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Sentencia CP-110-14 — Registro 7140

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público, contra la sentencia de primer instancia que absuelve al acusado por el delito de violación especial

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Motivo El Primer Motivo es de Recibo.- Es importante tener presente que niño o niña es toda persona que es menor de 18 años de edad (Art. 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en adelante CsDN y Art. 1 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, en adelante CdNA) y que por tal condición deberán de gozar de protección especial por el Estado para que puedan desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal (Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño y art. 19.1 CsDN); En particular se debe de poner acento en proteger al niño y la niña de todas las formas de abuso sexual (Art. 34 CdCN) y en su caso la implementación de políticas estatales apropiadas para promover la recuperación física y psicológica, y la reintegración social cuando fuesen víctima de esa clase de hechos (Art. 39 CdDN); con ese fin todas las medidas concernientes que tomen las instituciones de derecho público o privado, se adoptaran atendiendo el interés superior del niño y la niña (Art. 3 CsND y), de modo que aun cuando se identifique conflicto con otros derechos e intereses legítimos, siempre deberá de prevalecer los derechos e intereses de los niños y las niñas (5 CdNA). Concretamente en los procesos judiciales, el niño y la niña tienen el especial derecho de expresarse libremente cuando los asuntos a decidir le conciernen y/o afecten, lo que deberá de tener en cuenta las autoridades judiciales en atención a su edad y madurez. (Art. 12 CdNA); Cuando participen en su condición de víctimas, los Órganos Jurisdiccionales deberán velar que el niño o la niña no tengan ningún tipo de contacto con sus supuestos/as agresores/as (Art. 92.d CdNA). La Denuncia hecha por el Ministerio Público, Recurrente en este estrado judicial, estriba en considerar indebida la decisión judicial de excluir de la valoración probatoria la declaración de la niña ofendida E. E. V. C., constatando esta Sala de lo Penal que efectivamente tal decisión desconoce las normas convencionales, constitucionales y legales de la República, vertiendo un criterio inadecuado en el presente caso: 1.- Supuesta Violación al Derecho de Defensa: El Tribunal de Sentencia indicó que la declaración testifical de la menor E. E. V., tomada como prueba anticipada era de carácter ilícita en virtud de que al momento de ser rendida no se encontraba presente el acusado, aun cuando para ese tiempo ya se le tenía identificado pues el requerimiento fiscal había sido presentado. Sobre este primer fundamento, tenemos que entender que al momento en que la menor E. E. V., fue llamada para que rindiese su declaración testifical se presentó una colisión de derechos: Por una parte el derecho del acusado a estar presente en todos los actos que impliquen la reproducción de medios de prueba (Art. 14 del CPP) y así poder ejercer plenamente su derecho a la defensa (Art. 82 Constitucional) y el derecho de la menor ofendida a no ser re victimizar (art. 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño) y a no confrontar a su supuesto agresor (Art. 92.d del Código de la Niñez y de la Adolescencia). Indicó esta Sala de lo Penal en su sentencia de fecha 04 de Febrero de 2014, en el expediente 485-2011, que en el mundo jurídico es común que en una situación concreta se de la colisión de dos derechos, en donde la subsistencia de uno de ellos a plenitud implicaría la privación total del otro; Por ello, en estos casos, se debe de buscar un punto de equilibro en donde ambos derechos cedan parte de su prebendas sin que pierdan si esencialidad y así lograr que ambos derechos prevalezcan.- Así pues en el caso que si bien el acusado tiene derecho a estar presente en todos los actos que impliquen medio probatorio, ello debe de matizarse cuando se trate de la declaración testifical del infante a quien se señala víctima, en especial cuando se indique víctima de un delito contra la libertad sexual, puesto que lo debe de evitarse es hacer que el menor se vea en presencia de su supuesto agresor teniendo que contar lo que le ocurrió y así ahondado más el daño psicológico producido revivenciando ese hecho que busca superar, por ello el acusado en estos casos no deberá de estar a la vista del menor, optando el órgano jurisdiccional en colocarlo en un lugar en donde pueda escuchar la declaración del infante pero sin que se revele su presencia y, cuando esto no sea posible por las condiciones físicas del Juzgado o Tribunal, ordenando que el acusado sea trasladado a otro lugar mientras el testigo/víctima menor de edad rinde su declaración, siendo obligatorio que a la misma asista la Defensa Técnica quien podrá solicitar los espacios de tiempo que la prudencia mande para poder desplazarse donde este su representado, comunicarle sobre lo que está decL.ndo el o la menor, hacerle las consultas necesarias que le permitan regresar al Abogado(a) a la audiencia de debate y hacer el contradictorio. El derecho a la no revictimización también debe de matizarse, si bien se incumbe procurar que el menor supere el evento traumático, ello no le exonera de la obligación de prestar la colaboración judicial para el enjuiciamiento de las personas responsable de ése hecho; Ahora bien tal intervención en el proceso judicial deberá de realizarse de modo que repercuta lo menos posible en el menor, por ello los actores del proceso deberán de adoptar las medidas necesarias, con especial obligación los Jueces y Juezas que conozcan de la causa, siendo una de esas medidas evitar la confrontación del menor con su agresor. Conforme a la foliada judicial el Tribunal de Sentencia, atendiendo la solicitud del Ministerio Público, recibió la declaración de la menor E. E. V., bajo prueba anticipada, en fecha 19 de diciembre de 2012, en cuya audiencia estuvieron presentes el Ministerio Público, la Defensa Privada y el Juez de Letras, no así el acusado, materializando así la garantía prevista del artículo 92.d del Código de la Niñez y la Adolescencia (F. 19), lo que es consecuente con al Principio del Interés Superior del