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Sentencia CP-70-14 — Registro 15954

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de robo de vehículo, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia del Recurso EL RECURSO ES DE RECIBO.- El presente caso trata de una imputación por un delito de Robo de Vehículo, formulada en contra del acusado Raúl Fernando Lagos Oliva, la cual tuvo como resultado un pronunciamiento condenatorio por parte del Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. En la audiencia del debate fueron presentados tres medios de prueba, todos ellos propuestos por el Ministerio Público (La Defensa Privada no presentó prueba): 1. Declaración del Testigo “A” (f. 69), rendida en la audiencia inicial de fecha 04 de junio de 2010, en cuya oportunidad indicó: Que el 20 de agosto de 2009, a las 05:00 p.m., al salir de su trabajo, cruzo la calle, en dirección a su vehículo marca Toyota, Modelo Tacoma, cabina y media, color beige y con “mataburro” (defensa delantera), acercándosele un muchacho en muletas pidiéndole ayuda para comprar unos clavos para la pierna, y al contestarle que no andaba dinero, éste le amenazo con un arma de fuego, acercándose una segunda persona quien le arrebato las llaves del automotor, diciéndole a un guardia de seguridad que estaba cerca “si te moves te mato”, luego de lo cual ambas personas abordaron el vehículo, llevándoselo; Que ambas personas andaban vestidas “formal” y que andaban “destapados” (sin cubrirse el rostro); Que el segundo se llama Raúl y era un sujeto alto, blanco, delgado, recién rasurado, de 1.70 mts, andaba “pelón” como rasurado con navaja, quien se fue manejándolo; Que los tuvo a la vista como cinco minutos; Que conoce el nombre de esta segunda persona porque después se trasladó a la Policía al Barrio Villadela a interponer la denuncia, en donde le enseñaron un álbum fotográfico reconociendo primero a Byron (persona con muletas) y después a Raúl; Que no realizó ninguna otra diligencia entre la denuncia y el reconocimiento fotográfico; Que a Raúl solo lo vio dos veces: el día del asalto y cuando lo reconoció en el álbum fotográfico; Que ellos viven en la Colonia El Sitio. 2. Declaración testifical del Señor Franly de Varela Videa Zelaya, agente de investigación, quien señaló: Que llego un testigo protegido interponiendo una denuncia de que dos persona, una de ellas con muletas, le habían robado su vehículo; Como diligencia se le mostro un álbum fotográfico al ofendido, reconociendo a Byron Cipriano, con residencia en la Colonia El Sitio; Que se trasladó a la Col El Sitio con el ofendido a buscar a Byron, y que cuando pasaron por la estación de buses el ofendido reconoció a la otra persona que le había asaltado y que es la persona presente en la audiencia de debate (Raúl Lagos); Que el declarante traslado a ésta persona a la Dirección Nacional de Investigación Criminal, donde se le tomaron las generales, se le tomaron fotografías y esas fotografías se le mostraron al ofendido, quien lo volvió a reconocer. 3. Fotocopia de documentos de traspaso de propiedad de vehículo (f. 26): El documento indica que el Señor Carlos Antonio Fonseca, traspasa a favor de otro, el vehículo marca Toyota, color Beige, Chasis 4TAVN73K7SZ058016, placa PAS-7150, tipo pick-up, motor 0049846, VIN 4TAVN73K7SZ058016, año 1995. De esta prueba los Jueces de Sentencia derivaron cómo hechos declarados probados que el 20 de agosto de 2009, en el barrio Guadalupe de la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el acusado Raúl Fernando Lagos Oliva, junto con otra persona, amenazaron con un arma de fuego al Testigo”A”, despojándolo de varios objetos personales y de vehículo marca Toyota, color Beige, placa PAS-7150, tipo pick-up, año 1995. Al confrontar el contenido de los medios de prueba con la valoración hecha por los jueces y su conclusión, plasmada en los hechos declarados probados, esta Sala de lo Penal reconoce razón en la denuncia de la Censora, pues el A-quo ha hecho una indebida derivación de razones.- En principio el Ministerio Público sustento la acción acusatoria en la declaración de una única persona (Testigo Protegido “A”), no solo para acreditar la existencia del delito, sino que además la participación de la persona acusada, sin presentar otro medio de prueba adicional: no existió evidencia física, prueba científica, grabaciones, imágenes, video o más testigos presenciales (Guardia de seguridad que presencio el hecho) o testigos referenciales; Es de reflexionar además que éste testigo único no llego a la audiencia de debate a declarar, sino que sus dichos fueron conocidos mediante la lectura de un acta, por lo que los Juzgadores no contaron con la inmediación, es pues que no pudieron valorar la compostura del declarante, el tono, seguridad/inseguridad, coherencia/incoherencia, actitud, gesticulación, etc., para poder determinar su credibilidad armados con todos esos elementos; Suma a lo anterior que el testigo se contradijo con el otro testigo evacuado en relación a como fue el proceso de identificación de la persona acusada, pues mientras el primero indicó que fue a través de un álbum fotográfico que le fue mostrado en la policía, afirmando que no realizó ninguna diligencia anterior o posterior a esto, el agente de la policía Franly de Varela Videa Zelaya, relata algo muy distinto, pues según éste el ofendido al llegar a la estación de policía reconoció a uno de los hechores en un álbum fotográfico (Señor Byron Cipriano) y que a la otra persona no, que se trasladaron a buscar a Byron a la Col el Sitio y que al pasar por una estación de autobús estaba el acusado Raúl Lagos hablando con otra persona, instantes en que el ofendido le señaló como el otro participante del asalto.