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Sentencia CP-91-14 — Registro 15967

Resumen

En primer instancia se condena al imputado por el delito de Homicidio Simple, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."RECURSO NO ES DE RECIBO.- En revisión del recurso presentado, ha entendido esta Sala de lo Penal que por un error material el Pretensor ha hecho una designación equivoca del tipo de recurso interpuesto, pues anuncia éste como Casación por Infracción de Ley, más en el desarrollo de libelo es claro que se trata de un recurso de casación por infracción de precepto constitucional, por lo que este Supremo lo tendrá como planteado de esa forma, procediendo a la respuesta que amerita. En el Recurso se señala claramente que el precepto que se considera infringido es el contenido en el artículo 89 de la Constitución de la República y que el vicio denunciado es la supuesta violación al Principio/Derecho de Inocencia, por considerar el Pretensor que la sentencia no contiene la carga probatoria suficiente que sustente un pronunciamiento condenatorio; sin embargo en el cuerpo de su exposición el Pretensor se desborda de dicho planteamiento, migrando su alegato a otros estadios, ello cuando protesta por la supuesta violación al derecho de defensa o cuando cuestiona la valoración hecha al medio de prueba Acta de Levantamiento de Cadáver por considerar que éste es falto de cientificidad.- Es importante señalar al Pretensor que una debida técnica recursiva exige que una vez planteado el recurso y definido el motivo no es posible su variación, pues ello no solo constituye un vicio de falta de precisión de planteamiento, sino que además se deshonra el compromiso de argumentar y demostrar el vicio originalmente expuesto, so riesgo además de que el recurso se torne en confuso.- Es por ello que esta Sala de lo Penal se limitara a dar respuesta al motivo en lo referente al planteamiento inicial, sin acompañar en su error al Pretensor dando respuesta a otros alegatos distintos a aquel. La protesta contra la Sentencia condenatoria es por violación al derecho/principio de inocencia por insuficiencia probatoria, pues se ha expuesto que la lectura del acta de la audiencia inicial donde constan las declaraciones de dos testigos es insuficiente para demostrar la responsabilidad del acusado.- La Tarea entonces de este Tribunal de Casación es hacer evaluación si se presentó durante el debate suficiente prueba dirigida a demostrar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Homicidio, el grado de participación y extensión de culpabilidad del acusado, sin que ello implique evaluación sobre la fuerza acreditativa de la prueba, pues ello solo corresponde al Juzgador de la Primera Instancia, ni tampoco revisión sobre el proceso lógico de valoración, pues ello solo puede realizarse cuando el motivo de la impugnación es la violación de las reglas de la sana critica en los casos de los recursos por casación por quebrantamiento de forma. Fue prueba presentada durante la audiencia de debate: 1. Certificación de acta de nacimiento No. 1301-1986-00590, del Señor José Gusman Hernández Pineda, extendida por el Registro Nacional de las Personas, indicando el Tribunal de Sentencia que ello le permitió conocer la identidad plena del justiciable; 2. Introducción por lectura de la declaración testifical rendida por la Señora María Pedrina Sarmiento, compañera de hogar del ofendido Juan Pineda y cuñada del acusado José Hernandez Pineda, con la cual el Tribunal de Sentencia tuvo acreditado la participación de éste último en la muerte del primero; 3. Introducción por lectura de la declaración testifical rendida por el niño O. N. P. S., hijo del ofendido Juan Pineda, con la cual el Tribunal de Sentencia de igual forma tuvo acreditado la participación de éste último en la muerte del primero; 4. Acta de Inspección ocular de fecha 14 de Diciembre de 2011, realizado en la Aldea Plan de Toro, Municipio de Gracias, Departamento de Lempira, del lugar donde ocurrió el delito, dando por acreditado el A-Quo el hallazgo de 04 casquillos percutidos en el lugar resultantes de los disparos de arma de fuego hechos al ofendido; 5. Acta de Inspección ocular de fecha 14 de diciembre de 2011, realizada en la Aldea de El Coral, Municipio de Gracias, Departamento de Lempira del lugar donde fue encontrado el cadáver del Señor Juan Pineda, con la que el A-Quo tuvo acreditada la muerte real del ofendido, así como las lesiones que presentaba su cuerpo; 6. Acta de Levantamiento Cadavérico sobre diligencia realizada el 14 de diciembre de 2011, a las 09:00 a.m., en el Caserío Plan de Toro, aldea El Coral, Municipio de Gracias, Departamento de Lempira, reconociendo el cuerpo sin vida del señor Juan Pineda, con la que el Tribunal de Sentencia tuvo por acreditada la muerte de éste como consecuencia de lesiones producidas por proyectil de arma de fuego; y 7. Inscripción de Defunción No. 1301-2011-00187, del Señor Juan Pineda, que establece que éste falleció el 14 de diciembre de 2011, con lo que el A-Quo tuvo por probada su muerte legal. El recuento anterior hace ver a este Supremo que el alegato del Pretensor es improcedente, pues ciertamente es suficiente la prueba evacuada en debate al estar dirigida a demostrar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Homicidio por el cual se ha acusado al Señor José Hernández.- La Prueba in comento, llevo al Tribunal de Sentencia a determinar que el 14 de diciembre de 2011, en el Caserío Plan de Toro, de la Aldea El Coral, del Municipio de Gracias, Departamento de Lempira, perdió la vida el Juan Pineda, como consecuencia de múltiples heridas provocadas por disparos de arma de fuego, realizados por el acusado José Hernandez Pineda; todos los aspectos relevantes y que son determinados por el legislador como elementos integrantes del tipo penal de Homicidio están reproducidos en el acervo probatorio, ello con independencia si existió o no un correcto razonamiento probatorios, pues ello no es el objeto del recurso que se ha presentado. Como base de su argumento el Pretensor alega que las dos únicas declaraciones testificales aportadas son contradictorias entre sí, migrando entonces su reclamo de suficiencia probatoria a la revisión de un debido razonamiento probatorio, lo que implica un mal planteamiento del recurso; con todo, esta Sala de lo Penal al comparar las declaraciones cuestionadas no encuentra contradicciones esenciales que lastimen el principio/derecho de inocencia: 1. La Señora María Pedrina Sarmiento, al inicio de su declaración señaló que era compañera de hogar del ofendido Juan Pineda y cuñada del acusado José Hernández Pineda; que entre los mencionados habían tenido un problema hacía nueve meses por bebidas alcohólicas; que el 14 de diciembre, alrededor de las seis de la mañana, mientras uno de los niños estaba afuera orinando, el ofendido salió de la casa a la pulpería a comprar azúcar y la declarante iba a atizar el fuego, cuando escuchó cuatro disparos; que al “ratito” el ofendido llego por detrás de la casa diciéndole: “Pedrina chúpame