Sentencia CP-92-14 — Registro 7898
Resumen
La Sala Penal, en relación al tipo penal de asesinato, en su grado de participación de cómplice, resuelve en un caso de contradicción de medios periciales, que el dictamen de autopsia prevalece sobre el acta de levantamiento de cadáver, considerando la autopsia un medio de prueba científico, de mucho mayor valor probatorio que un medio de prueba documental de levantamiento de cadáver, por ser éste una prueba preliminar, que bien puede ser ampliada, complementada, aclarada o desvirtuada en las conclusiones del dictamen de autopsia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"DECISIÓN Esta Sala de lo Penal, observa que en el presente caso el recurrente alega que la sentencia que se impugna INFRINGE EL PRECEPTO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE INOCENCIA del acusado señor N. R. C., contenido en el artículo 89 de la Constitución de la República, en relación con el Art. 8.2 de la Convención AmericA. sobre Derechos Humanos, y el artículo 2 del Código Procesal Penal. Lo anterior, al estimar que la prueba de cargo presentada es contradictoria, por lo que con ella no era posible acreditar la participación del acusado en el delito ASESINATO en grado de participación de cómplice. Esta Sala considera que con los medios de prueba documentales consistentes en el ACTA DE INSPECCIÓN OCULAR (folios 47 a 51 del Proceso) la que describe el lugar en donde fue dejado el vehículo que conducía el ahora occiso, describe dicho vehículo, los objetos encontrados en área de carga como en su interior, entre ellos un celular color gris, con negro, marca Motorola, en el asiento derecho del lado del copiloto describe un lago hemático (sangre), un sombrero color blanco con manchas rojas supuesta sangre, papeles o recibos a nombre del señor F. A., en la parte de los controles de pedal manchas rojas supuesta sangre, en la parte frontal dos fisuras (quebrados) una cerca del tablero del vehículo u la otra fisura cerca del techo del vehículo…un orificio en la parte plástica del vehículo, los que se encuentran en el lado lateral derecho del vidrio, lado del copiloto”; con el ÁLBUM FOTOGRÁFICO FORENSE (folios 28 al 43; y, 52 al 55 del Proceso) ratificado por Agente de Policía A. A. R., se ilustra con imágenes lo descrito en el acta de inspección del vehículo y la forma en que fue encontrado el cadáver de F. A.. Al respecto esta Sala, considera que los medios de prueba documentales anteriormente indicados, fueron debidamente incorporados y valorados por el Juzgador, de los que el A Quo obtuvo suficientes datos e información completa, clara y consistente de la escena del delito. Asimismo, esta Sala estima que al A.lizar el ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER elaborada por el Doctor O. G. (folio 141 del proceso), y el DICTAMEN DE AUTOPSIA (folio 144 del proceso), ratificado en Sala de juicio por la Doctora H. C., se aprecian notoria contradicción en el lugar donde se describe el orificio de entrada del proyectil de arma de fuego en la cabeza del occiso F. A.. Por una parte el Acta de levantamiento de cadáver refiere que el cadáver presenta “..herida de proyectil del arma de fuego con orificio de entrada en región parietal derecha, sin orificio de salida” y, el Peritaje de Medicina Forense o Dictamen de Autopsia, establece que el orificio de entrada del proyectil de arma de fuego estaba ubicado en área infrapalpebral atípico irregular…, con tatuaje de pólvora…, sin ahumamiento, trayecto: izquierda-derecha, abajo-arriba, adelante-atrás,… y orificio de salida: en cabeza, lado derecho, región temporal….”. Esta Sala considera que al ser contradictorias ambos medios de prueba, no pueden ser ambas conclusiones verdaderas y solo una de ellas es verdadera. No obstante el defecto puesto de manifiesto por parte del juzgador, al dotar el A Quo a ambas conclusiones de credibilidad (folio 219 del proceso) esta Sala considera que finalmente hace prevalecer, en la sentencia el resultado del Dictamen de Autopsia, por encima de los hallazgos del Acta de levantamiento de Cadáver. Lo anterior, en virtud que en la descripción de los hechos declarados probados, el Juzgador describe que el acusado, al momento de los hechos se encuentra de pie al lado de la ventA. del copiloto, y apunta a la víctima con un arma de fuego, mientras otra persona que acompaña al acusado, es la que dispara su arma de fuego en la cabeza del señor F. L., y le causa la muerte. Esta Sala estima que la prueba pericial, en este caso la consistente en un Dictamen de Autopsia constituye un medio de prueba científico, de mucho mayor valor probatorio que un medio de prueba documental de Levantamiento de Cadáver, por ser este una prueba preliminar o prueba de campo, que bien puede ser ampliada, complementada, aclarada o desvirtuada en las conclusiones del dictamen de Autopsia. Para la elaboración del factum de la sentencia impugnada, conductor, a una distancia muy corta. Asimismo, la Pericia ratificada por el Agente de investigación C. C., se limita a describir el número de chasis, de motor, y demás datos del vehículo inspeccionado, datos que el Juzgador estima inútiles para descubrir la forma en que sucedió el hecho investigado. Con las declaraciones rendidas por los testigos G. C., el que viajaba junto al ahora occiso al momento de los hechos, en relación a lo declarado por los Peritos O. G. y J. B. en la diligencia de RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS, el A Quo concluye que quien dispara al señor F. A. es la persona ubicado del lado izquierdo del vehículo, declaraciones que se complementan con lo dicho en juicio por el TESTIGO PROTEGIDO XY, testigo ocular de los hechos. En conclusión, esta Sala aprecia que del análisis detallado de los medios de prueba de cargo presentados por el ente acusador público en el juicio, no encuentra contradicciones insalvables sobre aspectos de fondo o esenciales que invaliden el fallo, o que impidan al Juzgador formar su convencimiento o convicción judicial. Por lo anterior, esta Sala concluye que el A Quo no infringe en manera alguna el derecho fundamental de PRESUNCION DE INOCENCIA del acusado, al valorar la prueba de cargo, por lo que procede declarar sin lugar el motivo de casación de infracción de precepto constitucional invocado por el recurrente."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."..El recurrente alega infracción de ley por APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 33 EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 117 DEL CÓDIGO PENAL. Esta Sala estima que en el presente caso, los hechos declarados probados por el A Quo, siguientes: “PRIMERO: El día cuatro de abril del año dos mil nueve, el señor F. A., manejaba un vehículo tipo pick up, por la carretera que conduce a la ciudad de Gracias, departamento de Lempira, a eso de las ocho de la noche; juntó con él iba el señor G. C., y otra persona, quien le manifestó que parara cerca del desvío que conduce al Centro Universitario Regional de Occidente (CUROC), porque quería orinar, cuando el señor F. A., estacionó el vehículo, se bajó la otra persona. SEGUNDO: Una vez que se bajó la otra persona, se acercó a la cabina del vehículo por el lado del pasajero, el señor N. R. C., portado un arma de fuego, apuntando hacia el señor F. A., y por el lado del conductor se acercó otra persona, quien disparó hacia el señor F. A., impactándole un proyectil en la cabeza. TERCERO: El señor F. A., al ser impactado con un proyectil de arma de fuego en la cabeza, le provocó una aceración cerebral (cúmulo de sangre en el cerebro), que trajo como consecuencia su muerte”, efectivamente no se subsumen en lo dispuesto en el artículo 33 del Código Penal, que literalmente dice: “Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el Artículo anterior cooperan en la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos. Si de las circunstancias particulares del proceso resultare que el acusado de complicidad no quiso cooperar sino en un acto menos grave que el cometido por el autor, la pena será aplicada al cómplice solamente en razón del acto que pretendió ejecutar”. Del cuadro fáctico de la sentencia que se impugna se deriva que el imputado N. R. C., si bien no fue la persona que disparó el arma de fuego que portaba contra de la humanidad de F. A. y le causaba la muerte, si fue declarado probado que el acusado actuó conjunta y simultáneamente con la otra persona que hizo el disparo de efecto mortal. Los actos conjuntos y simultáneos de ejecución entre el acusado N. R. C. y el otro participe del hecho sometido a juzgamiento, consisten en haberse acercado a la cabina del vehículo en que se encontraba la victima por el lado del pasajero, portado también un arma de fuego y haber apuntado su arma a la victima, en el momento en que el otro acompañante disparaba al ofendido la bala de efecto mortal. La participación del acusado N. R. C., no se limita a actos de cooperación o de facilitación irrelevantes o de poca importancia con respecto a la acción de su acompañante, su actuar no solo forma parte integral de un plan preconcebido, sino que constituye actos de cooperación esenciales e indispensables para la obtención del resultado o la meta establecida en dicho plan, el cual no es otra que causarle la muerte al ofendido. La acción desplegada por el acusado no constituye actos de complicidad en la ejecución del tipo penal contenido en el artículo 117 del Código Penal, por colaborar en la muerte del ofendido mediando premeditación conocida. Esta Sala considera que la entidad, aporte o colaboración brindada por el acusado con el accionar de su acompañante en la comisión del hecho ilícito ha sido importante. Asimismo, que de acuerdo con el criterio de escasez de medios, resulta que la contribución del acusado al hecho del co participe quien dispara y provoca la muerte del ofendido, es muy escaza o difícil de obtener, al portar un arma de fuego y apuntarla directamente al ofendido, para asegurar que otro le dispare en la cabeza y le cause la muerte. Esta Sala estima que el acusado al igual que su acompañante tienen efectivo y completo dominio del hecho y de la realización del resultado final esperado por ambos. Por lo expuesto, esta Sala declara con lugar el motivo de casación de Infracción de ley por aplicación indebida del artículo 33 del Código Penal, invocada por el recurrente. 3) Esta Sala de lo Penal, considera que siendo congruente con la decisión del motivo de casación de infracción de ley penal sustantiva anterior, considera que los hechos declarados probados por el Juzgador se subsumen en el tipo penal prescrito en el artículo 117, en relación con el artículo 32 del Código Penal que tipifica y sanciona el delito de Asesinato, a título de autor. El imputado señor N. R. C., tomó parte directa en la ejecución del hecho, siendo parte de un plan de acción, ejecutado con junto a otra persona, quien dispara el arma de fuego y mata al ofendido de un disparo en la cabeza. Del cuadro fáctico de la sentencia impugnada resulta que el imputado N. R. C., si actuó conjunta y simultáneamente con quien dispara al ofendido y le causa la muerte. El accionar del acusado N. R. C. es de carácter esencial y principal con respecto al hecho de su acompañante, por tener ambos pleno control o dominio del resultado final. .."