- Al momento de valorar los dos medios de prueba testifical (uno incorporado por lectura), el Tribunal de Sentencia no hace reflexión alguna sobre las limitantes de valoración resultantes de la ausencia de inmediación del testimonio del ofendido, mucho menos sobre la contradicción de éste con el testigo Franly Videa en cuanto a la identificación del Señor Raúl Lagos como la persona responsable del delito; En su lugar asume en su totalidad, como una verdad, lo relatado por el testigo Videa, haciendo recuento de que fue el acusado fue identificado de manera directa por el ofendido cuando pasaban por una estación de buses y no como lo manifestó éste: en un álbum fotográfico, sin haberlo visto antes o después de manera personal, es pues que el Tribunal asienta una realidad distinta a la descrita por el ofendido pero al mismo tiempo señala que éste merece pleno valor probatorio (F. 247 v). Preocupa a la Sala de lo Penal la ausencia cada vez más marcada de prueba científica, objetiva y fiable en los procesos penales, la cual ha sido sustituida casi en su totalidad con prueba testifical, misma que no ofrece las mismas garantías que aquellas, pues fuera de los casos de testigos falsos, aun cuando el testigo este convencido en que está diciendo la verdad, ello muchas veces no constituye una verdad real sino una subjetiva, como producto de muchas variables que hacen al testigo no solo percibir los hechos de una manera errónea, sino entenderlos, memorizarlos y transmitirlos con ajenidad a lo ocurrido, lo que hace que su valoración sea uno de los procesos con más complejos en la tarea de juzgamiento de todo Juez o Jueza, más con ello por desfortuna es el medio al que recurre el Ministerio Público con más frecuencia para sustentar una acusación y pretender una sentencia condenatoria, cayendo incluso en estadios de abuso, como es el caso que hoy nos ocupa donde se presenta una acción penal basado en un único medio de prueba testifical para acreditar responsabilidad penal por un delito grave. La ausencia de prueba científica y el ánimo de dar una respuesta tanto a los justiciables como a las víctimas, han llevado a los Tribunales de Justicia a relativizar las exigencias probatorias, al grado de aventurarse a pronunciar fallos condenatorios a base de solo una prueba testifical que resulta contradictoria, aun cuando esta Sala de lo Penal ha insistido en reiteradas ocasiones y por muchos años que para que una sentencia condenatoria se base únicamente en un medio de prueba testifical, el Tribunal de Sentencia debió haber llegado al pleno y absoluto convencimiento después de haber hecho una pormenorizada y rigurosa valoración de dicha prueba, habiendo salido “triunfante” de todos los cuestionamientos y dudas que se le puedan oponer, aun cuando fuesen ínfimos: Es pues no implica que no sea posible dictar una sentencia condenatoria en base a una única prueba testifical, pero ésta debe de ser tan sólida, tan convincente, que sea capaz de repeler cualquier cuestionamiento con sobrada solvencia, después de haber hecho una exhaustiva valoración de todos los elementos que proporciona la inmediación. Insiste esta Sala de lo Penal, que una sentencia condenatoria basada en un único medio de prueba, cualquiera que sea éste, debe de implicar que ese medio de prueba debió haber pasado por un riguroso proceso de valoración, sorteando solventemente cualquier cuestionamiento concebible por muy insignificante que sea, demostrando su solides probatoria al grado de no hacer factible ninguna otra realidad alterna más que la demostrada por el medio de prueba y que lleve al pronunciamiento condenatorio.- Tal rigurosidad debe de ser aún mayor cuando se trate de un medio de prueba testifical, como consecuencia de la naturaleza de este particular medio probatorio, abatible por subjetividades derivadas de impresiones, sentimientos, prejuicios o capacidad de percepción de los hechos, por ello la suficiencia probatoria ha de ser evaluada desde una perspectiva cualitativa, cuando permita la construcción de un silogismo categórico y necesario, por mostrar una verdad única donde el acusado se vea necesariamente como la persona responsable del delito, sin duda razonable admisible. Si la valoración de la prueba testifical única debe de ser rigurosa para que pueda sustentar una sentencia condenatoria, deberá de serlo aún más cuando dicho testimonio haya sido introducido por lectura, pues en este caso el Tribunal de Sentencia no tendrá la oportunidad de contar con la inmediación del testimonio, de modo que la transmisión de la información pasa por un conjunto de factores: lo que percibió el testigo, lo que entendió el testigo, lo que declaro el testigo, lo que percibió la Secretaria del Tribunal, lo que entendió la secretaria del Tribunal y lo que transcribió la Secretaria del Tribunal en el acta; Sumado todo ello a la falta de las expresiones, formas, modos, lenguaje y tonos usados por el testigo al momento de dar su declaración y que en conjunto forman un lenguaje corporal objeto también de valoración. En el presente caso el Tribunal de Sentencia deriva que el acusado Raúl Fernando Lagos Oliva, es la persona responsable de un delito de robo de vehículo en perjuicio del Testigo Protegido “A”, basado en un único medio de prueba, consistente en la declaración del ofendido al que el A-Quoatribuyó pleno valor probatorio aun cuando, siendo el único medio de prueba para acreditar la responsabilidad penal del acusado, resultó contradictorio con el otro testigo (Franly Videa), precisamente en cuanto al proceso que llevo a la identificación del acusado, lo que suma la imposibilidad de valorar de manera más integral y conjunta de la declaración del testigo al haber carecido el Tribunal de Justicia de la inmediación de su testimonio, sin hacer ninguna reflexión sobre todos estos tópicos importantes, lo que genera un pronunciamiento condenatorio dubitativo, no categórico, ni tampoco necesario, debiendo declararse con lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo interpuesto por la Defensa Privada..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticinco (25) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de Coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, dictan, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-070-2014 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte de mayo de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló:1) Condenando al Señor Raúl Fernando Lagos Oliva, a la pena de diez (10) de reclusión, por el delito de robo de vehículo, en perjuicio de Testigo Protegido “A”. 