que Gusman me baleo”, refiriéndose a que le succionara la sangre acumulada en la herida, repitiéndole eso por tres veces antes de morir; que la declarante trato de ayudarle succionándole la sangre; que observo que el ofendido tenía un disparo en la espalda que le salió por “la chiche” (pezón); que después la declarante salió y observó al acusado que iba corriendo; 2. Declaración testifical del niño de nueve años O. N. P. S., quien señalo entre otras cosas: Que vive en el Caserío Plan de Toro, de la Aldea El Coral; que su mamá se llama Pedrina Sarmiento y que su papá se llamaba Juan Pineda, el cual se encuentra en el panteón porque lo mataron; que a su papá lo mato Gusman con una pistola; que a las seis de la mañana estaba en su casa orinando afuera, la mamá atizando el fuego y que su papá estaba comprando azúcar donde la Señora Lidia y que en eso Gusman se bajó de la mula, saco una pistola de la cintura y le disparo al Papá en cuatro ocasiones; que la mula era color blanco; que Guzmán después se subió a la mula y se fue; que el declarante salió corriendo a contarle a su mamá; que después su papá se “trepo” (Subió) al caminito y le fue a decir a la mama que le “chupara” (succionara) la sangre. Existe coincidencia en cuanto al lugar de los hechos, además del momento en que éste ocurrió: las seis de la mañana del 14 de diciembre de 2011; los testigos además coinciden en relación a lo que el otro estaba haciendo en ese momento y el ofendido: La Señora Pedrina Sarmiento en la cocina encendiendo el fuego, el menor O. P. estaba afuera de la casa a orinar y el ofendido había salido con dirección a la casa de una persona identificada como Lidia a comprar azúcar; en cuanto a la identificación de la persona que disparo en contra del ofendido, el testigo O. P. es un testigo presencial al identificar al acusado José Hernández, entretanto la testigo Pedrina Sarmiento es un testigo de referencia al reproducir lo que escuchó del propio ofendido quien le señalo que había sido Gusman quien le había disparado; es importante advertir que el acusado no es una persona desconocida para los testigos, es decir no es alguien al cual veían por primera vez, pues la testigo Pedrina Sarmiento indica que éste es su cuñado, lo que hace entonces más creíble que los testigos hayan identificado a la persona agresora.- Para el Pretensor la contradicción es en la afirmación de la Señora Pedrina Sarmiento de que pudo ver al acusado salir en veloz carrera, pues no coincide en los tiempos con lo señalado por el niño O. P.: i).- El niño O. P. indica que después de que el acusado disparo al ofendido se montó en la mula y se fue del lugar; ii).- La Señora Pedrina Sarmiento señala haber escuchado los disparos, que al ratito llego el ofendido indicándole que el acusado le había disparado, por lo que la testigo procedió a auxiliarlo, viendo al acusado salir en veloz carrera; la denuncia hecha por el Pretensor no toma que la Testigo Pedrina Sarmiento explicó que estaba en la cocina cuando escucho al ofendido, saliendo a su encuentro al pasillo, entendiéndose que este queda afuera de la vivienda, teniendo entonces la oportunidad de ver al exterior entretanto atendía al ofendido; el Pretensor no debe de entender que la Señora Pedrina observó al acusado después de que el ofendido había muerto, lo cual ocurrió media hora después de la agresión, sino que ello ocurre entretanto ésta atendía a su compañero de hogar en el pasillo de la casa. Habiendo finalizado el estudio del caso no encuentra esta Sala de lo Penal que exista transgresión al derecho/Principio de Inocencia por insuficiencia probatoria, tal y como se ha denunciado en la interposición del recurso de casación por infracción de precepto constitucional, por lo que debe de ser declaro sin lugar éste..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."El Pretensor a equivocado el motivo de su recurso de casación, pues la denuncia interpuesta no es como consecuencia de un indebido razonamiento valorativo de los Señores Jueces de Sentencia a causa de su divorcio con las reglas de la sana critica, sino que se dirige a cuestionar que la prueba testifical no fue evacuada en la audiencia del debate, lo que constituye un motivo distinto. Adicionalmente es importante señalar que los medios de prueba cuestionados, consistentes en las declaraciones de la Señora María Pedrina Sarmiento y del niño O. N. P. S., si fueron evacuados durante la audiencia de debate, pues sus dichos fueron introducidos por lectura que realizara la Secretaría del Tribunal durante la audiencia, ha oído de todos los presentes, quienes tuvieron la oportunidad de formular sus observaciones sobre ésta para ser tomadas en cuenta por los Jueces al momento de la valoración probatoria; estrictamente entonces se ha respetado el mandado del artículo 333 del Código Procesal Penal que dispone que solo podrán ser valoradas los medios probatorios que hayan sido evacuados en juicio siendo que el acta en donde constaban dichas declaraciones fue evacuadaen juicio y de valoración obligatoria por el A-Quo. Se insiste, el Pretensor no reclama la inobservancia de normas que componen el correcto entendimiento humano, sino que el medio de prueba valorado no fue evacuado en la audiencia de debate, lo que constituye una denuncia falsa, pues se aprecia en el acta de debate que el acta donde constan las declaraciones testificales fue leída debidamente por la Secretaría del Tribunal en el debate (f. 123)..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós (22) días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017).- El pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, LA SENTENCIA EN EL RECURSO DE CASACIÓN SP-091-2014 POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL Y QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciocho de noviembre de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, Departamento de Lempira, mediante la cual fallo: 1) Condenando al Señor Jose Guzman Hernandez Pineda, a la pena de quince (15) años de reclusión por el delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor Juan Pineda, asimismo lo condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta E Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena. -2) Declaró responsable civilmente al imputado Jose Guzman Hernandez Pineda. 3) Declaró a dicho imputado responsable civilmente.4) No Condenó en costas. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma el Abogado Denys Alberto Funes Laínez, actuando en su condición de Apoderado Defensor del Señor Jose Guzman Hernandez Pineda. SON PARTES: El Abogado Denys Alberto Funes Laínez, Defensor Privado del acusado José Gusman Hernández Pineda, en su condición de Recurrente y la Abogada Roxana Lucila Castro García, Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrida. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Primero.- En fecha catorce de diciembre del año dos mil once, en aldea Plan del Toro, caserío El Caral, jurisdicción del municipio de Gracias, departamento de Lempira, en la vía pública, cuando eran las seis de la mañana, Juan Pineda fue atacado con arma de fuego por Jose Gusman Hernandez Pineda, lo que causó la muerte media hora después. Segundo.