Sentencia CP-83-13 — Registro 7897
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de violación especial.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"..IV.IV.II- De la Procedencia del Recurso EL RECURSO NO ES DE RECIBO.-La Sala de lo Penal encuentra la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de Sentencia, contenida en la ahora sentencia impugnada, acorde con las reglas de la sana crítica, sin que exista disparidad entre las conclusiones arribadas por los Juzgadores y los postulados del sistema de valoración de la prueba que manda la ley procesal en su artículo 202. El Tribunal de Sentencia hace una valoración conjunta de los medios de prueba testifical de la Señora M. de la C. P. y de la niña M. L. C. P., ello después de haber igualmente valorado el Dictamen Médico Pericial; La conclusión arribada por los Juzgadores es la existencia del delito y al responsabilidad del acusado en él.- La Sala de lo Penal reflexiona que la conclusión de culpabilidad es una derivación de las razones suficientes que la prueba aporta, pues se tiene un modelo de comportamiento previo del acusado descrito por la Señora M. de la C. P., en el que el acusado realizó actos de tocamiento a la hermana de ésta, actos devoyeurismo en perjuicio de la menor, comportamiento sexual activo con personas menores de edad, formulación de interrogantes de médicos sobre si la menor había sido objeto de agresión sexual mucho antes de que ésta revelara lo sucedido; Por otro lado la menor ofendida M. L. C., quien en un lenguaje propio de su edad y a su entendimiento, expresó lo ocurrido frente a los jueces, los que con la inmediación con la que contaron concluyeron que esta era creíble; Finalmente el Tribunal pudo saber que ocurrió después de que la menor diera a conocer lo ocurrido, sabiendo mediante el testimonio de la Señora M. de la C. P., que el acusado decidió irse de la casa en la madrugada siguiente, no sin antes referir que no recordaba, que tenía la bragueta abierta y que se había equivocado. V. DECISIÓN No ha Lugar los Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo y el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo...."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete días del mes de Enero del año dos mil diecisiete (2017), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La siguiente SENTENCIA conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciocho de septiembre de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de El Progreso Departamento de Yoro, mediante la cual falló: 1) Condenando al acusado A. C. G., a la pena de nueve (9) años de reclusión, por el delito de violación especial, en perjuicio de M. L. C. P.. 2) Condenando al acusado A. C. G., a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil.3) Declaró la responsabilidad civil del condenado A. C. G.. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, el Abogado C. A. R. T., en su condición de Apoderado Legal del Señor A. C. G. Son Partes En Única Instancia: El Abogado C. A. R T. Defensor Privado del acusado A. C. G., en su condición de Recurrente y la Abogada C. A. M. P., Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrente. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA UNICO: En el año dos mil tres, la joven M. L. C. P., quien en ese entonces tenía nueve años de edad, vivía junto a sus padres en la casa de habitación de sus abuelos maternos, situada en la aldea Santa Ana de Aguan en el Municipio de Yoro, Departamento de Yoro y una mañana en la que M. L. C. P. aún no se levantaba de su cama llegó su padre A. C. G. la desvistió y le introdujo el pene en su vagina.”. III. RECURSO DE CASACIÓN.- MOTIVOSY ARGUMENTOS ”EXPOSICION DE MOTIVO POR INFRACCION DEL PRECEPTO CONSTITUCIONAL. UNICO MOTIVO: Haberse producido Infracción de Precepto Constitucional en el Desarrollo del Proceso. Artículo 89 de la Constitución de la República, que se lee así: “Toda persona es inocente mientras no haya sido declarada su responsabilidad por autoridad competente.” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en Artículo 361 del C.P.P. que dice: “En todos los casos en que, con arreglo a este Código, pueda interponerse recurso de casación contra una resolución judicial, será suficiente para fundamentarlo, la infracción de precepto constitucional. “EL CONCEPTO DE LA INFRACCION LO EXPLICO DE LA SIGUIENTE MANERA: En nuestra normativa constitucional se consagra como derecho individual, el estado de inocencia que asiste a toda persona. O sea que en Honduras no se presume que un imputado es inocente, sino que constitucionalmente es inocente. Se vulnera el estado de inocencia consagrado en nuestra Carta Magna: a) Cuando se condena sin pruebas, y, b) Cuando las pruebas producidas en el juicio son insuficiente, y esto se da cuando no evidencian la concurrencia de los elementos que configuran el tipo objetivo. Veamos, entonces, cuáles los elementos que integran el tipo de violación especial por el cual se ha condenado al señor A. C. G.: el acceso carnal con otra persona, cuando la víctima fuere menor de catorce años (artículo 140 numeral 1 del Código Penal). Se impone, por lo tanto, que se determine si las pruebas vertidas en el debate acreditan que existió acceso carnal, si mi representado es el responsable de la acción delictuosa, si la supuesta víctima era menor de catorce años cuando el hecho se dio. En el desarrollo de un proceso penal muchas veces la única prueba de cargo resulta ser la manifestación del propio agravio, que se convierte en único testigo.-Delitos, sobre todo contra la libertad sexual en la modalidad de violación de menor de edad (VIOLACION ESPECIAL), son los que con más frecuencia presentan estos problemas, pues el juzgador tiene la difícil tarea desentrañar este testimonio y determinar si constituye prueba válida, de cara a la condena de un imputado. Como es obvio, este tipo de testimonios deben ser valorados en Juicio Oral, para que se respeten todas las garantías constitucionales. El presente motivo va orientado a demostrar que la sentencia recurrida se sustenta básicamente en prueba insuficiente, que a criterio de esta defensa es ambigua, endeble e inconsistente, constituyendo una prueba carente de todo certeza fáctica; razón por la cual no podía generar certeza en el juzgador para condenar a mi representado.- Sin lugar a dudas, el derecho a la presunción de inocencia se consolida como una de las garantías más importantes del ciudadano. Por ello, en el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, el derecho a la presunción de inocencia aparece considerado en el artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el sentido de que “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. (...)“ De igual modo, el citado derecho es enfocado en el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En relación con esta última, “(...) la Corte ha afirmado que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la Idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad es demostrada”. En cuanto a su contenido, conviene resaltar en este lugar la exigencia de una suficiente actividad probatoria, de cargo y constitucionalmente legítima, como base indispensable para destruir el derecho a la presunción de inocencia. Nuevamente, trayendo a colación la jurisprudencia constitucional, podemos decir que: El principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal que corresponde actuar a los Jueces y Tribunales; que la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos hechos de prueba, y que la actividad probatoria sea suficiente para generar en el Tribunal la evidencia de la existencia no sólo del hecho punible, sino también la responsabilidad penal que en él tuvo el acusado y así desvirtuar la presunción”((jurisprudencia constitucional peruana (cfr. STC 0618-2005-PHC/TC FJ 22). Entonces, delimitado el alcance de este derecho fundamental en cuanto a la entidad probatoria necesaria para fundamentar una condena penal, es preciso analizar, ahora, la vinculación entre el derecho a la presunción de inocencia, la exigencia de una suficiente actividad probatoria y las especiales dificultades de prueba en los delitos sexuales. Ahora bien, sentada la premisa anterior —una suficiente actividad probatoria como exigencia del derecho a la presunción de inocencia- parece