Sentencia CP-79-13 — Registro 7895
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado del delito de Desobediencia, en perjuicio de La Administración Pública, alegando el recurrente una violacion al debido proceso al declarar con lugar por parte del Tribunal el incidente de nulidad presentado en la etapa del debate, violentando el principio de preclusión.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Único Motivo. 1)Denunció la recurrente la violación a los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República en relación con los artículo 1 del Código Penal y 28 numeral 2 de la Ley de Municipalidades, consignando como precepto autorizante el artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicó la censora que en el caso subjudice se ha violentado el debido proceso regulado en el artículo 90 de nuestra Carta Magna, cuando el Juzgador declaró con lugar el incidente de nulidad presentado por la defensa privada del imputado, aduciendo que en virtud de ser Alcalde Municipal, lo procedente era la promoción de un antejuicio, pues éste fue acusado por el delito de desobediencia en relación a la ejecución forzosa de una sentencia en la que se le condenaba a devolver un bien inmueble, además a pagar o consignar la cantidad que se le ordena por frutos naturales y civiles, así como las costas del juicio; para la censora dicho proceso penal no aplica el numeral 2 del artículo 28 de la Ley de Municipalidades, pues no se trata de propuestas dentro de la ley, ni opiniones vertidas en relación a sus funciones, sino con el incumplimiento de un mandamiento judicial. Lo que ha provocado el quebranto al Principio de Legalidad o Primacía de la Ley, conforme al cual todo ejercicio del poder público debe estar sometido a la ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas, por lo que se dice que el principio de legalidad establece la seguridad jurídica, por lo que se ha infringido el artículo 1 del Código Penal. 2) Esta Sala de lo Penal ha establecido como criterio jurisprudencial, que la esencia del recurso de casación por infracción de precepto constitucional estriba en la observancia de derechos, garantías y principios constitucionales en el juicio penal, sabedores que por su propia naturaleza el derecho penal es un medio de control social que implementa los instrumentos más represivos del Estado, y en consecuencia necesita como limite a ese derecho de persecución de infracciones penales, la gama de derechos y garantías constitucionales que hagan de esa persecución un proceso que se ajuste a las reglas señaladas por la ley, teniendo así como contrapeso el respeto a la dignidad humana de la persona sometida al IusPuniendi. El Código Procesal Penal de Honduras, señala en el artículo 361, que para interponer el recurso por infracción de precepto constitucional bastará para fundamentarlo la señalización de la infracción. Lo anterior no debe significar que será suficiente únicamente la cita de la norma constitucional vulnerada, sino que el recurrente deberá sujetarse a las reglas básicas de preparación del recurso, citadas en el artículo 363 del Código Procesal Penal hondureño, es decir señalar de forma concreta la norma constitucional violentada, la manera en que dicha infracción ocurrió, indicando como el vicio ha repercutido en su perjuicio. 3) Para dar una respuesta adecuada al recurso presentado, es importante establecer el criterio jurisprudencial de la Sala acerca de los alcances del Derecho al Debido Proceso en el proceso penal. El Debido Proceso constituye un postulado básico del Estado de Derecho, traducido en la facultad del ciudadano de exigir tanto en la actuación judicial como administrativa, el respeto irrestricto de las normas y ritos propios de la actuación por parte del Estado en cada caso concreto de aplicación de la ley sustancial, al proceso o juicio conforme a las leyes pre-existentes al acto imputado, ante Juez o Tribunal competente y con observancia de las formas propias de cada juicio; así entonces, el Debido Proceso es la máxima expresión de las garantías fundamentales y cualquier vulneración a las mismas pueden ser alegadas por vía de violación al Debido Proceso en un sentido amplio, formando usualmente parte de éste: la pre-existencia de la ley penal, el Juez o Tribunal competente, el acceso a la administración de Justicia en condiciones de libertad e igualdad, la observancia y cumplimiento de las formas propias del Juicio, entendido éste último como todo el desarrollo del proceso, la aplicación de la ley penal favorable, la presunción de inocencia y sus consecuencias, la defensa técnica y material, el proceso público sin dilaciones injustificadas, el principio de contradicción, el principio de lesividad, la imparcialidad del Juez, a la doble instancia, entre otros. Así tenemos que la Constitución de la República precisamente establece que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, de manera que todo procedimiento o juzgamiento deberá estar sujeto a las formalidades de ley como instrumento de garantía de los derechos del justiciable, por otra parte, si bien es cierto que los derechos de defensa y debido proceso, aparecen en la Constitución de la República en el capítulo concerniente a los derechos individuales, es igualmente cierto que el Ministerio Público, legítimo representante de los intereses de la sociedad, como poseedor del monopolio de la acción penal, se presenta como un legítimo medio de las víctimas para acceder al proceso penal y concretizar los derechos individuales de estas; así las cosas, enuna amplia interpretación de los derechos otorgados por la Constitución, el Ministerio Público puede reclamar en ese sentido la observancia de esos derechos Constitucionales, en consecuencia tratándose del ente fiscal, habrá que examinar si la intervención de este ha posibilitado su libre acceso al órgano jurisdiccional a efecto de concretizar mediante la acción el derecho de defensa de los intereses generales que suele representar en juicio, en ese sentido existe una gama de preceptos de orden procesal que llevan justamente a concretar este derecho del Ministerio Público así comprendido, por ello los artículos 25, 272, 273, 284 entre otros del Código Procesal Penal, hacen factible el acceso del ente fiscal, como defensor de los intereses de la Sociedad, a los órganos de justicia a fin de hacer valer los intereses que representa[1]. 