Niño y la Niña y que no repercuten en el derecho de defensa debido a que si bien el acusado no tuvo la oportunidad de escuchar la declaración de la menor, en su representación se encontraba el Abogado Defensor el que tenía el derecho de solicitar las pausas que estimase para informar a su representado de la evaluación de la audiencia y de hacer las consultas a éste sobre los hechos narrados por la testigo, para poder retornar a la audiencia y formular su contra interrogatorio. En conclusión, no es la mera presencia de la Defensa Técnica lo que redondea el derecho de defensa, tal y como lo plantea el Ministerio Público en su recurso, sino el derecho que tiene esta representación y la obligación del Órgano Jurisdiccional, de hacer pausas o interrupciones a la audiencia para que el procurador/a legal pueda consultar con su representado (el acusado) sobre los hechos que el testigo/víctima menor de edad está decL.ndo, pues solo así podrá identificar que interrogantes son las que debe formular a aquel. 2.- Supuesta violación al Derecho de Abstención de De: Como segundo fundamento el Tribunal de Sentencia declaró ilícita la declaración rendida por la menor E. E. V., bajo protocolo de prueba anticipada, por estimar que se violentó el debido proceso al no advertir a ésta su derecho de abstenerse de declarar en base al artículo 228 del Código Procesal Penal, pues había sostenido una relación marital con el acusado L. A. H. H. Sobre esto la Constitución de la República, en sus artículos 76 y 111, declara que la familia está bajo la protección del Estado, siendo un derecho de todos y todas, entendiéndose como tal como aquel grupo de personas relacionados por parentesco consanguíneo, por afinidad o civil, y que está conformada por un grupo nuclear que son aquellas que viven juntos, y eventualmente además por un grupo extendido que lo conforman aquellos que viven en lugares distintos. Los lazos que unen a las personas son de carácter civil (relaciones reconocidas por la ley, como el matrimonio, unión de hecho o adopción), consanguíneo (Art. 326 Código de Familia) y por afinidad (Art. 327 Código de Familia). La familia es el centro ideal para la realización de la persona humana, sin embargo su unidad se ve amenazada por múltiples factores, habiendo el Estado procurado emitir una legislación que haga frente a tales amenazas, como la prerrogativa de abstenerse de declarar en contra el cónyuge o compañero/a de hogar (Art. 228 cpp), pues aun cuando es deber legal de la persona en dar a conocer lo que sabe sobre un hecho, el Estado ha sobrepuesto el interés a la unidad familiar. Por tanto la regla general contenida en el artículo 226 del Código Procesal Penal, que promulga la obligación de toda persona de prestar su declaración testifical ante el llamado judicial, encuentra como una de sus excepciones la protección a la unidad familiar contenido en el artículo 228.1 del mismo cuerpo legal. Ahora bien, el derecho de abstención previsto en el artículo 228.1 referido no aplica a favor de la víctima de un delito de carácter sexual, cuando ésta sea menor de edad, ello debido a: a. El Derecho Penal es un derecho de realidad, ajeno a formalismos que buscan solo marcar solemnidades; Tal realidad nos ha enseñado que por desfortuna muchos de los delitos sexuales en contra de menores de edad se dan en el seno del hogar, siendo sus agresores/as precisamente personas con las que se encuentran vinculados por afinidad o por consanguinidad, por relaciones civiles o por relaciones de hecho; Aplicar el derecho de abstención a declarar en estos casos liaría dejar en la impunidad un número considerable de hechos en donde la única persona testigo es la misma víctima menor de edad.- Como consecuencia el derecho de abstención previsto en el artículo 228.1 del Código Procesal Penal debe ceder a la obligación Convencional del Estado de Honduras de brindar protección a los niños y niñas contra los abusos sexuales de los que sean víctimas, aun cuando los agresores sean miembros de su familia, por ello no es procedente accionar el derecho de abstención referido, pues éste ocasionaría el incumplimiento de dicha obligación de protección; b. El Estado ha decL.do que una persona menor de edad no tiene el suficiente desarrollo social y psicológico para poder determinarse sobre aspectos de su sexualidad, como consecuencia considera viciado de manera absoluta todo consentimiento dado por un menor de 14 años para participar en un acto de naturaleza sexual y de manera relativa cuando fuese mayor de 14 pero menor de 18 años, señalando como agresor a cualquier persona que se aproveche de tal falta de desarrollo intelectivo para obtener para si una satisfacción sexual.- Con esto en mente sería contradictorio declarar que ese mismo menor de edad puede entender las implicaciones de abstenerse de declarar en un proceso penal que se le sigue en contra de una persona que supuestamente es la responsable de su agresión sexual, por tanto no es procedente invocar en esos casos el derecho de abstención a declarar; y c. El artículo 90 del Código de la Niñez y de la adolescencia señala que no será admisible ningún perdón, ya sea expreso o tácito, de parte de un menor o sus representantes legales, a favor de cualquier persona que haya agredido sus derechos; Tal disposición pone en relieve el interés superior del niño por sobre cualquier acuerdo sin importar cual haya sido la motivación que se tuvo para llegar a él, inclusive por encima de cualquier relación familiar, por tal motivo no es procedente en estos casos específicos activar el derecho de abstención a declarar. Retornando al caso concreto, la decisión tomada por el Tribunal de Sentencia de declarar ilícita la declaración de la niña E. E. V., es indebida: i.- Se trata de una persona menor de edad señalada víctima de una agresión sexual, la cual no podría ser dispensada de declarar por un derecho de abstención en contra de su supuesta pareja pues es precisamente a éste a quien se le sindica como posible responsable de esa conducta; ii.- No es válida la relación marital que fundamenta la invocación del derecho de abstención, pues ésta se inició cuando la ofendida era menor de catorce años, según su propia declaración; iii.