Sentencia CP-78-14 — Registro 15960
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Actos de Lujuria, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia del Segundo Motivo EL SEGUNDO MOTIVO ES DE RECIBO.- No se requiere de ningún esfuerzo para advertir la existencia del vicio alegado por el Ministerio Público; Preocupa a esta Sala de lo Penal que el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro, incurra en faltas tan básicas tratándose de la confección de una sentencia definitiva. Para los Señores Jueces, tras la celebración del debate donde se evacuaron medios de prueba, lo único que se pudo constatar fue la presentación del requerimiento fiscal en contra del acusado Guillermo Suazo Meléndez, por parte del Ministerio Público en fecha 24 de Febrero de 2006 (f. 60 v); Tal “hecho” es ajeno a aquello que era objeto de debate, además no se deriva del análisis del material probatorio, siendo una mera actuación procesal, por ende la sentencia carece de una verdadera declaratoria de hechos probados y por lo tanto la decisión adoptada por los Juzgadores es arbitraria, al aplicarse el derecho a una verdad desconocida. Por lo expuesto es procedente declarar con lugar el segundo motivo del recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por el Ministerio Público..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICICION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO PENAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticinco días de septiembre de dos mil diecisiete (2017). El pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, dictan EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-078-2014 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha catorce de octubre del año dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de El Progreso, Departamento de Yoro, mediante la cual absolvió al señor Guillermo Suazo Meléndez, del supuesto delito de Actos de Lujuria, en perjuicio de la menor B. R. M. M..- Asimismo no procedió condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio, ni la responsabilidad civil del señor Guillermo Suazo Meléndez.- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada Eladia Maldonado Rodríguez, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Son Partes: La Abogada Ilse Adela Fuentes, Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrente y la Abogada Alba Regina Paniagua, Agente de la Defensa Pública, como Recurrida. I. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Único: Que en fecha veinticuatro de febrero del año dos mil seis, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal en contra del señor Guillermo Suazo Meléndez, por suponerlo responsable del delito de Actos De Lujuria Agravados en perjuicio de la menor B. R. M. M..” II. RECURSO DE CASACIÓN.- MOTIVOS Y ARGUMENTOS “Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “Exposición De Los Motivos De Casación Primer Motivo: “Motivación Probatoria Insuficiente”. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: Como parte de la prueba de cargo se allegó al proceso mediante lectura autorizada la declaración de la víctima B. R. M. M., quien fue clara al describir los tocamientos de que fue objeto por parte del acusado Guillermo Suazo Meléndez relatando:”...como don Guillermo hacía pan y el enseñaba inglés, entonces yo fui con mi hermano y él le dijo que fuera a comprar gas y entonces cerró el portón y me llevó a la cama y entonces yo andaba un vestido y me bajó el blumer y me metió el pene, y eso fue todo, y entonces antes de eso él me sentaba en las piernas y yo le tuve que decir que me estaba preparando la comida y entonces yo me fui llorando a la casa ...“ Al interrogatorio: “P. ¿La persona a que te referís está en esta sala? R. Sí... Primero estaba en la cocina y después me llevó a la cama. P. ¿Vos le dijiste algo a él? No, porque tenía miedo. P. ¿Le dijiste algo a tu mamá? R. Que don Guillermo me había tocado”. Al hacer la valoración de este testimonio el Tribunal se limita a decir que con el mismo, “no se logra probar la supuesta participación del encartado en la imputación hecha en su contra, de allí que no pueda considerarse válida para quebrantar el estado de inocencia del acusado”, como puede observarse, no expone cuales fueron las razones para haber llegado a dicha conclusión, descartando la prueba de manera arbitraria. Lo anteriormente expresado, genera que el fallo presente un vicio de motivación insuficiente, ya que: “La motivación para que sea completa debe referirse al hecho y al derecho, valorando las pruebas y suministrando las conclusiones a que arribe el Tribunal sobre su examen, sobre la subsunción del hecho comprendido en un precepto penal, y sobre las consecuencias jurídicas que de su aplicación se derivan”[1]. Al respecto nuestra normativa penal adjetiva establece en su artículo 141 la obligatoriedad del ente jurisdiccional bajo pena de nulidad, de motivar de manera clara y precisa, los actos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas. Asimismo establece el citado precepto penal que la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución “obligatoriedad que también se revalida en el numeral 3 de la regla cuarta del artículo 338 del Código Procesal Penal.