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Sentencia CP-96-16 — Registro 7902

Resumen

En primera instancia se condeno a imputado por el delito de homicidio simple y homicidio culposo. Resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Esta Sala de lo Penal ha reiterado en varios fallos, que el proceso lógico seguido por el juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas, está sujeto a control a través del examen casacional. En consecuencia, al realizar un estudio sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal hondureño, se custodia la aplicación de las reglas de la Sana Crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Significa que siendo libre el A-quo en la apreciación de las pruebas que le generen su convicción, su juicio de valoración deber ser razonable, es decir sujetarse a las reglas que gobiernan el correcto pensamiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos. Así la motivación lógica deberá responder a las características de: A) Coherencia, es decir que la motivación estará constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, para ello deberá ser: a) Congruente: las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas; b) No contradictoria: que no se empleen en la motivación, juicios contrastantes que entre sí se anulen; c) Inequívoca: los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones que determinan. B) Derivación: el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que por ella se vayan formando. 3) Ante los cuestionamientos del recurrente, es necesario sumergirnos en los juicios de valor que utilizó el A-quo para valorar la prueba evacuada durante el juicio, cuidando no revalorar la prueba, pues ese ejercicio mental corresponde únicamente al juzgador, quien ha tenido contacto directo con la prueba y su desarrollo, por tanto nuestra labor se centra en establecer que esos raciocinios fueron conformados y elaborados respetando las reglas del recto entendimiento humano. Se hace evidente la inadecuada técnica recursiva del recurrente, pues no cumplió con lo regulado en el artículo 363 del Código Procesal Penal, pues si bien señala en forma general el quebranto a las reglas del recto entendimiento humano y señala la regla de la derivación y las máximas de la experiencia como normas quebrantadas, no fue capaz de señalar concretamente cuales fueron esos razonamientos errados del A-quo, y cuál fue el perjuicio que le ocasionó en la defensa de su representado; lo que erróneamente realiza el censor es una revaloración del material probatorio, que como ya lo hemos advertido, no compete efectuar en esta etapa casacional. Ahora bien en aras del derecho de defensa que regula nuestra Constitución de la República y del derecho a recurrir el fallo que contempla la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esta sala de casación ha revisado los juicios de valor del sentenciador y puede concluir que sus razonamientos fueron elaborados de manera lógica y coherente, concatenando y relacionando las pruebas entre sí y derivando de ella razonamientos acordes a las reglas de la sana crítica; por tales circunstancias es procedente desestimar el presente motivo de casación. Ante los argumentos vertidos es procedente declarar no ha lugar los recursos de casación presentados por infracción de ley y quebrantamiento de forma."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...En cuanto al segundo motivo de casación, que el recurrente refiere a la falta de aplicación de las normas sustantivas que regula la causa de justificación de la legítima defensa, este tribunal de casación, al analizar los hechos probados, no colige los requisitos de dicha causa de justificación, pues el primer requisito lo constituye la agresión ilegitima que no aparece configurado en los sucesos, pues claramente el ofendido si bien avanzaba armado, los disparos los hace al suelo, es decir sin existir una agresión real y actual a la vida del imputado; el segundo requisito, necesidad racional del medio empleado para impedirlo o repelerlo, tampoco lo encontramos, al no existir una agresión real, tampoco se configuran la necesidad de defenderse y el tercer requisito es la falta de provocación suficiente, al respecto diremos que son los policías los que llegan a la hacienda que cuidaba el ofendido V. E. M., por tanto son ellos lo que desencadenan los hechos; ante tales argumentos no observa esta Sala de lo Penal que del cuadro fáctico declarado como probado se deriven los requisitos de una legítima defensa. En consecuencia este supremo tribunal concluye que los hechos probados son armónicos y encajan de manera perfecta en el tipo penal de Homicidio Simple y Homicidio Culposo, regulado en los artículos 116 y 121 del Código Penal, por el que fue condenado el imputado, siendo procedente declarar no ha lugar el recurso de casación por infracción de ley en sus dos motivos..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta días de enero de dos mil diecisiete, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-96-2016 por infracción de ley y por quebrantamiento de forma, interpuesto contra la sentencia de fecha ocho de abril de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual: PRIMERO: Condenó al señor F. I. P. C., como autor del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor V. E. M., a la pena de quince años de reclusión, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la pena principal.- SEGUNDO: Condenó al señor F. I. P. C., como autor del delito de Homicidio Culposo, en perjuicio de la menor M. del R. D. C., a la pena de tres años de reclusión, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil.- TERCERO: No procedió la responsabilidad civil.- CUARTO: Sin costas.- SON PARTES: El abogado A. L. R. P., en su condición de defensor privado del señor F. I. P. C., como parte recurrente; y la abogada M. E. G., en su calidad de representante del Ministerio Público, como parte recurrida.- II. HECHOS PROBADOS “Primero.- En fecha veintidós de noviembre de dos mil cuatro, los Agentes de Policía F. I. P. C. y J. C., a eso de las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos (04:45 p.m.), llegaron en una patrulla policial, hasta el portón de acceso a la hacienda de una persona conocida como “tito”, ubicada en la comunidad de El Higo, jurisdicción de El Calán, Villanueva, Cortés. Segundo.