- finalmente el criterio se vuelve incorrecto como consecuencia que la niña E. E. V., declaró que la relación marital con el acusado había cesado de manera previa a la declaración testifical que estaba rindiendo. Posterior a la decisión judicial que hoy es el conflicto jurídico planteado en el recurso de casación, fue objeto de reforma el Código Procesal Penal[3], haciendo el legislador la inclusión del artículo 237-A, el que declara en estado de vulnerabilidad a los testigos que, por razón de su edad, género, estado físico o mental se encuentran especialmente expuestos a la revictimización, estando dentro de éstos los menores de dieciocho años llamados al proceso penal a declarar por ser víctimas de delitos donde medie violencia y en delitos en contra de la libertad, la integridad física, psicología y sexual.- Establece el artículo 237-B, incluido en la reforma, el protocolo de recibimiento de testimonio de los testigos en estado de vulnerabilidad. Como consecuencia de todo lo expuesto, concluye esta Sala de lo Penal que no es aplicable el derecho de abstención a declarar previsto en el artículo 238 del Código Procesal Penal, cuando el llamado a declarar sea una persona menor de dieciocho (18) años de edad identificada como supuesta víctima de un delito donde haya mediado violencia o de un delito en contra de la libertad, la integridad física, psicología o la indemnidad sexual, a razón de un interés preponderante, contenido en el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño, Artículo 3 y 19.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en relación con los artículos 34, 39 y 90 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, todos ellos relacionados líneas atrás; Cuando la víctima de un delito de tal naturaleza sea mayor de la edad de 18 años, se reestablece el derecho de abstención a declarar en los términos fijados en el artículo 238 ya relacionado. IV.III. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Ministerio Público.- Segundo Motivo. Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 202 y 338 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: En la Valoración de la Prueba no se Observaron las reglas de la Sana Critica; Reclamación Ex Ante: Imposibilidad de reclamo previo dado que el vicio esta contenido en la Sentencia Definitiva; Pretensión: Casar la sentencia, ordenando un nuevo juicio. Cuestiona el Pretensor los criterios valorativos dados por el Tribunal de Sentencia a dos certificaciones de acta de nacimiento; Explaya que de tal prueba el A-Quo no derivo la existencia del delito, al constar en la Certificación de nacimiento de la niña M.H. V., que ésta es hija del acusado L. A. H. y de la niña ofendida E. E. V., y además de la certificación de ésta última que el nacimiento se produjo como consecuencia de una relación sexual sostenida cuando la ofendida era menor de catorce años. .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, uno (01) de febrero de dos mil dieciocho (2018), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez V., pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP 110-2014 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha seis de diciembre del año dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, mediante la cual falló: Primero: Absolvió al señor L. A. H. H., del supuesto delito de Violación Especial, en perjuicio de la joven E. E. V. C..- Segundo: Condenó al señor H. N. L. M. por el delito de Portación Ilegal De Armas en perjuicio De La Seguridad Interior Del Estado De Honduras, a la pena de TRES (3) años de reclusión, más las accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio.- Cuarto: Se ordenó la suspensión de la ejecución de la pena al condenado H. N. M., estableciendo un período de prueba de cinco (5) años.- No procedió el comiso.- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado O. L. S. H., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Son Partes En Única Instancia: La Abogada D. E. R., Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrente. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Primero: En fecha dieciocho de diciembre del año dos mil doce, como a eso de las nueve de la mañana, en la aldea Las Crucitas, jurisdicción del municipio de Quimistán, al señor H. N. L. M. se le decomisó un arma de fuego tipo revólver, color plateado, cacha de madera color café, calibre desconocido y sin serie, sin portar el permiso correspondiente y posteriormente fue puesto a la orden del Ministerio Público quien ejerció la acción penal correspondiente en conjunto con la Procuraduría General de la República. Segundo: Que en fecha diecinueve de diciembre del año dos mil doce, el Ministerio Público, presentó requerimiento fiscal en contra del imputado L. A. H. H., por la supuesta comisión de un delito de Violación Especial en perjuicio de la menor E. E. C..”. III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS III.I.-”Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma.- Primer Motivo: “Que al haber dictado el Juzgador sentencia absolutoria a favor del imputado L. A. H. por el delito de Violación Especial, lo hizo excluyendo prueba de valor decisivo”. Preceptos Autorizantes: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 2 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: Esa Sala de lo Penal ha emitido Doctrina Legal[1] en la que establece que concurre vicio in procedendo de exclusión de prueba de valor decisivo, cuando el A quo ha estimado ilícita la prueba sin serlo y que producto de ello se haya dictado un fallo injusto. En el caso subjudice, el Juzgador ha dictado una sentencia absolutoria a favor de Luís A. H., estimando que la declaración de la niña denunciante E. E. V. C. incorporada al debate mediante lectura autorizada por haberse recibido previo a éste conforme a las reglas de la prueba anticipada, no reúne los requisitos básicos y elementales contenidos en el artículo 277 del Código Procesal Penal, ya que la misma se tomó sin la presencia del imputado a pesar de que la defensa se opuso oportunamente a la ejecución de la misma; y además la víctima aceptó tener una relación marital con el imputado y bajo éste concepto en ningún momento se le notificó el derecho que tenía a guardar silencio o de abstenerse de declarar, por lo que se violentaron derechos fundamentales a favor del acusado y procede a declarar ilícito dicho elemento probatorio, consecuentemente