4) Resulta bastante interesante el planteamiento presentado por la recurrente, al establecer que se violentó el Debido Proceso, pues el Juzgador declaró con lugar un incidente de nulidad interpuesto por la defensa en la etapa de incidente en el debate o juicio oral, ya que el A-quo consideró que al ostentar el cargo de Alcalde Municipal lo correcto era iniciar un proceso de antejuicio como lo dice la Ley de Municipalidades en su numeral 2 del artículo 28. Sobre la violación al Debido Proceso que señala la recurrente, advierte esta Sala de lo Penal que en efecto existe una transgresión a esa garantía constitucional, pero no por las razones que argumenta la recurrente, pues este Tribunal de Casaciónya ha establecido en otros fallos que los ciudadanos que ostente el cargo de Alcalde Municipal, antes de incoarles un proceso penal, deben ser sometidos a un procedimiento de antejuicio, pues el artículo 28 de la Ley de Municipalidades en su numeral 6 refiere: “El alcalde, Vice Alcalde y los Regidores gozarán de las prerrogativas siguientes: 1)… …6) No ser removidos ni suspendidos, sin que previamente se les siga el antejuicio correspondiente, conforme el procedimiento establecido por la Ley.”En ese sentido el Tribunal Sentenciador no estaba del todo equivocado al emitir su criterio de que en el caso subjudice, por el cargo que ostentaba el imputado, debía ser sometido a un proceso de antejuicio.Resulta necesario aclarar que, el Ministerio Público como encargado de la persecución penal y conocedor de los procesos legales y de los alcances del Debido Proceso, no puede ampararse o excusarse en desconocer un mandato de la ley respecto al antejuicio, por ende se hace un llamado de atención al Ente Fiscal para que en próximos casos y en base al Principio de Objetividad que debe regir sus actuaciones, respete el procedimiento de antejuicio de aquellos ciudadanos que conforme a ley, debe seguírsele dicho proceso. Ahora bien este Tribunal de Casación considera que existe violación al Debido Proceso, puesto que el A-quo ha inobservado una norma procesal penal como ser el artículo 320 del Código Procesal Penal, y esto es así puesto que, la defensa del imputado al presentar la nulidad del proceso, lo hizo en el debate en el momento de los incidentes conforme lo regula el precitado artículo 320 del Código Procesal Penal, el problema se suscita que esta norma establece: “…A instancia de cualquiera de las partes el Presidente del Tribunal abrirá un turno de incidentes para exponer lo que estimen oportuno acerca de la competencia del órgano judicial, recusación de algunos de sus miembros, excepciones, causas de nulidad o exclusión de medios de prueba por causa de ilicitud, siempre que estas alegaciones se funden en hechos nuevos o desconocidos hasta entonces…” (Lo resaltado es nuestro). Resulta evidente para esta Sala de lo Penal que el Juzgador inobservó esta norma procesal penal, que claramente establece que estos incidentes que se darán durante el debate, tendrán como único requisito que se basen en hechos nuevos o antes no conocidos por las partes, y esto se debe a que dentro de los actos integrantes del Juicio Oral (Art. 266 CPP) existe la etapa de preparación del debate, en la cual las partes cuentan con 10 días para que examinen diligencias, planteen recusaciones, excepciones o nulidades; además de las reglas que establece el Código Procesal Penal en los artículos 165 al 171, para la presentación de nulidades, en los cuales se establece claramente los momentos procesales para su presentación. En el caso sub judice, el Tribunal de Sentencia ha dado a trámite un incidente que no se basa en hechos nuevos o de nuevo conocimiento para la Defensa Privada, como condiciona el artículo 320 del Código Procesal Penal, por lo que ad portas debió haber sido inadmitido en base al principio de preclusión.En el proceso procesal penal rige el PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN, entendido como la perdida de la oportunidad de las partes para la presentación de peticiones o para la realización de actuaciones como consecuencia de haberse superado un momento procesal determinado, y que tiene como objeto mantener el orden de consecución del proceso y su pronta realización y es por ello que el artículo 320 citado condiciona la admisión de los incidentes a hechos nuevos o de nuevo conocimiento, pues se entiende que antes de esta etapa procesal las partes han tenido la oportunidad de presentar incidentes de conocimiento previo. Tal es el presente caso, en el que la defensa privada del imputado desde las primera audiencias del proceso penal, debió impugnar dicha nulidad, pues el cargo de Alcalde Municipal lo ostenta el acusado W. S. S. desde que se incoó proceso civil contra la Alcaldía del Municipio de Concepción departamento de Intibucá, de la cual es Alcalde, por lo que no puede obviarse su condición desde las primera etapas penales y por ende su condición de alcalde municipal no puede enmarcarse en un hecho nuevo o de reciente conocimiento. 