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Sentencia CP-77-14 — Registro 15959

Resumen

En primer instancia se absuelve al acusado por el supuesto delito de Transporte Ilegal De Arma Comercial, se declaar sin lugar el recurso de casación interpuesto por el MP

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El Recurso no es de Recibo.- La Censora reproduce en el Recurso de Casación por Infracción de Ley, los argumentos desplegados en el recurso por infracción de precepto constitucional ya resuelto; Para la Censora los hechos declarados probados describen la conducta delictiva tipificada en el artículo 332-B del Código Penal, más ello es una apreciación errónea pues el juicio de tipicidad es negativo al no fijarse como probado por la autoridad judicial que el acusado no contaba con un permiso para la portación y transporte del arma de fuego en el momento en que fue requerido por la autoridad pública, resultado por ello atípicos los hechos probados en relación a la hipótesis contenida en el tipo penal. La Doctrina Legal sentada por esta Corte Suprema de Justicia, existente para la fecha de la emisión de la sentencia impugnada, es clara al advertir que el delito de portación ilegal de arma de fuego solo existirá cuando se dé por probado que la persona acusada no contaba con permiso previo extendido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública para poseer, transportar, fabricar, comprar, vender, importar, exportar, etc., arma de fuego de uso personal.- Será inexistente tal permiso cuando la persona ostente un permiso extendido a favor de un tercero, cuando la persona ostente un permiso para la portación y/o posesión de un arma de fuego personal distinta a la que le fue encontrada, cuando la persona ostente un permiso que ha expirado su vigencia o cuando la persona después de haber obtenido el permiso ha realizado modificaciones al arma de fuego de uso personal, sin notificar a la autoridad competente. Por lo expresado es procedente declarar sin lugar el recurso de casación por infracción de ley interpuesto por el Ministerio Público..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO PENAL I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticinco (25) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La siguiente SENTENCIA, conociendo del Recurso de Casación 077-2014, por Infracción de Precepto Constitucional e Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha trece de noviembre del año dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, mediante la cual absolvió al señor Gustavo Membreño Mazariego, del supuesto delito de Transporte Ilegal De Arma Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior Del Estado De Honduras.- Se le revocó la medida cautelar impuesta al señor Gustavo Membreño Mazariego.- No procedió condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio.- Se ordenó el comiso del arma de fuego marca Smith & Wesson, serie 9008758.- No procedió la responsabilidad civil del señor Gustavo Membreño Mazariego.- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada Miriam Yessenia Barahona, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Son Partes En Única Instancia: El Abogado Salvador Cuestas Arévalo, Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrente y los Abogados Arnaldo Alcides García Alvarado y Mario Reiniery Amador, Defensores Públicos del acusado Gustavo Membreño Mazariegos, en su condición de Recurridos. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Primero: Que el día veintiocho de julio del año dos mil doce, elementos de la policía nacional preventiva requirieron un vehículo automotor tipo pick up, en el cual se encontraban un grupo de personas, que se conducían en la carretera que va a la comunidad de San Isidro, Jurisdicción del Rosario, del Departamento de Comayagua, y al momento de comenzar a practicarles un registro personal, el señor Gustavo Membreño Mazariegos se puso nervioso y manifestó que llevaba un arma de fuego en su mochila sin documentos. Segundo: Posteriormente al registrad la mochila color beige propiedad de Gustavo Membreño Mazariegos en el interior de la misma se encontró un arma de fuego tipo revólver marca Smith Wesson de uso comercial, dicha arma no ha sido utilizada en ningún acto delictivo.”. III. RECURSO DE CASACIÓN.- MOTIVOSY ARGUMENTOS III.I.- Recurso de Casación Por Infracción De Precepto Constitucional: Motivo Primero: “Por violación de los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República”. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: Las ventajas que representa el acceso a la casación por la vía del artículo 361 se traduce en una real y efectiva nueva vertiente con apertura suficiente para el control y revisión del engase constitucional en el proceso penal. En ese sentido resulta de importancia definir los valores constitucionales que no son más que aquellos valores jurídicos fundamentales que están reconocidos como tal por un determinado orden constitucional. Dentro de estos valores se derivan principios constitucionales que resultan ser principios generales del derecho los cuales actúan como garantías normativas de los derechos fundamentales. Dentro de dichos principios encontramos el de Legalidad a través del cual se pretende que toda actuación de los tres poderes del estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se someta necesariamente a lo prescrito en la ley. De éste principio deriva: a) el reconocimiento del principio de jerarquía normativa: el cual significa que una norma inferior no puede contradecir otra de rango superior. En consecuencia los jueces y tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa; b) el reconocimiento del Principio de Supremacía de la ley: que es concreción del principio anterior en virtud del cual la ley se impone a cualquier otra norma, este principio se encuentra reconocido en nuestro sistema jurídico en el artículo 320 de la constitución de la República el cual establece lo siguiente: “En casos de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicará la primera”. Del principio constitucional de legalidad deriva el principio de legalidad de los delitos y las penas, constituyendo el primero lo que se ha llamado “La carta magna del Derecho Penal”, porque es la máxima garantía normativa frente al poder represivo del Estado. Aunque tiene antecedentes medievales sólo se formula de forma expresa y en sentido actual por Anselmo Feuerbach, en el siglo XVIII, en su famosa frase “Nullum crimen, nulla poena sine previa lege”, lo cual supone básicamente que la acción punitiva del estado debe atenerse estrictamente a lo establecido por las leyes penales que sean anteriores a la acción delictiva, esto significa que dentro del principio de legalidad encontramos las siguientes garantías a saber: 1) Garantía Criminal: que toda conducta delictiva debe estar fijada de una forma clara y precisa en la ley; 2) Garantía Penal: Que no se puede establecer por el juez una pena que no venga prefijada por una ley anterior; 3) Garantía Jurisdiccional: Que el delito y la Pena se establezcan mediante sentencia judicial; 4) Garantía de ejecución: que la ejecución de la pena se sujete a una ley que la regule. Por su especial relevancia en la legislación penal este principio de legalidad de los delitos y las penas se encuentra además reconocido dentro del orden constitucional específicamente en el artículo 304 al establecer que: “Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. En ningún tiempo podrán crearse órganos jurisdiccionales de excepción”. Asimismo la norma precitada se encuentra estrechamente vinculada con el artículo 321 constitucional que expresa lo siguiente: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra la norma constitucional y que se ve reflejada al momento de emitirse sentencia por parte del Juzgador quien en el numeral primero, apartado denominado ANALISIS de la fundamentación jurídica, estableció lo siguiente: “Si bien es cierto el artículo 332 B del Código Penal dispone Quien sin permiso de la autoridad competente ...Transporte, posea... armas de fuego y municiones para uso personal... incurrirá en una pena de....” De aquí se desprende que la misma norma, permite a estos Juzgadores una interpretación gramatical atendiendo en este sentido el significado de las palabras del texto legal, es decir, que al disponer el mismo artículo armas de fuego se refiere a más de una arma, es decir, que el sujeto activo debe portar o poseer más de una arma de fuego para subsumir su acción en el tipo penal del 332-B, en el presente caso al imputado de autos se le decomisó un arma de fuego, dicho lo anterior el espíritu del legislador al incorporar dicha figura como delictiva, fue con el objeto de permitir aplicar la psicología y la lógica como máximas de la sana critica, es decir, que la lógica no induce a pensar que una persona como