Sentencia CP-0615 — Registro 13823
Resumen
En primera instancia se condendó a la imputado por el delito de Homicidio Simple, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...
A.3) De la Procedencia Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El Tribunal no ha dado valor a las declaraciones brindadas por los tres testigos ofrecidos por la defensa, es decir no valoró en su conjunto la prueba aportada por la defensa en el juicio oral y público. A.4) Opinión de la Sala sobre el caso específico Alega como motivo de casación por quebrantamiento de forma o infracción de ley adjetiva por la violación a los artículos 93 y 336 del Código Procesal Penal vigente, por considerar que el Tribunal no ha dado valor a las declaraciones brindadas por los tres testigos ofrecidos por la defensa, es decir no valoró en su conjunto la prueba aportada por la defensa en el juicio oral y público. Esta Sala considera que el censor del fallo dirige su ataque recursivo por defectos en la valoración de la prueba con argumentos propios de instancia. Aunque se cuestiona el valor de la prueba al considerar que no pudo probase en juicio la participación del acusado en el hecho que se le imputa, esta sala observa que dicho reproche no va orientado por el cauce de una inobservancia a alguna de las reglas de la sana crítica, siendo el motivo de casación de quebrantamiento de forma idóneo para atacar defectos en la valoración de la prueba. Las disposiciones legales adjetivas o procesales contenidas en los artículos 93 y 336 del Código Procesal Penal, señaladas como infringidas la primera trata sobre el deber de objetividad en el ejercicio de las funciones del Ministerio Público, y la segunda sobre las reglas que los jueces del tribunal de juicio deben observar al momento de la deliberación y votación del fallo, concluidos los actos del debate. Aunque el artículo 336 del CPP establece que en la valoración de las pruebas el juzgador ha de observar las reglas de la sana critica, no menciona la regla infringida, defecto en la técnica recursiva del recurrente que impide a esta Sala emitir pronunciamiento sobre el contenido del recurso..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días de diciembre de dos mil dieciocho, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En Nombre Del Estado De Honduras La sentencia en el Recurso de Casación SP-06-2015, por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciocho de septiembre de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, mediante la cual falló:1) Condenando al Señor Rosa Barrera, a la pena de Quince (15) Años de Reclusión, por el delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor Nery Olman Rivera Corea; 2) Condenando al Señor Rosa Barrera a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena. 3) Declaro la responsabilidad civil de dicho imputado. 4) No Condeno en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio. Son Partes: La Abogada Lilian Rebeca Velásquez Rodriguez, en su condición de Apoderada Defensora del señor Rosa Barrera como parte recurrente; y el Abogado Edwin Carbajal Varela, Fiscal en representación del Ministerio Público, como parte recurrida. II. Hechos Probados “Valorando las pruebas practicadas en juicio, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: UNICO: Que en fecha Veintiséis de Agosto del año Dos Mil Doce, como a eso de las nueve de la mañana, en el desvío que conduce de la aldea Nueva Esperanza del municipio de San Luís del Departamento de Santa Bárbara, el hoy acusado Rosa Barrera en compañía de otras personas, salieron al encuentro de la hoy víctima Nery Olman Rivera Corea quien se conducía en compañía de otra persona en una motocicleta, lo interceptó y sin mediar palabra ni motivo aparente, procedió a disparar con el arma de fuego que portaba produciéndole varias heridas por arma de fuego calibre desconocido en el costado derecho, y entre el brazo, y en antebrazo derecho, las cuales le quitaron la vida de forma inmediata.” III. Recurso De Casación. Motivos y Argumentos LA RECURRENTE ABOGADA LILIAN REBECA VELASQUEZ RODRIGUEZ, EN SU CONDICION DE APODERADA DEFENSORA DEL SEÑOR ROSA BARRERA, PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA DE LA MANERA SIGUIENTE: “PRIMER MOTIVO. Infracción de Ley Adjetiva, por la violación a los artículos 93 y 336 del Código Procesal Penal vigente. SEGUNDO MOTIVO. Infracción de Ley Sustantiva, por la violación al artículo 89 de la Constitución de la República. Infracción de Ley Adjetiva, por la violación al artículo 2 del Código Procesal Penal vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE El presente motivo de casación se encuentra en el artículo 362 numerales 2 y 3 del Código Procesal Penal vigente. EXPLICACION DE LOS MOTIVOS. El precepto procesal penal citado como infringido por aplicación indebida textualmente dice: Artículo 93 del Código Procesal Penal; En el ejercicio de sus funciones el Ministerio Público actuará con absoluta objetividad y velará por la correcta aplicación de las leyes penales. Deberá investigar no sólo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino también las que sean causas de exención o de atenuación de responsabilidad al imputado; así mismo, deberán formular sus requerimientos conforme a ese criterio, aun a favor del imputado. Los fiscales formularán oralmente, en forma clara, precisa y motivada sus requerimientos, solicitudes y conclusiones en la audiencia inicial, así como, en el debate y en las demás audiencias que convoquen los jueces o magistrados. En todos los demás casos lo harán por escrito. Artículo 336 del Código Procesal Penal; El Tribunal para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica. El Tribunal de Sentencia deliberará y votará respecto de todas las cuestiones debatidas en la primera fase del juicio oral, según el orden siguiente: 1.- Las relativas a la procedencia de la acción penal y las relacionadas con los incidentes que se haya diferido en ese momento. 2.- Las relativas a la existencia del hecho, su calificación y demás circunstancias del delito, a la participación que en él haya tenido el imputado y a los casos de concurso de leyes o de delitos, y, 3.- En su caso el mínimo y el máximo de la pena aplicable. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos, el miembro del Tribunal que disienta, emitirá su voto particular razonado. Artículo 89 de la Constitución de la República; PRINCIPIO DE INOCENCIA. - Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su culpabilidad por autoridad competente. Artículo 2 del Código Procesal Penal; Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este código. En consecuencia, hasta esa declaratoria, ninguna autoridad podrá tener a una persona como culpable ni presentarla como tal ante terceros. Por consiguiente, lo que se informe, se limitará a poner de manifiesto la sospecha que pende sobre la misma. La violación a lo dispuesto en el párrafo anterior obligará a los responsables a indemnizar a la víctima por los perjuicios causados, los que serán exigibles en juicio civil ordinario, sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa penal o administrativa que proceda. quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1.-….. 2.-…… Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas con tenidas en el Titulo IV del Libro Segundo de este código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3.- Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. 4.-…… 5.-…… HECHOS PROBADOS HECHO UNICO: Que en fecha veintiséis de agosto del año dos mil doce, como a eso de las nueve de la mañana, en el desvío que conduce a la aldea Nueva Esperanza del municipio de San Luís Departamento de Santa Bárbara, el hoy acusado Rosa Barrera en compañía de otras personas, salieron al encuentro de la hoy víctima Nery Olman Corea Rivera quién se conducía en compañía de otra persona en una motocicleta, lo interceptó y sin mediar palabra ni motivo aparente, procedió a disparar con el arma de fuego que portaba produciéndole varias heridas por de arma de fuego calibre desconocido en el costado derecho, y entre el brazo, y en antebrazo derecho, las cuales le quitaron la vida de forma inmediata. DESARROLLO DEL RECURSO DE CASACION. De la declaración del hecho probado, de la valoración de la prueba, los cuales han sido considerados como una verdad incuestionable por el Tribunal de Sentencia se reconoce que hay una víctima Nery Olman Rivera Corea; sin embargo, el Tribunal Sentenciador hace suyos hechos que no han sido probados en juicio manifestando que el elemento objetivo de la sentencia acreditado en el juicio es que el señor Rosa Barrera es autor directo del ilícito de homicidio simple. I.- El Tribunal de Sentencia no ha dado valor a las declaraciones brindadas por los TRES (3) testigos ofrecidos por la defensa donde quedó claramente establecido que el día en que ocurrieron los hechos el señor Rosa Barrera se encontraba en otro lugar y estuvo toda la mañana jugando naipes, así mismo fue observado por varias personas, desde horas muy tempranas de la mañana hasta el momento en que se tuvo noticia de la muerte del occiso, en especial el testigo Evelyn Corea Rivera, quien lo vio toda la mañana frente a su casa. Estos tres testigos ofrecidos por la defensa fueron contundentes, precisos, coherentes y claros en sus deposiciones. El Tribunal de Sentencia invoca que tales testigos carecen de credibilidad porque no presenciaron los hechos que constituyeron el delito, siendo probado que los testigos ofrecidos por esta defensa presenciaron las circunstancias que rodearon a mi defendido ese día, e incluso los acontecimientos inmediatos y posteriores a la sucesión de los hechos, sin embargo el testigo José Alexi Reyes Orellana (ofrecido por la defensa) sí estuvo momentáneamente en el lugar de los hechos y sin embargo el Tribunal solo valoró parcialmente su testimonio y no le dio valor al hecho que éste declaró ubicando a mi representado en la aldea Nueva Esperanza, encontrándolo a la entrada de la misma en el momento que iba a dar la noticia de la muerte del hoy occiso y que el tiempo transcurrido entre el momento en que él escuchó el disparo y el momento en que encontró a mi representado a las puertas de la aldea jugando, no era suficiente como para que mi representado pudiera cometer el ilícito y llegar a la aldea antes que el testigo. El Tribunal consideró que los testigos propuestos por la defensa no son testigos presenciales, que no tienen contundencia por no haber estado en el lugar de los hechos; estos testigos presenciaron el lugar, hora y demás circunstancias sobre la ubicación del señor Rosa Barrera durante la mañana del día de los hechos; sin embargo siguiendo la premisa del tribunal, el testigo José Alexi Reyes Orellana (de la defensa) quien sí estuvo en el lugar de los hechos y ha sido un extremo tomado como probado por el Tribunal, no ubicó a mi representado en lugar de los acontecimientos. ni fue desvirtuado este extremo en juicio, hecho que debió ser tomado en cuenta por el Tribunal. (Lo subrayado es mío). El Tribunal de Sentencia no tasó en su conjunto la declaración del testigo José Alexi Reyes Orellana ofrecido por la defensa, elemento clave y de especial valor decisivo que establece la verdad de las circunstancias desarrolladas en ese día, quien declaró que “había encontrado a Anael Corea ensangrentado y éste le pidió ayuda para auxiliar al hoy occiso, el testigo la acompaño a donde se encontraba el occiso y ya no pudieron hacer nada; seguidamente Anael Corea le pidió que fuera a avisarle a su hermano Evelyn Corea Rivera hasta la aldea, y cuando el testigo José Alexi Reyes Orellana entró a la aldea encontró a Rosa Barrera jugando naipes en compañía de otras personas, les contó lo que había pasado y Rosa Barrera acompañó a José Alexi Reyes Orellana para ir a darle la noticia de Evelyn Corea Rivera hermano del occiso, quien se encontraba en su casa de habitación cruzando la calle.” El Tribunal solamente valoró la mitad del testimonio ofrecido por parte de la defensa, y aun así este testigo nunca declaró que el señor Rosa Barrera fue quien supuestamente disparó, o mucho menos lo identificó en la escena. Además lo ideal es que esta actividad intelectual que realiza el órgano jurisdiccional. deba coincidir con el fin mismo de la prueba propuesta y admitida, pues en esta ocasión sucede que se presentó una prueba con determinado objetivo y el Tribunal la percibió en otro sentido, y con la mitad del testimonio formó su convicción excluyendo PARCIALMENTE prueba de valor decisivo (Lo subrayado es mío). En este sentido es oportuno aludir a De La Torre, quién cita a Brichetti y dice: “Ocurre en el campo probatorio un fenómeno análogo de lo que se verifica en la Química, así como en un compuesto químico, el producto tiene otras propiedades de las que tienen los cuerpos componentes, así en el campo probatorio la prueba de un hecho no es, repetimos, la simple suma de datos singulares probatorios, sino el agrupamiento de una unidad en forma considerada” DE LA TORRE, Javier (2002), La Valoración de la prueba en el Proceso Penal, pág.119. El Tribunal manifiesta que las declaraciones de los testigos propuestos por esta defensa no fueron coincidentes con los hechos probados por el Ministerio Público; pero el Ministerio Público únicamente probó la muerte del ciudadano, sin embargo no probó la participación de mi representado, extrañamente, para el Tribunal parece suficiente probar la muerte de un ciudadano para después hacer suyo que se demostró con eso que un encausado participó en la comisión del ilícito a título de autor, y más aun que disparó un arma sin haber sido este supuesto elemento aportado como pieza de convicción en juicio oral y público. (Lo subrayado es mío). El Tribunal toma como cierto la declaración del testigo protegido “WW” que dijo que venía en una motocicleta con la víctima y que este testigo protegido “ww” venía en la parte de atrás, cuando los supuestos agresores DISPARARON TODOS AL MISMO TIEMPO CON ARMAS TIPO ESCOPETA, así mismo el tribunal tomó como cierta la declaración del testigo “WW” de que a él no le pasó nada por milagro de Dios. Para ésta defensa es inesperado que se hayan valorado como ciertos estos hechos, dadoque ante la intensidad de este supuesto ataque es técnica, científica, física y humanamente IMPOSIBLE que el testigo protegido “ww” no haya resultado muerto o por lo menos con algún tipo de herida, fundamentalmente si se analiza la posición y la distancia en la que supuestamente recibieron los supuestos disparos (de lado izquierdo a tres o cuatro brazadas de distancia) y la cantidad de supuestas detonaciones, casquillos y perdigones que debieron salir de las supuestas armas (pues