Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-64-13 — Registro 7890

Resumen

En primera instancia se condeno al imputado por el delito de violación especial en perjuicio de una menor de 14 años, interpone recurso de casación alegando violación al derecho de familia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."FUNDAMENTACION JURIDICA I. Esta tipología es la más amplia de las que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el Recurso a desarrollar bajo este título debe de denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia, esto es debido a que si bien, la normativa Procesal Penal establece la infracción de precepto Constitucional como motivo de casación, las normas Constitucionales susceptibles de ser examinadas son aquellas referentes a derechos fundamentales, que guarden relación con el derecho penal o las formas del juicio, en consecuencia, deberá intentarse el Recurso acudiendo únicamente a normas constitucionales reguladoras de derechos fundamentales que eventualmente pudieran verse afectas producto de la persecución penal. En una buena técnica, se debe optar a esta Vía Recursiva cuando no sea posible denunciar el vicio a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los Recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Legal y Quebrantamiento de Forma, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores. La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional, es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial, como ser las sentencias. II. La Recurrente expone la violación de Precepto Constitucionales (Art. 111 y 119) y la de Preceptos con Rango Constitucional (Art. 17 y 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), mismas que si bien son de aplicación directa y ineludible observancia, además de ser valiosos principios, no constituyen normas vinculadas del derecho penal o del proceso penal que den paso a la revisión del mismo; como se explica líneas atrás, no toda norma constitucional que se considere violentada podrá fundamentar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, sino solo aquellas que al ser normas informadoras del derecho penal o el derecho procesal, inciden directamente en el resultado emitido en la sentencia. III. En el presente caso, el Estado de Honduras inicio investigación criminal en contra de una persona adulta, a la que se le presumió responsable de un delito en perjuicio de una menor de edad, investigaciones que dieron paso a una acción penal pública, que activo un proceso penal hasta la emisión de la sentencia respectiva, misma que enerva el estado de inocencia de la persona acusada debido a que a criterio del Tribunal de Sentencia, la prueba fue suficiente para demostrar su responsabilidad, ello no implica abandono de parte del Estado de Honduras de su obligación de protección de la familia, el matrimonio, la maternidad y la infancia, por el contrario en aras de cumplir con dicha obligación, es que, se produjo el proceso penal que nos ocupa, asimismo, la tesis acusatoria logro imponerse al tener medios de prueba que le apuntalen, en perjuicio del acusado. "

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."FUNDAMENTACION JURIDICA I. Esta tipología es la más amplia de las que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el Recurso a desarrollar bajo este título debe de denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia, esto es debido a que si bien, la normativa Procesal Penal establece la infracción de precepto Constitucional como motivo de casación, las normas Constitucionales susceptibles de ser examinadas son aquellas referentes a derechos fundamentales, que guarden relación con el derecho penal o las formas del juicio, en consecuencia, deberá intentarse el Recurso acudiendo únicamente a normas constitucionales reguladoras de derechos fundamentales que eventualmente pudieran verse afectas producto de la persecución penal. En una buena técnica, se debe optar a esta Vía Recursiva cuando no sea posible denunciar el vicio a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los Recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Legal y Quebrantamiento de Forma, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores. La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional, es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial, como ser las sentencias. II. La Recurrente expone la violación de Precepto Constitucionales (Art. 111 y 119) y la de Preceptos con Rango Constitucional (Art. 17 y 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), mismas que si bien son de aplicación directa y ineludible observancia, además de ser valiosos principios, no constituyen normas vinculadas del derecho penal