los hechos que el Juzgador consideró como verdad incuestionable, violenta por falta de aplicación de la norma supra referida. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1. Del Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que son objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados. 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso. b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis. c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal. d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal, tratándose del motivo invocado, solo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). 2. Único Motivo Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 223.2 del Código Penal; Concepto de la Infracción: Falta de aplicación de la norma que tipifica el Hurto por Hallazgo; Pretensión: Se declare con lugar el Recurso. Increpa el Ministerio Público que, conforme al cuadro fáctico de la sentencia, el acusado se encontró un aparato celular en la calle, mismo que al no tener conocimiento de quien era su dueño, estaba en la obligación de entregarlo a la autoridad; señala el Recurrente que el acusado no realizó acciones tendientes para saber quién era la persona dueña de dicho aparato, ni tampoco que haya buscado a la autoridad para entregárselo, por lo que incurrió en el delito de Hurto. Por otra parte, analiza el Recurrente que la petición que se realiza con el Recurso de Casación no constituye violación al derecho de defensa, ya que el delito de Hurto parte de los mismos hechos que fueron juzgados; además indica que el Principio de Congruencia entre la sentencia y la acusación, preceptuado en el artículo 337 del Código Procesal Penal no prohíbe la modificación de la calificación en forma distinta, siempre que no se pretenda mayor perjuicio para el acusado. 3. Del delito de Hurto Dando respuesta al Recurso de Casación, es importante señalar que el artículo 103 de la Constitución de la República reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada, agregando en el artículo 106 que “nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés público calificados por la ley o por resolución fundada en ley”, debiendo entenderse por Propiedad todos aquellos intereses que el hombre y la mujer aprecia fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad y que son susceptibles de apropiación. Bajo el Título VII del Libro Segundo del Código Penal, el legislador ha creado tipos Penales cuyo objeto es la defensa del bien jurídico Propiedad y sus diversas relaciones jurídicas con las personas: ius utendi (posesión), ius fruendi (usufructo) y ius abutendi (dominio). Entre los delitos contemplados encontramos el de Hurto, definido en el artículo 223 del Código Penal el cual prevé tres supuestos de hecho, a saber: a. Sin la voluntad de su dueño, toma bienes muebles ajenos, los animales incluidos, sin violencia o intimidación en las personas ni fuerza en las cosas; b. Encontrándose una cosa perdida no la entrega a la autoridad o a su dueño si sabe quién lo es y se apodera de la misma con ánimo de dueño; y, c. Sustraiga o utilice los frutos u objetos del daño que hubiere causado, salvo los casos previstos en el Libro Tercero. En consideración con el caso concreto, nos centraremos en el segundo supuesto, conocido como Hurto por Hallazgo, cuyos elementos objetivos son: a. Sujeto Activo puede ser cualquier persona, a excepción del titular del derecho real; b. Sujeto Pasivo podrá ser cualquier persona que esté en el uso, goce o dominio del objeto del delito; ello puede generar la dicotomía que una persona sea quien sufra el delito, pero otra la persona a quien le resulte perjuicio en su patrimonio; c. Objeto material del delito es el “bien mueble ajeno”, entendiéndose como bien mueble lo señalado por el artículo 601 Código Penal, los animales incluidos como indica el artículo 217 del Código Penal y por “ajeno”, determina que ese bien mueble no le es propio del sujeto activo, ni tampoco es objeto de accesión u ocupación en los términos de los artículos 634 y 660 del Código Civil respectivamente; Además, el bien mueble debe ser de aquellos cuyo valor supere los diez lempiras (L 10.00), ya que cuando sea menor a dicho valor la acción constituirá falta (Art.400.1 del Código Penal); d. Conducta criminosa es la de apoderarse, es decir, poner bajo su poder y disposición la cosa mueble ajena, ya sea directamente o a través de un tercero que cumple la función de instrumento.