declara que TODOS les dispararon al mismo tiempo), palpándose con esto la única y clara intención de perjudicar a mi representado. pues este testigo protegido se contradice entre lo que declara y lo que técnica, científica y físicamente hubiera podido resultar en un ataque de estas magnitudes. evidenciando que este testigo protegido miente, pues la única manera en que él no haya resultado afectado es porque no estuvo en la motocicleta contrario a lo que declaró, por lo tanto no hubo una valoración objetiva en este extremo por parte del sentenciador. (Lo subrayado es mío). Para García Valencia dice: “Valga reconocer que la doctrina dominante sostiene que la certeza es el fin de la prueba. Sin embargo nosotros sostenemos que el fin de la prueba es la obtención de la verdad, porque el juez debe buscar la verdad de lo acaecido y la certeza es una consecuencia de su búsqueda. No puede señalarse la certeza como estado subjetivo porque ello puede llevar a conclusiones absurdas a que un juez declare arbitrariamente consumado un hecho. El fin de la prueba debe concretarse en la relación de lo objetivo, la verdad y lo subjetivo la certeza, siendo ésta consecuencia de aquella” DE LA TORRE, Javier (2002), La Valoración de la Prueba en el Proceso Penal, pag.151. Para José García Falconí en lo que se refiere a la valoración de la prueba dice que “Es una operación intelectual, destinada a establecer la eficacia conviccional de los elementos de la prueba recibidos...es en este momento en donde el juez, no sólo pone al servicio de la justicia, su intelecto, su sabiduría y experiencia; sino sobre todo su honestidad”. Esta defensa es del criterio que el tribunal no valoró en su conjunto la prueba aportada por la defensa y evacuada en el juicio oral y público apartándose en todo momento de la realidad de los hechos ya que las declaraciones ofertadas por esta defensa fueron contundentes al establecer el lugar, espacio, tiempo y distancias de donde se encontraba mi defendido con respecto al lugar de los hechos, así mismo se acreditó plenamente lo que mi representado se encontraba haciendo, siendo imposible que estuviera en dos lados al mismo tiempo en especial: 1) Por las distancias y características geográficas que fueron acreditadas en juicio. 2)Que haya montado vigilancia y preparado una emboscada, 3) Que a la misma vez haya estado jugando naipes en otra comunidad, 4) Que haya regresado nuevamente a supuestamente disparar. 5) Que haya regresado nuevamente a jugar, y 6) Que UN TESTIGO LO HAYA VISTO TODA LA MAÑANA JUGANDO FRENTE A SU CASA TESTIGO QUE FUE APORTADO POR LA DEFENSA. (Lo subrayado es mío). 2) Es necesario puntualizar que por Principio Constitucional se le reconoce al imputado o acusado un estado de inocencia y la obligación de probar su culpabilidad reposa en el Ministerio Público. El jurista Nogueira Alcalá desarrolla el principio de inocencia como informador del procedimiento penal. Le da una nueva perspectiva a partir de dos presupuestos que son inherentes a todo sistema procesal penal. El primero es el de la carga y valoración de la prueba, elementos necesarios para formar la convicción del juzgador. El segundo es el de la sentencia fundada o motivada, que le exige contar con razonamientos o consideraciones, en torno al establecimiento de los hechos por los medios de pruebas existentes en el proceso como la invocación de la aplicación al caso de las normas decisoria de la litis. La presunción de inocencia para el aludido autor constituye una referencia central en la información del desarrollo del proceso, que permite resolver las dudas que se presentan en su curso y reducir las injerencias desproporcionadas. De conformidad con este criterio, los actos procesales y el proceso en su conjunto adquiere un cariz diferente que depende si el inculpado se trata como si fuera inocente como ocurre en el sistema acusatorio o si se le trata como si fuere culpable como ocurría en el sistema inquisitivo. Según Percy Chocano Núñez, la carga de la prueba no puede ser predeterminada por la ley, sino que su distribución se debe basar en dos principios: el principio ontológico y el principio lógico. El principio ontológico determina la carga de la prueba sobre la base de la naturaleza de las cosas de modo tal que se presumen determinados hechos sobre la base de las cualidades que generalmente tienen las personas, cosas o fenómenos y en consecuencia debe probarse lo contrario. El principio lógico, por su parte, considera que es más fácil probar las afirmaciones positivas que las afirmaciones negativas, de modo tal que quien hace una afirmación positiva tiene que probar frente al que hace una afirmación negativa. El diccionario de la Real Academia Española enseña que carga, en sentido jurídico, “... es la necesidad de realizar determinados actos para evitar que se produzcan perjuicios para la parte. Es la que incumbe a una parte en un proceso para poder dar por probados los hechos que alega....” (RAE, del 20 de marzo de 2013, de marzo de 2013, de:htp:/lema.rae.es/drae/?val=carga). Es de relevancia pronunciarme en esta ocasión sobre el precepto penal infringido por el ente encargado de la persecución penal siendo éste el principio de objetividad, pues la Ley lo obliga a investigar no sólo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino también las que sean causas de exención o de atenuación de responsabilidad al imputado. El órgano a cargo de la investigación, tiene el deber de instrumentar los medios de prueba para introducir el elemento probatorio con carácter científico (Revista INDICIOS, Año 1 Vol. 1. ISSN 1853-2411. La Rioja (Argentina). 2010 JORGE G. A. CHAMIA La importancia de la prueba científica en el proceso penal. Pp 46-57); y, en la presente causa el Ministerio Público, debió procurar los aportes necesarios como elementos de convicción, periciadas por profesionales expertos en cada materia y que se encontraran relacionadas a probar todas o algunas circunstancias del objeto de este proceso. En la presente causa, Ministerio Público, no realizó las diligencias investigativas a las que está obligado, elementos como la pericia sobre motocicleta en que supuestamente se transportaban las víctimas, casquillos, autopsia, exhumación, armas, dictamen de médico autopsiante que acreditara la causa real de la muerte, pericias que determinaran trayectorias de balas, perdigones o proyectiles; trayectorias intercorporeas, visibilidad, rosas de dispersión, distancias, alturas, pesos, posiciones de las víctimas y las consecuencias que pudieron ser provocadas ante la intensidad del supuesto ataque, tipos de armas, daños que se podían ocasionar, cuantificación y cualificación técnica de los mismos, etc, y por ende son ELEMENTOS PROBATORIOS CONTUNDENTES QUE NO FUERON INCORPORADOS AL PROCESO Y EL TRIBUNAL ASUME QUE MI REPRESENTADO ES RESPONSABLE DEL ILICITO, SIN QUE SE DEMUESTRE FEHACIENTE Y CIENTIFICAMENTE SU CULPABILIDAD, Y SOBRE ELLO EL TRIBUNAL EXCLUYE PRUEBA DE VALOR DECISIVO VALORANDO SOLO PARCIALMENTE LOS TESTIMONIOS APORTADOS POR LA DEFENSA QUE PRUEBAN LA INOCENCIA DE MI REPRESENTADO. El Tribunal consideró que “la prueba practicada y aportada en juicio a instancia del ente acusador, fue suficiente y que tenía la virtualidad necesaria para demostrar sin lugar a dudas que mi representado participó en la comisión del delito”, cuando lo cierto es que