- Al pasar dicha unidad policial en cercanías de la vivienda de doña S. O. C. M., atropellaron un cerdito propiedad de dicha señora, por lo que la niña M. Del R. D. C., al ser informadas de lo sucedido fue hasta el lugar para determinar las condiciones del semoviente, en ese lapso temporal, se escuchó un disparo, mismo que fue realizado por el Agente de Policía don F. I. P. C., sin percatarse que en dicho lugar se encontraba la niña M. Del R. D. C.. Tercero.- En ese momento, frente a la casa de doña S. O., pasaba el señor V. E. M., quién llevaba una escopeta en la mano, y mientras caminaba en la misma dirección en que lo había hecho la niña M. Del R. D. C., hizo de igual manera, un disparo hacia abajo, mientras los Agentes Policiales se encontraban en un sector en la parte alta de dicha comunidad. Cuarto.- Instantes después, los Agentes Policiales le ordenaron que se detuviera, a la vez que don F. I. P. C., con su arma de reglamento, realizó un segundo disparo que impactó en la cabeza del señor V. E. M., al lado izquierdo, quién falleció en el instante. De inmediato los Agentes Policiales se marcharon del lugar. Quinto.- La niña M. Del R. D. C., aún con vida, fue levantada por su madre S. O. y dos personas del sexo masculino, para trasladarla a un centro médico, específicamente al Hospital Mario Catarino, donde llegaron con el cuerpo ya sin vida de la niña M. Del R. D. C., quien presentaba un impacto de bala a la altura de la cabeza, con orificio de entrada a nivel posterior del cuello, misma que fue disparada por el arma de fuego tipo fusil, marca IMI, modelo 370, calibre 5.56/223, serie 98115489 , que tenía asignada el Policía F. I. P. C..” III. RECURSO DE CASACIÓN El recurrente abogado A. L. R. P., procedió a formalizar su recurso de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO: Haber incurrido el sentenciador en Infracción de Ley, por Aplicación del Artículo 116 y 121 del Código Penal Vigente de la República de Honduras. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO. El quo en el fallo en estudio declaró expresa y terminantemente como hechos probados las siguientes: HECHO PRIMERO: En fecha veintidós de noviembre de dos mil cuatro, los Agentes de Policía F. I. P.. y J. C., a eso de las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos (04:45 p.m.), llegaron en una patrulla policial, hasta el portón de acceso a la hacienda de una persona conocida como tito. ubicada en la comunidad de el Higo, Jurisdicción de El Calán, Villanueva, Cortés.- HECHO SEGUNDO: Al pasar dicha unidad policial en cercanías de la vivienda de Doña M. S. O. C., atropellaron un cerdito propiedad de dicha señora, por lo que la niña M. del R. D. C., al ser informadas de lo sucedido fue hasta el lugar para determinar las condiciones del semoviente, en ese lapso temporal, se escuchó un disparo, mismo que fue realizado por el Agente de Policía Don F. I. P. C., sin percatarse que en dicho lugar se encontraba la niña M. del R. D. C..- HECHO TERCERO: En ese momento, frente a la casa de Doña S. O., pasaba el señor V. E. M., quien llevaba una escopeta en la mano, y mientras caminaba en la misma dirección en que lo había hecho la niña M. del R. D. C., hizo de igual manera un disparo hacia abajo, mientras los Agentes Policiales se encontraban en un sector en la parte alta de la comunidad.- HECHO CUARTO: Instantes después, los Agentes Policiales le ordenaron que se detuviera, a la vez que Don F. Ir. P. C., con su arma de reglamento, realizó un segundo disparo que impactó en la cabeza del señor V. E. M., al lado izquierdo, quien falleció en el instante. De inmediato los Agentes Policiales se marcharon del lugar.- HECHO QUINTO: La niña M. del R. D. C., aún con vida, fue levantada por su madre S. O. y dos personas del sexo masculino, para trasladarla a un centro médico, específicamente al Hospital Mario Catarino, donde llegaron con el cuerpo ya sin vida de la niña M. del R. D. C., quien presentaba un impacto de bala a la altura de la cabeza, con orificio de entrada a nivel posterior del cuello, misma que fue disparada por el arma de fuego tipo fusil marca IMI, modelo 370, calibre 5.56/223, serie 98115489, que tenía asignado el policía F. I. P. C..- Previo a desarrollarse el presente motivo, es conveniente aclarar, para los efectos sucesivos, que el planteamiento se dirige a demostrar que el Tribunal de Sentencia recurrido, dejó de considerar en toda su dimensión dados los hechos que se declaran probados en la sentencia, un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que debió ser aplicada, como se demostrará en el motivo que a continuación se desarrolla: Luego de citar íntegramente los Hechos Probados, manifestó que tal declaración de hechos probados relaciona que el Acusado F. I. P. accionó su arma y la disparó contra V. E. M. causándole heridas en su cabeza que acabaron con su vida.- La conducta que describe el fáctum refiere un elemento volitivo que se manifiesta al ejecutar la acción punible en dos tiempos: Primero: acciona el arma; la prepara y la dispone para disparar; segundo: dispara el arma. Nos permitimos recordar que para lograr determinar la existencia de un delito, bien sea doloso o culposo, es necesario precisar inicialmente si el acto enjuiciado se ejecutó con intensión plena de ejecutarlo o si fue producto de negligencia, impericia, negligencia o inobservancia de una ley.- De acuerdo con lo que se establece en el HECHO TERCERO del acápite de los Hechos Probados de la Sentencia, el Señor V. E. M. (occiso) portaba una arma de fuego tipo escopeta y la accionó, lo que produjo que mi representado F. I. P. hiciera uso del arma de reglamento que portaba y para proteger su vida, evidentemente amenazada, disparó en contra de la humanidad de V. E. M..