carece de eficacia jurídica en el proceso de autos. Esta decisión adoptada por el Juzgador es la que reprocha a través de la casación el Ente Acusador, por cuanto la misma generó la destrucción del sustento probatorio de carácter decisivo que servía de base a la pretensión acusatoria; decisión que se aparta de la legalidad, por cuanto las diligencias referidas no vulneraron derecho o garantía fundamental alguna por las razones que a continuación se exponen: 1. Si bien es cierto que el numeral 10 del artículo 101 del Código Procesal Penal, establecen que el imputado tiene derecho a estar presente con su defensor en todos los actos que impliquen elementos de prueba, no menos cierto es, que en el caso de mérito como también en otros casos ha acontecido, la ausencia del imputado al momento en que se toma una declaración testifical (en éste caso puntual, la declaración de la niña ofendida) bajo las formalidades de la prueba no ha sido impedimento alguno para su evacuación, ni tampoco causal para declarar su posterior nulidad bajo la premisa de que la misma constituye prueba ilícita, por cuanto éste ha sido representado por su apoderado defensor quien en definitiva es quien hace el interrogatorio correspondiente. Y en el caso de mérito el A quo procedió a declarar ilícita la prueba sin ni siquiera citar que derecho fundamental es el que supuestamente se le vulneró al acusado; no obstante ya es posición de esa Sala de lo Penal[2], que no existe lesión material al derecho de defensa cuando únicamente ha concurrido una omisión formal (tal cual lo atribuye el A quo, como ser la no presencia del acusado al momento de tomarse la declaración anticipada supramencionada), pues para ello además de demostrarse la omisión formal, también se debe demostrar que existió un perjuicio material, lo cual en el caso en examen no procede, por cuanto la niña declaro de viva voz y sin coacción alguna que implicara fuente o elemento de prueba de carácter ilícito. Partiendo de éstos extremos, la omisión de procurar la presencia del imputado como una omisión formal, esto no conllevó a la violación material del derecho de defensa. 2. Y respecto al otro aspecto que sometió la decisión del A quo sobre la prueba referida como ser: Que al momento de rendir su declaración la niña ofendida, ella no fue avisada por parte del órgano jurisdiccional del derecho que tenía a guardar silencio o de abstenerse de declarar tal como lo establece el numeral 1) del artículo 228 del Código Procesal Penal, al haber ella aceptado tener una relación marital con el imputado. Dicha advertencia no procedía, en virtud que desde la génesis del proceso ha quedado plenamente establecido que la niña ofendida fue enfática en manifestar que ya al momento en que se sucinta la detención al acusado, ellos ya estaban separados y que inclusive ella vivía con una hermana y que el motivo que generó su separación fue precisamente los malos tratos del cual era objeto por parte del procesado, lo cual se confirma con la causa de su detención (violencia intrafamiliar) fue esencialmente las amenazas de las que era objeto por parte de su agresor en la cual la acusaba de que ella andaba con otros hombres. Bajo estas circunstancias desaparece el requisito de admisibilidad que le comprende al numeral 1) del Precepto procesal supramencionado. En resumen resulta evidente que el Juzgador excluyó prueba de valor decisivo, que de haberse valorado por el A quo junto con el demás andamiaje probatorio de cargo, el resultado del juicio hubiese sido un fallo condenatorio, dado que el acto de toma de declaración testifical de la niña ofendida estuvo provista de toda la legalidad y por ende cumplió con los requisitos de formalidad de la prueba anticipada; por lo que se solicita se admita el presente recurso en su primer motivo, para que una vez que se lleve a cabo un nuevo juicio, conocido por un Tribunal de Sentencia constituido por jueces distintos a los que conocieron el presente, se logre evitar la impunidad corno la que ahora resaltamos. Haciéndose hasta este momento dicho reclamo, pues el vicio se produce en el acto mismo de sentenciar.”. III.-II.- “Segundo Motivo: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica”. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: Resulta ser honorable Sala que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa además de contener el vicio anunciado en el motivo anterior, también contiene otros graves que atentan contra las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierten en consecuencia, en la violación de los Artículos 202 y el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del Código Procesal Penal, tal como a continuación se señalan: Para el A quo de la probanza incorporada al proceso y en lo que corresponde al procesado L. A. H. H. únicamente se logró acreditar lo siguiente: Primero: Segundo: Que en fecha diecinueve de diciembre del año dos mil doce, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal en contra del imputado L. A. H. H. por la supuesta comisión de un delito de Violación Especial en perjuicio de la menor E. E. V. C.”. Expuso el Juzgador que para allegar a éste hecho que estimó como probado de la prueba evacuada en el proceso concluyó: Que la declaración de la niña denunciante E. E. V. C. incorporada al debate mediante lectura autorizada por haberse recibido previo a éste conforme a las reglas de la prueba anticipada, no reúne los requisitos básicos y elementales contenidos en el artículo 277 del Código Procesal Penal, ya que la misma se tomó sin la presencia del imputado a pesar de que la defensa se opuso oportunamente a ejecución de la misma; y además la víctima acepto tener una relación marital con el imputado y en ningún momento se le notificó el derecho que tenía a guardar silencio o de abstenerse de declarar, por lo que se violentaron derechos fundamentales a favor del acusado y procede a ilícita dicho elemento probatorio, consecuentemente carece de eficacia jurídica en el proceso de autos. En cuanto a los criterios del A quo valorando la certificación (le Acta de Nacimiento de la niña M. C. H. V., aseverando que si bien en la misma se consigna que el padre biológico de ella es el ahora acusado, este documento no es idóneo para acreditar que su concepción fue producto de abuso sexual en contra de la madre