el Ministerio Público no aportó los medios probatorios necesarios, suficientes y mucho menos revestidos de la virtualidad necesaria más allá de una duda razonable que demostrara de manera científica y técnica la participación de mi representado en la comisión del delito y les permitiera dictar sentencia condenatoria en su contra. (Lo subrayado es mío). CIRCUNSTANCIAS QUE ENERVAN EL PRINCIPIO DE INOCENCIA RECONOCIDO CONSTITUCIONALMENTE. La prueba científica es la más importante que pueda ser incorporada en el proceso penal para la confirmación de un hecho, características de una cosa o constitución material de elementos orgánicos que estén relacionados con el objeto del proceso. La prueba científica es la resultante de obtener un elemento probatorio que pueda ser ingresado al proceso de forma legal y pertinente mediante una investigación científica concreta. El resultado de la investigación científica es el conocimiento científico, el cual es definido por Mario Bunge como “aquel que reúne las cualidades de racional, sistemático, exacto, verificable y por tanto falible”. Es decir que la prueba realizada por peritos en distintas disciplinas que se requiera su participación; para que adquiera el carácter de científico, la investigación, y sus conclusiones deben ser verificables empíricamente mediante el método científico que se utilizó. Para De La Torre Javier, La prueba es necesaria tanto para fijar la existencia del delito como la responsabilidad, y expone el siguiente principio “Lo que no existe en el mundo del proceso no existe en el mundo para el juzgador”. La base de este principio es la contradicción y la presunción de inocencia. DE LA TORRE, Javier (2002), La Valoración de la Prueba en el Proceso Penal, pag.131 Vega Torres, dice: “De un lado para asegurar que el convencimiento del juzgador se base en medios racionalmente aptos para proporcionar el consentimiento de los hechos y no en meras sospechas o intuiciones, ni en sistemas de averiguación de corte irracional comúnmente tenidas de escasa o nula fiabilidad; por otro, para asegurar que los elementos del juzgador ha tenido en cuenta en la formación de su convencimiento y se ha producido con respeto a las garantías constitucionales y legales”. DE LA TORRE, Javier (2002), La Valoración de la Prueba en el Proceso Penal, pag.131. El Tribunal en su definición de Hecho Único Probado da como cierto que mi representado interceptó al hoy occiso y que sin mediar palabra ni motivo aparente,”procedió a disparar con el arma de fuego que portaba” produciéndole varias heridas por de arma de fuego calibre desconocido en el costado derecho, y entre el brazo, y en antebrazo derecho, pero dicha arma con base en la cual se condena a mi representado, nunca fue presentada en juicio, ni fue objeto de pericias, mucho menos fue colocada en las manos de mi defendido, demostrando una clara falta de valoración científica, y no adquirió nunca el carácter de pieza de convicción como objeto que obrara en manos del Tribunal y sirviera como elemento de prueba en el proceso criminal. En ese sentido, igualmente no fueron presentadas otras piezas de convicción, como elemento diferencial del cuerpo del delito y de los instrumentos del delito, que en este caso serían entre otros las huellas y vestigios del hecho delictivo o cuerpos extraños extraídos del cuerpo del_ahora occiso, casquillos, las impresiones digitales de mi representado, el arma con que supuestamente se perpetró el hecho o cualquier objeto que se haya encontrado en el lugar del delito, y que probara la supuesta participación de mi representado. Y cabe aquí preguntarnos ya que el Tribunal da por probado que mi representado disparó “un arma de calibre desconocido” y si el calibre es desconocido para el mismo Tribunal entonces ¿CON QUE ARMA SE DISPARO?. (Lo subrayado es mío). III.-El Tribunal sustenta el hecho único declarado probado con la ratificación del acta de levantamiento de cadáver realizada por el Abogado Luís Alduvin Perdomo Molina en su condición de Juez de Paz del Municipio de San Luís Departamento de Santa Bárbara, y tomó como acreditado la muerte real del referido occiso Nery Olman Rivera Corea, así mismo tomó como acreditado la manera de su muerte tipo homicida, con múltiples heridas de anua de fuego calibre desconocido en el costado derecho y entre el brazo y antebrazo derecho, tenía cuatro orificios que todos los orificios son bien finos, y cerca uno del otro, habiendo encontrado el cuerpo boca arriba en medio de la carretera. Efectivamente el Juez de Paz de la localidad es el autorizado de manera legal a efectuar el Levantamiento de Cadáver” pero no es el profesional capacitado y autorizado legal y científicamente a emitir dictamen sobre la CAUSA REAL DE MUERTE, EL TIPO DE MUERTE, EL TIPO DE ARMA UTILIZADA en la comisión de los hechos, puesto que el Juez declaró en juicio que no tiene ningún tipo de conocimiento técnico científico en el área de merito; así mismo se le ordena legalmente que una vez realizado el levantamiento cadavérico debe remitirlo a las dependencias de la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público para que se realizara la autopsia para que fuese el profesional competente quien determinara LA CAUSA REAL DE MUERTE, EL TIPO DE MUERTE E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA SUPUESTA COMISION DEL ILICITO. Por lo tanto este extremo carece de eficacia probatoria que se sustente con bases científicas emitidas por un profesional técnico, científico y pertinente: y como consecuencia no se acreditó en el juicio oral la Causa Real de la Muerte del hoy occiso. (Lo subrayado es mío). El Tribunal de Sentencia le dio valor probatorio a el Acta de Inspección Ocular y a el Álbum Fotográfico, “dando toda credibilidad al contenido de los mismos, y hace prueba por sí mismo al no haber sido desvirtuada en juicio, y da base para dar como cierto el hecho único declarado probado”. Y es en estos mismos elementos (acta y álbum fotográfico) ratificados por el agente de investigación Diler Castro que se reafirma la inocencia de mi representado, pues el agente manifestó que “NO SE ENCONTRARON INDICIOS EN VISTA QUE LA INSPECCION SE REALIZÓ DIAS DESPUES DEL HECHO”. (cuatrocientos cincuenta y cinco (455) días después para ser exactos), ésta era un área abierta y en vía pública. sujeta a múltiples cambios tanto climáticos, a alteraciones provocadas por los transeúntes, por animales etc. Al no encontrar ni siquiera a nivel de indicios elementos que acrediten la comisión de un ilícito, mucho menos encontrar evidencias que relacionaran a mi representado con la supuesta comisión delictiva, extremo que fue confirmado por el mismo agente de investigación. con el acta y álbum fotográfico mismo al que el Tribunal le dio valor probatorio. (Lo subrayado es mío). El indicio viene a ser como medio idóneo para justificar una valoración sobre la probabilidad de la comisión de un hecho o de un comportamiento del hombre, por este motivo de que un indicio constituye una probabilidad es que se afirma que un solo indicio no nos conduce a una certeza del hecho a probar, es necesario que haya pluralidad de indicios, de ahí que los autores hagan la distinción de lo que es indicios graves, precisos y concordantes; es grave aquél indicio que contiene una gran capacidad para la demostración de ese hecho, es preciso si el mismo nos conduce de una manera inequívoca al hecho que deseamos probar y decimos que son indicios concordantes cuando entre ellos hay armonía demostrativa del hecho a probar.Http:/trabajos15/valor-prueba/valor-prueba.shtml#PRINC#ixzz3FPyhqlZT. El indicio en materia penal, entendido como un fenómeno objetivo de expresión acabada o inacabada de una conducta de autoría o de participación responsable, no posee existencia autónoma sino derivada y emana de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información, esto es, de los contenidos de las manifestaciones reales y personales que tengan relación con el comportamiento humano objeto de investigación y que desde luego hubiesen sido aducidos, producidos e incorporados con respeto al principio de licitud y legalidad de la prueba. Mario Garrido Montt, Etapas de ejecución del delito. Autoría y Participación, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1984, páginas 37 y 38. IV.