- El señor Juan Pineda, falleció en la fecha apuntada, como consecuencia de la herida que recibió en la región infraescapular izquierda que le produjo un hemotórax secundario.”. III. RECURSO DE CASACIÓN.- MOTIVOS Y ARGUMENTOS III.I.- Recurso De Casación Por Infracción De Ley: Exposición De Los Motivos De Casación. Primero: Por Infracción De Ley. Motivo De Casación. Primer Motivo: Ser la sentencia recurrida violatoria del artículo 89 de la Constitución de la República (violación del Derecho fundamental a la Presunción de Inocencia). Precepto Autorizante: El precepto autorizante del presente motivo lo constituye el artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: La Constitución de la República nos dice que toda persona es inocente mientras no se haya probado lo contrario, lo que significa que la persona imputada no está obligado a probar su propia inocencia y por otra parte quien acusa deberá probar sus presunciones de manera racional. La Presunción de Inocencia es un Derecho Fundamental y consiste en que el titular de ese derecho, es tenido como inocente, salvo que haya prueba en contrario y se declare su responsabilidad por autoridad competente. De acuerdo a este derecho fundamental, la carga de la prueba, corre exclusivamente sobre quien acusa siendo ésta parte quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del imputado y no éste quien tiene que probar su inocencia. Para que el estado Jurídico de Inocencia, de que goza el imputado pueda ser destruido, las diligencias de prueba del acusador deben recaer sobre el hecho delictivo que se le imputa y sobre la autoría del mismo y la prueba debe contar con los siguientes requisitos: suficiencia, legalidad y racionalidad y ninguno de estos tres requisitos se reúnen en la prueba de cargo en que se fundamenta el fallo condenatorio, proferido por el Tribunal de Sentencia. No se puede considerar la prueba documental consistente en la declaración de los señores Maria Pedrina Sarmiento y del menor O. N. P. S., como suficientes para acreditar la responsabilidad de mi representado en tanto que estos Entran En Grandes Contradicciones, como ser: la testigo dice que Escuchó como cuatro disparos, uno de sus hijos estaba afuera orinando, al rato después de los disparos Juan Pineda (occiso) se vino a la carrera por detrás de la casa y le dijo Pedrina chúpame la sangre que Gustavo me valió por tres veces, le dijo antes de morir y que el niño miró cuando Guzmán Hernández salió a la carrera montado en una mula blanca, a las pregunta número 13 del fiscal: dice 13 Que le dijo su esposo a usted R/Que Guzmán Hernández lo iba a matar, salí y mire que Guzmán Hernández iba corriendo.-14 Habían más personas en ese lugar donde sucedió el hecho R/No, el menor O. N. P. S., a las preguntas del Fiscal: 14 Usted vio que le disparó a su papa R/Yo vi cuando Guzmán venia del portillo, 15.-Que hizo Guzmán R/ sacó la pistola.-16 De dónde sacó la pistola R/de la cintura.-17/Que hizo Guzmán R/ se bajó de la mula y le disparó a mi papá.-Estos testimonios no tienen coherencia por cuanto dice la testigo que llegó su esposo ya baleado a su casa, que el menor dice que le fue a avisar a su madre, ella dice que al rato después de escuchar los disparos llegó su esposo a la casa, y que cuando le manifestó que Guzmán lo quería matar vio que este iba para arriba en carrera en una mula, y el menor dice que inmediatamente cuando le disparo salió en carrera, si tomamos en cuenta que ella dice que al rato de los disparos llegó su esposa ya baleado a su casa y que todavía alcanzó a ver a Guzmán que iba en carrera y mientas que el menor manifiesta que inmediatamente Guzmán luego de hacer los disparos salió en carrera en una mula, pues a quien creerle si a la testigos Maria Pedrina Sarmiento O Al Menor O. N. S., y hay que tomar en cuenta que no existe ninguna otra declaración testifical que verifique estos. extremos; por cuanto es una aldea poblada que perfectamente a esa horas de la mañana el hecho fuera presenciado por más personas, ya que como lo manifiesta la agente de investigación Maria De Los Ángeles Benítez Portillo quien fue que practicó in situ la inspección ocular y no aparece por ningún lado la dueña de la pulpería, vecinos y no existe nada de todo esto, por lo que no se le puede dar credibilidad a esa prueba documental, consistente en dichos testimonios, no existe otra prueba que verifique estos extremos; siendo que la sentencia recurrida y en la valoración de la prueba en su numeral Primero de dicha valoración en donde toma estas.(prueba documental) consistente en las dos declaraciones testificales para condenar a mi representado. Estos testimonios son incongruentes y los mismos no debieron ser considerados por el Tribunal como idóneos para acreditar los hechos ocurridos1 estos testimonios son inadmisibles para acreditar los hechos del juicio. La ausencia de los testimonios de las personas cercanas del lugar donde cayó muerto el occiso. Violentan el derecho de defensa del imputado y el principio de contradicción ha sufrido y se ha menoscabado, al no tener nunca la posibilidad de refutar lo supuestamente afirmado por los testigos de la parte acusadora. Se hace más evidente que la prueba tomada en consideración por los Juzgadores para condenar a mi representado no puede ser considerada como suficiente pues no cumple con los requisitos de legalidad y suficiencia, elementos mismos que son absolutamente necesarios para poder considerar cualquier suposición como prueba de cargo suficiente para destruir el estado jurídico de inocencia que protege al imputado ya que nunca fue probada plenamente su culpabilidad, incluso únicamente se practicó únicamente un Dictamen por el Perito Oficial Dr. Ramón Aníbal Maldonado Ortega y no se le practico Autopsia a fin de determinar sin lugar a dudas la causa de la muerte como así otros elementos vinculantes de cómo ocurrió la muerte del señor Juan Pineda. El perito dice que el occiso tenía dos disparos con orificio de salida, que la herida fue mortal, aduce dicho médico que el falleció a la medio hora, pero esto lo supone en relación a lo que manifestó la testigo Maria Pedrina Sarmiento, y no en base a aspectos técnicos-científicos de medicina forense, por lo que tampoco se puede tener como una verdad lo manifestados por el perito, por lo que su conclusión es errónea y subjetiva que no puede servir para destruir la Presunción de Inocencia de que goza el imputado, ya que no se cumple con el requisito de “Racionalidad”, para acreditar la culpabilidad del imputado razón por la que debe ser estimado el presente recurso en este motivo. Como se aprecia los Jueces Sentenciadores aducen de forma errónea, no concluye de forma razonable, ya que fundan la responsabilidad del mi representado en una prueba documental, consistente en dos declaraciones, contradictorias y sin ningún respaldo por otro medio de prueba alguno evacuado durante la audiencia del juicio, quedando la misma huérfana