2) Condenando al Señor Raúl Fernando Lagos Oliva a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil.3) Declaro la responsabilidad civil de dicho imputado.4) No Condeno en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, la Abogada Edis Yanet Meléndez Perdomo, en su condición de Apoderada Defensora del señor Raúl Fernando Lagos Oliva. Son Partes En Única Instancia: La Abogada Edis Yanet Meléndez Perdomo, Defensora Privada del acusado Raúl Fernando Lagos, en su condición de Recurrente y la Abogada Diana Elizabeth Rodriguez, Agente Fiscal del Ministerio Público, como Recurrida. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Único: En fecha veinte de agosto del año dos mil nueve” aproximadamente a las cinco de la tarde, en el barrio Guadalupe, de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, cuando el testigo protegido “A” salía de su trabajo y se dirigía a bordar su vehículo maraca Toyota, tipo pick up, modelo Tacoma, cabina y media, 4x4 color beige, año 1995, placas PAS7150, de repente le aparecen dos individuos, uno de ellos de nombre Raúl Fernando Lagos Oliva y el otro que andaba con muletas, y le pidió al testigo Protegido que le diera Dinero para comprar clavos para su pierna, respondiéndole el testigo protegido “A” que no andaba dinero, al intentar abordar su vehículo el sujeto que andaba con muletas sacó una arma de fuego y le dijo que era una asalto, mientras Raúl Fernando Lagos Oliva le dijo a un guardia que se prestaba a ayudar al testigo protegido “A” “si te moves te mato”, luego procedió a quitarle las llaves del vehículo y otros objetos personales que portaba el testigo protegido “A”, procediendo ambos individuos a abordar dicho vehículo, llevándolo con rumbo desconocido, siendo conducido por Raúl Fernando Lagos Oliva.”. III. RECURSO DE CASACIÓN.- MOTIVOSY ARGUMENTOS III.I.- Recurso De Casación Por Infracción De Ley:”Primer Motivo De Casación. Por Infracción de Ley Sustantiva fundado en la infracción del artículo 32 del Código Penal, Precepto autorizante artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo. La sentencia objeto de esta casación decretada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán al declarar como autor del delito de Robo De Vehículo Automotor a mi defendido basándose en una probabilidad y no en la certeza de que él cometió el delito al expresar en el hecho que el Tribunal de Sentencia estima probado: mientras Raúl Fernando Lagos Oliva le dijo a un guardia de seguridad si te moves te mato, sin estar probado que él haya ejecutado el hecho que se le imputa, siendo su motivación sin duda ilegal, pues condena a mi representado sin tomar en consideración que la duda o probabilidad solo se admiten cuando operan a favor del acusado( in dubio pro reo). Pues si bien es cierto que la garantía de la motivación consiste en que mientras por un lado el tribunal está en la libertad de apreciación psicológica de todo lo expuesto en el juicio, en cambio devenía obligado a correlacionar lógicamente los argumentos expuestos por el Ministerio Público con la prueba aportada y los derechos de defensa, la presunción de inocencia y el in dubio pro reo de mi representado, debiendo indicar en el desenlace de su decisión un razonamiento lógico y racional, evitando la arbitrariedad de su fallo, violentando la disposición legal del artículo32 del Código Penal, el primero en lo que se refiere al derecho de mi defendido no tuvo oportunidad de controvertir la prueba aportada por el Ministerio Público, porque en ningún momento tuvo derecho Principio de contradicción en vista de que fue admitida una declaración escueta y donde claramente afirma quien es la persona que realmente cometió el delitoy en lo que se refiere al artículo 32 este afirmativamente expresa quienes tienen la condición de autor sin lugar a dudas y no como pretende ya que la conducta de mi defendido está contenida en el artículo 388 numeral 6 del código Penal.Aplicación O Interpretación Que Pretende. Que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia falle en este sentido de la forma siguiente: 1) Declarar con lugar el primer motivo de casación por Infracción de Ley Sustantiva fundado en la infracción del artículo 32 del Código Penal y Case la sentencia por este motivo, conforme a las reglas de la sana crítica analizando la prueba expuesta en el juicio oral y el hecho declarado probado que aunque el bien jurídico protegido por el estado en este juicio es el Patrimonio de una persona; queda la duda o probabilidad que operan a favor del acusado(in dubio pro reo)al imputado Raúl Fernando Lagos Oliva, el derecho de este a tener un verdadero debate y a la presunción de inocencia. Por lo que no le aplicable la definición de autor de delito que se expresa en el artículo 32 del Código Penal sino el contenido en el artículo 388 numeral 6 del Código Penal.”. III.II.- Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República Precepto Autorizante. Artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo.El Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán evadió la aplicación del principio del contradictorio, derecho universal en toda circunstancia en que se vea en peligro un derecho consagrado y fundamentado en la Universalidad de los Derechos Humanos, tal es la libertad en el presente caso, ya que como los Honorables Magistrados podrán observar no hubo una verdadera valoración al haber admitido la declaración del Testigo protegido A mediante lectura autorizada de la misma; la cual violenta el Precepto Constitucional contenido en el artículo 82 de la Constitución de la Republica la cual reza El derecho a defensa es inviolable.- Los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunalespara ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.” El derecho de defensa es el derecho fundamental que asisten a todo imputado y a su defensor para comparecer de forma inmediata en todo acto que implique defensa.- Es por ello que el Derecho de Defensa, basado como piedra angular en el contradictorio de las partes, supone que ha de dárseles la oportunidad de alegar a cada una de ellas lo que se pretende y probar sus derechos e intereses legítimos.-De ahí surge precisamente el principio de igualdad de armas procesales el cual debe ser real y efectivo para cada parte involucrada en un proceso criminal.