Sentencia CP-94-13 — Registro 15968
Resumen
En primera instancia se absolvió a la imputada por el delito de Testaferrato, en perjuicio de la economía del Estado de Honduras, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL PRIMER RECURSO EL PRIMER RECURSO ES DE RECIBO.- En el presente caso los Juzgadores construyeron los hechos probados dividiéndolos en tres párrafos, a saber: Primer Párrafo: 1. Se afirma la acusada Claudia Jacqueline Amaya, se dedicaba a prestar dinero a diversas personas; 2. Se indica que la acusada a partir de Octubre de 2002 realizó transacciones bancarias con la Señora Ángela Platero, recibiendo depósitos en su cuenta de ahorro de Banco del País; 3. Describe que uno de esos depósitos fue en fecha 09 de Diciembre 2002, por la cantidad de L. 1,000,000.00, los cuales la acusada entregó al Señor José Marcos Contreras en calidad préstamo; 4. Añade que otro deposito se realizó el 03 de Marzo de 2003, por la cantidad de L. 962,500.00, de los cuales la acusada entregó al Señor José Marcos Contreras la cantidad de L. 450,00.00 de nuevo en calidad de préstamo; y 5. Indica que la acusada, entre los meses de Octubre de 2002 y Septiembre de 2003, libró varios cheques cuyo importe fueron depositados a la cuenta de la Señora Ángela Platero, en concepto de pago por el préstamo de las cantidades de dinero que recibió (antes descritas). Segundo Párrafo La Señora Ángela Platero Juárez fue objeto de investigación en el año 2003 por el delito de Venta de Lotería Clandestina y Lavado de Activos, detectándose el 22 de marzo de 2004, las transferencias (de dinero) que realizó la Señora Ángela Platero a la acusada. Tercer Párrafo El 22 de Febrero de 2008 la Señora Ángela Platero fue condenada por los delitos de Venta de Lotería Clandestina y de Lavado de Activos. Los hechos declarados probados se encuadran en el ámbito situacional previsto en el artículo 37 de la vigente Ley Especial contra el Lavado de Activos (LECLA), pues en ellos se describe que la acusada realizo contratos reales (contratos de préstamo), con la Señora Ángela Platero, cuyo propósito era lavar activos provenientes de actividades ilícitas; la acusada presto su concurso para ello, realizando los contratos de préstamo, devolviendo los activos después de cierto tiempo a la Señora Ángela Platero, para que pudiera disponer de ellos. Como consecuencia, se debe de declarar responsable penalmente a la Señora Claudia Jaqueline Amaya Madrid, del delito de Testaferrato, en perjuicio del Estado de Honduras, siendo la pena aplicable graduada conforme al monto de lo lavado, obedeciendo éste a un total de L. 1,962,500.00, (según se dispone en los hechos probados) mismo que supera el equivalente 70 veces el salario mínimo mensual más alto fijado para el año 2002, el cual es de L. 158,550.00 (Salario mínimo mensual más alto de la época: L. 2,265.00), por lo que la pena a imponer abstracta es de 10 a 15 años de reclusión, debiendo entonces imponerse la pena mínima, en consideración a la falta de agravantes apreciables en los hechos probados. IV.II.- RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. IV.II.I.- RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO. ÚNICO MOTIVO. Normas Autorizantes: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: Inobservancia de las Reglas de la sana Critica en la Valoración Probatoria; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 202 del Código Procesal Penal; Acciones de Subsanación o saneamiento: Imposibilidad de reclamo previo por estar contenido el vicio en la sentencia impugnada. Pretensión: Casar la Sentencia, ordenando el reenvío del proceso y la celebración de un nuevo juicio. El Ministerio Público denuncia la violación de la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente por parte del Tribunal de Sentencia, en el proceso intelectivo de la valoración probatoria, en particular cuando afirma que no existe prueba que la acusada haya realizado la conducta descrita en los hechos probados con la intención de darle apariencia de legalidad a fondos provenientes de actividades ilícitas. El Censor relaciona las declaraciones testificales de los Señores Ángel Samir Rodríguez Flores y Luis Emenoy Galindo Escoto, señalando que su valoración fue incorrecta, se afirma a partir de ellas que entre la Señora Ángela Platero y la acusada existía una relación contractual comercial. El Censor impone el conocimiento de la prueba documental consistente en el Oficio SCRE-UIF-453-2004, Oficio SCRE-UIF-1114-2004, Comprobantes de Depósito, Oficio SCRE-UIF-982-2004, Oficio SCRE-UIF-0499-2004, Pagare por un Millón de Lempiras y Pagare por novecientos sesenta y dos mil quinientos lempiras, reprochando que de ésta el Tribunal de Sentencia haya reafirmado que entre la Señora Ángela Platero y la acusada existía una relación contractual comercial y no transferencias atípicas simuladas. Enumera el Censor la prueba documental: Nota extendida por el Señor Marcelo del Castillo y Walter Viana, Póliza de Contrato de Seguros 100-7-199, Oficio SCRE-UIF-780-2004, Constancia de la Municipalidad de San Pedro Sula, Certificación integra del asiento No. 33, del tomo 98 del Libro de Comerciante Social, Certificación Integra del Asiento No. 95, Tomo 248 del Libro de Comerciante Social, Fotocopia de Contrato Individual de Trabajo, Constancias extendidas por el Señor Elio Suazo Tejeda, Copia autenticada del Instrumento Público No. 20, Constancia extendida por el Señor Gilberto Santos, Oficio DEI106-2004, Nota Original de fecha 19 de Mayo de 2003 y de fecha 17 de Noviembre de 2003, ambas extendidas por el Departamento de Control de Impuestos de la Municipalidad de San Pedro Sula y Nota de fecha 01 de Julio de 2004 extendida por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes. Luego de lo cual denuncia que la valoración hecha a tales documentos igualmente vulnera la regla lógica de derivación, pues se acreditó como ingresos de la acusada el salario de L. 4,000.00, que recibía de la Empresa Química Henkel, y posteriormente el salario de L. 80,368.13, que recibía de la Empresa Distribuciones e Importaciones Variadas (DIVSA), y además los ingresos del puesto de Licuados en el Mercado Guamilito de la ciudad de San Pedro Sula del que era dueña, por lo que resulta desproporcional dichos ingresos con los movimientos de activos reflejados en las cuentas bancarias de la acusada, en especial para hacer frente a créditos de L. 1,962,500.00 con que fue beneficiada por parte de la Señora Ángela Platero. El Censor también hace referencia al Análisis de Investigación Patrimonial y Financiera, señalando que en su valoración se infringieron las reglas de la sana críticapues el Tribunal de Sentenciacuestiona el dictamen al calificar como dudosas las fuentes de información en que se basa, sin reparar que dicha experticia tiene como base toda la prueba aportada al debate y que revela que la Señora Ángela Platero trasladaba activos aparentando prestamos, los cuales concedía sin ninguna garantía, para que luego dichos activos retornaran a sus manos. Finalmente expone el censor que el Tribunal de Sentencia infringió las reglas de la Sana critica al valorar positivamente la declaración del Señor José Marcos Contreras López, pues éste indica que recibió en préstamo de parte de la acusada cantidades de dinero sin haber acreditado que dichos prestamos se realizaban sin dejar ningún documento acreditativo o garantía. IV.II.II.- DE LA PROCEDENCIA DEL SEGUNDO RECURSO Al haberse declarado ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, concediéndose así una de las pretensiones de la parte Recurrente, esta Sala de lo Penal estima improcedente hacer un pronunciamiento sobre el motivo único del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. V. DECISIÓN Declarar HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Único Motivo. VI. POR TANTO LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 y 362 del Código Procesal Penal, 37 de la Ley Especial contra el Lavado de ActivosDECIDE: Declara HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público; en consecuencia: .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO PENAL I. SENTENCIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL A LOS VEINTINUEVE (29) DE MARZO DÍAS DEL MES DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017).- El pleno de la Sala de Lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncia: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La SENTENCIA, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma SP 094-2013, interpuesto contra la sentencia de fecha seis de Agosto de dos mil doce, dictada por el Tribunal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló: 1) Absolviendo a la Señora Claudia Jacqueline Amaya Madrid, por el delito de Testaferrato, en perjuicio de la economía del Estado de Honduras; 2) No Condenó en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado Inmer Maradiaga, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Son Partes: El Abogado Salvador Cuestas,agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrente y el Abogado Walter Leonel Ramírez García, Defensor Privado de la acusada, en su condición de recurrido. II. HECHOS PROBADOS UNO: A partir del mes de octubre del dos mil dos, la señora Claudia Jacqueline Amaya Madrid, quien se dedicaba a prestar dinero de diversas personas y a otras actividades comerciales realizó transacciones bancarias, con la señora Ángela Platero, recibiendo depósitos en su cuenta de ahorro del Banco del País, número 01238161, uno de los cuales, de fecha nueve de diciembre del dos mil dos, por la cantidad de un millón (1,000,000.00) de Lempiras, mismo que fue canjeado por la señora Claudia Jacqueline Amaya Amador, el día siguiente (diez de diciembre del dos mil dos), a través de un cheque de ventanilla (cheque de caja) librado contra su propia cuenta y canjeado por ella misma, cuyo importe le fue entregado al señor JOSE Marcos Contreras, en calidad de préstamo. Posteriormente, el tres de marzo del dos mil tres, la señora Claudia Jacqueline Amaya Madrid, recibió en su cuenta número 01238161 de Banco del País, un nuevo depósito de parte de la señora Ángela Platero, por la cantidad de novecientos sesenta y dos mil quinientos (962,500.00) Lempiras, de los que dispuso a través del libramiento de varios cheques, entre los que se encontraba el cheque número 71000171, por la cantidad de cuatrocientos cincuenta mil lempiras, librado a favor del señor José Marcos Contreras, en concepto de préstamo. Asimismo, de la cuenta número 1238161, de la señora Claudia Jacqueline Amaya Madrid, entre el mes de octubre del dos mil dos y el mes de septiembre del dos mil tres, se libró varios cheques, cuyo importe total fue de cuatrocientos diecinueve mil ochocientos cuatro Lempiras, que fueron depositados a cuenta de la señora Ángela Platero, en concepto de pago a cuenta de los préstamos que recibió de parte de la señora Platero Juárez, en ese período de tiempo. DOS: En el proceso de investigación, seguido contra la señora Ángela Platero Juárez acusada desde el año dos mil tres por los delitos de Venta de Lotería Clandestina y Lavado De Activos, en fecha veintidós de marzo del dos mil cuatro, la Unidad de Investigación Financiera (UIF), informó a la Fiscalía Especial de Crimen Organizado, la existencia de transacciones sospechosas realizadas de la cuenta de la señora Platero Juárez, entre otras, a la cuenta de la señora Claudia Jacqueline Amaya Madrid, lo que motivó la investigación de su patrimonio. TRES: El veintidós de febrero del dos mil ocho, la señora Ángela Platero Juárez, fue condenada por los delitos de venta de lotería clandestina y el de lavado de activos, ya que se determinó que poseía activos sin justificación económica legal.”