de apoyo probatorio, ya que del resto de la prueba documental evacuada, no es posible inferir de forma lógica y razonable alguna conexión entre el imputado y la muerte del señor Juan Pineda, no siendo suficiente la Prueba Documental que consiste en las dos declaraciones de los testigos que no vio en ningún momento y el otro con contradicciones, por lo que con esto no se puede determinar la culpabilidad y condena, la conclusión de responsabilidad debida haberse fundado en prueba que conectara en forma directa o indiciaria, por lo que en la audiencia no se dispuso del mínimo de prueba legalmente evacuada, que sirviera para fundar una declaración de responsabilidad de mi representado y como se dijo dichas pruebas no fueron suficientes para vulnerar su estado de inocencia, al existir un evidente vacío probatorio que imposibilita sustentar la declaración de culpabilidad, llevando razón el recurrente al plantear que con las pruebas presentadas en juicio se condenó a mi representado, con una insuficiente actividad probatoria en una clara violación a la presunción de inocencia. III.II.-Recurso De Casación por Quebrantamiento De Forma. Motivo De La Casación En Su Segundo Motivo: Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente en juicio. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Exposición Del Motivo: El Fallo, establece en su valoración de pruebas numeral Primero como medio de prueba a valorar la declaración de testigos presénciales Maria Pedrina Sarmiento Y O. N.l P. S., Basando Su Valoración En Un Testimonio no rendido En Juicio Oral Y Público. Conforme a el Código Procesal Penal vigente las Declaraciones Testimoniales, son aquellas que se rinden en el acto del juicio oral y público conforme lo establecen los artículos 328, 329, 330 del mencionado cuerpo legal, si el testigo no comparece al juicio oral y público a rendir su declaración No Puede, el Tribunal De Sentencias, valorar esta deposición Como Prueba Testimonial, ya que no fue incorporado legalmente en juicio como testigo, tal como ocurre con los testigos Maria Pedrina Sarmiento Y O. N.l P. S., quienes no comparecieron a juicio y por lo tanto no puede valorarse como testigo. En Juicio Oral y Público el Medio De Prueba admitido fue una Prueba Documental conforme lo establece el artículo 311 numeral 2 del Código Procesal Penal, y fue evacuado conforme las reglas establecidas en el artículo 332 del mismo cuerpo legal, esto es que fue leída y exhibida en juicio por el Secretario.- Esta prueba documental, no tenía el carácter de Prueba Anticipada, para que el tribunal en su fallo pudiera establecerla como un Testimonio, sino que era parte de la prueba evacuada en la Audiencia Inicial, y que conforme al artículo 298 del Código Procesal Penal solo tenía validez para fundamentar la resolución proferida en aquella audiencia. Al valorar el Tribunal de Sentencia una Prueba Documental, como una Prueba Testimonial, basa su fallo en un Medio De Prueba no incorporado en juicio, y por tanto vicia el fallo de nulidad.- La motivación que realizan los Jueces es producto del examen concienzudo de cada medio y elemento de prueba incorporado por las partes en el proceso, haciendo uso de ese razonamiento formula una conclusión que debe dar solidez a su fallo, que puede ser controlado por las partes a través de recursos como el que nos ocupa.- No le es permitido en esa motivación y razonamiento lógico, Cambiar O Incorporar medios de prueba distintos que los que las partes han propuesto y evacuado en juicio, como ocurre en la sentencia que hoy se recurre.”. III.III.- Recurso De Casación Por Quebrantamiento De Forma. Tercer Motivo: No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo N. 362, numeral 3, del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo. Segú n el artículo 202 del Código Procesal Penal el sentenciador formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida con arreglo a la Sana Critica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal.- Este sistema de valoración que implementa la reforma procesal penal, le permite al sentenciador cierta libertad en su estimación de pruebas que permiten su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Los hechos probados de una sentencia penal (que constituyen la verdad al que el Tribunal cree haber arribado) están sustentados en el acervo probatorio que plasma en la fundamentación probatoria, la cual se divide en las fases descriptiva e intelectiva, en la primera el Tribunal describe cada una de las pruebas que dan sustento a su decisión, en la segunda (fundamentación intelectiva), el juzgador debe de explicar porque un medio probatorio le merece fe y otro no y además, porque un elemento de prueba u otro le llevan a una conclusión determinada.- Sobre esta operación recae el reproche del Recurso de Casación por violación de las reglas de la sana critica de acuerdo con el motivo planteado, considerando que la violación a esas reglas que rigen el correcto entendimiento humano, constituyen un problema de fundamentación de la sentencia; por ello el legislador en el artículo 338 del Código Procesal Penal, ubica dentro de la “fundamentación del fallo” (regla cuarta), la valoración de la prueba.- Las reglas de la Sana Crítica, entonces, constituyen la especie dentro del género conocido como fundamentación. En el sistema de la sana crítica racional, que implementa nuestro sistema procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoles que las conclusiones a los que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoye.- En este sistema el juzgador no tienen reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pro esa libertad tiene límites.- En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir Las Normas De La Lógica, la psicología y la experiencia común. Dentro de las reglas de la lógica, a la que debe de sujetarse el juzgador en la valoración de la prueba, según lo exigen los Artículos 202 y 336 del Código Procesal Penal y el. Artículo 338, sección cuarta numeral 2: 2.- Valoración de la prueba “Seguidamente se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando según las reglas de la Sana Critica, el valor que se haya dado a las practicadas enjuicio, y en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados” - La motivación debe ser concordante: a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. La Ley de la razón suficiente sostiene que cada elemento probatorio debe de estar sustentado por otros elementos de prueba, permitiendo que cada probanza sirva de soporte a otra en otras pruebas. La sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación en los artículos mencionado. En el presente proceso con la finalidad de acreditar los hechos el Tribunal de Sentencia ha violentado las reglas de la sana crítica como ser las normas de la lógica en su Ley De Razón Suficiente en virtud que la prueba que valoró para establecer el primer hecho probado fue la declaración en etapa preparatorio de los testigos Maria Pedrina Y O. N.l P. S., realizada en Audiencia Inicial. Efectivamente se ha manifestado contradictorio