- Este derecho se considera como una titularidad de efectiva tutela pública donde funcionarios judiciales deben estar obligados a preservar este derecho de defensa procurando se le dé la necesaria contradicción, con idénticas posibilidades de alegación.Violación A Infracción De Precepto Constitucional Contenido En El Artículo 90 De La Constitución De La Republica. La sentencia recurrida adolece de violaciones al ordenamiento jurídico preeminente en Honduras; en este sentido la Constitución de la República dándole plena vigencia al derecho fundamental al debido proceso, prescribe en el artículo 90 que” nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. A partir de lo enunciado anteriormente resulta la imperiosa necesidad de encuadrar el proceso criminal dentro de las contenidas en la Ley procesal siempre respetando los derechos, garantías constitucionales.- Resulta que el Ministerio Público no pudo sustentar sus argumentos, alejándose del principio de objetividad solicitó una sentencia condenatoria en contra de mi defendido el señor Raúl Fernando Lagos Oliva, No haciéndose presente a la audiencia de debate oral y público; los testigos de cargo específicamente a víctima y de acuerdo a la teoría del delito necesariamente tienen que haber tres sujetos (activo. Pasivo y objeto del delito) pero resulta que la víctima como sujeto pasivo del delito, no compareció a la mencionada audiencia para que sus declaraciones fueran controvertidas y pudiesen ser interrogadas por las partes; para dar por hecho que a víctima fue objeto de un delito. Aplicación O Interpretación Que Pretende. Que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia falle en este sentido de la forma siguiente: 3) Declarar con lugar el segundo motivo de Casación por Infracción de los Preceptos Constitucionales de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República y Case la sentencia por este motivo por quebrantamiento de derechos constitucionales, ya que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal, y que tiene que ser juzgado con las garantías y derechos consagrados en nuestra Constitución.”. III.III.- Recurso de Casación Por Quebrantamiento De Forma Preceptos legales infringidos: Artículos.202 del Código Procesal Penal. Precepto Autorizante Artículo 362 número 2 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo. El Tribunal de sentencia no estimó en su apreciación valorativa de las pruebas, el Control de las reglas de la sana crítica en la fundamentación de la sentencia, sin observar en su razonamiento las reglas de la lógica, la psicología y la experiencia, esta sentencia carece de un análisis fundamental de las leyes supremas del pensamiento que determinen en base a las pruebas que se expusieron en juicio, las cuales podemos decir que en su totalidad se tomó en consideración la aportada por el Ministerio Público, prueba que es susceptible de duda, en cuanto a la existencia de responsabilidad de parte del imputado, como para determinar cuáles hechos son verdaderos o ciertos y cuales son falsos. El Tribunal de sentencia basándose en una lectura autorizada de la declaración del ofendido rendida en la etapa preparatoria condeno a mi defendido aun existiendo situaciones contradictorias y relevantes para que exista una sentencia donde condenen a mi poderdante ya que se puede deducir que es un testigo inducido y coaccionado; ya que el menciona que solo vio a mi defendido dos veces que son el día del asalto y el día que lo reconoció por cinco minutos,mediante el álbum fotográfico que le mostraron en la Dirección de Investigación, continua relatando que solo lo reconoció por cinco minutos; estas contradicciones son más específicas y se denotan en la declaración del investigador Franly Videa Zelaya donde manifestó que el ofendido había reconocido al imputado en una de las paradas de buses de la colonia El Sitio, lo cual este momento en ningún párrafo de la declaración o menciona; no quedando probado y existiendo la duda razonable de cuando, como y donde sucedieron los hechos objeto de este juicio. Aplicación O Interpretación Que Se Pretende. Que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia falle en este sentido de la forma siguiente: 2) Declararon lugar al segundo motivo de casación por Quebrantamiento de Forma del artículo362 número 2 del Código Procesal Penal y Casa la sentencia por este motivo, contenido en el artículo 202 del Código Procesal Penal” valoración de la prueba.- La sana crítica.”. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA IV.I.- Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). IV.II.- Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por la Abogada Edis Yanet Meléndez Perdomo, apoderada defensora privada del acusado Raúl Fernando Lagos Oliva.- Único Motivo. Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 32 del Código Penal; Concepto de la Infracción: Sentencia basada en una mera probabilidad y no en certeza; y Pretensión: Casar la sentencia. Encara la Censora la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia, arguyendo que la misma emite un pronunciamiento condenatorio basado en una mera probabilidad y no en certeza de participación del acusado; Indica que en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana critica; Reflexiona que en caso de duda o probabilidad debe de operar a favor del acusado el principio Indubio pro Reo. IV.II.I- De la Procedencia del Recurso en su Único Motivo El Recurso no es de Recibo.- La Censora, al presentar su recurso de casación por Infracción de Ley, desconoce lo señalado por el artículo 360 del Código Procesal Penal, pues mediante un recurso dispuesto para la denuncia de vicios in iudicando, pretende denunciar vicios in procedendo. Ha explicado esta Sala de lo Penal líneas antes, que el Recurso de Casación por Fondo debe tener como base la declaración de los hechos probados, sin que sea posible su modificación, siendo entonces la tarea el revisar si se ha hecho una correcta aplicación de la ley sustantiva a ese caso concreto descrito en el factum; En su lugar la Censora arrecia contra la sentencia por considerar que se ha faltado a las reglas de la sana critica, lo cual es propio de un recurso de casación por quebrantamiento de forma. Por lo expuesto es procedente declarar sin lugar el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo. IV.III.- Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica recursiva, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que(Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. IV.IV- Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la Abogada Edis Yanet Meléndez Perdomo, apoderada defensora privada del acusado Raúl Fernando Lagos Oliva.- Único Motivo. Precepto Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 82 y 90 de la Constitución de la República; Concepto de la Infracción: Violación al debido proceso y al derecho de defensa al valorarse la declaración de un testigo que no fue presentado en la audiencia de debate; Pretensión: Casar la sentencia. De manera escueta, la Censora plantea en su recurso que se ha violentado el derecho al debido proceso y al de defensa como consecuencia de haberse introducido por lectura a la audiencia de debate la declaración del ofendido (Testigo Protegido “A”), lo que impidió el ejercicio de la contradicción. IV.IV.I- De la Oralidad en el Proceso Penal y la Introducción de prueba por Lectura como su Excepción. Es oportuno establecer que uno de los principios rectores del proceso penal es la Oralidad, derivado del artículo 94 de la Constitución de la República el que determina que “A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio…”,pues el ser oído implica una comunicación oral; también en los mismos términos se pronuncian los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. La importancia de la oralidad está reflejada en su insistente regulación procesal, misma que comienza en el artículo 1 del Código Procesal Penal, más sin embargo, es el artículo 4 que señala que esta forma de comunicación será la regla general en el proceso, salvo en los casos que expresamente se determine lo contrario; especifica la norma procesal en el artículo 310 que “las declaraciones del imputado, de los testigos y peritos y las demás intervenciones que se produzcan durante el debate, así como, las resoluciones o sentencia que dicte el respectivo tribunal, serán orales…” sin perjuicio de que el registro de estas actuaciones pueda ser por escrito. El Principio de Oralidad implica entonces que el proceso penal se regirá bajo una estructura predominantemente a base de audiencias, donde los sujetos y actores del proceso se comunicaran entre sí a través de la palabra hablada como regla general, principio que adquiere más relevancia en la fase de juicio ya que posibilita que otros principios rectores sean igualmente observados, ello a causa de su interdependencia, como ser: la inmediación (Art. 306), la contradicción (Art. 4CPP), la concentración (Art. 306 y 312 CPP) y la publicidad (Art. 308CPP).- Ahora bien y como sucede normalmente en el derecho, éste Principio no es de carácter absoluto, el Código de Rito en el artículo 311 advierte que existen circunstancias, taxativamente enunciadas, que autorizan incorporar por lectura algunas actuaciones que normalmente deben de realizarse en la audiencia de debate oralmente, estas circunstancias son especialísimas, constituyen la excepción al principio de oralidad y deben ser debidamente justificadas y motivadas por el Tribunal de Sentencia; Entre estas circunstancias tenemos la prevista en el numeral 2 del artículo 311 que prescribe que se podrán incorporar por su lectura: “Los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral.”.- Partiendo de la norma se puede determinar que son requisitos para la incorporación de lectura de una declaración testifical o pericia rendida en la etapa preparatoria: 1. Que figure como medio de prueba a reproducir en la audiencia de debate, ya sea por haber sido admitido como tal en la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 CPP) o en la etapa de Incidentes de la audiencia de debate cuando así proceda (Art. 320 CPP); 2. Que el Testigo o el Perito no pueda ser habido a la audiencia de debate por: a. Imposibilidad, entendiéndose como tal la incapacidad sobrevenida y permanente del testigo de dar a conocer lo que sabía de los hechos, esto por muerte o por enfermedad incapacitante; b. Extraordinaria dificultad que acontece cuando el testigo pudiendo externar lo que sabe de los hechos, no es posible hacerlo llegar a la audiencia de debate el día en que se previó su comparecencia o durante un término no mayor de quince días, como es en los casos de que el testigo se encuentre fuera del país o no pueda ser localizado dentro del territorio nacional aun cuando se hayan realizado diligencias para ello; y 3. Que el testigo haya rendido su declaración o el perito haya presentado su dictamen en la Etapa Preparatoria (Art. 264 CPP) del proceso penal. La valoración de la declaración introducida por lectura o del dictamen introducido por lectura deberá de conforme a las reglas de la sana critica (Art. 202 CPP), con especial cuidado a los aspectos que hayan podido limitar las garantías de contradicción e inmediación; viendo obligado el Tribunal de Sentencia, de manera ineludible, hacer un examen riguroso de dicho de medio de prueba, pues a la postre se trata de una conversión de un medio de prueba testifical o pericial a uno documental. Las partes podrán recurrir la sentencia que valore un medio de prueba introducido por lectura a la audiencia de debate: 1. Mediante la presentación del recurso de casación por quebrantamiento de forma al amparo del artículo 362.2 del Código Procesal Penal, alegando la introducción indebida por lectura del medio de prueba en violación a alguna de las reglas contenidas en el artículo 311 del mismo Código; y/o 2. Mediante la presentación del recurso de casación por quebrantamiento de forma al amparo del artículo 362.3 del Código procesal Penal, alegando una inadecuada valoración del medio de prueba introducido por lectura, colisionando con la regla contenida en el artículo 202 del Código indicado. IV.IV.II- De la Procedencia del Recurso El Recurso No es de Recibo.