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Sentencia CP-71-14 — Registro 15955

Resumen

En primer instancia se condena a un imputado por el delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Trafico o Consumo Ilícito De Drogas, y al resto como autores del delito de Facilitación de medios de transporte para el Trafico o Consumo Ilícito de Drogas, a título de Cómplices Simples

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- Con acierto al contestar el Recurso de Casación, el Ministerio Público acota que la censora ha presentado una impugnación sin atender una debida técnica recursiva al desarrollar dos motivos distintos bajo un mismo título, haciendo confusión de alegatos entre uno y otro, pero además al no desarrollar cada uno de tales motivos con propiedad, explicando el alcance del derecho fundamental que se cita como violentado y como esta violación se materializó con la actuación del Tribunal de Sentencia. No habiendo realizado un debido planteamiento, ha sido tarea de esta Sala de lo Penal delimitar en que consiste cada reclamo, a fin de diferenciarlos y poder así dar una respuesta propia a cada uno de ellos; este Ad-Quem ha identificado dos argumentos distintos, a saber: 1) Violación al Derecho a un Debido Proceso en relación al Derecho a la Libertad: Señala la censora que como consecuencia de un proceder distinto a un debido proceso, le fue transgredido el derecho a la libertad del acusado Santiago Holnes Villatoro; relaciona que el acusado, junto con los demás tripulantes del barco Blue Sky I, le fueron leídos sus derechos hasta 67 horas después de su detención; la censora no extiende su impugnación respecto a otros hechos, ni expone la existencia de consecuencias negativas en el ejercicio al derecho de defensa, igualdad de parte ante la ley, u otro; en su denuncia la censora no explica cuál es el perjuicio material del hecho descrito, pues el recurso debe traspasar la frontera de la mera inobservancia de la norma constitucional a la demostración de un perjuicio material claramente definido; la censora tenía la obligación de exponer en su recurso la afectación material de tal omisión que obliga a esta Sala de lo Penal a dictar una sentencia absolutoria a favor del acusado (y por extensión a favor de todos los acusados), tal y como se solicita. La falta de observancia del artículo 84 de la Constitución de la República, que implica a su vez violación del artículo 90 del mismo cuerpo legal, tiene dos clases de repercusiones, independientes entre sí: 1. De carácter penal: Pues obliga ineludiblemente al Ministerio Público a iniciar investigación para determinar la posible existencia de un delito con ocasión de la ejecución de una aprehensión de forma distinta a como dispone el artículo 84 de la Constituciónde la República; investigación dirigida en contra del responsable de la aprehensión indebidamente ejecutada; y 2. De carácter procesal penal: Determinar si la aprehensión hecha de manera indebida tiene alguna repercusión material en la obtención y/o producción de material probatorio, pues éste tendría la calidad de ilícita, careciendo de valor alguno. Sin duda lo señalado por la Defensora Pública constituye un actuar contrario a lo que determina el artículo 84 párrafo tercero de la Constitución de la República, lo cual fue debidamente abordado por el Tribunal de Sentencia en la fundamentación jurídica, resolviendo el incidente de nulidad opuesto por la misma parte; el A-quo declara que ante el mal proceder de las autoridades hondureñas al momento de dar aprehensión a las personas acusadas, corresponde al Ministerio Público iniciar diligencias para definir si ha existido un delito y, de ser así, entablar la acción penal correspondiente, más ello no tiene repercusión alguna al proceso penal que nos ocupa, pues aun en el supuesto de que la persona que realizó la aprehensión resultase culpable, ello no exculpa de responsabilidad a los acusados por la comisión de su propio delito, tal y como lo determina en artículo 101 último párrafo del Código Procesal Penal.- Fuera de lo señalado, lo denunciado por la censora no tiene ninguna repercusión en el proceso penal que nos ocupa, pues se insiste que no se ha alegado y acreditado limitación al ejercicio de defensa o la obtención de prueba ilícita como consecuencia del actuar indebido de la autoridad hondureña, es decir que la omisión de hacer saber los derechos procesales y constitucionales a la persona acusada hubiese generado la producción de prueba culpatoria, lo que sería derivación de elementos de prueba de un acto ilícito, el que no podría tener validez alguna a la sombra de lo preceptuado en el artículo 200 del Código Procesal Penal, no siendo éste el caso que nos ocupa. Finalmente no existe violación al derecho fundamental a la libertad ambulatoria, contenido en el artículo 69 de la Constitución de la República, tal y como alega la censora, pues al momento en que la Fuerza Naval abordó el barco Blue Sky I, y constató la existencia de sacos conteniendo hierba supuesta marihuana, se presentó un posible delito en flagrancia y acusación probable de que el acusado, capitán del barco (y el resto de la tripulación), tuviese alguna participación, por lo que fue correcto disponer la conducción de la embarcación hasta puerto hondureño a efecto de realizar las diligencias de investigación comprobatorias, bajo las facultad que otorga el artículo 210 del Código Procesal Penal, debiendo considerarse que en el presente caso el lugar de registro se encontraba en alta mar y requirió su traslado a puerto. 