aquella declaración, declaraciones a las que hace referencia el Tribunal, que no son aptas para sustentar válidamente el fallo de condena, pues ello constituye una infracción al Artículo 336 del Código Procesal Penal que establece: “el tribunal, para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán preciadas en su conjunto y de acuerdo a las reglas de la sana crítica”. Con lo dispuesto en la norma procesal antes referida el legislador procura evitar a arbitrariedad de las decisiones judiciales, resguardando los principios fundamentales que integran el proceso penal, como la oralidad, contradicción, e Inmediación, mismos que no podrían observarse tratándose de pruebas que no han sido practicadas en el juicio, tal como lo que ocurre en el caso de mérito en donde el Tribunal razona con la prueba documental, rendida en audiencia inicial y que en todo caso el hecho que los testigos, exteriorizan varias versiones sobre un mismo hecho, esto, antes que interpretarlo en contra del imputado y mientras no se pruebe enjuicio alguna causa que la motivara a cambiar su versión de los hechos, lo que debe derivar es un descrédito de los testigos.”. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA IV.I.- Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. IV.II- Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por el Abogado Denys Alberto Funes Laínez, Defensor Privado del acusado José Gusman Hernández Pineda.- Motivo Único. Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 89 de la Constitución de la República; Concepto de la Infracción: Violación al Derecho/Principio de Inocencia, por insuficiencia probatoria; Pretensión: Sin determinar por el Pretensor. El Pretensor alega que dos medios de prueba documental, consistente en el acta donde constan las declaraciones de la Señora Maria Pedrina Sarmiento y del niño O. N. P. S., no pueden considerarse suficientes para acreditar la responsabilidad del acusado en el delito acusado, en especial por las grandes contradicciones que existen en sus deposiciones; detalla el Pretensor que las contradicciones consisten en que mientras el niño P. señala que le fue a avisar a su madre que habían herido a su padre (ofendido), la Señora Sarmiento señala que quien llego a la casa fue el ofendido; que el menor señala que el acusado inmediatamente después de disparar se fue montado en un semoviente, mientras que la testigo Sarmiento indica que al rato de escuchar los disparos llego el ofendido y que después vio al acusado montarse a un semoviente.- Agrega el Pretensor que el haber introducido por lectura las declaraciones violenta el derecho de defensa del acusado al no haber tenido la oportunidad de preguntar a los testigos. IV.II.I- Del Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia El derecho al Estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89 establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; éste derecho-principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3) De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la Sentencia Condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al Juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, éste derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Sentencia de fecha 01 de Septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: 128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá de examinar (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. IV.II.II. De la Procedencia del Recurso EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- En revisión del recurso presentado, ha entendido esta Sala de lo Penal que por un error material el Pretensor ha hecho una designación equivoca del tipo de recurso interpuesto, pues anuncia éste como Casación por Infracción de Ley, más en el desarrollo de libelo es claro que se trata de un recurso de casación por infracción de precepto constitucional, por lo que este Supremo lo tendrá como planteado de esa forma, procediendo a la respuesta que amerita. En el Recurso se señala claramente que el precepto que se considera infringido es el contenido en el artículo 89 de la Constitución de la República y que el vicio denunciado es la supuesta violación al Principio/Derecho de Inocencia, por considerar el Pretensor que la sentencia no contiene la carga probatoria suficiente que sustente un pronunciamiento condenatorio; sin embargo en el cuerpo de su exposición el Pretensor se desborda de dicho planteamiento, migrando su alegato a otros estadios, ello cuando protesta por la supuesta violación al derecho de defensa o cuando cuestiona la valoración hecha al medio de prueba Acta de Levantamiento de Cadáver por considerar que éste es falto de cientificidad.- Es importante señalar al Pretensor que una debida técnica recursiva exige que una vez planteado el recurso y definido el motivo no es posible su variación, pues ello no solo constituye un vicio de falta de precisión de planteamiento, sino que además se deshonra el compromiso de argumentar y demostrar el vicio originalmente expuesto, so riesgo además de que el recurso se torne en confuso.- Es por ello que esta Sala de lo Penal se limitara a dar respuesta al motivo en lo referente al planteamiento inicial, sin acompañar en su error al Pretensor dando respuesta a otros alegatos distintos a aquel. La protesta contra la Sentencia condenatoria es por violación al derecho/principio de inocencia por insuficiencia probatoria, pues se ha expuesto que la lectura del acta de la audiencia inicial donde constan las declaraciones de dos testigos es insuficiente para demostrar la responsabilidad del acusado.- La Tarea entonces de este Tribunal de Casación es hacer evaluación si se presentó durante el debate suficiente prueba dirigida a demostrar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Homicidio, el grado de participación y extensión de culpabilidad del acusado, sin que ello implique evaluación sobre la fuerza acreditativa de la prueba, pues ello solo corresponde al Juzgador de la Primera Instancia, ni tampoco revisión sobre el proceso lógico de valoración, pues ello solo puede realizarse cuando el motivo de la impugnación es la violación de las reglas de la sana critica en los casos de los recursos por casación por quebrantamiento de forma. Fue prueba presentada durante la audiencia de debate: 1. Certificación de acta de nacimiento No. 1301-1986-00590, del Señor José Gusman Hernández Pineda, extendida por el Registro Nacional de las Personas, indicando el Tribunal de Sentencia que ello le permitió conocer la identidad plena del justiciable; 2. Introducción por lectura de la declaración testifical rendida por la Señora María Pedrina Sarmiento, compañera de hogar del ofendido Juan Pineda y cuñada del acusado José Hernandez Pineda, con la cual el Tribunal de Sentencia tuvo acreditado la participación de éste último en la muerte del primero; 3. Introducción por lectura de la declaración testifical rendida por el niño O. N. P. S., hijo del ofendido Juan Pineda, con la cual el Tribunal de Sentencia de igual forma tuvo acreditado la participación