- El bien mueble debe haber entrado a la posesión del sujeto activo como consecuencia de su hallazgo casual, el cual ocurre cuando un bien mueble se encuentra sin custodia en un lugar donde normalmente debería tenerlo, pero bajo circunstancias de hecho que descarten que hubiese sido abandonado por su propietario o poseedor. El apoderamiento debe ser como consecuencia de la conducta omisiva de no poner a disposición del dueño conocido o a disposición de la autoridad más cercana el bien mueble que fue objeto del hallazgo, aun cuando tenía la posibilidad de hacerlo; e. Modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector, puede ser realizada de cualquier forma siempre y cuando sea distinto al engaño (fraude), al empleo de la intimidación o violencia en las personas o fuerza en las cosas (robo), o por efecto de una indebida administración (apropiación indebida), ya que estos son modalidades criminosas que pertenecen a otros tipos de delitos. Por otra parte, constituyen elementos subjetivos del tipo el dolo y el ánimo de lucro: a. El dolo conformado por el conocimiento del apoderamiento del bien mueble ajeno y que no se cuenta con el consentimiento de su dueño y con la voluntad de realizar la acción de apoderarse bajo esas circunstancias. Tras el hallazgo del bien el sujeto activo conoce que éste no puede ser objeto de ocupación y de su obligación de devolverlo a su dueño o en caso de no conocerlo, de reportar tal hallazgo a la autoridad más cercana, para que ésta pueda hacer las gestiones pertinentes para la localización de la persona dueña y devolución del objeto mueble, y además se conjuga la voluntad de no desear realizar dicha conducta con el fin de apropiárselo; y b. El ánimo de lucro que implica la intención final del sujeto activo de incrementar su patrimonio en perjuicio del decrecimiento del patrimonio de otro. El incremento patrimonial acontece cuando el sujeto activo se apodera de un bien mueble para hacerlo suyo o para adquirir a través de él una ganancia por su comercialización, cuando el sujeto activo se apodera del bien mueble para efectos de usarlo de manera temporal o para regalarlo a otra persona, viéndose así beneficiado al no tener que acudir a su propio patrimonio. La punibilidad del delito pende directamente del valor del objeto mueble en el cual recayó la conducta delictiva, así pues: a. De 06 años a 09 años de reclusión, cuando el objeto del delito fuese ganado mayor valorado en más de L 5,000.00 (Art. 226 CP); b. De 04 años a 07 años de reclusión, cuando el objeto del delito fuese ganado mayor valorado en una cantidad que no supere los L 5,000.00 (Art. 226 CP); c. De 02 años a 06 años de reclusión, cuando el objeto del delito fuese ganado menor, si el valor excediese de L 5,000.00 (Art. 226 CP); d. De 02 a 05 años de reclusión, en el caso de que el objeto del delito fuese ganado menor cuyo valor no supere los L 5,000.00 (Art. 226 CP); e. De 05 a 08 años de reclusión, cuando el objeto del delito sea un vehículo automotor terrestre, nave aérea o buque. - El artículo 224, si bien señala que igual pena corresponde a quien hurte “otros bienes similares”, tal afirmación es una analogía in mala partem, que no es aplicable por disposición suprema constitucional que rige el Principio de Legalidad: Nullun Crimen, Nulla Poena Sine Lege Stricta. (Art. 224 CP); f. De 04 años 08 meses a 08 años de reclusión, cuando se explote líneas telefónicas u otros servicios de telecomunicaciones sin contar con la debida concesión o título habilitante de autoridad competente para realizar dichas actividades, así como también quien opere o utilice los servicios de telecomunicaciones con fines diferentes a lo autorizado o contratado (Art. 223-A y 224-A del CP); g. De 04 años a 07 años de reclusión, cuando el objeto del delito tenga un valor superior a los L 5,000.00 (Art. 224 CP); y h. De 02 años a 05 años de reclusión cuando el valor del delito tenga un valor que exceda de L. 10.00 y no exceda los L 5,000.00 (Art. 224 CP). Es importante apuntar que cuando el valor del objeto hurtado no exceda de L 10.00, la conducta constituirá falta conforme lo señala el artículo 400 del Código Penal, teniendo una pena de 30 a 90 días de prisión. Estarán exentos de cualquiera de las penas señaladas anteriormente (sin perjuicio de la responsabilidad civil) (Art. 264 CP) los autores directos de los siguientes hechos: a. Los hurtos que recíprocamente se causaren los cónyuges, los convivientes de la unión de hecho, o el hombre y la mujer que realizaren vida marital; b. Los hurtos que recíprocamente se causaren los ascendientes o descendientes por consanguinidad o por afinidad; c. Los hurtos que de manera recíproca se causaren los hermanos entre sí, o entre los cuñados que compartieren un mismo domicilio; y d. Los hurtos que cometiere el cónyuge o conviviente sobreviniente respecto a los bienes muebles que hubiesen pertenecido al cónyuge o conviviente difunto y que aún no habían pasado al poder del heredero o asignatario. Con base en lo anterior, es posible determinar cuáles son las características del tipo penal en mención: A) Según su Estructura: i) Tipo Penal Básico al describir un modelo de comportamiento de manera independiente a otros tipos penales; ii) Tipo Penal Simple al describir un único modelo de comportamiento (apoderarse); B) Según su Contenido; i) Tipo Penal de Resultado que exige el cambio en el mundo físico, éste realizado mediante el desplazamiento, posesión y finalmente disposición del bien objeto del delito por parte del sujeto activo; ii) Tipo de Conducta Instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; iii) Tipo Penal de Omisión: Porque se castiga el no actuar conforme lo manda la norma, esto es el reportar el hallazgo del bien mueble a su dueño si conoce su identidad, o a la autoridad más cercana.