- En ese mismo sentido, la Honorable Sala de lo Penal en fallos anteriores ha establecido: “La motivación insuficiente” se da cuando en la sentencia no se explican lo suficiente las circunstancias tomadas en consideración para determinada decisión o cuando habiendo valorado cierta prueba no se diga claramente cuál fue la tomada en cuenta para fijar los hechos probados. Situación que concurre en el caso subjudice, pues al revisar el fallo que hoy se cuestiona a través de esta vía impugnativa, se observa que el Tribunal en el numeral segundo del apartado de valoración probatoria incurre en un grave vicio que atenta contra la motivación a cumplir en todo fallo, el cual se produjo cuando no expone cuales son las razones que lo han llevado a concluir, que la declaración de la menor víctima no logra probar la participación del encausado en el ilícito penal que se le atribuye, es decir, no ha indicado cuál fue la razón o fundamento tomados en consideración para efectuar tal afirmación. En relación a la motivación, Chamorro Bernal, basándose en una sentencia del TC Español dice que “... la finalidad de la motivación en un Estado democrático de Derecho legítima la función jurisdiccional y, es múltiple ya que: 1. Permite el control de la actividad jurisdiccional por parte de la opinión pública, cumpliendo así con el requisito de publicidad. 2. Logra el convencimiento de las partes, eliminando la sensación de arbitrariedad y estableciendo su razonabilidad, al conocer el por qué concretó la resolución. 3. Permite la efectividad de los recursos. 4. Pone de manifiesto la vinculación del Juez a la ley. No basta el simple encaje de los hechos en la norma, porque las razones de la decisión pueden seguir manteniéndose desconocidas, sino que hay que precisar porque encajan”.[2] Partiendo de lo anterior se evidencia, que el Tribunal sentenciador ha incumplido la obligación de sustentar y motivar las decisiones judiciales que le impone la ley, requisito que es vital en el ejercicio de la función jurisdiccional, ya que la necesidad de justificar las decisiones judiciales garantiza que sea la voluntad de la ley y no la del sentenciador la que defina el conflicto jurídico, en este sentido, la motivación de los actos jurisdiccionales, pueden ser vistos como un componente que refuerza el contenido mínimo del Debido Proceso, dado que constituye una barrera a la arbitrariedad judicial y contribuye a garantizar la sujeción del juez al ordenamiento jurídico y el posterior control sobre la razonabilidad de la providencia, lo que no ocurre en el caso en estudio, pues como hemos venido indicando, el ente jurisdiccional le resta valía probatoria a la declaración de la menor ofendida que constituye la testigo principal en este tipo de delitos, sin explicar cuál fue la razón o fundamento tomados en consideración para tomar dicha decisión, provocando una limitante a las partes para atacar adecuadamente el fallo y poder hacer un adecuado uso de la vía recursiva. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.” Continúa manifestando la Recurrente en su: “Motivo Segundo: “Falta de la Declaración de Hechos que el Tribunal Estima Probados”. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 1, del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: La sentencia recurrida al declarar o estimar el Hecho Probado señaló: “Único: Que en fecha veinticuatro de febrero del año dos mil seis, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal en contra del señor Guillermo Suazo Meléndez, por suponerlo responsable del delito de Actos de Lujuria Agravados en perjuicio de la menor B. R. M. M.”. Al examinar el supraindicado relato fáctico se logra evidenciar, que el mismo adolece de Hechos Probados, debido a que se limita a describir una diligencia judicial, como es la presentación de un requerimiento fiscal, sin señalar a que conclusiones arribó el juzgador como resultado de la prueba valorada en juicio, tanto es así, que el mismo Tribunal en el numeral segundo de la Fundamentación Jurídica del Fallo señala: “Este Tribunal no declaró ningún hecho probado, en base a la prueba examinada durante el debate... “.Esta omisión por parte del ente jurisdiccional genera una grave violación al artículo 338 del Código Procesal Penal que prescribe entre los requisitos de la sentencia, “La Declaración de hechos probados”. Para referencia, estimamos de importancia transcribir lo que el Manual de Derecho Procesal Penal Hondureño señala al respecto: “...el vicio consiste en que el sentenciador omita efectuar esa declaración que de soporte fáctico al fallo. Vale decir que no le está permitido al Juez establecer como hecho probado lo que se le ocurra, como ser meras actuaciones procesales, trascripción de pruebas o exposiciones de algunas de las partes, sino únicamente los hechos que a su criterio con base en la prueba, constituyen la verdad histórica que dará sustento al fallo...