por parte de aquél que constituyera delito. En consecuencia únicamente resulta útil para acreditar una relación filial entre el procesado y la niña M. C. H., pero que haciendo uso de las máximas de la experiencia, dicha circunstancia también pudo provenir mediante adopción, reconocimientos (es común que los abuelos, tíos, hermanos, personas particulares, reconozcan a recién nacidos de sus parientes o de una futura esposa aún y cuando no se haya tenido relación sexual alguna) y que al no existir una pericia de comparación genética evacuada en el proceso, dicha paternidad biológica no quedó acreditada. Y respecto a la certificación de nacimiento de la supuesta víctima E. E. V. C., con ésta únicamente se acredita para el Tribunal que ella contaba con catorce años de edad cuando parió a la niña M. C. H. V.. Es precisamente sobre estas conclusiones dado el desacertado iter lógico de valoración de la prueba que siguió el Sentenciador en que recae nuestro reproche recursivo, ya que evidentemente se denota que se apartó por completo de las reglas de la lógica que desarrollamos: Respecto a la apreciaciones de parte del A quo del medio de prueba certificación de Acta de Nacimiento de la niña M. C. H. V., claramente se desprende que son inferencias propias de su imaginación que no tienen apoyo en prueba alguna evacuada en el juicio, por cuanto en el juicio nunca ha sido objeto de controversia la paternidad biológica del acusado con la niña M. C. H. V., contrario a ello, la Defensa misma admitió tal circunstancia en todo el proceso, siendo así las cosas se desprende que la conclusión arribada por el Juzgador vulnera la regla lógica en su postulado de derivación en su principio de razón suficiente en su característica de veracidad, lo cual conllevó que se afectará su decisión final como resultado de su mala valoración. De igual manera infringió ésta regla lógica en el postulado de derivación en su apartado de razón suficiente, concretamente la característica de suficiencia, ya que la prueba incorporada al proceso resultó ser suficiente para lograr la certeza de que el acusado es responsable de lo que se le acusa, ya que en la declaración que rindió como prueba anticipada la niña E. E. V. C. y que al efecto se le dio lectura en el acto del juicio oral y público, consta que ella declaró que siendo alumna del ahora imputado en la escuela primaria y contando ella con tan sólo once (11) años de edad, sostuvo su primera relación sexual con su maestro L. A. H. y que de allí en adelante las siguieron manteniendo inclusive en el interior del centro escolar donde ella estudiaba y él laboraba, y que al contar ella con trece (13) años de edad salió embarazada y que se produjo el parto de una niña a quien por nombre su padre (el acusado) registró bajo el nombre de M. C. H. V., ya contando para ese entonces la madre (niña ofendida) con catorce (14) años de edad. Estos hechos narrados por la deponente pudieron ser fácilmente verificables si el Juzgador hubiese efectuado una simple función aritmética en la cual relacionase la fecha de nacimiento de la menor M. C. H. V. y la edad que contaba la niña E. E. V. C. al momento de la concepción de la primera. Y siendo que nuestra legislación penal en su artículo 140 numeral 1) lo que protege es precisamente la indemnidad sexual de los menores, que en el caso de autos el acusado L. A. H. hizo caso omiso e inclusive infringió la ley valiéndose de la autoridad y confianza que ejercía sobre la niña E. E. V. C., por cuánto él era su maestro desde que la niña cursaba el cuarto grado de primaria y que fue hasta que ella tenía once años él la empezó a enamorar e incluso a amenazarla de que sino sostenía relaciones sexuales con él la aplazaría y que no pasaría el grado, y que a escondidas y sin que nadie se enterase mantuvieron las relaciones sexuales hasta que ella a los 13 años salió embarazada y él se hizo cargo de ella, pero que por los malos tratos de los que era víctima ella posteriormente decidió separarse de él. En consecuencia, si bien hubiese sido útil la incorporación de una pericia de genética forense, ésta no resultaba indispensable para acreditar la paternidad de la niña M. C. H. V., ya que como antes expusimos, este hecho nunca fue controvertido, y en ese sentido la prueba de cargo era suficiente y concreta para dictar un fallo condenatorio, el cual el Tribunal no ha sido capaz de extraer de dicha fuente de convencimiento dada su errónea valoración en la prueba en la manera antes señalada, lo cual generó vicios in procedendo susceptibles de recurrir vía casación; vicios éstos que procedemos a anunciarlos hasta en este momento, ya que los mismos se producen en el acto mismo de sentenciar, por ende no ha podido efectuarse reclamación alguna previamente; por ende no cabe más que casar el fallo impugnado y ordenar el reenvió y evacuación de un nuevo juicio.”. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA IV.I. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez debe de estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. IV.II. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Ministerio Público.- Primer Motivo. Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 277 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: Haberse excluido prueba de valor decisivo; Reclamación Ex Ante: Imposibilidad por estar contenido el vicio en la Sentencia Definitiva; Pretensión: Que se celebre un nuevo juicio. El Pretensor señala que de manera indebida el Tribunal de sentencia excluyó la declaración testifical de la ofendida E. E. V., presentada en acta por haber sido rendida bajo protocolo de prueba anticipada en la etapa preparatoria del proceso penal, en virtud de considerarla ilícita. Especifica que las razones dadas por los Juzgadores es que la declaración fue tomada sin la presencia del acusado y sin advertirle a la ofendida su derecho a abstenerse a declarar dado que ésta mantenía una relación de hecho marital con el acusado L. A. H. H., mismos que rebate el Pretensor exponiendo como argumentos: 1. En la audiencia de declaración testifical, bajo prueba anticipada, se hizo presente el abogado defensor, quien al final es la persona que formula el interrogatorio; La ausencia del acusado en este ni en otros casos, convierte la diligencia en un acto ilícito; Se trata de una omisión formal. 