incontestable afirmar que, tratándose de delitos sexuales, se produce algo así como un punto de inflexión en esta exigencia constitucional. Esta afirmación nos permite sostener la siguiente tesis: En el ámbito de los delitos contra la libertad sexual, siendo que la clandestinidad marca sus rasgos esenciales, se ha convertido a la declaración de la víctima en un punto de inflexión en la exigencia de una suficiente actividad probatoria, constitucionalmente legítima y de cargo, de cara a derrumbar la presunción de inocencia. En otras palabras, al parecer: tratándose de delitos sexuales, basta la mera imputación de la víctima para fundamentar una condena penal. Que esto sea así, quizás se pueda explicar porque “estos delitos (…) muchas veces se cometen de manera solitaria, en la que falta la presencia de testigos directos y donde por lo general se echa de menos la falta de prueba documental”. Es que los delitos contra la libertad sexual “constituyen criminológicamente delitos clandestinos, secretos o de comisión encubierta” (C. A., J. L., “La declaración de la víctima como medio probatorio en los delitos contra la libertad e Indemnidad sexual”, ob., cit., pág., 08). Significa entonces que este tipo de delitos suelen cometerse en ámbitos privados, sin la presencia de testigos, y muchas veces sin la existencia de rastros (desfloración, sangre, semen, huellas, etc.) que puedan develar lo sucedido a través de las pericias técnicas específicas como en el caso de autos”,(lo subrayado es mío).Por ello, esta defensa comprende que la víctima de un delito de violación es un testigo con un estatus especial y su declaración presenta un valor de legítima actividad probatoria. Pero, además, entendemos, existen razones de índole político-criminal que abonan la plausibilidad de esta hipótesis. Así, por un lado, la declaración de la víctima puede generar un pronunciamiento condenatorio para evitar la impunidad de muchos delitos sexuales y, con ello, el resquebrajamiento de la vigencia de la norma. Pero por otro lado, Si fuésemos especialmente meticulosos en la valoración probatoria y censuráramos, sin más, la deposición del testigo-víctima por su particular interés en el resultado del proceso, con toda seguridad, la impunidad campearía con el consiguiente resquebrajamiento de la confianza en la norma. (Extracto de la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Español del 28 de octubre de 1992 y del 11 de julio de 1990).Pese a estas afirmaciones, no debe soslayarse que “las características que rodean los delitos sexuales, y el modo como se interpreta la prueba, los hace proclives a las falsas denuncias (...) la mecánica procesal es en un muchos casos una verdadera invitación a realizarlas (...). La práctica cotidiana refleja que tales motivaciones se incrementan con finalidades cada vez más espurias y bajas (...). Una cuestión de celos, diferencias con la cuota alimentaria, la división de los bienes de la sociedad conyugal o siempre la venganza hacia un tercero, por el motivo que fuere, pueden originar la denuncia falsa.” (M. T., A., “Delitos sexuales”, ob., cit, págs., 246). Con todo, buscando un punto intermedio entre las afirmaciones precedentes, es preciso recordar que “la necesidad socialmente destacada de tutelar con la máxima contundencia la libertad sexual no puede conducir al debilitamiento de los principios fundamentadores de un Derecho penal democrático, como son, entre otros, los de proporcionalidad, culpabilidad y legalidad» (Extracto de la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Español Nro. 1030/2006, de fecha 25 de octubre del 2006).En efecto, dejar en manos del prudente criterio jurisdiccional la suerte de quien es acusado por un delito sexual, siembra significativos temores de condenar a un inocente. Estas dudas bien fundadas sobre la plausibilidad del testimonio de la propia víctima de agresiones sexuales, han llevado a considerar exigibles una serie de pautas valorativas al momento de sustanciar una sentencia judicial, pues como ha destacado HASSEMER. “ ¿de qué sirve la vinculación a la ley, si el juez puede escoger libremente los hechos, a los que luego, eso sí, aplica la ley con estricto cumplimiento de las reglas?» (HASSEMER, citado por MUÑOZ CONDE, Francisco, “La vinculación del Juez a la ley, en la búsqueda de la verdad en el proceso penal”, ed., 1°, edit., Hammurabi, Buenos Aires, Argentina, 2000, pág., 33.) Para contrarrestar este punto de inflexión en la exigencia de una suficiente actividad probatoria, las cautelas respecto de estos testimonios se levantan, sobre todo, al reparar que sobre la víctima pesa la sospecha de que su testimonio no es tan aséptico e imparcial, al haber sufrido los perjuicios ocasionados por el delito. En efecto, se entiende por testigo aquel sujeto que resulta ser un tercero ajeno al hecho delictivo y que, por ende, se encuentra en una posición de imparcialidad objetiva; particularidad, en todo caso, difícilmente predicable del testigo-víctima. Justamente por ello, para tratar de superar esta falta de imparcialidad, es necesario contar con alguna corroboración que permita superar esta sospecha originaria. En ese sentido hay una serie de garantías de certeza judicial de larga trayectoria en la jurisprudencia española-, a saber a) ausencia de incredibilidad subjetiva, b) verosimilitud y c) persistencia en la incriminación; que permitirán, en definitiva, someter la declaración de la víctima a un control de credibilidad. Se presentan dos momentos procesales de vital importancia; primero, la manifestación de la agraviada y segundo, el certificado médico legal. Al respecto debemos tener mucho cuidado al valorar sobre todo el segundo de los elementos expuestos, pues muchos jueces creen que basta con la conclusión de “himen con desfloración antigua (...), para que la persona comúnmente detenida sea el responsable de dicho hecho punible. Consideramos que este tipo de conclusiones sólo demuestra una relación de causalidad entre el delito cometido y el sospechoso, pero que aún es insuficiente para generar convicción, sobre todo en las denuncias tardías o donde ha pasado un lapso de tiempo prudente entre el hecho y la noticia criminis. (De este mismo parecer es el Tribunal Supremo Español Segunda Sala Penal. Sentencia de fecha: 30 de abril de 2007. Puede visualizarse en: http://www.upfiscales.com/info/senten_relv/Re06P168.htm. Tambien el Tribunal Constitucional Español en la Sentencia de fecha 27 de Febrero de 2007, Puede visualizarse en: http://www.tribunalconstitucional.es/AUTOS2007/ATC2007-175 .htm).Apliquemos las garantías de certeza que la jurisprudencia española señala al caso que nos ocupa. a) Ausencia de incredibilidad subjetiva. Es decir, que no existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en el odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición, que por ende le nieguen aptitud para generar certeza. Nótese que el mismo tribunal de sentencia, atribuye valor a la declaración M. L. C. (víctima), M. D. L. C. P.Z. (madre de la víctima), (ver numeral SEGUNDO DE LA VALORACION DELA PRUEBA folio tres vuelto de la sentencia), y dice que le otorgan total credibilidad pues dichas declaraciones les resultan coherentes en tiempo y espacio. Al afirmar lo anterior, es evidente que el tribunal valora incorrectamente lo manifestado por la supuesta víctima M. C., quien dijo que no le contaba lo sucedido a su madre pues sabía que esta elegiría a su papá (numeral segundo de la valoración de la prueba), al hacer la valoración de la prueba testifical el tribunal falta a la lógica, pues manifiesta en el numeral segundo de la valoración de la prueba folio 3 de la sentencia “...hubo un tiempo en el que ella (la supuesta víctima) se fue a Yoro a vivir con sus padres, su mamá trabajaba, en ocasiones su hermano se iba para donde sus abuelos, y ella quedaba sola con el encartado...”, lo ilógico es, ¿Por qué? durante quedaba sola con él nunca paso nada, pero sí ocurrió un día en que se encontraba sus abuelos, su hermano y su tía con el esposo, también es importante resaltar que según a menor se le amenazó con hacerle daño a su familia, ¿acoso el señor A. C., no es el padre de la ofendida?. Y por ende su familia también, considero que con esto se crea una DUDA RAZONABLE, consistente en que si efectivamente