Legislación citada
- Código Penal, art. 117 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.SENTENCIA. TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE El Pleno de la Sala Penal, integrado por los MAGISTRADOS RAFAEL BUSTILLO ROMERO, ALMA CONSUELO GUZMÁN G. y JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, quien actúa como Coordinador, y, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, la siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-92-2014 por Infracción de Precepto Constitucional e Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha diez de diciembre de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, mediante la cual falló: 1) CONDENANDO al acusado N. R. C., a la pena de TRECE (13) AÑOS CON CUATRO MESES DE RECLUSION, por el delito de ASESINATO en perjuicio del Señor F. A.; 2) CONDENANDO al acusado N. R. C., a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena; 3) DECLARO la responsabilidad civil del imputado N. R. C.; 4) NO CONDENO en costas al acusado N. R. C.. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional el Abogado H. R. P., en su condición de Defensor Público del Señor N. R. C., y el Recurso de Casación por Infracción de Ley el Abogado J. C. H. P., en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: El Abogado H. R. P., Defensor Público del acusado N. R. C.; y, el Abogado J. C. H. P., Fiscal en representación del Ministerio Público, como recurrentes; y, partes recurridas, respectivamente. II. HECHOS PROBADOS “Valorando la prueba practicada en juicio, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: El día cuatro de abril del año dos mil nueve, el señor F. A., manejaba un vehículo tipo pick up, por la carretera que conduce a la ciudad de Gracias, departamento de Lempira, a eso de las ocho de la noche; juntó con él iba el señor G. C., y otra persona, quien le manifestó que parara cerca del desvío que conduce al Centro Universitario Regional de Occidente (CUROC), porque quería orinar, cuando el señor F. A., estacionó el vehículo, se bajó la otra persona. SEGUNDO: Una vez que se bajó la otra persona, se acercó a la cabina del vehículo por el lado del pasajero, el señor N. R. C., portado un arma de fuego, apuntando hacia el señor F. A., y por el lado del conductor se acercó otra persona, quien disparó hacia el señor F. A., impactándole un proyectil en la cabeza. TERCERO: El señor F. A., al ser impactado con un proyectil de arma de fuego en la cabeza, le provocó una aceración cerebral (cúmulo de sangre en el cerebro), que trajo como consecuencia su muerte. III. ADMISIBILIDAD Los Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional e Infracción de Ley, interpuesto por el Abogado H. R. P., en su condición de Defensor Público del Señor N. R. C., y el Abogado J. C. H. P., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, reúnen los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de los mismos.” IV. RECURSO DE CASACIÓN “EL ABOGADO RECURRENTE H. R. P. ACTUANDO EN SU CONDICION DE DEFENSOR PUBLICO DEL SEÑOR N. R. C., PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, DE LA MANERA SIGUIENTE:”EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION.MOTIVO UNICO: Violación del artículo 89 de la Constitución de la República en relación a los artículos 8.2 de la Convención AmericA. sobre Derechos Humanos y artículo 02 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE. El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO. La norma Constitucional que se invoca como infringida es el artículo 89 que relata: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad autoridad competente” Dicha norma Constitucional en relación a lo que establece la Convención AmericA. sobre Derechos Humanos en su artículo 8.2 que instituye: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. De igual forma el Código Procesal Penal en su articulo 2 relata: “Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código.” PRIMERO. De lo anterior se desprende que es una obligación del Estado y especialmente de los Tribunales que imparten Justicia en un Proceso Penal, el no escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad, para garantizarle a quien lo enfrenta, un Juicio Justo y apegado a derecho; el ser condenado por prueba contradictoria lo que constituye una flagrante vulneración a la PRESUNCION DE INOCENCIA.- Resulta Honorable Sala Penal de la Corte Suprema, que la Fiscalía del Ministerio Público durante todo el proceso, presentó pruebas de cargo, pero que las mismas se contradicen unas con otras, por lo que de esa forma no se podría acreditar de forma directa la participación de nuestro representado N. R. C. en el delito de Cómplice de Asesinato; siendo que las pruebas presentadas constituyen meros indicios de participación con las cuales no puede enervarse el Estado de Inocencia. SEGUNDO: Resulta Honorable Sala Penal, que mi representado fue condenado por un delito de Cómplice de Asesinato existiendo prueba contradictoria que nos llevan a la conclusión que en efecto el mismo no participó en los hechos sometidos a juzgamiento. Según la declaración de hechos probados que emitió el Tribunal Sentenciador, estableció que mi representado N. R. C. junto con otra persona quien le disparara en la cabeza al ofendido F. A. quitándole la vida, por lo que ante tales hechos probados deben existir pruebas que no sean contradictorias entre sí y que las mismas den lugar a dudas en confirmar la participación de mi representado, siendo así en el caso de autos lo que existe, en relación a nuestro patrocinado N. R. C. son meros INDICIOS que por si solos no pueden enervar su Estado de Inocencia. Durante el desarrollo del juicio oral y público, se evacuaron las siguientes pruebas de la Acusación propuesta por el Ministerio Público: 1) Prueba Documental, como ser el acta de Inspección ocular y Álbum fotográfico ratificado por A. A. R., desprendiéndose que la investigación efectuada fue mal elaborada, en vista que la Agente no fue capaz de plasmar en sus actas la existencia de evidencia como ser el sombrero del occiso, no se recopiló como evidencia, y que estaba en el álbum fotográfico, para verificar si tenia orificio de bala, en vista que los impactos de bala estaban en el tablero del lado derecho del conductor, quedando evidenciado lo antes relacionado al hacerse la reconstrucción del hecho, no describiendo tampoco que uno de los disparos en el paral de la puerta derecha en la tapicería había masa encefálica pegada; por otra parte nunca se averiguo a quien pertenecía el celular que se encontró en la paila del vehículo propiedad del ofendido, haciéndonos la pregunta ¿A quien pertenecía? o ¿Porque se dejo allí?; 2) Acta de Levantamiento efectuada por el Doctor O. G., donde la misma fue desacreditada por el dictamen de Autopsia ratificado por la Doctora H. C., lo anterior lo decimos porque el Doctor G. plasmo que la bala del arma de fuego con orificio de salida se alojó en la región parietal derecha, sin plasmar las otras lesiones encontradas, contradictorio a la prueba científica de Autopsia que es la que tiene mayor validez, por lo que dicha prueba carece de credibilidad en vista de ser contradecida por la prueba científica del mismo Ministerio Público; 3) Pericia del occiso, ratificada por el Agente de Investigación C. C., no refiriéndonos al contenido de la misma en vista de ser inútil por no aportar datos del crimen, sino datos relacionados al vehículo, como ser chasis, motor, que como era la causa del accidente de transito, una vez que el Ministerio Público incorporó el acta donde constan las diligencias investigativas para dar capturó al acusado, esto debe ser para informes internos de cómo se captura, aquí en juicio oral deben ser actas de lectura de derechos ya que es de garantía constitucional, sin embargo fue ratificada por el agente H. B., misma que no abonó en nada a los hechos que se investigaban; 4) Declaración de G. C., quien hizo una relación de los hechos sucedidos ese día, que al ser comparada y A.lizada por los peritos O. G. y J. B. en la reconstrucción de hechos con respecto a que el señor N. R. C. disparó por el lado del pasajero contra el ofendido, situación que de conformidad con el Dictamen de Reconstrucción de Hechos, emitido por los peritos antes señalados, quienes expresaron que no existía indicio de que la persona que se ubicó en el lado derecho de la cabina, es decir del lado donde se ubicó el señor N. R. C. haya disparado, sino que la persona que disparó al señor F. A. había sido la persona que se encontraba del lado izquierdo del vehículo, es decir del lado del conductor; considerando de esta forma que la reconstrucción de hechos es para verificar si se le da o no se le da credibilidad a la declaración rendida por un testigo; 5) Por ultimo el Testigo Protegido XY, a quien consideramos ser quien mas faltó a la verdad, lo anterior porque según su relato la lógica nos indica que no pudo ser posible observar a los imputados a una distancia de dos cuadras, en vista que la curva del lugar donde sucedieron los hechos no era posible permitirle poder ver, deduciéndose a todas luces que el mismo no