Sentencia CP-54-16 — Registro 15943
Resumen
Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa de la imputada, contra la sentencia que la condena por el delito de tráfico de drogas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."Esta Sala de lo Penal observa que la recurrente ha interpuesto dos motivos de casación por infracción de ley, los cuales están íntimamente relacionados pues refieren a la subsunción que de la ley sustantiva haya realizado el Juzgador al momento de emitir la fundamentación fáctica de la sentencia, en ese sentido es procedente resolver ambos motivos de casación es un mismo apartado. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Primer y segundo motivo. 1) En su primer motivo de casación la recurrente denunció la aplicación indebida del artículo 18 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Substancias Psicotrópicas, en su segundo motivo de casación reclama la falta de aplicación del artículo 26 inciso “a” de la ley especial de drogas, consignando en ambos motivos como norma autorizante el artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicó la censora que de los hechos declarados probados por el Juzgador no es posible colegir los elementos objetivos y subjetivos del delito de Tráfico de Drogas, pues no aparece claramente el elemento de la comercialización, ya que no se le encontró en posesión de dinero producto de la supuesta venta; pero que, del relato fáctico si es posible deducir que a la imputada se le encontró en posesión de droga, la cual según el dictamen toxicológico no excede la cantidad mínima para el consumo personal inmediato. 2) Consideramos importante recordar, que el recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del código procesal penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del código procesal penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho y la conclusión por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. 3) Para dar respuesta los argumentos de la recurrente, consideramos necesario explicar de forma jurisprudencial, lo que la Sala de lo Penal ha establecido en reiterados fallos sobre los elementos necesarios para la configuración del delito de Tráfico de Drogas, así como de la Posesión para el Consumo de Drogas. El artículo 18 de de la Ley sobre uso indebido y tráfico ilícito de drogas, establece lo siguiente: “el que trafique con drogas…será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de lempiras….”. El artículo 5 No. 34) de la ley especial antes citada, define como tráfico: “toda acto dirigido o emergente de entregar, suministrar, vender….sustancias controladas, previendo el numeral 33 del precepto relacionado que sustancia controlada es “toda sustancia peligrosa, fármaco, droga, estupefaciente, narcótico y psicotrópico, natural o sintético fiscalizada por el Estado...” Por su parte, el numeral 15 considera como drogas narcóticas, aquellas sustancias que producen sopor, relajación muscular y embotamiento de la sensibilidad, ya sea producida directa o indirectamente, extrayéndolas de sustancias de origen vegetal independientemente por medio de síntesis química o por una combinación de extracción y síntesis química, encontrándose entre estas las hojas de coca. El verbo traficar, según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, significa “comerciar, negociar con el dinero y las mercancías, trocando, comprando, vendiendo, o, con otros semejantes tratos”. La mercancía en este caso no es otra que las drogas tóxicas. El tráfico requiere necesariamente la presencia de al menos dos personas: por un lado, la que entrega la droga y, por otro, la que entrega a cambio de la misma algo. El que la entrega a cambio de algo siempre va a cometer el delito examinado con independencia de que el comprador de la droga vaya a destinarla al consumo personal y con independencia de que la cantidad vendida sea mínima[1]. En este sentido, uno de los problemas esenciales que en la práctica presenta el juzgamiento de los actos típicos de posesión ilícita de drogas se refiere a la prueba de la finalidad del tráfico o difusión de la misma. La determinación del destino al tráfico o consumo, exige la elaboración de un juicio de inferencia revisable en casación a partir de los datos objetivos acreditados en el juicio (cantidad, variedad y pureza de la droga incautada, condición de drogodependiente, consumidor ocasional o no consumidor del tenedor de la misma, circunstancia de la ocupación, tenencia de relevantes cantidades de dinero en metálico de procedencia no justificada, ocupación de útiles, instrumentos o materiales para el pesaje, distribución, “cortado”, adulteración o empaquetado de la droga, etc.), teniendo siempre en cuenta en primer lugar, que siendo la finalidad del tráfico un elemento del tipo debe quedar acreditado como cualquier otro, por lo que es a la acusación a quien incumbe acreditar el destino al tráfico y no a la defensa la tenencia para el consumo. Para estimar un delito de tráfico ilícito de drogas, no solo es requisito que la cantidad de droga prohibida incautada a un acusado sea mayor a la cantidad estimada para el consumo personal inmediato según estándares forenses internacionales, sino que es necesario disponer de prueba de cargo suficiente para establecer de forma inequívoca la puesta en peligro de la salud colectiva de la sociedad[2]. 