. III. RECURSO DE CASACIÓN.- MOTIVOSY ARGUMENTOS III.I.-El Recurrente Abogado Inmer Maradiaga, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: Exposición del Motivo de Casación por Infracción de Ley. “Al Primer Motivo: “Infracción de la Ley Sustantiva por falta de Aplicación del artículo 4 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. Planteamiento del Recurso: El precepto penal de orden sustantivo que se cita como infringido textualmente dice: El artículo 4: “También incurre en el delito de lavado de activo y será sancionado con quince (15) a veinte (20) años de reclusión, quien por sí o por interpósita persona, participe en actos o contratos reales o simulados que se refieren a la adquisición, posesión, transferencia o administración de bienes o valores para encubrir o simular los activos, productos o instrumentos que procedan directa o indirectamente de los delitos de tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia. El A-quo en el fallo en estudio declaró terminantemente como hechos probados las siguientes verdades intangibles: “UNO: “A partir del mes de octubre del dos mil dos, la señora Claudia Jacqueline Amaya Madrid, quien se dedicaba a prestar dinero de diversas personas y a otras actividades comerciales realizó transacciones bancarias, con la señora Ángela Platero, recibiendo depósitos en su cuenta de ahorro del Banco del País, número 01238161, uno de los cuales, de fecha nueve de diciembre del dos mil dos, por la cantidad de un millón (1,000,000.00) de Lempiras, mismo que fue canjeado por la señora Claudia Jacqueline Amaya Amador, el día siguiente (diez de diciembre del dos mil dos), a través de un cheque de ventanilla (cheque de caja) librado contra su propia cuenta y canjeado por ella misma, cuyo importe le fue entregado al señor José Marcos Contreras, en calidad de préstamo. Posteriormente, el tres de marzo del dos mil tres, la señora Claudia Jacqueline Amaya Madrid, recibió en su cuenta número 01238161 de Banco del País, un nuevo depósito de parte de la señora Ángela Platero, por la cantidad de novecientos sesenta y dos mil quinientos (962,500.00) Lempiras, de los que dispuso a través del libramiento de varios cheques, entre los que se encontraba el cheque número 71000171, por la cantidad de cuatrocientos cincuenta mil lempiras, librado a favor del señor José Marcos Contreras, en concepto de préstamo. Asimismo, de la cuenta número 1238161, de la señora Claudia Jacqueline Amaya Madrid, entre el mes de octubre del dos mil dos y el mes de septiembre del dos mil tres, se libró varios cheques, cuyo importe total fue de cuatrocientos diecinueve mil ochocientos cuatro Lempiras, que fueron depositados a cuenta de la señora Ángela Platero, en concepto de pago a cuenta de los préstamos que recibió de parte de la señora Platero Juárez, en ese período de tiempo. DOS: En el proceso de investigación, seguido contra la señora Ángela Platero Juárez acusada desde el año dos mil tres por los delitos de Venta De Lotería Clandestina Y Lavado De Activos, en fecha veintidós de marzo del dos mil cuatro, la Unidad de Investigación Financiera (UIF), informó a la Fiscalía Especial de Crimen Organizado, la existencia de transacciones sospechosas realizadas de la cuenta de la señora Platero Juárez, entre otras, a la cuenta de la señora Claudia Jacqueline Amaya Madrid, lo que motivó la investigación de su patrimonio. TRES: El veintidós de febrero del dos mil ocho, la señora Ángela Platero Juárez, fue condenada por los delitos de Venta de Lotería Clandestina y el de Lavado de Activos, ya que se determinó que poseía activos sin justificación económica legal”. El Tribunal Sentenciador en el apartado de la fundamentación jurídica, en el primer numeral del pronunciamiento, estableció que tampoco se observa intención de parte de la señora Claudia Jacqueline Amaya Madrid, de disimular los bienes de la señora Platero, mediante la simulación de un acto o contrato, pues ha sido evidente, la existencia de dos pagarés que con antelación doña Claudia Jacqueline Amaya Madrid había firmado a nombre de la señora Ángela Platero Juárez, a fin de garantizar el pago de la deuda contraída y que una vez que Claudia Jacqueline Amaya Madrid recibía esos fondos, los otorgaba en calidad de préstamo a terceras personas. Que del análisis del precepto sustantivo en referencia y conforme los hechos probados fijados por el Tribunal, quedó plenamente acreditado la existencia de un hecho típico, apreciándose la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Lavados de Activos, en donde el sujeto activo es la imputada Claudia Jacqueline Amaya Madrid, quien ha participado en el hecho delictivo con la finalidad de legitimar ingresos o activos provenientes de actividades ilícitas (lotería clandestina) o carentes de fundamento económico o soporte legal para su posesión, esto en virtud que el sentenciador da por cierto que la encausada recibió depósitos en su cuenta de ahorro del Banco del País, número 01238161, en fecha nueve de diciembre del año dos mil dos por la cantidad de un millón de lempiras, asimismo un segundo depósito el tres de marzo del dos mil tres, en la misma cuenta de banco del País, por la cantidad de novecientos sesenta y dos mil quinientos (962,500.00) lempiras; depósitos que fueron realizados por parte de la señora Ángela Platero, quien tal y como lo ha establecido el sentenciador en el tercer hecho probado, fue condenada por el delito de lavado de activos; y de los cuales dispuso, la procesada, a través del libramiento de varios cheques, entre los que se encontraba el cheque número 71000171, por la cantidad de cuatrocientos cincuenta mil lempiras, librado a favor del señor José Marcos Contreras. Al examinar el fallo que se cuestiona a través de esta vía recursiva, se infiere del numeral uno, de la sección de la fundamentación jurídica, que el A quo no estimó de ninguna manera que el factum se enmarca a cabalidad en el artículo 4 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, esto en virtud que el proceder de la encausada responde a su manifiesta voluntad de alcanzar un resultado, es decir, brindarle la apariencia de legal a los fondos provenientes de la actividad ilícita de la señora Ángela Platero, ya que la procesada ha participado en actos o contratos reales (existencia de un préstamo), a través de los cuales recibió transferencias, con el fin de encubrir o simular los activos que proceden directa o indirectamente de actividades ilícitas (lotería clandestina), y estos elementos del tipo penal fueron plasmados en el factum del fallo ahora recurrido, al establecer que la señora Claudia Amaya recibió varias transferencia de dinero por parte de la señora Ángela Platero, quien fue condenada por el delito de lavado de activos, y luego ésta procedía a reintegrar, nuevamente, estos fondos a la señora Platero, dándole de esta forma apariencia de legal a estas operaciones comerciales, y como consecuencia la legalidad de los fondos provenientes de la dichas transacciones, configurándose los elementos objetivos del tipo penal de lavado de activo, de igual forma queda de manifiesto el elemento subjetivo que está determinado por la intención o ánimo de la acusada con respecto al destino final que era fraccionar esa cantidad en varios préstamos a diferentes personas, aceptando las consecuencias que del mismo se derivan. En virtud de lo anterior solicitamos se declare procedente el presente motivo solicitando se case el fallo por padecer del vicio in iundicando”. III.II.- Continua manifestando El Recurrente en su Exposición de Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma: “Al Segundo Motivo: “Al haber dictado el Tribunal de Sentencia un Fallo Absolutorio, inobservando al momento de valorar la prueba, las reglas de la Sana Crítica” Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal. Exposición del Motivo: Para mejor comprensión del presente recurso es pertinente establecer lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal. Según el Artículo 202 del Código Procesal Penal: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. El fallo que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la Sana Crítica, y que se convierte en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados, por cuanto la conclusión dispositiva del A quo en cuanto a la absolución por el delito de Lavado de Activos, precedido del proceso intelectivo de valoración probatoria que, evidentemente infringe la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, ya que su decisión carece de sustento proveniente del contenido de la probanza evacuada en el juicio; lo cual se hace manifiesto al momento de valorar la prueba de forma armónica y conjunta, en el cual después del análisis practicado a las mismas, no extrajo las conclusiones que éstas le ofrecen, produciendo como consecuencia una valoración fáctica alejada del sistema del recto entendimiento humano al estimar que no se acreditó la tesis de la acusación de un delito de Lavado de Activos, no logrando advertir la existencia de prueba que permita inferir que la encausada Claudia Jaqueline Amaya Madrid, participaba en la realización de operaciones comerciales con el propósito de darle apariencia de legal a los fondos provenientes de actividades ilícitas. De lo antes expuesto se desprende que el Tribunal de Sentencia incurrió en el vicio in procedendo alegado, en virtud de lo cual resulta necesario el análisis de la probanza evacuada en debate, las cuales entre otros aspectos, refieren lo siguiente: En el transcurso del debate el ente acusador propuso como medio de prueba la declaración de los testigos siguientes: Declaración de la testigo Ángel Samir Rodríguez Flores quien declaro: “Que en el dos mil tres, como en noviembre, se encontraba en la Dirección General de Servicios Especiales de Investigación en esta ciudad, recibió informe que en la colonia Las Flores, pasaje San Cristóbal, una señora se dedicaba a la venta de la lotería clandestina, se hizo vigilancias observando índicos para allanamiento, entonces coordinaron con el Paní y la Fiscalía para hacer el allanamiento… se investigaba a la señora Ángela Platero por la venta de lotería clandestina y lavado de activos, no se justificaba esa cantidad de dinero, ya que no tenía empresas, pero tenía varias casas y también se decomisó dos carros de lujo, casi nuevos, se informó que ella trabajaba en la empresa “chapas” de la Avenida Júnior, se encontró una libreta con los nombres de Raúl, Rita, Oscar Y Jacky que se repetían varias veces, no se encontró que era prestamista, la libreta con apuntes se embaló y se remitió a la fiscalía… Asimismo la Declaración del testigo Luis Emenoy Galindo Escoto quien manifestó: “Que estaba asignado a la Unidad de Lavados de Activos desde el año dos mil tres al dos mil seis, como en el año dos mil cuatro fue requerido por el Ministerio Público para evacuar unas diligencias hacia Claudia Jacqueline Amaya, por las transacciones que se habían hecho, dos de ellas, la UIF las consideró atípicas, en noviembre del dos mil dos, por un millón (1.000.000.00). en marzo del dos mil tres por novecientos sesenta y dos mil quinientos (962.500.00), lempiras… ella (la encausada),trabajaba en Henkel con un sueldo de cuatro mil lempiras, más o