- Como pudo en ese momento ante un ataque actual y reiterado y además ante la inminencia de seguir siendo atacado con arma de fuego, exigírsele a mi defendido que se comportara de una manera distinta; si el original atacante que se ha demostrado fue V. E. M. seguía empecinado en continuar persiguiéndolos y además en seguirles disparando. El aspecto que se relaciona en ese mismo hecho TERCERO de la sentencia, que V. E. M. si bien disparó lo hizo hacia abajo, es un hecho subjetivo y nada creíble, pues fue a partir de la declaración de la madre de una de las víctimas que el Tribunal Sentenciador adquirió su convencimiento y asumió ese hecho como probado, sin tomar en cuenta que tal declaración pudo ser rendida bajo un resentimiento en contra del acusado.- Antes de disparar su arma de reglamento, ha quedado evidenciado que F. I. P. y su acompañante efectuaron disparos de advertencia al aire, aún así el señor V. E. M. continuó con su ataque y su agresión ilegítima en contra de dos Agentes de Policía.- También está demostrado en el HECHO CUARTO que F. I. P. emitió frases dirigidas al atacante para que se detuviera y no obstante ello el occiso siguió atacándoles. La muerte de la menor, es producida por el mismo disparo efectuado al señor V. E. M. al estar en la misma dirección de la bala; No contiene el cuadro fáctico descripción de acción alguna que conduzca a inferir que el acusado hubiese actuado con imprudencia, impericia, negligencia, ni como producto de la inobservancia de una ley, reglamento, órdenes o deberes, por el contrario describe una acción consciente en respuesta a una agresión ilegítima y a una reacción consecuente.- Existen elementos probatorios evacuados lícitamente y NO valorados en sentido positivo concediéndoles credibilidad.- Ni siquiera puede afirmarse válidamente que el acusado hubiese actuado con negligencia pues no estaba en condiciones de manejar una habilidad valida que le obliguen a tomar precauciones al momento de disparar el arma de reglamento. El accionar de F. I. P. C. no logra subsumirse en los preceptos contenidos en el Artículo 116 y 121 del Código Penal, de tal suerte que el Órgano Jurisdiccional al estimarlo así, incurrió en una aplicación indebida de dicha norma y por estar vinculada su invocación y aplicación al Artículo 24 numeral 1, en relación con el Artículo 22, ambos del Código Penal Vigente de la República de Honduras.- Esta segunda disposición ha sido también aplicada de manera indebida; PUES NO SE CONSIDERO COMO LEGÍTIMA DEFENSA, el hecho que mi representado F. I. P. accionó su arma de reglamento solamente porque era su única forma de salvar su vida o de proteger su integridad física, ante una agresión debidamente comprobada de la que era víctima”.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY. “SEGUNDO MOTIVO: FALTA DE APLICACIÓN DEL ART. 24 DEL CODIGO PENAL EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 22 DEL MISMO CODIGO PENAL VIGENTE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo está comprendido en el Artículo 360 CODIGO PROCESAL PENAL. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: Se describe una acción atribuida al acusado F. I. P. que no ha sido contrariada ni desvirtuada por esta defensa; por lo cual está acreditado plenamente que F. I. P. disparó y le quitó la vida al señor V. E. M.; conducta que el Sentenciador la subsume en el tipo penal que corresponde al Homicidio Simple consignado en el Artículo 116 del Código Penal.- Ha sido probado que F. I. P. causó la muerte de V. E. M. mediante un legítima defensa, al verse agredido ilegítimamente y responder al ataque con medios proporcionales, sin que él hay sido el provocador de tal agresión.- El accionar de mi defendido no ocurrió como producto de una premeditación, o una intención de quitar la vida por el simple hecho de hacerlo, si no como defensa lógica, congruente y necesario de un injusto ataque del que era víctima y el cual a toda costa buscó evadir.- Los Elementos del tipo penal contenido en el Artículo 116 y 121 del Código Penal, NO concurren en el hecho enjuiciado a) quien (sujeto activo) b) De muerte a una persona (sujeto pasivo) c) sin concurrir los elementos de otros homicidios calificados. Ninguna de estas circunstancias concurren en el injusto, por el contrario, se demostró que el Señor F. I. P. C. se defendió lícitamente de un ataque o agresión injusta que provino del fallecido V. E. M., quien utilizando un arma de fuego tipo escopeta, le disparó en varias ocasiones a mi defendido y al resto de las personas que lo acompañaban; F. I. P. utilizando un medio proporcional y necesario, se defendió legítimamente y en última ratio cuando estaba a punto de recibir un disparo, accionó su arma una sola vez y disparó una sola bala que impactó al ahora occiso y siguiendo su dirección en la menor.- La provocación suficiente jamás se demostró que proviniera de mi representado F. I. P., si no mas bien de quien al final resultó muerto.- Ocurrió entonces, que V. E. M. agredió ilegítimamente y provocó suficientemente la situación y que F. I. P. ante la necesidad racional del empleo de un medio, utilizó un arma de fuego repeliendo el ataque que el occiso le hacía con otra arma de fuego.- Al no haber aplicado el juzgador la referida norma, se configura un vicio que da lugar a que se promueva el presente recurso”.- RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA TERCER MOTIVO: INOBSERVANCIA DE LA SANA CRÍTICA EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 Numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El ataque del que era víctima F. I. P. influyó en su capacidad de autocontrol, en su capacidad de premeditación del hecho, ausentándose en su psíquica, el conocimiento doloso de su conducta y la conciencia fáctica del resultado de su acción. El autor F.. C. G. en su Obra El dolo, su Estructura y Manifestaciones, Página 163, Primera Edición; señala que para que exista dolo se requiere que quien al realizar una acción conozca la posibilidad concreta de la producción del resultado se decide por la lesión del Bien Jurídico, pero quien carece de ese conocimiento no ha tomado una decisión en contra de la lesión del Bien Jurídico y si el resultado se produce podría actuar culposamente.