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Sentencia CP-55-14 — Registro 15944

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Robo de Vehículo automotor Terrestre, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...Es evidente para esta Sala de lo Penal la inadecuada técnica recursiva dela recurrente en la conformación y argumentación de un Recurso de Casación, puesto que ha presentado un Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, pero no ha señalado cuál regla de la sana crítica -Lógica, psicología, experiencia común-violentó el Juzgador y cuáles fueron esos razonamientos equívocos del A-quo contrarios a dichas normas, lo que erróneamente efectuó el censor son cuestionamientos propios de instancia que no son permitidos en esta casacional. Ante la inadecuada técnica recursiva que plantea la censora en su impugnación, consideramos importante recordar nuestro criterio jurisprudencial sobre la debida técnica que deben observar los recurrentes en las casaciones penales: “el Principio de Debida Técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” ( Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del Recurso Extraordinario de Casación, estableciendo imperativamente que: “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, por ello esta Sala de lo Penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal; b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida; c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión[1]. 3) A pesar de las inconsistencia del recurso, este Tribunal de Casación ha establecido también como criterio jurisprudencial que, en virtud del control de convencionalidad que establece que los órganos del Estado en el marco de sus competencias, deben tomar en cuenta lo regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que sobre ésta ha realizado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual se constituye en un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, resulta necesario que los jueces y tribunales sean los primeros llamados a ejercer el control de convencionalidad. En tal sentido la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2.h establece las “Garantías Judiciales” exigibles en el marco de un proceso, dentro del cual se establece el “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior,” que es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. De acuerdo a la Corte IDH, el recurso contemplado en el artículo 8.2.h debe ser uno “ordinario eficaz” independientemente de la denominación que se le dé. En esa misma línea, los Estados “no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho a recurrir del fallo ya que dicha posibilidad debe ser accesible sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. Por ello, la corte ha estimado que “las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente.” (Corte IDH. Caso Mohamed vs Argentina). 4) En ese sentido este Tribunal de Casación en respeto a ese control de convencionalidad, efectuará una revisión de la sentencia recurrida para determinar si la misma fue conformada de acuerdo a lo regulado en el artículo 338 del Código Procesal Penal y tomando como punto de partida la supuesta trasgresión a las reglas de la sana crítica que denunció la recurrente. En relación a que el Sentenciador no observó las reglas de la sana crítica en el momento de valorar la prueba, esta Sala de lo Penal no comparte la posición dela reclamante, pues encontramos en el sentencia cuestionada, amplias motivaciones de la prueba evacuada, tanto de manera individual como en su conjunto, lo quedó plasmado al final del numeral segundo de la valoración probatoria. El A-quo estableció que las declaraciones testificales son congruentes entre sí en la sustancia de los hechos, pues muchos de los datos aportados por los testigos les consta personalmente, brindando dicha información sin ningún motivo espurio hacia el acusado, lo que llevó al Juzgador a tener esa certeza necesaria de que el acusado Jorge Alberto Martínez Zuniga junto con un acompañante, despojó de varios bienes materiales al ahora ofendido. De igual forma señaló el Sentenciador que el agente de policía Habacu Hernández es contundente en señalar al imputado Francisco Herrera, como la persona que conducía el vehículo robado y quien se identificó como dueño del automotor, mostró la boleta de revisión que tenía algunos datos exactos del automotor, pero las placas no correspondían. Las valoraciones del Sentenciador fueron correctas en cuanto a determinar la responsabilidad de los acusados en los hechos investigados, observemos que sólo al acusado Jorge Alberto Martínez Zuniga le considera responsable del Robo Simple y Robo de Vehículo, pues el testigo protegido (ofendido) dijo reconocerlo a él solamente; al imputado Francisco Herrera le considera responsable del Adquirir un vehículo robado, pues esas fueron las acciones que quedaron probadas en su caso, en tal caso observa esta Sala de lo Penal que la prueba fue correctamente razonada por el A-quo y en sus raciocinios se observa la aplicación irrestricta de las reglas que rigen el recto entendimiento humano, razones suficientes para desestimar el presente Recurso de Casación. .