2). Violación al Derecho/Principio de Inocencia Ya ha explicado ampliamente este Ad-Quem el alcance de este Derecho /Principio y lo que implica su invocación en el recurso de casación como derecho fundamental transgredido. En resumen la censora opone que no existe prueba suficiente que sustente el pronunciamiento condenatorio en contra del acusado Santiago Holnes Villatoro, pues la droga incautada no fue encontrada en el interior de la embarcación donde aquel servía como Capitán, sino en el agua adyacente.- Estableció el Tribunal de Sentencia que el 05 de Noviembre de 2011, elementos de la Fuerza Naval Hondureña, abordaron en alta mar la embarcación con bandera hondureña “Blue Sky I”, con trece tripulantes, entre éstos su capitán Santiago Holnes Villatoro, procediéndose a revisar la documentación de la misma y además a realizar una inspección, encontrando en el cuarto de timón sacos conteniendo hierba seca de presunta marihuana, consecuencia de lo cual la autoridad naval hondureña dispuso conducir la embarcación hasta Puerto Castilla, arribando el día 07 de noviembre del mismo año en horas de la noche, momento en que se resolvió que la totalidad de la tripulación se mantendría a bordo, así como los sacos, dispuestos en el puente de la nave, encerrado con llave, custodiado por dos miembros de la fuerza naval que se encontraban en el muelle. Para el día 09 de noviembre al llegar el personal se realizó una nueva inspección a la embarcación por personeros de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), encontrando en seis lugares vestigios de la planta marihuana: 1. Plataforma de Mando: i) Entre unas sogas en el suelo; ii) En bolsa plástica; y iii) En una segunda bolsa plástica; 2. Cocina: i) Bolsa plástica en el interior de una caja; ii) En bolsa plástica, en el asiento usado como alacena; 3. Literas: En el interior de un maletín; 4. Plataforma: Dentro de un barril de plástico. En la inspección además se constató la ausencia de los sacos previamente reportados, ordenándose la sumersión de dos buzos quienes en subagua, próximo a la embarcación, encontraron un saco con hierba amarrado a un pedazo de metal semejante a un ancla, el que después de ser analizado por perito Toxicológico, se constató que contenía 34.784 libras de marihuana. Con la prueba mencionada, el Tribunal de Sentencia derivó que la embarcación estaba siendo utilizada para el transporte de droga ilícita, pues no solo fueron encontrados seis elementos en diferentes partes de la embarcación, sino que además tres sacos, de los cuales por lo menos uno contenía marihuana; la censora desea sembrar duda, pues alega que ningún saco fue encontrado en la nave, y que no existen elementos para concluir que aquel encontrado en sub-agua adyacente tenga como procedencia la nave, esfuerzo que es infructuoso, pues si existen elementos que así lo señalan y de manera abundante, como bien lo explicó el A-Quo: 1. La declaración del señor Marlon René Coto, la primera persona que abordó el barco Blue Sky I, señalando que encontró tres sacos de marihuana en el área del timón, lugar en donde está a la vista de toda la tripulación y en especial del Capitán, ahora acusado; fue el hallazgo de estos sacos lo que motivó disponer el traslado de la embarcación hasta Puerto Castilla. 2. La Declaración del señor Jorge Alberto Gómez Bonilla e Informe de Abordaje e Inspección; el testigo transportó el bote desde el sector de Raya hasta Puerto Castilla, aseverando que al desembarcar los tres sacos conteniendo droga quedaron bajo llave en el puente de mando; el mismo testigo indica que la tripulación de la embarcación quedó a bordo sin ninguna restricción y que además ningún servidor público quedó realizando labor de custodia dentro de la embarcación, sino que desde el muelle. 3. La declaración del señor Álvaro Cordón, quien con otra persona, procedió a realizar inspección sub-agua, por buceo, encontrando amarrada a una especie de ancla un saco conteniendo hierba, en lugar adyacente al barco Blue Sky I; las condiciones en que fue encontrado el saco permitió derivar al A-Quo, de manera correcta, que éste había sido lanzado al mar con la intención de que no fuese encontrado, por ello fue amarrado a un ancla, a modo de impedir su flote (f. 1347 v); Se constató posteriormente que la hierba contenida en el saco era de la planta de la marihuana. 4. Declaración del señor Santos Maradiaga y Acta de Inspección; el testigo realizó inspección a la embarcación encontrando en varias partes de ésta, vestigios de la planta de marihuana. 5. Seis actas de decomiso de evidencia encontrada como resultante de la inspección realizada en fecha 09 de noviembre de 2011 al barco Blue Sky I. 6. Dictamen Toxicológico, mediante el cual comprobó que tanto el contenido del saco recuperado bajo el agua como los vestigios encontrados dentro de la embarcación pertenecían a la especie de la planta de la marihuana. En una consideración panóptica el Tribunal de Sentencia relaciona que el barco fue conducido a puerto tras el hallazgo de sacos conteniendo hierba, permaneciendo en puerto hasta que fue efectuada una inspección formal, la que dio como resultado el hallazgo de seis vestigios en diferentes partes de la nave que fueron identificadas como partes de la planta de marihuana, además tras una inspección subagua en lugar adyacente donde estaba atracada la embarcación se encontró un saco conteniendo marihuana, coincidiendo con lo reportado como hallazgo por los elementos de la Naval sobre tres sacos conteniendo hierba, posiblemente marihuana, siendo claro entonces que el saco encontrado en subagua es uno de aquellos que se encontraba en la embarcación y que fue tirado al mar amarrado a un ancla con el fin de ocultar su existencia previo a la llegada de la policía y demás autoridades civiles del Estado de Honduras; es de considerarse que en un mal proceder la Fuerza Naval dispuso que todos los tripulantes de la nave permaneciesen