5) Otro punto que no puede dejar de señalarse y que los Tribunal de la República deben tener bien presente, es que si la decisión -errada o no- del A-quo, fue de declarar con lugar el incidente de nulidad presentada por la defensa, lo que correspondía era el dictado de una sentencia incidental, en la cual se estableciera los argumentos del porqué se declaró con lugar la cuestión incidental, sin entrar a valorar prueba sobre el fondo del juicio, tal como erradamente lo realizó el Juzgador en el caso sometido a estudio, lo que evidencia una contradicción puesto que, por un lado establece que no se debió promover acusación sin antes no presentar un antejuicio, pero por otro lado lo absuelve de toda responsabilidad penal, cuando ésta todavía no ha sido analizada por Juez competente. En tal sentido considera este Tribunal de Casación, que en efecto existe violación al Debido Proceso, puesto que la solicitud de nulidad de la defensa privada debió ser inadmitida en virtud del Principio de Preclusión, derecho que al no ser reclamado oportunamente fue perdido, por lo que el Juzgador debió continuar con la celebración del Juicio Oral y proceder a valorar los medios de prueba aportados por la partes para determinar su responsabilidad o no en el delito de desobediencia; razones suficientes para declarar con lugar el presente recurso de casación por infracción de precepto constitucional, ordenando la nulidad de la sentencia y el debate realizado, y decretando la celebración de un nuevo debate con jueces diferentes a los que participaron en el juicio. Esta Sala de lo Penal no se pronuncia acerca de los motivos de casación por quebrantamiento de forma interpuestos por la recurrente, toda vez que ha prosperado el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional, con los efectos jurídicos correspondientes."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta (30) días del mes de enero del año dos mil diecisiete (2017), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquezen su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero yAlma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia, en el Recurso de Casación SP 79-2013por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma,interpuesto contra la sentencia de fecha diecinueve de noviembre del año dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, mediante la cual absolvió al señor W. S. S., del delito de Desobediencia, en perjuicio de La Administración Pública. Asimismo no procedió condenar en costas procesales, personales ni por gastos ocasionados por el juicio ni la responsabilidad civil. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, la abogada E. A. A., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Es Parte: La abogada M.. E. G. en su calidad de representante del Ministerio Público como recurrente. II. HECHOS PROBADOS “ÚNICO: En fecha dieciocho de agosto del dos mil once, el Juez Segundo de Letras del departamento de Intibucá, remitió oficio número 42 y demás información que estimó pertinente, al Ministerio Público a efecto de que procediera por la supuesta comisión de un delito, en perjuicio de la Administración Pública, del que consideró responsable al señor W. S. S., en su condición de Alcalde del Municipio de Concepción, departamento de Intibucá; y con base a lo anterior el agente fiscal presentó Requerimiento ante el referido Juzgado de Letras, obviando el procedimiento especial de antejuicio e incluso el administrativo correspondiente.” III. RECURSO DE CASACIÓN A) “La recurrente, abogada E. A. A., formalizó su Recurso de Casación Infracción de Precepto Constitucional de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. I POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: MOTIVO ÚNICO: “Por violación de los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1 del Código Penal y 28 numeral 2 de la Ley de Municipalidades”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El derecho al Debido Proceso, el cual se encuentra regulado en el artículo 90 de la Constitución de la República, establece que “nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; el cual requiere mínimamente, la fijación de un programa de carácter legal e inalterable para la investigación y juzgamiento de delitos en el que se resguarde la observancia de formas relacionadas con la acusación, defensa, prueba, sentencia y recursos; derecho éste, que se encuentra vulnerado cuando en sentencia dictada en la presente causa se declarara con lugar incidente de nulidad relacionado con la promoción de Antejuicio al Alcalde Municipal de Concepción, en el departamento de Intibucá; el cual fue acusado por el delito de Desobediencia, en perjuicio de La Administración Pública; de igual forma vulnera el artículo 321 de la Constitución de la República que establece lo siguiente: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”; en virtud de haber proferido Resolución distinta a la forma establecida por la Ley. Para adoptar tal Resolución, el Juzgador consideró lo señalado en el artículo 28 numeral 2 de la Ley de Municipalidades que establece: “...El Alcalde, Vice Alcalde y los Regidores gozarán de las prerrogativas siguientes: 1.)