- El Tribunal de Sentencia considera haber valorado en conjunto la prueba aportada por el Ministerio Público, pero ¿qué prueba? Si lo que queda probado es que el ente acusador NO APORTO EN EL JUICIO ORAL Y PUBLICO LA PRUEBA NECESARIA, no se puede hablar de una valoración de pruebas de cargo en conjunto si no fueron aportadas al juicio oral (ARMAS que hayan sido objeto de pericia y que prueben que fueron usadas en el hecho y que fueron disparadas por mi representado; DICTAMENES BALISTICOS DE CASQUILLOS que hayan sido objeto de pericia y que prueben que fueron percutidos por las supuestas armas participantes en el ilícito; PRESENTACION DE AUTOMOTORES que hayan sido objeto de pericia y que prueben que el daño que supuestamente tenían es congruente con la intensidad de! ataque que declaró el testigo protegido “ww”; DICTAMEN DE AUTOPSIA O EXHUMACION que pruebe la causa real de la muerte del occiso y el tipo de muerte; DICTAMENES PERICIALES DE DACTILOSCOPIA que pruebe que mi representado estuvo en la escena del crimen y que lo vincule directamente y sin lugar a dudas con elementos del delito); por lo que el sentenciador no respetó ni valoró la prueba ofertada por la defensa de acuerdo a las reglas de la sana crítica, abriendo paso a la arbitrariedad judicial y a la incertidumbre, teniendo este Tribunal un erróneo concepto de lo que es esta regla de valoración de prueba. A este efecto DEVIS (1972) p. 105, dice que existe “peligro de la arbitrariedad, de que no puede preverse el resultado del proceso ni tenerse una seguridad probatoria, y de que una incógnita (la sentencia) queda dependiendo de otra incógnita (la convicción íntima)” y lleva la incertidumbre a las partes que intervienen en el proceso; pues, con el sistema tarifario, cada parte conocerá de antemano el valor de la prueba que va a aportar al proceso. Hugo Alsina dice que “Las reglas de la sana crítica, no son otras que las que prescribe la lógica y derivan de la experiencia, las primeras con carácter permanente y las segundas, variables en el tiempo y en el espacio”.- ALSINA (1956) p. 127. Por su parte Couture define las reglas de la sana crítica como “las reglas del correcto entendimiento humano; contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y del lugar; pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia”. - COUTURE (1979) p. 195. Las reglas de la sana crítica configuran una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción. Sin la excesiva rigidez de la primera y sin la excesiva incertidumbre de la última, configura una feliz fórmula de regular la actividad intelectual del juez frente a la prueba. Las reglas de la sana crítica son, para él ante todo,”las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del Juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de los casos. El juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. Esta manera de actuar no sería sana crítica, sino libre convicción. La sana crítica es la unión de la lógica y la experiencia sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento”. COUTURE (1979) p. 195 SUBSIDIARIAMENTE NULIDAD DE LA ENTENCIA. Artículo 337 del Código Procesal Penal “Congruencia de la Sentencia con la Acusación”. La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que no sean las descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o en su caso en la ampliación de la acusación y en la contestación de ésta, ni calificar los hechos en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas. Pues no consta que el ente acusador haya aportado prueba científica suficiente y necesaria (dictamen médico legal, balística, evidencia encontrada en la escena del crimen, piezas de convicción, actas de comiso, etc) que acrediten la participación de mi representado en el hecho que se le imputa, siendo que el tribunal sentenciador hizo suyos los hechos que no fueron probados en el desarrollo de audiencia de juicio oral y público no existiendo congruencia en la sentencia ya que este ha calificado los hechos en perjuicio de mi representado en forma indeterminada de los resultados de las diligencias levantadas y evacuadas en la presente causa, siendo la misma anulada subsidiariamente.” IV. Fundamentación 1) Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma, por violación a los artículos 93 y 336 del Código Procesal Penal vigente. A) Primero Motivo Normas Autorizantes: Artículo 362. 2 y 3 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: violación a los artículos 93 y 336 del Código Procesal Penal vigente. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, se ordenen el reenvío y se repita el juicio con jueces distintos a los que participaron en el anulado. Resumen Recurso de casación por quebrantamiento de forma o infracción de ley adjetiva por la violación a los artículos 93 y 336 del Código Procesal Penal vigente. El artículo 93 del Código Procesal Penal, dice: “En el ejercicio de sus funciones el Ministerio Público actuará con absoluta objetividad y velará por la correcta aplicación de las leyes penales…”. Artículo 336 del Código Procesal Penal, manda: “El Tribunal para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica…”. El Tribunal de Sentencia no ha dado valor a las declaraciones brindadas por los tres (3) testigos ofrecidos por la defensa donde quedó claramente establecido que el día en que ocurrieron los hechos el señor Rosa Barrera se encontraba en otro lugar y estuvo toda la mañana jugando naipes, así mismo fue observado por varias personas, desde horas muy tempranas de la mañana hasta el momento en que se tuvo noticia de la muerte del occiso, en especial el testigo Evelyn Corea Rivera, quien lo vio toda la mañana frente a su casa, tres testigos ofrecidos por la defensa los que fueron contundentes, precisos, coherentes y claros en sus deposiciones, por lo que invoca que tales testigos carecen de credibilidad porque no presenciaron los hechos que constituyeron el delito. Sin embargo, el recurrente considera que el testigo José Alexi Reyes Orellana (ofrecido por la defensa) sí estuvo momentáneamente en el lugar de los hechos, pero el Tribunal solo valoró parcialmente su testimonio y no le dio valor al hecho que éste declaró ubicando al acusado en la aldea Nueva Esperanza, solo valoró la mitad del testimonio ofrecido por parte de la defensa, testigo que nunca declaró que el señor Rosa Barrera fue quien disparó, ni lo identificó en la escena, y con la