a bordo sin restricción de movilización, por lo que aun después de atracada tenían libre movilidad a todas las zonas, disponiendo además la Fuerza Naval que los sacos con hierba se guardasen bajo llave en el puente sin vigilancia inmediata, apenas personal de guardia en el muelle, lo que dio oportunidad para que los ocupantes pudiesen destruir y/o ocultar la evidencia, y fue así entonces que los sacos que debían ser reconocidos ya no se encontraron en el puente, recuperándose solo uno de ellos bajo el agua, comprobándose tras el examen toxicológico que la hierba que contenía era marihuana. Otro aspecto sobre el cual se debe reflexionar es que a pesar de que la totalidad de la tripulación quedó con libre acceso a todas las zonas de la embarcación y dado su evidente esfuerzo de ocultar y destruir la evidencia para eludir la deducción de responsabilidad, aun con ello fueron encontrados seis vestigios en diferentes partes del transporte pertenecientes a la planta de la marihuana, lo que llamó al Tribunal de Sentencia a concluir, sin duda, no solo que la embarcación estaba siendo usada para el transporte de droga, sino que su capitán, el acusado Santiago Holnes Villatoro, era el responsable de dicha conducta, con la colaboración del resto de los tripulantes. Se concluye entonces que este alegato de la censora es pueril, pues descontextualiza un solo aspecto de la totalidad de los hechos, distrayéndose de la abundante carga probatoria con la cual el Ministerio Público logró vencer la presunción de inocencia del acusado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO PENAL En Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticinco días de septiembre de dos mil diecisiete. El pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Expediente 071-2014, conociendo de los Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha siete de mayo del año dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Santiago Holnes Villatoro, como autor responsable del delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Trafico o Consumo Ilícito De Drogas, en perjuicio de la Salud Publica, a la pena de seis años de reclusión y como pena de Multa la cantidad de Cincuenta Mil Lempiras.- Segundo: Condenó a los señores (orden alfabético): Álvaro Samuel Núñez Palacios, Cándido Dionisio David Quioto, Denis Ramón Arriola Arahus, Donni Cacho Ávila, Erick Mórelo Cabarca, Erol Enrique Reyes Orellana, Jorge Adalberto Banegas Cálix, José Alfredo Gutiérrez Medina, Lorenzo Fermín Ramírez Arahus, Magno Noel Suazo David, Oscar Armando Montero Orellana y Rominson de Jesús Córdova Madrid como autores del delito de Facilitación de medios de transporte para el Trafico o Consumo Ilícito de Drogas, a título de Cómplices Simples a la pena de cuatro años de reclusión y multa de treinta y tres mil trescientos treinta y tres Lempiras a cada uno.- Tercero: Condenó a los señores (orden alfabético):Álvaro Samuel Núñez Palacios, Cándido Dionisio David Quioto, Denis Ramón Arriola Arahus, Donni Cacho Ávila, Erick Mórelo Cabarca, Erol Enrique Reyes Orellana, Jorge Adalberto Banegas Calix, José Alfredo Gutiérrez Medina, Lorenzo Fermín Ramirez Arahus, Magno Noel Suazo David, Oscar Armando Montero Orellana y Rominson De Jesús Córdova Madrid a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal.- Cuarto: Condenó al señor Santiago Holnes Villatoro a la pena de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Quinto: Se declaró la responsabilidad civil de los imputados (orden alfabético):Álvaro Samuel Núñez Palacios, Cándido Dionisio David Quioto, Denis Ramón Arriola Arahus, Donni Cacho Ávila, Erick Mórelo Cabarca, Erol Enrique Reyes Orellana, Jorge Adalberto Banegas Calix, José Alfredo Gutiérrez Medina, Lorenzo Fermín Ramirez Arahus, Magno Noel Suazo David, Oscar Armando Montero Orellana, Rominson de Jesús Córdova Madrid y Santiago Holnes Villatoro.- Sexto: No procedió condenar en costas procesales, personales o gastos ocasionados por el juicio.- Séptimo: Se ordenó la expulsión del territorio hondureño a los condenados Erick Mórelo Cabarca y Rominson de Jesús Córdova, ambos de nacionalidad colombiana, una vez que éstos hayan cumplido con la condena impuesta.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, la Abogada Nassy Guadalupe Castro Vásquez, actuando en su condición de Defensora Pública del señor Santiago Holnes Villatoro. Son Partes: El Abogado Mario Reniery Amador, Agente de la Defensa Pública, en su condición de Recurrente y la Abogada Ilse Adela Fuentes, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrida. I. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Primero: El 05 de noviembre de 2011, una lancha patrullera de la Fuerza Naval Hondureña, que se dirigía hacia la Mosquitia, Gracias a Dios, aproximadamente a la una de la mañana, recibió comunicación por parte del Capitán de Navío de la Fuerza Naval Colombiana, Mario Rodríguez, de que la embarcación Blue Sky I, con matrícula U-1812701, color blanco y azul, dedicada a la pesca de langosta, la cual se encontraba en la posición latitud 14º, 51’N, longitud 081º37’W, misma que había zarpado de la Isla de San Andrés, Colombia, con Bandera Hondureña, que según información traía a bordo 5 toneladas de Cocaína en compartimientos falsos. Debido a que la fuerza naval de Colombia no tenía embarcaciones cerca de ese sector ni los medios de cómo movilizarse, autorizó a la fuerza naval hondureña para que abordaran la misma y fuera inspeccionada para verificar la información recibida. Segundo: Debido a la información referida, se desplazó el Alférez de Fragata Marlon René Coto Flores, en una lancha rápida hasta dicha embarcación, quien procedió a abordar la embarcación y mandó a llamar al capitán Santiago Holnes Villatoro, a