- Ahora bien, el tipo penal no señala a que autoridad debe realizarse tal reporte, por lo que será el Juzgador el llamado a establecer en cada caso cual era aquella que estaba más accesible o era la idónea para realizar la conducta; iv) Tipo Penal Cerrado ya que el supuesto de hecho está determinado con precisión, de tal forma que la conducta prohibida se desprende con precisión del tipo penal; C) Según el Sujeto Activo: i) Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; ii) Tipo Penal Común ya que no exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad personal; D) Según el Bien Jurídico Tutelado: i) Tipo Penal Monoofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la Propiedad Privada de los bienes muebles; ii) Tipo Penal de Lesión al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado. 4. De la Procedencia del Recurso El Recurso no es de Recibo. – Tras confrontar el tipo penal contenido en el artículo 223.2 del Código Penal con los hechos declarados probados en la sentencia que se impugna, esta Sala de lo Penal concluye que el ámbito situacional que prevé el legislador no se reproduce en los hechos reconstruidos por los Juzgadores; ya que los hechos son atípicos al delito de Hurto por Hallazgo. El Ministerio Público no puede perder de vista que el delito por el cual solicita sea condenado el acusado, formula reproche por conducta omisiva, lo que obliga a que en los hechos probados se refleje no solo la falta de realización de la conducta que la ley prevé como de obligatoria observancia, sino que además la decisión de aquel de no ejecutarla aun cuando se haya tenido la posibilidad de real de hacerla dentro del tiempo que razonablemente se desprenda del hecho concreto. En el presente caso la sentencia describe que el viernes 04 de marzo de 2013, en horas de la tarde, el señor José Antonio Amaya Villanueva, caminaba por la estación de buses MAHECO, localizada en el centro de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, y que al arrancar uno de los buses que se encontraba estacionado pudo ver un aparato celular en la calle, el cual tomó en sus manos, caminando posteriormente cuadra y media (150 metros), hasta donde lo alcanzó la señora María de los Ángeles Hernández, propietaria del objeto, identificándolo como la persona que llevaba consigo su propiedad, denunciándolo posteriormente con la Policía. Estos hechos informan el casual hallazgo del teléfono celular, luego de lo cual el acusado camino 150 metros de distancia hasta ser increpado por la señora María Hernández; los hechos no señalan que el acusado tuviese conocimiento quien era el dueño del bien mueble que había encontrado, tampoco señalan que el acusado haya tenido la posibilidad en 150 metros de reportar el hallazgo a alguna autoridad cercana, mucho menos que su desplazamiento haya sido con una dirección distinta a la búsqueda de una persona embestida de autoridad; y en especial de los hechos probados no se desprende que el acusado haya actuado con el fin de aprovechar el bien como lo haría su verdadero dueño. Adicional a que los hechos probados no se subsumen en el tipo penal de hurto, encuentra la Sala de lo Penal la falta de determinación del valor del bien mueble objeto de la controversia, aspecto importante pues el legislador hondureño ha dispuesto la graduación de la pena de conformidad al valor de éste; Es así que -de los hechos probados- no se desprende si el teléfono celular tenía un valor menor a diez lempiras (Falta de Hurto), mayor a diez lempiras pero no mayor a cinco mil lempiras (hurto menor) o un valor que excedía los cinco mil lempiras (Hurto Mayor), y por ende nos hubiéramos encontrado con la dificultad de poder señalar la pena en el supuesto de que los hechos probados hubiesen sido típicos de una conducta de Hurto por Hallazgo. IV. DECISIÓN No ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo. V. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público; Segundo: Declara Firme la Sentencia de fecha dieciséis (16) de enero de dos mil quince (2015) (f. 120), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.- Y Manda: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA COORDINADORA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho. Certificación de la Sentencia de fecha dos de noviembre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-144-2015.

JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

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[1] Sentencia de fecha veintisiete de J de dos mil diez, recaída en el Recurso de Casación Penal No. 13=2009.

[2] Sentencia de fecha diez de noviembre de dos mil diez, recaída en el Recurso de Casación Penal No. 351=2008