4) En el caso examiné observa esta Sala de lo Penal, que el sentenciador al conformar la fundamentación fáctica de la sentencia, estableció que el día 9 de noviembre del 2010, la unidad de lucha contra el narcotráfico recibió una llamada en que se denunciaba a una señora en la colonia la Era de esta ciudad, porque estaba vendiendo droga, por lo que agentes de investigación montaron una vigilancia por 40 minutos donde observaron que la señora Rosa Ortiz Quiroz realizó dos transacciones con dos personas en momentos distintos, quienes en contra entrega de los paquetitos enteraban dinero en efectivo; luego de lo cual requirieron a la señora Rosa Ortiz Quiroz encontrándole 10 envoltorios plásticos contentivos de cocaína y 14 envoltorios de papel aluminio contentivos de crack. Para este Tribunal de Casación, de los hechos probados no es posible deducir todos los elementos necesarios del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, pues si bien los agentes montaron una vigilancia por 40 minutos y en los cuales se observa a la acusada realizando entrega de paquetes y contra entrega de dinero, los hechos probados no son claros en establecer que los paquetes que la acusada entregaba era efectivamente droga, pues los sucesos hacen omisión alguna ha si los agentes requirieron a los supuestos compradores y les encontraron la droga que la imputada aparentemente les había vendido. Para esta Sala de lo Penal los sucesos son inconclusos para configurar el delito de Tráfico de Drogas, pues si bien establecen que la acusada realizaba alguna transacción de supuesto comercio, no son enfáticos en señalar que lo vendido por la acusada era droga. Como lo ha afirmado este Sala, en el Recurso de Casación por Infracción de Ley el punto central de discusión son los hechos probados, pero no es menos cierto, que la Sentencia Penal debe verse como un todo armónico, pues cada uno de los elementos que la integran, conforman piezas que se concatenan y adecuan entre sí, en consecuencia es válida la apreciación de este Tribunal de Casación en el sentido de que resulta insuficiente la vigilancia montada por los agentes de investigación por 40 minutos y con sólo ese medio de prueba pretender acreditar un delito tan complejo y delicado como el de Tráfico Ilícito de Drogas. Aunado a eso al momento de ser requerida la acusada Rosa Ortiz Quiroz no le fue encontrado el supuesto dinero producto de la venta, lo cual resulta extraño, pues con ello se confirma que es ella la consumidora de drogas y fue ella quien comprara dicha droga para su consumo personal; por último y que resulta de mucha importancia, es la cantidad de droga decomisada, la cual según el dictamen de toxicología forense es compatible con el consumo personal inmediato, que si bien no es vinculante para la decisión final del caso, al unirlo con el resto de prueba se llega a la conclusión que la señora Rosa Ortiz Quiroz se encontraba en posesión de cierta cantidad de droga para su consumo personal, acción que también es ilegal y reprochable. Los hechos declarados probados, en opinión del Tribunal de Casación, se subsumen en el tipo penal de Posesión de Marihuana para el consumo personal, más allá de las discusiones doctrinarias alrededor de si el consumo es o no un tipo penal, resulta obvio para la sala que al sancionarse el consumo, además del internamiento con multa, no puede sino interpretarse a la luz del artículo 38 del Código Penal, que la multa es una pena principal con las características generales de la misma, debido a que priva o afecta bienes jurídicos del condenado en retribución a la contravención de este respecto de las reglas de conducta impuestas por el Estado para la convivencia armoniosa de sus ciudadanos; en cuanto a las medidas de seguridad “el criterio preferible y dominante en el Derecho Comparado, consiste en admitir solo medidas de seguridad post-delictuales. Estas medidas solo pueden imponerse cuando el sujeto ha demostrado su peligrosidad mediante la efectiva comisión de un delito previo. No se imponen como reacción frente al delito cometido, sino para evitar otros en el futuro”, en ese sentido, es correcto afirmar que, el legislador ha concebido el CONSUMO como un delito, sancionado con una multa y con una medida de seguridad. 5) Los hechos probados sin duda son elaborados a partir de la convicción formada por el juzgador luego de las conclusiones a que arriba después de la valoración de la prueba conforme a las reglas de la Sana Crítica, de ahí que esta Sala encuentra apropiados los hechos probados, no así la calificación jurídica dada a los mismos, las valoraciones probatorias no pueden más que llevar a concluir que la droga encontrada a la acusada no puede ser destinada para otra cosa más que para el consumo, en tanto que hay elementos probatorios que conducen a determinar que no es factible calificar los hechos como tráfico de drogas, así por ejemplo, no se encontró dinero alguno a la imputada que suponga venta de la marihuana, no se requirió a los supuestos compradores para confirmar que lo supuestamente vendido por la acusada se trataba de droga y por último que el dictamen toxicológico establece que la cantidad de droga encontrada es para el consumo personal inmediato. No es posible, dada la pluralidad de indicios que sugieren el consumo y descartan el tráfico, basar un fallo condenatorio por tráfico de drogas en las declaraciones de dos agente de policía que por un tiempo mínimo (40 minutos) montaron una vigilancia y observaron ciertas transacciones, pero que obviaron confirmar que lo entregado por la imputada era droga, por lo que resulta insuficiente la investigación policial, quien tuvo la posibilidad de requerir también a los supuestos compradores y además solicitar autorización judicial para revisar la vivienda donde residía la acusada y confirmar todos los puntos de sospechas. Por todas las razones expuestas resulta procedente declarar con lugar el recurso de casación por infracción ley interpuesto por la defensa y dictar un nuevo fallo ajustado a derecho. 