se encontraba en la escena que el mismo relata, pero si es posible que estuviera en otro lado, consideramos ser falso su testimonio en vista de ser tan ingenuo que dice que fueron tres los que se bajaron del carro y que pasan frente a él, mas sin embargo los otros testigos de cargo dicen que fueron dos hombres los que sacan del carro al ofendido después de matarlo, corroborando su gran mentira al ser que quien le contó sobre dicha muerte fue su madre al llegar a la casa. Todas y cada una de estas pruebas, no acreditan de forma alguna que el señor N. R. C. haya participado en los hechos por los cuales fue condenado al contar con esas pruebas contradictorias entre sí, dichas pruebas no pueden enervar el Estado de Inocencia ya que constituye meros indicios. TERCERO: En conclusión Honorable Sala Penal, las pruebas presentadas en el juicio oral y publico no fueron contundentes para considerar la participación de nuestro representado N. R. C. en el delito de Cómplice de Asesinato, lo que existen son meras sospechas, dudas o verdades a medias que no pueden revertirse en contra de la inocencia de nuestro representado. La jurista española Maria Félix Tena Aragón en su obra “MANUAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL”(De Honduras) páginas 34 y 61, nos habla un poco acerca del Derecho a la “PRESUNCION DE INOCENCIA” y nos relata: “Este derecho, en su vertiente de regla de juicio que es la que vamos a tratar en este tema, mas allá de su contenido material, que será objeto de exposición en el tema 5, se configura como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válido. Por tanto, solo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya prueba de cargo validas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carentes de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado.” Tal como lo afirma la jurista Maria Félix, se entenderá vulnerado la Presunción de Inocencia cuando se condene sin prueba de cargo valida, entendiéndose por ésta, entre otras, cuando el razonamiento del Juez sea ilógico o insuficiente, tal como ocurre en el caso subjudice en donde el Juez ha valorado prueba que no indica como responsable a nuestro representado. La Jurista Tena Aragón en su página 61 de la obra antes citada sigue ilustrándonos y nos dice: “La significación preponderante de la presunción de inocencia afecta a las exigencias respecto a la prueba, necesarias para que pueda hacerse una valido declaración de culpabilidad. Se infringe la presunción de inocencia cuando, sin que se pruebe, legal y previamente, la culpabilidad de un acusado, se refleja en una resolución judicial que le afecta el sentir de que es culpable.” Tal es el caso de nuestro patrocinado, que fue condenado con pruebas que arriban a meras sospechas, ya que nunca se acredito de manera contundente y mediante la documentación legal, que acreditara sin lugar a dudas su participación en el Asesinato del señor F. A., en ese orden de ideas podemos concluir que el Tribunal Sentenciador infringió gravemente el Derecho a la PRESUNCION DE INOCENCIA, y que la única forma de enmendarlo es declarando con lugar el presente recurso de casación, dictando la SENTENCIA ABSOLUTORIA que corresponda.” “EL ABOGADO RECURRENTE J. C. H. P., ACTUANDO EN SU CONDICION DE FISCAL, PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY, DE LA MANERA SIGUIENTE:”EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO: “Aplicación Indebida del artículo 33 del Código Penal en relación con el artículo 117 del mismo cuerpo legal”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO. Al proceder a la exposición de este motivo se estima de trascendencia transcribir las verdades intangibles plasmadas por el juzgador en el cuadro fáctico de la sentencia, lo cual se realiza a continuación: PRIMERO: “El día cuatro de Abril del año dos mil nueve, el señor F. A., manejaba un vehículo tipo pick up, por la carretera que conduce a la ciudad de Gracias, departamento de Lempira, a eso de las ocho de la noche; junto con él iba el señor G. C. y otra persona, quien le manifestó que parara cerca del desvío que conduce al Centro Universitario Regional de Occidente (CUROC), porque quería orinar, cuando el señor F. A., estacionó el vehículo, se bajó la otra persona”. SEGUNDO: “Una vez que se bajó la otra persona, se acercó a la cabina del vehículo por el lado del pasajero, el señor N. R. C., portando un arma de fuego, apuntando hacia el señor F. A. y por el lado del conductor se acercó otra persona, quien disparó hacia el señor F. A., impactándole un proyectil en la cabeza”. TERCERO: “El señor F. A., al ser impactado con un proyectil de arma de fuego en la cabeza, le provocó una laceración cerebral (cúmulo de sangre en el cerebro), que trajo como consecuencia su muerte”. El precepto penal citado como infringido por Aplicación Indebida textualmente dice: “Artículo 33: “Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el Artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos”. Al tenor de lo establecido en los hechos declarados como probados, se puede apreciar la aplicación indebida del artículo 33 en relación con el 117 del Código Penal al dejar establecido que el imputado N. R. C., participó a título de cómplice en el hecho que causara la muerte del señor F. A.. Partiendo de este extremo la norma penal invocada como infringida por aplicación indebida establece que los cómplices en un hecho delictivo cooperan con actos anteriores o simultáneos, sin embargo en el caso sub judice tal y como fue plasmado por el órgano jurisdiccional en el factum la acción del imputado junto a otra persona no se dirigió simplemente a cooperar para la existencia del hecho sino, por el contrario su actuación fue en exactos términos con la persona que disparó, teniendo una acción conjunta, pues mientras el acusado apuntó con su arma al ahora occiso por el lado del pasajero, la otra persona le disparó a la víctima causándole la muerte indefectiblemente, en consecuencia, el actuar del encartado que se describe en el cuadro fáctico no se ajusta a la tipificación legal de COMPLICE SIMPLE, sino que por el contrario su participación se desarrolló a título de AUTOR. Resulta necesario establecer que la autoría además de suponer que el delito es imputable al sujeto como suyo, supone también una relación de pertenencia esta pertenencia corresponde: en primer lugar, al ejecutor material individual al que puede imputarse el delito; en segundo lugar, corresponde al autor mediato que utiliza un instrumento bajo su total control y; en tercer lugar, la pertenencia del hecho se comparte por quienes se distribuyen partes esenciales del plan global de ejecución del delito (Coautoría). Sobre este último aspecto es que recae la acción realizada por el imputado considerando que la misma se realizó en forma conjunta y de mutuo acuerdo, es decir, que se reparten la realización del tipo de autoría, el cual se rige por el principio de imputación recíproca, según este principio, todo lo que haga cada uno de los coautores es imputable a todos los demás, pero para que la misma tenga lugar es preciso el mutuo acuerdo que los convierte en partes de un plan global; dicho lo anterior, es evidente la violación del Juzgador al aplicar indebidamente la norma legal supra mencionada, pues en el caso sub judice el imputado realizó la acción de forma conjunta al hacer víctima al ofendido F. A. de una acción que finalmente concluyó con un disparo que le profiriera el acompañante del acusado, sin que la víctima pudiera defenderse de la agresión, asimismo la acción del imputado y de su acompañante fue de mutuo acuerdo; considerando que de las verdades intangibles se desprende que a la cabina del vehículo se acercó por el lado del pasajero el acusado, señor N. R. C., portando un arma de fuego apuntando hacia el señor F. A. y por el lado del conductor se acercó otra persona, quien disparó hacia el señor F. A., impactándole un proyectil en la cabeza; en consecuencia es acertado referir que el imputado aportó una parte esencial en la realización del hecho, compartiendo su realización al distribuirse los distintos actos por medio de los cuales el mismo tuvo lugar y no como lo plasmó el Juzgador en la sentencia, es decir como un simple colaborador en la acción delictiva. En virtud de lo anterior se reafirma la argumentación del Ministerio Público en el sentido de que el fallo impugnado adolece del vicio in judicando alegado puesto que, tal como se expondrá con mayor profundidad en el motivo siguiente, según la verdad descrita en el fáctum el enjuiciado participó a título de autor y su acción no corresponde a la tipificación legal establecida por el Juzgador, ya que en primer lugar el aporte de cada uno de ellos en la perpetración del suceso delictivo, se efectúo de forma compartida en la fase de ejecución del delito de Asesinato, donde los sujetos activos eran protagonistas del mismo, es decir, no estaban desprovistos de la capacidad de decidir la no consumación del delito, en otros términos, tenían el dominio del hecho sobre el mismo, si bien es cierto aportaron solo una parte de la ejecución de la misma, fue fundamental para su realización la cual se ve reflejada en el resultado muerte del señor F. A.. Para los efectos del artículo 363 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que el procesado, N. R. C. junto con otra persona, le dieron muerte al señor F. A., dicha acción es resultado de la intención dolosa con la que el imputado en forma conjunta con otra persona ejecutan el hecho y dan muerte al señor F. A.. Así las cosas, se afirma que el sentenciador al haber condenado al acusado por considerarlo responsable a título de Cómplice Simple del delito de Asesinato, ha producido en consecuencia la aplicación indebida del precepto legal citado como vulnerado. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada. SEGUNDO MOTIVO: “Falta de Aplicación del artículo 32, en relación al 117 del Código Penal.”PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: El precepto penal y legal citado como infringido por Falta de Aplicación textualmente dice: “Artículo 32: “Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado”. Según se describe en el hecho probado tercero, el imputado tomó parte directa en la ejecución del hecho pues tal como lo describe el cuadro fáctico apuntó a la víctima con el arma de fuego que portaba, mientras su compañero se acercó a la cabina por el lado del conductor, procediendo a dispararle, causándole la muerte. Dado lo anterior, el Ministerio Público recurre al percibir que existe una falta de aplicación del artículo 32 relacionado con el 117 del Código Penal, ya que se considera que se presentan todos los requisitos exigidos por dicho cuerpo legal para considerar la participación del acusado a título de Autor, como se puede colegir de la simple lectura del Factum. Aunque este motivo de casación, por impetrarse vía Infracción de Ley, requiere básicamente del análisis comparativo entre el factum y la parte dispositiva de la sentencia, para evidenciar como la acción descrita en aquel evidencia la violación del precepto legal que se invoca como no aplicado, al haberse omitido por parte de los juzgadores su aplicación para condenar al enjuiciado como autor directo del delito de Asesinato, el Ministerio Público estima de relevancia señalar que tomando en cuenta la naturaleza de todo armónico de la sentencia penal que desemboca en que todas y cada una de sus partes guarden coherencia entre si, resulta imprescindible efectuar una breve reseña de lo que doctrinariamente se entiende como la “teoría de dominio del hecho” y de “imputación objetiva del resultado”; ello con el objeto de evidenciar que en posiciones ampliamente reiteradas por el Tribunal Supremo Español la aplicación de ambas, desde la óptica de co-autoría (tal como el caso que nos ocupa por tratarse de la concurrencia de varias personas en la realización de un hecho, según división de funciones acordadas en común, antes o durante la realización del delito, configurándose un co-dominio funcional del hecho, de una correlación en la fase de ejecución), no conducen a la inferencia de Cómplice simple del delito de Asesinato a la que erróneamente arribó el sentenciador en el caso sub.-judice, tal como se evidencia a continuación: Teoría del dominio del hecho. Esta teoría fue propuesta por Welzel y está profundamente vinculada al concepto ontológico (finalista) de la acción (idea del dominio final del acto) y al concepto personal de lo injusto para la acción dolosa. Por dominio del hecho debe entenderse la voluntad y poder de disposición sobre el curso del suceso típico. Este requisito, a pesar de basarse en el dolo, es de naturaleza objetiva: lo decisivo no es la simple voluntad de dominio del hecho, sino el voluntario moldeado del hecho. De acuerdo a esta teoría se puede calificar como autor a la persona que sabe el qué, cómo y cuándo se va a realizar el delito, contribuye objetivamente al hecho (dominio funcional del hecho) y en el caso en que intervengan varias personas, quienes hayan acordado la realización del hecho delictivo. Autor es quien tiene el “Señorío” sobre el hecho, es decir, el concepto de autor se obtiene atendiendo el dominio que objetivamente ejerce el sujeto sobre la conducción de la acción. El autor es el que decide, en líneas generales, el sí y el cómo de la realización del tipo: el que tiene la última palabra y decide si el delito se comete o no. El dominio del hecho puede consistir en el dominio de la acción (inmediata o de propia mano) y dominio funcional del hecho (coautoría)[1]. Este último (por ser el de interés en nuestro análisis) es el criterio de imputación de los coautores a la concurrencia de varias personas en la realización del hecho, según división de funciones de significancia esencial, acordadas en común antes o durante la perpetración del ilícito penal. Una vez determinado lo anterior, reviste de trascendencia centrar el análisis en la teoría denominada “Imputación Objetiva del resultado”. En los delitos de resultado es claro que su consumación depende de la producción del resultado típico, y el constatar que el sujeto ha contribuido con su acción a causar el resultado constituye un requisito esencial del tipo objetivo, comprobable vía imputación objetiva. Tal imputación está compuesta por dos elementos: a) La existencia de una relación de causalidad entre la acción y el resultado (ya sea tomando como base la teoría de la adecuación o de la condición adecuada y probable para producir el resultado; o bien la teoría de la causalidad relevante no en base a la probabilidad sino a las exigencias del tipo penal) b) El resultado debe ser la expresión de un riesgo jurídicamente desaprobado implícito en la acción (desvalor de la acción concretado en el resultado típico), siendo en este punto importante verificar si el sujeto activo de un delito ha creado o no el riesgo jurídicamente relevante de lesión a un bien jurídico.[2] Al someter la verdad intangible contenida en el factum a este tamiz doctrinal, evidenciamos fácilmente como el actuar del imputado, descrito en ese apartado de la sentencia, encaja a plenitud en los requisitos para efectivamente imputar el resultado (muerte de la víctima) como producto de tal acción, ya que dicha conducta (el apuntar con el arma de fuego a la víctima para que por el lado del conductor se acercara la otra persona quien le dispararía, tal como se refleja de la prueba evacuada) fue una condición adecuada, probable y contenida dentro de las exigencias como para establecer una relación de causalidad entre acción y resultado, y asimismo éste no fue más que el producto de dicha acción antijurídica. De lo expuesto se desprende que la finalidad objetiva de este curso causal nos conduce a la determinación que el imputado, en su condición de coautor, tuvo el dominio del hecho y su actuar esta enlazado indisolublemente al resultado nefasto de muerte de un ser humano. Finalmente, la Fiscalía es del parecer que las pautas de la jurisprudencia sobre la doctrina del dominio del hecho quedan resumidas, al tenor de las últimas resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo Español, en fallos emitidos conociendo los recursos de casación pronunciados en las sentencias: SSTS 903/1998, de 2-VII [RJ 1998, 6230); 382/2001, de 13-111 ( RJ 2001, 1353); 1576/2002, de 27-IX ( RJ 2002, 8177); 1890/2002, de 13-XI (RJ 2002, 9835); 2090/2002, de 12-XII ( RJ 2003, 95); 1187/2003, de 22-IX ( RJ 2003, 6203); 540/2004, de 5-V ( RJ 2004, 2469); 1339/2004, de 24-XI ( RJ 2004, 8111); 529/2005, de 27-IV ( RJ 2005,5218);1049/2005, de 20-IX ( RJ 2005, 7089); 1315/2005, de 10-XI ( RJ2006, 3099); 371/2006, de 27-III ( RJ 2006, 3305); 497/2006,de 3-V(RJ2006, 3335) y 732/2006, de 3-VII (RJ 2006, 3985),en los cuales se dejó sentado lo siguiente: 1) La coautoría se aprecia cuando varias personas, de común acuerdo, toman parte en la ejecución de un hecho típico constitutivo de delito. Tal conceptuación requiere, de una parte, la existencia de una decisión conjunta, elemento subjetivo de la coautoría, y un dominio funcional del hecho con aportación al mismo de una acción en la fase ejecutiva, que integra el elemento objetivo. Será coautor quien dirija su acción a la realización del tipo con dominio de la acción, que será funcional si existe la división de funciones entre los intervinientes, pero todas con ese dominio de la acción característico de la autoría. 2) La existencia de una decisión conjunta, elemento subjetivo de la coautoría, puede concretarse en una deliberación previa realizada por los autores, con o sin reparto expreso de papeles, o bien puede presentarse al tiempo de la ejecución cuando se trata de hechos en los que la ideación criminal es prácticamente simultánea a la acción o, en todo caso, muy brevemente anterior a ésta. Y puede ser expresa o tácita, lo cual es frecuente en casos como el último expuesto, en el que todos los que participan en la ejecución del hecho demuestran su acuerdo precisamente mediante su aportación. 