- Habiendo revisado el acumulado procesal, esta Sala de lo Penal ha podido constatar no existe vicio alguno en la decisión del Tribunal de Sentencia de admitir y evacuar por lectura la declaración del Testigo Protegido “A”, rendida de manera previa a la audiencia de debate.- Consta que en fecha 09 de Febrero de 2012, se celebró la audiencia de proposición de pruebas (f. 202), en la cual las partes ofertaron la prueba que tuvieron a bien, entre ésta la declaración del Testigo Protegido “A”, por parte del Ministerio Público, el cual fue admitido por unanimidad por el A-Quo; Igualmente consta que en fecha 11 de Octubre de 2012se abrió la audiencia de debate (f. 224), misma que tuvo que ser cerrada y reprogramada, por petición del Ministerio Público y aquiescencia de la Defensa Privada, dado que no pudo ser debidamente citado para su comparecencia a debate el testigo protegido “A”.- En fecha 11 de abril de 2013, se abrió por segunda ocasión la audiencia de debate, donde el Ministerio Público informó que no fue posible localizar y citar al Testigo Protegido “A”, solicitando por ello que fuese introducida por lectura la declaración de éste rendida en audiencia inicial, para ello presentó como prueba: i. Constancia extendida por la Receptora del Tribunal de Sentencia de fecha 10 de Diciembre de 2012, en la que informa que el testigo referido no se encontraba en su casa de habitación, dando cuenta un familiar que hacía seis meses que aquel había cambiado de domicilio (f. 231); ii. Oficio de fecha 16 de Abril de 2013, librado por el Agente de Investigación Wilmer Pineda a la Fiscalía del Ministerio Público, en el cual informa que no fue posible localizar al Testigo Protegido “A”, por no encontrarse en la vivienda donde había señalado su domicilio, informándose por los actuales ocupantes que éste se había mudado hacía tiempo (f. 238); y iii. Constancia extendida por la Receptora del Tribunal de Sentencia de fecha 17 de Abril de 2013, en la que informa que el testigo Protegido “A”no se encontraba en su casa de habitación, dando cuenta un familiar que hacía 07 meses no tenía comunicación con él (f. 237).- Habiéndose escuchado la petición del Ministerio Público se le dio la palabra a la Defensa Privada para efectos de que hiciere pronunciamiento, señalando oponerse a la introducción por lectura de la declaración testifical por considerar violatorio al principio de contradicción, luego de lo cual el Tribunal de Sentencia concedió lo solicitado. Para esta Sala de lo Penal, lo resuelto por el A-Quo no transgrede el derecho fundamental a un debido proceso (Art. 90 Cons), pues el caso de autos se ajusta al supuesto extraordinario que prevé el artículo 311.2 del Código Procesal Penal, y que resuelve los casos en donde los órganos judiciales se ven en la imposibilidad de citar en legal y debida forma a un testigo para su comparecencia a debate, prefiriendo entonces el legislador introducir por lectura una declaración previa que perder de manera total la información que éste podría aportar, ello con independencia a la valoración que se haga de dicha declaración, la que queda sujeta al prisma de las reglas de la sana critica.- En el presente caso fue acreditado fehacientemente las gestiones tendientes a localizar y citar al testigo, tanto por el Tribunal de Sentencia como por el Ministerio Público, y que llevaron a reprogramar en una ocasión la audiencia de debate, y que para la segunda ocasión en que se apertura el debate obligaron al Fiscal del Ministerio Público a decantarse por la alternativa prevista en la ley procesal para allegar a los Jueces el contenido de su declaración: la lectura del testimonio rendido en una etapa previa al debate.- Tampoco existe violación al derecho de defensa, pues las partes tuvieron la oportunidad de controvertir no solo el proceso de decisión de introducir por lectura el medio probatorio, sino que además al mismo medio probatorio una vez que fue leído por la Secretaría del Despacho, haciendo las observaciones pertinentes en torno a su confiabilidad. Por lo expuesto es procedente declarar sin lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo. IV.V.- Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez debe de estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. IV.VI.- Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la Abogada Edis Yanet Meléndez Perdomo, apoderada defensora privada del acusado Raúl Fernando Lagos Oliva.- Único Motivo. Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 202 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: En la Valoración de la Prueba no se Observaron las Reglas de la Sana Critica; Acciones de Saneamiento: No Determinado por la Censora. Pretensión: No Determinado por la Censora. Afirma la Censora que la sentencia carece del análisis fundamental que mandan las leyes supremas del pensamiento; Indica que el Tribunal de Sentencia, basándose en la lectura autorizada de la declaración del ofendido Testigo “A”rendida en la etapa preparatoria, condeno al Señor Raúl Fernando Lagos Oliva, aun cuando dicha declaración resultó contradictoria con otra prueba testifical; Explica que el ofendido afirmó que reconoció al acusado en un álbum fotográfico mostrado por la policía, entretanto el agente de policía Franly Videa Zelaya, declaro que el ofendido reconoció al acusado en la calle, cuando transitaban por la Colonia El Sitio de Tegucigalpa. IV.IV.I.- De la Procedencia del Recurso El Recurso es de Recibo.