quien le pidió los documentos respectivos de la embarcación, verificando que los mismos estaban en regla, seguidamente el Alférez, le preguntó al Capitán si traía armas o Droga, manifestándole el capitán de la embarcación que solo traía una bolsita de marihuana y que la misma era para consumo personal de los miembros de la embarcación, para que la tripulación se mantuviera despierta, misma que mandó a traer la cual constató que era una bolsa del tamaño de una puñada, entendiéndose que no era mucha, en forma de ladrillo, posteriormente llamó a la tripulación, en la que se encontraban los señores Santiago Hones Villatoro, (como Capitán) Jorge Adalberto Banegas Calix, Jose Alfredo Gutiérrez Medina, Cándido Dionisio David Quioto, Oscar Armando Montero Orellana, Denis Ramón Arriola Arahus, Magno Noel Suazo, David Mórelo Cabarca, Lorenzo Fermín Ramirez Arahus, Álvaro Samuel Núñez Palacios, Donni Cacho Avila, Erick Rominson De JesúsCórdova Madrid, Y Erol Enrique Reyes Orellana (como Marino) realizándoles un registro personal, no encontrándoles ningún material.- Luego procedió a inspeccionar la embarcación encontrando en el cuarto de timón 4 sacos de hierba seca, de los cuales uno de ellos era de marihuana, preguntándole al capitán “que pasaba”, porqué inicialmente le había manifestado que solo llevaba una pequeña cantidad de marihuana para el consumo personal de los tripulantes de la embarcación y porqué al momento de la inspección se encontraron 4 sacos más, a lo que respondió el Capitán que días atrás habían encontrado dicho marihuana flotando en el mar, que la tripulación la había recogido, a lo cual el (Capitán) les ordenó que se deshicieran de la misma, y que la tirarán al mar para evitarse problemas, informando inmediatamente lo sucedido el Teniente de Fragata Teniente Marlon René Coto a sus superiores, quienes le ordenaron que trasladara la embarcación hacia las cercanías de la comunidad de Raya, ya que de ahí será trasladada a Puerto Castilla; puesto que el Capitán Santiago Holnes Villatoro, llevaba marihuana en su embarcación junto a su tripulación, quienes con conocimiento de ello, realizaban funciones en dicha embarcación tendientes a facilitar el buen funcionamiento de la nave, en su cometido. Tercero: En fecha seis de noviembre del año 2011, a eso de las dos de la tarde, la embarcación Blue Sky 1, conducida por su Capitán Santiago Holnes, llegó a inmediaciones de la comunidad de Raya, donde abordada por otro personal de la Base Naval de Caratasca, Puerto Lempira, que procedió a trasladarla a Puerto Castilla, en Trujillo, Colón, siendo conducida siempre por el mismo Capitán, Santiago Holnes llegando a dicho lugar en fecha siete de los corrientes, a las nueve y cuarenta minutos de la noche. En dicho lugar, se encontraban esperándolos los agentes de la Dirección de lucha Contra El Narcotráfico y descendió de la embarcación el personal de la Base Naval Hondureña, quedando a bordo de la nave únicamente la tripulación y el capitán del barco, junto con las bolsas de hierba seca que se encontraban ubicadas en el puente cerrado de la nave, custodiando dicha nave dos miembros de la Base Naval que se encontraban ubicados en el muelle, en espera de la llegada del personal del Ministerio Público y del Juez de Letras con Competencia Territorial Nacional en materia penal, quienes ya habían sido alertados de la detención. Cuarto: El Capitán y su tripulación, permanecieron a bordo de la embarcación Bly Sky 1, durante los días siete, ocho y nueve de noviembre del año 2011; siendo así que personal de la Base Naval que los custodiaba constató que el día 8 de noviembre permanecían los sacos con droga en el puente cerrado de la nave, sin embargo, el día nueve de noviembre del mismo año, cuando personal de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico se dispuso a realizar una inspección en dicha embarcación, se sorprendió cuando no encontró los sacos con droga en la misma y procedió a comunicar el hecho a las demás autoridades. Fue así que el Comandante de la Base Naval de Puerto Castilla, ordenó a dos buzos que buscarán los sacos en el fondo del mar, por lo que procedieron su búsqueda bajo la popa del barco, encontrando un saco enganchado en una ancla de metal, que era uno de los mismos sacos que se habían encontrado antes en el puente cerrado de la embarcación, el cual contenía 34.784 libras, equivalentes a 15,791.936 gramos de droga denominada Cannabis Sativa (Marihuana); por lo que, fue recuperada y puesta a la orden de la autoridad judicial, para su incineración. Quinto: En la misma fecha nueve de noviembre del 2011, en la embarcación Blue Sky 1, Agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal encontraron residuos de marihuana: 1) en el suelo, entre unas sogas, en la plataforma de mando, parte más alta de la embarcación; 2) en una bolsa plástica transparente encontrada en la cocina, en el interior de una caja; 3) en un maletín negro marca Ringsley, en la parte de debajo de una litera; 4) en una bolsa plástica color blanco, que el interior también contenía pedazos de papel y una cajetilla de fósforo, encontrada en la cocina y en el asiento utilizado como alacena; 5) en un barril azul, de treinta barriles de plástico ubicados en la plataforma; 6) dos bolsas plásticas ubicadas en la plataforma de mando, que es la parte más alta de la embarcación.” II. RECURSO DE CASACIÓN.