- (se desarrolla tal afirmación a partir de la ausencia del conocimiento) En sustento de la prueba aportada, valorada en sentido positivo y considerada válida, confiable y creíble, puede afirmarse con toda seguridad que el acusado F. I. P., actuó porque su vida estaba en peligro. EXISTE una separación en la sentencia impugnada entre el hecho que juzga y el derecho que aplica, en consecuencia se configura el vicio que da lugar a la presentación de este recurso. Se configura el vicio señalado porque el Juzgador sustenta su sentencia afirmando que el acusado F. I. P. disparó a matar con intensión, situación que no es cierta; mi representado se vio acosado y amenazado en su vida e integridad corporal.- El tribunal hace tal valoración sin haber contado con un dictamen pericial en la rama o disciplina de la psicología forense, la siquiatría o cualquier otra ciencia auxiliar, limitándose a considerar apreciaciones subjetivas de testigos de cargo y de descargo que no son expertos en dicha área, por tanto su motivación fáctica y jurídica es insuficiente.- La prueba evacuada da en su conjunto una visión distinta a la que plantea en ese sentido el Juzgador, el acusado F. I. P. no hacía un uso indiscriminado de su arma, consciente de su poder; si no que la accionó en un último momento cuando vio su vida en peligro y el ahora occiso estaba muy cerca de atacarlo directamente. Está registrado en el Acta del Debate como en el fallo que se impugna que los testigos de descargo depusieron que antes de disparar el Imputado F. I. P., en contra de V. E. M., éste había disparado un arma tipo escopeta que portaba, en reiteradas ocasiones en contra de la humanidad de mi defendido, mientras le daba persecución a pie y aunque se le requirió para que se detuviera y se rindiera, hizo caso omiso y volvió a disparar; luego al intentar disparar nuevamente el arma no accionó (se enconchó como popularmente se denomina a esa circunstancia). El Tribunal de Sentencia sustenta su fallo en la deposición que como testigo rindiera la Señora S. O. C. M., madre de la menor M. DEL R. D. C., cuando mencionó que vio a V. E. M. disparar al suelo y que mi defendido le expresó que se detuviera e inmediatamente efectuó un disparo que acabó con su vida y la vida de la menor.- Esta declaración se vuelve subjetiva por cuanto la testigo de cargo es a la vez madre de una de las víctimas y puede su declaración incriminatoria, ser producto de un resentimiento hacia mi patrocinado; además no pudo haber observado el desarrollo de los hechos, si de su misma declaración se demuestra que ella estaba del lado de su casa y se refugió detrás de unos arbustos, lo que le impidió observar detenidamente los acontecimientos.- Hay testigos de descargo que relatan que el señor V. E. M. persiguió a mi defendido y a su acompañante por varios metros, y éstos pretendían evitar el encuentro echando marcha atrás al vehículo tipo patrulla que conducía el señor F.. I. P..- Como pudo defenderse F. I. P., como pudo exigírsele un comportamiento distinto, si él era el conductor del vehículo que echando marcha en retroceso pretendía en una calle estrecha huir del ataque del Señor V. E. M.; fue cuando la patrulla se fue a una pequeña hondonada que los ocupantes del vehículo policial decidieron repeler el ataque, haciendo disparos de advertencia, los que junto al llamado de rendirse, fueron ignorados por el occiso.- Al contrario de lo que erróneamente afirma el Tribunal de Sentencia, Los testigos de descargo son contestes, creíbles, coherentes y congruentes, porque fueron testigos presenciales de los hechos.- A la sentencia impugnada y a sus conclusiones no se hubiera llegado de haberse observado correctamente las reglas de la Sana Crítica.- La conclusión judicial parece afirmar que quien es atacado debe mantenerse estático esperando el desenvolvimiento de los hechos.- Lo que posteriormente ocurre con la muerte de la menor, se equipara a la pérdida del conocimiento de las consecuencias de su acción.- Esto constituye una vulneración a la regla de la derivación, porque una cosa no conduce a la otra y la conclusión alcanzada no tiene relación con los elementos intermedios de la derivación, ni la premisa inicial se enlaza con la conclusión. Denota una carencia del método de partir de una premisa fundamental y llegar a una afirmación lógica y válida. Es evidente una desvinculación de las máximas de la experiencia; un hombre amenazado y atacado con un arma de fuego deviene obligado, por salvar su vida o cuidar su integridad física, que se defienda, y si esa defensa es bajo la utilización de un medio necesario, proporcional, es aún más evidente que se admita.- Confrontar normas penales sustantivas aplicadas por el tribunal a quo, a efecto de determinar si los preceptos penales invocados han sido indebidamente aplicados. Para los efectos de este motivo se cita como infringido el artículo 202 del Código Procesal Penal, que dice: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” en relación con lo dispuesto en los artículos 336 y 338 del mismo cuerpo legal. En ese sentido, es conveniente aclarar en qué consiste la fundamentación y valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, veamos: Tal como lo ha reconocido la jurisprudencia costarricense, debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para ser verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercero excluido. La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos bases de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga).” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley, en sus dos motivos. En virtud de la unidad y logicidad de la sentencia penal, este tribunal de casación ha dispuesto resolver en un mismo apartado los dos motivos de casación por infracción de ley que ha interpuesto el recurrente, pues ambos guardan estrecha relación. 