Sentencia CP-58-14 — Registro 15946
Resumen
En primera instancia se condenó a los imputados por el delito de Usurpación, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...Segundo Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma Denunció el reclamante que el juzgador incurrió en quebranto a las Reglas de la Sana Crítica, señalando como norma autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicó el censor que en la valoración probatoria, el Tribunal Sentenciador consideró que de la prueba documental, específicamente la autorización de la víctima para el ejercicio de la acción penal, se acreditaba en juicio y por tanto estaba facultado el Ministerio Público para ejercerla; sin embargo para el recurrente, el señor Benito Pineda quien firmó la autorización como víctima, no ostentaba la titularidad de Secretario de la Junta Directiva de la empresa Asociativa, sino que era el señor José Denis Iscoa Tróchez; por tanto el ente fiscal no estaba autorizado para ejercer la acción penal pública. Esta Sala de lo Penal ha reiterado en otros fallos, que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que…en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica...”. El proceso lógico seguido por el juez en su razonamiento, al efectuar la valoración de las pruebas, está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello implica que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, (porque debido al principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí) su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo, la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común si se basara en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se de un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. Esta Sala de lo Penal considera que el Censor incurre en inadecuada técnica recursiva, pues no cumple con lo regulado en el artículo 363 del Código Procesal Penal y con el criterio jurisprudencial que ha sentado esta Sala, en el sentido de que debe señalar de manera puntual cual regla de la Sana Crítica considera transgredida, pues no basta con denunciar el quebranto a las normas del correcto entendimiento humano, el recurrente debe explicar cuales fueron esos juicios de valor incorrectos que utilizó el sentenciador. A pesar de dichas inconsistencias y en virtud del Control de Convencionalidad que debe respetar este Supremo Tribunal, se ha procedido a analizar los raciocinios del sentenciador y los argumentos del recurrente, resultando que en el juicio no se aportó prueba que acreditara que el señor Benito Pineda no ostentara el cargo de representante legal de la cooperativa; es decir el Tribunal A-quo únicamente contó con la prueba consistente en la autorización que presentó el Ministerio Fiscal, pero no se aportó prueba distinta para refutar dicha autorización, por tanto el mismo tiene toda la validez y credibilidad otorgada por el juzgador, por lo que sus razonamientos para valorar dicha prueba documental fueron acertadas y lógicos, utilizando las reglas de la sana crítica para conformarlos; circunstancias suficientes para desestimar el presente motivo de casación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"... Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Motivo Único. Expresó el censor que en todos los casos en que se pueda interponer recurso de casación, será suficiente para fundamentarlo la infracción de precepto constitucional, señalando como precepto autorizante el artículo 90 de la Constitución de la República. Explicó el recurrente que el juzgador, al llevar a su conocimiento el ilícito de Usurpación, debió haber esperado que el asunto se dirimiera prima facie ante los Tribunales de lo Civil, tal como lo regula el artículo 54 del Código Procesal Penal. La normativa procesal penal establece la Infracción de Precepto Constitucional como motivo de casación. Las normas constitucionales susceptibles de ser examinadas en casación no sólo son aquellas referentes a derechos fundamentales, (pues no se hace distinción), sino que cualquier norma constitucional que guarde relación con el derecho penal y las formas del juicio que pueda ser aplicada al caso concreto. En consecuencia, deberá intentarse el recurso acudiendo a normas constitucionales que eventualmente pudieran verse afectas producto de la persecución penal, como ser: derecho de defensa, debido proceso etc., o bien, aquellas vinculadas con principios del derecho penal sustantivo, tal es el caso del Principio de Legalidad en materia penal. En una buena técnica recursiva, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación. Al ser el recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores, la esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Esta Sala de lo Penal al revisar la impugnación del recurrente, puede detectar la inadecuada técnica recursiva utilizada, pues como motivo de casación transcribe literalmente lo regulado en el artículo 361 del Código Procesal Penal y como norma autorizante establece el artículo 90 de nuestra Constitución, lo cual es erróneo porque el motivo de casación correspondería al supuesto derecho o garantía violentada y el precepto autorizante lo constituye la norma procesal que permite al reclamante la presentación de la impugnación, que en el caso subjudice sería el artículo 361 antes mencionado. A pesar de dichas inconsistencias y atendiendo al control de convencionalidad que debe respetar todo Tribunal de la República, en virtud de los fallos emitidos por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, procederemos a revisar el fallo y determinar si existió algún quebranto a alguna Garantía Constitucional que merezca reproche casacional. El censor argumenta que se violentó el Debido Proceso porque el sentenciador debió esperar a que se resolvier el ilícito civil para luego dar paso al penal, conforme lo regula el artículo 54 del Código Procesal Penal, pero antes de dar respuesta a su reclamo, es necesario conocer el criterio jurisprudencial que ha tenido esta Sala sobre la Garantía del Debido Proceso. El derecho al Debido Proceso supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales para el Estado mismo, con la finalidad de racionalizar el ejercicio punitivo dentro de un marco de respeto a la dignidad humana de quienes son enjuiciados. Así tenemos que la Constitución de la República, precisamente establece que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, de manera que todo procedimiento o juzgamiento deberá estar sujeto a las formalidades de ley como instrumento de garantía de los derechos del justiciable; en ese sentido, el Estado para quebrantar el estado de inocencia de un ciudadano llevado a juicio, deviene obligado a observar las formas de juzgamiento que él mismo se ha impuesto a efectos de salvaguardar dentro del proceso los derechos del enjuiciado. En ese orden de ideas, verbigracia, para efectos de valoración de la prueba, se impone que ésta ha de valorarse conforme a las reglas de la sana crítica y que las sentencias han de ser debidamente motivadas, fáctica y jurídicamente, no contradictorias. No observar estos requisitos impuestos por el Código Procesal Penal, importaría una violación a las formalidades integrantes del proceso y consecuentemente al debido proceso como derecho del justiciable[2]. Para este Tribunal de Casación no existe tal violación al Debido Proceso, pues el sentenciador no contó con prueba alguna que le acreditara que existía una demanda civil en trámite respecto al derecho de propiedad de las tierras en pugna y, por otro lado, la única forma de dirigir la acción penal hacia la civil, sería que los imputados y la parte acusadora, presentaran alguna documentación que los acreditara como propietarios de dichas tierras; ante tal conflicto la justicia penal debe apartarse y permitir que primero se resuelva en los tribunal civiles, a quién corresponde el derecho de propiedad; pero en el caso sometido a estudio, los demandantes fueron quienes presentaron la documentación que les acreditaba como legítimos propietarios de esas tierras y al ser invadidas por la fuerza por personas que no ostentaban esa titularidad, el sentenciador dictó sentencia condenatoria, la cual se encuentra ajustada a derecho. Así las cosas, observamos que en todo momento se respetaron los procedimientos establecidos por la ley procesal para la celebración del juicio oral y se le respetaron sus derechos y garantías a los imputados, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete días del mes de abril del dos mil diecisiete. El pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La sentencia en el Recurso de Casación SP 58-2014 por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha diecinueve de septiembre de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, mediante la cual falló: 1) Condenando a los señores Presentación Castellanos, Guillermo Muñoz Tróchez, Ramón Ernesto Castellanos Tróchez, Estanislao Castellanos, Denis Pineda Muñoz y José Ubaldo Pineda Cruz, a la pena de dos años de reclusión, por el delito de Usurpación en perjuicio de La Empresa Asociativa Campesina Buenos Amigos UNC. 2) Condenando a los señores Presentación Castellanos, Guillermo Muñoz Tróchez, Ramón Ernesto Castellanos Tróchez, Estanislao Castellanos, Denis Pineda Muñoz y José Ubaldo Pineda Cruz, a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil. 3) Declaró la responsabilidad civil de los imputados. 