la menor fue abusada ese día que refiere, pudo haber sido por una persona distinta a mi representado y si es que la menor no considera a su padre como su familia es ¿Por qué? tiene algún resentimiento contra él, por lo que su testimonio no puede ser creíble. Por otra parte el tribunal también valora incorrectamente la declaración de M. D. L. C. P. (madre de la supuesta ofendida), quien manifestó “...que su ex compañero de hogar, para evadir un embargo por alimentos, renuncio a su trabajo y decidió viajar a los estados unidos... “(folio tres de la sentencia, numeral segundo de la valoración de la prueba). Y esto es claramente contradictorio con lo que manifestó en el juicio pues al ser cuestionada por la defensa dijo que ella con el imputado no peleaban, dijo también que el señor C. tenía otras parejas y que no se cruzaba palabra con el hijo de ella (ver folio 2 vuelto del acta de juicio), además en todo su declaración pretende hacer creer que las atenciones del señor C. para con su hija eran mal intencionadas, con lo que se videncia que dicha testigo llego al punto de celarlo con su hija y al dejarla por otra mujer sin pensarlo dos beses ideo la forma de destruirlo; por lo expuesto este testimonio no puede afincarse como base sólida para una decisión judicial condenatoria, pues estas declaraciones responden a motivos espurios que solo buscan causar un daño a mi representado. Es obvio que si la madre de la agraviada tiene cierto odio hacia el inculpado y al vivir la agraviada con su madre, se colige que aquella tratará de usar todos los medios posibles, a fin de mantener su tesis incriminatoria. Por ende, los magistrados devenían en la obligación de realizar una diligente investigación, a fin de demostrar la credibilidad subjetiva de la imputación, descartando los móviles espurios de la denuncia, partiendo del hecho que la señora M. D. L. C., aseguro en juicio que al momento de enterarse del hecho no sabía que le dolía más, “si la violación de su hija o la pérdida de su marido”, pues esta declaración solo evidencia que dicha señora obra impulsada por los celos y el rencor, mostrando ser de las personas que prefieren destruir a otro impulsados por un equivocado pensar “o sos mío o de nadie”. En esta garantía debe prestarse atención, también, a las propias características físicas o psicorgánicas de la víctima, en las que se ha de valorar su grado de desarrollo y madurez y la incidencia que en la credibilidad de sus afirmaciones pueden tener algunas veces ciertos trastornos mentales o enfermedades como el alcoholismo o la drogadicción. Además, sobre el análisis de los móviles espurios, deberá prestarse atención a las tendencias fantasiosas o fabuladoras de la víctima y esto solo se puede lograr mediante una correcta evaluación psicológica, evaluación que en el caso de autos nunca se realizó. b) Verosimilitud, que no sólo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria. Es decir que la declaración testifical y sobre todo la de la víctima debe de relacionarse con los dictámenes médicos legales y psicológicos necesarios para corroborar la veracidad de la declaración.- La defensa considera que en la presente causa no se cumple con la suficiente actividad probatoria, de cargo, como base indispensable para destruir el derecho a la presunción de inocencia de mi representado pues al no contar con una evaluación psicológica que pudiera ser ratificada en juicio, no es posible corroborar la veracidad de lo declarado, esta tesis de la defensa el tribunal la obvia pretendiendo hacernos creer que esta, solo es necesaria si el médico que realiza la evaluación física encuentra características que indiquen problemas psicológicos o psiquiátricos en la víctima (folio 2 vuelto de la sentencia Valoración de la prueba numeral Segundo), lo cual nos parece un absurdo pues el médico que realizó la evaluación no es psicológico y la evaluación psicológica se vuelve necesaria para poder lograr el objetivo de llegar a la verdad. Aunado a lo anterior el DR. G. manifestó no tener especialidad en casos de abuso a menores, lo más grave y que el tribunal no considera al momento de evaluar esta prueba es que el DR. G. a la interrogante de la defensa “...cuantos métodos para hacer ese examen evaluativo conoce...”, respondió “...solo se necesita conocer la anatomía del ser humano...”, con esto queda en evidencia la inexperiencia del DR. G., en cuanto a los métodos forenses de evaluación de víctimas de abuso sexual que dan mayor certeza como ser el caso de un coloscopio, por lo que dicha prueba no es suficiente para tener la certeza de la lesión a que se refiere el dictamen y mucho menos para poder acreditar la participación de mi representado en el hecho que se le imputa. En cuanto a la relación que hace el tribunal de la declaración de la víctima con el dictamen de evaluación médica realizado a M. C. (folio 3 vuelto de la sentencia), quiero manifestar lo siguiente: “El diagnostico de las lesiones genitales en una niña pre púber es bastante difícil, puesto que se necesita que el médico examinador tenga experiencia en examinar niños, es en esta edad que se presentan la mayor cantidad de variantes anatómicas, pudiendo confundirse un hallazgo normal con una lesión patológica. Una niña virgen puede ser erróneamente calificada de desfloración antigua, o signos acto contranatura antiguo, esto es debido a que las diferentes variantes anatómicas del himen, hacen que muchas veces una escotadura o una cresta intravaginal sean erróneamente diagnosticados de desfloración antigua, diagnósticos erróneos que pueden conducir a una condena injusta. Es importante evaluar y analizar los hallazgos genitales y si hay duda volver a realizar un examen genital en la menor afectada”. (Dr. L. S. J. C. Médico legal PERU Correo electrónico: peritomedicoforense@yahoo.com). En relación a lo anterior queda claro que el Dr. Green, no cuenta con la especialización necesaria que le brinde la experiencia en examinar menores y al momento de la evaluación de la víctima utiliza un método empírico que no puede dar certeza de lo que afirma en su evaluación, pues existen métodos que dan mayor certeza como es el caso de un coloscopio, por lo que se hacía necesario la práctica de otra evaluación médica por un médico distinto a efecto de corroborar o desvirtuar lo aseverado (ver certificación de la sentencia de fecha 23/3/2007, recaída en el Recurso de Casación Penal No. 142=2006 CSJ). c) Persistencia en la incriminación, con las matizaciones que se señalan en cuanto a las diferentes declaraciones, es decir que no existan contradicciones en las mismas. En este sentido se evidencio durante el debate que la declaración de ambas testigos son contradictorias, por ejemplo, cuando la defensa interroga a M. L. C., “...después de ese día la volvió a tocar...”, a lo que respondió “...dos veces...”, esta deposición es contradictoria al confrontarla con lo manifestado por esta misma testigo en audiencia inicial a folio 26, incorporado como medio de prueba para mejor proveer, específicamente done ella manifestó que no la volvió a tocar solo la vigilaba (folio 2 de acta de juicio), así aparece una clara contradicción en su deposición. En el caso de la testigo M. D. L. C. P., manifestó “...que su ex compañero de hogar, para evadir un embargo por alimentos, renuncio a su trabajo y decidió viajar a los estados unidos... “(folio tres de la sentencia, numeral segundo de la valoración de la prueba). Y esto es claramente contradictorio con lo que también manifestó en el juicio, pues al ser cuestionada por la defensa dijo que ella con el imputado no peleaban, (ver folio 2 vuelto del acta de juicio); también de acuerdo a sus declaraciones parece no importarle lo que le pueda suceder al señor C., pues según ella quiere que pague por lo que hizo, aquí lo contradictorio es que cuando se dio cuenta de lo supuestamente sucedido le importaba tanto que lo puso por encima de su propia hija. La persistencia en la incriminación consiste en que la misma “debe ser prolongada en el tiempo, reiteradamente expresada y expuesta sin ambigüedades ni contradicciones. Esto significa que la declaración ha de ser: concreta y precisa narrando los hechos con las particularidades y detalles que cualquier persona en sus mismas circunstancias sería capaz de relatar, coherente y sin contradicciones, manteniendo el relato la necesaria conexión lógica entre sus distintas partes; y persistente en un sentido material y no meramente formal”.