1) En su primer motivo de casación denuncia el deponente la infracción por aplicación del artículo 116 y 121 del Código Penal y en su segundo motivo increpa la falta de aplicación de los artículos 24 y 22 del mismo cuerpo legal, consignando como norma que le permite la interposición de ambos motivos en el artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicó el censor que conforme la relación de hechos probados, se puede colegir que no existe de parte del imputado la intención plena de ejecutar los disparos, ni tampoco si esa acción fue producto de negligencia, impericia o inobservancia de una ley. El hecho tercero de la sentencia le parece al recurrente subjetivo y nada creíble pues fue elaborado a partir de la declaración de la madre de una de las víctimas sin tomar en cuenta el resentimiento que puede tener hacia el acusado; ha quedado evidenciado que el imputado F. I. P. C. y su acompañante efectuaron disparos de advertencia al aire pero aun así el ofendido V. E. M. continuó con su ataque y su agresión ilegítima contra el imputado, a pesar que éste le pedía que se detuviera el ahora occiso siguió atacándoles; todas estas razones para el reclamante no permiten subsumir los hechos probados en los preceptos penales de los artículo 116 y 121 del Código Penal. En el segundo motivo de casación por infracción de ley, el recurrente alega que se incurrió en el error de falta de aplicación de los artículos 24 y 22 del Código Penal; es decir para el censor, en efecto el imputado F. I. P. C. le quitó la vida al ofendido V. E. M., pero su acción está amparada en una causa de justificación como lo es legítima defensa, cumpliéndose todos los requisitos legales para su aplicación. 2) Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…”. Así pues son dos los elementos del recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal: A) Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados, son el relato de un acontecimiento histórico declarado por el tribunal de sentencia, respecto al asunto debatido, mismos que se desprenden de la valoración hecha a los medios de prueba reproducidos en juicio y de los cuales los juzgadores han podido apreciar de manera directa, colocándolos en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del código de rito, en su tercer párrafo prohíbe al tribunal de casación, la modificación de los hechos probados; B) Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: i) Inobservancia de la norma sustantiva o doctrina legal que corresponde al caso; ii) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de doctrina legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; iii) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; iv) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y v) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la doctrina legal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia. De allí, que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el tribunal de sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por Infracción de ley, debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). 3) En una buena técnica el recurrente ha señalado de manera puntual, los preceptos sustantivos que a su criterio el sentenciador aplicó de forma incorrecta y aquellos que han faltado de aplicación, todo conforme a la redacción del cuadro fáctico que el A-quo ha establecido. Sin embargo, analiza esta Sala de lo Penal que al recurrente no le asiste la razón al establecer que el cuadro fáctico no encaja en las normas penales utilizadas por el juzgador, pues al hacer una revisión detallada de los mismos, encontramos en ellos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de homicidio simple y homicidio culposo, tal como lo explicamos a continuación. Los hechos declarados probados por el juzgador de instancia se subsumen en el tipo penal de Homicidio Simple, que se describe en el artículo 116 del Código Penal. Esta sala estima que para determinar la intención del autor de la infracción al momento de los hechos que lo llevaron a disparar su arma de reglamento en dirección al ofendido, proyectil que le provocó la muerte al señor V. E. M., es necesario hacer uso de inferencias y conclusiones razonables derivadas del comportamiento externo mostrado por el autor. Esta Sala ha reiterado que la intención o el conocimiento del sujeto activo del delito, es un hecho de conciencia, de carácter subjetivo, cuya existencia, salvo en los supuestos de confesión del autor, no puede acreditarse normalmente a través de prueba directa, por lo que para revelarlo es necesario acudir a un juicio de inferencia para afirmar su presencia sobre la base de un razonamiento inductivo construido sobre datos fácticos debidamente acreditados. Esa inferencia debe aparecer de modo expreso en la sentencia y debe ser razonable, de tal manera que la conclusión obtenida acerca de la intención del sujeto surja naturalmente de los datos disponibles. Esa razonabilidad es precisamente el objeto del control casacional cuando la cuestión se plantea como aquí lo hace el recurrente. Su expresión precisará de un mayor o menor razonamiento en función de las características del caso en concreto. A estos efectos, para afirmar o no la existencia del ánimo propio del delito de homicidio simple en cualquiera de sus modalidades, directo o eventual, el juzgador debe realizar un examen y ponderación de los actos, anteriores, coetáneos o posteriores al suceso, que pueden revelar la exteriorización de la interna y verdadera intención del agente, siendo, de ordinario, tales actos: a) Las palabras que precedieron a la agresión, la acompañaron o la sucedieron, así como toda clase de manifestaciones escritas, verbales o mímicas; b) Los antecedentes del hecho y las desavenencias, resentimientos o discusiones habidas entre los protagonistas del suceso; c) El carácter pacífico o inofensivo o agresivo y pendenciero del culpable, así como su conducta y antecedentes; d) El arma empleada, sus características, capacidad vulnerante y normal letalidad; e) La región corporal, más o menos vital, atacada; f) La índole, extensión, profundidad y diagnóstico de las heridas; g) La multiplicidad o soledad de los golpes o disparos; h) El vigor, energía o saña con que se manejó el arma y se infirieron las heridas; e i) Cuántas circunstancias rodearon el hecho y permitan formar su convicción respecto a su exacta dimensión y deseado alcance[1]. En el presente caso, los hechos contenidos en la motivación fáctica de la sentencia impugnada, revelan que los policías F. I. P. C. y J. C. a eso de las 4:45 pm llegaron en una patrulla policial hasta el portón de acceso a la hacienda de una persona conocida como “Tito”; al pasar dicha unidad policial en las cercanías de la vivienda de doña S. O. D. C. atropellaron un cerdito propiedad de dicha señora, por lo que la niña M. del R. D. C. al ser informada de lo