3) No es necesario que cada coautor ejecute, por sí mismo, los actos materiales integradores del núcleo del tipo, y concretamente en el homicidio la materialización de la agresión letal, pues a la realización del delito se llega, conjuntamente, por la agregación de las diversas aportaciones de los coautores, integradas en el plan común, siempre que se trate de aportaciones causales esenciales y decisivas. En consecuencia, a través del desarrollo del (fáctum scaeleris) y del dominio funcional del hecho, cabe integrar en la coautoría, realización conjunta del hecho, aportaciones no integrantes del núcleo del tipo, que sin embargo contribuyen de forma decisiva a su ejecución. 4) Cada coautor, sobre la base de un acuerdo, previo o simultáneo, expreso o tácito, tiene el dominio funcional, que es una consecuencia de la actividad que aporta en la fase ejecutiva y que lo sitúa en una posición desde la que domina el hecho al mismo tiempo y conjuntamente con los demás coautores. Su aportación a la fase de ejecución del delito es de tal naturaleza, según el plan seguido en el hecho concreto, que no resulta prescindible. 5) Según la teoría del dominio del hecho, son coautores los que realizan una parte necesaria en la ejecución del plan global aunque sus respectivas contribuciones no reproduzcan el acto estrictamente típico, siempre que, aún no reproduciéndolo, tengan el dominio funcional del hecho, de suerte que sea éste, en un sentido muy preciso y literal, un hecho de todos que a todos pertenezca. 6) La coautoría no es una suma de autorías individuales, sino una forma de responsabilidad por la totalidad del hecho. No puede, pues, ser autor sólo el que ejecuta la acción típica, esto es, el que realiza la acción expresada por el hecho rector del tipo sino también todos los que la dominan en forma conjunta, dominio funcional del hecho. 7) La realización conjunta del hecho sólo requiere que los coautores sumen conscientemente sus actos en función de una finalidad objetiva común manifestada en los hechos. Sólo pueden ser dominados los hechos que se conocen. Para los efectos del artículo 363 del Código Procesal Penal, relacionado, está orientada a que el procesado N. R. C., en común acuerdo con otra persona dieron muerte al señor F. A.. Así las cosas se afirma que el sentenciador al haber dictado tal sentencia al imputado ha producido en consecuencia la violación del precepto penal contenido en el artículo 32 relacionado con el 117 del Código Penal.” V. FUNDAMENTACION JURIDICA 1) Esta Sala reitera que para el examen del motivo de casación por Infracción de Precepto Constitucional, fundado en vulneración del principio- derecho a la PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, debe comprobarse lo siguiente: a) si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); b) si estas pruebas son de contenido incriminatorio; c) si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, si fue incorporada lícitamente al juicio oral; d) si ha sido practicada con regularidad procesal; e) si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y f) si ha sido racionalmente valorada por el Tribunal sentenciador. Por tanto, cuando en esta vía casacional se alega infracción de ese derecho fundamental, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas ante la presencia del juzgador de instancia, porque sólo a éste corresponde esa función valorativa, pero sí puede esta Sala verificar que, efectivamente, el tribunal "A Quo" contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él de los acusados, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia. Pero no acaba aquí la función casacional de las impugnaciones referidas a la vulneración de este derecho fundamental a la PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, pues la ausencia en nuestro ordenamiento de una segunda instancia revisora de la condena impuesta en la sentencia obliga al Tribunal de casación a realizar una función valorativa de la actividad probatoria, actividad que se desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la injerencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria. Es decir, el control casacional de la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba y del proceso de formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad. Además, el proceso racional, expresado en la sentencia a través del que de la prueba practicada resulta la acreditación de un hecho y la participación en el mismo de una persona a la que se imputa la comisión de un hecho delictivo. La presunción de inocencia supone, que, como se parte de la inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no es éste quien tiene que probar su inocencia. Constitucionalmente se presume y se afirma la inocencia del acusado, para llegar a la condena es necesario que, mediante una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías- practicada en el juicio para hacer posible la contradicción, y sin que los medios probatorios traídos al proceso se hayan obtenido violentando derechos o libertades fundamentales, quede desvirtuada esa inocencia y que el órgano jurisdiccional pueda obtener de esas pruebas la convicción jurídica de la existencia de los elementos fácticos que constituyen el delito. Si no han quedado probados esos elementos fácticos, el Tribunal no puede entender sustituida la inicial inocencia por la culpabilidad y debe absolver al enjuiciado. La presunción de inocencia como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el tribunal pueda condenar. 2) Don Manuel Estrella Ruiz, el Jurista Español, considera que: “Consiste la COMPLICIDAD en la ayuda o auxilio al hecho de otro, anterior o simultanea, pero útil para la ejecución del plan del autor, contando como límites que no puede llegar al punto de incluir el acto ejecutivo “típico” pues tal caso constituiría un supuesto de coejecución. Y en segundo término que la aportación ha de ser de alguna utilidad para el plan del autor, pues si es irrelevante no puede tenerse como auxilio a la ejecución. El Art. 33 del Código hondureño considera cómplices a los que no hallándose comprendidos en el Artículo anterior, cooperen a la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos. Si de las circunstancias particulares del proceso resultare que el acusado de complicidad no quiso cooperar sino en un acto menos grave que el cometido por el autor, la pena será aplicada al cómplice solamente al acto que pretendió ejecutar.- Dentro de la COMPLICIDAD hemos de distinguir entre la complicidad necesaria del artículo 32 in fine que al igual que el legislador español identifica con el autor a efectos de pena y de allí la trascendencia entre la distinción entre la cooperación o complicidad simple y la necesaria.- Teorías para la diferenciación son varias. Para los defensores de la necesidad relativa, ésta se contempla en concreto, para la teoría de la necesidad abstracta, se valora en abstracto. El Tribunal Supremo español viene a acogerse a la tesis de la escasez o imprescindibilidad, señalando que la distinción entre el cómplice y el cooperador necesario radica en la necesariedad o no de la cooperación, conjugando diversos criterios, tales como la teoría de la condición sine qua non, la del dominio del hecho o la del carácter de las aportaciones necesarias para el resultado, tomando en cuenta el criterio de la escasez de medios, es decir, será cooperador necesario aquel que contribuya al hecho con una actividad difícil de conseguir, esto es escasa.- Creo con M. Conde que la excepcional aportación del cómplice debe conjugarse con el dominio del hecho, rechazándose la cooperación necesaria en ausencia de cualquiera de dichos factores, debiendo además ser restrictivos en la materia habida cuenta de la trascendencia de la equiparación punitiva con el autor”.[3] Por su parte, F. M. Conde, reconocido penalista español, considera que: ”En común a todas las formas de participación tiene la COMPLICIDAD, que se trata de una contribución a la realización del delito con actos anteriores o simultáneos a la misma, que no pueden, en ningún caso, se considerados como de autoría. Lo que la distingue de las demás formas de participación, es su menor entidad material, de tal forma que la calificación de complicidad hace que la cooperación se castigue automáticamente con una pena inferior en grado a la que merezcan los autores del delito. De la forma en que esta redactado el art. 29 se deduce que solo cabe calificar de complicidad los comportamientos de cooperación no necesaria, representado, por tanto, el grado inferior del comportamiento de cooperación necesaria constitutivos de autoría o asimiladas a ella…El problema consiste en saber cuando una determinada contribución puede estimarse como necesaria. Con una consideración concreta probablemente toda contribución sería considerada como necesaria, pero tampoco se puede utilizar un criterio abstracto, porque desligado del caso concreto nunca puede saberse cuando una contribución es o no necesaria para el mismo….El fundamento de la atenuación de la pena para el cómplice debe ser por tanto, una menor necesidad de la pena, ya que solo favorece o facilita la realización del hecho”.