- El presente caso trata de una imputación por un delito de Robo de Vehículo, formulada en contra del acusado Raúl Fernando Lagos Oliva, la cual tuvo como resultado un pronunciamiento condenatorio por parte del Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. En la audiencia del debate fueron presentados tres medios de prueba, todos ellos propuestos por el Ministerio Público (La Defensa Privada no presentó prueba): 1. Declaración del Testigo “A” (f. 69), rendida en la audiencia inicial de fecha 04 de junio de 2010, en cuya oportunidad indicó: Que el 20 de agosto de 2009, a las 05:00 p.m., al salir de su trabajo, cruzo la calle, en dirección a su vehículo marca Toyota, Modelo Tacoma, cabina y media, color beige y con “mataburro” (defensa delantera), acercándosele un muchacho en muletas pidiéndole ayuda para comprar unos clavos para la pierna, y al contestarle que no andaba dinero, éste le amenazo con un arma de fuego, acercándose una segunda persona quien le arrebato las llaves del automotor, diciéndole a un guardia de seguridad que estaba cerca “si te moves te mato”, luego de lo cual ambas personas abordaron el vehículo, llevándoselo; Que ambas personas andaban vestidas “formal” y que andaban “destapados” (sin cubrirse el rostro); Que el segundo se llama Raúl y era un sujeto alto, blanco, delgado, recién rasurado, de 1.70 mts, andaba “pelón” como rasurado con navaja, quien se fue manejándolo; Que los tuvo a la vista como cinco minutos; Que conoce el nombre de esta segunda persona porque después se trasladó a la Policía al Barrio Villadela a interponer la denuncia, en donde le enseñaron un álbum fotográfico reconociendo primero a Byron (persona con muletas) y después a Raúl; Que no realizó ninguna otra diligencia entre la denuncia y el reconocimiento fotográfico; Que a Raúl solo lo vio dos veces: el día del asalto y cuando lo reconoció en el álbum fotográfico; Que ellos viven en la Colonia El Sitio. 2. Declaración testifical del Señor Franly de Varela Videa Zelaya, agente de investigación, quien señaló: Que llego un testigo protegido interponiendo una denuncia de que dos persona, una de ellas con muletas, le habían robado su vehículo; Como diligencia se le mostro un álbum fotográfico al ofendido, reconociendo a Byron Cipriano, con residencia en la Colonia El Sitio; Que se trasladó a la Col El Sitio con el ofendido a buscar a Byron, y que cuando pasaron por la estación de buses el ofendido reconoció a la otra persona que le había asaltado y que es la persona presente en la audiencia de debate (Raúl Lagos); Que el declarante traslado a ésta persona a la Dirección Nacional de Investigación Criminal, donde se le tomaron las generales, se le tomaron fotografías y esas fotografías se le mostraron al ofendido, quien lo volvió a reconocer. 3. Fotocopia de documentos de traspaso de propiedad de vehículo (f. 26): El documento indica que el Señor Carlos Antonio Fonseca, traspasa a favor de otro, el vehículo marca Toyota, color Beige, Chasis 4TAVN73K7SZ058016, placa PAS-7150, tipo pick-up, motor 0049846, VIN 4TAVN73K7SZ058016, año 1995. De esta prueba los Jueces de Sentencia derivaron cómo hechos declarados probados que el 20 de agosto de 2009, en el barrio Guadalupe de la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el acusado Raúl Fernando Lagos Oliva, junto con otra persona, amenazaron con un arma de fuego al Testigo”A”, despojándolo de varios objetos personales y de vehículo marca Toyota, color Beige, placa PAS-7150, tipo pick-up, año 1995. Al confrontar el contenido de los medios de prueba con la valoración hecha por los jueces y su conclusión, plasmada en los hechos declarados probados, esta Sala de lo Penal reconoce razón en la denuncia de la Censora, pues el A-quo ha hecho una indebida derivación de razones.- En principio el Ministerio Público sustento la acción acusatoria en la declaración de una única persona (Testigo Protegido “A”), no solo para acreditar la existencia del delito, sino que además la participación de la persona acusada, sin presentar otro medio de prueba adicional: no existió evidencia física, prueba científica, grabaciones, imágenes, video o más testigos presenciales (Guardia de seguridad que presencio el hecho) o testigos referenciales; Es de reflexionar además que éste testigo único no llego a la audiencia de debate a declarar, sino que sus dichos fueron conocidos mediante la lectura de un acta, por lo que los Juzgadores no contaron con la inmediación, es pues que no pudieron valorar la compostura del declarante, el tono, seguridad/inseguridad, coherencia/incoherencia, actitud, gesticulación, etc., para poder determinar su credibilidad armados con todos esos elementos; Suma a lo anterior que el testigo se contradijo con el otro testigo evacuado en relación a como fue el proceso de identificación de la persona acusada, pues mientras el primero indicó que fue a través de un álbum fotográfico que le fue mostrado en la policía, afirmando que no realizó ninguna diligencia anterior o posterior a esto, el agente de la policía Franly de Varela Videa Zelaya, relata algo muy distinto, pues según éste el ofendido al llegar a la estación de policía reconoció a uno de los hechores en un álbum fotográfico (Señor Byron Cipriano) y que a la otra persona no, que se trasladaron a buscar a Byron a la Col el Sitio y que al pasar por una estación de autobús estaba el acusado Raúl Lagos hablando con otra persona, instantes en que el ofendido le señaló como el otro participante del asalto.- Al momento de valorar los dos medios de prueba testifical (uno incorporado por lectura), el Tribunal de Sentencia no hace reflexión alguna sobre las limitantes de valoración resultantes de la ausencia de inmediación del testimonio del ofendido, mucho menos sobre la contradicción de éste con el testigo Franly Videa en cuanto a la identificación del Señor Raúl Lagos como la persona responsable del delito; En su lugar asume en su totalidad, como una verdad, lo relatado por el testigo Videa, haciendo recuento de que fue el acusado fue identificado de manera directa por el ofendido cuando pasaban por una estación de buses y no como lo manifestó éste: en un álbum fotográfico, sin haberlo visto antes o después de manera personal, es pues que el Tribunal asienta una realidad distinta a la descrita por el ofendido pero al mismo tiempo señala que éste merece pleno valor probatorio (F. 247 v). Preocupa a la Sala de lo Penal la ausencia cada vez más marcada de prueba científica, objetiva y fiable en los procesos penales, la cual ha sido sustituida casi en su totalidad con prueba testifical, misma que no ofrece las mismas garantías que aquellas, pues fuera de los casos de testigos falsos, aun cuando el testigo este convencido en que está diciendo la verdad, ello muchas veces no constituye una verdad real sino una subjetiva, como producto de muchas variables que hacen al testigo no solo percibir los hechos de una manera errónea, sino entenderlos, memorizarlos y transmitirlos con ajenidad