4) No condenó en costas. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, el abogado José Vidal Hernández, actuando en su condición de Defensor Privado de los acusados. Son Partes: El abogado José Vidal Hernández, en su condición antes indicada como recurrente y la abogada Ilse Adela Fuetes, en su calidad de fiscal del Ministerio Público como recurrida. I. HECHOS PROBADOS “UNO: En fecha quince (15) de abril del año dos mil diez, los hoy imputados Presentación Castellanos, Guillermo Muñoz Tróchez, Ramón Ernesto Castellanos Tróchez, Estanislao Castellanos, Denis Pineda Muñoz y José Ubaldo Pineda Cruz, ingresan en forma violenta a la propiedad de la Empresa Asociativa Campesina Buenos Amigos UNC ubicada en el lugar denominado El Carbonal jurisdicción del Municipio de Ceguaca Departamento de Santa Bárbara; dividido en tres lotes de terreno, con un área superficial de ochenta y cuatro punto setenta hectáreas (84.70), impidiendo en la entrada y el uso de sus terreno a sus legítimos dueños.” II. RECURSO DE CASACIÓN El recurrente abogado Jose Vidal Hernández, actuando en su condición de defensor privado de los acusados, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN: RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO DE CASACION. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes, según el artículo 337 y como Precepto Autorizante: Artículo 362 (numeral 7) del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION: El Tribunal de Sentencia, al dar su veredicto en fecha diecinueve de septiembre del dos mil trece, bajo el epígrafe HECHOS PROBADOS declara expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: UNO. En fecha quince (15) de abril del año dos mil diez, los hoy imputados presentación Castellanos, Guillermo Muñoz Trochez, Ramón Ernesto Castellanos Trochez, Estanislao Castellanos, Denis Pineda Muñoz y José Ubaldo Pineda Cruz ingresaron en forma violenta a la propiedad de la Empresa Asociativa Campesina Buenos Amigos UNC ubicada en el lugar denominado el Corbanal, jurisdicción del Municipio de Ceguaca departamento de Santa Bárbara, dividido en tres lotes de terreno con una área superficial de Ochenta y cuatro punto setenta hectáreas (84.70)impidiendo la entrada el uso de su terreno a sus legítimos dueños” pero al retrotraemos a la audiencia de Juicio Oral y Público de fecha doce de junio del dos mil trece, en el envés de la primera hoja (Folio Vuelto) del acta que recoge la celebración y desarrollo de la audiencia en una sola sesión, a las nueve de la mañana, al cedérsele la palabra al Fiscal del Ministerio Público para que formalizara la acusación; DIJO: Este Ministerio Público formaliza acusación en contra de los señores Presentación Castellanos Trochez, Guillermo Muñoz Trochez, Ramón Edgardo Castellanos Trochez, Estanislao Castellanos, Denis Pineda Muñoz y José Ubaldo Pineda Cruz, a quienes se les supone responsables del delito de Usurpación, en perjuicio de Lo Empresa Asociativa Campesina de Producción Buenos Amigos, y esto lo hacemos en base o los hechos siguientes.; que según lo documentación presentado ante la sede fiscal, por el Grupo Campesino Empresa Asociativa Campesina de Producción Buenos Amigos, que nos indico que es propietario de un lote de terreno, de uno extensión superficial de 87,40 hectáreas, y que las cuales se divide en tres predios de terreno, los cuales están ubicadas en el municipio de Ceguaca, y que como lo establece el título definitivo de propiedad, el cual fue extendido por el Instituto Nacional Agrario a la empresa campesina, y el cual está registrado en el asiento 951 del Tomo 231 del Registro de la Propiedad de esta ciudad de Santa Bárbara, y que resulta que en fecha 15 de abril del año 2012, los imputados quienes no pertenecen al grupo campesino antes en mención, tomaron posesión mediante lo fuerza, un predio que mide 45 hectáreas……….” de tal manera que al examinar y confrontar el contenido de la acusación planteada por el Ministerio Público, con el de los hechos probados, encontramos dantescas incongruencias, pues el Tribunal da por probado un hecho que nunca tuvo existencia en tiempo, violentándose el contenido del artículo 337 del Código Procesal Penal que literalmente dice: “Congruencia de la sentencia con la acusación. La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o, en su caso en la ampliación de la acusación y en la contestación de esta, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicada” porque mis defendidos en ningún momento se introdujeron el quince de abril del dos mil diez al terreno que aduce el señor BENITO PINEDA ser propiedad