- La concurrencia de estos presupuestos es la única garantía que tiene el imputado para saber si el Juzgador, para condenarlo, contó necesariamente con prueba de cargo suficiente y descartar, de esta manera, la apreciación omnímoda y arbitraria de los hechos por el tribunal de sentencia. Con lo expuesto se corroboró que el tribunal no aplicó estas garantías de certeza a la sentencia que se recurre y al no hacerlo se vulnero la presunción de inocencia contemplada en nuestra constitución. Y como hemos tratado de demostrar a lo largo del presente motivo, la especial nocividad de los delitos contra la libertad sexual, su notoria amplitud típica y su inclemente severidad punitiva, no deben ser motivo de un serio relajamiento de las garantías del imputado; antes bien, deberán respetarse cabalmente los principios de legalidad, proporcionalidad, culpabilidad y el derecho a la presunción de inocencia. Cierto es que, sobre este último se produce algo así como un punto de inflexión sobre las exigencias de una suficiente actividad probatoria; pero esta afirmación no puede confundirse con un punto de quiebre en lo que respecta a esta exigencia para enervar la presunción de inocencia. Además, la gravedad de las penas previstas para esta clase de delitos obliga a los jueces y magistrados a actuar con mayor cautela, pues si resulta altamente indigno condenar a un inocente; lo será aún más condenarlo a una pena intemporal. En cambio, el peligro que importa la absolución de un culpable por falta de pruebas, será el precio que deberá pagar el Estado para preciarse aún de Constitucional y Democrático. RECLAMACIONES HECHAS PARA LA SUBSANACION DELA FALTA. Se aclara al Tribunal de Alzada, que en virtud de haberse producido el vicio en el propio acto del sentenciador, después de CLAUSURADO el Debate Oral y Público, No ha sido posible reclamar su Subsanación. Por ende y por las razones antes expuestas, La defensa privada solicita se admita este MOTIVO, y consecuentemente se case el fallo Censurado. “ EL ABOGADO RECURRENTE PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA DE LA SIGUEINTE MANERA:”MOTIVO UNICO: Haber incurrido el sentenciador en inobservancia a las reglas de la sana crítica.-PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EL CONCEPTO DE LA INFRACCION LO EXPLICO DE LA SIGUIENTE MANERA: La norma procesal que se invoca como infringida es el artículo 202 del Código Procesal Penal, que expresa: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. Por su parte el artículo 336 del mismo cuerpo legal señala: “El Tribunal, para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica”.- De igual forma el artículo 338 del referido código regula la forma de estructurar la sentencia, ordena al Juez sentenciador: “Valoración de la prueba. Seguidamente, se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios, igual mente declarados probados”. Nuestro reclamo recae precisamente en lo que establece el Tribunal Sentenciador en el acápite valoración de la prueba en su numeral primero y en cuanto a la declaración de la ofendida en el numeral segundo número1: “VALORACION DEL TRIBUNAL”. A estas declaraciones les otorgamos total credibilidad pues han resultado coherentes en tiempo y espacio, no cabe duda de que los hechos se suscitaron tal y como se relataron en juicio. Con la declaración brindada por la ofendida y el dictamen médico que ratifico el doctor M. G. se aprecia que efectivamente M. L. C. P., fue penetrada vaginalmente (...) en consecuencia consideramos que estos testimonios son útiles para enervar el estado de inocencia del imputado.- Con este razonamiento, el sentenciador violenta la regla de la Lógica en su postulado de coherencia y por ende en su principio de Razón Suficiente, específicamente al establecer que con esta declaración se desprende la sinceridad de la menor, ya que si leemos detenidamente la deposición de ésta, podremos darnos cuenta que la ofendida no es tan coherente como advierte el Tribunal y por lo tanto no le asiste al sentenciador la razón suficiente para inferir estos raciocinios, por ejemplo la menor manifiesta: “...la primera vez que abuso de mí, yo le dije que no quería me tapo la boca, éltenía una toalla que él siempre la lavaba, cuando él se subió encima de mí a mí me dolió...”; nótese que M. L. C., de acuerdo a su declaración por un lado nos quiere hacer creer que fue abusada no solo en una vez, sino que en varias ocasiones “...la primera vez que abuso de mí,... él tenía una toalla que él siempre la lavaba...” pesar de tener más de dieciocho años de edad no expresa de manera clara como sucedió el acceso carnal y la evaluación médica practicada. En relación con la declaración de la ofendida con la prueba pericial, el dictamen no nos puede decir si la ofendida ha tenido diferentes parejas sexuales, pues como dijo el doctor la ruptura no cambia de apariencia a menos que hubiera tenido un parto, no nos puede decir quien fue efectivamente el autor del hecho, pues no existe ninguna evidencia u otra prueba de cargo que fortalezca la conclusión que la ofendida fue abusada tal y como lo relata ella; por lo que era necesario que se practicaran exámenes psicológicos de la denunciante y del denunciado, así como del resultado de examen médico legal de integridad sexual practicado a la denunciante mediante métodos forenses de evaluación de víctimas de abuso sexual que dan mayor certeza como ser el caso de un coloscopio, para que el tribunal pudiera concluir, si ha sido posible que ocurra una violación, pero al no contar con prueba como la antes mencionada solo quedan dudas al respecto. Entonces, ante tal situación el Tribunal no tiene razón suficiente para asegurar que la menor este diciendo la verdad y hable con sinceridad, pues su declaración no ha sido sometida a exámenes de garantía (como el examen psicológico); además que no existe prueba científica para acreditar o no, el acceso carnal a la ofendida por parte de mi representado. A través de una evaluación psicológica, se podría determinar porque la agraviada a pesar de su edad no utiliza un vocabulario como vulva, pene, etcétera si no es aún más la tesis de la defensa ya que su testimonio está rodeado de inconsistencia y por lo tanto nos lleva a dudar acerca de la participación del imputado y ante la duda se debe absolver. En consecuencia el Tribunal sentenciador ha violentado las reglas de la sana crítica específicamente la LOGICA en su postulado de la coherencia en su principio de razón suficiente, ya que con las pruebas presentadas en el juicio oral y público el Tribunal no tiene razón suficiente para inferir la culpabilidad de mi representado en los hechos a él acusados, razón por lo cual es procedente anular el presente juicio y llevar a cabo un nuevo debate donde el nuevo sentenciador si observe correctamente las reglas de la sana critica, por lo que solicitamos sea declarado con lugar el presente recurso. RECLAMACIONES HECHAS PARA LA SUBSANACION DELA FALTA.-Se aclara al Tribunal de Alzada, que en virtud de haberse producido el vicio in procedendo en el propio acto del sentenciador, después de CLAUSURADO el Debate Oral y Público, No ha sido posible reclamar su Subsanación. “. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA IV.I.- Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1].