parte de defensa personal puede portar una sola arma, empero si a la misma se encuentra en posesión de más de una arma, nos induce a pensar que el objetivo del porte no es solo para seguridad personal, presumiéndose así una eventual o probable conducta delictiva..., El artículo 57 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares dispone: La mera tenencia de un arma, munición o explosivo u objeto prohibido, se sancionará sin perjuicio de la responsabilidad penal, con el decomiso inmediato y El precitado artículo merece también una interpretación gramatical, toda arma no prohibida cuyo tenedor carezca de permiso, será decomisada y deberá remitirse de inmediato a la Jefatura Departamental de la Policía Preventiva … .quedó plenamente establecido en juicio que la presente arma decomisada es de uso comercial, de las dispuestas como permitidas según la misma ley penal, y que en caso de un arma utilizada en hechos delictivos merecen la aplicación de la ley adjetiva, caso que no fue acreditado en el presente juicio....” En virtud de lo anterior la violación del artículo 304 de la Constitución de la República se produjo al momento que el Juzgador emite sentencia absolviendo de toda responsabilidad al acusado por considerar que solo portaba un arma de fuego y no más de una, ya que el artículo 332 B establece su punibilidad cuando existe más de una arma, criterio con el cual el suscrito no comparte, ya que no es atribución del Juzgador interpretar la ley, sino, su aplicación al caso concreto, siendo evidente la errónea interpretación “Gramatical”, que del artículo 332 B, hacen los Juzgadores en el caso sub judice, al establecer que para que una conducta se subsuma en este tipo penal, el acusado debe portar, poseer o transportar más de un arma de fuego, aseveración que atenta contra el espíritu del legislador. En la interpretación que hace el Juzgador no se puede ir más allá porque se destruiría el Principio de Legalidad y el juez en vez de cumplir con su labor judicial se convertiría en legislador. Sólo se debe interpretar en base a los Principios Constitucionales. El elemento gramatical es aquel que permite establecer el o los sentidos y alcances de la y haciendo uso del tenor de las propias palabras de la ley, es decir, al significado de los términos y frases de que se valió el legislador para expresar y comunicar su pensamiento. Este método interpretativo parte del supuesto que la voluntad e intención del legislador está impregnada en la y como la ley está escriturada, entonces la mejor manera de descifrar la verdadera intención legislativa es a través de las palabras de que hace éste. De la misma forma se ha vulnerado el artículo 321 de la Constitución de la República produciéndose dicha violación al haberse apartado el Juzgador de los límites que le establece la ley, es decir, al abstenerse de su facultad de juzgar y no como erróneamente argumentó en el sentido de no condenar al imputado en virtud de la interpretación que hizo de la norma sustantiva, subrogándose facultades interpretativas contrarias a la voluntad del legislador, tal y como lo hizo en el presente caso, dejó de cumplir con la facultad constitucional supra mencionada. Por lo antes expuesto, la fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada.”. III.II.- Recurso de Casación por Infracción de Ley.- Motivo Único: “Falta de aplicación del artículo 332-B del Código Penal vigente”. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, el Tribunal recurrido declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: Primero: “Que el día veintiocho de julio del año dos mil doce, elementos de la Policía Nacional Preventiva requirieron un vehículo automotor tipo pick up, en el cual se encontraba un grupo de personas, que se conducían en la carretera que va de la comunidad de San Isidro, Jurisdicción del Rosario, del Departamento de Comayagua, y al momento de comenzar a practicarles un registro personal, el señor Gustavo Membreño Mazariegos se puso nervioso y manifestó que llevaba un arma de fuego en su mochila sin documentos. Segundo: Posteriormente al registrar una mochila color Beige propiedad de Gustavo Membreño Mazariegos en el interior de la misma se encontró un arma de fuego tipo revolver marca Smith Wesson de uso comercial, dicha arma no ha sido utilizada en ningún acto delictivo. Partiendo de este extremo es importante destacar que el Tribunal Sentenciador da como probado más allá de toda duda razonable que en efecto el imputado manifestó que tenía en su poder (mochila) un arma de fuego sin documentos, y que la autoridad al registrar la mochila propiedad del acusado, encontró en su interior un arma de fuego marca smith & Wesson de uso comercial, por lo que éste garante de la legalidad es del parecer que el sentenciador ha sesgado su posición por cuanto basta revisar detenidamente la norma penal sustantiva dejada de aplicar, en este caso el artículo 332-B del Código Penal, la cual establece lo siguiente: “Quien sin permiso de autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. . . .”.Dado lo anterior, resulta evidente el grave vicio en el que ha incurrido el sentenciador al dejar de aplicar el artículo antes mencionado, ya que del hecho declarado como probado se establece claramente que el acusado transportaba dentro de una mochila un arma de fuego tipo revolver marca Smith Wesson de uso comercial, sobre la cual previamente le había manifestado a la autoridad que no tenía documentos, infringiendo de esta manea lo estipulado en la norma penal en comento, al no aplicarla, causando con ello el vicio in indicando que ahora se reprocha. Por lo que el Juzgador al declarar como hechos probados que el imputado llevaba consigo un arma comercial sin documento alguno, ha dejado de aplicar la norma sustantiva aplicable al asunto, estando por ende obligado conforme el principio de legalidad (Nullum Crimen sine Lege) a su estricta aplicación. Así las cosas se afirma que el sentenciador al haber absuelto de toda responsabilidad penal al imputado, por considerar que la acción imputada no constituía delito, ha producido en consecuencia la infracción del precepto penal supra mencionado, constituyéndose este en el grave vicio que da lugar a recurrir por esta vía para que sea corregido este grave ultraje judicial. Por lo antes expuesto, la fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA IV.I.- Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica recursiva, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. IV.II- Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto el Ministerio Público.- Único Motivo. Precepto Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 304 y 321 de la Constitución de la República, Concepto de la Infracción: Violación del Principio de Legalidad; Remedio de Saneamiento Presentado contra el Vicio Denunciado: Sin Determinar por el Censor;y Pretensión: Casar la Sentencia y dictar una nueva sentencia. La Censora inicia su recurso reseñando que del Principio de Legalidad deriva el reconocimiento de una jerarquía normativa y el Principio de Supremacía Constitucional (Art. 320 Cons); Explica que el Principio mencionado fue concebido en el Siglo XVIII bajo el aforismo “Nullum Crimen, nulla poena sine previa lege”, que supone que la acción punitiva del Estado debe atenerse estrictamente a lo establecido en las leyes penales que sean anteriores a la conducta delictiva, lo que implica el reconocimiento de una Garantía Criminal, una Garantía Penal y una Garantía Jurisdiccional; Considera que el Principio de Legalidad está contenido en el artículo 304 vinculado con el artículo 321 de la Constitución de la República. Respecto a la sentencia impugnada, la Censora explica que su reproche estriba en que esta contiene un pronunciamiento absolutorio gracias a una errónea interpretación gramatical del artículo 332-B del Código Penal, al establecer que el tipo penal contenido en el artículo mencionado, sanciona penalmente conductas que involucren dos o más armas de fuego, lo cual es contrario a lo señalado por el legislador y que contraría el Principio de Legalidad. IV.II.I- Del Principio de Legalidad El principio es un postulado para la legitimidad democrática y una garantía de previsibilidad de la actuación de los poderes públicos. Se trata de un principio básico del derecho en general y un pilar fundamental en el derecho penal y procesal penal, lo que no implica que éste igual gobierne las distintas ramas del derecho, regulándose en cada área de esta ciencia conforme con los principios generales de las mismas. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en la legislación internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 11.2 el cual dice: “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito." y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el artículo 9, que establece: "Nadie puede ser condenado por acciones y omisiones que en el momento de cometerse no fueren delictivas según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.".