menos, dieciocho mil lempiras con comisiones, cuando dejó de trabajar le dieron ciento dieciséis mil lempiras por prestaciones, luego trabajó en DIVSA con un sueldo de seis mil lempiras y aparecía como socia de Químicos de Honduras, que se desintegró en el dos mil tres, tenía también un puesto en el Mercado Guamilito, con venta de licuados y se sospechó era testaferro, ya que se desconocía porque Ángela le hizo esos depósitos a ella…, no se le encontró otras actividades conocidas, se investigó a que se dedicaba y si tenía bienes para manejar esas cantidades, si tenía sustentó legal, la investigación a la señora Platero duró entre seis a ocho meses, la de Claudia como dos meses, también se investigó a la familia (de Claudia),… Nos sorprende sobre manera la valoración intelectiva que el Juzgador da a las declaraciones de estos testigos, la cual consideramos vulnera por completo las reglas de la Sana Crítica, al manifestar, en el Apartado de Valoración de la Prueba en el numeral UNO, expresa que de las declaraciones de los testigos antes relacionados, se revisten de credibilidad dado que sus dichos y actitud al declarar no se observa vehemencia, tampoco se estima que lo hagan motivados por circunstancias adversas o a favor de la acusada, siendo consistentes en sí mismos sin llegar a contradecirse, relatando cada uno situaciones diferenciadas por la persona a la cual se investiga, las actividades desarrolladas y los descubrimientos obtenidos, quedando claro qué Luis Emenoy Galindo, realizó las investigaciones en torno a Claudia Jaqueline Amaya Madrid, mientras que Ángel Samir Rodríguez, lo hizo referente a la señora Ángela Platero Suarez, habiéndose establecido a raíz de tales investigaciones, la existencia de transferencias bancarias irregulares carentes de fundamento económico o soporte legal para su posesión, en la que sindica como responsable a la señora Ángela Platero y a la encausada encargada de recibir el dinero en mención y no como lo refiere el Tribunal que lo hace ver como sí se tratará de una relación contractual comercial entre la señora Ángela Platero Juárez Y Claudia Jacqueline Amaya Madrid. Asimismo Se Evacuo Prueba Documental Consistente En: • OFICIO SCRE-UIF-453-2004, de fecha veinticinco de marzo del dos mil cuatro remitida por la Unidad de información Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, información consistente en que la encausada mantiene cuentas de bancos en Credomatic, Uno, Banpais, Ficohosa, Promerica, Cooperativa Sagrada Familia, El Ahorro Hondureña Compañía de Seguros, Interamericana de Seguros, Pan American Life, Seguros Crefisa y Aval Card y según la información Ficohosa, Promerica, Interamericana de Seguros, Seguros Crefisa y Aval Card, la señora AMAYA labora como gerente de Mercadeo de la empresa HENKEL; la compañía de Seguros el Ahorro Hondureño informa que labora en distribuciones e importaciones variadas… Se informa que en la cuenta de cheques en lempiras número 01-238161, se observan transacciones en fecha nueve de diciembre de un depósito por un millón de lempiras (1,000.000.00), que fuera retirado al día siguiente; otra transacción significativa en fecha tres de marzo del dos mil tres, con un depósito de novecientos sesenta y dos mil quinientos (962,500) lempiras, que también fueron retirados al día siguiente en montos de cien (100.000.00) mil lempiras y cuatrocientos mil cincuenta (400,050.00) lempiras. •OFICIO SCRE-UIF-1114-2004, de fecha cinco de julio del dos mil cuatro emitido por Bella Martínez Sosa en su condición de Jefe de la Unidad de la información financiera de la Comisión de Bancos y Seguros, donde informa que el cheque de la cuenta número 6299326 emitido el 10 de diciembre del dos mil dos a cuenta n 01-238161 a nombre de Claudia Jacqueline Amaya por la cantidad de un millón de lempiras fue cobrado el misma día y el deposito fue efectuado por Ángela Platero el nueve de diciembre del dos mil dos. • Comprobantes de depósito: Efectuados en fecha nueve de diciembre del dos mil dos en la cuenta de cheques número 01-238161 a nombre de Claudia Jaqueline Amaya por la cantidad de un millón (1.000.000.00) de lempiras, realizado por Ángela Platero, y comprobante de depósito número 9042332 a nombre de Claudia Jaqueline Amaya, por la cantidad de novecientos sesenta y dos mil quinientos lempiras realizado por Ángela Platero. • OFICIO SCRE-UIP 982-2004, de fecha 14 de junio del 2004 emitida por Baelia Martínez Sosa, jefe de la Unidad Financiera de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, en la cual hace constar que en la cuenta de cheques 01238161 a nombre de Claudia Jaqueline Amaya Madrid, correspondiente al período comprendido entre octubre del dos mil dos a marzo del dos mil cuatro, adjuntando para ello copias fotostáticas de cheques correspondientes a ese período, asimismo se le adjuntó las transferencias bancarias y cheques depositados a la encausada a favor de Ángela Platero. • OFICIO SCRE-UIF-0499-2004, de fecha veinticuatro de marzo del dos mil cuatro, con información en relación a los señores Claudia Jaqueline Amaya Madrid, Olvin Alexander Bardales Tabora Y Dominga Madrid Mercado, en relación a cuentas bancarias que tienen estas personas en las distintas Instituciones Financiera, detallando que Claudia Jaqueline Amaya Madrid, mantiene cuentas en Bac Honduras, Uno, Banpais, Ficohsa, Sagrada Familia… •Pagare Por Un Millón(1.000.000.00) De Lempiras, de fecha dos de diciembre del años dos mil dos, librado por la encausada Claudia Jaqueline Amaya Madrid y en la que hace constar que se compromete a pagar incondicionalmente a la señora Ángela Platero Juárez la cantidad referida en un plazo de (24) meses, al dieciocho(18%)por ciento de interés anual y uno punto cinco (1.5 por ciento mensual) sobre saldos insolutos, con un recargo del dos (2%) por ciento mensual sobre capital vencido. •Pagare Por Novecientos Sesenta Y Dos Mil Quinientos (962,500.00) Lempiras, de fecha 28 de febrero del 2003, librado por la señora Claudia Jaqueline Amaya Madrid, en la que se compromete a pagar incondicionalmente a la señora Ángela Platero Juárez, la cantidad ya referida, con un período de gracia de seis meses, en un plazo de (24) meses al dieciocho (18%) por ciento de interés anual y uno punto cinco (1,5 por ciento mensual) sobre saldos insolutos, con un recargo del dos(2%) por ciento mensual sobre capital vencido (mora). En relación a esta probanza al Tribunal le merece crédito, dado que su contenido es aceptado por las partes sin discusión alguna, en cuanto a su existencia llegando a establecer efectivamente la relación comercial entre la señora Ángela Platero y la encausada Claudia Jaqueline Amaya Madrid. Aprecia el Tribunal la existencia real de una relación contractual derivada de actos de comercio que se orientan al préstamo de las cantidades señaladas como ser Un Millón Novecientos Sesenta Y Dos Mil Lempiras depositados en la cuenta número 01238161 que Claudia Jaqueline Amaya Madrid mantenía en Banpais, era un préstamo que le fuera otorgado por la señora Ángela Platero Juárez. Lo manifestado por el Juzgador en la valoración antes referida con respecto al andamiaje probatorio antes relacionado, vulnera la regla de la razón suficiente el cual como sabemos, debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de pruebas que en virtud de ellas se vayan determinando, principio que se encuentra vulnerado al no establecer el Juzgador que lo que existió fueron transferencias atípicas simuladas a través de documentos legales como los pagarés antes mencionados, y esto ha ocurrido por no observar la prueba en todo su contexto, ya que de la misma se evidencian transacciones de las que se desconocía el origen de los recursos, ya que los movimientos en las cuentas antes mencionadas se observan grandes cantidades de depósitos a nombre de la encausada y de la cual no se estableció el origen de este dinero asimismo se deriva de estas probanza la participación de Claudia Jaqueline Amaya en actos o contratos reales o simulados que se refieren a… transferencia de valores para encubrir o simular los activos. Además Se Presentó Como Prueba Documental Lo Siguiente: • Nota Extendida Por Marcelo Del Castillo Y Walter Viana. De fecha veinticinco de noviembre del dos mil tres, en la que se hace constar que Claudia Jaqueline Amaya ha suscrito Seguros con el Ahorro Hondureño S.A. Compañía de Seguros detallándose de la siguiente manera: Una Póliza del Ramo de Accidentes Personales Colectiva número 60, contratante Distribuciones e Importaciones Variadas S.A. por trescientos mil (300.000.00) lempiras; Póliza del ramo de seguros integral número 10-7199 por dos millones (200,000,OO)lempiras, en la cual aseguraron un edificio propiedad del asegurado y localizado en la colonia San José de Sula, veintitrés avenida, ocho calle, bloque nueve, San Pedro Sula. • Póliza De Contrato De Seguros 100-7-199, emitida por el Banco Del Ahorro Hondureño, de fecha veinticinco de marzo del dos mil siete al veinticinco de marzo del dos mil ocho, emitida el veintiuno de febrero del dos mil siete, suscrita por la encausada Claudia Jaqueline Amaya Madrid por un monto de dos millones quinientos quince mil (2,515,000.00) lempiras, por el seguro de un edificio, por daños materiales pérdidas consecuenciales y rotura de cristales, pagándose una prima de ocho mil ciento treinta y cinco (8135.92) lempiras con noventa y dos centavos, según recibo número 284224, emitido por HSBC el uno de agosto del dos mil siete. • OFICIO SCRE-UIF-780-2004, de fecha siete de mayo del dos mil cuatro emitido por Bella Martínez Sosa de la Comisión de Banca y Seguros, en donde informa que la empresa Distribuciones e Importaciones Variadas mantiene relación con las instituciones del sistema supervisado y otro obligados no supervisados, se encuentra ubicada en el kilómetro nueve, autopista a la Lima, Zona Industrial Castillo,, posee firma autorizada del representante legal, señor Mario Roberto Mena Aldana y también firma autorizada de la señora Claudia Jacqueline Amaya Madrid, en la cuenta de cheques número 21-101-542462,con movimientos de más de un millón de lempiras. • Constancia De La Municipalidad De San Pedro Sula, en la que hace constar que Claudia Jaqueline Amaya Madrid, arrendó un local número 53 en el mercado guamilito de esa ciudad. • Certificación Integra Del Asiento Numero 33, Tomo 98 Del Libro De Comerciante Social, Constitución de la Sociedad Química Henkel Centroamericana De Honduras, S.A. De C.V., otorgada el veinticinco de mayo de mil novecientos ochenta y uno. • Certificación Integra Del Asiento Numero 95, Tomo 248 Del Libro De Comerciante Social, en el que se le confiere Poder General de Administración al señor Elio Renán Suazo, de la Sociedad Henkel De Honduras, S.A de C.V. • Fotostática De Contrato Individual De Trabajo, celebrado en fecha uno de septiembre del dos mil ocho entre el gerente Elio Suazo y la gerente administrativo Claudia Jaqueline Amaya, por tiempo indefinido y con un sueldo de seis (6000.00) mil lempiras; Asimismo aparece otro contrato de trabajo estableciéndose que se desempeñaría como Jefe del departamento de Crédito Asistente de línea Silueta con un sueldo de cuatro mil (4.000.00) lempiras. •El señor Elio Suazo Tejeda compareció y ratificó las constancias ante descritas y hace constar que en el período del ocho de septiembre de mil novecientos noventa y ocho al veinticuatro de enero del dos mil dos, la señora Claudia Jaqueline laboró para la empresa HENKEL, y para su capacitación se le envió