de éste último en la muerte del primero; 4. Acta de Inspección ocular de fecha 14 de Diciembre de 2011, realizado en la Aldea Plan de Toro, Municipio de Gracias, Departamento de Lempira, del lugar donde ocurrió el delito, dando por acreditado el A-Quo el hallazgo de 04 casquillos percutidos en el lugar resultantes de los disparos de arma de fuego hechos al ofendido; 5. Acta de Inspección ocular de fecha 14 de diciembre de 2011, realizada en la Aldea de El Coral, Municipio de Gracias, Departamento de Lempira del lugar donde fue encontrado el cadáver del Señor Juan Pineda, con la que el A-Quo tuvo acreditada la muerte real del ofendido, así como las lesiones que presentaba su cuerpo; 6. Acta de Levantamiento Cadavérico sobre diligencia realizada el 14 de diciembre de 2011, a las 09:00 a.m., en el Caserío Plan de Toro, aldea El Coral, Municipio de Gracias, Departamento de Lempira, reconociendo el cuerpo sin vida del señor Juan Pineda, con la que el Tribunal de Sentencia tuvo por acreditada la muerte de éste como consecuencia de lesiones producidas por proyectil de arma de fuego; y 7. Inscripción de Defunción No. 1301-2011-00187, del Señor Juan Pineda, que establece que éste falleció el 14 de diciembre de 2011, con lo que el A-Quo tuvo por probada su muerte legal. El recuento anterior hace ver a este Supremo que el alegato del Pretensor es improcedente, pues ciertamente es suficiente la prueba evacuada en debate al estar dirigida a demostrar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Homicidio por el cual se ha acusado al Señor José Hernández.- La Prueba in comento, llevo al Tribunal de Sentencia a determinar que el 14 de diciembre de 2011, en el Caserío Plan de Toro, de la Aldea El Coral, del Municipio de Gracias, Departamento de Lempira, perdió la vida el Juan Pineda, como consecuencia de múltiples heridas provocadas por disparos de arma de fuego, realizados por el acusado José Hernandez Pineda; todos los aspectos relevantes y que son determinados por el legislador como elementos integrantes del tipo penal de Homicidio están reproducidos en el acervo probatorio, ello con independencia si existió o no un correcto razonamiento probatorios, pues ello no es el objeto del recurso que se ha presentado. Como base de su argumento el Pretensor alega que las dos únicas declaraciones testificales aportadas son contradictorias entre sí, migrando entonces su reclamo de suficiencia probatoria a la revisión de un debido razonamiento probatorio, lo que implica un mal planteamiento del recurso; con todo, esta Sala de lo Penal al comparar las declaraciones cuestionadas no encuentra contradicciones esenciales que lastimen el principio/derecho de inocencia: 1. La Señora María Pedrina Sarmiento, al inicio de su declaración señaló que era compañera de hogar del ofendido Juan Pineda y cuñada del acusado José Hernández Pineda; que entre los mencionados habían tenido un problema hacía nueve meses por bebidas alcohólicas; que el 14 de diciembre, alrededor de las seis de la mañana, mientras uno de los niños estaba afuera orinando, el ofendido salió de la casa a la pulpería a comprar azúcar y la declarante iba a atizar el fuego, cuando escuchó cuatro disparos; que al “ratito” el ofendido llego por detrás de la casa diciéndole: “Pedrina chúpame que Gusman me baleo”, refiriéndose a que le succionara la sangre acumulada en la herida, repitiéndole eso por tres veces antes de morir; que la declarante trato de ayudarle succionándole la sangre; que observo que el ofendido tenía un disparo en la espalda que le salió por “la chiche” (pezón); que después la declarante salió y observó al acusado que iba corriendo; 2. Declaración testifical del niño de nueve años O. N. P. S., quien señalo entre otras cosas: Que vive en el Caserío Plan de Toro, de la Aldea El Coral; que su mamá se llama Pedrina Sarmiento y que su papá se llamaba Juan Pineda, el cual se encuentra en el panteón porque lo mataron; que a su papá lo mato Gusman con una pistola; que a las seis de la mañana estaba en su casa orinando afuera, la mamá atizando el fuego y que su papá estaba comprando azúcar donde la Señora Lidia y que en eso Gusman se bajó de la mula, saco una pistola de la cintura y le disparo al Papá en cuatro ocasiones; que la mula era color blanco; que Guzmán después se subió a la mula y se fue; que el declarante salió corriendo a contarle a su mamá; que después su papá se “trepo” (Subió) al caminito y le fue a decir a la mama que le “chupara” (succionara) la sangre. Existe coincidencia en cuanto al lugar de los hechos, además del momento en que éste ocurrió: las seis de la mañana del 14 de diciembre de 2011; los testigos además coinciden en relación a lo que el otro estaba haciendo en ese momento y el ofendido: La Señora Pedrina Sarmiento en la cocina encendiendo el fuego, el menor O. P. estaba afuera de la casa a orinar y el ofendido había salido con dirección a la casa de una persona identificada como Lidia a comprar azúcar; en cuanto a la identificación de la persona que disparo en contra del ofendido, el testigo O. P. es un testigo presencial al identificar al acusado José Hernández, entretanto la testigo Pedrina Sarmiento es un testigo de referencia al reproducir lo que escuchó del propio ofendido quien le señalo que había sido Gusman quien le había disparado; es importante advertir que el acusado no es una persona desconocida para los testigos, es decir no es alguien al cual veían por primera vez, pues la testigo Pedrina Sarmiento indica que éste es su cuñado, lo que hace entonces más creíble que los testigos hayan identificado a la persona agresora.- Para el Pretensor la contradicción es en la afirmación de la Señora Pedrina Sarmiento de que pudo ver al acusado salir en veloz carrera, pues no coincide en los tiempos con lo señalado por el niño O. P.: i).- El niño O. P. indica que después de que el acusado disparo al ofendido se montó en la mula y se fue del lugar; ii).- La Señora Pedrina Sarmiento señala haber escuchado los disparos, que al ratito llego el ofendido indicándole que el acusado le había disparado, por lo que la testigo procedió a auxiliarlo, viendo al acusado salir en veloz carrera; la denuncia hecha por el Pretensor no toma que la Testigo Pedrina Sarmiento explicó que estaba en la cocina cuando escucho al ofendido, saliendo a su encuentro al pasillo, entendiéndose que este queda afuera de la vivienda, teniendo entonces la oportunidad de ver al exterior entretanto atendía al ofendido; el Pretensor no debe de entender que la Señora Pedrina observó al acusado después de que el ofendido había muerto, lo cual ocurrió media hora después de la agresión, sino que ello ocurre entretanto ésta atendía a su compañero de hogar en el pasillo de la casa. Habiendo finalizado el estudio del caso no encuentra esta Sala de lo Penal que exista transgresión al derecho/Principio de Inocencia por insuficiencia probatoria, tal y como se ha denunciado en la interposición del recurso de casación por infracción de precepto constitucional, por lo que debe de ser declaro sin lugar éste. IV.III. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez debe de estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. IV.IV.- Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Abogado Denys Alberto Funes Laínez, Defensor Privado del acusado José Gusman Hernández Pineda.- Primer Motivo. Normas Autorizantes: Artículo 362.2 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: Valoración de medios de prueba no incorporados legalmente al juicio; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 311 y 332 del Código Procesal Penal; Reclamación Ex Ante: Sin Determinar por el Pretensor. Pretensión: Sin determinar por el Pretensor. Evoca el Pretensor el Código Procesal Penal, señalando que éste cuerpo legal considera como prueba testifical a aquella declaración que se rinde en la audiencia de debate, conforme lo indican los artículos 328, 329 y 330, por lo que de no ocurrir esto el Tribunal de Sentencia no puede valorar la prueba como testifical; señala que en el caso de autos el Tribunal de Sentencia valoro como prueba testifical lo que en realidad era una prueba documental, consistente en el acta de la audiencia inicial donde constaban las declaraciones de María Pedrina Sarmiento y O. P.; concluye que al basar la sentencia en prueba documental valorada como prueba testifical, implica que la decisión se basa en prueba no incorporada en juicio. IV.IV.I.- De la Oralidad en el Proceso Penal y la Introducción de prueba por Lectura como su Excepción. Es oportuno establecer que uno de los principios rectores del proceso penal es la Oralidad, derivado del artículo 94 de la Constitución de la República el que determina que “A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio…”, pues el ser oído implica una comunicación oral; también en los mismos términos se pronuncian los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. La importancia de la oralidad está reflejada en su insistente regulación procesal, misma que comienza en el artículo 1 del Código Procesal Penal, más sin embargo, es el artículo 4 que señala que esta forma de comunicación será la regla general en el proceso, salvo en los casos que expresamente se determine lo contrario; especifica la norma procesal en el artículo 310 que “las declaraciones del imputado, de los testigos y peritos y las demás intervenciones que se produzcan durante el debate, así como, las resoluciones o sentencia que dicte el respectivo tribunal, serán orales…” sin perjuicio de que el registro de estas actuaciones pueda ser por escrito. El Principio de Oralidad implica entonces que el proceso penal se regirá bajo una estructura predominantemente a base de audiencias, donde los sujetos y actores del proceso se comunicaran entre sí a través de la palabra hablada como regla general, principio que adquiere más relevancia en la fase de juicio ya que posibilita que otros principios rectores sean igualmente observados, ello a causa de su interdependencia, como ser: la inmediación (Art. 306), la contradicción (Art. 4CPP), la concentración (Art. 306 y 312 CPP) y la publicidad (Art. 308CPP).- Ahora bien y como sucede normalmente en el derecho, éste Principio no es de carácter absoluto, el Código de Rito en el artículo 311 advierte que existen circunstancias, taxativamente enunciadas, que autorizan incorporar por lectura algunas actuaciones que normalmente deben de realizarse en la audiencia de debate oralmente, estas circunstancias son especialísimas, constituyen la excepción al principio de oralidad y deben ser debidamente justificadas y motivadas por el Tribunal de Sentencia; entre estas circunstancias tenemos la prevista en el numeral 2 del artículo 311. Señala el segundo numeral que se podrán incorporar por su lectura: “Los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral.”.- Partiendo de la norma se puede determinar que son requisitos para la incorporación de lectura de una declaración testifical o pericia rendida en la etapa preparatoria: 1. Que figure como medio de prueba a reproducir en la audiencia de debate, ya sea por haber sido admitido como tal en la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 CPP) o en la etapa de Incidentes de la audiencia de debate cuando así proceda (Art. 320 CPP); 2. Que el Testigo o el Perito no pueda ser habido a la audiencia de debate por: a. Imposibilidad, entendiéndose como tal la incapacidad sobrevenida y permanente del testigo de dar a conocer lo que sabía de los hechos, esto por muerte o por enfermedad incapacitante; b. Extraordinaria dificultad que acontece cuando el testigo pudiendo externar lo que sabe de los hechos, no es posible hacerlo llegar a la audiencia de debate el día en que se previó su comparecencia o durante un término no mayor de quince días, como es en los casos de que el testigo se encuentre fuera del país o no pueda ser localizado dentro del territorio nacional aun cuando se hayan realizado diligencias para ello; y 3. Que el testigo haya rendido su declaración o el perito haya presentado su dictamen en la Etapa Preparatoria (Art. 264 CPP) del proceso penal. La valoración de la declaración introducida por lectura o del dictamen introducido por lectura deberá de conforme a las reglas de la sana critica (Art. 202 CPP), con especial cuidado a los aspectos que hayan podido limitar las garantías de contradicción e inmediación; viendo obligado el Tribunal de Sentencia, de manera ineludible, hacer un examen riguroso de dicho de medio de prueba, pues a la postre se trata de una conversión de un medio de prueba testifical o pericial por uno documental. Las partes podrán recurrir la sentencia que valore un medio de prueba introducido por lectura a la audiencia de debate: 1. Mediante la presentación del recurso de casación por quebrantamiento de forma al amparo del artículo 362.2 del Código Procesal Penal, alegando la introducción indebida por lectura del medio de prueba en violación a alguna de las reglas contenidas en el artículo 311 del mismo Código; y/o 2. Mediante la presentación del recurso de casación por quebrantamiento de forma al amparo del artículo 362.3 del Código procesal Penal, alegando una inadecuada valoración del medio de prueba introducido por lectura, colisionando con la regla contenida en el artículo 202 del Código indicado. IV.IV.II.- De la Procedencia del Recurso El Recurso no es de Recibo.- En fecha 10 de diciembre de 2012, el Tribunal de Sentencia celebró audiencia de proposición de medios de prueba (f. 96), en donde el Ministerio Público propuso, entre otra prueba, las declaraciones testificales de la Señora María Pedrina Sarmiento y del niño O. N. P., a rendirse de manera oral en la audiencia de debate; prueba que fue admitida por el A-quo, al determinar que superaba el juicio de admisibilidad.