En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica recursiva, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que(Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. IV.II- Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por el Abogado C. A. R. T. Defensor Privado del Señor A. C. G..- Único Motivo. Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 89 de la Constitución de la República; Alegato: Violación al Estado Material de Inocencia como consecuencia de pronunciamiento de culpabilidad con insuficiencia probatoria de cargo; Remedio de Subsanación o Saneamiento Presentado contra el Vicio Denunciado: Imposibilidad de reclamo en virtud de que el vicio está contenido en la Sentencia definitiva; Pretensión: Casar la Sentencia Condenatoria. Fija el Censor su posición frente la sentencia, al señalar que la misma contiene un pronunciamiento condenatorio aun cuando no existe prueba suficiente para ello, pues aquella con la que se cuenta es ambigua, endeble e inconsistente, por lo que no debía producir certeza de culpabilidad; Explica que los delitos de orden sexual se caracterizan por la clandestinidad en que se producen, convirtiendo la declaración de la víctima en un punto esencial, reconociendo la necesidad de tutela con máxima contundencia, pero advirtiendo que ello no puede ser sacrificando los principios fundamentadores del derecho penal democrático, entre ellos los de culpabilidad; Conceptualiza que se debe de entender por testigo aquel sujeto que resulta ser un tercero ajeno al hecho delictivo y que por ende se encuentra en una posición de imparcialidad, lo cual es difícil predicar cuando se trata de un testigo/víctima, debiendo entonces contarse con alguna corroboración para poder superar esa sospecha originaria; Determina que para valorar la prueba del testigo/víctima, se debe de considerar los siguientes aspectos: 1. Ausencia de Incredibilidad subjetiva: El Censor señala que ésta está ausente en la declaración de la niña M. C.; Cuestiona el por qué si ella vivió un tiempo con sus padres, quedándose sola con el acusado, nunca paso nada (refiriéndose a alguna agresión sexual), pero si supuestamente ocurrió el día en que en la vivienda se encontraban los abuelos, el hermano, la tía de la supuesta víctima y el esposo de la tía de la supuesta víctima; Agrega que según la ofendida el acusado la amenazó con hacerle daño a su familia en caso que contara lo ocurrido, cuestionando que el propio acusado es familia de la ofendida con lo cual la amenaza carece de sentido; El Censor afirma que la madre de la supuesta víctima tiene cierto odio al acusado y al vivir la agraviada con su madre, se debe colegil que aquella trató de usar todos los medios posibles a fin de mantener su tesis incriminatoria; 2. Verosimilitud: Reprocha el Censor que no se contó con una evaluación psicológica que pudiera ser ratificada en juicio a efecto de corroborar la veracidad de lo declarado por la supuesta víctima; Resalta además que el médico forense, perito encargado de realizar la evaluación física de la menor no tiene la especialidad en casos de abuso de menores, usando un método empírico en su evaluación; 3. Persistencia en la incriminación: Las declaraciones de las dos testigos de cargo, alega el Censor, fueron contradictorias: La Testigo M. de la C. P. indicó que su ex esposo evadió el pago de alimentos, renunciando al trabajo y mudándose a los Estados Unidos de América, contradiciéndose al referir que con el acusado no peleaban; Por su parte la menor M. L. C., señaló en el debate que después de la supuesta violación el acusado la tocó dos veces más, pero en la audiencia inicial, incorporada por lectura en debate, indicó que después de aquel evento el acusado no la volvió a tocar, sino solo la vigilaba. IV.II.I- Del Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia El derecho al Estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89 establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; Éste derecho-principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; Por su importancia tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3) De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; Para el pronunciamiento de la Sentencia Condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al Juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; Por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, éste derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República(Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Sentencia de fecha 01 de Septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: 128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de Mayo de 2011, en expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá de examinar(Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de Noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. IV.II.II. De la Declaración de menores de Edad Víctimas de un delito Sexual Ciertamente los delitos en perjuicio de la libertad e indemnidad sexual se caracterizan por su generalizada falta de medio de prueba, centrándose el debate muchas veces en la declaración de la víctima y en su valoración por parte de los Juzgadores (en especial cuando éste es el único medio para identificar a la persona responsable), misma que debe de realizarse de manera conjunta con la demás prueba que se aporte, ya sea prueba directa o prueba indirecta (indiciaria), la que puede referir sobre aspectos anteriores, relativos o posteriores al hecho y que puedan dar luz de lo que verdaderamente aconteció.- La tarea se vuelve más ardua cuando la víctima y única persona testigo del hecho es un menor de edad, por cuanto el Tribunal de Sentencia corresponderá diferenciar entre un relato de un suceso que se ha percibido y vivido, de aquel relato donde se narra un suceso que no se ha percibido, generado por la imaginación, tergiversación de un hecho de otra índole debido a la escasa experiencia o por la alimentación de otra persona. La valoración individual de las declaraciones testificales debe partir de la concepción que toda declaración es el relato de un hecho pasado que ha percibido una persona por conducto de sus sentidos, ergo es el acto mediante el cual la persona acude a su memoria para describir un suceso, en donde no solo establece hechos sino también sentimientos y sensaciones, por tanto su captación y reproducción puede verse condicionada por factores personales y factores procesales que deben de ser tomados en cuenta por el Tribunal de Sentencia al momento de realizar la valoración del testimonio, factores que son: 1).- Factores Personales: a) Capacidad de percepción de los sentidos; b) Oportunidad de percepción del hecho, como luminosidad, ángulo y distancia de observación, volumen de sonidos, fuerza o clase de olor o sabor, oportunidad de manipular objetos o líquidos, etc.; c) Estado anímico al momento del hecho o producido por éste; c) Experiencia previa respecto al hecho presenciado o vivido; d) Prejuicios preexistentes respecto al hecho; y e) Capacidad de retener en la memoria el hecho. 2).- Factores Procesales: a) Tiempo entre el hecho y la declaración judicial; b) El número de veces en que se rinde la declaración, en especial las preguntas formuladas, las que ayudan al declarante a detectar cuáles son los aspectos en los que debe de enfatizar o las contradicciones que debe de evitar; c) La información que ha podido ser sugerida por otra persona, ya sea adrede o inconscientemente, ello incluye la información publicada en los medios de comunicación. Además de los factores personales y los procesales, en la valoración del testimonio el Tribunal de Sentencia debe de realizar un debido análisis del contenido del relato, identificando en ellos aspectos que son típicos de los que brinda un/a menor de edad víctima de una agresión sexual y que permiten evaluar si existe o no la probabilidad de que lo relatado haya ocurrido en la realidad.-El Doctor A- M., en su artículo Procedimientos de Evaluación de la Credibilidad de las Declaraciones de Menores Víctimas de Agresiones Sexuales, publicado por la Revista de Psicopatología Clínica, Legal y Forense, Vol. 1, Nº 2, del año 2001 en las páginas 51 a la 71, da conocer un estudio de los aspectos que un Psicólogo debe de identificar en el contenido del relato de menores de edad señalados como víctimas de agresiones sexuales para discernir sobre su grado de credibilidad, y que esta Sala de lo Penal, para efectos de la práctica forense procesal penal y con la irisación correspondiente, explica de la siguiente forma: a. Anclaje (incardinación) del Hecho en Tiempo y Lugar. La agresión sexual no se producen en el vacío, sino en un tiempo y lugar concreto, llegando a formar parte de la vida del agresor y de la víctima. Los delitos ocurren en puntos de intersección entre los cursos de vida de las dos personas implicadas en el incidente; Generalmente las agresiones sexuales en perjuicio de menores por personas conocidas son el resultado de una cadena de hechos progresivos que se reflejan en la declaración, de forma que el incidente denunciado aparece inmerso en la historia vital de las personas implicadas en él, aun cuando el/la menor no pueda establecer el orden cronológico en que éstas ocurrieron. Las actividades sexuales surgen en una situación particular y deben ser consistentes con dicha situación y con desarrollos posteriores; b. Consistencia Interna. La estructura formal del relato debe de ser más o menos coherente, de modo que las diferentes partes del suceso están relacionadas de forma lógica entre sí, confirmándose unas a otras; c. Tipicidad en el Lenguaje. El relato debe contener expresiones propias a la edad del o la infante y del nivel educativo en que se encuentre, en especial en lo referente a la descripción de la agresión sexual y a los órganos genitales. El o la menor podría informar sobre hechos reflejando haberlos mal entendido, dando una descripción correcta y al mismo tiempo una mala interpretación éstos, como por ejemplo de hechos como el acto de masturbación, penetración o eyaculación; d. Riqueza de Detalles Informados. Referencia a detalles cuya invención iría más allá de la capacidad probable del testigo infante, más allá de su imaginación o de su capacidad para comprender.