- Por su parte la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 indica que: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley” y en el Código Penal en los artículos 1 y 2, nos dice: "Artículo 1.- Nadie podrá ser penado por infracciones que no estén determinadas en una ley anterior a la perpetración de un delito; Artículo 2.- No se impondrán otras penas ni medidas de seguridad que las establecidas previamente por la Ley". El Principio de legalidad constituye el principal límite impuesto al Estado de Derecho y comprende una serie de garantías para las personas, las cuales pueden conducir a la imposibilidad de que el Estado intervenga y actúe penalmente más allá de lo que permite la ley, de este modo se "garantiza la protección del ciudadano contra el ejercicio y la extensión arbitrarios del poder penal estatal. Constituye a su vez una doble función, la primera de ellas política, en la que se da un predominio del poder legislativo sobre los otros poderes del Estado, convirtiéndose en una garantía de seguridad para los ciudadanos y en segundo lugar cumple una función técnica, ya que exige que el legislador utilice al formular los tipos penales, cláusulas seguras y taxativas. Significa a su vez, que sólo una ley escrita puede fundamentar la punibilidad de una acción y amenazar con una pena como consecuencia jurídica" (Wessels, Johannes. Derecho penal, Parte general, Ediciones Depalma, sexta edición, Buenos Aires, 1980, pág. 13.). Conforme al Principio de Legalidad solo la Ley crea delitos, y sólo podrá considerarse delito, aquel hecho que la ley declare como tal expresamente y en forma previa al hecho imputado. Por eso es que decimos que "no hay delito sin ley". Mientras la ley no prohíba un hecho, la persona tiene libertad para realizarlo, no pudiendo el Juzgador crear figuras penales, ni siquiera por analogía.- Hassemer explica que en su actual configuración, el principio de legalidad (Nullum crimen, nulla poena, sine lege) mantiene diversas exigencias, tanto frente al legislador penal, como frente al Juez: Del legislador exige que formule las descripciones del delito del modo más preciso posible y que las leyes no tengan efecto retroactivo. Del juez exige que sus condenas se basen en la Ley escrita y no en el derecho consuetudinario y que no amplíe la ley escrita en perjuicio del afectado (Hassemer, Winfried Hassemer, Fundamentos del Derecho Penal, Bosh, Casa Editorial S.A., 1984, Pág. 313.)".- Como consecuencia el Principio incorpora: 1. Principio de Taxatividad de la ley (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Certa); 2. El principio de la irretroactividad de la ley, salvo en materia penal cuando favorezca al reo o procesado; (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Praevia); 3. Principio de Reserva de Ley (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Scripta); y 4. La Prohibición de aplicación analógica de las normas a hechos no contemplados en ellas (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Stricta). En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "certa", "praevia", "scripta", "stricta"y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Como consecuencia el Principio de Legalidad define una serie de garantías que dan valides al proceso penal y a la aplicación de las normas penales sustantivas: garantía criminal, garantía penal, garantía procesal y garantía de ejecución (Rodríguez Devesa, José María. Derecho Penal Español, Parte General, Madrid España, Edición 10°, 1986. Pág. 175 y 176): a. Garantía Criminal (Nulla Crimen, Sine Lege Praevia).- Mediante la cual la definición de un delito solo puede ser realizada por la Ley, de ese modo se garantiza que solo son delitos los establecidos por la Ley, por lo, contrario sensu, sin ley no hay delito.- La garantía criminal, significa entonces, que se tendrán por delitos, delitos agravados o calificados y también de circunstancias agravantes, solo los que señale la ley penal, sin que se puedan tener como tales los que señale otra fuente distinta.( Luzón Peña, Diego Manuel. Curso de Derecho Penal Parte General I. Editorial Hispamer, 1997. Pág. 133). Esta Garantía está Regulada en el Artículo 95 de la Constitución Política al señalar que "Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la Ley, ni podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos" y reproducido en el Código Penal en su artículo 1 que establece que "Nadie podrá ser penado por infracciones que no estén determinadas en una Ley anterior a la perpetración de un delito". b. Garantía Penal (Nulla Poena Sine Lege).- Esta garantía establece la previsión de la pena o penas para quien cometa un delito, ha de estar señalada en la Ley en forma abstracta. (Gómez de la Torre, Ignacio Berdugo; Arroyo Zapatero, Luis; García Rivas, Nicolás; Ferré Olivé, Juan Carlos; Cerrano Piedecasa, José Ramón. Lecciones de Derecho Penal Parte General, Editorial Praxis. 1° Edición, España. 1996. Pg. 318.). c. Garantía Procesal (Nulla Poena Sine Judicio).- Regula que la actividad procesal no exceda lo que estrictamente establece la ley y excluye toda posibilidad de arbitrariedad en el proceso. (Bustos Ramírez, Juan; Hormazabal Malarée, Hernán. Lecciones de Derecho Penal, Vol. 1. Madrid, España, Editorial Trotta. 1997. pg. 87 y 88.). Encontramos esta garantía procesal en el Artículo 90 de la Constitución política, el cual literalmente dice: "Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece", advirtiendo en el artículo 321 que “los servidores del Estado no tienen más facultades que las expresamente les confiere la ley”. d) Garantía de Ejecución: Implica que la pena ha de ejecutarse no arbitrariamente, sino que en los términos prescritos por la Ley. Las Leyes de Ejecución Penal han de recoger las garantías, derechos fundamentales y libertades públicas consagradas constitucionalmente. Relacionado con esta garantía, el artículo 68 de la Constitución de la República que indica que "toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe de ser sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano". PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD LEGAL En alusión al recurso interpuesto es oportuno estudiar, al menos de manera breve, el contenido del Principio de Taxatividad legal, que deriva del Principio de Legalidad.- Exige el principio que la Ley, para brindar seguridad a los ciudadanos/as, debe ser cierta y precisa, de lo contrario estaríamos en presencia de tipos penales con fórmulas vacías o indeterminadas cuyo ámbito de aplicación resultaría poco previsible, generando confusión entre los ciudadanos/as. El principio de legalidad obliga que los tipos penales deben de ser descritos por el legislador en forma “expresa, precisa, taxativa y previa” (Corte IDH, caso Usón Ramirez versus Venezuela, en sentencia del 20 de Noviembre de 2009, para. 55). En esencia el tipo penal debe de contener todos y cada uno de los supuestos que el legislador considera lesivos, evitando las malas prácticas legislativas al dejar tipos en los cuales sea el Juez/a quien determine los aspectos objetivos o subjetivos del mismo, ya que la ambigüedadde la norma penal, además de privar de contenido material al principio de legalidad, disminuye o elimina la seguridad jurídica.- Al respecto, debemos advertir, que ningún tipo penal puede señalarse, en estricto sentido, que es un tipo cerrado, ya que el Juez/a siempre tiene un valor de complementación. Pero, en relación a este problema específico, al igual que las leyes penales en blanco, el tipo legal ha de contener el núcleo fundamental de la materia de prohibición. El Juez/a solo deberá de complementar. El tipo no puede ser tan abierto que su aplicación o no dependa arbitrariamente del Juez. (Bustos Ramírez, Juan; Hormazabal Malarée, Hernán. Lecciones de Derecho Penal, Vol. 1. Madrid, España, Editorial Trotta. 1997. Pg. 93.). En consecuencia, el tipo penal debe de evitar términos excesivamente vagos, en los que no es posible establecer una interpretación segura (Taxatividad), pero también debe evitar, contrario sensu,las enumeraciones excesivamente concretas, que no permitan abarcar todos los matices de la realidad, porque se vería obligado el legislador a producir un número excesivo de tipos penales para abarcar todas las posibilidades fácticas o se vería tentado el Juez a interpretar en forma forzada la norma para evitar lagunas de punibilidad, es por ello que en la elaboración de los tipos penales deberá utilizar conceptos, que si bien son de carácter genérico, no dependan exclusivamente de la valoración personal por parte del juez para su determinación, ya que, pese a ser amplios, deben de tener límitescognoscibles.(Muñoz Conde; Francisco; García Arán, Mercedes. Derecho Penal Parte General, 3° Edición. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 1998. Pg. 115 y 116.). IV.II.II- De la Interpretación de la Ley La labor de complementación que debe realizar el Juez/a, la desarrolla mediante la interpretación que hace de la ley al momento de aplicarla al caso concreto que se está Juzgando, pues como señala la Defensa Pública en su escrito de contestación al recurso: “la norma es la manifestación de un pensamiento hipotético que, como paso previo a su aplicación, debe adecuarse a la realidad”. (F. 38). Interpretar no es más que el proceso mediante el cual se desentraña el sentido, objeto y alcance de la norma legal, es decir es el proceso que pretende comprender la norma para su mejor aplicación, pues en retrospectiva una adecuada aplicación de las normas depende no solo del conocimiento del contenido de la norma, sino que además de su comprensión, lo que incluye conocimiento/comprensión del contexto normativo y su influencia en el plexo social.- El Juez/a interprete deberá de comprobar que un determinado hecho se ajusta al ámbito situacional previsto en la norma y creada precisamente para regular ese tipo de conductas. Velásquez, (Velásquez Velásquez, Fernando. Derecho Penal Parte General. 3° Edición. Editorial Temis S.A., Bogotá Colombia, 1997. Pág. 132) nos señala que en una sistematización, cuando se habla de interpretación, existen tres categorías: según el intérprete, según los medios empleados y según el resultado obtenido. A).- SEGÚN EL INTÉRPRETE: 1. Autentica: Es aquella que realiza el creador de la norma, siendo éste el legislador; (Art. 205.1 de la Constitución); 2. Doctrinaria: Es la interpretación hecha por estudiosos del derecho, las cuales son de carácter ilustrativa no vinculante; Sin embargo es innegable la importancia que la interpretación doctrinaria representa para la ejercicio de la jurisdicción, pues presentan puntos de vista que pueden ser o no compartidos, pero en ambos casos llegan a plantear alternativas posibles a la realidad normativa; y 3. Judicial: Es la realizada por los órganos jurisdiccionales en su labor de juzgamiento de casos concretos; Las interpretaciones de las normas solo tendrán el alcance del caso concreto al que se aplica, salvo cuando éstas emanen de la Corte Suprema de Justicia, y que hayan servido para resolver tres casos distintos, resueltos en igual número de sentencias, pues en este supuesto la interpretación de la norma constituye doctrina legal (Art. 360 cpp), pasando a ser de carácter obligatoria para todo el sistema judicial y que contribuye a la formación del derecho y a la seguridad jurídica mediante la unificación de criterios que posibilita la previsibilidad de las decisiones judiciales. B).- SEGÚN EL METODO: Existen diferentes métodos de interpretación (erigidos por diferentes Escuelas Doctrinarias), que la forma en que estas deben de realizarse; Son algunas de estas Escuelas (Galindo Garfias, Ignacio, Interpretación e Integración de la Ley, Universidad Nacional Autónoma de México, Estudios Jurídicos Revista 38, año 2006): 1. Método Exegético: Señala que la labor del interprete es indagar sobre el pensamiento del legislador al momento de la elaboración de la norma; Parte que la fórmula legal deriva de la voluntad del legislador con independencia de antecedentes históricos, sociales, políticos, etc., lo que lleva como consecuencia que el sentido de la norma es inmutable en el tiempo, siendo imposible adoptarla a las exigencias futuras. Este método fue uno de los primeros planteados, hoy en día superados, pues la norma no puede anclarse en un punto en el tiempo, mucho menos atender a la voluntad que en su momento tuvo el legislador al crearla, pues una vez puesta en vigencia la norma ingresa a todo el sistema legal, con el que se interrelaciona (Normas Constitucionales, Normas de Convencionalidad, Principios del Derecho Sustantivo y normas de la misma institución legal), y que condicionan la interpretación que debe de tener.- Lo anterior no quiere decir que no se pueda tener en cuenta la intención del legislador al momento de crear la norma, pero ello no implica que sea éste el norte que debe seguir el juzgador al momento de interpretarla, pues se insisten, hay múltiples principios que influyen en dicho proceso. 2. Método Dogmático: Parte como fundamento que la fuente de la formula legislativa es el pueblo (soberano), por lo que la ley no puede ser considerada como un hecho fijo e invariable, sino como una significación lógica que evoluciona y se transforma.- Considera al ordenamiento jurídico como un todo establecido sistemáticamente, en la cual cada norma está vinculada con las demás para construir un sistema coherente y uniforme.- Este método señala que la interpretación tiene cuatro elementos, los cuales no son excluyentes, sino complementarios, a saber: a. Gramatical: Permite al interprete empoderarse de la norma a través del lenguaje usado para su construcción; b. Racional o lógico: Consiste en la disección del pensamiento del legislador para identificar las distintas partes que componen la norma y establecer sus relaciones; c. Histórico: Es el estudio retrospectivo del derecho imperante al momento de la creación de la norma y los hechos sociales que motivaron su creación; y d. Sistemático: Promulga que la norma sostiene un vínculo inquebrantable con una institución legal y ésta a su vez, con una rama del derecho específica, la que a su vez se relaciona con el resto del sistema legal. 3. Método Teleológico: Señala que la interpretación deberá de partir del fin que se le dé a la norma legal; Por ello primero es de indagar cual es el interés social que pretende proteger para luego identificar la forma en que la norma pretende lograrlo, de modo que su aplicación resulte efectiva. 4. Método de la Evolución Histórica: Parte como principio que la ley es el producto de las circunstancias sociales imperantes al momento de su elaboración, pero que están tienen la capacidad de adaptación a las nuevas exigencias que se van presentando en la evolución social, a través de la interpretación, la que ciertamente no debe de realizarse conforme a la voluntad del legislador, sino atendiendo las necesidades económicas y sociales del momento en que la ley fue formulada, pues ésta tiene vida propia.- Se trata de una “interpretación evolutiva”, que parte de los textos legales en consonancia con las transformaciones de la sociedad, permitiendo que en cada época se pueda dar un sentido regido por la vida social actual. C).- SEGÚN EL RESULTADO Debe de entenderse que las normas son construcciones abstractas, hipótesis de hechos que en sí mismas no constituyen verdades sino que son instrumentos para la resolución de casos concretos; Por ello es labor delintérprete fijar los límites de esa aplicación, atendiendo los elementos gramatical, racional, histórico y sociológico de la norma y de lo cual depende tres posibles resultados: 1. Interpretación declarativa: Mediante la cual el resultado obtenido concuerda de manera idéntica con la fórmula legal, de modo que el intérprete no puede ni ampliar ni restringir el alcance de su tenor literal y éste se limita a resolver la eventual duda, con la exacta correspondencia entre el espíritu y la letra de la ley. 2. Interpretación Extensiva: Que se produce cuando el intérpreteevidencia que al texto de la norma puede dársele una significancia más grande y por ende puede tener un espectro de aplicación más amplia, ello debido a que las palabras usadas expresan más de lo que verdaderamente la norma comprende; e 3. Interpretación Restrictiva: Cuando el intérprete comprueba que las palabras empleadas en el texto expresan menos que el verdadero contenido de la norma; En estos casos el intérprete define que la norma solo es aplicable a un supuesto de hecho especifico; INTERPRETACIÓN DE LA NORMA PENAL En las sentencias emitidas por esta Sala de lo Penal en expediente 079-2009, del 11de marzo de 2010, en expediente 270-2009, de fecha 06 de abril de 2010 y el Expediente 218-2010 de 29 de septiembre de 2011, se ha apelado a las reglas de interpretación establecidas en el Código Civil, el que manda primero tener en cuenta la intención del legislador (Método Exegético) mediante una interpretación gramatical de la formula legislativa (Art. 17 y 18 cc), pero además hace mano del Método Dogmático, mandando a realizar una interpretación sistemática (art. 19 cc) y finalmente dispone que como alternativa última se observe el Método de Evolución Histórica (Art. 20 cc); Es pues que el Código Civil adopta una postura ecléctica a lo que concierte a los métodos de interpretación de las normas que debe de ser usada atendiendo además los límites que devienen de la naturaleza del Derecho Penal.