- En fechas posteriores y como parte del proceso de preparación para la celebración del debate, la Receptoría del Tribunal de Sentencia se planteó citar a los testigos para su comparecencia a la audiencia, informando al Tribunal mediante constancia del 23 de septiembre de 2013, que se había personado en la casa de habitación de aquellos sin haberlos encontrado, siendo enterada por una persona que los testigos se había ido del país hacía algunos meses (f. 101); como consecuencia, el Tribunal de Sentencia resolvió publicar en fechas 3, 4 y 5 de Octubre de 2013, edictos en un periódico de circulación nacional a fin de citar por tal medio a los testigos para que se presentasen a la audiencia de debate (f. 111 al 113); en fecha 16 de Septiembre de 2013 se dio inicio a la audiencia de debate (f. 120), solicitando el Ministerio Público la introducción por lectura de las declaraciones de los testigos referidos, ello como consecuencia de no haber sido localizados aun a pesar de ser buscados en su domicilio y citados por edictos, siendo resuelta tal petición con lugar por el A-Quo, aun en contra del criterio de la Defensa Privada, para quien lo peticionado por el Agente Fiscal era improcedente. El acumulado judicial registra que la petición formulada por el Ministerio Público era procedente y por ende correcta la decisión del Tribunal de Sentencia, respecto a la introducción por lectura en la audiencia de debate de las declaraciones testificales de la Señora Maria Pedrina Sarmiento y del Niño O. N. P., pues sus declaraciones habían sido admitidas como medio de prueba testifical de previo, constatándose que no fue posible su localización y citación personal por parte de la Receptora del Tribunal de Sentencia, y que tampoco la citación por edictos arrojo un resultado positivo para que estos llegasen a la audiencia de debate, cumpliéndose así entonces la excepción contemplada en el artículo 311.2 del Código Procesal Penal por la dificultad para que los testigos sean escuchados en la audiencia. Es importante insistir que mediante este recurso no se audita si el proceso valorativo de los medios de prueba introducidos por lectura ha sido el correcto, sino que se haya producido alguna de las circunstancias que prevé el artículo 311 del Código Procesal Penal que autorice la introducción por lectura de testimonios que hayan sido rendidos de manera previa a la audiencia de debate, como acontece en el presente caso. El Pretensor señala como vicio que el Tribunal de sentencia al valorar el medio de prueba lo hizo como si se tratase de un medio de prueba testifical, cuando en realidad era un medio de prueba documental; tal reclamo estriba estrictamente en la voz con que se le denomina al medio de prueba, sin explicar cómo ello produce un perjuicio efectivo en la legalidad del medio probatorio, quedando el argumento vacío y sin sentido alguno.- Para esta Sala de lo Penal es claro que lo valorado es el contenido de un documento donde está registrado la declaración testifical de dos personas, declaraciones a las que se refiere el A-Quo al momento de hacer su valoración probatoria y que fueron introducidas por lectura por concurrir el presupuesto del numeral 2 del artículo 311 del Código Procesal Penal, como se ha explicado de previo. IV.V. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Abogado Denys Alberto Funes Laínez, Defensor Privado del acusado José Gusman Hernández Pineda.- Segundo Motivo. Normas Autorizantes: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 202 y 336 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: Violación de las Reglas de la Sana Critica; Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el Pretensor; Pretensión: Sin Determinar por el Pretensor. El Pretensor denuncia que el Tribunal de Sentencia ha violentado el Principio Lógico de Razón suficiente, en virtud de que el primer hecho declarado probado está basado en declaraciones testificales tomadas en la Etapa Preparatoria, lo que constituye violación al artículo 336 del Código Procesal Penal que manda que solo se tendrán en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate. IV.V.I.- De la Procedencia del Recurso EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- El Pretensor a equivocado el motivo de su recurso de casación, pues la denuncia interpuesta no es como consecuencia de un indebido razonamiento valorativo de los Señores Jueces de Sentencia a causa de su divorcio con las reglas de la sana critica, sino que se dirige a cuestionar que la prueba testifical no fue evacuada en la audiencia del debate, lo que constituye un motivo distinto. Adicionalmente es importante señalar que los medios de prueba cuestionados, consistentes en las declaraciones de la Señora María Pedrina Sarmiento y del niño O. N. P. S., si fueron evacuados durante la audiencia de debate, pues sus dichos fueron introducidos por lectura que realizara la Secretaría del Tribunal durante la audiencia, ha oído de todos los presentes, quienes tuvieron la oportunidad de formular sus observaciones sobre ésta para ser tomadas en cuenta por los Jueces al momento de la valoración probatoria; estrictamente entonces se ha respetado el mandado del artículo 333 del Código Procesal Penal que dispone que solo podrán ser valoradas los medios probatorios que hayan sido evacuados en juicio siendo que el acta en donde constaban dichas declaraciones fue evacuada en juicio y de valoración obligatoria por el A-Quo. Se insiste, el Pretensor no reclama la inobservancia de normas que componen el correcto entendimiento humano, sino que el medio de prueba valorado no fue evacuado en la audiencia de debate, lo que constituye una denuncia falsa, pues se aprecia en el acta de debate que el acta donde constan las declaraciones testificales fue leída debidamente por la Secretaría del Tribunal en el debate (f. 123). V. DECISIÓN 1. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo; y 2. NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos. VI. POR TANTO LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, DECIDE: PRIMERO Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el Abogado Denys Alberto Funes Laínez, Defensor Privado del acusado José Gusman Hernández Pineda,.- SEGUNDO Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado Denys Alberto Funes Laínez, Defensor Privado del acusado José Gusman Hernández Pineda,.- SEGUNDO: Declarar FIRME y EJECUTABLE la Sentencia de fecha dieciocho (18) de noviembre de dos mil trece (2013) (f. 128), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, en la cual se declara la responsabilidad penal del Señor José Gusman Hernández Pineda, por ser responsable de un delito consumado de Homicidio, en perjuicio del Señor Juan Pineda.- Y MANDA: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- Notifíquese.- FIRMAS Y SELLO.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado Coordinador.- Alma Consuelo Guzmán García.- Magistrada.- José Olivio Rodríguez Vásquez.- Magistrado .- firma y sello.- josé ramón cruz ferrera.- receptor adscrito.- sala de lo penal”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de enero del año dos mil dieciocho.- Certificación de la sentencia de fecha veintidós de noviembre del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-91-2014.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

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[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.