[4] 3) Sobre el tema de la AUTORÍA, Don Manuel Estrella Ruiz, estima: “como idea inicial autor es quien realiza el tipo penal correspondiente, es decir quien lleva a cabo el actuar descrito en el tipo penal como garantía esencial del principio de legalidad. Ahora bien todas las legislaciones penales, prevén que en el delito intervenga más de una persona y que el calibre de la labor llevada a cabo por cada uno de ellos en no pocas ocasiones puede ser bien distinto. Con arreglo a una tesis causalista sin límite serían autores todos aquellos que hayan aportado una condición del resultado. De seguir esta doctrina prácticamente desaparece el concepto de participe, pues todos los participes serán considerados autores. Basta para ello que hayan contribuido causalmente al resultado, no importa que su contribución haya sido mínima.- El fracaso de las teorías objetivo materiales, tanto la formal como la material, hizo triunfar en la doctrina la teoría del dominio del hecho. Las deficiencias de los conceptos objetivos de autor hicieron que la doctrina buscara otros modos de formular la autoría entre ellas, la teoría del hecho que paso a describir. Según esta tesis autor del delito es la persona que consciente y dolosamente controla el desarrollo del hecho, que tiene el dominio o señorío sobre el curso del mismo, dominio que se manifiesta en lo subjetivo porque lo orienta a la lesión de un bien jurídico, y en lo objetivo, porque goza del poder de interrumpir en cuanto quiera el desarrollo del hecho. …En definitiva, no basta con el acuerdo previo, se exige una aportación de determinada significación”.[5] Finalmente, F. M. Conde, considera que para establecer diferencias entre AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN, “el criterio objetivo-material, puede ser el del dominio final del acto, desarrollado a partir de la teoría final de la acción por un amplio grupo de penalista alemanes, y cada vez más admitido por la doctrina, y una parte de la jurisprudencia española. Según este criterio, es autor quien domina finalmente la realización del delito, es decir, quien decide en líneas general el sí y el cómo de su realización”. [6] VI. RESUMEN 1) RECURSO DE CASACION DE INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA EN RELACIÓN A LOS ARTÍCULOS 8.2 DE LA CONVENCIÓN AMERICA. SOBRE DERECHOS HUMANOS Y ARTÍCULO 2 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO. El artículo 89 de la Constitución de la República dice que: “Toda persona es INOCENTE mientras no se haya declarado su responsabilidad autoridad competente”. La Convención América. sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.2 instituye que: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. Y el Código Procesal Penal en su articulo 2 dispone: “Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código.” Estima que al ser condenado por prueba contradictoria constituye una flagrante vulneración a la PRESUNCION DE INOCENCIA. El Ministerio Público presentó pruebas de cargo que se contradicen entre si, por lo que no podría acreditar de forma directa la participación del acusado N. R. C. en el delito de CÓMPLICE DE ASESINATO. Las pruebas presentadas por el Fiscal constituyen solo meros indicios de participación, con las que no puede enervarse el estado de inocencia del acusado. La declaración de hechos probados del A Quo, estableció que la otra persona, que acompañaba al acusado disparara en la cabeza al ofendido y quita la vida a este. Durante el juicio oral y público, se evacuaron las pruebas propuestas por el Ministerio Público siguientes: 1) PRUEBA DOCUMENTAL, como ser el ACTA DE INSPECCIÓN OCULAR Y ÁLBUM FOTOGRÁFICO ratificado por A. A. R., desprendiéndose que la investigación efectuada fue mal elaborada; 2) ACTA DE LEVANTAMIENTO efectuada por el Doctor O. G., donde la misma fue desacreditada por el DICTAMEN DE AUTOPSIA ratificado por la Doctora H. C.. 3) PERICIA DEL OCCISO, ratificada por el Agente de Investigación C. C., no refiriéndonos al contenido de la misma en vista de ser inútil por no aportar datos del crimen, sino datos relacionados al vehículo, como ser chasis, motor, que como era la causa del accidente de tránsito; 4) DECLARACIÓN DE G. C., quien hizo una relación de los hechos sucedidos ese día, que al ser comparada y analizada por los peritos O. G. y J. B. en la reconstrucción de hechos con respecto a que el señor N. R. C. disparó por el lado del pasajero contra el ofendido, situación que de conformidad con el DICTAMEN DE RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS, emitido por los peritos antes señalados, quienes expresaron que no existía indicio de que la persona que se ubicó en el lado derecho de la cabina, es decir del lado donde se ubicó el señor N. R. C. haya disparado, sino que la persona que disparó al señor F. A. había sido la persona que se encontraba del lado izquierdo del vehículo, es decir del lado del conductor; TESTIGO PROTEGIDO XY, a quien considera ser quien mas faltó a la verdad. Lo anterior porque según su relato la lógica indica que no pudo observar a los imputados a una distancia de dos cuadras, en vista que la curva del lugar donde sucedieron los hechos no le permitirle ver. En conclusión, las pruebas presentadas en el juicio oral y público no fueron contundentes para probar la participación del acusado N. R. C., como cómplice del delito de Asesinato por el que fue condenado, por lo que el A Quo infringió el Derecho a la PRESUNCION DE INOCENCIA. 2) RECURSO DE CASACION DE INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA POR APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 33 DEL CÓDIGO PENAL, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 117 DEL MISMO CUERPO LEGAL, INTERPUESTO POR LA FISCALIA. El A Quo ha infringido por aplicación indebida la ley sustantiva, en la disposición que textualmente dice: “Artículo 33: “Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el Artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos”, en relación con el 117 del Código Penal, al dejar establecido que el imputado N. R. C., participó A TÍTULO DE CÓMPLICE en el hecho que causara la muerte del señor F. A.. Afirma que los cómplices en un hecho delictivo cooperan con actos anteriores o simultáneos, pero que la acción del imputado junto a otra persona no se dirigió simplemente a cooperar para la existencia del hecho, sino por el contrario, su actuación fue en exactos términos con la persona que disparó, teniendo una acción conjunta, pues mientras el acusado apuntó con su arma al ahora occiso por el lado del pasajero, la otra persona le disparó a la víctima causándole la muerte indefectiblemente. El actuar del encartado que se describe en el cuadro fáctico no se ajusta a la tipificación legal de COMPLICE SIMPLE, sino que por el contrario su participación se desarrolló a título de AUTOR. La autoría además de suponer que el delito es imputable al sujeto como suyo, supone también una relación de pertenencia. Considera que esta pertenencia corresponde al hecho que se comparte por quienes se distribuyen partes esenciales del plan global de ejecución del delito (Coautoría). Asume que la acción realizada por el imputado N. R. C. se realizó en forma conjunta y de mutuo acuerdo, en la que se reparten la realización de la autoría, la cual se rige por el principio de imputación recíproca. Por este principio, todo lo que haga cada uno de los coautores es imputable a todos los demás, pero para que la misma tenga lugar es preciso el mutuo acuerdo que los convierte en partes de un plan global. El imputado realizó la acción de forma conjunta al hacer víctima al ofendido F. A. de una acción que finalmente concluyó con un disparo que le profiriera el acompañante del acusado, sin que la víctima pudiera defenderse de la agresión, asimismo la acción del imputado y de su acompañante fue de mutuo acuerdo. El imputado aportó una parte esencial en la realización del hecho, compartiendo su realización al distribuirse los distintos actos por medio de los cuales el mismo tuvo lugar y no como lo plasmó el Juzgador en la sentencia, como un simple colaborador en la acción delictiva., ya que el aporte de cada uno de ellos en la perpetración del suceso delictivo, se efectúo de forma compartida en la fase de ejecución del delito de Asesinato, donde los sujetos activos eran sus protagonistas, los que no estaban desprovistos de la capacidad de decidir la no consumación del delito. En otros términos, tenían el dominio del hecho sobre el mismo, y si aportaron solo una parte de la ejecución de la misma, fue fundamental para su realización la cual se ve reflejada en el resultado muerte del señor F. A.. El A Quo al haber condenado al acusado a título de CÓMPLICE SIMPLE del delito de ASESINATO, ha incurrido en aplicación indebida del precepto legal citado como vulnerado. 