2. Al momento que la ofendida rindió declaración testifical, la relación marital que sostenía con el acusado ha había cesado, inclusive aquella se había ido a vivir con una de sus hermanas. Concluye el Pretensor que la declaración tomada a la niña E. E. V., es lícita y que por tanto debió haber sido valorada por el Tribunal de sentencia, debiéndose como consecuencia concederse el recurso a efecto de que se efectúe un nuevo juicio. IV.II.I. De la Exclusión y Falta de Consideración de Prueba con Valor Decisivo Es importante recordar que el Proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; Éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben de reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (Segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictara sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe de ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formo parte del proceso. Así las cosas constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de éstos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; La exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo: 1. Existe Indebida Exclusión de Prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. 2. Existe falta de consideración de prueba cuando a pesar de haber sido admitidos durante la etapa de juicio y reproducidos en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre éstos, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia.- No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. IV.II.II.- De la Procedencia del Primer Motivo El Primer Motivo es de Recibo.- Es importante tener presente que niño o niña es toda persona que es menor de 18 años de edad (Art. 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en adelante CsDN y Art. 1 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, en adelante CdNA) y que por tal condición deberán de gozar de protección especial por el Estado para que puedan desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal (Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño y art. 19.1 CsDN); En particular se debe de poner acento en proteger al niño y la niña de todas las formas de abuso sexual (Art. 34 CdCN) y en su caso la implementación de políticas estatales apropiadas para promover la recuperación física y psicológica, y la reintegración social cuando fuesen víctima de esa clase de hechos (Art. 39 CdDN); con ese fin todas las medidas concernientes que tomen las instituciones de derecho público o privado, se adoptaran atendiendo el interés superior del niño y la niña (Art. 3 CsND y), de modo que aun cuando se identifique conflicto con otros derechos e intereses legítimos, siempre deberá de prevalecer los derechos e intereses de los niños y las niñas (5 CdNA). Concretamente en los procesos judiciales, el niño y la niña tienen el especial derecho de expresarse libremente cuando los asuntos a decidir le conciernen y/o afecten, lo que deberá de tener en cuenta las autoridades judiciales en atención a su edad y madurez. (Art. 12 CdNA); Cuando participen en su condición de víctimas, los Órganos Jurisdiccionales deberán velar que el niño o la niña no tengan ningún tipo de contacto con sus supuestos/as agresores/as (Art. 92.d CdNA). La Denuncia hecha por el Ministerio Público, Recurrente en este estrado judicial, estriba en considerar indebida la decisión judicial de excluir de la valoración probatoria la declaración de la niña ofendida E. E. V. C., constatando esta Sala de lo Penal que efectivamente tal decisión desconoce las normas convencionales, constitucionales y legales de la República, vertiendo un criterio inadecuado en el presente caso: 1.- Supuesta Violación al Derecho de Defensa: El Tribunal de Sentencia indicó que la declaración testifical de la menor E. E. V., tomada como prueba anticipada era de carácter ilícita en virtud de que al momento de ser rendida no se encontraba presente el acusado, aun cuando para ese tiempo ya se le tenía identificado pues el requerimiento fiscal había sido presentado. Sobre este primer fundamento, tenemos que entender que al momento en que la menor E. E. V., fue llamada para que rindiese su declaración testifical se presentó una colisión de derechos: Por una parte el derecho del acusado a estar presente en todos los actos que impliquen la reproducción de medios de prueba (Art. 14 del CPP) y así poder ejercer plenamente su derecho a la defensa (Art. 82 Constitucional) y el derecho de la menor ofendida a no ser re victimizar (art. 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño) y a no confrontar a su supuesto agresor (Art. 92.d del Código de la Niñez y de la Adolescencia). Indicó esta Sala de lo Penal en su sentencia de fecha 04 de Febrero de 2014, en el expediente 485-2011, que en el mundo jurídico es común que en una situación concreta se de la colisión de dos derechos, en donde la subsistencia de uno de ellos a plenitud implicaría la privación total del otro; Por ello, en estos casos, se debe de buscar un punto de equilibro en donde ambos derechos cedan parte de su prebendas sin que pierdan si esencialidad y así lograr que ambos derechos prevalezcan.- Así pues en el caso que si bien el acusado tiene derecho a estar presente en todos los actos que impliquen medio probatorio, ello debe de matizarse cuando se trate de la declaración testifical del infante a quien se señala víctima, en especial cuando se indique víctima de un delito contra la libertad sexual, puesto que lo debe de evitarse es hacer que el menor se vea en presencia de su supuesto agresor teniendo que contar lo que le ocurrió y así ahondado más el daño psicológico producido revivenciando ese hecho que busca superar, por ello el acusado en estos casos no deberá de estar a la vista del menor, optando el órgano jurisdiccional en colocarlo en un lugar en donde pueda escuchar la declaración del infante pero sin que se revele su presencia y, cuando esto no sea posible por las condiciones físicas del Juzgado o Tribunal, ordenando que el acusado sea trasladado a otro lugar mientras el testigo/víctima menor de edad rinde su declaración, siendo obligatorio que a la misma asista la Defensa Técnica quien podrá solicitar los espacios de tiempo que la prudencia mande para poder desplazarse donde este su representado, comunicarle sobre lo que está decL.ndo