- Es pues que, en base a los Principios Pro Homine, Pro Libertate, Legalidad, Inocencia y Favor Rei, son reglas de la interpretación de las normas penales sustantivas: 1. Conforme al Interprete: Los Órganos Jurisdiccionales deberán de acatar las interpretaciones a las normas penales que haga el legislador y, en su defecto, las que constituyan Doctrina Legal emanadas por la Corte Suprema de Justicia, ello sin perjuicio de plasmar en su resolución su criterio sobre lo atinado o no de éstas; 2. Conforme al Método: a. Se debe de tomar como referencia interpretativa el origen de la norma sustantiva, tanto en el derecho nacional, como en el derecho comparado; Igualmente, para dicha referencia, podrá considerarse los hechos históricos imperantes al momento de la creación de la Norma y la intención que en su momento tuvo el legislador (Método Exegético); b. El estudio de la norma vigente, propiamente dicha, comienza mediante la interpretación gramatical, dándosele el significado legal a las palabras usadas por el legislador (Método Dogmático: Interpretación Gramatical), identificando su inteligencia, es decir la logicidad de la formula legislativa (Método Dogmático: Interpretación Lógica); c. Debe de reemplazarse la “voluntad del legislador”, por la “voluntad de la norma” (Método Teleológico), entendiéndose como el propósito encomendado a ésta en su actual vigencia cuyo norte es el bien jurídico que se pretende tutelar (Principio de Lesividad) y su concepción en el momento de la aplicación de la norma al caso concreto; La norma debe de interpretarse tomando en consideración la dinámica social imperante, ergo no existe una interpretación válida para todo los tiempos (Método de la Evolución Histórica); d. La interpretación de la norma debe de hacerse con plenitud al ordenamiento jurídico, tanto desde la perspectiva vertical, como horizontal (Método Dogmático: Interpretación Sistemática): i. Perspectiva Vertical (Principio de Jerarquía Normativa): Primero el sentido de la interpretación debe de ser armónica a los derechos fundamentales constitucionales y a los derechos humanos contenido en las normas del bloque constitucional, por lo que de todas las posibilidades interpretativas, deberá de elegirse aquella que sea acorde con la norma superior; ii. Perspectiva Horizontal (Principio de Unidad Sistemática): Por otro lado la norma deberá de asemejar a un engrane que forma parte del todo, por lo que la interpretación deberá de realizarse a modo que no exista discordia con el resto de las normas de la institución jurídica de la que forme parte, de las normas de la rama del derecho a la que pertenezca yfinalmente de todo el sistema jurídico nacional. 3. Conforme al Resultado: a. La interpretación analógica de las normas penales sustantivas es prohibida en derecho penalcuando ésta sea in mala partem, aun cuando ésta sea ordenada por el legislador nacional, pues impera el Control de Convencionalidad y la Primacía de la Constitución; b. Las normas deberán de interpretarse restrictivamente cuando sea in mala partem y extensivamente cuando sea in bonam partem; y c. En caso de duda sobre el sentido de una norma, deberá siempre tomarse entre las posibilidades la interpretación que más favorezca al reo. IV.II.III.- Interpretación del Artículo 332-B del Código Penal La Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, define como "Armas de fuego" a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, excepto las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. Encontramos en el Código Penal los artículos 332-A y 332-B, los cuales tipifican conductas en torno al uso, posesión, almacenaje, fabricación, transporte, compra, venta, importación y exportación de objetos definidos como armas de fuego; Los tipos penales en su estructura usan términos como: arma de guerra, arma de combate, arma comercial, arma personal, arma deportiva, señalando el legislador que “La Ley Especial” definirá el concepto de cada una de ellas, pero sin indicar a cual ley especial se refiere. Con todo, acudimos a la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones Explosiones y Otros Similares (en adelante Ley de Armas), buscando la diferencia conceptual entre un arma de guerra o de combate y el resto de las armas (comercial, personal y deportivas); El artículo 7 enumera las “armas permitidas por la ley”, entendiéndose como tales a aquellas armas que la ley permite su comercio, pudiendo adquirirse, regalarse, venderse, importarse, exportarse, trasportarse, almacenarse, poseerse o usarse, siempre que ello sea previamente autorizado por autoridad competente en base a ley; Por otra parte el Artículo 8 de la Ley de Armas, hace una enumeración de las armas que se consideran “prohibidas”, es decir aquellos cuyo comercio no es permitido. En resumen, las normas citadas, haciendo una enumeración, regulan las armas de comercio lícito y las armas de comercio ilícito.- Sin embargo la Ley de Armas no señala que debe entenderse o cuales son las armas de uso personal, armas deportivas o armas de guerra, que son los términos que utilizan los artículos 332-A y 332-B. Tampoco podría afirmarse que las armas enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas son aquellas que deben de considerarse como de uso personal o deportivas y las enumeradas en el artículo 8 las de guerra, puesto en uno y otro artículo se aprecian armas de diferentes naturaleza; Véase que las especificaciones que realiza el artículo 7 de las armas de puño o cortas, armas de hombro o largas y armas de mecánica o semi automática, pueden ser tanto armas de uso personal como armas deportivas; A su vez algunas de las armas descritas en el artículo 8 no son de guerra, como ser las armas de fantasía y las armas de fabricación casera.- En resumen son armas permitidas y por lo tanto cuyo comercio es lícito las descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas; Y son armas prohibidas, cuyo comercio no es lícito, no solo aquellas enumeradas en el artículo 8, sino todas aquellas cuyas especificaciones no responden a las descritas en el artículo 7, pero ello no tiene relación alguna con las definiciones de los tipos penales en comento.- Por otra parte es de reflexionar quefuera de los muros del derecho penal, toda arma de fuego puede ser usada en la guerra (conflicto bélico entre países, entre un grupo de personas y un país o entre grupos de personas de un Estado o de diferentes Estados), ya sea que su comercio sea lícito o ilícito; Igualmente toda arma de fuego puede ser destinada para uso personal, entendiéndose como tal aquel uso que realiza una persona en su vida cotidiana, sin importar que ésta sea lícito o ilícito comercio; y finalmente toda arma puede ser usada para realizar el deporte de la cacería, ya sea lícita o ilícita; Estas afirmaciones, a pesar de ser ciertas en términos generales, no pueden llevarse al derecho penal cuando se trata de hacer la diferenciación entre las conductas que sanciona el artículo 332-A y el 332-B del Código Penal y que se relacionan con armas de fuego, puesto que no resuelven nada el dilema de la tipificación por confusión de términos.Por ello el calificativo de “arma de uso personal”, “arma deportiva” y “arma de guerra”, debe de basarse en aspectos objetivos del arma de fuego que permitan su diferenciación, aspectos que debemos extraer de la Ley y para ello debemos hacer el análisis de los tipos penales en cuestión. ARTÍCULO 332-A DEL CÓDIGO PENAL. El artículo332-A, tipifica el delito el de “Fabricación y Tráfico de material de Guerra, Armas y Municiones”, cuyo contenido es: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda Armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (lps. 5, 000.00) a diez mil (lps. 10,000.00) lempiras.- La Policía Nacional o cualquier otra autoridad que decomise ese material lo pondrá de inmediato a disposición del Ministerio Público.”. El artículo citado nada dice de cuáles son las armas que deben de ser consideradas de Guerra, salvo la referencia a las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, tampoco la Ley de Armas hace alguna referencia de ellas; Por consiguiente debemos de remitirnos a la Convención Interamericana Sobre Transparencia en Las Adquisiciones De Armas Convencionales, en cuyo Anexo I proporciona un listado de armas convencionales objeto de regulación, además a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y su Destrucción, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos, al Protocolo Sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias, al Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras, Protocolo sobre Fragmentos no Localizables, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Conforme al Artículo 332-A del Código Penal, cualquier persona no autorizada por el Estado de Honduras, que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda algunas de las armas enumeradas, sus componentes o municiones, será sancionado con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (lps. 5, 000.00) a diez mil (lps. 10,000.00) lempiras.