- Se deberá de considerar que entre más complejo sea el suceso relatado, más riqueza de detalles debe de proporcionarse por el infante.- En la mención de detalles deben de identificarse tanto aquellos que son de importancia para el proceso penal como aquellos de carácter superfluo o insignificantes para la causa, pero que apuntalan la credibilidad del/la menor, puesto que éste/a, en su limitada experiencia, informara de uno y otros sin saber diferenciarlos.- Una declaración resumida, informando el incidente denunciado sólo de forma esquemática, dando meramente una idea general en lugar de un cuadro con detalles, indica alta probabilidad de que no obedezca a la verdad; e. Persistencia en la Declaración Durante el Tiempo. Persistencia del/la ofendido/a en el relato a lo largo del tiempo y en diferentes situaciones. Este criterio de valoración deberá de hacer la debida diferenciación entre las inconsistencias de aspectos centrales del relato o sobre aspectos periféricos o colaterales, ya que no se puede esperar que una persona declare idénticamente varias veces, más sí que mantenga un relato constante en cuanto al hecho generador de perturbación, aun cuando exista variación que afecten fundamentalmente a detalles periféricos; Explica Antonio Manzanero (Ob. Cit.) que el paso del tiempo y la recuperación múltiple pueden afectar gravemente a la memoria de los testigos. Además algunos factores afectan sobremanera, como por ejemplo en el caso de agresiones múltiples a lo largo de períodos amplios de tiempo donde es frecuente encontrar confusiones entre las distintas ocasiones en que ocurrió el suceso; f. Experiencias Subjetivas. Es de esperarse en una declaración testifical de un menor ofendido, la mención de experiencias subjetivas como producto de la agresión sexual, como pensamientos, sentimientos, aprensiones, ansiedades, ambivalencia de sentimientos, frustraciones, ira, tristeza, vergüenza, etc. a depender de la edad del/la ofendido/a y de la conciencia que se tenga respecto al hecho.- Las experiencias subjetivas podrían verse reflejadas externamente en cambios en la conducta emocional en el transcurso del tiempo o como resultado de ciertos sucesos o circunstancias. Señala Manzanero que se esperaría que una agresión sexual afectara de alguna forma a la historia biográfica del/la menor/a, no siendo esperable que su ocurrencia tuviera lugar como algo aislado sin ningún tipo de repercusión en la vida del/la niño/a.- La intensidad de dichas repercusiones, como ya ha mencionado esta Sala de lo Penal, dependerá de la edad y conciencia del/la infante sobre el hecho, además se verá afectada en caso de que el/la infante reciba tratamiento psicológico después del hecho para minimizar el daño psíquico producido por el evento; Por tanto, para una mejor valoración individual de la declaración, el Tribunal imprescindiblemente deberá de tenerse en cuenta tanto los factores personales del declarante, los factores procesales y los aspectos intrínsecos del relato, ello permitirá diferenciar los casos en donde un/a testigo sea sincero/a, es decir que crea estar diciendo la verdad, aun cuando el hecho narrado sea poco probable o, por el contrario, cuando el relato sea probable aun cuando el testigo no reúna las condiciones de idoneidad; Recuérdese que la valoración de un testimonio no consiste en un examen de “verdadero” o “falso”, sino en el análisis conjunto de factores y aspectos que puedan indicar la probabilidad alta de que el relato corresponder a un hecho real, o su falta de probabilidad a causa de la valoración negativa. En todos los casos, la valoración individual solo podrá realizarse mediante una correcta Inmediación del Tribunal con la persona declarante, donde puedan evaluarse las Reglas de la Psicología (lenguaje corporal, tono de voz, espontaneidad o timidez, sencillez o elocuencia, nerviosismo o seguridad, estado anímico, sentido de colaboración o renuencia, memoria, capacidad de percepción, etc.), los Principios de la Lógica (logicidad del relato en sí mismo y coherencia con la demás prueba) y las Máximas de la Experiencia Común (comparación del relato con modelos típicos cuyo conocimiento se encuentra dentro de la esfera del profano).- (Al respecto ver fallo de fecha 23 de enero del 2008, en el Exp 014-2007 y fallo de fecha 28 de julio del 2011, en el Exp 060-2010 de la Sala de lo Penal). Recomienda Manzanero (Ob. Cit) que al momento de la declaración del/la menor/a señalado víctima de una agresión sexual, es conveniente primero invitarlo a que describa un suceso del que se tenga la certeza que ha ocurrido para evaluar en paralelo tal descripción con la que posteriormente de sobre la agresión sexual, permitiendo así comparar su forma de expresarse, memoria, forma de expresión, etc., siendo el suceso más adecuado cualquier exploración médica que haya tenido el menor recientemente, por compartir éstas con las agresiones sexuales su característica invasiva. La valoración Conjunta de los medios de Prueba, debe de realizarse en consideración a: a).- Ausencia de Incredibilidad Subjetiva, que es el descartar que la exista tensiones entre el acusado y la víctima que motiven a ésta última a presentar una imputación falsa; b).- Inexistencia de móviles espurios de resentimiento de venganza del menor o de algún miembro de su entorno familiar inmediato, que puedan motivar de manera suficiente la imputación del delito; c).- Verosimilitud de la narración del infante, dentro del contexto de la actividad probatoria, que determinen mediante prueba directa o indiciaria, la probabilidad de que el hecho haya acaecido. IV.II.III- De la Procedencia del Recurso El Recurso no es de Recibo.- Ha determinado esta Sala de lo Penal, después de hacer una ponderación de la carga probatoria reproducida en la audiencia de debate, que no existe vulneración al principio/derecho de Inocencia, pues la prueba no solo es lícita, sino que ha obedecido a un debido proceso probatorio, con solvente motivación y con un correcto razonamiento en respeto a las reglas de la sana critica, siendo ésta suficiente para permitir al Tribunal de Sentencia emitir un fallo. La suficiencia probatoria, punto toral del reclamo del Censor, no debe de medirse respecto a la cantidad de medios de prueba presentados, sino a su fuerza acreditativa, aun cuando solo exista un medio de prueba, tomando en cuenta la ya advertida forma en que dicha valoración debe de hacerse, pues entre menos medios de prueba existan más rigurosa deberá de ser la valoración por parte de los Juzgadores de aquella poca que ha sido aportada, lo cual ha sido respetado en el presente proceso penal. En el caso sub judice, se aportó la certificación de Acta de Nacimiento número 0501-1994-03978, la cual permitió al A-quo determinar que la niña M. L. C. P., es hija del acusado A. C. G. y de la testigo de cargo M. de la C. P.; Revelando además que el hecho juzgado ocurrió en el año de 2003, cuando la niña tenía 09 años de edad y que la denuncia de ese hecho se dio en el año 2010, cuando ésta tenía ya 16 años de edad. Por otra parte el Tribunal de Sentencia contó con la declaración testifical de la Señora M. de la C. P., la cual es testigo directo de hechos anteriores, coetáneos y posteriores a aquel que está siendo objeto de Juzgamiento.