- MOTIVOS Y ARGUMENTOS “Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional: “Indicación De Los Motivos De Casación Por Infracción De Precepto Constitucional Único: Infracción de los preceptos constitucionales contenidos en los Artículos 69, 89 y 90 (Libertad Personal, Presunción de Inocencia y Debido Proceso) en relación con los Artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal. Autoriza la interposición de este recurso el Artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: Primero: Las normas constitucionales y legales que denunciamos como infringidas, en lo atinente señalan que: La libertad personal es inviolable y sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente; toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece y que ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el Código Procesal Penal. Segundo: En el proceso seguido en contra del señor Santiago Holnes Villatoro por el delito de Facilitación De Los Medios De Transporte Para El Tráfico Ilícito De Drogas en perjuicio de La Salud Pública se han infringido gravemente los fundamentales derechos a la libertad personal, la presunción de inocencia y al debido proceso que, por mandato constitucional, le asisten a todo imputado. Tercero: La acción ilícita que originalmente se le atribuyó al señor Santiago Holnes Villatoro es que él capitaneando el bote Blue Sky I, con bandera hondureña, se desplazaba en aguas territoriales colombianas, cuando fue abordado por miembros de la Base Naval de Honduras quienes se transportaban en un guardacostas hondureño y que al hacerle un registro al Blue Sky I encontraron, en el cuarto de timón de dicho bote, cuatro sacos conteniendo en su interior hierba seca supuestamente marihuana, razón por la cual el señor fue retenido en el bote Blue Sky I y trasladado, junto al resto de marinos que le acompañaban, hacia Puerto Castilla, en donde después de 67 horas le fueron leídos sus derechos e indicado los cargos que se le atribuían. Cuarto: El vicio que denunciamos se produce porque los hechos ilícitos antes referidos no están respaldados por prueba suficientemente apta para acreditarlos, pues en juicio se acreditó que las 34.7 libras de hierba seca de las que se tomó la muestra sobre la que se llevó a cabo prueba toxicológica y que concluyó que se trataba de marihuana, no fue levantada dentro de los compartimientos del bote Blue Sky I, sino que sumergida en las aguas adyacentes a él y no existe evidencia alguna que revele, con absoluta certeza, que esa marihuana en algún momento estuvo dentro de las instalaciones del Blue Sky I, porque a pesar de que los señores Marlon René Coto Flores y Jorge Antonio Gómez Bonilla (ambos miembros de la Fuerza Naval de Honduras) afirman haber visto dentro del bote Blue Sky I cuatro sacos conteniendo hierba seca que, según ellos, posiblemente se trataba de marihuana, pero dichos testigos no dispusieron una estricta custodia de la supuesta evidencia que garantizara su seguridad y preservación, deficiencia que expresamente es reconocida por el Tribunal, como puede leerse en el numeral Tercero del apartado Valoración De La Prueba del fallo recurrido en donde se refiere al Acta De Peritaje Toxicológicoestableciendo que en ella se narra que al presentarse el Juez de Letras, con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal y su secretario de actuaciones, en el muelle para constatar que la embarcación Blue Sky I se encuentra en ese lugar con la supuesta droga, constatación de la presencia de droga en el Blue Sky I que no llevó a cabo, porque le fue comunicado por parte de la Fiscal del Ministerio Público que la droga no se encontraba bajo custodia, que había desaparecido y que se ignoraba su paradero. Tal realidad concreta implica que en el manejo de la supuesta evidencia no se implementó su correspondiente cadena de custodia, generando con ello una abismal incertidumbre que impide establecer, con absoluta certeza, que el elemento material sobre el que se llevó a cabo la prueba toxicológica y que sirve de sustento al fallo condenatorio en contra del señor Santiago Holnes Villatoro sea parte de lo que los elementos de la Fuerza Naval de Honduras aseguran haber visto dentro del bote Blue Sky I; por lo que el Tribunal al arribar a un fallo condenatorio en contra del señor Santiago Holnes Villatoro en tales condiciones lo hace en franca violación a los derechos fundamentales de presunción de inocencia y debido proceso que por mandato constitucional le asisten al señor Santiago Holnes Villatoro. Quinto: Igualmente en la causa seguida en contra del señor Santiago Holnes Villatoro también se violentó el debido proceso y su derecho a la libertad individual, porque a él no le fueron leídos sus derechos e indicados los cargos en su contra en los plazos establecidos por la ley, sino cuando habían transcurrido más de 67 horas después de su material detención, violentando con ello lo dispuesto en los artículos 69 y 90 de la Constitución de la República y 101 del Código Procesal Penal, volviendo con ello ilegal su detención y viciando las actuaciones procesales llevadas a cabo en su contra. Pretensión Impugnativa Conscientes estamos que al Tribunal de casación no le es dable realizar una valoración probatoria alternativa, sin embargo, de las constancias que obran en el presente caso y sin desarrollar una rigurosa valoración probatoria se hace patente el vicio denunciado, por lo que resulta justo y procedente declarar la nulidad de la parte resolutiva del fallo impugnado y en su lugar el dictado directo de una sentencia absolutoria a favor del señor Santiago Holnes Villatoro”. III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica recursiva, el peticionario debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la Defensa Pública, a favor del acusado Santiago Holnes Villatoro.- Único Motivo. Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 69, 89 y 90 de la Constitución de la República; Concepto de la Infracción: Falta de lectura de derechos al acusado al momento de su aprehensión; Falta de certeza de la existencia del delito; Remedio de Saneamiento Presentado contra el Vicio Denunciado: No determinado por la Censora; Pretensión: Revocar la sentencia condenatoria y dictar en su lugar una sentencia absolutoria a favor del acusado. El Recurso de casación es interpuesto por la Defensa Pública a favor del acusado Santiago Holnes Villatoro, quien es uno de las trece personas procesadas y contra las cuales el Tribunal de Sentencia declaró culpabilidad.- Con poca claridad la Censora expone los argumentos que sustentan el recurso, pudiendo identificar esta Sala de lo Penal que son dos los reclamos que se exponen: 1. Protesta la Censora que al acusado Santiago Holnes Villatoro no le fueron leídos sus derechos, sino que después de 67 horas de su aprehensión, violentándose así los derechos fundamentales a la libertad personal y a un debido proceso judicial. y 2. Alega que el pronunciamiento condenatorio en contra del acusado no está respaldado por prueba suficiente; relaciona que la droga (34.7 libras de marihuana), no fue encontrada dentro del bote “Blue Sky I”, sino sumergida en las aguas adyacentes y no existe ninguna evidencia de que dicha droga estuvo en algún momento a bordo de la embarcación; explica la Censora que ello genera que el fallo condenatorio violente los derechos fundamentales de Inocencia y debido proceso. Del Debido Proceso Penal La Garantía del debido Proceso, invocada por la Censora como aquella que ha sufrido inobservancia por el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra.- Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso legal, más que garantizar el respeto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez o jueza, además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii.- Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii.- A un juez predeterminado por la ley; iv.- A la imparcialidad e independencia del juez; v.- Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi.- A la igualdad de armas procesales; vii.- A un proceso público sin dilaciones indebidas; viii.- Respeto al principio de presunción de inocencia; ix.- Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x.- derecho a ser oído en un plazo razonable; xi.- Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii.- El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii.- A una justicia gratuita; en fin el derecho a un debido proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido Proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. Del Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia El derecho al Estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89 establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; este derecho-principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías. Por su importancia, tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3) De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad. Para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; Por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP) y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: “128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá examinar (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos. b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal. c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad. d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. De la Procedencia del Recurso El Recurso no es de Recibo.- Con acierto al contestar el Recurso de Casación, el Ministerio Público acota que la censora ha presentado una impugnación sin atender una debida técnica recursiva al desarrollar dos motivos distintos bajo un mismo título, haciendo confusión de alegatos entre uno y otro, pero además al no desarrollar cada uno de tales motivos con propiedad, explicando el alcance del derecho fundamental que se cita como violentado y como esta violación se materializó con la actuación del Tribunal de Sentencia. No habiendo realizado un debido planteamiento, ha sido tarea de esta Sala de lo Penal delimitar en que consiste cada reclamo, a fin de diferenciarlos y poder así dar una respuesta propia a cada uno de ellos; este Ad-Quem ha identificado dos argumentos distintos, a saber: 1) Violación al Derecho a un Debido Proceso en relación al Derecho a la Libertad: Señala la censora que como consecuencia de un proceder distinto a un debido proceso, le fue transgredido el derecho a la libertad del acusado Santiago Holnes Villatoro; relaciona que el acusado, junto con los demás tripulantes del barco Blue Sky I, le fueron leídos sus derechos hasta 67 horas después de su detención; la censora no extiende su impugnación respecto a otros hechos, ni expone la existencia de consecuencias negativas en el ejercicio al derecho de defensa, igualdad de parte ante la ley, u otro; en su denuncia la censora no explica cuál es el perjuicio material del hecho descrito, pues el recurso debe traspasar la frontera de la mera inobservancia de la norma constitucional a la demostración de un perjuicio material claramente definido; la censora tenía la obligación de exponer en su recurso la afectación material de tal omisión que obliga a esta Sala de lo Penal a dictar una sentencia absolutoria a favor del acusado (y por extensión a favor de todos los acusados), tal y como se solicita. La falta de observancia del artículo 84 de la Constitución de la República, que implica a su vez violación del artículo 90 del mismo cuerpo legal, tiene dos clases de repercusiones, independientes entre sí: 1. De carácter penal: Pues obliga ineludiblemente al Ministerio Público a iniciar investigación para determinar la posible existencia de un delito con ocasión de la ejecución de una aprehensión de forma distinta a como dispone el artículo 84 de la Constituciónde la República; investigación dirigida en contra del