...2.) No ser responsables por sus propuestas dentro de la Ley, ni por sus opiniones vertidas en relación con sus funciones. En estos casos, si se les imputare un delito, se aplicará el procedimiento especial de Antejuicio en la misma forma que a los jueces;...”; sin embargo del análisis de dicho artículo se puede colegir que no resulta aplicable a la presente causa, ya que al señor W. S. S. se le imputó responsabilidad por el delito de Desobediencia, en relación a la ejecución forzosa de una sentencia, en la que se le condenaba devolver un bien inmueble al señor P. L., conocido también como P. L. M. y que pagara o consignara la cantidad que se le ordena por frutos naturales y civiles, más las costas del juicio, siéndole notificado el mandamiento de ejecución para que en el plazo de cinco días presentase la declaración jurada de bienes, para hacer frente a dicha ejecución, de conformidad a lo establecido en el artículo 805 del Código Procesal Civil, el que además establece que el incumplimiento de ese deber lleva aparejada la sanción por desobediencia; lo cual ocurrió en el presente caso, ya que si bien el imputado en su condición de Alcalde Municipal de Concepción, departamento de Intibucá no presentó la declaración jurada que le fue notificada oportunamente y su acción está relacionada con el ejercicio de su cargo, no se enmarca en los presupuestos establecidos en el numeral 2 del artículo 28 de la Ley de Municipalidades, ya que no se trata de propuestas dentro de la Ley, ni opiniones vertidas en relación a sus funciones, sino con el incumplimiento de un mandamiento judicial, por lo que al determinar en el fallo que se cuestiona, que se torna procedente la promoción de la figura de Antejuicio al acusado, está actuando fuera del marco de la ley, en abierto desapego al Principio de Legalidad. El Principio de Legalidad o Primacía de la Ley es un principio fundamental del Derecho público conforme al cual todo ejercicio del poder público debería estar sometido a la voluntad de la y de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas (ej. el Estado sometido a la constitución o al Imperio de la ley). Por esta razón se dice que el principio de legalidad establece la seguridad jurídica. Se podría decir, que el principio de legalidad es la regla de oro del Derecho público y en tal carácter actúa como parámetro para decir que un Estado es un Estado de Derecho, pues en él, el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. En el presente caso, la norma constitucional citada, se ve vulnerada debido a que el juzgador decretó la nulidad del proceso, acogido en el artículo 28 numeral 2 de la Ley de Municipalidades, ya que a su juicio la actuación del Alcalde Municipal es propia de su cargo y por Analogía se debe juzgar bajo la figura del Antejuicio, con el procedimiento especial establecido en la normativa procesal penal para deducir responsabilidad penal a los jueces y magistrados. Que de conformidad a las normas constitucionales citadas como infringidas, todos los ciudadanos debemos ser juzgados con las formalidades establecidas en la ley, y los funcionarios no tienen más facultades que las que expresamente se les otorga; pero en el presente proceso, el sentenciador aplicó de forma indebida el artículo 28 numeral 2 de la Ley de Municipalidades, ya que como se ha indicado anteriormente, el actuar del funcionario municipal no se subsume en ninguna de las hipótesis contenidas en la norma precitada, en consecuencia, el órgano jurisdiccional no debió ordenar la nulidad del proceso fundamentado en esta circunstancia, que carece de soporte jurídico. En relación a lo anterior, se considera que la decisión del Juzgador infringe lo establecido en el artículo 1 del Código Penal, que establece lo siguiente: “Nadie podrá ser penado por infracciones que no estén determinadas en una Ley anterior a la perpetración de un delito”; ya que al acusado no le era aplicable la promoción de un Antejuicio, previo a la acusación, debido a la naturaleza de la acción en que incurrió. En virtud de lo antes expuesto, se solicita que el presente motivo sea declarado con lugar, puesto que, se han violentado las formalidades y garantías que prescribe el artículo 90 Constitucional y permitir al defensor de la sociedad, perseguir la conducta delictiva realizada por el imputado.”. B) La recurrente, abogada E. A. A., formalizó su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “II- POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: PRIMER MOTIVO: “Motivación fáctica insuficiente de la sentencia impugnada”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Será de utilidad para la mayor comprensión del presente recurso establecer lo que se debe entender por motivación en la sentencia en un proceso penal. Según el Artículo 141 del Código Procesal Penal, los actos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Siendo que la motivación puede ser de hecho y de derecho, así como de forma absoluta o parcial, del estudio de los antecedentes observamos que el vicio que presenta la sentencia que hoy se impugna radica en insuficiencia de motivación jurídica, la cual consiste en la fundamentación parcial insuficiente para resistir el peso del fallo que se dicta, de acuerdo a las exigencias formales previstas para la sentencia. Al respecto el Autor FERNANDO DE LA RUA (Manual de Derecho Procesal Penal Hondureño), establece que: “La motivación para que sea completa debe referirse al hecho y al derecho, valorando las pruebas y suministrando las conclusiones a que arribe el tribunal sobre su examen, sobre subsunción del hecho comprendido en un precepto penal y sobre las consecuencias jurídicas que de su aplicación se derivan”. Tomando como base los parámetros recursivos supra referidos se determina, que la sentencia que se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta la motivación que debe observarse en todo fallo, el cual se produjo en el apartado de la fundamentación jurídica, al efectuar el juzgador una motivación insuficiente, lo que impide