o del proceso penal que den paso a la revisión del mismo; como se explica líneas atrás, no toda norma constitucional que se considere violentada podrá fundamentar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, sino solo aquellas que al ser normas informadoras del derecho penal o el derecho procesal, inciden directamente en el resultado emitido en la sentencia. III. En el presente caso, el Estado de Honduras inicio investigación criminal en contra de una persona adulta, a la que se le presumió responsable de un delito en perjuicio de una menor de edad, investigaciones que dieron paso a una acción penal pública, que activo un proceso penal hasta la emisión de la sentencia respectiva, misma que enerva el estado de inocencia de la persona acusada debido a que a criterio del Tribunal de Sentencia, la prueba fue suficiente para demostrar su responsabilidad, ello no implica abandono de parte del Estado de Honduras de su obligación de protección de la familia, el matrimonio, la maternidad y la infancia, por el contrario en aras de cumplir con dicha obligación, es que, se produjo el proceso penal que nos ocupa, asimismo, la tesis acusatoria logro imponerse al tener medios de prueba que le apuntalen, en perjuicio del acusado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los treinta (30) días del mes de enero del año dos mil diecisiete, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán G., ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-64-2013 Recurso de Casación por Infracción de precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintidós de Noviembre de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Danlí, departamento de El Paraíso, mediante la cual falló: 1) Condenando al Señor S. A. R. L., a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de VIOLACION ESPECIAL, en perjuicio de C. G. M. PINEDA, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL; - 2) No condenando en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, la Abogada I. L. G., actuando en su condición de Defensora Pública del señor S. A. R. L.. SON PARTES: El Abogado A. A. G., Defensor del señor S. A. R. L., como parte recurrente; y la Abogada Y. M., Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS “UNICO: Que en el mes de Enero del año dos mil siete, los jóvenes S. A. R. L. y C. G. M. P., quien tenía en ese momento doce años, quienes eran novios y residentes de la comunidad de Lomadillos, Municipio de Potrerillos, departamento El Paraíso, por lo que decidieron acompañarse y formar un hogar estableciéndose primero en la ciudad de Tegucigalpa M. D. C., y posteriormente en la comunidad de Lomadillos, jurisdicción de Potrerillos, de este departamento, sosteniendo una relación por espacio de cuatro años y producto de la cual nació un hijo de nombre D. S. R. M., de cuatro años de edad”. III. RECURSO DE CASACIÓN: “RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, DE LA SIGUIENTE MANERA: EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. “MOTIVO ÚNICO: Infracción del precepto constitucional contenido en los artículos 111 y 119 de la constitución de la República en relación con los artículos 17 y 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: Las normas sustantivas infringidas son los artículos 111 y 119 de la constitución de la Republica que establecen: Artículo 111.- “La familia, el matrimonio, la maternidad y la infancia están bajo la protección del Estado”. Artículo 119.- El Estado tiene la obligación de proteger a la infancia. Los niños gozaran de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Artículo 17 y 19.- Convención Americana de Derechos Humanos: 1. La Familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado; 19: Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Artículo 23.- Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 1. La familia es el elemento natural y fundamental de la Sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el estado. PRIMERO: Consideramos que los artículos antes relacionados han sido violentados por la mayoría del Tribunal de Sentencias, en vista que en el caso que nos ocupa y que es objeto del presente recurso, si bien es cierto en su oportunidad en el mes de enero del año dos mil siete (2007) mi representado S. A. R. L. siendo novio de C. G. M. P., sostuvo relaciones sexuales con dicha menor de catorce años en ese entonces, también no es menos cierto que de esa relación consentida por ambas partes y por sus familias que fue producto del amor en el mes de enero del año dos mil siete nació un hijo de nombre D. S. R. M., y siendo que los mismos como se dijo antes eran novios, decidieron acompañarse y formar su hogar, estableciéndose primero en la ciudad de Tegucigalpa