responsable de la aprehensión indebidamente ejecutada; y 2. De carácter procesal penal: Determinar si la aprehensión hecha de manera indebida tiene alguna repercusión material en la obtención y/o producción de material probatorio, pues éste tendría la calidad de ilícita, careciendo de valor alguno. Sin duda lo señalado por la Defensora Pública constituye un actuar contrario a lo que determina el artículo 84 párrafo tercero de la Constitución de la República, lo cual fue debidamente abordado por el Tribunal de Sentencia en la fundamentación jurídica, resolviendo el incidente de nulidad opuesto por la misma parte; el A-quo declara que ante el mal proceder de las autoridades hondureñas al momento de dar aprehensión a las personas acusadas, corresponde al Ministerio Público iniciar diligencias para definir si ha existido un delito y, de ser así, entablar la acción penal correspondiente, más ello no tiene repercusión alguna al proceso penal que nos ocupa, pues aun en el supuesto de que la persona que realizó la aprehensión resultase culpable, ello no exculpa de responsabilidad a los acusados por la comisión de su propio delito, tal y como lo determina en artículo 101 último párrafo del Código Procesal Penal.- Fuera de lo señalado, lo denunciado por la censora no tiene ninguna repercusión en el proceso penal que nos ocupa, pues se insiste que no se ha alegado y acreditado limitación al ejercicio de defensa o la obtención de prueba ilícita como consecuencia del actuar indebido de la autoridad hondureña, es decir que la omisión de hacer saber los derechos procesales y constitucionales a la persona acusada hubiese generado la producción de prueba culpatoria, lo que sería derivación de elementos de prueba de un acto ilícito, el que no podría tener validez alguna a la sombra de lo preceptuado en el artículo 200 del Código Procesal Penal, no siendo éste el caso que nos ocupa. Finalmente no existe violación al derecho fundamental a la libertad ambulatoria, contenido en el artículo 69 de la Constitución de la República, tal y como alega la censora, pues al momento en que la Fuerza Naval abordó el barco Blue Sky I, y constató la existencia de sacos conteniendo hierba supuesta marihuana, se presentó un posible delito en flagrancia y acusación probable de que el acusado, capitán del barco (y el resto de la tripulación), tuviese alguna participación, por lo que fue correcto disponer la conducción de la embarcación hasta puerto hondureño a efecto de realizar las diligencias de investigación comprobatorias, bajo las facultad que otorga el artículo 210 del Código Procesal Penal, debiendo considerarse que en el presente caso el lugar de registro se encontraba en alta mar y requirió su traslado a puerto. 2). Violación al Derecho/Principio de Inocencia Ya ha explicado ampliamente este Ad-Quem el alcance de este Derecho /Principio y lo que implica su invocación en el recurso de casación como derecho fundamental transgredido. En resumen la censora opone que no existe prueba suficiente que sustente el pronunciamiento condenatorio en contra del acusado Santiago Holnes Villatoro, pues la droga incautada no fue encontrada en el interior de la embarcación donde aquel servía como Capitán, sino en el agua adyacente.- Estableció el Tribunal de Sentencia que el 05 de Noviembre de 2011, elementos de la Fuerza Naval Hondureña, abordaron en alta mar la embarcación con bandera hondureña “Blue Sky I”, con trece tripulantes, entre éstos su capitán Santiago Holnes Villatoro, procediéndose a revisar la documentación de la misma y además a realizar una inspección, encontrando en el cuarto de timón sacos conteniendo hierba seca de presunta marihuana, consecuencia de lo cual la autoridad naval hondureña dispuso conducir la embarcación hasta Puerto Castilla, arribando el día 07 de noviembre del mismo año en horas de la noche, momento en que se resolvió que la totalidad de la tripulación se mantendría a bordo, así como los sacos, dispuestos en el puente de la nave, encerrado con llave, custodiado por dos miembros de la fuerza naval que se encontraban en el muelle. Para el día 09 de noviembre al llegar el personal se realizó una nueva inspección a la embarcación por personeros de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), encontrando en seis lugares vestigios de la planta marihuana: 1. Plataforma de Mando: i) Entre unas sogas en el suelo; ii) En bolsa plástica; y iii) En una segunda bolsa plástica; 2. Cocina: i) Bolsa plástica en el interior de una caja; ii) En bolsa plástica, en el asiento usado como alacena; 3. Literas: En el interior de un maletín; 4. Plataforma: Dentro de un barril de plástico. En la inspección además se constató la ausencia de los sacos previamente reportados, ordenándose la sumersión de dos buzos quienes en subagua, próximo a la embarcación, encontraron un saco con hierba amarrado a un pedazo de metal semejante a un ancla, el que después de ser analizado por perito Toxicológico, se constató que contenía 34.784 libras de marihuana. Con la prueba mencionada, el Tribunal de Sentencia derivó que la embarcación estaba siendo utilizada para el transporte de droga ilícita, pues no solo fueron encontrados seis elementos en diferentes partes de la embarcación, sino que además tres sacos, de los cuales por lo menos uno contenía marihuana; la censora desea sembrar duda, pues alega que ningún saco fue encontrado en la nave, y que no existen elementos para concluir que aquel encontrado en sub-agua adyacente tenga como procedencia la nave, esfuerzo que es infructuoso, pues si existen elementos que así lo señalan y de manera abundante, como bien lo explicó el A-Quo: 1. La declaración del señor Marlon René Coto, la primera persona que abordó el barco Blue Sky I, señalando que encontró tres sacos de marihuana en el área del timón, lugar en donde está a la vista de toda la tripulación y en especial del Capitán, ahora acusado; fue el hallazgo de estos sacos lo que motivó disponer el traslado de la embarcación hasta Puerto Castilla. 