Sentencia CP-60-14 — Registro 15948
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Rapto Agravado, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...Iniciaremos con el cimiento de toda sentencia penal, es decir los Hechos Probados, los cuales al analizarlos observa esta Sala que los mismos fueron conformados con claridad, precisión y coherencia, de tal forma que ubican al lector en tiempo y espacio, siendo claros en las actuaciones que realizó el acusado Julio Antonio Mejía Enamorado, encajando de manera perfecta en la norma penal por el cual fue condenado, es decir en el artículo 144 del Código Penal que regula el delito de Rapto Agravado. En relación a los juicios de valor utilizados por el Sentenciador para razonar la prueba evacuada en el debate, es posible deducir que los argumentos del A-quo son racionales, coherentes y se derivan precisamente del legajo probatorio, pues realizó una valoración tanto individual como conjunta de toda la prueba, en cuyos raciocinios se observa la aplicación de las reglas de la sana crítica. En cuanto a los derechos y garantías que goza toda persona sometida a proceso penal, se puede verificar que en todo momento se respetó el Derecho de Defensa y el Debido Proceso del imputado, el Tribunal actuó en el marco de sus atribuciones y todo el juicio oral se desarrolló sin incidencias que pudieran dar reproche casacional por esta vía. En conclusión la sentencia dictada por el Tribunal Sentenciador cumple con los requisitos establecidos en el artículo 338 del Código Procesal Penal, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO PENAL I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de Coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el Recurso de Casación SP 60-2014 por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha siete de octubre del año dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, mediante la cual: Condenó al señor JULIO ANTONIO MEJIA ENAMORADO, como autor del delito de Rapto Agravado, en perjuicio de la menor K. A. . a la pena de seis (6) años de reclusión, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal. Asimismo se le declaró la responsabilidad civil. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, el abogado Juan de Dios Guillen Ortiz, actuando en su condición de Defensor Privado del señor Julio Antonio Mejia Enamorado. Son Partes: El abogado Juan de Dios Guillen Ortiz en su calidad antes indicada como recurrente y el abogado Salvador Cuestas Arévalo en su condición de Fiscal del Ministerio Público como recurrido. II. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: Con fecha cinco de abril del año dos mil doce (05/4/2012) en hora de la tarde el hoy imputado Julio Antonio Mejía Enamorado llega a la casa de habitación de la menor K. A. A., ubicada en el barrio Galeras del municipio de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara y bajo el pretexto de que le fuera a enseñar la ubicación de unos cuartos se llevó a dicha mejor y cuando ésta le había enseñado la ubicación de los cuartos, Julio Antonio Mejía Enamorado mediante engaño que le iba a regalar unos perritos se la lleva a una casa baldía en donde le toca las piernas y le pide que le de un beso y que si no se lo daba la mataría, en ese momento la menor logró salir corriendo y abandona el lugar.” III. RECURSO DE CASACIÓN A) El recurrente, abogado Juan de Dios Guillen Ortiz, formalizó su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional de la siguiente manera: “MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMERO: El presente juicio oral y público celebrado en varias audiencias fracasadas por este Honorable Tribunal de sentencia, A) comenzó en audiencia de fecha 29, de julio del 201.3, misma que se suspendió para ser reanudada el 20 de agosto del 2013, a las nueve de la mañana o sea un mes después de su primera audiencia, B) luego se suspendió la audiencia, para reanudarla dentro de cuarenta minutos C) luego se volvió a suspender la audiencia para deliberar dentro de 20 minutos. D) se vuelve a convocar a las partes para el día jueves 27 de septiembre a las 2 de la tarde, E) se suspende la audiencia y se reanuda a los 30 días del mes de septiembre del 2013, siendo las dos de la tarde F) y finalmente se vuelve a suspender la audiencia para el día lunes siete (7) de octubre del 2,013, violando con tales suspensiones indiscriminadamente el principio de concentración de pruebas, el que de acuerdo al artículo 22 en relación al artículo 17 del Código procesal civil, expresa que el procedimiento de, las audiencias se desarrollara en una . o en la menor cantidad de audiencias posibles, batiendo el record de irresponsabilidad al no respetar el principio de concentración ya que se corre el riesgo que se diluya el conocimiento de los hechos en perjuicio de las partes en este caso en perjuicio de la parte acusada- violándose por esta causa el debido proceso, establecido en el artículo 3 del Código procesal Civil que se relaciona con el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el derecho de defensa 82 constitucional en relación con el artículo 14 del Código Procesal Penal, con motivo de las violaciones de las garantías enunciadas el precepto autorizante de casación cometido se encuentra subsumido en el artículo 361 del Código Procesal Penal que dice: “Recurso de casación por infracción de Precepto constitucional. B) Continúa manifestando el Recurrente en su Recurso de