M. D. C., y posteriormente en la comunidad de Lomadillos jurisdicción del Municipio de Potrerillos, departamento de El Paraíso, quienes continuaron manteniendo relaciones sexuales como pareja por un espacio de cuatro años. Dicho lo anterior sabemos que en base al artículo 140 párrafo tercero el mismo señala como casos especiales de violación el acceso carnal con persona de uno u otro sexo cuando sin mediar violencia o amenaza concurran cualquiera de las circunstancias entre otras: 1) Cuando la víctima sea menor de catorce (14) años de edad; entendemos que el espíritu del legislador es el de proteger a la niñez quienes son presas fáciles de abusos sexuales, tanto de parientes en su mayor número de casos, como de particulares, teniendo la norma penal un fin preventivo. Sin embargo consta que ambos sostuvieron relaciones sexuales siendo ella menor de catorce años, mi representado en su condición humilde y sencilla no midió los alcances al enamorar a la menor y que a la vez esta le correspondiera, siendo esta una práctica muy común en el ambiente social que se desenvuelven o quizá que dicha menor no aparentaba la edad cronológica que tenía en ese momento, pero sabemos que si mi representado S. A. R. L. hubiese tenido conocimiento de la gravedad de la situación hubiese actuado de diferente forma porque sus sentimientos hacia ella era la de formar un hogar tal y como lo hizo por un espacio de tiempo de cuatro años. SEGUNDO: Consta que de la relación entre ambos procrearon un hijo, un niño de cuatro años de edad llamado D. S. R. M., habiendo decidido entre ambos formar un hogar; por lo que consideramos que al haberse condenado al joven S. A. R. L. se le estaría causando un enorme daño al elemento natural y fundamental de la sociedad como lo es la familia, siendo más específicos al menor fruto del amor de mi representado con la supuesta ofendida, esto lo decimos porque el hecho de quitarles a dicho menor el derecho a tener una familia; paternal y maternal con relación paterno filial, dejando de lado criterios subjetivos que en ocasiones podrían llegar a generar injusticias, en donde el más afectado indiscutiblemente sería el menor D. S.. Honorables Magistrados somos del criterio que en el caso que nos ocupa el derecho de los hijos no pueden estar supeditados a los conflictos y problemas suscitados entre sus progenitores, independientemente de quien los haya provocado y de las motivaciones que animen las posiciones personas antagónicas entre ellos.- Privar a este menor de tener a su padre a su lado sería nefasto repercutiendo para su vida personal y para la misma sociedad, por lo que no sería justo que el Estado que constitucionalmente está obligado a garantizar la familia, prive a este menor por el fardo de los padres por sus desavenencias. Tal actitud del Estado de frustrar a este menor de las naturales tendencias de afecto, respeto y consideración hacia su hijo constituiría grave atentado para sus derechos otorgados tanto por la constitución de la República y el Código de la niñez y los mismos derechos Internacionales del niño; cometiéndose una incalificable falta contra la familia y como se dijo antes contra la misma sociedad; en vista que toda persona esta obligada por la constitución a respetar los derechos ajenos máxime si aquellos son los del niño, que tienen preferencia ante los otros; lo que acarrearía graves perturbaciones psicológicas que ocasionaría a dicho menor, siendo que lo que buscamos es el interés superior del niño deducido con arreglo a la ley, es decir que la desintegración familiar siendo este uno de los flagelos que abaten a nuestra sociedad, el hecho de quitarles el contacto con su padre para con su menor hijo causaría un daño físico y moral, a parte del hecho de haberlo condenado la mayoría del Tribunal a pena de quince (15) años de reclusión lo estaría privando de crecer al lado de su padre y de relacionarse con el, así como el de crear y fortalecer lazos de afecto confianza y respeto entre ellos. Consideramos que el Estado al desintegrar esta familia separando al padre de estar con su menor hijo por la pena impuesta de quince (15) años de reclusión que se le impuso por el A-quo por haber cometido delito de violación contra la madre de este quien en la actualidad no es su esposa por haberse separado por otras razones que suceden a diario en los matrimonios, creemos que es mas la prevalencia del interés superior del menor por si dejare impune tal ilícito, no sería justo el actuar del estado de privar a un menor que el único sustento es su padre de crecer junto al mismo, causándoles un daño real y no meramente probable, para el desarrollo sano de la personalidad de dicho menor. TERCERO: Por consiguiente somos del criterio que la separación del padre para con su hijo, con respecto al interés de estos es mas perjudicial que beneficiosa; ya que estaríamos desintegrando una familia legalmente conformada, por lo que el Estado debe hacer realidad el mandato constitucional de que los niños tengan una familia.