mitad de su testimonio formó su convicción, excluyendo parcialmente prueba de valor. El Tribunal toma como cierto la declaración del testigo protegido “ww” que dijo que venía en una motocicleta con la víctima y que este testigo venía en la parte de atrás, cuando los supuestos agresores dispararon todos al mismo tiempo con armas tipo escopeta, y tomó como cierta la declaración del testigo “ww”, pero no puede llevar a conclusiones absurdas al juez. Concluye que el tribunal no valoró en su conjunto la prueba aportada por la defensa evacuada en el juicio oral y público, apartándose en todo momento de la realidad de los hechos. A.1) Concepto General del Recurso Esta Sala de lo Penal, reitera que todo problema de inobservancia de las normas del correcto entendimiento humano constituye una violación a las reglas de la sana crítica. Las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las máximas de la experiencia se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica exigen que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Asimismo, la derivación, a la obligatoriedad que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). La regla 1ógica de derivación requiere que la motivación deba respetar el principio de razón suficiente, por el cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Debe ser concordante, es decir, que a cada conclusión afirmada a negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, porque se entiende que el razonamiento de los jueces de sentencia, ha de estar constituido por deducciones razonables originadas de las pruebas. Por el Principio de razón suficiente se entiende “que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”[1]. A.2) Concepto especifico La sentencia que se impugna no se observan defectos de forma que puedan enmarcarse dentro de las disposiciones procesales contenidas en los artículos 93 y 336 del Código Procesal Penal, enunciadas con infringidas por el censor del fallo, debido a que la primera se refiere al deber de objetividad en el ejercicio de las funciones que tiene el Ministerio Público, y la segunda es la norma procesal que establece las reglas de deliberación y votación del fallo una vez concluidos los actos del debate. El argumenta central del recurrente se centra en que el Juzgador no ha dado valor a las declaraciones brindadas por los tres testigos de la defensa, donde supone quedó establecido que el día en que ocurrieron los hechos el acusado Rosa Barrera se encontraba en otro lugar y relacionado a que valoró parcialmente lo declarado por el testigo de descargo señor José Alexi Reyes Orellana, quien nunca dijo que el acusado Rosa Barrera disparó o estaba en la escena. A.3) De la Procedencia Recurso. El Recurso no es de Recibo. El Tribunal no ha dado valor a las declaraciones brindadas por los tres testigos ofrecidos por la defensa, es decir no valoró en su conjunto la prueba aportada por la defensa en el juicio oral y público. A.4) Opinión de la Sala sobre el caso específico Alega como motivo de casación por quebrantamiento de forma o infracción de ley adjetiva por la violación a los artículos 93 y 336 del Código Procesal Penal vigente, por considerar que el Tribunal no ha dado valor a las declaraciones brindadas por los tres testigos ofrecidos por la defensa, es decir no valoró en su conjunto la prueba aportada por la defensa en el juicio oral y público. Esta Sala considera que el censor del fallo dirige su ataque recursivo por defectos en la valoración de la prueba con argumentos propios de instancia. Aunque se cuestiona el valor de la prueba al considerar que no pudo probase en juicio la participación del acusado en el hecho que se le imputa, esta sala observa que dicho reproche no va orientado por el cauce de una inobservancia a alguna de las reglas de la sana crítica, siendo el motivo de casación de quebrantamiento de forma idóneo para atacar defectos en la valoración de la prueba. Las disposiciones legales adjetivas o procesales contenidas en los artículos 93 y 336 del Código Procesal Penal, señaladas como infringidas la primera trata sobre el deber de objetividad en el ejercicio de las funciones del Ministerio Público, y la segunda sobre las reglas que los jueces del tribunal de juicio deben observar al momento de la deliberación y votación del fallo, concluidos los actos del debate. Aunque el artículo 336 del CPP establece que en la valoración de las pruebas el juzgador ha de observar las reglas de la sana critica, no menciona la regla infringida, defecto en la técnica recursiva del recurrente que impide a esta Sala emitir pronunciamiento sobre el contenido del recurso. 2) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma: “Infracción a la ley sustantiva por violación al artículo 89 de la Constitución de la República”. Preceptos procesales infringidos: Artículo 2 del Código Procesal Penal. Normas Autorizantes: Artículo 362. 2 y 3 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Violación al artículo 89 de la Constitución de la República Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Resumen En la presente causa el Ministerio Público debió aportar elementos de convicción pericias de profesionales expertos en cada materia. El ministerio Público, no realizó las diligencias investigativas a las que estaba obligado, como las pericias a la motocicleta en que supuestamente se transportaban las víctimas, casquillos, autopsia, exhumación, armas, dictamen de médico autopsiante que acreditara la causa real de la muerte, para determinar trayectorias de balas, perdigones o proyectiles, trayectorias intracorpóreas, visibilidad, rosas de dispersión, distancias, alturas, pesos, posiciones de las víctimas y las consecuencias que pudieron ser provocadas ante la intensidad del supuesto ataque, tipos de armas, daños que se podían ocasionar, cuantificación y cualificación técnica de los mismos, etc., elementos probatorios contundentes que no fueron incorporados al proceso. Sin embargo, el tribunal asume que el acusado Rosa Barrera es responsable del ilícito, sin haberse demostrado científicamente su culpabilidad; asimismo excluye prueba de valor decisivo al valorar parcialmente la declaración de los testigos de la defensa, que prueban la inocencia del acusado. El juzgador considera que la prueba de cargo es suficiente para demostrar la participación del acusado en la comisión del delito, a pesar que el Ministerio Público no aportó los medios probatorios suficientes para demostrar científicamente la participación del acusado en la comisión del delito. El A Quo sustenta el hecho declarado probado con el acta de levantamiento de cadáver ratificada por el Juez de Paz del Municipio de San Luís, Santa Bárbara con la que tuvo por acreditada la muerte real del occiso Nery Olman Rivera Corea, a pesar de no estar capacitado, ni autorizado legal y científicamente para emitir dictamen sobre la causa real de muerte, tipo de muerte, tipo de arma utilizada en la comisión de los hechos, ya que ello debe llevarlo a cabo personal calificado de la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público, por lo que considera que este extremo carece de eficacia probatoria, y en consecuencia no se acreditó en el juicio oral la causa real de la muerte del hoy occiso. Subsidiariamente pide la nulidad de la sentencia, con fundamento en el artículo 337 del Código Procesal Penal de