2. La Declaración del señor Jorge Alberto Gómez Bonilla e Informe de Abordaje e Inspección; el testigo transportó el bote desde el sector de Raya hasta Puerto Castilla, aseverando que al desembarcar los tres sacos conteniendo droga quedaron bajo llave en el puente de mando; el mismo testigo indica que la tripulación de la embarcación quedó a bordo sin ninguna restricción y que además ningún servidor público quedó realizando labor de custodia dentro de la embarcación, sino que desde el muelle. 3. La declaración del señor Álvaro Cordón, quien con otra persona, procedió a realizar inspección sub-agua, por buceo, encontrando amarrada a una especie de ancla un saco conteniendo hierba, en lugar adyacente al barco Blue Sky I; las condiciones en que fue encontrado el saco permitió derivar al A-Quo, de manera correcta, que éste había sido lanzado al mar con la intención de que no fuese encontrado, por ello fue amarrado a un ancla, a modo de impedir su flote (f. 1347 v); Se constató posteriormente que la hierba contenida en el saco era de la planta de la marihuana. 4. Declaración del señor Santos Maradiaga y Acta de Inspección; el testigo realizó inspección a la embarcación encontrando en varias partes de ésta, vestigios de la planta de marihuana. 5. Seis actas de decomiso de evidencia encontrada como resultante de la inspección realizada en fecha 09 de noviembre de 2011 al barco Blue Sky I. 6. Dictamen Toxicológico, mediante el cual comprobó que tanto el contenido del saco recuperado bajo el agua como los vestigios encontrados dentro de la embarcación pertenecían a la especie de la planta de la marihuana. En una consideración panóptica el Tribunal de Sentencia relaciona que el barco fue conducido a puerto tras el hallazgo de sacos conteniendo hierba, permaneciendo en puerto hasta que fue efectuada una inspección formal, la que dio como resultado el hallazgo de seis vestigios en diferentes partes de la nave que fueron identificadas como partes de la planta de marihuana, además tras una inspección subagua en lugar adyacente donde estaba atracada la embarcación se encontró un saco conteniendo marihuana, coincidiendo con lo reportado como hallazgo por los elementos de la Naval sobre tres sacos conteniendo hierba, posiblemente marihuana, siendo claro entonces que el saco encontrado en subagua es uno de aquellos que se encontraba en la embarcación y que fue tirado al mar amarrado a un ancla con el fin de ocultar su existencia previo a la llegada de la policía y demás autoridades civiles del Estado de Honduras; es de considerarse que en un mal proceder la Fuerza Naval dispuso que todos los tripulantes de la nave permaneciesen a bordo sin restricción de movilización, por lo que aun después de atracada tenían libre movilidad a todas las zonas, disponiendo además la Fuerza Naval que los sacos con hierba se guardasen bajo llave en el puente sin vigilancia inmediata, apenas personal de guardia en el muelle, lo que dio oportunidad para que los ocupantes pudiesen destruir y/o ocultar la evidencia, y fue así entonces que los sacos que debían ser reconocidos ya no se encontraron en el puente, recuperándose solo uno de ellos bajo el agua, comprobándose tras el examen toxicológico que la hierba que contenía era marihuana. Otro aspecto sobre el cual se debe reflexionar es que a pesar de que la totalidad de la tripulación quedó con libre acceso a todas las zonas de la embarcación y dado su evidente esfuerzo de ocultar y destruir la evidencia para eludir la deducción de responsabilidad, aun con ello fueron encontrados seis vestigios en diferentes partes del transporte pertenecientes a la planta de la marihuana, lo que llamó al Tribunal de Sentencia a concluir, sin duda, no solo que la embarcación estaba siendo usada para el transporte de droga, sino que su capitán, el acusado Santiago Holnes Villatoro, era el responsable de dicha conducta, con la colaboración del resto de los tripulantes. Se concluye entonces que este alegato de la censora es pueril, pues descontextualiza un solo aspecto de la totalidad de los hechos, distrayéndose de la abundante carga probatoria con la cual el Ministerio Público logró vencer la presunción de inocencia del acusado. IV. DECISIÓN Declarar no ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, en su único motivo. V. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y 361 del Código Procesal Penal.- Decide: Primero: Declarar No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública.- Segundo: Declarar firme y ejecutable la sentencia de fecha siete de mayo de dos mil trece (f. 1341), dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional, en la cual declara a los señores (Orden Alfabético): Álvaro Samuel Núñez Palacios, Cándido Dionisio David Quioto, Denis Ramón Arriola Arahus, Donni Cacho Avila, Erick Mórelo Cabarca, Erol Enrique Reyes Orellana, Jorge Adalberto Banegas Cálix, Jose Alfredo Gutiérrez Medina, Lorenzo Fermín Ramirez Arahus, Magno Noel Suazo David, Oscar Armando Montero Orellana, Rominson de Jesús Córdova Madrid y Santiago Holnes Villatoro, responsables penalmente por delito consumado en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras.- Y MANDA: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE.- FIRMA Y SELLO.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado Coordinador.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-71-2014.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO.

[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.