[3] Por las razones anteriormente expuestas, consideramos que el vicio enunciado se presenta y por lo tanto es procedente la anulación de la sentencia impugnada.”. Sigue manifestando la Recurrente en su: “Motivo Tercero: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las Reglas de la Sana Crítica”. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: Será de utilidad para la mayor comprensión del presente recurso establecer lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal. Según el Artículo 202 de la Ley Penal Adjetiva, el sentenciador formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la Sana Crítica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Este sistema de valoración, que implementa la reforma procesal penal, le permite al sentenciador cierta libertad en su estimación de pruebas que determinen su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados. En el presente proceso con la finalidad de acreditar los hechos, se evacuó durante la Audiencia de Juicio, entre otras, la prueba de cargo que se señala a continuación: 1) Prueba De Cargo1. Declaración de la ofendida B. R. M. introducida al juicio mediante lectura, y en la cual se puede constatar que la niña manifestó: “Yo estaba en mi casa y como don Guillermo hacía pan y el enseñaba inglés, entonces yo fui con mi hermano y él le dijo que fuera a comprar gas y entonces cerró el portón y me llevó a la cama y entonces yo andaba un vestido y me bajó el blúmer y me metió el pene, y eso fue todo, y entonces antes de eso el me sentaba en las piernas y yo le tuve que decir que me estaba preparando la comida y entonces yo me fui llorando a la casa y le conté a mi mami lo que me había pasado y entonces yo no sabía que así violaban a los niños y le pregunté que si así violaban a los niños, eso fue lo que pasó”. Al interrogatorio del Fiscal, la ofendida respondió: “P. Cuando sucedió lo que contaste, ¿Cuántos años tenías? R. Ocho años. P. ¿La persona a que te referís está en ésta sala? R. Sí. P. ¿Cuándo llegaste a la casa a qué lugar llegaste primero? R. Primero estaba en la cocina y después me llevó a la cama. P. ¿Vos le dijiste algo a él? No, porque tenía miedo. P. ¿Le dijiste algo a tu mamá? R. Que don Guillermo me había tocado”. 2. Dictamen Sobre Evaluación Física: realizado y ratificado en juicio por el Doctor Arnaldo Rodríguez, que describe las lesiones encontradas a la menor víctima de agresión sexual en los siguientes términos: ““Hay eritema (enrojecimiento) del himen y labios menores... Explícitamente sólo hay eritema por probable manipulación por agresor... Objeto agresor: Probablemente por el pene” El médico al declarar en juicio señaló que la niña le había referido que el señor le había puesto el pene en su vulva”. 3. Certificación De Acta De Nacimiento de la ofendida, B. R. M. M., que acredita que nació en fecha 25 de Abril de 1998 y por lo tanto al momento de ocurrencia del hecho tenía ocho años de edad. El Tribunal al valorar la declaración de la niña refiere que con la misma “no se logra probar la supuesta participación del encartado en la imputación hecha en su contra, de allí que no pueda considerarse válida para quebrantar el estado de inocencia del acusado” al referirse el juzgador al Dictamen Médico, le confiere valor probatorio, por ser objetivamente idóneo y confiable para determinar evidencias físicas y clínicas que presentaba la menor, pero no es útil por si solo para acreditar la culpabilidad del acusado; el Acta de Nacimiento, a criterio del Juzgador sólo es útil para acreditar la minoría de edad de la ofendida. (Ver numerales Primero Y Segundo del apartado de la Valoración Probatoria). En torno a la pretensión acusatoria del Ministerio Público el Juzgador determinó lo siguiente: “...Este Tribunal no declaró ningún hecho probado, en base a la prueba examinada durante el debate, por lo que se concluye que no se logró acreditar la participación del señor Guillermo Suazo Meléndez en el delito de Actos De Lujuria Agravados definido y tipificado en el artículo 141 párrafo segundo del Código Penal, en perjuicio de la menor B. R. M. M.; sobre la presunción de inocencia cabe hacer una reflexión a la luz de la