congruencia de la sentencia con la acusación, que dispone: “La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que no sean las descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o en su caso en la ampliación de la acusación y en la contestación de ésta, ni calificar los hechos en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas”. A.1) Concepto General Al respecto del Recurso de Casación por infracción del precepto constitucional en Honduras, el Consultor Internacional Don Jose Luis Leyva Muñóz, considera que: “Es un motivo de casación bastante amplio, por lo que será necesario que, previamente, se delimite con precisión lo que es la interpretación legal de la Constitución, si no quiere que cualquier incorrección producida en el seno del proceso se constituya en motivo de casación. Bien es cierto que la Constitución de la República de Honduras, como todas las constituciones actualmente vigentes, contiene algunos preceptos en su articulado que simplemente establecen un principio general, y que como tales, no pueden ser invocadas en este tipo de recursos. Así ocurre con la presunción de inocencia del artículo 89, o el derecho a ser juzgado por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” del artículo 90 de la Constitución, que podrían ser interpretados como una constitucionalización de todas y cada una de las garantías procesales establecidas en el CPP, que se traduciría en una petición a la Corte Suprema para que revisara toda la prueba incorporada a la causa, convirtiendo a la casación en una segunda instancia que en la actualidad no es, al no tratarse de un recurso ordinario, sino extraordinario. Por ello, solo cabra alegar como fundamento de este recurso la infracción de aquellas normas constitucionales que tienen estrecha y directa relación con el proceso en el que son invocados. Lo habitual es que la invocación de preceptos constitucionales se dé en los supuestos de casación de fondo, es decir, por infracción de infracción de ley o de doctrina legal, pero no siempre se le dará dicho tratamiento, puesto que es posible que mediante la infracción de algún precepto constitucional, como ocurriría con la posible vulneración de la presunción de inocencia originada en una falta de motivación de la sentencia, en la aceptación de pruebas ilícitas o en el dictado de una sentencia condenatoria sin existencia de una mínima prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia, se haya producido alguna irregularidad en el desarrollo del proceso, que dará lugar a la anulación de dicho acto irregular y la correspondiente remisión de la causa al Tribunal de Sentencia para que, una vez subsanado, la continúe con arreglo a derecho. Es decir, la infracción producida a través de cualquiera de los supuestos enunciados anteriormente deberá ser invocada mediante su encuadre en cualquiera de los supuestos de casación por quebrantamiento de forma del artículo 362 CPP. Con ello se evitaría la posibilidad de que la Corte Suprema, al estimar el recurso de casación por un vicio de procedimiento que ha dado lugar a la vulneración de alguno de los derechos que la constitución reconoce a los sujetos del proceso penal, case la sentencia impugnada y dicte la que proceda con arreglo a derecho, debiendo optarse por la remisión de las actuaciones al Tribunal de Sentencia para que reponga la causa al estado que tenía cuando se cometió la falta, sustanciándola de nuevo y terminándola con arreglo a derecho”.[2] A.2) Concepto especifico Esta Sala reitera que para el examen del motivo de casación por Infracción de Precepto Constitucional, fundado en vulneración del principio- derecho a la presunción de inocencia, debe comprobarse lo siguiente: a) si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); b) si estas pruebas son de contenido incriminatorio; c) si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, si fue incorporada lícitamente al juicio oral; d) si ha sido practicada con regularidad procesal; e) si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y f) si ha sido racionalmente valorada por el Tribunal sentenciador. Por tanto, cuando en esta vía casacional se alega infracción de ese derecho fundamental, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas ante la presencia del juzgador de instancia, porque sólo a éste corresponde esa función valorativa, pero sí puede esta Sala verificar que, efectivamente, el tribunal "A Quo" contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él de los acusados, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia. Pero no acaba aquí la función casacional de las impugnaciones referidas a la vulneración de este derecho fundamental a la presunción de inocencia, pues la ausencia en nuestro ordenamiento de una segunda instancia revisora de la condena impuesta en la sentencia obliga al Tribunal de casación a realizar una función valorativa de la actividad probatoria, actividad que se desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la injerencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria. Es decir, el control casacional de la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba y del proceso de formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad. Además, el proceso racional, expresado en la sentencia a través del que de la prueba practicada resulta la acreditación de un hecho y la participación en el mismo de una persona a la que se imputa la comisión de un hecho delictivo. La presunción de inocencia supone, que, como se parte de la inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución, aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no es éste quien tiene que probar su inocencia. Constitucionalmente se presume y se afirma la inocencia del acusado, para llegar a la condena es necesario que, mediante una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías- practicada en el juicio para hacer posible la contradicción, y sin que los medios probatorios traídos al proceso se hayan obtenido violentando derechos o libertades fundamentales, quede desvirtuada esa inocencia y que el órgano jurisdiccional pueda obtener de esas pruebas la convicción jurídica de la existencia de los elementos fácticos que constituyen el delito. Si no han quedado probados esos elementos fácticos, el Tribunal no puede entender sustituida la inicial inocencia por la culpabilidad y debe absolver al enjuiciado. La presunción de inocencia como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el tribunal pueda condenar. A.3) De la Procedencia Recurso. El Recurso no es de Recibo. A4) Opinión sobre el concepto especifico El recurrente alega incurre en una técnica recursiva defectuosa al encuadrar el motivo de casación como de quebrantamiento de forma, y al desarrollar el motivo centrar su argumentación en una infracción de precepto constitucional contenido del Artículos 89 de la Constitución de la República, que dispone: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. No obstante, dicho defecto esta Sala resuelve el motivo de casación invocado por el recurrente de la siguiente manera: Alega el recurrente que la prueba de cargo es insuficiente para demostrar la participación del acusado Rosa Barrera en la comisión del delito de Homicidio Simple en perjuicio de Nery Olman Rivera Corea, porque el ente acusador no aportó prueba de cargo suficiente para demostrarlo