el o la menor, hacerle las consultas necesarias que le permitan regresar al Abogado(a) a la audiencia de debate y hacer el contradictorio. El derecho a la no revictimización también debe de matizarse, si bien se incumbe procurar que el menor supere el evento traumático, ello no le exonera de la obligación de prestar la colaboración judicial para el enjuiciamiento de las personas responsable de ése hecho; Ahora bien tal intervención en el proceso judicial deberá de realizarse de modo que repercuta lo menos posible en el menor, por ello los actores del proceso deberán de adoptar las medidas necesarias, con especial obligación los Jueces y Juezas que conozcan de la causa, siendo una de esas medidas evitar la confrontación del menor con su agresor. Conforme a la foliada judicial el Tribunal de Sentencia, atendiendo la solicitud del Ministerio Público, recibió la declaración de la menor E. E. V., bajo prueba anticipada, en fecha 19 de diciembre de 2012, en cuya audiencia estuvieron presentes el Ministerio Público, la Defensa Privada y el Juez de Letras, no así el acusado, materializando así la garantía prevista del artículo 92.d del Código de la Niñez y la Adolescencia (F. 19), lo que es consecuente con al Principio del Interés Superior del Niño y la Niña y que no repercuten en el derecho de defensa debido a que si bien el acusado no tuvo la oportunidad de escuchar la declaración de la menor, en su representación se encontraba el Abogado Defensor el que tenía el derecho de solicitar las pausas que estimase para informar a su representado de la evaluación de la audiencia y de hacer las consultas a éste sobre los hechos narrados por la testigo, para poder retornar a la audiencia y formular su contra interrogatorio. En conclusión, no es la mera presencia de la Defensa Técnica lo que redondea el derecho de defensa, tal y como lo plantea el Ministerio Público en su recurso, sino el derecho que tiene esta representación y la obligación del Órgano Jurisdiccional, de hacer pausas o interrupciones a la audiencia para que el procurador/a legal pueda consultar con su representado (el acusado) sobre los hechos que el testigo/víctima menor de edad está decL.ndo, pues solo así podrá identificar que interrogantes son las que debe formular a aquel. 2.- Supuesta violación al Derecho de Abstención de De: Como segundo fundamento el Tribunal de Sentencia declaró ilícita la declaración rendida por la menor E. E. V., bajo protocolo de prueba anticipada, por estimar que se violentó el debido proceso al no advertir a ésta su derecho de abstenerse de declarar en base al artículo 228 del Código Procesal Penal, pues había sostenido una relación marital con el acusado L. A. H. H. Sobre esto la Constitución de la República, en sus artículos 76 y 111, declara que la familia está bajo la protección del Estado, siendo un derecho de todos y todas, entendiéndose como tal como aquel grupo de personas relacionados por parentesco consanguíneo, por afinidad o civil, y que está conformada por un grupo nuclear que son aquellas que viven juntos, y eventualmente además por un grupo extendido que lo conforman aquellos que viven en lugares distintos. Los lazos que unen a las personas son de carácter civil (relaciones reconocidas por la ley, como el matrimonio, unión de hecho o adopción), consanguíneo (Art. 326 Código de Familia) y por afinidad (Art. 327 Código de Familia). La familia es el centro ideal para la realización de la persona humana, sin embargo su unidad se ve amenazada por múltiples factores, habiendo el Estado procurado emitir una legislación que haga frente a tales amenazas, como la prerrogativa de abstenerse de declarar en contra el cónyuge o compañero/a de hogar (Art. 228 cpp), pues aun cuando es deber legal de la persona en dar a conocer lo que sabe sobre un hecho, el Estado ha sobrepuesto el interés a la unidad familiar. Por tanto la regla general contenida en el artículo 226 del Código Procesal Penal, que promulga la obligación de toda persona de prestar su declaración testifical ante el llamado judicial, encuentra como una de sus excepciones la protección a la unidad familiar contenido en el artículo 228.1 del mismo cuerpo legal. Ahora bien, el derecho de abstención previsto en el artículo 228.1 referido no aplica a favor de la víctima de un delito de carácter sexual, cuando ésta sea menor de edad, ello debido a: a. El Derecho Penal es un derecho de realidad, ajeno a formalismos que buscan solo marcar solemnidades; Tal realidad nos ha enseñado que por desfortuna muchos de los delitos sexuales en contra de menores de edad se dan en el seno del hogar, siendo sus agresores/as precisamente personas con las que se encuentran vinculados por afinidad o por consanguinidad, por relaciones civiles o por relaciones de hecho; Aplicar el derecho de abstención a declarar en estos casos liaría dejar en la impunidad un número considerable de hechos en donde la única persona testigo es la misma víctima menor de edad.- Como consecuencia el derecho de abstención previsto en el artículo 228.1 del Código Procesal Penal debe ceder a la obligación Convencional del Estado de Honduras de brindar protección a los niños y niñas contra los abusos sexuales de los que sean víctimas, aun cuando los agresores sean miembros de su familia, por ello no es procedente accionar el derecho de abstención referido, pues éste ocasionaría el incumplimiento de dicha obligación de protección; b. El Estado ha decL.do que una persona menor de edad no tiene el suficiente desarrollo social y psicológico para poder determinarse sobre aspectos de su sexualidad, como consecuencia considera viciado de manera absoluta todo consentimiento dado por un menor de 14 años para participar en un acto de naturaleza sexual y de manera relativa cuando fuese mayor de 14 pero menor de 18 años, señalando como agresor a cualquier persona que se aproveche de tal falta de desarrollo intelectivo para obtener para si una satisfacción sexual.