- La Testigo brindó a los Juzgadores un contexto de lo que fue la dinámica familiar señalando que conoció al acusado en el trabajo y que de esa relación nació su menor hija, hoy víctima del delito; Agrega que en aquel tiempo tuvo que “embargarle el sueldo”, haciendo referencia a una acción de familia para el pago de obligaciones alimenticias, y que después de ello el acusado renunció, viajando a los Estados Unidos de América; Relata que cuando el acusado regresó al país, “lo acepte”, dando a entender que decidió reanudar la relación sentimental; Dentro de su relato cuenta que en un tiempo la niña presentó una infección y que tuvo que inyectarla, sin embargo no fue especifica en cuanto al tipo de infección, más si indicó al Tribunal que el médico le consultó si la niña había sido “manociada”, que implica si ésta había sido objeto de algún tipo de agresión sexual; Al continuar con su relato la testigo indica que el acusado nuevamente viaja a los Estados Unidos de América, desde donde le mandaba dinero y que desde aquel lugar le consultó sobre la infección de la niña y que con el tiempo regresó al país, retomando la relación con la declarante, fijando su domicilio en la Comunidad de El Pueblo, departamento de Yoro, pero que su hija no quería irse con ellos; Que tiempo después el acusado tuvo una discusión con el hijo de la declarante y le pidió que lo corriera, que fue ese mismo día que llegaron sus hermanas enterándose de lo que había pasado con su hija.- En cuanto al comportamiento de su menor hija la testigo mencionó que aruñaba a su padre.- Finalmente en cuanto al comportamiento del acusado, la testigo señaló que a él siempre le habían gustado las niñas, que en una ocasión se levantó por la mañana y había ido a tocar a su hermana pero que después al ser increpado el respondió que tal acusación eran puros celos; Que en otra ocasión había encontrado al acusado agachado observando a través de una puerta, pudiendo constatar la testigo que al otro lado se encontraba la hija de ambos desnuda. El Censor ha formulado reproche señalando que existían profundos conflictos entre el acusado y la Señora M.de la C. Z. y que probablemente ello la motivo a incriminar al primero como autor de un delito en perjuicio de la hija de ambos, todo lo cual no fue valorado por el Tribunal de Sentencia, más este argumento no es consecuente con lo relatado por la testigo por cuanto por el contrario la dinámica familiar descrita patentiza la ausencia de conflictos, pues si bien se dio el embargo al salario por alimentos al acusado ello fue en los primeros años de la relación, luego de lo cual existió convivencia común, e incluso en los años en donde no la hubo, el acusado manda dinero a la testigo desde el lugar de su residencia; Por otra parte la testigo reconoce que el acusado sostenía relaciones sexuales con otras personas, refiriendo que ello en todo caso no ocurría en la cama de ambos, con lo cual permitió ver que tampoco era tema de conflicto en la relación de pareja.- Por ello esta Sala de lo Penal determina que la valoración del Tribunal de sentencia, derivando que dicha declaración es de total crédito, por ser coherente en tiempo y espacio, obedece a las reglas de la sana crítica. Por su parte la menor M. L. C., testigo en estado de vulnerabilidad, rindió declaración directa en la audiencia de debate, indicando que cuando tenía la edad de nueve años (2003), su papa había regresado de los Estados Unidos de América, vivían juntos, durmiendo todos en un solo cuarto, su mama y papa en una cama y ella en otra cama; Especifica que una mañana el acusado se levantó, le bajo el blúmer, se subió encima de ella, sintiendo dolor, que después el acusado la limpió con una toalla, advirtiéndole el acusado que si contaba algo le haría daño a su familia; La menor explica que no había contado nada pues su madre defendía a su Padre; Recuerda que tiempo después su papá y su mamá estaban discutiendo porque el primero quería que su hermano se fuera de la casa, y que por ello le comentó lo ocurrido a su tía Gilma P.. Al igual que la anterior declaración, el Tribunal de Sentencia señaló que la menor M. L. C. P.era confiable, pues sus dichos eran coherentes, lo cual es una calificación correcta a criterio de este Tribunal de Casación pues deriva de la debida aplicación de las reglas de la sana crítica; El Censor cuestiona la versión de la menor, preguntando: ¿si previamente el acusado pasaba momentos a solas con la niña, porque no ocurrió ninguna agresión sexual?, sino que espero un día en donde se encontraban todos los habitantes de la casa, de lo cual el Tribunal de Sentencia no hizo ningún derivación negativa, sin embargo deja de considerar el Censor el comportamiento previo del acusado relatado por la Testigo M. de la C. Z., en la cual comparte que al menos en una ocasión el acusado procuró ver desnuda a su hija a través de una puerta, no de forma accidental, sino adrede y subrepticiamente, con lo que dio un antecedente al Tribunal de Sentencia para poder apreciar que la conducta relatada por la menor no es de carácter aislada, sino se trataba de un comportamiento progresivo de agresión sexual, donde el acusado aprovechando la ausencia de las más personas en el lugar para saciar su libido matutino.- Adicionalmente el Censor tilda de ausencia de credibilidad subjetiva el hecho que la menor exponga que el acusado la amenazó con hacerle daño a su familia en caso de comentar lo ocurrido, pues el propio acusado es su familia; Para la Sala de lo Penal la amenaza que indica la menor ofendida haber recibido del acusado ha sido valorada correctamente por el Tribunal de Sentencia si se considera que el acusado no ha sido una persona que haya estado presente de manera permanente en el núcleo familiar, explicando la testigo M. de la C. P., que hubieron episodios prolongados donde el acusado no convivía con ellos, pues se encontraba en los Estados Unidos de América, con lo cual es comprensible que no haya existido una plena identificación de unidad familiar entre el acusado con respecto a la menor y viceversa, lo que permite entender por qué la amenaza fue proferida de tal forma. De igual forma el Censor alega que la menor no ha sido constante en su declaración a lo largo del tiempo, específicamente al señalar en la audiencia inicial que después de la violación el acusado no la toco más, mientras que en la audiencia de debate señaló que si la toco en dos ocasiones, lo cual socaba su credibilidad más erróneamente el Tribunal de Sentencia no fue de esa consideración; Al respecto esta Sala de lo Penal advierte que se trata de un único aspecto en la declaración de la menor en la cual no hay consistencia, careciendo de las repercusiones que desea el Censor le sean atribuidas, pues no se trata de un aspecto medular de la acusación que haga mella en la credibilidad de la declarante, en consideración no solo al tiempo entre el hecho y la fecha de la declaración, sino en consideración a la edad en que tenía la niña al momento del hecho y la edad al momento de su declaración, ergo de manera correcta el Tribunal de Sentencia determina que la testigo merece credibilidad ya que en cuanto al acceso carnal no consentido la niña fue consistente en sus señalamientos y conteste con el resto de la actividad probatoria. Otro de los argumentos del Censor es subrayar que la declaración de la menor no encuentra respaldo en otro medio de prueba, argumento que desatención a la valoración hecha por el Tribunal de Sentencia a la prueba pericial consistente en Dictamen Médico Forense, el cual determina que la niña presentó al momento de su evaluación física, himen con ruptura antigua; dictamen que es valorado de manera conjunta con la declaración de la niña ofendida y la de su Madre y que permitió concluir a los Juzgadores la existencia del hecho en perjuicio de la indemnidad sexual de la niña y la atribución de ese hecho al acusado (f. 82 v).