a los países de Guatemala, el Salvador, México y Costa Rica, a recibir entrenamiento para su función de Ejecutiva de Ventas en el área de cosméticos. •Copia Autenticada Del Testimonio De Escritura Pública, Instrumento Numero 20, donde se hace constar que los señores José Ricardo Brizuel Y Femando Alberto Godoy Sagastume, creó la Sociedad Anónima que se llamara Distribuciones E Importaciones Variadas (Divsa), inscrita en el número 82 del tomo 43 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de San Pedro Sula. •Copia Autenticada Del Testimonio De Escritura Pública, Instrumento Numero 20, donde se hace constar que el señor Mario Roberto Mena Aldana, en su condición de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Distribuciones e Importaciones Variadas otorga poder general de administración a la señora Claudia Jaqueline Amaya Madrid, con firma autorizada, siendo inscrito con el número 47 del tomo 414 que se lleva en el Registró de la Propiedad Inmueble y Mercantil de San Pedro Sula. •Constancia extendida por el señor Gilberto Santos gerente general de DIVSA haciendo constar que la señora Claudia Jaqueline Amaya Madrid laboró en esa empresa desde el uno de septiembre del dos mil dos, hasta el siete de septiembre del dos mil once, con un salario promedio de ochenta mil trescientos sesenta y ocho lempiras con trece centavos (80,368.13). •OFICIO DEI 106-2004, de fecha veintiséis de mayo del dos mil cuatro, sobre información Tributaria respecto de los señores… Claudia Jacqueline Amaya, clasificándose como pequeña contribuyente natural registrada con el número XYG2DRU. Del Registro Tributario. •Nota ORIGINAL DE FECHA 19 de mayo del 2003 extendida por Ada Muñoz Del Departamento De Control De Impuestos De La Municipalidad De San Pedro Sula, en la que hace constar que la señora Claudia Jacqueline Amaya tiene un negocio de venta de licuados ubicado en el barrio guamilito y ha cumplido con sus pagos correspondientes. •Nota De Fecha 17 De Noviembre Del 2003, Extendida Por Ada Muñoz Del Departamento De Control De Impuestos De La Municipalidad De San Pedro Sula, informando que se encuentra en los archivos de industria y Comercio la señora Ángela Platero Juárez, RMC 1104575, y las señoras Victoria Juárez Y Claudia Jaqueline Amaya, no se encuentran registrados en dichos archivos. •Nota de fecha 1 de julio del 2004 extendida por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés por el señor RAUL REINA en su condición de Director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés en la que se hace constar que la encausada Claudia Jacqueline no se encuentra registrada en esa institución. En relación a esta probanza al valorarla el Tribunal, le merece total credibilidad por ser coherente y consistente permitiendo establecer, no solo la relación laboral de la encausada Claudia Jaqueline Amaya Madrid, ya que la instituye como comerciante individual y la existencia física de las instituciones mercantil empresarial en las que laboró, con los salarios fijos devengados más los aumentos por comisiones u otros. El razonamiento del juzgador al momento de valorar dichas probanzas en su conjunto vulnera la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente en virtud que, si bien, de este andamiaje probatorio se deriva que efectivamente la encausada trabajo para la empresa Química Henkel Centroamericana De Honduras, S.A. De C.V.con un sueldo de cuatro mil lempiras y la empresa Distribuciones E Importaciones Variadas (Divsa), y acreditando un salario promedio de ochenta mil trescientos sesenta y ocho lempiras con trece centavos (80,368.13) y que además tenía un negocio de venta de licuados ubicado en el Barrio Guamilito, de la ciudad de San Pedro Sula, como se puede observar los ingresos que se acreditaron no resulta proporcional a los movimientos que se observan en las diferentes cuentas bancarias de las distintas instituciones bancarias donde la encausada Claudia Jaqueline Amaya mantiene registradas a su nombre, además que sus ingresos al no ser muy altos, no la hacen sujeta de crédito, y mucho menos de las grandes cantidades que recibía por parte de la señora Platero. Que como se ha indicado, durante el transcurso del proceso logró acreditarse que la señora Ángela Platero Juárez realizó un depósito por un valor de un millón de lempiras según número de cheque 9042332, en la cuenta número 01238161 del Banco del País a nombre de la encausada, así como un depósito de novecientos sesenta y dos mil quinientos (962,500.00) lempiras sin que Claudia Jaqueline Amaya tenga capacidad económica para ser acreedora a un crédito de esta naturaleza. Además, de los medios de prueba antes mencionados, se presentó como prueba documental Análisis De Investigación Patrimonial Y Financiera en la que se investigó a la encausada Claudia Jaqueline Amaya, y el cual fue realizado por la Analista Marina Audely Varela Figueroa, perteneciente a La Unidad De Lavado De Activos, y del cual se concluye que posee un historial aproximado de ocho cuentas bancarias en dólares y en lempiras con saldos aproximados de lps 298,132.97 y $29,276,79 seis tarjetas de crédito por un monto total de doscientos sesenta y tres mil ciento sesenta y dos lempiras, concluyendo que la encausada tiene una disponibilidad de un millón, ciento cinco mil quinientos cincuenta (1105.550.00) lempiras; Asimismo refiere que la señora Claudia Jaqueline Amaya, inició operaciones en el año dos mil uno como socia de la empresa Químicos De Sula S. De R.L., y cerró operaciones en el mes de abril del dos mil tres con declaración jurada de ventas de veinticinco mil lempiras, por lo que los depósitos registrados en su cuenta, no son producto de la repartición de utilidades al cierre de operaciones, refiere además que el negocio de licuados propiedad de la encausada sus utilidades son mínimas de ocho mil ochocientos veinte lempiras y del análisis realizado no se justifica el depósito de un millón (1.000.000.00) de lempiras que le hiciera la señora Ángela Platero a la encausada en fecha nueve de diciembre del dos mil dos; Así como otro depósito por la cantidad de novecientos sesenta y dos mil quinientos (962,500.00) lempiras, dinero que fue retornado a la señora Ángela Platero a través de ocho cheques que cubrieron esa cantidad. En relación a esta probanza establece el Tribunal que ha existido dudas en cuanto a las fuente de que obtuvo la información la perito, en comparación con otros medios probatorios que la orillara a retirase de la objetividad e imparcialidad con la que debió haber actuado, de allí que al dictamen se le reste credibilidad, por parte de los juzgadores, pero estas afirmaciones carecen de sustento, ya que si bien el Informe Financiero tiene algunos desaciertos, del mismo se logra deducir como es que es que producían estas transacciones entre la hoy imputada y la señora Ángela Platero, quienes a través de dichas operaciones pretendían darle una apariencia legal a los fondos provenientes de la lotería clandestina. Como podréis observar Honorables Magistrados el Juzgador infringió las Reglas de la Sana Crítica, específicamente la Regla Lógica de Derivación en su apartado de Razón Suficiente, al considerar que existe duda en cuanto a las fuentes de información, ya que se puede apreciar que esta experticia se realizó en base a todo la probanza que se evacuó en el juicio Oral y Público y que de la misma se infiere que la encausada Claudia Jaqueline Amaya, en su historial financiero y económico tenía varias cuentas de ahorro y cheques en las diversas instituciones bancarias, así como que no existe duda de los depósitos realizados por la señora Ángela Platero cuyas suma asciendo de a un millón novecientos sesenta y dos mil quinientos lempiras sin justificación alguna. Asimismo se acreditó los cheques origínales y copias remitidos por diferentes Instituciones Financiera incluyendo los depósitos antes referidos acreditándose con tales títulos valores el traspaso de dinero que realizaba Ángela Platero a la encausada y esta a su vez a otras personas supuestamente en calidad de préstamos, sin que estos últimos otorgarán algún tipo de garantía para respaldar la deuda, haciendo transferencias mediante actos y contratos reales como ser los pagare que se presentaron en juicio con el objeto de acreditar una relación contractual entre la procesada y la señora Platero, pero el sentenciador dejó de apreciar que los recursos objetos de estos supuestos contratos, regresaba a manos de la señora Ángela Platero, dándole de esta forma la apariencia de legal a los fondos provenientes de las actividades ilícitas que ésta realizaba. Siendo que el Juzgador al momento de valorar la prueba ofertada por la defensa consideró que el testimonio del señor José Marcos Contreras López es consistentes con la mayoría del elenco probatorio complementándose con dichas pruebas especialmente en lo relativo a la relación comercial transaccional que existía entre ellos y la acusada Claudia Jaqueline Amaya Madrid, en cuanto a que cuando ellos necesitan dinero, acudían a Claudia Jaqueline para que le prestara, existiendo una relación de préstamo a título oneroso. Honorables Magistrados, como lo hemos venido exponiendo a lo largo del presente motivo, el Juzgador infringió las Reglas de la Sana Crítica, específicamente la Regla Lógica de Derivación en su apartado de Razón Suficiente, al considerar que dichos testigos fueron contestes y coherentes, sin tener en cuenta que el testigo manifestó que no dejaba nada documentado y que lo hacían en forma verbal, porque eran amigos y los préstamos no se garantizaban, extremo este que no es creíble ya que con cantidades tan grandes de dinero lo lógico es que se documente y se establezca los plazos y porcentajes para el pago de los mismo; además que la frecuencia con la que éstos préstamos, también resulta bastante atípica. El juzgador con el Fallo Absolutorio, incumple lo expresado por la Honorable Sala de lo Penal, quien ha establecido lo siguiente: “En este sentido, la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere un triple comprobación. En primer lugar que el tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas sean válidas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea. Ver sentencia No 177-08 de fecha 16/11/2009. Es por ello que la decisión tomada por el Tribunal de Sentencia resulta equívoca como resultado de una mala valoración de la prueba evacuada en el debate, indudablemente transgrede las reglas de la Sana Crítica, pues como antes indicamos del proceso intelectivo de la valoración de la prueba de cargo se infiere la culpabilidad de la procesada en el delito de Lavado De Activos; tipificado en el artículo 4 de la Ley De Lavado De Activo; Asimismo su participación se efectué a título de Autor Directo, tal como lo ha establecido ampliamente la Doctrina al referir que: “Se reputan como Autores todos los que concurren a la comisión del delito, tomando parte en su ejecución con unidad de acción, igual propósito y cooperación recíproca, es decir se produce por todos aquellos que intervinieron en su perpetración con la misma finalidad y fin, por eso la pena a imponer a cuantos concurrieron en su comisión debe ser igual para todos, con independencia de quien fuese, de entre los participantes el que lo materializase con su acción individual… por ende el Ministerio Público como recurrente es del firme criterio que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que le debe merecer al juzgador al momento de valorar la prueba, infringiendo en tal sentido lo dispuesto en el artículo 202 del Código Procesal Penal, ya que dicho Tribunal no la valoró de una manera armónica y concatenada, lo cual ha provocado la creación de un vicio procesal que debe ser enmendado mediante la sentencia que resuelva con lugar el presente recurso de casación. Finalmente, instamos ante Vosotros Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal nuestro reproche casacional a efecto que una vez estudiado el caso, casen el fallo que ahora genera inconformidad a este ente acusador; no obstante hacemos la advertencia que no habíamos reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto mismo de sentenciar”. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA IV.I.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá Lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). IV.I.I.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO.- ÚNICO MOTIVO. Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 4 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos (2002); Concepto de la Infracción: Sin Determinar por el Censor. Pretensión: Fallo Condenatorio. El Ministerio Público interpreta que conforme a los hechos probados fijados por el Tribunal de Sentencia, hoy conocida vía Recurso de Casación, quedo plenamente acreditado la existencia de un hecho típico, pues se describe un proceder de la acusada en donde, con manifiesta voluntad, brinda apariencia de legalidad a los fondos provenientes de la actividad ilícita que estaba realizando la Señora Ángela Platero, mediante la suscripción de actos reales, recibiendo en concepto de préstamo transferencias de dinero. IV.I.II.- DEL PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL La exigencia de que para que un hecho pueda castigarse como delito es preciso, de modo ineludible, que previamente haya sido declarado como tal por una ley, ha obtenido rango internacional, reflejándose en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre del diez de Diciembre de 1948; Artículo 11, 2: "Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.”. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio De Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigencia una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Tribunal de Justicia deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado, lo que analizaremos en el presente apartado como consecuencia a que el proceso penal que hoy nos ocupa inicio bajo el imperio de la Ley contra el Delito de Lavado de Activos, contenida en el Decreto Legislativo No. 045-2002 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 29,781, en fecha 15 de Mayo de 2002, más a la fecha que esta Sala de lo Penal pronuncia esta sentencia dicha ley ha sido derogada por la Ley Especial contra el Lavado de Activos, contenida en el Decreto Legislativo No. 144-2014 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,781, de fecha 30 de Abril de 2015, El Principio de Legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibido una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que ninguna persona debe ser castigada por una conducta que al momento de la comisión era lícita, de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben de ser castigados, por considerarlos Post Factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Haseemer señala que "una Ley que pretenda ser aplicable a un caso que haya ocurrido antes que la Ley haya entrado en vigor, es un fantasma del Estado Policía (Hassemer, Winfried, Fundamentos del Derecho Penal, Bosh, Casa Editorial S.A., 1984., Pág. 320)", en virtud de que el daño, que se pretende evitar por parte de la comunidad, ya ha sido producido antes de su promulgación, cuando la misma era de carácter lícito y no reprochable. Claus Roxin (Roxin, Claus:: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España,p. 141) explica que los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión, sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible, sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo prisión en vez de pena de multa); y 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo subir de cinco a diez años de prisión una pena). Tales tipos de retroactividad no son posibles ya que el Estado debe de determinar Ante Factumlos hechos que consienta prohibidos, de modo que los ciudadanos tengan confianza en que los límites de su libertad están determinados y que pueden actuar dentro de esos límites establecidos sin que posteriormente puedan ser objetos de algún reproche por los mismos. Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es In Malam Partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria, lo que debe de ser apreciado no solo en procesos penales pendientes, como el caso que nos ocupa, sino además en los procesos con resoluciones firmes, antes o durante el cumplimiento de las penas.- "Una Ley más favorable no es una ley abusiva, por el contrario, significa el reconocimiento de mayores ámbitos de libertad, luego la retroactividad de la Ley más favorable no niega el principio de legalidad, si no que más bien lo afirma".( Bustos Ramírez Juan, Manual de Derecho penal, Parte General, Barcelona, Edit. Ariel S.A, 3° Edición, 1989, pg. 82). Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente, "esta exigencia es inseparable del principio de legalidad penal; si debe existir una ley que defina las conductas delictivas para poder perseguirlas, dicha ley debe estar vigente en el momento en que se cometen los hechos, por eso la Ley penal es irretroactiva y no puede aplicarse a hechos anteriores a su entrada en vigor(Muñoz Conde, Francisco. Muñoz Conde, Francisco. Derecho Penal, parte general, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia España, 1° edición, 1993, pg. 98.)", salvo el caso mencionado, cuando sea más beneficiosa. Ante una nueva regulación penal corresponde al Juez/a determinar cuál es la ley que es más favorable al acusado/a o condenado/a: la vigente al momento del hecho o la vigente al momento de juzgamiento o ejecución de la pena, dándose tal respuesta a depender de: 1. Si la ley penal vigente al momento de los hechos ha sido derogada por una nueva ley, lo que sin dificultad se concluye que la nueva ley es más beneficiosa por despenalizar lo que la anterior tipificaba como delito; 2. Si la ley penal vigente al momento del hecho contemplaba una pena de la misma naturaleza más grave que la prevista en la ley penal vigente al momento del juzgamiento o ejecución de la pena, entonces se debe de aplicar la ley penal vigente (ley nueva), por ser más beneficiosa; o 3. Si la Ley penal vigente al momento del hecho contemplaba una pena de distinta naturaleza a la prevista en la ley penal vigente al momento de juzgamiento o ejecución de la pena, el órgano jurisdiccional decidirá conforme al caso concreto y en la eventual situación de duda podrá consultar a la persona imputada/condenada cuál de las normas le resulta más beneficiosa, pues a la postre el destinatario de las mismas es él/ella, y el principio lo que busca es su beneficio. Lo anterior nos lleva a otra posibilidad, existirán casos en que la nueva ley contenga aspectos que le beneficie al reo o procesado, pero que a su vez también le perjudique, lo que obliga, como en el caso anterior, a que el Juez/a realice un estudio del caso concreto, a fin de determinar cuál de las normas es la más beneficiosa en su totalidad, es decir, tomando en cuenta tanto los beneficios como los perjuicios de su aplicación, no siendo posible aplicar los aspectos más beneficiosos de la nueva ley sin aplicar los perjudiciales, ya que, como señala Muñoz Conde, "el Tribunal estaría creando una nueva norma (…) y desempeñando con ello funciones legislativas que no le competen".(Muñoz Conde; Francisco; García Arán, Mercedes. Derecho Penal Parte General, 3° Edición. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, Pág. 159 y 160). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política se establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", lo cual está desarrollado en el artículo 9 del Código Penal, que indica que: “Las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al procesado, aunque al entrar en vigencia aquellas hubiere recaído sentencia firme y el reo estuviere cumpliendo la condena.”. En el presente caso ha existido un cambio de legislación regulatoria del conflicto que es objeto de juzgamiento, debiendo entonces determinarse cuál es la norma aplicable para luego dar respuesta al recurso de casación por infracción de ley que se ha interpuesto.- Las normas a analizar son dos leyes especiales: una vigente al momento del hecho y que actualmente está derogada y otra que está vigente al momento del juzgamiento pero que no existía al momento del hecho, en donde ambas se tipifica el delito de testaferrato: 1. La Ley contra el Delito de Lavado de Activos, contenida en el Decreto Legislativo No. 045-2002 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 29,781, en fecha 15 de Mayo de 2002, artículo 4: “También incurre en delito de lavado de activos y será sancionado con quince (15) a veinte (20) años de reclusión, quien por sí o por interpósita persona, participe en actos o contratos reales o simulados que se refieran a la adquisición, posesión, transferencias o administración de bienes o valores para encubrir o simular los activos, productos o instrumentos que procedan directa o indirectamente de los delitos de tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia.”; y 2. Ley Especial contra el Lavado de Activos, contenida en el Decreto Legislativo No. 144-2014 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,781, de fecha 30 de Abril de 2015, artículo 37: “Testaferrato. Debe ser sancionado de seis (06) a quince (15) años de reclusión, quien preste su nombre en actos o contratos reales o simulados, de carácter civil o mercantil, que se refieran a la adquisición, transferencias o administración de bienes que: procedan directa o indirectamente de las actividades de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de armas, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades de la administración del Estado, privadas o particulares, secuestro, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, tráfico de influencias y delitos conexos y cualesquiera otro que atente contra la Administración Pública y la libertad y seguridad, los recursos naturales y el medio ambiente; o que no tengan causa o justificación económica o lícita de su procedencia.- La pena del delito de Testaferrato debe de ser de: 1).- Seis (06) a diez (10) de reclusión si el valor de los activos objeto de lavado sea igual o menor al valor equivalente a setenta (70) salarios mínimos más altos de la zona; 2).- Diez (10) años un día a quince (15) años de reclusión si el valor de los activos objeto del lavado supere un valor equivalente a setenta salarios mínimos y no sobrepase un valor a los ciento veinte (12) salarios mínimos más altos de la zona; y 3).- Quince (15) un día a veinte (20) años de reclusión, si el valor de los activos objeto de lavado supere un valor equivalente de los ciento (120) salarios mínimos más altos de la zona.”. Es el resultado del análisis comparativo de ambos tipos penales:
Elemento
Decreto 045-2002
Decreto 144-2014
Observación
Sujeto activo
“quien por sí o por interpósita persona”
“Quien”
El decreto 144-2014 es más restrictivo que su antecesor, en el cual la autoría podía ser inmediata y mediata, mientras que en éste la autoría solo puede ser inmediata.