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO PENAL I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central a los veinticinco (25) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017).-El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de Coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, ha pronunciado: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, LA SENTENCIA EN EL RECURSO DE CASACIÓN SP 55-2014 POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiocho de febrero de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló: 1) Condenando al señor JORGE ALBERTO MARTINEZ ZUNIGA, a la pena de Cinco (5) años de reclusión por el delito de Robo Simple, en perjuicio de Testigo Protegido Clave RV05-2011 y Kenia Yasnira Madrid Aleman.2) Condenando al señor JORGE ALBERTO MARTINEZ ZUNIGA, a la pena de Diez (10) años de reclusión por el delito de Robo de Vehículo automotor Terrestre, en perjuicio de Testigo Protegido Clave RV05-2011 y Kenia Yasnira Madrid Aleman.3) Condenó al imputado JORGE ALBERTO MARTINEZ ZUNIGA a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena.4) Condenando al señor FRANCISCO HERRERA, a la pena de Nueve (9) años de reclusión por el delito de Adquirir Vehículo Automotor Terrestre Robado, en perjuicio de Testigo Protegido Clave RV05-2011 y Kenia Yasnira Madrid Alemán, asimismo lo condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil. 3) Declaró la responsabilidad civil de los condenados Jorge Alberto Martínez Zuniga y Francisco Herrera. 4) No Condenó en costas a dichos imputados. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma la abogada Brenda Janeth Cruz Hernández, actuando en su condición de Defensora Privada del señor Jorge Alberto Martinez Zuniga. Son Partes: La abogada Brenda Janeth Cruz Hernández en su condición de Defensora Privada del imputado Jorge Alberto Martínez Zuniga como parte recurrente y la abogada Diana Rodríguez en su calidad de Fiscal del Ministerio Público como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: El día veintisiete (27) de abril del años dos mil once (2011), el testigo protegido con clave RV-05-2011, llegó a bordo de un vehículo marca Toyota, modelo ECHO, color verde, con placas PCK-9098, a una pulpería ubicada en el barrio Prado Alto de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con el fin de realizar supervisión de ventas. Mientas era atendido por la propietaria del negocio, el señor JORGE ALBERTO MARTINEZ ZUNIGA en compañía de otro individuo, se presentó al lugar y solicitó dos jugos, cuando la dependienta dispuso atender el pedido, el señor JORGE ALBERTO MARTINEZ ZUNIGA, que permanecía al lado derecho del testigo protegido, desenfundó un arma de fuego y le apuntó directamente al ofendido, al mismo tiempo le pidió las llaves del vehículo que permanecía estacionado cerca, de inmediato el testigo entregó las llaves, mientras tanto, el sujeto que acompañaba al señor MARTINEZ ZUNIGA y que permanecía a espaldas del testigo protegido, le sustrajo pertenencias personales, entre ellas, la billetera conteniendo documentos personales y la cantidad de setecientos sesenta y cinco Lempiras (L.765.00), un reloj de puño y dos teléfonos celulares, uno marca Nokia E-5 y otro Blackberry 8520, posteriormente ambos se marcharon en el vehículo descrito con rumbo desconocido. SEGUNDO: En fecha quince (15) de julio del año dos mil once (2011), Agentes de la Dirección General de Investigación Criminal del Departamento de Robo de Vehículos de esta ciudad, se encontraban en el centro comercial Mall Megaplaza verificando los número de placas de los vehículos allí estacionados, cuando observaron que del lugar salía un Toyota turismo, modelo ECHO, color verde, con placas PDB 4315, rápidamente introdujeron tales datos al sistema utilizando una computadora portátil, comprobando que a placa correspondía a un automóvil marca Mazda, tipo turismo, color blanco, motivo por el cual, siguieron al vehículo hasta las inmediaciones del Banco BACBAMER, cercano al Mall Megaplaza, donde lo interceptaron y en el acto requirieron al conductor, señor