- Dicho dictamen es cuestionado por el Censor al indicar que el Perito Forense encargado de su realización, el Doctor H. E. M . G., no tenía la experiencia en el estudio de casos de agresiones sexuales de menores de edad, ni tampoco hizo uso de la técnica ni de los instrumentos adecuados para la evaluación de una niña; Tal cuestionamiento tuviese mayor asidero en caso de que se tratase de una persona de sexo femenino de corta edad, pues efectivamente la evaluación de niñas pre púberes o púberes exige técnicas especiales a efecto de que la exploración no sea causa de daño físico en las delicadas y aun no desarrolladas partes genitales pero que a la vez permitan poder determinar o descartar daño preexistente a consecuencia de una agresión sexual, más en el presente caso la auscultación se realizó a una niña de dieciséis años de edad, cuya adolescencia está por concluir, cuyos genitales están llegando a su madurez, a efecto de verificar un evento ocurrido hacía siete años antes, por lo que la exploración clínica puede realizarse mediante técnicas convencionales y sin la rigurosa necesidad del uso de instrumentos especiales, tomando en consideración que el Doctor M . G. indicó en la audiencia de debate contar con una experiencia de 09 años como médico forense, todo ello permite a este Tribunal de Casación concluir que ha sido correcta la valoración derivada hecha por los Juzgadores de la Primera Instancia. Finalmente, el Tribunal de Sentencia pudo escuchar de la testigo M. de la C. Z., lo que ocurrió después de enterarse sobre la agresión sexual; Indicó que llego a casa encontrando al acusado asustado con sus hermanas, quienes le revelaron lo que había ocurrido; Dice que el acusado después de eso quemó unos Discos Compactos con contenido pornográfico, y se fue de la casa, pero que antes de irse lo enfrentó, indicándole el acusado que no se acordaba “que estaba la bragueta abierta y él se equivocó”; Al continuar con el relato la testigo cuenta que el acusado la citaba en un hotel, pero que fue con un papel en blanco, acompañada con policías que se quedaron en el vehículo, los que le aprehendieron. Es por lo anterior y tal como Ut Suprase ha manifestado, la prueba que ocupó la audiencia de debate fue suficiente, pues ésta debe de ser evaluada cuantitativamente sino cualitativamente; Los Jueces y Juezas del Tribunal de Sentencia, estando en una posición privilegiada respecto a la prueba, de la cual tuvieron su inmediación, concluyeron unánimemente que dicha prueba les generaba certeza no solo sobre la existencia del hecho delictivo, sino también sobre la participación del acusado en éste, decidiendo declarar su responsabilidad penal y como consecuencia de ello, imponerle la sanción penal prevista en la ley sustantiva; Este Tribunal de Casación no le es permitido superponerse a los Jueces y Juezas de la Primera Instancia, imponiendo su criterio valorativo por sobre prueba de la que aquellos tuvieron inmediación, por lo que se limita a evaluar la legalidad probatoria, el debido proceso probatorio, el debido razonamiento probatorio y la suficiencia probatoria, siendo el resultado de tal examen la conclusión de que no ha existido violación al principio/derecho de inocencia que reconoce nuestra Constitución de la República. IV.III.- Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez debe de estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. IV.IV.- Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Abogado C. A. R . T ., apoderado defensor privado del acusado A. C. G.. Único Motivo. Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 202 del Código Procesal Penal; Alegato: Inobservancia de las Reglas de la Sana Critica en la Valoración Probatoria; Acciones de Saneamiento o Subsanación: Imposibilidad de saneamiento o subsanación, dado que el vicio está contenido en la Sentencia definitiva; Pretensión: Anular la sentencia Recurrida. El Censor fustiga el numeral uno del título de valoración probatoria, por considerar que el Tribunal de Sentencia ha hecho una indebida derivación al calificar como coherente la declaración de la niña M. L. C., pues ésta a pesar de tener más de 18 años, no expresa de manera clara como sucedió el acceso carnal; Agrega que no se puede concluir que la menor este diciendo la verdad, ya que no se han realizado exámenes de garantía como examen psicológico. IV.IV.I.- De las Reglas de la Sana Crítica Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”.- Al respecto, se ha señalado que “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la sana crítica; es éste último el que debe de observar el Juzgador Penal Hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Crítica la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala de lo Penal, en los fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, del Exp 194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011, contenido en el Exp 297-09, de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011 que resuelve el caso del Exp 125-2010, componen la Sana Crítica: 1).- Reglas de la Experiencia Común: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el Juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se Juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el Juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él por qué lo considera así; 2).- Las reglas de la Psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3).- Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando. Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. IV.IV.II- De la Procedencia del Recurso El Recurso no es de Recibo.-La Sala de lo Penal encuentra la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de Sentencia, contenida en la ahora sentencia impugnada, acorde con las reglas de la sana crítica, sin que exista disparidad entre las conclusiones arribadas por los Juzgadores y los postulados del sistema de valoración de la prueba que manda la ley procesal en su artículo 202. El Tribunal de Sentencia hace una valoración conjunta de los medios de prueba testifical de la Señora M. de la C. P. y de la niña M. L. C. P., ello después de haber igualmente valorado el Dictamen Médico Pericial; La conclusión arribada por los Juzgadores es la existencia del delito y al responsabilidad del acusado en él.- La Sala de lo Penal reflexiona que la conclusión de culpabilidad es una derivación de las razones suficientes que la prueba aporta, pues se tiene un modelo de comportamiento previo del acusado descrito por la Señora M. de la C. P., en el que el acusado realizó actos de tocamiento a la hermana de ésta, actos devoyeurismo en perjuicio de la menor, comportamiento sexual activo con personas menores de edad, formulación de interrogantes de médicos sobre si la menor había sido objeto de agresión sexual mucho antes de que ésta revelara lo sucedido; Por otro lado la menor ofendida M. L. C., quien en un lenguaje propio de su edad y a su entendimiento, expresó lo ocurrido frente a los jueces, los que con la inmediación con la que contaron concluyeron que esta era creíble; Finalmente el Tribunal pudo saber que ocurrió después de que la menor diera a conocer lo ocurrido, sabiendo mediante el testimonio de la Señora M. de la C. P., que el acusado decidió irse de la casa en la madrugada siguiente, no sin antes referir que no recordaba, que tenía la bragueta abierta y que se había equivocado. V. DECISIÓN No ha Lugar los Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo y el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, Decide: 1. Declara No ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por el Abogado C. A. R . T .; 2. Declara No ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el Abogado C. A. R . T .; 3. Declara Firme y Ejecutable la Sentencia de fecha dieciocho (18) de Septiembre de dos mil doce (2012), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro, que contiene la sentencia condenatoria dictada en contra del Señor A. C. G., por ser autor de un delito consumado de Violación Especial en perjuicio de la niña M. L. C. P.. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remiten las presentes diligencias al Tribunal de origen, a efecto de dar cumplimiento al artículo 385 del Código Procesal Penal respecto a los pronunciamientos judiciales que han adquirido el carácter de firme. Notifíquese..- FIRMAS Y SELLO.- José Olivio Rodríguez Vásquez.- Magistrado Coordinador.- Rafael Bustillo Romero.- Magistrado.- Alma Consuelo Guzmán García.- Magistrada.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-83-2013.
JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
13 de 39
[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.