sucedido fue hasta el lugar para ver las condiciones del semoviente, en ese lapso se escuchó un disparo que fue realizado por el agente de policía F. I. P. C., sin percatarse que en dicho lugar se encontraba la niña M.. del R. D. C.; en ese momento frente a la casa de doña S. O. D., pasaba el señor V. E. M., quien llevaba una escopeta en la mano y mientras caminaba en la misma dirección que lo hizo la niña M. del R., hizo un disparo hacia abajo, mientras los agentes policiales se encontraban en un sector en la parte alta de dicha comunidad; instantes después los agentes policiales le ordenan que se detuviera a la vez que don F. P. C., con su arma de reglamento, realizó un segundo disparo que impactó en la cabeza del señor V. E. M., quien falleció en el instante; la niña M. del R. aun c on vida fue levantada por su madre y dos personas del lugar para trasladarla al hospital Mario Catarino Rivas donde llegaron con el cuerpo ya sin vida de la menor. Esta sala ha constatado que el A-quo, al calificar los hechos como un homicidio simple, se basa fundamentalmente en: a) Las palabras que precedieron a la agresión, así como las manifestaciones verbales o mímicas, consistentes en las palabras que los agentes policiales dijeron al ofendido, ordenándole que se detuviera; b) Los antecedentes del hecho suscitados, consistente en que la menor M. del C. R. D. fue alcanzada por una bala disparada por los agentes del orden, dicha acción pudo poner en alerta al también ofendido V. E. C., por lo que éste hizo un disparo al suelo, pero nunca en dirección a la humanidad del imputado; c) El arma empleada, sus características, capacidad vulnerante y normal letalidad, al acreditarse que el arma de fuego utilizada por el encausado F. I. P. C., es un arma tipo fusil Galil; e) La región corporal y vital atacada, al haberse acreditado que el proyectil de arma de fuego disparado por el encausado ha perforado la cabeza del ofendido y ha provocado un herida que le ocasionó su muerte, siendo la cabeza un órgano vital del cuerpo humano; f) La índole, extensión, profundidad y diagnóstico de las heridas, siendo estas: laceración cerebral por una herida por proyectil de arma de fuego, localizada en la lesión irregular atípica de la cabeza lado izquierdo, que le provocó la muerte; y, g) Las circunstancias que rodearon el hecho y permitan formar la convicción respecto a la exacta dimensión y deseado alcance: en virtud de haberse acreditado que el ofendido V. E. M. no ejecutó de manera directa ningún disparo a la humanidad de los policías y a pesar de esta acción los policías reaccionan disparando a la cabeza del ofendido; recordemos que los agentes policiales son personas con suficiente entrenamiento en el manejo de este tipo de situaciones, de lo que se deduce que su intención al disparar a la cabeza del ofendido era causar su muerte, tomando en cuenta además, la circunstancia que se enfrenta un ciudadano común sin formación militar alguna contra dos agentes del orden armados y con las destrezas e instrucciones suficientes para manejar dichas acciones hostiles; de igual forma el juzgador tomó en consideración que los agentes del orden luego de lesionar mortalmente a los ofendidos, huyen del lugar sin prestar auxilio a las víctimas, lo que denota el desvalor a la vida de los ciudadanos heridos. Los hechos reseñados analizados ponderadamente por el juzgador, descritos en el relato fáctico y derivados de la prueba incorporada al juicio, le han llevado a concluir que el imputado F. I. P. C. con su accionar ha tenido la intención de matar al ofendido V. E. M.. Sobre este particular se destacan circunstancias de especial importancia que han de tomarse en consideración a efecto de determinar la presencia de una acción dolosa: el uso por parte del encartado de un arma tipo fusil Galil, es decir de un arma con gran poder de fuego, tratarse de un agente de la policía preventiva, es decir de un personal debidamente entrenado no solo en el uso de armas de fuego, sino con conocimiento del uso proporcional de la fuerza, coacción o violencia necesaria para neutralizar cualquier situación peligrosa en protección de la vida, integridad o bienes de las personas, de acuerdo a las circunstancias de cada caso, provocando el menor daño posible; y por dirigir el acusado el disparo de su arma de reglamento a la cabeza del ofendido, una parte vital del cuerpo humano. Asimismo, que el acusado pudiendo haber tomado una medida coactiva menos lesiva a bienes jurídicos protegidos por la ley penal, tales como lesionar partes no vitales del cuerpo como piernas o brazos, solicitar apoyo por cualquier medio de comunicación disponible para movilizar a la patrulla policial más cercana al lugar, o de forma extraordinaria solicitar apoyo o la colaboración ciudadana, todo a efecto de cumplir con los fines de mantener la paz ciudadana, en lugar de haber hecho uso del medio más agresivo y violento de forma injustificada, como lo fue haber disparado su arma de reglamento en dirección a la cabeza del ofendido, cuando éste hacia disparos. Tal proceder, es indicador inequívoco de que el procesado actuó con dolo directo, en tanto que pudo prever que con su accionar se alcanzaría el resultado que finalmente se produjo. En conclusión, esta Sala considera que del relato fáctico del juzgador se desprende que el acusado F. I. P. C. ha actuado con dolo y por tanto con el conocimiento y voluntad de producir el resultado lesivo a la vida del señor V. E. M., por todo ello, esta Sala concluye que del factum de la sentencia impugnada se subsume el delito de Homicidio Simple, tipificado y sancionado en el artículo 116 del Código Penal. 