verificar la corrección del razonamiento que determina la aplicación del procedimiento especial de Antejuicio al imputado respecto del delito a él atribuido, para lo cual examínese lo establecido por el Juzgador en ese sentido, en la sección de la sentencia señalada: “El artículo 346 del Código Penal dispone: “Quien desobedezca a una autoridad negándose abiertamente a dar el cumplimiento a sentencias, resoluciones, u órdenes dictadas dentro de los límites de su competencia y revestidas de las formalidades legales será penado... La presente norma sustantiva es considerada números apertus, pues la misma no debe interpretarse de forma literal y restrictiva de derechos fundamentales, sino debe interpretarse de forma extensiva (principio pro-homine y pro-libertatis), tomando en consideración que el aquí encausado, es considerado como sujeto activo, pero con calidad de persona jurídica, siendo que actuó en representación de la Alcaldía Municipal de Concepción, Departamento de Intibucá y no como persona natural; por ende el ente acusador previo a interponer requerimiento fiscal de forma directa, debió estudiar y analizar el artículo 28 numeral 2 de la Ley de Municipalidades (Decreto No 134-90, que taxativamente dispone “ ser responsables por sus propuestas dentro de la Ley. .En estos casos si se le imputare un delito se aplicará el...” relacionando el precitado artículo con el artículo 421 del Código Procesal Penal que dispone: “El antejuicio será promovido por escrito por el Ministerio Público o por el agraviado, en su caso, ante el superior jerárquico del respectivo Juez o Magistrado...” el artículo 420 penúltima y última línea del Código Procesal Penal dispone: “...sólo podrán ser encausados después de darle cumplimiento a lo establecido en el presente capítulo.” Como se evidencia de lo antes descrito, el Juzgador se limitó a establecer en el apartado de fundamentación jurídica, que al imputado debió promovérsele el procedimiento de Antejuicio como lo señala norma procesal penal, en virtud de ostentar la representación de la Alcaldía Municipal de Concepción, Intibucá, previo a ser acusado por el Ministerio Público, relacionando dicho argumento con lo establecido en el artículo 28 numeral 2 de la Ley de Municipalidades; mencionando sólo uno de los presupuestos comprendidos en dicho artículo, sin expresar que debe entenderse por propuestas dentro de la ley, ni por opiniones vertidas en relación con sus funciones, no refiere cual es el parámetro establecido dentro del precepto legal supra-indicado que da origen a que la causa se promueva a través de un Antejuicio; es decir, no detalló cuales son y de donde provendría esa comprobación, así como tampoco expresa de manera clara y precisa, cuáles fueron los criterios que lo llevaron a formar dicha convicción; en consecuencia, las citadas omisiones han llevado al Juzgador a cumplimentar el requerimiento de valoración jurídica, pero de manera parcial y por ende, insuficiente. Los argumentos que anteceden, nos conducen a afirmar que en el caso sub judice, se hace patente la motivación insuficiente en que incurrió el Tribunal y que se ve reflejada en la fundamentación jurídica, al no haber expresado los criterios legales que lo llevaron a determinar el porqué debió ser aplicada la figura del Antejuicio al procesado. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.”. C) Continua manifestando la recurrente abogada E. A. A., en su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera “SEGUNDO MOTIVO: “Motivación Jurídica Contradictoria de la Sentencia Impugnada”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Como se indicó en el motivo anterior, se debe observar la exigencia de la motivación de la sentencia en un proceso penal, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 141 del Código Procesal Penal; que establece que los actos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Resulta relevante señalar, que no se trata de cualquier motivación o fundamentación del fallo, sino que la misma debe ser coherente en todo su contexto. En el caso en cuestión se observa, que la sentencia presenta el vicio de contradicción en la motivación jurídica, faltando por ende, a las exigencias formales previstas para la sentencia. Al respecto el Autor FERNANDO DE LA RUA (La Casación Penal. El recurso de casación penal en el nuevo Código Procesal Penal de la nación), establece que: “La motivación para ser lógica, debe responder a las leyes del entendimiento humano, con la especial característica de ser coherente, es decir, constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, formulados sin violar los principios de identidad, de contradicción y de tercero excluido, debiendo para ello ser: congruente, no contradictoria e inequívoca”. (Lo subrayado es nuestro). Tomando como base los parámetros recursivos supra referidos se determina, que la sentencia cuestionada por esta vía impugnativa, contiene un vicio que atenta contra la motivación que debe observarse en todo fallo, el cual se produjo en el apartado de la fundamentación jurídica y en la parte dispositiva de la misma, al realizar el juzgador una motivación jurídica contradictoria, lo que impide verificar la corrección del razonamiento que determina la absolución del imputado respecto del delito Desobediencia, por el cual se le acusó, para lo cual es preciso examinar lo establecido por el Juzgador en el apartado cuarto de la fundamentación jurídica: “Respecto al incidente promovido por la defensa privada del Sr. W. S. S., en el sentido de que el Ministerio Público no procedió conforme manda el art. 28 numeral 2 de la Ley de Municipalidades, toda vez que el mismo, no dio curso ante al antejuicio para el caso de delitos promovidos contra Alcalde Municipal de la misma manera que se procede contra los jueces de letras (Véase el acápite de los antecedentes de esta sentencia).