- Particularmente, la fabricación, puede ser industrialmente (mediante el uso de mecanismos automático o semi automático, para fabricación y/o ensamblaje de piezas) o artesanalmente (mediante la manufacturación de piezas o ensamblaje manual, o con ayuda de herramientas usadas manualmente). ARTÍCULO 332-B DEL CÓDIGO PENAL. El artículo 4 de la Ley de de Armas, reconoce el derecho de las personas nacionales y extranjeras de poseer y portar armas de fuego, para ello ordena que toda persona deberá de obtener permiso previo por parte de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, otorgado una vez que satisfaga los requisitos exigidos por esa misma ley, los cuales son los descritos en el artículo 27 reformado: 1. Formulario con sus datos personales y residencia; 2. Marca, modelo, número de serie, identificación de conversiones de calibre, si la tuviere, así como las demás características del arma. La persona interesada solo podrá poseer y/o portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que deben de tener las características y especificaciones que estipula los artículos 7 y 9 de la Ley de Armas; Pero además la ley es especifica en cuanto a las armas y municiones que se consideran prohibidas, es decir que no es permitida su adquisición, tenencia o portación, describiendo sus características y especificaciones en el artículo 8 y 10 de la ley mencionada; 3. Constancia de haberse practicado la prueba balística conforme lo señala el artículo 17 para los efectos establecidos en el artículo 19, ambos de la Ley de Armas; 4. Pago de la matrícula municipal; y; 5. Documentos de identificación. El permiso es intransferible (Art. 34 de la Ley de Armas), por ello la persona que lo obtenga deberá de reportar en un plazo máximo de tres días a la Policía Nacional y al Registro Nacional de Armas cualquier traspaso de propiedad que haga del arma registrada, a efectos de que el nuevo propietario realice la solicitud de permiso correspondiente, igualmente deberá de reportar el robo o extravío de la misma en igual termino (Art. 20 y 31 de la Ley de Armas). El Estado de Honduras, para efectos de salvaguardar la seguridad interior, tiene el deber de realizar un estricto control de la posesión y portación de armas de fuego, por ello contempla la imposición de sanciones administrativas (artículos 27-C, 37, 54, 55, 56 y 57 de la Ley de Armas) y de sanciones penales (aplicables con independencia a las sanciones administrativas) para las personas que infrinjan dichos controles.- Entre las sanciones penales encontramos en el artículo 332-B que determina que “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivas (…) incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones (…) Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas (…) las descritas en la ley especial”; El artículo 332-B del Código Penal establece como título del delito la “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales”, sin embargo al remitirnos al contenido del tipo penal, al supuesto elegido por el legislador y que es objeto de reproche, no se habla de armas comerciales, sino de armas personales, armas de defensa, armas deportivas y de explosivos comerciales (no armas comerciales), por lo tanto hay una discrepancia entre el título del tipo penal y su contenido, debiendo asirnos al contenido, puesto que éste es el ámbito situacional que sanciona el legislador. El tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas; El problema con esta enumeración es que las armas de uso personal pueden ser para propósitos de defensa o para propósitos deportivos, por lo que la clasificación hecha por el legislador es incorrecta al hacer diferencia entre armas de uso personal y armas deportivas cuando las últimas son parte del conjunto que integran las primeras.- Es importante también acotar que la remisión a una ley especial convierte a la norma en un tipo penal en blanco, sin embargo al no mencionar a que ley especial se refiere, debemos entender que es la Ley de Armas, pero como se ha señalado líneas antes, esta ley no resuelve el problema conceptual; Por otro lado es de subrayar que en el segundo párrafo se habla de armas de defensa, mismo que no es parte del supuesto que contempla el primer párrafo como objeto del delito. Para efectos diferenciadores, esta Sala de lo Penal hace uso de un concepto negativo, señalando que se debe de entender como arma de uso personal todas aquellas destinadas para un fin distinto a la guerra y que ya hemos enumerado en el apartado anterior.- Como se ha señalado ya, las armas de uso personal pueden tener propósitos de defensa o propósitos deportivos (cacería); Entre las armas de uso personal están aquellas de comercio lícito (Art. 07 Ley de Armas) o aquellas de comercio ilícito (Art. 8 Ley de Armas), siendo las primeras objeto de permiso mientras que las segundas no. Las armas de uso personal de comercio lícito están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Además se consideran armas de uso personal de comercio ilícito las descritas en los numerales 1 (Armas automáticas), 2 (Armas de Fabricación Casera o Artesanal) y 5 (Armas de Fantasía) del artículo 8 de la Ley de armas, mismas que no podemos considerar armas de guerra, dada su naturaleza y poder ofensivo, pero que si son proscritas por el peligro que representan: a. Las armas automáticas como consecuencia del mecanismo de disparo; b. Las armas de fabricación casera o artesanal, por la imposibilidad del Estado de Honduras de llevar su registro y control; c. Las armas de fantasía, al tener una apariencia inocua que pueden hacerlas pasar inadvertidas. Incurrirán en el delito tipificado en el artículo 332-B, la persona que fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda arma de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando: a. no se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito; o b. Se trate de armas de comercio ilícito, del que en ningún caso se podrá contar con autorización de autoridad competente. La sanción a imponer a las personas responsables será de tres (3) a seis (6) años. Así pues constituyen Elementos Objetivos del tipo penal: 1. Sujeto Activo: El Sujeto activo es cualquier persona natural, sin necesidad de poseer cualidad alguna; 2. Sujeto Pasivo: Es el Estado de Honduras, como garante y responsable de la Seguridad Interior; 3. Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, el cual en el caso de estudio consiste en: fabricar, almacenar, transportar, poseer, usar, suministrar, vender, ingresar o sacar arma o municiones del país de forma lícita (a través del control aduanero) o ilícita; 4. Modalidad Criminosa: entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en el caso de estudio implica la ejecución de cualquiera de los verbos rectores descritos sin tener el permiso vigente expedido por la autoridad correspondiente del Estado de Honduras; 5. Objeto del delito: El objeto del delito es un arma de fuego, es decir algún artefacto o dispositivo construido industrialmente o artesanalmente que permita lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora; Pero además que dicha arma de fuego sea distinta a las que han sido definidas como armas de guerra, con independencia si son de tenencia lícita (Art. 7 de la Ley de Armas), o de tenencia ilícita (Art. 8 de la Ley de Armas). Como Elemento Subjetivo el tipo penal exige que el sujeto activo realice la acción con dolo, es decir que se conduzca con el conocimiento de que está realizando alguno de los verbos rectores descritos respecto a un arma de fuego, sin el permiso de la autoridad competente y además que tenga la voluntad de realizarlo. El tipo penal en estudio tiene las siguientes Características: 1. Según su Estructura: a).- Tipo Penal Básico o Fundamental porque describe de manera independiente modelos de comportamiento humano; b).- Tipo Penal Compuesto: En virtud de que son nueve los modelos de comportamiento descritos en la norma (nueve verbos rectores), cada uno con la capacidad de conformar por sí mismo una descripción típica distinta; 2. Según su Contenido: a).- Tipo Penal de Mera Conducta o Actividad, ya que la descripción del tipo se agota con la acción del autor sin que se requiera producción de un resultado en el mundo exterior; b).- Tipo Penal describe Conductas Instantáneas y Conductas Permanente: i) Instantáneas: las de fabricar, suministrar, vender, sacar o ingresar al país el arma de fuego, por ser modelos de comportamiento que se agotan en un solo momento; ii) Permanente: las de almacenar, transportar, poseer y usar, el arma de fuego, debido a que el comportamiento del autor se renueva de manera continua entretanto este realizando la acción; c).- Tipo Penal de Acción ya que las conductas descritas en el tipo penal es de carácter comisivo; d).