de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Buenos Amigos, en consecuencia la sentencia debe ser anulada y repetirse el juicio. SEGUNDO MOTIVO DE CASACION. Que en la valoración de la prueba no se observo las reglas de la sana crítica” como PRECEPTO AUTORIZANTE artículo 362 (numeral 3) del Código Procesal Penal. Al momento de valorar la prueba, el órgano judicial colegiado establece en el ordinal PRMERO bajo el epitafio VALORACION DE LA PRUEBA lo siguiente: “El Tribunal estima los hechos declarados probados con el análisis de la prueba documental consistente en ………….;asimismo con la Autorización de la Victima para el ejercicio de la acción penal, se acredita en juicio que al tratarse de un delito de acción privada, el Ministerio Público estaba facultado para la persecución en el caso concreto de mérito……” incurriendo en un adefesio garrafal, pues como podrá apreciar esa Honorable Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, las personas jurídicas por tratarse de una abstracción o ficción legal son representadas por las personas naturales, pero que la misma ley ya establece, así tenernos que las Corporaciones municipales la representación legal la ostenta el Alcalde Municipal, en las Sociedades Anónimas el Administrador Único o el Consejo de Administración, en los Patronatos los Presidentes y en el caso concreto de la Empresas Asociativas de Campesinos, que se regulan según los Estatutos de las Empresas Asociativas de Campesinos (Decreto No. 121 de fecha 24 de febrero del 1976) en donde claramente establece el artículo 97 de dicho instrumento legal que: “El Secretario General es el socio ejecutivo de más alto nivel de una Empresa Asociativa Campesina, y, en tal concepto, es el responsable de su manejo operativo y su representante legal sin embargo el Tribunal de Sentencia apartándose de los principios de la sana crítica da valor probatorio a dicho medio de prueba, cuando de la misma prueba de cargo que acompaña el Ministerio Público, consistente en la Certificación de la Constitución de la Empresa Asociativa claramente establece en el numeral “QUINTO: designar de antemano al Secretario de la Junta Directiva que se elije en propiedad para que lleve la firma social de la empresa….“ que en el caso que nos ocupa la representación legal de la ofendida la Empresa Asociativa Campesina de Producción Buenos Amigos la ostentaba JOSE DENIS ISCOA TROCHEZ y no el señor BENITO PINEDA que no está legalmente facultada para AUTORIZAR al Ministerio Público para que pudiera intervenir en la acusación, de manera que al no ser la persona natural idónea o indicada, la acusación carece de sustento legal, además que de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 89 del Decreto Ejecutivo 121 de 1974 que contiene los Estatutos de las Empresas Asociativas Campesinas, que claramente dice: “La Junta Directiva durará un año en el ejercicio de sus funciones. Ningún socio podrá ser miembro de la Junta Directiva por más de dos períodos consecutivos” y como podéis apreciar Honorables Magistrados de la Corte, la Certificación de la Constitución de la Empresa Asociativa, que acompañó el Ministerio Público, se refiere a la Empresa Asociativa de Producción “No. 3 BUENOS AMIGOS UNC” de fecha ocho de abril de mil novecientos noventa y cuatro, que a nuestro parecer no es la misma EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCION BUENOS AMIGOS UNC. y que de esa fecha a la de la Celebración del Juicio Oral y Público, han transcurrido más de dieciocho años consecutivos, sin que aparezca actualizada acta de Constitución, pues no es posible que aun conserven el Cargo de Presidente el señor Benito Pineda, en consecuencia por todos los vicios apreciados creemos que debe anularse la sentencia inclusive a partir del auto de apertura a juicio.” Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. MOTIVO DE CASACION ÚNICO. En todos los casos en que, con arreglo a este Código, puedan interponerse recurso de casación contra una resolución judicial, será suficiente para fundamentarlo, la infracción del precepto constitucional.” PRECEPTO AUTORIZANTE: Lo constituye el artículo 90 de la Constitución de la República, que sin mucho amague, establece:”Nadie puede ser Juzgado sino por un juez ó tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION: Que el Tribunal de Sentencia al llevar a su conocimiento, el ilícito de USURPACION debió haber esperado que el asunto se dirimiera prima facie, ante los Tribunales de los Civil, tal como puntualmente lo establece el párrafo último del artículo 54 del Código Procesal Penal, que taxativamente; expresa: “Los litigios referentes a la determinación del estado civil de las