a lo ocurrido, lo que hace que su valoración sea uno de los procesos con más complejos en la tarea de juzgamiento de todo Juez o Jueza, más con ello por desfortuna es el medio al que recurre el Ministerio Público con más frecuencia para sustentar una acusación y pretender una sentencia condenatoria, cayendo incluso en estadios de abuso, como es el caso que hoy nos ocupa donde se presenta una acción penal basado en un único medio de prueba testifical para acreditar responsabilidad penal por un delito grave. La ausencia de prueba científica y el ánimo de dar una respuesta tanto a los justiciables como a las víctimas, han llevado a los Tribunales de Justicia a relativizar las exigencias probatorias, al grado de aventurarse a pronunciar fallos condenatorios a base de solo una prueba testifical que resulta contradictoria, aun cuando esta Sala de lo Penal ha insistido en reiteradas ocasiones y por muchos años que para que una sentencia condenatoria se base únicamente en un medio de prueba testifical, el Tribunal de Sentencia debió haber llegado al pleno y absoluto convencimiento después de haber hecho una pormenorizada y rigurosa valoración de dicha prueba, habiendo salido “triunfante” de todos los cuestionamientos y dudas que se le puedan oponer, aun cuando fuesen ínfimos: Es pues no implica que no sea posible dictar una sentencia condenatoria en base a una única prueba testifical, pero ésta debe de ser tan sólida, tan convincente, que sea capaz de repeler cualquier cuestionamiento con sobrada solvencia, después de haber hecho una exhaustiva valoración de todos los elementos que proporciona la inmediación. Insiste esta Sala de lo Penal, que una sentencia condenatoria basada en un único medio de prueba, cualquiera que sea éste, debe de implicar que ese medio de prueba debió haber pasado por un riguroso proceso de valoración, sorteando solventemente cualquier cuestionamiento concebible por muy insignificante que sea, demostrando su solides probatoria al grado de no hacer factible ninguna otra realidad alterna más que la demostrada por el medio de prueba y que lleve al pronunciamiento condenatorio.- Tal rigurosidad debe de ser aún mayor cuando se trate de un medio de prueba testifical, como consecuencia de la naturaleza de este particular medio probatorio, abatible por subjetividades derivadas de impresiones, sentimientos, prejuicios o capacidad de percepción de los hechos, por ello la suficiencia probatoria ha de ser evaluada desde una perspectiva cualitativa, cuando permita la construcción de un silogismo categórico y necesario, por mostrar una verdad única donde el acusado se vea necesariamente como la persona responsable del delito, sin duda razonable admisible. Si la valoración de la prueba testifical única debe de ser rigurosa para que pueda sustentar una sentencia condenatoria, deberá de serlo aún más cuando dicho testimonio haya sido introducido por lectura, pues en este caso el Tribunal de Sentencia no tendrá la oportunidad de contar con la inmediación del testimonio, de modo que la transmisión de la información pasa por un conjunto de factores: lo que percibió el testigo, lo que entendió el testigo, lo que declaro el testigo, lo que percibió la Secretaria del Tribunal, lo que entendió la secretaria del Tribunal y lo que transcribió la Secretaria del Tribunal en el acta; Sumado todo ello a la falta de las expresiones, formas, modos, lenguaje y tonos usados por el testigo al momento de dar su declaración y que en conjunto forman un lenguaje corporal objeto también de valoración. En el presente caso el Tribunal de Sentencia deriva que el acusado Raúl Fernando Lagos Oliva, es la persona responsable de un delito de robo de vehículo en perjuicio del Testigo Protegido “A”, basado en un único medio de prueba, consistente en la declaración del ofendido al que el A-Quoatribuyó pleno valor probatorio aun cuando, siendo el único medio de prueba para acreditar la responsabilidad penal del acusado, resultó contradictorio con el otro testigo (Franly Videa), precisamente en cuanto al proceso que llevo a la identificación del acusado, lo que suma la imposibilidad de valorar de manera más integral y conjunta de la declaración del testigo al haber carecido el Tribunal de Justicia de la inmediación de su testimonio, sin hacer ninguna reflexión sobre todos estos tópicos importantes, lo que genera un pronunciamiento condenatorio dubitativo, no categórico, ni tampoco necesario, debiendo declararse con lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo interpuesto por la Defensa Privada. V. DECISIÓN 1. No Ha Lugar el motivo único del Recurso de Casación por Infracción de Ley; 2. No Ha Lugar el motivo único del Recurso de Casación Infracción de Precepto Constitucional; y 3. Ha Lugar el motivo único del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 369, 361 y 362 del Código Procesal Penal Decide: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Defensora Privada Edis Yanet Meléndez Perdomo; Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensora Privada Edis Yanet Meléndez Perdomo; Tercero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Defensora Privada Edis Yanet Meléndez Perdomo; Cuarto: Se casa la sentencia de fecha veinte (20) de Mayo de dos mil trece (2013) (f. 245) dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, decretando su nulidad y de la audiencia de juicio que le origina de fecha once (11) de Abril de dos mil trece (2013) (F. 239).- Y MANDA: Primero.- Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, proceda a celebrar un nuevo juicio para resolver la acusación penal incoada por el Ministerio Público en contra del Señor Raúl Fernando Lagos, en el cual deberán de participar un Jueces/as distinto/asa aquellos/as que concurrieron a la audiencia de debate y que tuvo como resultado la sentencia de fecha veinte (20) de Mayo de dos mil trece (2013).- Segundo.- Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- Rafael Bustillo Romero.- Magistrado Coordinador.- Alma Consuelo Guzmán García.- Magistrada.- José Olivio Rodríguez Vásquez.- Magistrado.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-070-2014.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.