3) RECURSO DE CASACION DE INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA POR FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 32, EN RELACIÓN AL 117 DEL CÓDIGO PENAL, INTERPUESTO POR LA FISCALIA. El precepto penal y legal citado como infringido por falta de aplicación textualmente dice: “Artículo 32: “Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado”. El hecho probado tercero, dice que el imputado tomó parte directa en la ejecución del hecho, pues apuntó a la víctima con el arma de fuego que portaba, mientras su compañero se acercó a la cabina por el lado del conductor, procediendo a dispararle, causándole la muerte. El Ministerio Público recurre por falta de aplicación del artículo 32, relacionado con el 117 del Código Penal, ya que se considera que se presentan todos los requisitos exigidos por dicho cuerpo legal para considerar la participación del acusado a título de AUTOR. Resulta imprescindible efectuar una breve reseña de lo que doctrinariamente se entiende como la “TEORÍA DE DOMINIO DEL HECHO” y la Teoría de la “IMPUTACIÓN OBJETIVA DEL RESULTADO”. Por dominio del hecho debe entenderse la voluntad y poder de disposición sobre el curso del suceso típico. De acuerdo a esta teoría se puede calificar como autor a la persona que sabe el qué, cómo y cuándo se va a realizar el delito, contribuye objetivamente al hecho (dominio funcional del hecho) y en el caso en que intervengan varias personas, quienes hayan acordado la realización del hecho delictivo. Autor es quien tiene el “Señorío” sobre el hecho, es decir, el concepto de autor se obtiene atendiendo el dominio que objetivamente ejerce el sujeto sobre la conducción de la acción. El autor es el que decide, en líneas generales, el sí y el cómo de la realización del tipo: el que tiene la última palabra y decide si el delito se comete o no. En la teoría de la “Imputación objetiva del resultado” la imputación está compuesta de dos elementos: a) La existencia de una relación de causalidad entre la acción y el resultado; b) El resultado debe ser la expresión de un riesgo jurídicamente desaprobado implícito en la acción. Al someter el factum a este tamiz doctrinal, evidencia como el actuar del imputado, encaja a plenitud en los requisitos para efectivamente imputar el resultado muerte de la víctima, como producto de tal acción, ya que dicha conducta: el apuntar con el arma de fuego a la víctima para que por el lado del conductor se acercara la otra persona quien le dispararía, tal como se refleja de la prueba evacuada, fue una condición adecuada, probable y contenida dentro de las exigencias como para establecer una relación de causalidad entre acción y resultado, y asimismo éste no fue más que el producto de dicha acción antijurídica. Concluye que el procesado N. R. C., de común acuerdo con otra persona dieron muerte al señor F. A., por lo que al haber dictado el A Quo la sentencia impugnada se ha producido la violación al precepto penal contenido en el artículo 32, relacionado con el 117 del Código Penal. VII. DECISIÓN Esta Sala de lo Penal, observa que en el presente caso el recurrente alega que la sentencia que se impugna INFRINGE EL PRECEPTO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE INOCENCIA del acusado señor N. R. C., contenido en el artículo 89 de la Constitución de la República, en relación con el Art. 8.2 de la Convención AmericA. sobre Derechos Humanos, y el artículo 2 del Código Procesal Penal. Lo anterior, al estimar que la prueba de cargo presentada es contradictoria, por lo que con ella no era posible acreditar la participación del acusado en el delito ASESINATO en grado de participación de cómplice. Esta Sala considera que con los medios de prueba documentales consistentes en el ACTA DE INSPECCIÓN OCULAR (folios 47 a 51 del Proceso) la que describe el lugar en donde fue dejado el vehículo que conducía el ahora occiso, describe dicho vehículo, los objetos encontrados en área de carga como en su interior, entre ellos un celular color gris, con negro, marca Motorola, en el asiento derecho del lado del copiloto describe un lago hemático (sangre), un sombrero color blanco con manchas rojas supuesta sangre, papeles o recibos a nombre del señor F. A., en la parte de los controles de pedal manchas rojas supuesta sangre, en la parte frontal dos fisuras (quebrados) una cerca del tablero del vehículo u la otra fisura cerca del techo del vehículo…un orificio en la parte plástica del vehículo, los que se encuentran en el lado lateral derecho del vidrio, lado del copiloto”; con el ÁLBUM FOTOGRÁFICO FORENSE (folios 28 al 43; y, 52 al 55 del Proceso) ratificado por Agente de Policía A. A. R., se ilustra con imágenes lo descrito en el acta de inspección del vehículo y la forma en que fue encontrado el cadáver de F. A.. Al respecto esta Sala, considera que los medios de prueba documentales anteriormente indicados, fueron debidamente incorporados y valorados por el Juzgador, de los que el A Quo obtuvo suficientes datos e información completa, clara y consistente de la escena del delito. Asimismo, esta Sala estima que al A.lizar el ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER elaborada por el Doctor O. G. (folio 141 del proceso), y el DICTAMEN DE AUTOPSIA (folio 144 del proceso), ratificado en Sala de juicio por la Doctora H. C., se aprecian notoria contradicción en el lugar donde se describe el orificio de entrada del proyectil de arma de fuego en la cabeza del occiso F. A.. Por una parte el Acta de levantamiento de cadáver refiere que el cadáver presenta “..herida de proyectil del arma de fuego con orificio de entrada en región parietal derecha, sin orificio de salida” y, el Peritaje de Medicina Forense o Dictamen de Autopsia, establece que el orificio de entrada del proyectil de arma de fuego estaba ubicado en área infrapalpebral atípico irregular…, con tatuaje de pólvora…, sin ahumamiento, trayecto: izquierda-derecha, abajo-arriba, adelante-atrás,… y orificio de salida: en cabeza, lado derecho, región temporal….”. Esta Sala considera que al ser contradictorias ambos medios de prueba, no pueden ser ambas conclusiones verdaderas y solo una de ellas es verdadera. No obstante el defecto puesto de manifiesto por parte del juzgador, al dotar el A Quo a ambas conclusiones de credibilidad (folio 219 del proceso) esta Sala considera que finalmente hace prevalecer, en la sentencia el resultado del Dictamen de Autopsia, por encima de los hallazgos del Acta de levantamiento de Cadáver. Lo anterior, en virtud que en la descripción de los hechos declarados probados, el Juzgador describe que el acusado, al momento de los hechos se encuentra de pie al lado de la ventA. del copiloto, y apunta a la víctima con un arma de fuego, mientras otra persona que acompaña al acusado, es la que dispara su arma de fuego en la cabeza del señor F. L., y le causa la muerte. Esta Sala estima que la prueba pericial, en este caso la consistente en un Dictamen de Autopsia constituye un medio de prueba científico, de mucho mayor valor probatorio que un medio de prueba documental de Levantamiento de Cadáver, por ser este una prueba preliminar o prueba de campo, que bien puede ser ampliada, complementada, aclarada o desvirtuada en las conclusiones del dictamen de Autopsia. Para la elaboración del factum de la sentencia impugnada, el A Quo hace valora los medios de prueba testifical, documental y pericial de reproche, de los que logra derivar que el atacante que hizo el disparo de efecto mortal estaba ubicado del lado de la ventA. del conductor, a una distancia muy corta. Asimismo, la Pericia ratificada por el Agente de investigación C. C., se limita a describir el número de chasis, de motor, y demás datos del vehículo inspeccionado, datos que el Juzgador estima inútiles para descubrir la forma en que sucedió el hecho investigado. Con las declaraciones rendidas por los testigos G. C., el que viajaba junto al ahora occiso al momento de los hechos, en relación a lo declarado por los Peritos O. G. y J. B. en la diligencia de RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS, el A Quo concluye que quien dispara al señor F. A. es la persona ubicado del lado izquierdo del vehículo, declaraciones que se complementan con lo dicho en juicio por el TESTIGO PROTEGIDO XY, testigo ocular de los hechos. En conclusión, esta Sala aprecia que del análisis detallado de los medios de prueba de cargo presentados por el ente acusador público en el juicio, no encuentra contradicciones insalvables sobre aspectos de fondo o esenciales que invaliden el fallo, o que impidan al Juzgador formar su convencimiento o convicción judicial. Por lo anterior, esta Sala concluye que el A Quo no infringe en manera alguna el derecho fundamental de PRESUNCION DE INOCENCIA del acusado, al valorar la prueba de cargo, por lo que procede declarar sin lugar el motivo de casación de infracción de precepto constitucional invocado por el recurrente. 