Casación. SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN: Precepto autorizante de casación cometido se encuentra subsumido en el artículo 361 del Código Procesal Penal que dice: “Recurso de casación, por infracción de- Precepto constitucional., dado que en este caso contrario sensu a la valoración fáctica el Tribunal sentenciador violó por la vía directa todo el procedimiento del debido proceso, relacionado con la valoración probatoria de obligatorio cumplimiento Artículos 10, 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; y 92 constitucional. Que dice; “Toda persona inculpada de delitos, tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Art. 8 No. 2 del mismo cuerpo legal, esto resulta su señoría debido a que este juicio no existe ni una tan sola prueba que implique directa e indirectamente a mi representado del delito que se le imputa, ni un tan solo testigo que haya presenciado los falsos hechos denunciados, se llevó al encausado como un toro va al matadero sin ningún respeto por sus derechos humanos. C) Continúa manifestando el Recurrente en su Recurso de Casación. TERCER MOTIVO DE CASACION: Precepto autorizante: El siguiente motivo de casación cometido se encuentra subsumido en el artículo 361 del Código Procesal Penal que dice: “Recurso de casación por infracción de Precepto Constitucional,, este motivo se establece su señoría ya que el único testimonio contradictorio de la Madre de la menor K. A. A., señora YESSICA YADIRA AGUIRRE, al rendir su declaración expresamente confirmó que miró al encausado rondar por el solar de su casa mientras tendía una ropa en la segunda planta de su casa, dice que lo vio el 6 de abril y que los hechos sucedieron el 5 de abril, no se sabe a qué año se refería, lo importante es que el 6 de abril a que dicha testigo se refería el encausado ya se encontraba guardando prisión, por este hecho presunto y como es que lo vio un día después que mi representado hubiera cometido el delito si éste ya estaba preso para ese entonces, esas facultades su señoría de omnisciencia, Omnipotencia y omnipresencia solo las tiene el creador del cielo, nuestro SEÑOR JEHOVA, pero en toda :esta gran contradicción denunciada por los apoderados defensores en aquel entonces no bastó, ella no dijo que miró a su hija que el supuesto hechor llevara secuestrada a su hija, en ningún momento dijo eso, ni siquiera hay presunción para condenar, en este caso hay un estado de inocencia latente en este caso que no se respetó, ya que no existe prueba científica para condenar, por este concepto; se violó directamente el artículo 339 del Código Procesal Penal que dice: “Si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictará sentencia absolutoria, asimismo, será absuelto en caso de duda razonable. Llamó su atención su señoría para que lea brevemente la declaración de la misma testigo madre de la menor supuestamente ultrajada, señora Y.Y. A., quien en su declaración adujo que la menor hija suya supuesta ofendida al ser interrogada por el Ministerio. Público cuando le hizo la siguiente pregunta: “¿Su hija le comentó a usted porque ella se fue con él? Contestó Que él llegó a preguntar donde eran unos cuartos arriba, entonces ella estaba viendo tele en la sala con mi Papa, entonces él le dijo ANDA CON EL MUCHACHO ANDA A COMPAÑARLO Y ENTONCES ELLA SE FUE CON EL.- eso es lo que sucedió su señoría y no se reparo al dictar sentencia condenatoria, no se reparo esta circunstancia que deslegitima todo el proceso de indicio racional para conceptualizar responsable de dicho delito al encausado JULIO ANTONIO MEJIA ENAMORADO, ¿Qué delito puede existir SI la menor en ningún momento fue raptada por nadie, si más bien fue autorizada por su padre para acompañar al supuesto inculpado, ¿dónde está el RAPTO AGRAVADO del que habla este Tribunal de sentencia en los hechos probados?, esto es un atropello a los derechos humanos, y al derecho defensa que dice: Articulo 92 constitucional” No. podrá proveerse auto de prisión sin que proceda plena prueba de haberse cometido. Un crimen o simple delito que merezca la pena de privación de la libertad y sin que resulte indicio racional de quien sea su autor”. En todo caso su señoría Quien debe estar en la cárcel es el padre de la ofendida quien autorizó a su menor hija a irse con un desconocido, que conste que este juicio es pura especulación no hay nada concreto, no hay pruebas científicas que induzcan a presumir que se cometió algún delito, esto es un fraude a la ley, y no debe condenarse a un inocente En este caso al procesado por un delito que no cometió, esto constituye una franca violación directa a la ley, es una manifiesta rebeldía de sus operadores de justicia tendentes a que se irrespeto el principio de inocencia que le asiste al acusado y debe ser puesto en libertad por este delito que no cometió y que está demostrado en autos su inocencia plena, motivo suficiente para casar la sentencia recurrida, por este y todos los demás motivos relacionados. Reitero que es tan contradictoria la declaración de la progenitora: de la menor relacionada como ofendida que ni siquiera conocía al encausado y en un momento dado dijo que reconocía al procesado, pues; para ello era tan fácil que alguien le indicara que el hombre de camisa x era a quien debía señalar, tal como acontece en la mayoría de los casos que se judicializan; esta clase de sentencias y de juicios orales son un escarnio una afrenta una inmolación, al prójimo a quienes estamos llamados a proteger, por eso es que estas personas inocentes declaradas culpables salen más resentidas con la sociedad cuando recuperan su libertad. Es un hecho su señoría que si el procesado hubiera querido cometer algún delito no hubiera ningún impedimento que lo hubiera privado de ello, argumenta la menor que se le escapó tal luego cómo pudo, ¿quién se va a escapar de las fuerzas de un hombre? Eso refleja una mentira de la menor, mal adiestrada para ello. Motivos por los cuales la sentencia recurrida debe ser anulada de pleno derecho.”