Conducta
“participe en actos o contratos reales o simulados”
“quien preste su nombre en actos o contratos reales o simulados”
Si bien la redacción es distinta, a la postre en ambos tipos penales se requiere participación como parte contratante
Elemento
Decreto 045-2002
Decreto 144-2014
Observación
Tipo de Contratos
“que se refieran a la adquisición, posesión, transferencias o administración de bienes o valores”
“de carácter civil o mercantil, que se refieran a la adquisición, transferencias o administración de bienes”
En ambos tipos penales refieren que los contratos tienen que tener por objeto la adquisición, posesión o transferencia de bienes.
El Decreto 144-2014 señala que la naturaleza puede ser civil o mercantil, especificación que está ausente en el Decreto 045-2002 y que como consecuencia se entiende que puede ser de cualquier naturaleza.
Propósito de la Conducta
“para encubrir o simular los activos, productos o instrumentos que procedan directa o indirectamente de los delitos”
No se determina en el tipo penal
El decreto 045-2002 es más restrictivo pues exige un propósito determinado en la conducta del sujeto activo, entretanto el decreto 144-2014 es más amplio al no exigir dicho propósito.
Origen de los bienes o valores
que procedan directa o indirectamente de los delitos de:
1.- estafas financieras en las actividades públicas o privadas
2.- fraudes financieros en las actividades públicas o privadas,
3.- hurto de vehículos automotores
4.-robo de vehículos automotores,
5.- robo a instituciones financieras,
6.-secuestro,
7.- terrorismo
8.-tráfico de influencias,
9.- tráfico de órganos humanos,
10.-tráfico ilegal de armas,
11.- tráfico ilícito de drogas,
12.- Tráfico de personas,
13.- y delitos conexos con los anteriores
procedan directa o indirectamente de las actividades de:
1.- estafas financieros en las actividades de la administración del Estado, privadas o particulares
2.- fraudes financieros en las actividades de la administración del Estado, privadas o particulares,
3.- hurto de vehículos automotores
4.-robo de vehículos automotores,
5.-robo a instituciones financieras,
6.-secuestro,
7.-terrorismo,
8.-tráfico de influencias
9.- tráfico de órganos humanos,
10.-tráfico ilegal de armas,
11.- tráfico ilícito de drogas,
12.- trata de personas,
13.- extorsión,
14.- falsificación de moneda,
15.- financiamiento del terrorismo,
16.- que atente contra la Administración Pública
17.- que atenten contra la libertad
18.- que atenten contra la seguridad
19.- que atenten contra los recursos naturales
20.- que atenten contra el medio ambiente
21 .- y delitos conexos con los anteriores
El listado de los Delitos Determinantes en el Decreto 144-2014, es más amplio que el enumerado en el Decreto 045-2002.
Ya ha señalado esta Sala de lo Penal que éste listado es ejemplificativo pues lo determinante sobre los bienes es su falta de justificación legal o financiera en relación a su existencia.
Vicio de los bienes y valores objeto de la Contratación
“que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia”
“que no tengan causa o justificación económica o lícita de su procedencia”
Idem
Elemento
Decreto 045-2002
Decreto 144-2014
Observación
Pena aplicar al Responsable
“quince (15) a veinte (20) años de reclusión”
“de seis (06) a quince (15) años de reclusión”
“1).- Seis (06) a diez (10) de reclusión si el valor de los activos objeto de lavado sea igual o menor al valor equivalente a setenta (70) salarios mínimos más altos de la zona;
2).- Diez (10) años un día a quince (15) años de reclusión si el valor de los activos objeto del lavado supere un valor equivalente a setenta salarios mínimos y no sobrepase un valor a los ciento veinte (120) salarios mínimos más altos de la zona; y
3).- Quince (15) un día a veinte (20) años de reclusión, si el valor de los activos objeto de lavado supere un valor equivalente de los ciento (120) salarios mínimos más altos de la zona.”
Los decretos legislativos marcan una diferencia en cuanto a las penas:
El Decreto 045-2002, establecía una pena única a aplicar a la persona responsable del delito de lavado de Activos, con independencia del monto de los activos que estuviesen involucrados.
El Decreto 144-2014, es contradictorio en cuanto a la pena; al inicio determina una pena de reclusión como pena principal y fija, con un máximo abstracto de 15 años, pero luego presenta una pena escalonada con un límite máximo de 20 años.
El análisis comparativo permite concluir que en cuanto al supuesto de hecho la regulación del artículo 4 del Decreto 045-2002, es más beneficiosa, pues el artículo 37 del Decreto 144-2014 (vigente), es de mayor espectro, pues no solo aumenta la enumeración de delitos determinantes, sino que además deja de contemplar como requisito subjetivo el propósito de “encubrir” o “simular”. Ahora bien, en cuanto a la penaprimero debemos definir cuál es la pena que prevé el artículo 37 del Decreto 144-2014, y así poder después determinar si es o no más beneficiosa que la prevista en el artículo 4 del Decreto 45-2002; tal situación se vuelve complejo como consecuencia de las contradicciones regulatorias de la pena que presenta el artículo 37, debiendo esta Corte Suprema de Justicia, en aplicación del artículo 304 y 305 de la Constitución de la República, resolver tal problema señalando cuál es la pena abstracta aplicable conforme al artículo 37 de la Ley Especial contra el Lavado de Activos, en consideración al principio Favor Rei, contenido en el artículo 18 del Código Procesal Penal que establece: “Interpretación de pasajes oscuros de la ley. Los pasajes oscuros o contradictorios de la ley penal se interpretarán del modo que más favorezca a la persona imputada.”. El artículo 37 hace dos regulaciones distintas en cuanto a la pena: 1. El inicio del párrafo fija una sola pena abstracta de reclusión como pena principal de seis (6) a quince (15) años de reclusión, para el responsable del delito de Testaferrato; 2. Al final del artículo presenta una pena, igualmente para la persona responsable del delito de testaferrato, escalonada conforme al monto de los activos que fueron objeto de lavado.- Este último párrafo es contradictorio con el primero pues: a. El primer párrafo establece un límite máximo de la pena abstracta de 15 años de reclusión, mientras que el segundo un límite máximo de 20 años, por lo que deberá de considerarse como límite máximo el más beneficioso al procesado o al reo, es decir el de 15 años de reclusión; y b. Las penas escalonadas conforme al monto de los activos objeto de lavado resultan más beneficiosas que un monto único abstracto, pues las primeras cuantifican la sanción en relación al daño causado, respetando de mejor manera el Principio de Culpabilidad Personal; ahora bien en el caso concreto el artículo 37 presenta tres niveles de sanción, más el tercero resulta ser inaplicable puesto que contempla una pena de reclusión que supera el límite abstracto señalado en la misma norma: 15 años, y además porque contiene una contradicción en cuanto al monto de los activos objeto de lavado, pues en letras se lee “ciento” pero en número se lee “(120)”, y aun cuando se pudiese concluir que se trata de un error por omisión al no haberse agregado la palabra “veinte”, tal error no puede ser apreciado de manera extensiva sino restrictiva, es decir conforme las le favorezca al procesado o reo.- Como consecuencia deberá entenderse que la pena aplicable es la pena abstracta general señalada en el primer párrafo, escalonada en los numerales 1 y 2, teniendo como frontera el monto de lo lavado equivalente a 70 salarios mínimos, de modo que cuando no supere esa cantidad se aplicara el numeral 1) y cuando si lo supere se aplicara el numeral 2). En resumen la pena a imponer conforme el artículo 37 del Decreto Legislativo 144-2014, será la de reclusión como pena principal y única, misma que oscilara entre los 06 a 15 años y que estará escalonada de la siguiente manera: 1).- de 06 a 10 años de reclusión, cuando los activos lavados sean igual o menor al equivalente a setenta (70) salarios mínimos más altos de la zona y; 2).- de 10 años 1 día a 15 años, cuando los activos lavados supere el valor equivalente a setenta (70) salarios mínimos más altos de la zona. Es entonces que al compartir las penas del artículo 2 del Decreto 45-2002, con las contenidas en el Artículo 37 del Decreto 144-2014, teniendo en consideración a lo señalado en el párrafo anterior, esta Corte Suprema de Justicia concluye que resulta más beneficiosa la pena señalada en el artículo 37 por ser más baja y ser escalonada en relación a la contemplada en el artículo 2. Después de este análisis resta entonces establecer que norma es más favorable para la acusada en el caso que nos ocupa, pues ya hemos determinado que el artículo 2 del Decreto 45-2002 es más favorable en cuanto al supuesto de hecho por ser más restrictivo, entretanto el artículo 37 del Decreto 144-2014 es más favorable en cuanto a la pena.- Conforme a los hechos probados las cantidades de dinero que recibió la Señora Claudia Jacqueline Amaya Madrid, eran activos provenientes de actividades ilícitas que estaba realizando la Señora Ángela Platero Juárez, quien además pretendía su lavado, habiendo recibido colaboración para ello de parte de la acusada; siendo así ambas artículos (Artículo 2 del Decreto 45-2002 y artículo 37 del Decreto 144-2014) serían aplicables al presente caso, por lo que el supuesto de hecho no es lo determinante para elegir el tipo penal más beneficioso, debiendo entonces ser la pena el parámetro a considerar, que en el presente caso resulta más favorable la contenida en el artículo 37 del Decreto 144-2014. IV.I.III.