doctrina y esta viene en el sentido de proteger al ajusticiable frente al vacío de prueba de cargo, así pues, en virtud de éste principio, una persona acusada de la comisión de un hecho penalmente relevante, no puede ser considerada culpable hasta que así se declare en una sentencia condenatoria dictada dentro de un proceso penal justo, en el que se haya producido al menos una mínima actividad probatoria, considerada de cargo y valorada libremente por un Tribunal independiente e imparcial, circunstancia que no ocurrió en el caso de méritos, ya que al no producirse prueba de cargo que limitara ese principio, lo que deviene es corroborar es principio de inocencia al imputado del delito a él reprochado”. (Ver numeral Segundo de la Fundamentación Jurídica). Debemos señalar, que la conclusión a la que ha arribado el Juzgador respecto a la no culpabilidad del imputado en el delito que se le atribuye, se muestra como violatoria a la Regla Lógica de la derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, el cual como sabemos, debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de éstas que se vayan determinando, principio que se encuentra vulnerado al establecer el Tribunal que con las pruebas de cargo aportadas en el juicio, no es posible tener por acreditado ni los hechos ni tampoco la participación que en los mismos tuvo el imputado Guillermo Suazo Meléndez, razonamiento que se revela contra la regla de la sana crítica ya enunciada, por cuanto la ofendida al deponer sobre los hechos acontecidos narra con detalle lo ocurrido, declaración que resulta concordante con los hallazgos físicos encontrados a la menor, según Dictamen de Evaluación Física que fue ratificado en el debate por el Doctor Arnaldo Renán Rodríguez Sabillón, pues presentaba enrojecimiento de himen y labios menores producto de probable manipulación con objeto que puede ser un pene, de manera que esta probanza nos conduce a tener por acreditada sin lugar a dudas la ocurrencia del hecho y la participación del acusado en dicha acción delictiva. (Actos de Lujuria Agravados), ya que no han concurrido en el desarrollo del proceso, circunstancias que puedan restar credibilidad del dicho de la menor, en virtud que incluso se le preguntó si su madre le dijo que declarar y la misma contestó que su mamá le dijo que declarara lo único que pasó sin quitarle más o menos, no evidenciándose algún tipo de manipulación, ni tampoco la existencia de algún motivo para pretender perjudicar al imputado. También consideramos importante mencionar, lo que la Honorable Sala de lo Penal ha establecido en varias sentencias cuando concurre éste tipo de delitos, para lo cual hacemos referencia a la Sentencia SP-404-2008 de fecha 08 de Febrero de 2010, siendo el Magistrado Ponente el Abogado Jacobo Antonio Cálix Hernández en relación a los parámetros de valoración probatoria a ponderar para dotar o no de credibilidad el testimonio de los niños o adolescentes respecto a los cuales se debe tener una consideración personal en función de necesidades inmediatas de edad, sexo, discapacidad, nivel de madurez, etc., lo que desemboca en que la declaración de este tipo de ofendidos se debe valorar diferente a la deposición que rinden los adultos... todo ello bajo el marco de respeto al trato digno y comprensivo que debe dársele a este tipo de víctimas, en un proceso judicial. Asimismo, a pesar de las numerosas investigaciones y enseñanzas victimológicas sobre el testimonio de los niños, niñas y adolescentes que han sufrido abuso sexual, la humillación que sufre la víctima de un delito sexual, el riesgo de su vida física, moral, social, constituyen aspectos no comprendidos socialmente, especialmente por las instituciones asistenciales y por la administración de justicia...”[4] Establecido lo anterior cabe indicar, que el elenco probatorio permite concluir que la menor B. R. M. M., sí fue objeto de la acción ilícita de Actos de Lujuria Agravados, tomando en consideración que su edad es inferior a la edad de catorce años, tal como se acreditó con la certificación de acta de nacimiento. Atendiendo los resultados obtenidos de la prueba evacuada en el proceso, el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador diezmó la magnitud fáctica propia del contenido de la prueba de cargo, ya que el testimonio de la ofendida así como la prueba pericial y documental fue congruente, precisa y clara, y constituyó fuente imparcial de conocimiento de los hechos; además, esta prueba fue legalmente incorporada, y al ser analizada de manera conjunta y armónica, conducen todas ellas a la inexorable conclusión de que el imputado sí perpetró el hecho delictivo por el cual fue enjuiciado; por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia. Por haberse producido el vicio in procedendo que se ha denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.”