- En cuanto a lo anterior este Tribunal, ya se ha pronunciado de forma amplia, puesto que en un Estado de Derecho Democrático, en el cual nos encontramos no debemos de obviar el “principio de mínima intervención” y sus cuatro pilares fundamentales como ser: Imperio de la ley, legalidad de la administración, independencia de los poderes del Estado y el respeto de Garantías y Derechos Individuales, por lo que de forma expresa declaramos con lugar dicho incidente, por existir en la presente causa una eminente violación a los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código, lo anterior en aras de vE.r por el respeto irrestricto de los derechos del imputado. Razón por la cual es procedente declarar sin lugar la oposición que al respecto indicó la representante del Ministerio Público”. Como se desprende de dicha motivación, el ente jurisdiccional declara con lugar el incidente de Nulidad promovido por el apoderado defensor del acusado, aduciendo que el Ministerio Público debió iniciar el proceso bajo el amparo de la figura del Antejuicio, partiendo de esta aseveración, debemos entender entonces, que el Juzgador tiene como no válido todo lo desarrollado o evacuado en el proceso; sin embargo, contradictoriamente en la parte dispositiva de la sentencia, ABSUELVE de toda responsabilidad al señor W. S. S., por el delito de DESOBEDIENCIA, pronunciándose en el fallo en relación a la valoración de la prueba allegada al juicio, situación que provoca una grave inconsistencia, ya que al producirse la nulidad del proceso, no es procedente el juzgamiento; es decir, el Tribunal cumplió el requerimiento de valoración jurídica, pero de manera contradictoria. Los argumentos que anteceden nos conducen a afirmar, que en el caso sub judice, se hace patente la motivación jurídica contradictoria en que incurrió el Juzgador y que se ve reflejada en la sección de fundamentación jurídica, al haber resuelto con lugar el incidente de nulidad, en relación con el Antejuicio que debió ser promovido al acusado y al mismo tiempo emite pronunciamiento sobre el fondo de la causa, entonces el imputado ¿Fue absuelto por insuficiencia probatoria? En este caso tuvo como válido el procedimiento ordinario que se le siguió al mismo ó ¿Decreta la Nulidad del proceso, por vulneración al Debido Proceso?; en cuyo caso, no procedía la valoración de prueba que corresponde a un proceso inexistente, provocando esta incoherencia una falta de claridad en la fundamentación jurídica del fallo cuestionado a través de esta vía. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Único Motivo. 1)Denunció la recurrente la violación a los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República en relación con los artículo 1 del Código Penal y 28 numeral 2 de la Ley de Municipalidades, consignando como precepto autorizante el artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicó la censora que en el caso subjudice se ha violentado el debido proceso regulado en el artículo 90 de nuestra Carta Magna, cuando el Juzgador declaró con lugar el incidente de nulidad presentado por la defensa privada del imputado, aduciendo que en virtud de ser Alcalde Municipal, lo procedente era la promoción de un antejuicio, pues éste fue acusado por el delito de desobediencia en relación a la ejecución forzosa de una sentencia en la que se le condenaba a devolver un bien inmueble, además a pagar o consignar la cantidad que se le ordena por frutos naturales y civiles, así como las costas del juicio; para la censora dicho proceso penal no aplica el numeral 2 del artículo 28 de la Ley de Municipalidades, pues no se trata de propuestas dentro de la ley, ni opiniones vertidas en relación a sus funciones, sino con el incumplimiento de un mandamiento judicial. Lo que ha provocado el quebranto al Principio de Legalidad o Primacía de la Ley, conforme al cual todo ejercicio del poder público debe estar sometido a la ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas, por lo que se dice que el principio de legalidad establece la seguridad jurídica, por lo que se ha infringido el artículo 1 del Código Penal. 2) Esta Sala de lo Penal ha establecido como criterio jurisprudencial, que la esencia del recurso de casación por infracción de precepto constitucional estriba en la observancia de derechos, garantías y principios constitucionales en el juicio penal, sabedores que por su propia naturaleza el derecho penal es un medio de control social que implementa los instrumentos más represivos del Estado, y en consecuencia necesita como limite a ese derecho de persecución de infracciones penales, la gama de derechos y garantías constitucionales que hagan de esa persecución un proceso que se ajuste a las reglas señaladas por la ley, teniendo así como contrapeso el respeto a la dignidad humana de la persona sometida al IusPuniendi. El Código Procesal Penal de Honduras, señala en el artículo 361, que para interponer el recurso por infracción de precepto constitucional bastará para fundamentarlo la señalización de la infracción. Lo anterior no debe significar que será suficiente únicamente la cita de la norma constitucional vulnerada, sino que el recurrente deberá sujetarse a las reglas básicas de preparación del recurso, citadas en el artículo 363 del Código Procesal Penal hondureño, es decir señalar de forma concreta la norma constitucional violentada, la manera en que dicha infracción ocurrió, indicando como el vicio ha repercutido en su perjuicio. 