- Tipo Penal Cerrado, al determinarse con precisión las nueve circunstancias típicas, desprendiéndose con suma claridad las conductas prohibidas; 3. Según El Sujeto Activo: a).- Tipo Penal Unisubjetivo, por ser un tipo penal que puede ser realizado por una sola persona, sin participación de terceros; b).- Tipo Penal de Sujeto Activo Común, ya que el sujeto activo no requiere tener ninguna cualidad o categoría especifica; 4. Según El Buen Jurídico Protegido: a).- Tipo Penal Uniofensivo, al amparar un bien jurídico especifico, tal cual es la Seguridad Interior del Estado de Honduras; b).- Tipo Penal de peligro por cuanto el tipo penal no exige la existencia de un resultado, sino basta que la conducta se realice para que se consume el delito.- IV.II.IV.- Doctrina Legal Para la fecha en que se emitió la sentencia que se conoce en Casación (13 de Noviembre de 2013), existía ya Doctrina Legal sobre la interpretación que debía de darse al artículo 332-B del Código Penal, fijada por tres sentencias dictadas por esta Sala de lo Penal, resolviendo igual número de casos, en los expedientes y fechas siguientes: 1.- Expediente 020-2011 de fecha 21 de marzo de 2013: “El hecho tercero declarado probado (F. 190), indica que el acusado R.A.S., fue perseguido por la autoridad policial, sin perderle de vista, hasta alcanzarlo y aprehendiéndolo, encontrándole en su poder un arma de fuego tipo pistola, color negro, nueve milímetros, con serie T636806B00726, conteniendo un cargador vacio. Este hecho si bien indica sin duda alguna que el acusado portaba un arma de fuego, no determina si éste poseía o no el permiso de la autoridad competente, al respecto, el artículo 332-B del Código Penal, manda que para la configuración del delito de Portación Ilícita de un Arma de Fuego, el sujeto activo debe de carecer del respectivo permiso, aspecto que necesariamente debe de ser probado por el ente acusador y reflejado en la declaración de los hechos por parte del Juzgador, permitiendo la subsunción del hecho en el delito y la aplicación de la pena correspondiente. El hecho tercero probado guarda silencio en cuanto a la existencia del permiso de portación, aspecto que es un elemento objetivo del tipo, por lo que dicho silencio no puede ser interpretado como omisión involuntaria de los juzgadores o como sobreentendido en el relato, su omisión solo debe de ser entendido como que éste aspecto no fue debidamente probado (hechos probados), así pues dado que el hecho declarado probado no refleja este aspecto esencial, el delito no puede ser considerado como existente y en consecuencia procede declarar Con Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley.”. 2.- Exp 343-2009 de fecha 18 de octubre de 2012: “Esta Sala de lo Penal concluye, que en aquellos no se subsume en el ámbito situacional descrito por el segundo. En los hechos probados se señala que el acusado D.J.A.L., estaba en posesión de un arma de fuego tipo revolver, marca Smith& wesson, modelo 66, calibre 3.57 magnus, serie 4K19890 con 10 proyectiles color plateado, calibre 3.57 sin percutir, la que fue decomisada por la autoridad policial, más no se señala que dicha posesión haya sido al margen de la ley, es decir, de que el acusado en ese momento careciera de permiso de autoridad competente para la posesión de esa arma específica, siendo éste uno de los elementos objetivos del tipo penal y corresponde a la acusación acreditar y al Tribunal de Sentencia apreciar para la configuración del delito imputado. V. Por lo expuesto, es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo.”. 3.- Exp 307-2008, de fecha 18 de mayo de 2010: “Esta Sala de lo Penal, al efectuar elestudio normativo del tipo penal sustantivo de Portación Ilegal de Armas Comerciales invocado por el recurrente,encuentra sumamente claro que dicha norma exige dentro de los elementos objetivos que lo describen que, no se cuente con “permiso de la autoridad competente”;en el segundo hecho probado de la sentencia quedo establecido que al acusado N.H.P.M., se le encontró portando un arma de fuego comercial que es descrita debidamenteen dicho cuadro fáctico, pero en ningún momento se da por probado que dicha arma se portaba sin el permisode la autoridad correspondiente, tal como lo exige elartículo 332-B- del Código Penal, para que una conducta se pueda adecuar a la prohibición normativa establecidaen dicho tipo penal, consecuentemente, dicha conducta no se enmarca dentro de la primera gran categoría de la Teoría del Delito conocida como “La Antijuricidad Penal”, dentro de la cual en la dogmática moderna se consideran comprendidos los elementos objetivos del tipo penal, siendo estos los descriptivos y normativos del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial contenido en el artículo 332-B- del Código Penal, ya que para que dicha conducta se pueda enmarcar dentro del tipo penal aludido necesariamente debió haber quedado probado en el factum del fallo, que el acusado no contaba con autorización para la portación del arma que le fue encontrada en su posesión, pues el sólo haberse probado que la misma le fue decomisada al acusado, no es suficiente para determinar que dicha conducta llena el elemento objetivo exigido en el tipo penal invocado por el recurrente. En consecuencia, se debe declarar con lugar el segundo motivo de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por el recurrente.”. En los tres casos señalados, la Sala de lo Penal resuelve recursos de Casación por Infracción de Ley, donde se denunció la infracción del artículo 332-B del Código Penal, aplicado a hechos en donde la persona acusada había sido aprehendida en posesión de un arma de fuego personal; Los casos fueron resueltos indicado primero que si bien se acredito la portación de una singular arma de fuego por parte de la persona acusada (sin que se requiera que el objeto de delito sea dos o más armas de fuego), ello no fue suficiente pues en los hechos declarados probados no se tiene acreditado uno de los elementos objetivos del tipo que determinan precisamente el reproche penal y que es la portación sin la debida autorización emitida por la autoridad estatal. IV.II.V.- De la Procedencia del Recurso El Recurso No es de Recibo.-Para la resolución del recurso esta Sala de lo Penal hace una división en su pronunciamiento: Primero respecto a la interpretación hecha por los Juzgadores del artículo 338-B del Código Penal y, segundo sobre la subsunción de los hechos probados al ámbito situacional previsto en la referida norma penal sustantiva. REPROCHE POR INTERPRETACIÓN Ciertamente ha existido una indebida interpretación por parte del Tribunal de Sentencia de los alcances del artículo 332-b del Código Penal; El A-Quo ha hecho mano del elemento gramatical para la interpretación de la norma, sin hacer uso de los restantes elementos que recomienda el MétodoDogmático de Interpretación de la Ley, ni complementarlo con los demás métodos de interpretación; Ello constituye un error, pues llama a interpretar de manera mecánica el texto de la formula legislativa, sin consideración del alcance racional de la aplicación; Considérese que la norma se expresa mediante un lenguaje, que es un instrumento para expresar una razón humana, al cual necesariamente el juzgador debe encontrar una logicidad; El Proceso de interpretación de la ley no se agota a la simple entendimiento de las palabras escritas que le construyen, tal cual fuese una fórmula matemática, pues se corre el riesgo de que se den resultados ajenos al sentido común (como en el presente caso). Para los Juzgadores los hechos declarados probados no constituyen delito debido a que en su entender la norma penal sustantiva exige que la conducta tenga por objeto dos o más armas, pues el texto está redactado en plural; Tal forma de interpretación es contraria a la norma en cuestión, pues desde la perspectiva gramatical, al señalar: “Quien sin permiso de la autoridad competente […] transporte […]armas de fuego […]”.(Lo resaltado es nuestro), está identificando el objeto del delito sin distinción de su número, lo que puede ser corroborado con la otra parte del párrafo al referirse: “[…] sin perjuicio del comiso de dicha armas[…]”(lo resaltado es nuestro), en donde la palabra “dicha” esta presentada en singular, confirmándose entonces que se refiere a un objeto y no a muchos.