. III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Ministerio Público.- Segundo Motivo. Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362.1 del Código Procesal Penal; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 338 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: Falta de Declaración de Hechos Probados; Acciones de Saneamiento: Imposibilidad dado que el vicio está contenido en la sentencia definitiva. Pretensión: Anular la Sentencia que se impugna. Señala la Censora que al examinar el relato fáctico de la sentencia, se evidencia que ésta en realidad adolece de hechos probados, pues los juzgadores se limitan a describir una diligencia judicial, como es la presentación del requerimiento fiscal. Indispensabilidad de Hechos Probados en la Sentencia Los hechos probados son el relato histórico respeto a los acontecimientos que están siendo debatidos; son una descripción, donde los juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; Los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento; es a partir de los hechos probados que los juzgadores determinan la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. Por lo anterior el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1. Requisitos de Forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y 2. Requisitos de Fondo: a. Precisos: Los hechos probados deben ser la reproducción del hecho histórico que fue objeto de controversia en la audiencia de debate, por tanto serán estos los hechos que deben ser fijados, evitando divagarse sobre hechos distintos que si bien hayan sido acreditados, no sean de utilidad para definir la existencia o inexistencia de responsabilidad penal. b. Claros: “… la falta de claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan, entre otros casos, utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (Ver Sentencia de fecha 15 de diciembre del 2010 en el Exp 377-2008 de la Sala de lo Penal), “…supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Ver Sentencia de fecha 28 de octubre del 2010 en el Exp 129-2009) c. Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (Ver Sentencia de fecha 13 de abril del 2011, en el Exp 250-2009) d. La no utilización de Conceptos que predeterminen el fallo: Los hechos probados son el resultado de la valoración intelectiva de la actividad probatoria, son pues las conclusiones de ésta, relatados de manera lógica, cronológica y personalizada; en su construcción los juzgadores no deben hacer recuento de actuaciones investigativas o descripción de medios probatorios, pues estos no son los hechos debatidos, sino los medios que ayudan a llegar a dichos hechos. Tampoco los juzgadores deben hacer uso de términos que por ser exclusivamente jurídicos predeterminen el fallo, relevando la obligación de hacer el proceso de subsunción de los hechos en los elementos objetivos y subjetivos que componen el tipo penal que sustenta la acción penal. El Ejercicio de la jurisdicción penal parte de la reconstrucción de hechos históricos, los cuales una vez comprobados permiten al órgano jurisdiccional aplicar la norma sustantiva al caso concreto, por lo que resultan ser indispensables, ya que de lo contrario la decisión adoptada se convertiría en arbitraria, pues se aplicaría el derecho a una “verdad desconocida” que solo existe en la mente de los juzgadores. Constituye vicio in procedendo cuando la sentencia carece de la declaración de hechos probados, lo cual ocurre no solo cuando no exista en la resolución judicial una declaratoria expresa de éstos, en un apartado especial como lo manda el artículo 338 cpp, sino además cuando dicha declaración de hechos probados no sea la conclusión de la operación valorativa de los medios de prueba, sino una mera transcripción del contenido de la acusación o de la tesis de defensa, recuento de actuaciones procesales (que de por si no son el objeto del debate y por lo tanto no fueron objeto de probanza) o la simple enumeración de medios probatorios o transcripción de su contenido.- Es importante advertir que aun cuando en la fundamentación probatoria y/o en la fundamentación jurídica los juzgadores hagan relación de los hechos que consideran ocurrieron en el caso concreto, ello no los exime de fijarlos concreta, terminante y claramente en el apartado especial de “Declaración de Hechos Probados” como imperativamente ordena la ley procesal. Una sentencia sin declaratoria de hechos probados no puede considerarse como tal, pues se reduce a la adopción de una decisión arbitraria por parte de la autoridad judicial. IV.IV.- De la Procedencia del Segundo Motivo El Segundo Motivo es de Recibo.