personas, al derecho de propiedad en el caso de usurpación y los relacionados con la naturaleza fraudulenta o culposa de la quiebra, solo podrán ser resueltas por los tribunales civiles” y ello es así porque es de lato conocimiento en el foro jurídico lo complejo de la temática de los bienes que regula la materia civil, que incluye acciones y derechos asociados a los mismos, en los que surgen una rica gama de acciones y procedimientos; a saber: posesión, dominio, prescripción, justo título, pretensiones posesorias, reivindicación, de tal manera que deberán primeramente agotarse la vía civil, evitando de esa manera el conocimiento de las controversias a otra jurisdicción o competencia, de suerte que el hecho es atípico por constituir un asunto meramente civil, razón que permite anular en su totalidad la Sentencia y volver a repetir el Juicio Oral y Público.” III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Primer Motivo El recurrente denunció que en el fallo existe incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de la partes, estableciendo como precepto autorizante el artículo 362 numeral 7 de Código Procesal Penal. Señaló el censor que al retrotraerse a la audiencia de juicio oral, el Ministerio Público realizó una formalización de acusación, que al ser confrontada con los hechos declarados probados, se perfilan incongruencias, violentándose el artículo 337 del Código Procesal Penal. El principio de congruencia que recoge el artículo 337 del Código Procesal Penal, constituye uno de los pilares torales del sistema acusatorio, que representa la ruptura de uno de los paradigmas del arbitrio judicial que imperaba en el sistema inquisitivo. El principio acusatorio admite y presupone el derecho de defensa del imputado y consecuentemente, la posibilidad de contestación y rechazo de la acusación, provoca en el proceso penal la aplicación de la contradicción, o sea, el enfrentamiento dialéctico entre las partes y hace posible conocer los argumentos de la otra parte, manifestar ante el Juez las propias explicaciones, indicar los elementos fácticos y jurídicos que constituyen su base y ejercitar una actividad plena en el proceso; de este modo, es que nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él, una acusación en la que haya tenido oportunidad de defenderse de manera contradictoria, estando por ello obligado el juez o tribunal a pronunciarse dentro de los términos del debate, tal y como han sido formulados por la acusación y la defensa, lo cual significa, en última instancia, que ha de existir siempre correlación entre la acusación y el fallo de la sentencia. De ello se desprende que el debate en el proceso penal vincula al juzgador, impidiéndole excederse de los términos en que viene formulada la acusación o apreciar hechos o circunstancias que no han sido objeto de consideración en la misma, ni sobre las cuales el acusado no ha tenido ocasión de defenderse. No obstante lo anterior, el juez puede modificar la calificación de los hechos enjuiciados, siempre que no sea en perjuicio del reo y que exista identidad fáctica y homogeneidad en dicha calificación. Son delitos o faltas generalmente homogéneos los que constituyen modalidades distintas pero cercanas dentro de la tipicidad penal, de tal suerte que, estando contenidos todos los elementos del segundo tipo en el ilícito delictivo contenido en la acusación, no haya en la condena ningún elemento nuevo del que el acusado no haya podido defenderse[1]. En el caso sometido a estudio, al analizar la formalización de la acusación que efectuó el Ministerio Público y confrontarlos con los hechos probados que conformó el Juez A-quo, es posible detectar que se refieren a los mismos sucesos o acontecimientos, pues detallan igual número de participantes, mismas fechas y lugar de realización e idénticas acciones, pues el cuadro fáctico es conformado por los sentenciadores de acuerdo al resultado probatorio y por supuesto a los hechos plasmados en la acusación, lo cual no significa que el juzgador tenga que aceptar los sucesos tal cual son redactados en la acusación, sino que debe tener cuidado de guardar la esencia de los mismos y su calificación jurídica; en tal sentido para esta Sala de lo Penal la sentencia guarda relación con las pretensiones de las partes en tanto no se realizó ninguna modificación de los hechos que fueron objeto de debate; razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación. Segundo Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma Denunció el reclamante que el juzgador incurrió en quebranto a las Reglas de la Sana Crítica, señalando como norma autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicó el censor que en la valoración probatoria, el Tribunal Sentenciador consideró que de la prueba documental, específicamente la autorización de la víctima para el ejercicio de la acción penal, se acreditaba en juicio y por tanto estaba facultado el Ministerio Público para ejercerla; sin embargo para el recurrente, el señor Benito Pineda quien firmó la autorización como víctima, no ostentaba la titularidad de Secretario de la Junta Directiva de la empresa Asociativa, sino que era el señor José Denis Iscoa Tróchez; por tanto el ente fiscal no estaba autorizado para ejercer la acción penal pública. Esta Sala de lo Penal ha reiterado en otros fallos, que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que…en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica...”. El proceso lógico seguido por el juez en su razonamiento, al efectuar la valoración de las pruebas, está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello implica que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, (porque debido al principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí) su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo, la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común si se basara en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se de un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. Esta Sala de lo Penal considera que el Censor incurre en inadecuada técnica recursiva, pues no cumple con lo regulado en el artículo 363 del Código Procesal Penal y con el criterio jurisprudencial que ha sentado esta Sala, en el sentido de que debe señalar de manera puntual cual regla de la Sana Crítica considera transgredida, pues no basta con denunciar el quebranto a las normas del correcto entendimiento humano, el recurrente debe explicar cuales fueron esos juicios de valor incorrectos que utilizó el sentenciador. A pesar de dichas inconsistencias y en virtud del Control de Convencionalidad que debe respetar este Supremo Tribunal, se ha procedido a analizar los raciocinios del sentenciador y los argumentos del recurrente, resultando que en el juicio no se aportó prueba que acreditara que el señor Benito Pineda no ostentara el cargo de representante legal de la cooperativa; es decir el Tribunal A-quo únicamente contó con la prueba consistente en la autorización que presentó el Ministerio Fiscal, pero no se aportó prueba distinta para refutar dicha autorización, por tanto el mismo tiene toda la validez y credibilidad otorgada por el juzgador, por lo que sus razonamientos para valorar dicha prueba documental fueron acertadas y lógicos, utilizando las reglas de la sana crítica para conformarlos; circunstancias suficientes para desestimar el presente motivo de casación. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Motivo Único. Expresó el censor que en todos los casos en que se pueda interponer recurso de casación, será suficiente para fundamentarlo la infracción de precepto constitucional, señalando como precepto autorizante el artículo 90 de la Constitución de la República. Explicó el recurrente que el juzgador, al llevar a su conocimiento el ilícito de Usurpación, debió haber esperado que el asunto se dirimiera prima facie ante los Tribunales de lo Civil, tal como lo regula el artículo 54 del Código Procesal Penal. La normativa procesal penal establece la Infracción de Precepto Constitucional como motivo de casación. Las normas constitucionales susceptibles de ser examinadas en casación no sólo son aquellas referentes a derechos fundamentales, (pues no se hace distinción), sino que cualquier norma constitucional que guarde relación con el derecho penal y las formas del juicio que pueda ser aplicada al caso concreto. En consecuencia, deberá intentarse el recurso acudiendo a normas constitucionales que eventualmente pudieran verse afectas producto de la persecución penal, como ser: derecho de defensa, debido proceso etc., o bien, aquellas vinculadas con principios del derecho penal sustantivo, tal es el caso del Principio de Legalidad en materia penal. En una buena técnica recursiva, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación. Al ser el recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores, la esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Esta Sala de lo Penal al revisar la impugnación del recurrente, puede detectar la inadecuada técnica recursiva utilizada, pues como motivo de casación transcribe literalmente lo regulado en el artículo 361 del Código Procesal Penal y como norma autorizante establece el artículo 90 de nuestra Constitución, lo cual es erróneo porque el motivo de casación correspondería al supuesto derecho o garantía violentada