científicamente. Concretamente reprocha el acta de levantamiento de cadáver ratificada en juicio por el Juez de Paz del Municipio de San Luís, Santa Bárbara, pues estima que con ella no acredita la muerte real del ahora occiso Nery Olman Rivera Corea, al no estar capacitado, ni autorizado legal y científicamente dicho funcionario judicial para emitir dictámenes sobre la causa y tipo de muerte y arma utilizada en la comisión del hechos, dado que tal labor es propia del personal calificado de la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público. Esta Sala observa que los medios de prueba de cargo consistentes en: 1) Declaración del testigo protegido clave “ww”, quien declara en juicio que: “En la Aldea Nueva Esperanza salieron cuatro individuos disparando contra Nery Olman Rivera Corea, eran Rosa Bautista, Martin Barrera, Milton y Nolvin Sabillón, el 23 de agosto del año 2012 a las 9 de la mañana, en la Aldea Nueva Esperanza, Municipio de San Luis, Santa Bárbara, venía con Nery Olman Corea en una motocicleta, yo venía atrás, él me pidió auxilio a mí, dispararon todos, no me paso nada a mí a pesar que iba cerca de él, no sé porque no me dispararon a mí, me tiré al lado de la carretera al lado izquierdo, cuando yo salgo él estaba vivo, fui a buscar un carro para traerlo y ya había muerto…”; 2) Acta de Levantamiento de cadáver del occiso Nery Olman Rivera Corea, evacuada por el Juez de Paz del Municipio de San Luis de Departamento de Santa Bárbara Abogado Luis Adubis Perdomo Molina, que acredita la muerte real, tipo de muerte homicida, múltiples heridas de arma de fuego calibre desconocido en el costado derecho y entre el brazo y el antebrazo derecho tenía cuatro orificios, que todos los orificios son bien finos y cerca uno del otro, habiendo encontrado el cuerpo boca arriba en medio de la carretera…”; 3) Acta de Inspección ocular de la escena del crimen la que se evacuó mediante ratificación del Agente de Investigación Criminal Diler Castro Maldonado, en el lugar donde fue encontrado el cuerpo sin vida del occiso Nery Olman Rivera Corea, sin encontrar indicios, en vista que la inspección se realizó días después de del hecho; 4) Álbum Fotográfico de la escena del crimen ratificado por dicho agente de investigación criminal Diler Castro Maldonado; 5) Acta de defunción del occiso Nery Olman Rivera Corea la que se evacuó mediante lectura en la que se acredita su muerte legal. Esta Sala considera que las razones vertidas por el Juzgador al valorar los medios de prueba de cargo preinsertos, son válidas y suficientes para enervar el estado de inocencia del encausado Rosa Barrera, en tanto cumplen con los presupuestos de prueba material -personal- de testigos y prueba documental, de contenido incriminatorio, constitucional y lícitamente obtenida e incorporada al juicio, practicada con regularidad procesal, suficiente y racionalmente valorada por el Tribunal para enervar la presunción de inocencia. Por otra parte, la defensa técnica del acusado propuso las declaraciones de los testigos: Juventino Reyes, Evelyn Corea Rivera y José Alexis Reyes Orellana, testigos de descargo que declaran que el acusado se encontraba en un lugar distinto al lugar de los hechos jugando naipe, a los que el Juzgador resta credibilidad, por considerar que no son testigos presenciales de los hechos a diferencia del testigo de cargo protegido clave “ww” que estuvo en la escena del delito, siendo ello ratificado por el testigo de descargo José Alexi Reyes Orellana, quien declara que Anael le pidió ayuda por la muerte de su hermano. Esta Sala considera que las razones vertidas por el Juzgador, al valorar la declaración del testigo de descargo José Alexi Reyes Orellana, en la parte en que constata la presencia del hermano del occiso en la escena del delito, y las razones vertidas por el Juzgador para restar credibilidad a lo declarado por los testigos de descargo, respecto del que al momento de los hechos el acusado Rosa Barrera se encontraba jugando naipes en otro lugar, son válidas, coherentes y suficientes. Esta Sala desestima el cuestionamiento dirigido contra las actuaciones oficiales del señor Juez de Paz del Municipio de San Luis de Departamento de Santa Bárbara Abogado Luis Adubis Perdomo Molina, concretamente en contra del valor probatorio otorgado por el Juzgador al Acta de Levantamiento de Cadáver, levantada y ratificada en juicio por dicho funcionario judicial, con que da por acreditada la muerte real, tipo de muerte homicida, localización y descripción de las heridas de arma de fuego de calibre desconocido, y la posición, lugar en que fue encontrado el cuerpo del occiso, son tener dicho funcionario facultades suficientes para certificar el acta de levantamiento de cadáver, en defecto o ausencia de personal especializado de inspecciones oculares o de peritos del Ministerio Público. Por lo anterior, esta Sala declara que, en el presente caso con la prueba de cargo, agregada al juicio se ha enervado válidamente la presunción de inocencia del encausado Rosa Barrera, respecto del delito de que se le acusa. V. DECISIÓN, en este apartado se debe establecer si la Sala declara NO HA LUGAR, el motivo de casación de quebrantamiento de forma fundado en la violación al artículo 89 de la Constitución de la República, invocado por el recurrente. Respecto de la nulidad subsidiaria contra la sentencia recurrida, con fundamento en el artículo 337 del Código Procesal Penal por considerar la falta de congruencia de la sentencia con la acusación, esta Sala aprecia que el recurrente únicamente cita la norma que regula el principio de congruencia, sin embargo, el recurrente no expone ningún argumento para sostener su alegato de nulidad, por lo que al no establecer el defecto de forma que afecta la congruencia de la sentencia con la acusación. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360 y 362.2 y 3 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por quebrantamiento de forma e infracción de precepto constitucional, interpuesta por Abogada Lilian Rebeca Velásquez Rodriguez, en su condición de Apoderada Defensora del señor Rosa Barrera, en la causa en la que se le condena e impone la pena de Quince (15) Años de Reclusión, por el delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor Nery Olman Rivera Corea; Segundo: Declarar sin lugar la nulidad subsidiaria presentada por el recurrente en contra de la sentencia que se impugna, por las razones expuestas; Tercero: Declarar Firme y Ejecutable la sentencia de fecha dieciocho de septiembre de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara.- Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. José ramón Cruz Ferrera. Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil diecinueve. Certificación de la sentencia de fecha cuatro de diciembre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-06-2015.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
[1] LOS PRINCIPIOS LOGICOS. CAPITULO II DE LA LOGICA, RENE GUENON, CURSO DE FILOSOFIA, REVISTA SCIENCE SACRÉE NUMERO 7, 2005
[2] Modulo Instruccional. Recurso de Casación. Consultor internacional Don José Luis Leyva Muñóz, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, España. Equipo Nacional: Abogadas Celeste Cerrato, Ana Narvaez y Sonia Gálvez. Revisión del Dr. Rigoberto Cuellar Cruz, Fiscales del Ministerio Público. Paginas 31 y 32.