- DEL TIPO PENAL DE TESTAFERRATO CONTENIDO EN EL DECRETO LEGISLATIVO 144-2014. Toda actividad criminal que tiene fines lucrativos llegan en algún momento a generar la adquisición ilícita de bienes, instrumentos, acciones a su favor, mismas que reutiliza en su actividad criminal pero que además usa para provecho propio y el de sus allegados (familia, amigos, etc.), debiendo entonces buscar la manera de poder ostentar dichos bienes de forma que éstos parezcan de lícita procedencia, ya que en definitiva el propósito del que hacer delictivo es aprovechar sus frutos, y aun cuando el dicho popular rece “el delito no paga”, en realidad puede llegar hacerlo si no se establecen mecanismos para impedirlo. El artículo 2.18 de la Ley Especial contra el Lavado de Activos (En adelante LECLA), conceptualiza como Lavado de Activos: “ el proceso dirigido a dar apariencia de legalidad al producto de actividades delictivas o aquellos carentes de justificación económica lícita o causa legal de su procedencia, a ocultar su origen para garantizar su disfrute”, es pues que, esencialmente se sanciona que bienes, productos o instrumentos que no tienen soporte legal ni económico, sean sometidos a procedimientos o mecanismos previstos en el quehacer económico o comercial del país, para darles apariencia de legalidad. El delito de Lavado de Activos y el de Testaferrato no se limitan en la mera ocultación de bienes tal y como se concibe en el delito de encubrimiento, sino que son de carácter más complejo, pues implican la adquisición, conversión, y transmisión de efectos, productos o ganancias de origen delictivo con la finalidad de darles una apariencia de legitimidad, supone un proceso dinámico, en el que los bienes no permanecen estáticos. La LECLA determina los activos de éste delito pueden provenir, directa o indirectamente, de la ejecución y consumación de otros ilícitos (llamados Delitos Determinantes, conforme al artículo 2.h de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional) como ser: tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de armas, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades de la administración del Estado a empresas privadas o particulares, secuestro, extorsión, financiamiento del terrorismo, tráfico de influencias y delitos conexos, y cualesquiera otro que atente contra la Administración Pública, la Libertad y Seguridad, los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, o que no tengan causa de justificación económica o lícita de su procedencia (Art. 36 y 37 de la LECLA); entonces pueden ser objeto idóneo de este delito los bienes que tienen origen en cualquier actividad ilícita, ya que el legislador en la configuración de los tipos establece en principio un catálogo de delitos usualmente cometidos en el ámbito de la criminalidad organizada, incluyendo los delitos conexos para finalizar con una cláusula de cierre genérica, indicando que se castigarán las acciones constitutivas de blanqueo sobre “bienes que no tengan causa o justificación económica legal” (Art. 2.18, 36 y 37 de la LECLA), por lo que hay que entender que siendo injustificada e ilegal la obtención de bienes, estos pueden ser objeto idóneo del delito de lavado. Los costes a que está sujeta la obtención de recursos procedentes de actividades delictivas son abrumadoramente inferiores a los exigidos para conseguir fondos lícitos, lo que estimula y favorece la aparición de situaciones de progresiva apropiación del mercado por parte de empresas ilegales que tienden a convertirse en monopolios, expulsando con ello a las dotadas de una menor disponibilidad de medios económicos y sometidas a cargas más elevadas. Con el castigo del lavado de activos y el Testaferrato se pretende salvaguardar la libre competencia como igualdad de oportunidades que se vería lesionada por la introducción de bienes de origen delictivo en los circuitos económicos legales. La Ley Especial contra el Lavado de Activos (LECLA) contempla cuatro delitos: 1. Lavado de Activos (Art. 36); 2. Testaferrato (Art. 37); 3. Asociación Ilícita (Art. 38); 4. Encubrimiento (Art. 39); 5. Lavado de Activos ejecutado por Funcionario/a Público/a (Art. 40); y 6. Lavado de Activos Omisivo (Art. 41). Centraremos nuestro análisis en el tipificado en el artículo 37, por ser atinente al caso concreto.- Etimológicamente la palabra Testaferrato tiene su origen en una palabra Italiana que se traduce literalmente como “Cabeza de Hierro”, y que sirve para referirse a la persona que presta su nombre, identidad, firma o empresa, para que otros pueda hacer el lavado de activos de origen ilícito; de este modo el Testaferro coadyuvar en encubrir los beneficios de un Delito Determinante, procurando que los activos derivados tengan la apariencia de lícitos, para que retornen a aquel que los ha facilitado (el autor del delito de Lavado). Mediante la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional, el Estado de Honduras se ha comprometido a sancionar a quienes intencionalmente adquieran, posean o utilicen bienes producto del delito, en procura a ocultar o disimular su verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad (Art. 6.1.a.ii y 6.1.b.i); Por ello en el artículo 37 de la LECLA tipifica: “Testaferrato: Debe ser sancionado de seis (06) a quince (15) años de reclusión, quien preste su nombre en actos o contratos reales o simulados, de carácter civil o mercantil, que se refieran a la adquisición, transferencias o administración de bienes que: procedan directa o indirectamente de las actividades de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de armas, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades de la administración del Estado, privadas o particulares, secuestro, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, tráfico de influencias y delitos conexos y cualesquiera otro que atente contra la Administración Pública, la libertad y seguridad, los recursos naturales y el medio ambiente; o que no tengan causa o justificación económica o lícita de su procedencia.”. Explica Chávez (Chávez, Orlan Arturo; Comentarios a la Ley contra el Delito de Lavado de Activos, Segunda Edición, Ediciones Guardabarranco, Tegucigalpa, M.D.C., 2008, Pág. 211) que “dicho en otras palabras se sanciona a las personas que prestan su nombre y que de esta forma tienen participación en actos o contratos reales o simulados, ligados a la adquisición, posesión, transferencias o administración de bienes o valores con el objeto concreto de ocultar o encubrir activos, productos o instrumentos que tengan como origen una actividad delictiva.”. Del análisis del tipo penal referido podemos señalar como sus elementos objetivos: 1. Sujeto Activo puede ser cualquier persona, sin que requiera calificación especial alguna; 2. Sujeto Pasivo es el Estado de Honduras, como titular de los bienes jurídicos protegidos por el tipo penal; 3. Objeto material del delito son los activos, los productos y los instrumentos del delito: a. Son Activos “los bienes de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles. Asimismo los documentos o instrumentos legales, sea cual fuera su forma, incluyendo electrónica o digital, que acredite la propiedad u otros derechos sobre dichos bienes.” (Art. 2.1 LECLA); b. “Se entiende por producto, los bienes obtenidos o derivados directa o indirectamente de la comisión de los delitos tipificados en esta Ley (LECLA) o que carezcan de fundamento económico o soporte legal.”. (Art. 2.24 de la LECLA); y c. Son Instrumentos para la comisión de delitos “los activos, fondos, bienes, objetos o medios, utilizados o que se pretenda utilizar o destinar de cualquier forma, total o parcialmente en actividades delictivas tipificadas en esta ley(LECLA)”, (Art. 2.17 de la LECLA). Lo común de los activos, productos o instrumentos es que no tengan respaldo o justificación económica o legal de su procedencia; 4. Conducta criminosa definida por el verbo recto, es única, consistente en “quien preste su nombre en actos o contratos reales o simulados”, es decir figurar como parte contratante en contratos, ya sean con objeto y causa reales o simulados, consensuales o formales, de carácter civil o mercantil, que tengan como propósito (aun cuando no se consiga), la “adquisición, transferencias o administración de bienes”, consistentes en activos, instrumentos o productos. 5. Modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector, la cual puede ser por cualquier modalidad, es decir mediante cualquier tipo de contrato (Art. 1539 del Código Civil), ya sean de naturaleza civil o mercantil, típicos o atípicos, principales o accesorios, de libre discusión o de adhesión, individuales o colectivos, de partes bilaterales o plurilaterales, de obligaciones unilateral o bilateral, consensual o formal, oneroso o gratuito, instantáneos, diferidos o de tracto sucesivo, conmutativos o aleatorios; siendo la única exigencia del tipo penal que el sujeto activo intervenga directamente en la contratación. Por otra parte el Tipo penal señala como modalidad criminosa la simulación de contratos o la celebración de contratos verdaderos o auténticos, como forma de realización del delito. Como elemento subjetivo del tipo el dolo en sus elementos cognitivo y volitivo, que en el referido caso es el conocimiento del sujeto activo de la falta de soporte legal o económico de los activos o productos, de su conocimiento de estar prestando su nombre como pantalla o intermediario para la legalización de los activos o productos y su voluntad de realizarlo.- Además, como elemento subjetivo, se requiere una intencionalidad específica, la cual es encubrir o simular los activos, productos o instrumentos del delito, de modo que éstos no pueda ser reconocidos como tales, sino que adquieran la apariencia de legalidad; como consecuencia el sujeto activo debe tener pleno conocimiento en relación a que se trata de activos de delitos determinantes.- La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional, en su artículo 1.a.ii manda a sancionar “La conducta de toda persona que, a sabiendas de la finalidad y actividad delictiva general de un grupo delictivo organizado o de su intención de cometer los delitos en cuestión, participe activamente en: a. Actividades ilícitas del grupo delictivo organizado; b. Otras actividades del grupo delictivo organizado, a sabiendas de que su participación contribuirá al logro de la finalidad delictiva antes descrita.”. Entonces, son las características del tipo penal de Testaferrato: 1. Según Su Estructura: a. Tipo Penal básico o fundamental al describir varios modelos de comportamientos en una sola descripción, sin sujeción a ningún otro tipo penal; b. Tipo Penal Simple por describir una única conducta punible; 2. Según su Contenido; a. Tipo Penal mera conducta, pura acción o pura actividad, dado que la descripción se agota con la conducta del sujeto activo, sin que se requiera la producción de un resultado en el mundo exterior separable en tiempo y espacio; b. El Tipo Penal de Conducta Instantánea, pues bastara con la suscripción del contrato, son que requiera como necesario su ejecución; c. Tipo Penal comisivo, pues requiere de una conducta pro activa por parte del responsable; d. Tipo Penal Cerrado ya que el supuesto de hecho está determinado con precisión, de tal forma que la conducta prohibida se desprende con precisión del tipo penal; 3. Según el Sujeto Activo: a. Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada a partir de la concurrencia de un solo sujeto activo, aun cuando el tipo penal de Testaferrato obedezca a la criminalidad organizada; b. Tipo Penal Común ya que no exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad personal; 4. Según el Bien Jurídico Tutelado: a. Tipo Penal Pluriofensivo, al proteger al mismo tiempo los bienes jurídicos económica del Estado y la Administración de justicia del Estado; Explica Chávez (Obra Citada, Pág. 63 y 65), que son varios los efectos que produce el Lavado de Activos, como ser procurar la rentabilidad o dividendos de los delitos Determinantes y permite financiar conductas delictivas, ambos en perjuicio de la administración de justicia, además distorsiona la toma de decisiones económicas estatales por falsear las condiciones de la renta y la riqueza, además de trasladar hacia los delincuentes el poder económico sobre el mercado, esto en perjuicio de la Economía del Estado; b. Tipo Penal de Amenaza debido a que no requiere una lesión efectiva de los bienes jurídicos que protege, bastando que los mismos se encuentren en peligro o amenaza. IV.I.IV.