. D) Continúa manifestando el Recurrente en su Recurso de Casación: “CUARTO MOTIVO DE CASACION. Precepto autorizante: El siguiente motivo de casación cometido se encuentra subsumido en el artículo 362 del Código Procesal Penal que dice: “Recurso de casación por quebrantamiento de forma., En este caso no fue exhaustivo el Honorable Tribunal de sentencia pues en la declaración de hechos probados, emitió un único hecho probado, y es donde debe hacer un enlace sobre la realidad fáctica y jurídica de los hechos y fue confuso y contradictorio en la fundamentación jurídica de la sentencia, confundiendo una relación de hechos con que debe constituir una verdadera declaración de hechos probados, con lo cual violó directamente el artículo relacionado que dice: “el recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1.- que falte la declaración de los hechos que el Tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria; 2... 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valorización de las pruebas, no se observaron las reglas de la sana crítica 4… 5.- Las inobservancias de las reglas establecidas en el presente código para la realización del juicio oral y público. 6.- La incongruencia entre la sentencias y las pretensiones de la partes, según el artículo 337 del CPP, por todo estos motivos su señoría, las sentencia recurrida debe declararse casada y dictarse en sede de instancia la que en derecho procede, absolviendo al encausado por no existir ningún indicio racional que lo incrimine en tan infamante acusación.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Esta Sala de lo Penal generalmente resuelve los motivos de casación que interponen los recurrentes de manera separada, dependiendo de cómo el censor los ha señalado a este Tribunal, pero en el caso subjudice, si bien el recurrente a copiado en su escrito la interposición de cuatro motivos de casación, no ha utilizó la técnica recursiva adecuada para el desarrollo de su impugnación, lo cual se vuelve confuso, por tal razón su resolución se realizará en un solo apartado. 1) Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que “el Principio de Debida Técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, por ello esta sala de lo penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: A) Elegir con puntualidad la causal. B) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. C) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de Agosto de 2010 SP 273-08; Sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; Sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aún intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley[1]. 2) El principio de Debida Técnica recursiva anteriormente explicado, no fue observado por el recurrente al momento de plantear y desarrollar su recurso de casación, pues desde la suma del escrito de la impugnación, no es posible determinar si el recurrente presente impugnación por Infracción de Ley, Quebrantamiento de Forma o Infracción de Precepto Constitucional, pues el censor no lo señala de manera puntual y clara. En el primero apartado que el recurrente denomina “Primer Motivo,” el censor en las últimas líneas establece como precepto autorizante el artículo 361 del Código Procesal Penal, referente a la casación por infracción de precepto constitucional, pero obvió señalar qué norma constitucional se vio transgredida y que merezca reproche casacional, lo que realizó es un recuento cronológico de las sesiones que se desarrollaron en el debate y las diferentes dilaciones ocurridas en el mismo, sin dar mayores explicaciones a este primer motivo. En el segundo apartado denominado “Segundo Motivo de Casación” refiere el reclamante como precepto autorizante el artículo 361 del Código Procesal Penal, de la Casación por Infracción de Precepto Constitucional, advirtiendo que el Juzgador violó el procedimiento al Debido Proceso en relación con la valoración probatoria, pues no existe a su criterio, prueba directa o indirecta contra su patrocinado. En este segundo motivo, el sentenciador confunde la especie de casación, pues si su intención era denunciar la valoración probatoria, su recurso debió presentarlo por quebrantamiento de forma. En cuanto al “Tercer Motivo de casación” señala como precepto autorizante el artículo 361 del Código Procesal Penal, de la Casación por Infracción Constitucional, el recurrente plantea como motivo, que el testimonio de la señora Y. Y. A., madre de la menor ofendida, es un testimonio contradictorio, pues establece que los hechos se suscitaron el 06 de abril, fecha en la que el imputado se encontraba detenido, no sabe año ni nada de los hechos, violentándose el artículo 339 del Código Procesal Penal. Para este Supremo Tribunal los argumentos del recurrente son inciertos e incorrectos, pues debió señalar cuales artículos de la Constitución de la República se violentaban en sus argumentos, pues lo que realiza es el cuestionamiento a la