3) Para dar una respuesta adecuada al recurso presentado, es importante establecer el criterio jurisprudencial de la Sala acerca de los alcances del Derecho al Debido Proceso en el proceso penal. El Debido Proceso constituye un postulado básico del Estado de Derecho, traducido en la facultad del ciudadano de exigir tanto en la actuación judicial como administrativa, el respeto irrestricto de las normas y ritos propios de la actuación por parte del Estado en cada caso concreto de aplicación de la ley sustancial, al proceso o juicio conforme a las leyes pre-existentes al acto imputado, ante Juez o Tribunal competente y con observancia de las formas propias de cada juicio; así entonces, el Debido Proceso es la máxima expresión de las garantías fundamentales y cualquier vulneración a las mismas pueden ser alegadas por vía de violación al Debido Proceso en un sentido amplio, formando usualmente parte de éste: la pre-existencia de la ley penal, el Juez o Tribunal competente, el acceso a la administración de Justicia en condiciones de libertad e igualdad, la observancia y cumplimiento de las formas propias del Juicio, entendido éste último como todo el desarrollo del proceso, la aplicación de la ley penal favorable, la presunción de inocencia y sus consecuencias, la defensa técnica y material, el proceso público sin dilaciones injustificadas, el principio de contradicción, el principio de lesividad, la imparcialidad del Juez, a la doble instancia, entre otros. Así tenemos que la Constitución de la República precisamente establece que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, de manera que todo procedimiento o juzgamiento deberá estar sujeto a las formalidades de ley como instrumento de garantía de los derechos del justiciable, por otra parte, si bien es cierto que los derechos de defensa y debido proceso, aparecen en la Constitución de la República en el capítulo concerniente a los derechos individuales, es igualmente cierto que el Ministerio Público, legítimo representante de los intereses de la sociedad, como poseedor del monopolio de la acción penal, se presenta como un legítimo medio de las víctimas para acceder al proceso penal y concretizar los derechos individuales de estas; así las cosas, enuna amplia interpretación de los derechos otorgados por la Constitución, el Ministerio Público puede reclamar en ese sentido la observancia de esos derechos Constitucionales, en consecuencia tratándose del ente fiscal, habrá que examinar si la intervención de este ha posibilitado su libre acceso al órgano jurisdiccional a efecto de concretizar mediante la acción el derecho de defensa de los intereses generales que suele representar en juicio, en ese sentido existe una gama de preceptos de orden procesal que llevan justamente a concretar este derecho del Ministerio Público así comprendido, por ello los artículos 25, 272, 273, 284 entre otros del Código Procesal Penal, hacen factible el acceso del ente fiscal, como defensor de los intereses de la Sociedad, a los órganos de justicia a fin de hacer valer los intereses que representa[1]. 4) Resulta bastante interesante el planteamiento presentado por la recurrente, al establecer que se violentó el Debido Proceso, pues el Juzgador declaró con lugar un incidente de nulidad interpuesto por la defensa en la etapa de incidente en el debate o juicio oral, ya que el A-quo consideró que al ostentar el cargo de Alcalde Municipal lo correcto era iniciar un proceso de antejuicio como lo dice la Ley de Municipalidades en su numeral 2 del artículo 28. Sobre la violación al Debido Proceso que señala la recurrente, advierte esta Sala de lo Penal que en efecto existe una transgresión a esa garantía constitucional, pero no por las razones que argumenta la recurrente, pues este Tribunal de Casaciónya ha establecido en otros fallos que los ciudadanos que ostente el cargo de Alcalde Municipal, antes de incoarles un proceso penal, deben ser sometidos a un procedimiento de antejuicio, pues el artículo 28 de la Ley de Municipalidades en su numeral 6 refiere: “El alcalde, Vice Alcalde y los Regidores gozarán de las prerrogativas siguientes: 1)… …6) No ser removidos ni suspendidos, sin que previamente se les siga el antejuicio correspondiente, conforme el procedimiento establecido por la Ley.”En ese sentido el Tribunal Sentenciador no estaba del todo equivocado al emitir su criterio de que en el caso subjudice, por el cargo que ostentaba el imputado, debía ser sometido a un proceso de antejuicio.Resulta necesario aclarar que, el Ministerio Público como encargado de la persecución penal y conocedor de los procesos legales y de los alcances del Debido Proceso, no puede ampararse o excusarse en desconocer un mandato de la ley respecto al antejuicio, por ende se hace un llamado de atención al Ente Fiscal para que en próximos casos y en base al Principio de Objetividad que debe regir sus actuaciones, respete el procedimiento de antejuicio de aquellos ciudadanos que conforme a ley, debe seguírsele dicho proceso. Ahora bien este Tribunal de Casación considera que existe violación al Debido Proceso, puesto que el A-quo ha inobservado una norma procesal penal como ser el artículo 320 del Código Procesal Penal, y esto es así puesto que, la defensa del imputado al presentar la nulidad del proceso, lo hizo en el debate en el momento de los incidentes conforme lo regula el precitado artículo 320 del Código Procesal Penal, el problema se suscita que esta norma establece: “…A instancia de cualquiera de las partes el Presidente del Tribunal abrirá un turno de incidentes para exponer lo que estimen oportuno acerca de