- DE LA PROCEDENCIA DEL PRIMER RECURSO EL PRIMER RECURSO ES DE RECIBO.- En el presente caso los Juzgadores construyeron los hechos probados dividiéndolos en tres párrafos, a saber: Primer Párrafo: 1. Se afirma la acusada Claudia Jacqueline Amaya, se dedicaba a prestar dinero a diversas personas; 2. Se indica que la acusada a partir de Octubre de 2002 realizó transacciones bancarias con la Señora Ángela Platero, recibiendo depósitos en su cuenta de ahorro de Banco del País; 3. Describe que uno de esos depósitos fue en fecha 09 de Diciembre 2002, por la cantidad de L. 1,000,000.00, los cuales la acusada entregó al Señor José Marcos Contreras en calidad préstamo; 4. Añade que otro deposito se realizó el 03 de Marzo de 2003, por la cantidad de L. 962,500.00, de los cuales la acusada entregó al Señor José Marcos Contreras la cantidad de L. 450,00.00 de nuevo en calidad de préstamo; y 5. Indica que la acusada, entre los meses de Octubre de 2002 y Septiembre de 2003, libró varios cheques cuyo importe fueron depositados a la cuenta de la Señora Ángela Platero, en concepto de pago por el préstamo de las cantidades de dinero que recibió (antes descritas). Segundo Párrafo La Señora Ángela Platero Juárez fue objeto de investigación en el año 2003 por el delito de Venta de Lotería Clandestina y Lavado de Activos, detectándose el 22 de marzo de 2004, las transferencias (de dinero) que realizó la Señora Ángela Platero a la acusada. Tercer Párrafo El 22 de Febrero de 2008 la Señora Ángela Platero fue condenada por los delitos de Venta de Lotería Clandestina y de Lavado de Activos. Los hechos declarados probados se encuadran en el ámbito situacional previsto en el artículo 37 de la vigente Ley Especial contra el Lavado de Activos (LECLA), pues en ellos se describe que la acusada realizo contratos reales (contratos de préstamo), con la Señora Ángela Platero, cuyo propósito era lavar activos provenientes de actividades ilícitas; la acusada presto su concurso para ello, realizando los contratos de préstamo, devolviendo los activos después de cierto tiempo a la Señora Ángela Platero, para que pudiera disponer de ellos. Como consecuencia, se debe de declarar responsable penalmente a la Señora Claudia Jaqueline Amaya Madrid, del delito de Testaferrato, en perjuicio del Estado de Honduras, siendo la pena aplicable graduada conforme al monto de lo lavado, obedeciendo éste a un total de L. 1,962,500.00, (según se dispone en los hechos probados) mismo que supera el equivalente 70 veces el salario mínimo mensual más alto fijado para el año 2002, el cual es de L. 158,550.00 (Salario mínimo mensual más alto de la época: L. 2,265.00), por lo que la pena a imponer abstracta es de 10 a 15 años de reclusión, debiendo entonces imponerse la pena mínima, en consideración a la falta de agravantes apreciables en los hechos probados. IV.II.- RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. IV.II.I.- RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO. ÚNICO MOTIVO. Normas Autorizantes: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: Inobservancia de las Reglas de la sana Critica en la Valoración Probatoria; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 202 del Código Procesal Penal; Acciones de Subsanación o saneamiento: Imposibilidad de reclamo previo por estar contenido el vicio en la sentencia impugnada. Pretensión: Casar la Sentencia, ordenando el reenvío del proceso y la celebración de un nuevo juicio. El Ministerio Público denuncia la violación de la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente por parte del Tribunal de Sentencia, en el proceso intelectivo de la valoración probatoria, en particular cuando afirma que no existe prueba que la acusada haya realizado la conducta descrita en los hechos probados con la intención de darle apariencia de legalidad a fondos provenientes de actividades ilícitas. El Censor relaciona las declaraciones testificales de los Señores Ángel Samir Rodríguez Flores y Luis Emenoy Galindo Escoto, señalando que su valoración fue incorrecta, se afirma a partir de ellas que entre la Señora Ángela Platero y la acusada existía una relación contractual comercial. El Censor impone el conocimiento de la prueba documental consistente en el Oficio SCRE-UIF-453-2004, Oficio SCRE-UIF-1114-2004, Comprobantes de Depósito, Oficio SCRE-UIF-982-2004, Oficio SCRE-UIF-0499-2004, Pagare por un Millón de Lempiras y Pagare por novecientos sesenta y dos mil quinientos lempiras, reprochando que de ésta el Tribunal de Sentencia haya reafirmado que entre la Señora Ángela Platero y la acusada existía una relación contractual comercial y no transferencias atípicas simuladas. Enumera el Censor la prueba documental: Nota extendida por el Señor Marcelo del Castillo y Walter Viana, Póliza de Contrato de Seguros 100-7-199, Oficio SCRE-UIF-780-2004, Constancia de la Municipalidad de San Pedro Sula, Certificación integra del asiento No. 33, del tomo 98 del Libro de Comerciante Social, Certificación Integra del Asiento No. 95, Tomo 248 del Libro de Comerciante Social, Fotocopia de Contrato Individual de Trabajo, Constancias extendidas por el Señor Elio Suazo Tejeda, Copia autenticada del Instrumento Público No. 20, Constancia extendida por el Señor Gilberto Santos, Oficio DEI106-2004, Nota Original de fecha 19 de Mayo de 2003 y de fecha 17 de Noviembre de 2003, ambas extendidas por el Departamento de Control de Impuestos de la Municipalidad de San Pedro Sula y Nota de fecha 01 de Julio de 2004 extendida por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes. Luego de lo cual denuncia que la valoración hecha a tales documentos igualmente vulnera la regla lógica de derivación, pues se acreditó como ingresos de la acusada el salario de L. 4,000.00, que recibía de la Empresa Química Henkel, y posteriormente el salario de L. 80,368.13, que recibía de la Empresa Distribuciones e Importaciones Variadas (DIVSA), y además los ingresos del puesto de Licuados en el Mercado Guamilito de la ciudad de San Pedro Sula del que era dueña, por lo que resulta desproporcional dichos ingresos con los movimientos de activos reflejados en las cuentas bancarias de la acusada, en especial para hacer frente a créditos de L. 1,962,500.00 con que fue beneficiada por parte de la Señora Ángela Platero. El Censor también hace referencia al Análisis de Investigación Patrimonial y Financiera, señalando que en su valoración se infringieron las reglas de la sana críticapues el Tribunal de Sentenciacuestiona el dictamen al calificar como dudosas las fuentes de información en que se basa, sin reparar que dicha experticia tiene como base toda la prueba aportada al debate y que revela que la Señora Ángela Platero trasladaba activos aparentando prestamos, los cuales concedía sin ninguna garantía, para que luego dichos activos retornaran a sus manos. Finalmente expone el censor que el Tribunal de Sentencia infringió las reglas de la Sana critica al valorar positivamente la declaración del Señor José Marcos Contreras López, pues éste indica que recibió en préstamo de parte de la acusada cantidades de dinero sin haber acreditado que dichos prestamos se realizaban sin dejar ningún documento acreditativo o garantía. IV.II.II.- DE LA PROCEDENCIA DEL SEGUNDO RECURSO Al haberse declarado ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, concediéndose así una de las pretensiones de la parte Recurrente, esta Sala de lo Penal estima improcedente hacer un pronunciamiento sobre el motivo único del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. V. DECISIÓN Declarar HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Único Motivo. VI. POR TANTO LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 y 362 del Código Procesal Penal, 37 de la Ley Especial contra el Lavado de ActivosDECIDE: Declara HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público; en consecuencia: PRIMERO:Se debe de condenar y se condena a la Señora Claudia Jaqueline Amaya Madrid, como autora responsable del delito consumado de Testaferrato, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, imponiéndosele una pena principal de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN; Pena de reclusión a la que se le restará el tiempo en que la condenada haya estado privada de su libertad por esta causa y la que deberá cumplir en el Centro Penal de Adaptación Femenina ubicado en el departamento de Francisco Morazán, sin perjuicio de que sea trasladada a otros Centros Penitenciarios del país por efectos de ordenamiento interno del Centro Penal o cuando las circunstancias así lo exijan por seguridad; SEGUNDO: Se debe de condenar y se condena la Señora Claudia Jaqueline Amaya Madrid, como consecuencia de la pena de reclusión, a trabajar en obras públicas o en labores dentro del Centro Penal, por el tiempo señalado para la pena de reclusión, conforme lo establece la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, en consonancia con los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos; TERCERO: Se debe de condenar y se condena a la Señora Claudia Jaqueline Amaya Madrid, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo señalado para la pena de reclusión, debiendo el Juzgado de Ejecución realizar las gestiones pertinentes para su estricto cumplimiento; CUARTO: Se debe de condenar y se condena a la Señora Claudia Jaqueline Amaya Madrid, al comiso a favor del Estado de Honduras del 100% de los activos producto del delito, mismo que asciende a la Cantidad de un millón novecientos sesenta y dos mil quinientos lempiras exactos (L. 1,962,500.00), o de bienes equivalentes que sean propiedad de la condenada; QUINTO: Declarar la responsabilidad civil de la condenada Claudia Jaqueline Amaya Madrid, que deberá de ser exigida y cuantificada en la etapa de ejecución de esta sentencia por el representante legal del Estado de Honduras.- SEXTO: Declarar la no-procedencia de condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el presente proceso criminal.- Y MANDA: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE.- FIRMA Y SELLO.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado Coordinador.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha veintinueve de marzo del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-94-2013.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
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