y el precepto autorizante lo constituye la norma procesal que permite al reclamante la presentación de la impugnación, que en el caso subjudice sería el artículo 361 antes mencionado. A pesar de dichas inconsistencias y atendiendo al control de convencionalidad que debe respetar todo Tribunal de la República, en virtud de los fallos emitidos por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, procederemos a revisar el fallo y determinar si existió algún quebranto a alguna Garantía Constitucional que merezca reproche casacional. El censor argumenta que se violentó el Debido Proceso porque el sentenciador debió esperar a que se resolvier el ilícito civil para luego dar paso al penal, conforme lo regula el artículo 54 del Código Procesal Penal, pero antes de dar respuesta a su reclamo, es necesario conocer el criterio jurisprudencial que ha tenido esta Sala sobre la Garantía del Debido Proceso. El derecho al Debido Proceso supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales para el Estado mismo, con la finalidad de racionalizar el ejercicio punitivo dentro de un marco de respeto a la dignidad humana de quienes son enjuiciados. Así tenemos que la Constitución de la República, precisamente establece que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, de manera que todo procedimiento o juzgamiento deberá estar sujeto a las formalidades de ley como instrumento de garantía de los derechos del justiciable; en ese sentido, el Estado para quebrantar el estado de inocencia de un ciudadano llevado a juicio, deviene obligado a observar las formas de juzgamiento que él mismo se ha impuesto a efectos de salvaguardar dentro del proceso los derechos del enjuiciado. En ese orden de ideas, verbigracia, para efectos de valoración de la prueba, se impone que ésta ha de valorarse conforme a las reglas de la sana crítica y que las sentencias han de ser debidamente motivadas, fáctica y jurídicamente, no contradictorias. No observar estos requisitos impuestos por el Código Procesal Penal, importaría una violación a las formalidades integrantes del proceso y consecuentemente al debido proceso como derecho del justiciable[2]. Para este Tribunal de Casación no existe tal violación al Debido Proceso, pues el sentenciador no contó con prueba alguna que le acreditara que existía una demanda civil en trámite respecto al derecho de propiedad de las tierras en pugna y, por otro lado, la única forma de dirigir la acción penal hacia la civil, sería que los imputados y la parte acusadora, presentaran alguna documentación que los acreditara como propietarios de dichas tierras; ante tal conflicto la justicia penal debe apartarse y permitir que primero se resuelva en los tribunal civiles, a quién corresponde el derecho de propiedad; pero en el caso sometido a estudio, los demandantes fueron quienes presentaron la documentación que les acreditaba como legítimos propietarios de esas tierras y al ser invadidas por la fuerza por personas que no ostentaban esa titularidad, el sentenciador dictó sentencia condenatoria, la cual se encuentra ajustada a derecho. Así las cosas, observamos que en todo momento se respetaron los procedimientos establecidos por la ley procesal para la celebración del juicio oral y se le respetaron sus derechos y garantías a los imputados, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. IV. DECISIÓN Por los argumentos expresados, se declara no ha lugar los recursos de casación por quebrantamiento de forma e infracción de precepto constitucional, interpuestos por la defensa de los acusados. V. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 361, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuesto por el abogado Jose Vidal Hernández, en su condición de defensor privado de los señores Presentación Castellanos, Guillermo Muñoz Tróchez, Ramón Ernesto Castellanos Tróchez, Estanislao Castellanos, Denis Pineda Muñoz y José Ubaldo Pineda Cruz, a quienes se les condenó por el delito de Usurpación en perjuicio de Empresa Asociativa Campesina Buenos Amigos UNC. Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su Único Motivo interpuesto por el abogado Jose Vidal Hernández, en su condición indicada. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado Coordinador.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de abril del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-58-2014.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
[1] Vid Sentencia de Casación Penal SP 322-2007 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 11 de agosto del 2009.
[2] Vid Sentencia de Casación Penal SP 20-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 08 de marzo del 2012.