- No se requiere de ningún esfuerzo para advertir la existencia del vicio alegado por el Ministerio Público; Preocupa a esta Sala de lo Penal que el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro, incurra en faltas tan básicas tratándose de la confección de una sentencia definitiva. Para los Señores Jueces, tras la celebración del debate donde se evacuaron medios de prueba, lo único que se pudo constatar fue la presentación del requerimiento fiscal en contra del acusado Guillermo Suazo Meléndez, por parte del Ministerio Público en fecha 24 de Febrero de 2006 (f. 60 v); Tal “hecho” es ajeno a aquello que era objeto de debate, además no se deriva del análisis del material probatorio, siendo una mera actuación procesal, por ende la sentencia carece de una verdadera declaratoria de hechos probados y por lo tanto la decisión adoptada por los Juzgadores es arbitraria, al aplicarse el derecho a una verdad desconocida. Por lo expuesto es procedente declarar con lugar el segundo motivo del recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por el Ministerio Público. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Ministerio Público.- Primer y Tercer Motivo. Primer Motivo Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 141 y 338 del Código Procesal Penal Concepto de la Infracción: Motivación Probatoria Insuficiente Acciones de Saneamiento: Imposibilidad dado que el vicio está contenido en la sentencia definitiva. Pretensión: Sin determinar por la Censora. Señala la censora que como parte de los medios de prueba que se evacuaron en la audiencia de debate, se introdujo por lectura la declaración de B. R. M. M., la cual no fue valorada suficientemente, dado que los juzgadores se limitaron a indicar que con lo informado por ésta no se logró probar la participación del acusado en el delito imputado, sin exponer las razones de tal conclusión. Tercer Motivo Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 202 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Violación de las Reglas de la sana Critica en el proceso valorativo probatorio. Acciones de Saneamiento: Imposibilidad dado que el vicio está contenido en la sentencia definitiva. Pretensión: Sin determinar por la Censora. Arguye la Censora que la sentencia violenta el postulado de derivación integrado al Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia; fundamenta que los juzgadores han emitido un pronunciamiento absolutorio a favor del acusado tras haber concluido que éste no tuvo participación en los hechos, lo que constituye una errónea valoración por violación a las reglas de la sana critica. Pronunciamiento de la Corte de Casación El Ministerio Público, al presentar su recurso de casación por quebrantamiento de forma ha planteado tres motivos diferentes, en donde señala que la sentencia impugnada contiene igual número de vicios que la hacen invalida ante el ordenamiento jurídico imperante. Habiendo esta Sala de lo Penal resuelto con lugar uno de los motivos y por ende concediendo la pretensión recursiva de anular la sentencia recursiva, resulta sobreabundante emitir un pronunciamiento sobre los dos motivos restantes planteados y que emanan de la misma resolución cuestionada. IV. DECISIÓN Ha Lugar el segundo motivo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. V. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362 del Código Procesal Penal, FALLA: Primero: Declarar Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su segundo motivo, interpuesto por el Ministerio Público; Segundo: Casa la sentencia de fecha catorce de Octubre de dos mil trece (f. 60) dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro, decretando su nulidad y de la audiencia de juicio que le origina de fecha dieciséis de Septiembre del mismo año (F. 56).- Y MANDA: Primero: Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de la ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro, proceda a celebrar un nuevo juicio para resolver la acusación penal incoada por el Ministerio Público en contra del señor Guillermo Suazo Meléndez, en el cual deberán participar jueces distintos a aquellos que concurrieron a la audiencia de debate y que tuvo como resultado la sentencia de fecha catorce de octubre de dos mil trece.- Segundo.- Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado Coordinador.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-78-2014.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
[1] Manual de Derecho Procesal Penal Hondureño. Tomo II, p. 424 referencia a textual a De La Rúa, Honduras, C. A, 2003.
[2] Chamorro Bernal Francisco; La Tutela Judicial Efectiva. Derechos y Garantías Procesales. Barcelona: Bosch, Casa Editorial S.A. 1994; Pág. 205.
[3] Op Cit. Tomo II, p. 420. Honduras, C. A, 2003
[4] Marchiori, Hilda. La Víctima del delito. Lerner, año 2009, página 111-113.