FRANCISCO HERRERA, quién también se identificó como propietario del mismo, así como a su acompañante el señor JORGE ALBERTO MARTINEZ ZUNIGA. Los Agentes solicitaron los documentos del vehículo y el señor HERRERA presentó una boleta de revisión, que contenía las características del vehículo Toyota que en días anteriores había sido sustraído al testigo protegido con clave RV-05-2011, no obstante la placa asignada originalmente por la Dirección Ejecutiva de Ingresos a dicho automotor era PCK 9098, no coincidía con la placa PDB 4315 que en ese momento el carro portaba, razón por la cual ambos fueron detenidos.” III. RECURSO DE CASACIÓN La recurrente abogada Brenda Janeth Cruz Hernández, actuando en su condición de Defensora Privada del señor Jorge Alberto Martínez Zuniga, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: ”EXPOSICIÓN DEL MOTIVO ÚNICO: El motivo de Casación POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA enervado en el recurso de merito, como consecuencia de no haber aplicado el Juzgador las REGLAS DE LA SANA CRÍTICA, contra el fallo dictado en el Debate de Juicio Oral y Público, en fecha 28 de Febrero del año 2001 ya que dicho fallo se fundamenta en la declaraciones y Hechos que debieron apreciarse y valorarse de manera conjunta, a efecto de hacerlos concordantes en sus dichos y hechos, con la demás prueba traída a juicio, que permita hacer una motivación fáctica y jurídica, a favor de mis representados, pero que aseguramos el Honorable Tribunal no valoró, ni utilizó el razonamiento LOGICO, JURIDICO en su determinación, conforme al conjunto de aspectos jurídicos que conforman una vez unidos LA SANA CRITICA por lo cual todo lo relacionado anteriormente es que es Recurrida la sentencia de mérito. PRECEPTO AUTORIZANTE. El presente Motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 362, numeral 3 del Código Procesal Penal que prescribe lo siguiente: EL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA PODRA INTERPONERSE, CUANDO LA SENTENCIA RECURRIDA ADOLECAZ DE ALGUNO DE LOS VICIOS SIGUIENTES: NUMERO UNO …….NUMERO DOS……. NUMERO TRES: Que carezca de motivaciones tácticas o jurídicas, que de dichas motivaciones sean insuficientes y contradictorias, o si en la valoración de la prueba no se observa las reglas de la SANA CRITICA. NUMERO CUATRO..... CONCEPTO DE LA INFRACCION. El fallo pronunciado por el Tribunal de Tegucigalpa, aun y cuando somos respetuosos de nuestros jueces, pero como parte defensora es nuestro deber recurrir, cuando vemos afectados los intereses de nuestros poderdantes, sobre todo cuando se observa que en la misma no se aplica correctamente el Derecho, como es el caso; ya que se violentan los principales requisitos de la aplicación a la SANA CRITICA, sin ninguna reacción por parte del Tribunal, quien al final no la observó, acotando que está según la doctrina se conoce como Regla o método para la apreciación de la prueba especialmente la testimonial, cabe mencionar que es una expresión utilizada por los HERMENEUTAS del Derecho para aludir a la actitud de los intérpretes de los textos legales, fundada en un principio de recto análisis y de la sabia comprensión. Según estos no existen más concepciones probatorias que la de la prueba legal y la libre convicción, en todas estas circunstancias que redundaron el presente Juicio. Aplicando así la LOGICA, LAS MAXIMAS DE LA EXPERIENCIA, La Analogía una vez conocida la prueba en su conjunto, las situaciones y hechos que se dieron y mas a continuación explico porque:….HECHOS. La causa que nos trajo a juicio se inicia en fecha 27 de Abril del año 2011, como a eso de las 8:30 de la mañana, cuando según la versión del testigo protegido, con clave RVO5-2011, quién relata que ese día el se disponía a realizar su trabajo como todos los días, llegó a una pulpería en la colonia PRADO ALTO, cuando fue interceptado por dos tipos que uno de ellos lo encañonó por el lado derecho con una pistola, mientras que el compañero se le colocaba en la parte de atrás, que de inmediato ambas personas procedieron a despojarle de su pertenencias, las cuales eran, dos celulares, un reloj, documentos personales, mas Lempiras 762, de igual forma le despojaron de un vehículo marca ECO, color verde, año 2000, posteriormente fue llamado en fecha, 15 de julio del año 2011, fue llamado a la Dirección Nacional de Investigación Criminal, por agentes de Robo de vehículo, quienes le manifestaron que su vehículo, había sido encontrado, haciéndose presente a la policía a reconocer a las personas que lo andaban el vehículo. EXPOSICION DEL MOTIVO CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: PRIMERO: Porque consideramos se violentó las reglas ya establecidas para aplicar la sana crítica en un Juicio Oral y Público, se valoró por parte del Tribunal como prueba en contra de mi representado para arribar a un fallo condenatorio, en primer lugar la declaración del testigo Protegido RVO5.2012, quién se supone es el dueño del Vehículo objeto del robo, digo se supone ya que luego aparece otra persona distinta que lo reclama, el que se ha descrito como un Toyota verde, marca ECHO, año 2000, es creíble y tiene según el tribunal de sentencia, valor para respaldar una concreta verdad de los hechos, asimismo valora y da por hecho probado, que ese mismo día el testigo en mención fue objeto de asalto por parte del imputado y que le robaron entre otros dos teléfonos, y otras pertenencias, vale señalar que si en realidad se condena a determinada persona por haberse posesionado de BIENES MUEBLES AJENOS, lo menos que debe exigirse al momento de condenar por el mal apoderamiento, es la acreditación de esos bienes, la existencia de que en efecto ese bien mueble existió y que su propietario es quien dice ser, porque de lo contrario estamos condenando a alguien sobre la suposición de que existe ese bien, pero que pasaría Honorables Magistrados si después de una condena como esta se identifica que esos bienes nunca han existido y más aun que el supuesto propietario nunca tuvo lo que dijo tener, no sería esto en vez de una impartición de justicia, se vuelve una mala impartición de la justicia, ya que si en efecto habían dos teléfonos lo mínimo exigido debería ser las facturas, de lo contrario yo puedo reclamar bienes que la JUSTICIA no me exige ningún requisito, por tanto puedo decir que me robaron una moto, una casa y tal vez jamás he tenido dichos bienes, ya que si recordamos EL DERECHO CONSISTE EN DAR A CADA QUIEN LO SUYO, bien esta castigar sobre la base de cosas que se puedan probar, la acreditación de esos bienes, contando con que si somos justos y observamos detenidamente la declaración del ofendido, quien lo despoja se supone de los bienes que reclama es la persona que en ese momento se supone acompaña a mi poderdante, por lo que no es Jorge Alberto Martínez, quien realiza el despojo. Análisis, a pesar de que si bien es cierto el testigo nos hace un relato de los hechos, haciéndonos la pregunta ¿que vuelve creíble todo lo manifestado por el testigo aparentemente, ya que de todo lo que se ha manifestado en el presente juicio, jamás se corroboró, si en efecto todo lo manifestado por éste momento de que se produce el asalto se encuentra frente a la dueña de la pulpería donde es asaltado y que esta es una señora que presencia los hechos la que consideramos era la primera persona a la que los Agentes de Investigación debieron haber tomado su declaración, incluso es amenazada por unos de los imputados, por lo que según manifestó el testigo protegido específicamente el que encañona al ofendido y amenazo a la dueña de la pulpería sin embargo establece que los tuvo a ambos imputados frente a ella lo que nos indica que de igual forma era una testigo clave para identificar a los imputados, incluyendo al que el testigo protegido no pudo ver ya que según su versión se coloco atrás del asaltado, pero a pesar de que en todos los juicios se dice por parte de la Fiscalía del Ministerio Público, que de las investigaciones realizadas, lo que esta frase debería indicar es que si se han realizado investigaciones estas deben estar encaminadas a agotar cualquier pesquisa, que los lleve a investigar la verdad, claro esto si realmente se quiere llegar a la verdad, a pesar de que ahora es costumbre que solo se realiza las diligencias del día de los hechos en sí, no se vuelve a tocar una causa hasta la fecha del juicio, me refiero a que en base a lo que establece el artículo 198 del Código Procesal Penal, la FINALIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA ES ESCLARECER LA VERDAD, ATRAVEZ DE SUS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS, por ende debería llevar implícita para los entes investigadoras la obligatoriedad de investigar, me refiero al hecho de que si el testigo ha manifestado que hay una persona que presencia el momento del asalto, LA DUEÑA DE LA PULPERIA, quien en este proceso debió haber sido citada o buscada en su negocio a efecto de que declara lo que ella se supone vio ese día, las características de los imputados, así como lo que ella observó si le quitaron al ofendido bienes, eso sí podría en algún momento tener certeza de que en efecto sucedió y plena credibilidad al testigo, pero como siempre las primicias de investigación relacionadas a la causa