2) El recurrente alega infracción de ley por APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 33 EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 117 DEL CÓDIGO PENAL. Esta Sala estima que en el presente caso, los hechos declarados probados por el A Quo, siguientes: “PRIMERO: El día cuatro de abril del año dos mil nueve, el señor F. A., manejaba un vehículo tipo pick up, por la carretera que conduce a la ciudad de Gracias, departamento de Lempira, a eso de las ocho de la noche; juntó con él iba el señor G. C., y otra persona, quien le manifestó que parara cerca del desvío que conduce al Centro Universitario Regional de Occidente (CUROC), porque quería orinar, cuando el señor F. A., estacionó el vehículo, se bajó la otra persona. SEGUNDO: Una vez que se bajó la otra persona, se acercó a la cabina del vehículo por el lado del pasajero, el señor N. R. C., portado un arma de fuego, apuntando hacia el señor F. A., y por el lado del conductor se acercó otra persona, quien disparó hacia el señor F. A., impactándole un proyectil en la cabeza. TERCERO: El señor F. A., al ser impactado con un proyectil de arma de fuego en la cabeza, le provocó una aceración cerebral (cúmulo de sangre en el cerebro), que trajo como consecuencia su muerte”, efectivamente no se subsumen en lo dispuesto en el artículo 33 del Código Penal, que literalmente dice: “Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el Artículo anterior cooperan en la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos. Si de las circunstancias particulares del proceso resultare que el acusado de complicidad no quiso cooperar sino en un acto menos grave que el cometido por el autor, la pena será aplicada al cómplice solamente en razón del acto que pretendió ejecutar”. Del cuadro fáctico de la sentencia que se impugna se deriva que el imputado N. R. C., si bien no fue la persona que disparó el arma de fuego que portaba contra de la humanidad de F. A. y le causaba la muerte, si fue declarado probado que el acusado actuó conjunta y simultáneamente con la otra persona que hizo el disparo de efecto mortal. Los actos conjuntos y simultáneos de ejecución entre el acusado N. R. C. y el otro participe del hecho sometido a juzgamiento, consisten en haberse acercado a la cabina del vehículo en que se encontraba la victima por el lado del pasajero, portado también un arma de fuego y haber apuntado su arma a la victima, en el momento en que el otro acompañante disparaba al ofendido la bala de efecto mortal. La participación del acusado N. R. C., no se limita a actos de cooperación o de facilitación irrelevantes o de poca importancia con respecto a la acción de su acompañante, su actuar no solo forma parte integral de un plan preconcebido, sino que constituye actos de cooperación esenciales e indispensables para la obtención del resultado o la meta establecida en dicho plan, el cual no es otra que causarle la muerte al ofendido. La acción desplegada por el acusado no constituye actos de complicidad en la ejecución del tipo penal contenido en el artículo 117 del Código Penal, por colaborar en la muerte del ofendido mediando premeditación conocida. Esta Sala considera que la entidad, aporte o colaboración brindada por el acusado con el accionar de su acompañante en la comisión del hecho ilícito ha sido importante. Asimismo, que de acuerdo con el criterio de escasez de medios, resulta que la contribución del acusado al hecho del co participe quien dispara y provoca la muerte del ofendido, es muy escaza o difícil de obtener, al portar un arma de fuego y apuntarla directamente al ofendido, para asegurar que otro le dispare en la cabeza y le cause la muerte. Esta Sala estima que el acusado al igual que su acompañante tienen efectivo y completo dominio del hecho y de la realización del resultado final esperado por ambos. Por lo expuesto, esta Sala declara con lugar el motivo de casación de Infracción de ley por aplicación indebida del artículo 33 del Código Penal, invocada por el recurrente. 3) Esta Sala de lo Penal, considera que siendo congruente con la decisión del motivo de casación de infracción de ley penal sustantiva anterior, considera que los hechos declarados probados por el Juzgador se subsumen en el tipo penal prescrito en el artículo 117, en relación con el artículo 32 del Código Penal que tipifica y sanciona el delito de Asesinato, a título de autor. El imputado señor N. R. C., tomó parte directa en la ejecución del hecho, siendo parte de un plan de acción, ejecutado con junto a otra persona, quien dispara el arma de fuego y mata al ofendido de un disparo en la cabeza. Del cuadro fáctico de la sentencia impugnada resulta que el imputado N. R. C., si actuó conjunta y simultáneamente con quien dispara al ofendido y le causa la muerte. El accionar del acusado N. R. C. es de carácter esencial y principal con respecto al hecho de su acompañante, por tener ambos pleno control o dominio del resultado final. El acusado realiza actos concretos de ejecución, consistentes en acercarse a la cabina del vehículo estacionado y conducido por la victima, del lado del pasajero, portando un arma de fuego y apuntarle a la victima con dicha arma, mientras el otro acompañante disparaba a este en la cabeza y le causa la muerte. El accionar del acusado es inequívocamente doloso de querer al igual que el otro actor, en provocar la muerte del ofendido, como parte integral del mismo plan de acción, en consecuencia el grado de responsabilidad penal debe ser el mismo al establecido para el autor material. Conforme a la teoría de la escases de medios, el aporte o contribución del acusado es muy escaza, y difícil de conseguir, consistente en actuar junto a otra persona mediando premeditación contra otra persona, por lo que el acusado no es un simple cómplice sino un autor del delito por el que se acusa, al haber actuado conjunta y simultáneamente con este y tener ambos el control o dominio del hecho completo del resultado final de la acción. Esta Sala aprecia que aún y cuando en la fase de conclusiones del juicio (folio 206 del proceso) el Fiscal del Ministerio Público califica el hecho como Asesinato a titulo de cómplice simple, y solicita al tribunal condene al acusado a la pena de trece años, cuatro meses de reclusión, consta también del acta de debate (folio 187 del proceso) que el Fiscal había formalizado la acusación y el acusado se defendió durante el juicio de un delito de Asesinato, a titulo de autor, conforme lo dispuesto en el artículo 117, en relación al 32 del Código Penal. Por lo expuesto esta Sala concluye que al momento de dictar sentencia aún no estaba vigente la reforma al artículo 337 del Código Procesal Penal, establecida en el Decreto No.74-2013, de fecha 8 de mayo de 2013 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.33,301, de fecha 11 de diciembre de 2013, vigente a partir de su publicación, que por el principio de congruencia vincula a la pena a la solicitada por el Fiscal también en la fase de conclusiones, sino solo a la pena solicitada por el Fiscal al momento de formalización de la acusación, por lo que la sentencia de casación que impone una condena con pena mayor a la establecida por el Juzgador, no infringe en manera alguna el principio de congruencia que ha de haber entre la sentencia y la acusación. Por lo expuesto, esta Sala finalmente concluye que efectivamente el imputado N. R. C. participó en la comisión del ilícito penal de que se le acusa a titulo de AUTOR, por lo que también declara con lugar el motivo de casación de Infracción de ley por falta de aplicación del artículo 117, en relación con el 32, ambos del Código Penal, invocado por el recurrente. VIII. RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 32, 117 del Código Penal; y, 360 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) Declarar CON LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en los dos motivos, invocados por el Abogado J. C. H. P., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la sentencia de fecha diez de diciembre de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán; 2) ANULAR la sentencia que se impugna; y en consecuencia CONDENAR al señor N. R. C., a la pena de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSION, a título de COAUTOR del delito de ASESINATO, en perjuicio de F. A., en el Centro Penal de la ciudad Santa Rosa de Copán, así como a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, declarando la responsabilidad Civil del condenado por este delito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda a ponerla en efectiva ejecución. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- ALMA CONSUELO GUZMÁN G..- MAGISTRADA.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha veintinueve de marzo del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No.SP-92-2012.
JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
[1] Bramont Arias,Torres Luís A., Esquema de la Parte General, Tratado de Derecho Penal, parte general, Bustos Ramírez, extractados a su vez de la revista de práctica jurídica, número 19, enero-junio 2007, Universidad San Juan Bautista, Lima Perú.
[2] Gómez de la Torre, Ignacio Arroyo Zapatero Luís, Lecciones de Derecho Penal, parte general, págs,141 a 143, Editorial Praxis, Barcelona, España,1996.
[3] Manual de Derecho Penal. Parte General. Manuel Estrella Ruiz. Página 49.
[4] Derecho Penal. Parte General. Segunda edición, revisada y puesta al día conforme al Código Penal de 1995. Francisco Munóz Conde y Mercedes García Arán. Editorial Tirant lo Blanch libros. Páginas 464 y 465.
[5] Manual de Derecho Penal. Parte General. Manuel Estrella Ruiz. Página 48.
[6] Derecho Penal. Parte General. Segunda edición, revisada y puesta al día conforme al Código Penal de 1995. Francisco Munóz Conde y Mercedes García Arán. Editorial Tirant lo Blanch libros. Páginas 450 y 451.