valoración que hiciera el Juzgador sobre prueba testifical, que no es el fin del recurso que presenta. Como último motivo plantea como precepto autorizante el artículo 362 numerales 1, 3, 5 y 6 del Código Procesal Penal, que refiere a la Casación por Quebrantamiento de Forma, limitándose a transcribir lo que señala la ley sobre esos numerales, sin dar mayores explicaciones o detalles de cómo se infringieran esas normas procesales, además que, por tratarse de varios motivos totalmente diferentes, debió presentar cada motivo de manera separada, cada uno con sus argumentos y fundamentos legales, pues al realizarlo en un solo motivo, convierte el recurso en falto de claridad y precisión. Lastimosamente el recurrente realiza una serie de argumentaciones de instancia, mismas que no son permitidas en esta etapa casacional, pues al conformarse el recurso de casación como una impugnación eminentemente técnica y además de numerus clausus, no permite este tipo de argumentaciones que son presentadas generalmente en recursos ordinarios. Todas estas inconsistencias hacen que el recurso se vuelva confuso, falto de claridad y no permite darle una respuesta a los cuestionamientos del recurrente. 3) A pesar de las inconsistencia del recurso, este Tribunal de Casación ha establecido también como criterio jurisprudencial que, en virtud del control de convencionalidad que establece que los órganos del Estado en el marco de sus competencias, deben tomar en cuenta lo regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que sobre ésta ha realizado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual se constituye en un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, resulta necesario que los jueces y tribunales sean los primeros llamados a ejercer el control de convencionalidad. En tal sentido la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2.h establece las “Garantías Judiciales” exigibles en el marco de un proceso, dentro del cual se establece el “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior,” que es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. De acuerdo a la Corte IDH, el recurso contemplado en el artículo 8.2.h debe ser uno “ordinario eficaz” independientemente de la denominación que se le dé. En esa misma línea, los Estados “no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho a recurrir del fallo ya que dicha posibilidad debe ser accesible sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. Por ello, la corte ha estimado que “las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente.” (Corte IDH. Caso Mohamed vs Argentina). 4) En ese sentido este Tribunal de Casación en respeto a ese control de convencionalidad, efectuará una revisión general de la sentencia recurrida para determinar si la misma fue conformada de acuerdo a lo regulado en el artículo 338 del Código Procesal Penal, y si el Juzgador efectuó un adecuado juicio de valor respecto de las pruebas que fueron evacuadas en el debate o juicio oral. Iniciaremos con el cimiento de toda sentencia penal, es decir los Hechos Probados, los cuales al analizarlos observa esta Sala que los mismos fueron conformados con claridad, precisión y coherencia, de tal forma que ubican al lector en tiempo y espacio, siendo claros en las actuaciones que realizó el acusado Julio Antonio Mejia Enamorado, encajando de manera perfecta en la norma penal por el cual fue condenado, es decir en el artículo 144 del Código Penal que regula el delito de Rapto Agravado. En relación a los juicios de valor utilizados por el Sentenciador para razonar la prueba evacuada en el debate, es posible deducir que los argumentos del A-quo son racionales, coherentes y se derivan precisamente del legajo probatorio, pues realizó una valoración tanto individual como conjunta de toda la prueba, en cuyos raciocinios se observa la aplicación de las reglas de la sana crítica. En cuanto a los derechos y garantías que goza toda persona sometida a proceso penal, se puede verificar que en todo momento se respetó el Derecho de Defensa y el Debido Proceso del imputado, el Tribunal actuó en el marco de sus atribuciones y todo el juicio oral se desarrolló sin incidencias que pudieran dar reproche casacional por esta vía. En conclusión la sentencia dictada por el Tribunal Sentenciador cumple con los requisitos establecidos en el artículo 338 del Código Procesal Penal, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. V. DECISIÓN Por las razones antes indicadas es procedente declarar no ha lugar el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por la defensa privada del acusado. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por Unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 361, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Único: Declarar No Ha Lugar los Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional en sus cuatro motivos, interpuestos por el abogado Juan de Dios Guillen Ortiz en su condición de Defensor Privado del imputado JULIO ANTONIO MEJIA ENAMORADO a quien se le condenó del delito de Rapto Agravado en perjuicio de la menor K. A. A.. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- FIRMA Y SELLO.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado Coordinador.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-60-2014.-
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
[1] VID Sentencia de Casación Penal SP 41-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 08 de marzo del 2012