- Por otro lado, en una Interpretación Sistemática, es de considerar que el artículo 332-A del Código Penal indica que la sanción para los responsables de ese delito se impondrá a razón de cada arma de fuego involucrada en la conducta, por lo que la coherencia exigiría que igual proceder se hiciere en los casos previstos en el artículo 332-B del mismo cuerpo legal; También, la interpretación Teleológica, hecha de manera restrictiva, nos conduce a entender que el propósito de la norma es la protección de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, ante la realización de conductas con instrumentos potencialmente ofensivos para la vida e integridad de las personas, como lo son las armas de fuego, y que por ello se requiere de un control previo por parte de la autoridad pública para que la persona este autorizada a realizar cualquiera de dichas conductas (poseer, portar, transportar, fabricar, importar, exportar, etc.), a efecto de certificar que ésta tenga las aptitudes necesarias que descarten (al menos potencialmente), la posibilidad que utilice dicho instrumento (arma de fuego), en contra de un semejante; Así las cosas el riesgo que desea evitar la norma penal solo es posible si se sanciona la conducta en donde se involucre un arma de fuego (singular), pues con una basta para que el riesgo surja. Otro de los aspectos señalados por los Juzgadores es que los hechos declarados probados no constituyen delito debido a que el arma que transportaba el acusado es de las que se consideran permitidas y no de aquellas señaladas como prohibidas.- Este criterio de interpretación es incorrecto, pues como se ha explicado anteriormente la Ley de Armas hacen la clasificación de armas permitidas (Art. 7) y armas prohibidas (Art. 8), para diferenciar aquellas que, previo permiso, pueden ser poseídas, portadas, transportadas, vendidas, compradas, importadas, exportadas, etc., por las personas naturales y jurídicas distintas al Estado, de aquellas que no lo pueden ser; Clasificación que no coincide con los conceptos que usa el legislador penal en la tipificación del delito para identificar el objeto del delito (armas de su personal o deportivas), por lo que es falso lo señalado por los Jueces/as cuando en su sentencia indican que “el referido artículo establece que esta debe ser arma prohíba” (f. 22). Finalmente los Juzgadores refieren que la sanción a imponer a una persona que, en este caso, transporte un arma de fuego personal sin autorización del Estado es de carácter administrativa y no penal (f. 22 v.), es incorrecta pues transgrede con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Armas que dispone que las sanciones administrativas se impondrán sin perjuicio de aquellas que correspondan conforme a la normativa penal, definiendo así que la conducta descrita tiene consecuencias en diferentes ámbitos normativos. REPROCHE POR SUBSUNCIÓN En el apartado anterior hemos comprobado que el Ministerio Público con acierto ha denunciado una mala interpretación de los Juzgadores sobre el sentido y alcance del artículo 332-B del Código Penal, como consecuencia de ello esta Sala de lo Penal ha señalado no solo los errores en que incurrió el A-quo en su fundamentación jurídica, sino además cual es el entendimiento que debe derivarse de la norma sustantiva en cuestión; Hecho esto corresponde ahora verificar el segundo punto alegado por la Censora: Los hechos probados dibujan el delito de Transporte Ilícito de Arma de Fuego Personal, siendo importante resaltar que la construcción de los hechos probados no fue objeto de impugnación (como vicio in procedendo), y por ende fueron aceptados por el Ministerio Público. Conforme a lo declarado probado, el acusado Gustavo Membreño Mazariegos, se transportaba en un vehículo pick-up, en el Municipio de El Rosario, Departamento de Comayagua, el día 28 de Julio de 2012, cuando fue requerido por la autoridad policial, manifestando el acusado que portaba un arma de fuego en su mochila sin documentos, lo cual fue comprobado tras el registro, encontrándose un revolver, marca Smith & Wesson.-El hecho probado no refiere en primer término cuales son esos documentos que no portaba el acusado, ni tampoco la razón por las cuales no los portaba, mucho menos la relevancia de dichos documentos en la acusación; La referencia a la falta de documentos no puede relacionarse o entenderse como la ausencia de permiso para la portación y transporte de un arma de fuego personal, que es un elemento objetivo del tipo penal del artículo 332-B del Código Penal, que debe de acreditarse por parte del ente acusador y que necesariamente debe estar reflejado como uno de los aspectos probados, pues es precisamente esta ausencia de permiso lo que provoca la existencia de una antijuricidad y por ende la existencia del delito.- Como consecuencia al confrontar los hechos declarados probados con el supuesto de hecho previsto en la formula legislativa, se concluye que no existe subsunción y por ende que los hechos son atípicos a la acusación presentada por el Ministerio Público. En conclusión, el recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional es improcedente, pues si bien el Recurrente pudo demostrar infracción al Principio de Legalidad por mala interpretación de la norma sustantiva por parte del Tribunal de Sentencia que llevo a la emisión de una sentencia absolutoria, ello no fue suficiente para conceder la pretensión perseguida (que se dictase una sentencia condenatoria),pues al suprimir hipotéticamente el vicio In Iudicando mencionado el resultado sigue invariable, dado que la norma sustantiva no puede ser aplicada para gobernar el caso concreto debido a que los hechos probados no se encuadran en el ámbito situacional definido como delito, a falta de concurrencia de uno de los elementos objetivos; Decisión que es consecuente con la Doctrina Legal sentada por esta Corte Suprema de Justicia (la cual ya ha sido relacionada). IV.I.- Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). IV.I.I.- Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por el Ministerio Público.- Motivo Único. Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas Sustantivas que se denuncia Infringida: Artículo 332-B del Código Penal; Concepto de la Infracción: Falta de aplicación de norma sustantiva; y Pretensión: Que se case la Sentencia. Alega la Censora que en el hecho declarado probado se establece claramente que el acusado transportaba dentro de una mochila un arma de fuego tipo revolver, marca Smith & Wesson, de uso personal, sobre la cual previamente le había manifestado a la autoridad que no tenía documentos, infringiendo de esa manera lo dispuesto en el artículo 332-B del Código Penal. IV.I.III.- De la Procedencia del Recurso El Recurso no es de Recibo.- La Censora reproduce en el Recurso de Casación por Infracción de Ley, los argumentos desplegados en el recurso por infracción de precepto constitucional ya resuelto; Para la Censora los hechos declarados probados describen la conducta delictiva tipificada en el artículo 332-B del Código Penal, más ello es una apreciación errónea pues el juicio de tipicidad es negativo al no fijarse como probado por la autoridad judicial que el acusado no contaba con un permiso para la portación y transporte del arma de fuego en el momento en que fue requerido por la autoridad pública, resultado por ello atípicos los hechos probados en relación a la hipótesis contenida en el tipo penal. La Doctrina Legal sentada por esta Corte Suprema de Justicia, existente para la fecha de la emisión de la sentencia impugnada, es clara al advertir que el delito de portación ilegal de arma de fuego solo existirá cuando se dé por probado que la persona acusada no contaba con permiso previo extendido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública para poseer, transportar, fabricar, comprar, vender, importar, exportar, etc., arma de fuego de uso personal.- Será inexistente tal permiso cuando la persona ostente un permiso extendido a favor de un tercero, cuando la persona ostente un permiso para la portación y/o posesión de un arma de fuego personal distinta a la que le fue encontrada, cuando la persona ostente un permiso que ha expirado su vigencia o cuando la persona después de haber obtenido el permiso ha realizado modificaciones al arma de fuego de uso personal, sin notificar a la autoridad competente. Por lo expresado es procedente declarar sin lugar el recurso de casación por infracción de ley interpuesto por el Ministerio Público. V. DECISIÓN 1. No ha a Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su Motivo Único, interpuesto por el Ministerio Público; y 2. No ha lugar el recurso de casación por infracción de ley, en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 y 361 del Código Procesal Penal Decide: Primero: Declarar No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su motivo único, interpuesto por el Ministerio Público.- Segundo: Declarar No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su motivo único, interpuesto por el Ministerio Público.-Tercero: Declarar firme la sentencia de fecha trece (13) de Noviembre del año dos mil trece (f. 19) dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua.- Y MANDA: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- Notifíquese.- FIRMA Y SELLO.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado Coordinador.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-77-2014.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.