se quedan en simple díceres de los ofendidos, lo único que se valora es lo que este manifestó, sin darle seguimiento a los demás hechos a efecto de establecer una verdad, pura sin dejar ningún dejo de duda, aquí es donde consideramos no hay lugar a una SANA CRITICA VERDADERA, cuando se deja por fuera aspectos de relevancia a la causa, como ser la existencia de un testigo, que puede respaldar o desmentir una verdad, porque se le debe dar credibilidad, a esta declaración, ¿como prueba el testigo que los hechos relatados si sucedieron?, ya que si tomamos en cuenta el BAGAGE PROBATORIO, de todo el desfile de pruebas la única que hable del día de los hechos es la declaración del testigo protegido, la otra es posterior a los hechos, me refiero a las declaraciones de los policías que se producen al momento de requerir a los imputados, dos meses después de los hechos, la prueba documental es posterior a los hechos, las ACTAS DE DECOMISO, ACTA DE PERICIA ACREDITATIVA, DOCUMENTO DE AUTO MOTIVO DE DEVOLUCION Y DEMAS todos y cada uno documentos posteriores a los hechos dos meses después, SEGUNDO: Sucede en la Causa de merito, algo que debería llamar la atención del ente juzgador que al producirse la captura de los dos imputados el señor FRANCISCO HERRERA que es la persona que conduce el vehiculó supuestamente robado, el señor Francisco Herrera rinde su declaración además el día del Debate, DECLARANDO SER EL PROPIETARIO DE DICHO VEHICULO, señalando entre otras cosas, que existe un CONTRATO DE COMPRA VENTA DE UN VEHICULO AUTOMOTOR, así como un recibo en el cual se paga un adelanto del valor del vehículo y se establecen los saldos restantes, tal cual lo podemos ver en el Folio 73, mediante tales documentos se acredita que lo adquirió mediante venta que le hizo el señor MIGUEL ANGEL MARTINEZ, con identidad 1801-1981-02413, la existencia de este documento que se conoce inmediatamente que se produce la captura, jamás fue investigado a efecto de corroborar si el referido vendedor existía, simplemente consignaron en un ACTA POLICIAL que corre agregada a folio 48, que se buscó en la Unidad de Archivo Criminal si tenía antecedentes, no así se localizo el PATRON FOTOGRAFICO, ya que la poca diligencia de los Agentes al momento de realizar la investigación, no puede ser imputable a mi poderdante, ya que en el afán y búsqueda de la verdad tal cual lo manifiesta el artículo 93, que habla de la objetividad, el Fiscal tiene como deber ineludible no solo buscar elementos probatorios que agraven la condición del imputado sino también aquéllos que de alguna forma demuestren su inocencia, y literalmente dice HARAN VALER CON IGUAL CELO, pero en la práctica esto jamás se cumple ya que los agentes fiscales son por demás inquisitivos, esto en una verdadera aplicación de la SANA CRITICA, asimismo tomando en cuenta que los jueces son colocados en tales puestos como garantes del DEBIDO PROCESO, lo que implica evacuación de cualquier indicio que lleva a arrojar INOCENCIA O CULPABILIDAD, si utilizamos y aplicamos correctamente la SANA CRITICA, las máximas de la Experiencia y el SENTIDO COMUN sobre todo, como o de qué forma se explica la actitud de FRANCISCO HERRERA, que persona en sus cinco sentidos puede ser capaz de poner el pecho por otro, por decir algo, al grado de no importarle ir a parar a la cárcel por otro, a sabiendas de que andar un vehiculó en tal sentido, es sabido que es un delito, esto es bajo qué circunstancias o porque razones podría mentir FRANCISCO HERRERA al grado de presentar un contrato que fue presentado como prueba de descargo en el Debate, asimismo la defensa del señor FRANCISCO HERRERA, ofreció hasta una declaración testifical de la persona que le hace el préstamo para comprar el vehículo, la señora ALICIA ALEJANDRA VADOS PACHECO,¿ no creen ustedes que de haber sido el encausado JORGE ALBERTO MARTINEZ, la persona que le hubiese vendido dicho vehículo al señor FRANCISCO HERRERA?, quién tenía como probar una adquisición de BUENA FE, con el CONTRATO DE COMPRAVENTA DE UN VEHICULO y la Declaración Testifical de la señora que le presta el dinero, habrá existido en estos hechos por parte de el Honorable Tribunal la SANA CRITICA, el sentido común sobre todo, valorar el hecho de que necesidad tenia Francisco Herrera de salir a la defensa de Jorge Martínez, e incluso puede diferirse que el contrato no es una maquinación, ya que se ofrece de inmediato al ser capturados, desde la Audiencia de Imputado, por lo que puede apreciarse que el señor FRANCISCO HERRERA era comprador de BUENA FE, ya que la forma en que inmediatamente se lleva a la primera Audiencia que ni siquiera tuvieron