4) En cuanto al delito de Homicidio Culposo por el que fue condenado el imputado F. I. P. C. y que el censor considera que de los hechos probados no es posible colegir los elementos objetivos y subjetivos de este tipo penal, pues a su criterio no es posible determinar cuál fue la imprudencia, impericia o negligencia que haya realizado el imputado para condenarlo por la muerte de la menor M. Del R. D. C.. Al respecto esta Sala de lo Penal no está de acuerdo con la postura del recurrente, pues precisamente de la fundamentación fáctica declarada como probada, se determina la falta al deber objetivo de cuidado con la que actuó el ofendido, al no tener precaución y accionar su arma de fuego dirigiendo su disparo en el mismo camino por donde transitaba la menor sin percatarse de su presencia, configurándose como una acción culposa. Los elementos de la culpa son los siguientes: 1) La voluntariedad de la acción u omisión: se requiere, en primer lugar, para que se configure la culpa, la voluntariedad de la conducta, esto es, que la acción u omisión que realiza el sujeto sea voluntaria, que pueda ser referida a la voluntad del ser humano. La voluntariedad de la acción u omisión o voluntariedad de la causa es el elemento común a todos los delitos y debe encontrarse también en el delito culposo. Se trata de la exigencia mínima para que un hecho pueda tener importancia penal. Se puede decir entonces que en la culpa, en todo caso, puede hablarse de una conducta voluntaria, y ello, aun en los casos de delitos culposos omisivos, ya que también en tales casos cabe hablar de voluntariedad en cuanto depende de la voluntad del sujeto el omitir el cuidado debido o el no prestar la atención que le imponen sus deberes; 2) La involuntariedad del hecho: La falta de intención o de voluntad del resultado o del hecho, intención o voluntariedad que, caracteriza al dolo. El sujeto, por tanto, no debe haber tenido la intención de realizar el hecho constitutivo de delito; el resultado producido debe ser involuntario. No debe, sin embargo, creerse, que por ser involuntario el hecho producido, por no constituir tal resultado el fin que se propuso el sujeto, falte a la voluntad, en este caso, la tendencia a la consecución de un fin. También en el delito culposo la voluntad tiende a un fin, aunque en este, caso es diverso al que efectivamente se produce por la acción del sujeto; 3) Que el hecho no querido se verifique por la imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de reglamentos, ordenes o instrucciones. Se requiere en tercer lugar que el hecho no querido sea la consecuencia de un comportamiento voluntario, contrario a las normas o reglas de conducta que imponen al hombre que vive en sociedad una actuación prudente y diligente en forma tal de evitar hechos dañosos, en lo cual radica la esencia de la culpa. En conclusión el delito culposo es un acto dañoso y nocivo, pero sin intención. Siempre se dice que una acción se verifica “sin querer” cuando no es intencional, pero precisamente, este acto no querido, que provoca un daño se castiga como hecho culposo. La categoría de los delitos de culpa hace relación en su esencia a los conceptos de imprudencia, negligencia, impericia en la profesión, arte, oficio o industria e inobservancia de situaciones regidas por la ley[2]. En el presente caso, el imputado F. I. P. C. no observó los reglamentos, ordenes o instrucciones que recibió como agente del orden, traducido en el deber objetivo de cuidado, que les enseñan insistentemente en los adiestramientos policiales, en cuanto a que, al momento de accionar su arma de fuego, deben cuidar de no lesionar a personas inocentes que no tengan relación con las acciones que se están cometiendo; en el presente caso, el disparo que realizó con toda voluntad, provocó un hecho no deseado, es decir el deceso de la menor M. del R. D. C., hecho que pudo haberse evitado si el acusado hubiera actuado de manera responsable. Nuestra normativa penal sustantiva establece que los delitos pueden ser realizados por acción o por omisión; dentro de las modalidades omisivas encontramos el denominado tipo de comisión por omisión, el cual comprende según la doctrina dominante, tres elementos: a) La posición de garante, b) La producción de un resultado y c) La posibilidad de evitarlo.- La posición de garante se da cuando corresponde al sujeto la función de protección del bien jurídico afectado o la función personal de control de la fuente de peligro; en el caso concreto, no se puede soslayar precisamente la especial condición del acusado (agente de policía), que devenía en la obligación de no accionar su arma de fuego cuidando no herir a personas inocentes y desligadas de la acción principal, pero al contrario, disparó su arma de fuego sin percatarse que en dicho camino transitaba la menor M. del R. D. C. ocasionándole su muerte, incumpliendo el acusado su función de controlar la fuente de peligro y con todo el deber objetivo de cuidado de salvaguardar la vida de los ciudadanos, produciéndose como ya se dijo un resultado lesivo como fue la muerte de la menor, como producto de haber recibido un disparo con el arma de fuego de uso oficial asignada al acusado, resultado que pudo haber sido evitado, si hubiese actuado con la debida diligencia y no de forma descuidada en el uso del arma de fuego mencionada, por lo que existió una acción imprudente que produjo la muerte de una persona, siendo claro que el reproche que se le hace al acusado debido a su posición de garante es mayor que el que se le podría hacer a un ciudadano común en las mismas circunstancias. 5) En cuanto al segundo motivo de casación, que el recurrente refiere a la falta de aplicación de las normas sustantivas que regula la causa de justificación de la legítima defensa, este tribunal de casación, al analizar los hechos probados, no colige los requisitos de dicha causa de justificación, pues el primer requisito lo constituye la agresión ilegitima que no aparece configurado en los sucesos, pues claramente el ofendido si bien avanzaba armado, los disparos los hace al suelo, es decir sin existir una agresión real y actual a la vida del imputado; el segundo requisito, necesidad racional del medio empleado para impedirlo o repelerlo, tampoco lo encontramos, al no existir una agresión real, tampoco se configuran la necesidad de defenderse y el tercer requisito es la falta de provocación suficiente, al respecto diremos que son los policías los que llegan a la hacienda que cuidaba el ofendido V. E. M., por tanto son ellos lo que desencadenan los hechos; ante tales argumentos no observa esta Sala de lo Penal que del cuadro fáctico declarado como probado se deriven los requisitos de una legítima defensa. En consecuencia este supremo tribunal concluye que los hechos probados son armónicos y encajan de manera perfecta en el tipo penal de Homicidio Simple y Homicidio Culposo, regulado en los artículos 116 y 121 del Código Penal, por el que fue condenado el imputado, siendo procedente declarar no ha lugar el recurso de casación por infracción de ley en sus dos motivos. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. 1) Increpó el recurrente la violación a las reglas de la sana crítica por parte del Juez A-quo al momento de valorar la prueba, consignando como norma autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicó el censor que el tribunal sentenciador afirmó que el acusado F. I. P. C. disparó su arma con intensión, situación que no es cierta según el recurrente, pues el imputado se vio acosado y amenazado en su vida e integridad corporal. Afirmó el denunciante que el tribunal llega a esa valoración sin contar con prueba pericial forense que le lleve a concluir dichas aseveraciones, pues al razonar la prueba se puede verificar que el imputado se vio obligado a utilizar su arma de fuego, pues el occiso estaba muy cerca para atacarlos directamente; tal como lo confirmaron los testigos de la defensa. Expresó además el impetrante, que el tribunal sentenciador sustenta su fallo con la deposición de la señora S. O. C. M., madre de la menor ofendida M. del R. D. C., alegando que su declaración es subjetiva, pues puede ser producto de algún resentimiento contra el acusado, además que no estuvo presente en el momento de los hechos. Al contrario de lo que erróneamente afirma el juzgador, los testigos de descargo son creíbles, coherentes y congruentes pues fueron testigos presenciales de los hechos. Estos razonamientos se han traducido según el deponente en una vulneración a la regla de la derivación y una desvinculación a las máximas de la experiencia. 2) Esta Sala de lo Penal ha reiterado en varios fallos, que el proceso lógico seguido por el juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas, está sujeto a control a través del examen casacional. En consecuencia, al realizar un estudio sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal hondureño, se custodia la aplicación de las reglas de la Sana Crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Significa que siendo libre el A-quo en la apreciación de las pruebas que le generen su convicción, su juicio de valoración deber ser razonable, es decir sujetarse a las reglas que gobiernan el correcto pensamiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos. Así la motivación lógica deberá responder a las características de: A) Coherencia, es decir que la motivación estará constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, para ello deberá ser: a) Congruente: las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas; b) No contradictoria: que no se empleen en la motivación, juicios contrastantes que entre sí se anulen; c) Inequívoca: los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones que determinan. B) Derivación: el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que por ella se vayan formando. 3) Ante los cuestionamientos del recurrente, es necesario sumergirnos en los juicios de valor que utilizó el A-quo para valorar la prueba evacuada durante el juicio, cuidando no revalorar la prueba, pues ese ejercicio mental corresponde únicamente al juzgador, quien ha tenido contacto directo con la prueba y su desarrollo, por tanto nuestra labor se centra en establecer que esos raciocinios fueron conformados y elaborados respetando las reglas del recto entendimiento humano. Se hace evidente la inadecuada técnica recursiva del recurrente, pues no cumplió con lo regulado en el artículo 363 del Código Procesal Penal, pues si bien señala en forma general el quebranto a las reglas del recto entendimiento humano y señala la regla de la derivación y las máximas de la experiencia como normas quebrantadas, no fue capaz de señalar concretamente cuales fueron esos razonamientos errados del A-quo, y cuál fue el perjuicio que le ocasionó en la defensa de su representado; lo que erróneamente realiza el censor es una revaloración del material probatorio, que como ya lo hemos advertido, no compete efectuar en esta etapa casacional. Ahora bien en aras del derecho de defensa que regula nuestra Constitución de la República y del derecho a recurrir el fallo que contempla la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esta sala de casación ha revisado los juicios de valor del sentenciador y puede concluir que sus razonamientos fueron elaborados de manera lógica y coherente, concatenando y relacionando las pruebas entre sí y derivando de ella razonamientos acordes a las reglas de la sana crítica; por tales circunstancias es procedente desestimar el presente motivo de casación. Ante los argumentos vertidos es procedente declarar no ha lugar los recursos de casación presentados por infracción de ley y quebrantamiento de forma. RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 362.3, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- FALLA: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos interpuesto por el Abogado A. L. R. P., en su condición de defensor privado del señor F. I. P. C. a quien se le condenó por los delitos de Homicidio Simple y Homicidio Culposo en perjuicio de V. E. M. y la menor M. del R. D. C. respectivamente. SEGUNDO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por el Abogado A. L. R. P., en su condición de defensor privado del señor F. I. P. C. a quien se le condenó por los delitos de Homicidio Simple y Homicidio Culposo en perjuicio de la V. E. M. y la menor M. del R. D. C. respectivamente. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado Coordinador.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de febrero del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha treinta de enero del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-96-2016.

JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

[1] VID Sentencia de Casación Penal N° SP 33-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 19 de septiembre del 2012.

[2] VID Sentencia de Casación Penal N° SP 33-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 19 de septiembre del 2012