- Porque la familia tiene especial importancia en la vida del menor en sus primeros años, en tanto lo que el reciba en ellos se proyectará en su futuro. Honorables Magistrados consideramos que esta violación de garantías Constitucionales, y de Convenios Internacionales de los que Honduras es signatario son notorias al condenársele a mi representado S. A. R. L. por las razones antes señaladas, en vista que al analizar la declaración de la testigo ofendida C. G. M. donde manifiesta al decir: “Que se había ido con S. A. por sentimientos ya que lo quería y después se dejaron porque el tenía una amante y que ella peleó con esa mujer y quedó claro que se dejaron después de cuatro años de hacer pareja ya teniendo un de nombre D. S. R. M., así pues formando su hogar con el hoy acusado por su propia voluntad compartiendo juntos por espacio de varios años”. Siendo apreciamos desde todo punto de vista que la condena de S. A. R. L. sería violatoria a los derechos o libertades fundamentales de la familia y del niño antes relacionadas, considerándose esta declaración de esta testigo ofendida importante porque denota no tener ningún tipo de resentimiento o trauma psicológico que le afectara a su persona. Por otra parte consta un Voto Particular Disidente del Juez J. A. A. M., quien manifiesta en su sentencia que en los hechos venidos a juicio se encontraba una acción típica, sin embargo del análisis probatorio se encontraba que el elemento volitivo del Dolo no concurría en esa acción por lo que al tenor del artículo 13 no se le podía imputar ese delito de Violación al acusado S. A. R., arguyendo dicho Juez Disidente que efectivamente el imputado mantuvo una relación sexual con la ofendida, y que para la tipicidad del hecho era irrelevante si había mediado voluntad o no, pero lo cierto era que esa relación sexual mantenida por el imputado no lo fue con el fin de saciar sus instintos sexuales, no pretendió una relación casual, con miras a causar un daño o satisfacer un deseo malsano o lo que es lo mismo nunca el hoy imputado tuvo la intención y el deseo de cometer un delito, mas bien pretendió formar un hogar tal como lo hicieron por espacio de cuatro años con la joven C. G. M. P. Por otra parte el Juez Disidente señala que fue una conducta aceptada por la joven quien quiso el resultado con igual voluntad como un acto normal entre las personas que desean formar un hogar, asimismo aceptado por la madre y vecinos (testigos de descargo) de la misma joven, quienes no ven en la persona imputada un delincuente sino un buen vecino.- Y que demás estaba decir de la aceptación de la comunidad a la nueva familia; nueva familia que goza de la protección constitucional en el Estado de Honduras, bajo la autorización del artículo 111 constitucional. CUARTO: Por último manifiesta el juez Disidente que en los hechos venidos a juicio concurrieron una serie de factores que se analizaron entre ellos que el imputado manifestó saber que la joven C. G. M. P. era menor de edad y le pidió que se fuera con él, deduciéndose de allí que este ignoraba completamente la existencia de un precepto legal en la ley penal que establece que la relación sexual con menores de 14 años constituía un delito de Violación, este extremo no fue aclarado en la audiencia de debate en cuanto a si este imputado sabia o ignoraba que cometía un delito lo que era una realidad que S. A. R., se encontraba enamorado y no pensó mas en ese momento que C. G. era la persona con la que deseaba formar su hogar. Ciertamente que el estar enamorado no es un delito, es el cimiento para forjar una relación de futuro como pareja. Entre otras cosas finaliza diciendo el Juez Disidente que en nuestras áreas rurales se han mantenido casi por siempre costumbres socialmente aceptadas, que son parte de su cultura, en tales lugares es aceptable socialmente que una joven de la edad de la ofendida inicie su vida marital, requiriendo para tal efecto la responsabilidad del varón, quien se hará cargo del hogar. Que en el caso que nos ocupa fue evidente que existió un hogar formado por el imputado y la ofendida, quienes convivieron como pareja, bajo la responsabilidad del imputado, a tal grado que procrearon un niño de nombre D. S. R. M.. Asimismo consta como antecedente penal la sentencia No. 211-04 dictada por la Corte Suprema de justicia de fecha veintitrés de mayo de dos mil cinco a favor del imputado J. A. V. por el delito de VIOLACIÓN en perjuicio de la menor