tiempo de planificar la coartada, esto es mero análisis, considero que esto o en esto consiste la SANA CRITICA, valorar lo que es en sí prueba en su conjunto, ya que si analizamos la prueba de las defensas, esta si verdaderamente tenia respaldo en cuanto a lo manifestado por los imputados al momento de rendir su declaración en el Debate de Juicio Oral y Público y se supone de eso se trata, qué posición traída a juicio tiene más respaldo. Ya que si analizamos la prueba testifical de las defensas relatado con todo detalle cómo y de quien adquiere el vehiculó el señor FRANCISCO HERRERA co-imputado, señalando con nombre y apellido, incluso tarjeta de identidad y como si fuera poco presenta testigos que respaldan su versión más el contrato. A.- Porque recurrimos a esta Honorable SALA PENAL, alegando con pleno fundamento la mala aplicación de la SANA CRITICA, si hacemos un exhaustivo análisis de la prueba traída a juicio veremos .CAFERETA NORES: Escritor que nos habla de la doctrina de la SANA CRITICA, quien establece que se caracteriza por la posibilidad de que el Magistrado logre, sus conclusiones sobre los hechos que la causan, valorando la eficacia condicional con toda libertad, pero con respeto al hacerlo de los principios de la RECTA RAZON, es decir las normas de la Lógica constituida por las leyes fundamentales de la Coherencia, la Derivación Lógica y por los Principios Lógicos de Identidad del Derecho Puro. En consecuencia considero que la Motivación de los HECHOS PROBADOS, constituye el mecanismo de legalidad Racional que el estado confiere, a cada uno de los sujetos procesales y en caso de que estos sean quebrantados interpongan los recursos correspondientes, para ante el Órgano Jurisdiccional competente, para que este mediante su intervención Resuelva ya sea modificando a anulando lo resuelto en este caso por el Tribunal de Sentencia.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1) Denunció la recurrente que el juzgador no aplicó las Reglas de la Sana Crítica, estableciendo como norma autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicó la censora que la declaración del testigo protegido RV05.2012 a quien el Tribunal le otorgó credibilidad, no es creíble porque no cuenta con prueba de respaldo, es decir los entes de investigación tuvieron que traer a declarar a la dueña de la pulpería, que según el ofendido observó cuando fue despojado de su carro y sus pertenencias personales. Otra situación que plantea la reclamante, es que la prueba documental que fue obtenida por los agentes policiales, es de dos meses después de los hechos, lo cual no le parece lógico. La defensa del imputado Francisco Herrera presentó contrato de compraventa mediante la cual acreditaba que compró el vehículo de buena fe, pero nunca se corroboró que en efecto el vendedor existía. 2) Esta Sala de lo Penal ha reiterado en otros fallos, que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “El Recurso por Quebrantamiento de Forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que…en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica...”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello implica que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque debido al principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. 3) Es evidente para esta Sala de lo Penal la inadecuada técnica recursiva dela recurrente en la conformación y argumentación de un Recurso de Casación, puesto que ha presentado un Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, pero no ha señalado cuál regla de la sana crítica -Lógica, psicología, experiencia común-violentó el Juzgador y cuáles fueron esos razonamientos equívocos del A-quo contrarios a dichas normas, lo que erróneamente efectuó el censor son cuestionamientos propios de instancia que no son permitidos en esta casacional. Ante la inadecuada técnica recursiva que plantea la censora en su impugnación, consideramos importante recordar nuestro criterio jurisprudencial sobre la debida técnica que deben observar los recurrentes en las casaciones penales: “el Principio de Debida Técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” ( Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del Recurso Extraordinario de Casación, estableciendo imperativamente que: “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, por ello esta Sala de lo Penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal; b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida; c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión[1]. 