- Con esto en mente sería contradictorio declarar que ese mismo menor de edad puede entender las implicaciones de abstenerse de declarar en un proceso penal que se le sigue en contra de una persona que supuestamente es la responsable de su agresión sexual, por tanto no es procedente invocar en esos casos el derecho de abstención a declarar; y c. El artículo 90 del Código de la Niñez y de la adolescencia señala que no será admisible ningún perdón, ya sea expreso o tácito, de parte de un menor o sus representantes legales, a favor de cualquier persona que haya agredido sus derechos; Tal disposición pone en relieve el interés superior del niño por sobre cualquier acuerdo sin importar cual haya sido la motivación que se tuvo para llegar a él, inclusive por encima de cualquier relación familiar, por tal motivo no es procedente en estos casos específicos activar el derecho de abstención a declarar. Retornando al caso concreto, la decisión tomada por el Tribunal de Sentencia de declarar ilícita la declaración de la niña E. E. V., es indebida: i.- Se trata de una persona menor de edad señalada víctima de una agresión sexual, la cual no podría ser dispensada de declarar por un derecho de abstención en contra de su supuesta pareja pues es precisamente a éste a quien se le sindica como posible responsable de esa conducta; ii.- No es válida la relación marital que fundamenta la invocación del derecho de abstención, pues ésta se inició cuando la ofendida era menor de catorce años, según su propia declaración; iii.- finalmente el criterio se vuelve incorrecto como consecuencia que la niña E. E. V., declaró que la relación marital con el acusado había cesado de manera previa a la declaración testifical que estaba rindiendo. Posterior a la decisión judicial que hoy es el conflicto jurídico planteado en el recurso de casación, fue objeto de reforma el Código Procesal Penal[3], haciendo el legislador la inclusión del artículo 237-A, el que declara en estado de vulnerabilidad a los testigos que, por razón de su edad, género, estado físico o mental se encuentran especialmente expuestos a la revictimización, estando dentro de éstos los menores de dieciocho años llamados al proceso penal a declarar por ser víctimas de delitos donde medie violencia y en delitos en contra de la libertad, la integridad física, psicología y sexual.- Establece el artículo 237-B, incluido en la reforma, el protocolo de recibimiento de testimonio de los testigos en estado de vulnerabilidad. Como consecuencia de todo lo expuesto, concluye esta Sala de lo Penal que no es aplicable el derecho de abstención a declarar previsto en el artículo 238 del Código Procesal Penal, cuando el llamado a declarar sea una persona menor de dieciocho (18) años de edad identificada como supuesta víctima de un delito donde haya mediado violencia o de un delito en contra de la libertad, la integridad física, psicología o la indemnidad sexual, a razón de un interés preponderante, contenido en el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño, Artículo 3 y 19.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en relación con los artículos 34, 39 y 90 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, todos ellos relacionados líneas atrás; Cuando la víctima de un delito de tal naturaleza sea mayor de la edad de 18 años, se reestablece el derecho de abstención a declarar en los términos fijados en el artículo 238 ya relacionado. IV.III. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Ministerio Público.- Segundo Motivo. Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 202 y 338 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: En la Valoración de la Prueba no se Observaron las reglas de la Sana Critica; Reclamación Ex Ante: Imposibilidad de reclamo previo dado que el vicio esta contenido en la Sentencia Definitiva; Pretensión: Casar la sentencia, ordenando un nuevo juicio. Cuestiona el Pretensor los criterios valorativos dados por el Tribunal de Sentencia a dos certificaciones de acta de nacimiento; Explaya que de tal prueba el A-Quo no derivo la existencia del delito, al constar en la Certificación de nacimiento de la niña M.H. V., que ésta es hija del acusado L. A. H. y de la niña ofendida E. E. V., y además de la certificación de ésta última que el nacimiento se produjo como consecuencia de una relación sexual sostenida cuando la ofendida era menor de catorce años. IV.III.I. Pronunciamiento sobre el Segundo Motivo Habiéndose decL.do con lugar el primer motivo del recurso de casación por quebrantamiento de forma, estima esta Sala de lo Penal innecesario hacer pronunciamiento sobre el segundo motivo, habida cuenta la pretensión de ambos motivos es única: la anulación de la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia, ordenando el reenvió del caso para la celebración de un nuevo debate. V. DECISIÓN Ha Lugar el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su primer motivos. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362 del Código Procesal Penal.- Decide: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su primer motivo, interpuesto por el Ministerio Público.- Segundo: Se casa la sentencia de fecha seis (06) de Diciembre del año dos mil trece (2013) (f. 63), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, decretando su nulidad y de la audiencia de debate que le origina, de fecha doce (12) de Noviembre del mismo año (F. 56).- Y MANDA: Primero.- Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, proceda a celebrar un nuevo juicio para resolver la acusación penal incoada por el Ministerio Público en contra del Señor L. A. H. H., en el cual deberán de participar Jueces/zas distintos/as a aquellos/as que concurrió a la audiencia de juicio que tuvo como resultado la sentencia de fecha seis (06) de Diciembre del año dos mil trece (2013) (f. 63).- Segundo.- Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- Rafael Bustillo Romero.- Magistrado Coordinador.- Alma Consuelo Guzmán García.- Magistrada.- José Olivio Rodríguez V..- Magistrado.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de febrero del año dos mil dieciocho.- Certificación de la sentencia de fecha uno de febrero del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-110-2014.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

[1] Sentencias de fecha 30 de mayo del 2011 (Exp. SP 154-2009); 27 de enero del 2011 (SP-322-2009) y 04 de febrero del 2011 (SP-90-2011).

[2] Fallo de Casación emitido en fecha 16 de mayo del 2013, contenida en el Exp. SP-397-2012

[3] Adiciones mediante Decreto 22-2015 de fecha 17 de marzo de 2015 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,797 de fecha 1 de agosto de 2015.