K. P. S. a quien se le absuelve de toda responsabilidad por una situación parecida a la de mi representado, en vista que el mismo no actuó con dolo, sino que existió un noviazgo y una relación de pareja que fue conocida, tolerada y aceptada por ambas familias, debiendo analizarse la edad de ambos, la escolaridad y el entorno del imputado a efecto de que sirva de indicador para determinar si existió dolo específico probado y exigido por el tipo penal, (ver sentencia 644-99-B y 1142-01), situación que no aconteció en el presente caso por las razones antes mencionadas. Sentencia No.116 de 2008 de la Sala Tercera, Sentencia No.051 de 2010 de la sala Cuarta, ambas salas del tribunal de Sentencias de Tegucigalpa; Sentencia expediente TSC-4-101-04 del Tribunal de Sentencias de Comayagua entre otras. Siendo procedente por lo antes expuesto declarar con lugar el presente recurso de casación y dictar una sentencia conforme a derecho, porque de lo contrario al confirmar el fallo condenatorio dictado por el A-quo se le estaría causando a dicha familia y en especial al menor que la conforma un daño considerable e irreparable, es por ello que pedimos que se case la sentencia y en su lugar absuelva de toda responsabilidad al imputado S. A. R. L.”. IV. FUNDAMENTACION JURIDICA I. Esta tipología es la más amplia de las que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el Recurso a desarrollar bajo este título debe de denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia, esto es debido a que si bien, la normativa Procesal Penal establece la infracción de precepto Constitucional como motivo de casación, las normas Constitucionales susceptibles de ser examinadas son aquellas referentes a derechos fundamentales, que guarden relación con el derecho penal o las formas del juicio, en consecuencia, deberá intentarse el Recurso acudiendo únicamente a normas constitucionales reguladoras de derechos fundamentales que eventualmente pudieran verse afectas producto de la persecución penal. En una buena técnica, se debe optar a esta Vía Recursiva cuando no sea posible denunciar el vicio a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los Recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Legal y Quebrantamiento de Forma, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores. La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional, es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial, como ser las sentencias. II. La Recurrente expone la violación de Precepto Constitucionales (Art. 111 y 119) y la de Preceptos con Rango Constitucional (Art. 17 y 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), mismas que si bien son de aplicación directa y ineludible observancia, además de ser valiosos principios, no constituyen normas vinculadas del derecho penal o del proceso penal que den paso a la revisión del mismo; como se explica líneas atrás, no toda norma constitucional que se considere violentada podrá fundamentar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, sino solo aquellas que al ser normas informadoras del derecho penal o el derecho procesal, inciden directamente en el resultado emitido en la sentencia. III. En el presente caso, el Estado de Honduras inicio investigación criminal en contra de una persona adulta, a la que se le presumió responsable de un delito en perjuicio de una menor de edad, investigaciones que dieron paso a una acción penal pública, que activo un proceso penal hasta la emisión de la sentencia respectiva, misma que enerva el estado de inocencia de la persona acusada debido a que a criterio del Tribunal de Sentencia, la prueba fue suficiente para demostrar su responsabilidad, ello no implica abandono de parte del Estado de Honduras de su obligación de protección de la familia, el matrimonio, la maternidad y la infancia, por el contrario en aras de cumplir con dicha obligación, es que, se produjo el proceso penal que nos ocupa, asimismo, la tesis acusatoria logro imponerse al tener medios de prueba que le apuntalen, en perjuicio del acusado. V. DECISIÓN El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por el apoderado defensor del señor S. A. R. L. debe ser desestimado. VI. RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 del Código Procesal Penal. FALLA: ÚNICO: Declarar No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el apoderado defensor del señor S. A. R. L.. -Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. -NOTIFÍQUESE. – FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMÁN G..- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha treinta de enero del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-64-2013.

JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

6