3) A pesar de las inconsistencia del recurso, este Tribunal de Casación ha establecido también como criterio jurisprudencial que, en virtud del control de convencionalidad que establece que los órganos del Estado en el marco de sus competencias, deben tomar en cuenta lo regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que sobre ésta ha realizado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual se constituye en un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, resulta necesario que los jueces y tribunales sean los primeros llamados a ejercer el control de convencionalidad. En tal sentido la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2.h establece las “Garantías Judiciales” exigibles en el marco de un proceso, dentro del cual se establece el “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior,” que es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. De acuerdo a la Corte IDH, el recurso contemplado en el artículo 8.2.h debe ser uno “ordinario eficaz” independientemente de la denominación que se le dé. En esa misma línea, los Estados “no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho a recurrir del fallo ya que dicha posibilidad debe ser accesible sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. Por ello, la corte ha estimado que “las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente.” (Corte IDH. Caso Mohamed vs Argentina). 4) En ese sentido este Tribunal de Casación en respeto a ese control de convencionalidad, efectuará una revisión de la sentencia recurrida para determinar si la misma fue conformada de acuerdo a lo regulado en el artículo 338 del Código Procesal Penal y tomando como punto de partida la supuesta trasgresión a las reglas de la sana crítica que denunció la recurrente. En relación a que el Sentenciador no observó las reglas de la sana crítica en el momento de valorar la prueba, esta Sala de lo Penal no comparte la posición dela reclamante, pues encontramos en el sentencia cuestionada, amplias motivaciones de la prueba evacuada, tanto de manera individual como en su conjunto, lo quedó plasmado al final del numeral segundo de la valoración probatoria. El A-quo estableció que las declaraciones testificales son congruentes entre sí en la sustancia de los hechos, pues muchos de los datos aportados por los testigos les consta personalmente, brindando dicha información sin ningún motivo espurio hacia el acusado, lo que llevó al Juzgador a tener esa certeza necesaria de que el acusado Jorge Alberto Martínez Zuniga junto con un acompañante, despojó de varios bienes materiales al ahora ofendido. De igual forma señaló el Sentenciador que el agente de policía Habacu Hernández es contundente en señalar al imputado Francisco Herrera, como la persona que conducía el vehículo robado y quien se identificó como dueño del automotor, mostró la boleta de revisión que tenía algunos datos exactos del automotor, pero las placas no correspondían. Las valoraciones del Sentenciador fueron correctas en cuanto a determinar la responsabilidad de los acusados en los hechos investigados, observemos que sólo al acusado Jorge Alberto Martínez Zuniga le considera responsable del Robo Simple y Robo de Vehículo, pues el testigo protegido (ofendido) dijo reconocerlo a él solamente; al imputado Francisco Herrera le considera responsable del Adquirir un vehículo robado, pues esas fueron las acciones que quedaron probadas en su caso, en tal caso observa esta Sala de lo Penal que la prueba fue correctamente razonada por el A-quo y en sus raciocinios se observa la aplicación irrestricta de las reglas que rigen el recto entendimiento humano, razones suficientes para desestimar el presente Recurso de Casación. V. DECISIÓN Se declara sin lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por la Defensa Privada del señor Jorge Alberto Martínez Zuniga. VI. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 362 numeral 3, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: ÚNICO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo interpuesto por la abogada Brenda Janeth Cruz Hernández, en su condición de Defensora Privada del señor JORGE ALBERTO MARTINEZ ZUNIGA a quien se le condenó del delito de Robo Simple y Robo de Vehículo en perjuicio de Testigo protegido RV05-2011 y Kenia Yanira Madrid Alemán. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- FIRMA Y SELLO.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado Coordinador.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y uno días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-55-2014.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

[1] VID Sentencia de Casación Penal SP 41-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 08 de marzo del 2012