la competencia del órgano judicial, recusación de algunos de sus miembros, excepciones, causas de nulidad o exclusión de medios de prueba por causa de ilicitud, siempre que estas alegaciones se funden en hechos nuevos o desconocidos hasta entonces…” (Lo resaltado es nuestro). Resulta evidente para esta Sala de lo Penal que el Juzgador inobservó esta norma procesal penal, que claramente establece que estos incidentes que se darán durante el debate, tendrán como único requisito que se basen en hechos nuevos o antes no conocidos por las partes, y esto se debe a que dentro de los actos integrantes del Juicio Oral (Art. 266 CPP) existe la etapa de preparación del debate, en la cual las partes cuentan con 10 días para que examinen diligencias, planteen recusaciones, excepciones o nulidades; además de las reglas que establece el Código Procesal Penal en los artículos 165 al 171, para la presentación de nulidades, en los cuales se establece claramente los momentos procesales para su presentación. En el caso sub judice, el Tribunal de Sentencia ha dado a trámite un incidente que no se basa en hechos nuevos o de nuevo conocimiento para la Defensa Privada, como condiciona el artículo 320 del Código Procesal Penal, por lo que ad portas debió haber sido inadmitido en base al principio de preclusión.En el proceso procesal penal rige el PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN, entendido como la perdida de la oportunidad de las partes para la presentación de peticiones o para la realización de actuaciones como consecuencia de haberse superado un momento procesal determinado, y que tiene como objeto mantener el orden de consecución del proceso y su pronta realización y es por ello que el artículo 320 citado condiciona la admisión de los incidentes a hechos nuevos o de nuevo conocimiento, pues se entiende que antes de esta etapa procesal las partes han tenido la oportunidad de presentar incidentes de conocimiento previo. Tal es el presente caso, en el que la defensa privada del imputado desde las primera audiencias del proceso penal, debió impugnar dicha nulidad, pues el cargo de Alcalde Municipal lo ostenta el acusado W. S. S. desde que se incoó proceso civil contra la Alcaldía del Municipio de Concepción departamento de Intibucá, de la cual es Alcalde, por lo que no puede obviarse su condición desde las primera etapas penales y por ende su condición de alcalde municipal no puede enmarcarse en un hecho nuevo o de reciente conocimiento. 5) Otro punto que no puede dejar de señalarse y que los Tribunal de la República deben tener bien presente, es que si la decisión -errada o no- del A-quo, fue de declarar con lugar el incidente de nulidad presentada por la defensa, lo que correspondía era el dictado de una sentencia incidental, en la cual se estableciera los argumentos del porqué se declaró con lugar la cuestión incidental, sin entrar a valorar prueba sobre el fondo del juicio, tal como erradamente lo realizó el Juzgador en el caso sometido a estudio, lo que evidencia una contradicción puesto que, por un lado establece que no se debió promover acusación sin antes no presentar un antejuicio, pero por otro lado lo absuelve de toda responsabilidad penal, cuando ésta todavía no ha sido analizada por Juez competente. En tal sentido considera este Tribunal de Casación, que en efecto existe violación al Debido Proceso, puesto que la solicitud de nulidad de la defensa privada debió ser inadmitida en virtud del Principio de Preclusión, derecho que al no ser reclamado oportunamente fue perdido, por lo que el Juzgador debió continuar con la celebración del Juicio Oral y proceder a valorar los medios de prueba aportados por la partes para determinar su responsabilidad o no en el delito de desobediencia; razones suficientes para declarar con lugar el presente recurso de casación por infracción de precepto constitucional, ordenando la nulidad de la sentencia y el debate realizado, y decretando la celebración de un nuevo debate con jueces diferentes a los que participaron en el juicio. Esta Sala de lo Penal no se pronuncia acerca de los motivos de casación por quebrantamiento de forma interpuestos por la recurrente, toda vez que ha prosperado el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional, con los efectos jurídicos correspondientes. V. DECISIÓN Por los argumentos ampliamente vertidos se declara con lugar el Recurso de Casación por Infracción de precepto constitucional. VI. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del ESTADO DE HONDURAS, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 361 y 369 del Código Procesal Penal; 28 numerales 2 y 6 de la Ley de Municipalidades FALLA: Primero: Declarando con lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por la abogada E. A. A., en su condición de fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra el señor W. S. S. a quien se le sigue proceso por los delitos de Desobediencia en perjuicio de La Administración Pública. SEGUNDO: Casa la sentencia.TERCERO: Declara la Nulidad del Debatey de la Sentencia de fecha diecinueve de noviembre de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua. Y MANDA: I. Que se repita el debate con un tribunal integrado por jueces distintos a los que conocieron el juicio anulado. II. Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para que se proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha treinta de enero del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-79-2013.
JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
[1]Vid Sentencia de Casación Penal N° 40-2011 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 10 de enero del 2013.