6) Es importante establecer en términos de pena a imponer, que la acusada Rosa Ortiz Quiroz fue detenida el 09 de noviembre del 2010 según acta de lectura de derechos del detenido que corre agregada a folio 4 del expediente judicial; pero, en virtud de una revisión de medida fue dejada en libertad con medidas sustitutivas en fecha 14 de diciembre de ese mismo año, según acta de imposición de medida agregada a folio 34 de la foliada judicial. Posteriormente y una vez celebrada la audiencia de juicio oral y público (F175) el 22 de octubre del 2012, dichas medidas sustitutivas de la prisión fueron revocadas en virtud de la declaratoria de culpabilidad dictada por el Tribunal Sentenciador, pero en audiencia de revisión de medidas celebrada el 02 de noviembre de ese mismo año, fue dejada en libertad imponiéndole nuevamente medidas sustitutivas, las cuales goza a la fecha..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta días del mes de enero del dos mil diecisiete, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-54-2016 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha siete de Diciembre de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual: Condenó a la señora ROSA ORTIZ QUIROZ, como autora del delito de Tráfico de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, a la pena de Quince años de reclusión y una multa de un millón de lempiras (L 1,000.000.00), más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena principal. No procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Se declaró la Responsabilidad Civil de la señora Rosa Ortiz Quiroz. Interpuso el recurso de casación por infracción de ley, la Abogada Dinabel Lopez Durón en su condición de Defensora Pública de la imputada. Son Partes: La abogada Dinabel Lopez Durón, en su condición de Defensora Pública de la señora Rosa Ortiz Quiroz como recurrente y la abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS “UNICO: El día nueve de noviembre del año dos mil diez, a eso de las 2 de la tarde, la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, recibió una llamada telefónica en la que se denunció que en la colonia “La Era” de esta ciudad, frente a una pulpería de madera, se encontraba vendiendo droga una señora de tez trigueña, que vestía una blusa roja, un pantalón jean azul y sandalias. Acto seguido los Agentes de Investigación Denis Josué Navas y Josué Enmanuel Salgado Figueroa en compañía de los Agentes con número de placas 1243 y 1224, todos de la Unidad de Lucha contra el narcotráfico; montaron un operativo de vigilancia por el lapso de 40 minutos aproximadamente, en un callejón de la colonia “La Era” de esta ciudad, y frente a la pulpería de madera, observaron que la señora Rosa Ortíz Quiróz realizó dos transacciones con dos personas en momentos distintos, quienes en contra entrega de los paquetitos enteraban dinero en efectivo. Transcurridos los 40 minutos de vigilancia, requirieron a la señora Rosa Ortíz Quiróz, y portaba un monedero pequeño color rosado, azul y amarillo que contenía en su interior, 10 envoltorios plásticos de color negro, contentivos de clorhidrato de cocaína y 14 envoltorios de papel aluminio, contentivos de crack.” III. RECURSO DE CASACIÓN La recurrente abogada Dinabel Lopez Durón, actuando en su condición de Defensora Publica de la imputada, procedió a formalizar su recurso de casación por infracción de ley, de la siguiente manera: “MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO: La sentencia aplica en forma indebida el artículo 18 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. SEGUNDO MOTIVO: La sentencia ha incurrido en una falta de aplicación del artículo 26 inciso a de la Ley Sobre Uso indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN.- Los hechos probados son la base de una sentencia; de ellos se desprenden los acontecimientos que han sido considerados como probados por parte de los juzgadores. De ahí que en toda sentencia debe haber una correspondencia entre las descripciones fácticas establecidas en los hechos probados y la tipificación penal que finalmente es dictada en el fallo. EXPLICACIÓN DEL PRIMER VICIO. APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY SOBRE USO INDEBIDO Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS.- En el presente caso, el Tribunal ha establecido como hechos probados los que a continuación cito: “PRIMERO: El día nueve de Noviembre del año dos mil diez, a eso de las dos de la tarde, la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, recibió una llamada telefónica en la que se denunció que en la colonia “La Era” de esta ciudad, frente a una pulpería de madera, se encontraba vendiendo droga una señora de tez trigueña, que vestía una blusa roja, pantalón Jean azul y sandalias. Acto seguido los Agentes de Investigación Denis Josué Navas y Josué Emmanuel Salgado Figueroa en compañía de los Agentes con números de placas 1243 y 1224, todos de la unidad de Lucha contra el narcotráfico, montaron un operativo de vigilancia por el lapso de 40 minutos aproximadamente, en un callejón de la colonia La Era, de esta ciudad, y frente a una pulpería de madera, observaron que la señora ROSA ORTIZ QUIROZ realizó dos transacciones con dos personas en momentos distintos, quienes en contra entrega de los paquetitos enteraban dinero en efectivo. Transcurridos los 40 minutos de vigilancia, requirieron a la señora Rosa Ortíz Quiróz, y portaba un monedero pequeño color rosado, azul y amarillo que contenía en su interior, 10 envoltorios plásticos de color negro, contentivos de clorhidrato de cocaína y 14 envoltorios de papel aluminio contentivos de crack. No se colige de los hechos probados de la sentencia, cuáles han sido las circunstancias de comercialización que tipificaría dicha posesión como tráfico; la misma Ley de Uso indebido de Drogas y Sustancias Psicotrópicas en su artículo 5 cinco numeral 4 define, comercialización: Es toda transacción comercial ilegal, compra, venta, entrega, recepción, importación y exportación de estupefacientes y sustancias controladas. De los hechos probados se desprende que existió una contra entrega o compraventa, donde se intercambiaba droga por dinero, sin embargo en el fáctum no establece lo relativo al lucro que produjo esa actividad a mi representada.- Sumado a ello no se le encontró en posesión de ninguna cantidad de dinero, no se realizaron por parte de los cuatro agentes participantes en el operativo alguna diligencia o investigación tendiente a poner a la orden del proceso esa prueba, no se les acreditó a los Juzgadores de forma incuestionable cantidades de dinero fruto de transacciones ilegales, no ha logrado el Ministerio Público demostrar que ese dinero realmente existió. En este sentido Honorables Magistrados ya se han pronunciado ampliamente en la sentencia CP446-2011 en donde muy certeramente analizan: Que La Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, desarrolla el artículo 5 conceptos legales para efectos de la aplicación de la ley, los que entre otros en su numeral 34 está el Tráfico Ilícito de Drogas, el cual debe de entenderse como “Todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título, de sustancias controladas, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente Ley o de otras normas jurídicas”. El Tráfico de Droga es un acto dirigido al comercio de la droga, que supone la realización de actos previos o simultáneos para ese fin y que son recogidos por el concepto legal citado. No debe de entenderse Tráfico de Drogas las acciones aisladas e independientes que reproduzcan cada uno de los verbos descriptores (no rectores) del artículo 5.34 mencionado, dado que entraríamos en confrontación con los demás tipos penales que contiene la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, quitándoles su eficacia, al grado que todo acto en donde se vea involucrada drogas o sustancias controladas tendría que ser calificado como tráfico ilícito de drogas y no tendría sentido de la existencia de los otros tipos penales contenidos en la Ley, todo por un grave error de interpretación legal y ciertamente ésta no es la intención del legislador. En la sentencia objeto de recurso no se encuentra en los hechos declarados como probados por parte del Sentenciador ninguna de estas circunstancias exigidas por la ley sustantiva, por lo que considera esta Defensa que los juzgadores han incurrido en un error al pretender condenar a mi representado por un delito tan gravoso como lo es el Tráfico de Drogas, cuando de los hechos probados no existen elementos subjetivos que puedan subsumir una acción de actos de comercialización por parte de mi representada, puesto que no se le encontró ninguna evidencia o decomiso de dinero que acreditara alguna transacción comercial de droga. INTERPRETACIÓN PRETENDIDA Con el presente motivo de casación pretendo que, al no existir una correcta aplicación de la norma especial sustantiva en relación a lo declarado como hecho probado, se someta a control de logicidad de la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de que declare CON LUGAR el primer motivo de casación anteriormente expuesto, declarando la aplicación indebida del artículo 18 de La Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. De acuerdo a nuestra jurisprudencia para que un recurso de casación por infracción de ley prospere “es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no pueda orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir, que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la “quaestio facti” debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o “quaestio iuris”. En el presente caso, los hechos considerados como probados no se subsumen en el delito por el cual mi representada ha sido injustamente condenada. Por lo anterior, los juzgadores han incurrido en una falta de aplicación del artículo 26 inciso a, de La Ley de Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. Continúa manifestando la recurrente en su segundo motivo de casación: “EXPLICACIÓN DEL SEGUNDO VICIO. FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 26 INCISO A, DE LA LEY DE USO INDEBIDO Y TRÁFICO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS. Los hechos probados fueron calificados por el Juzgador como constitutivos del Tráfico de Drogas, según el artículo 18 de la ley en referencia. Al analizar los hechos declarados probados en el fallo impugnado, a la luz de las exigencias antes señaladas y con absoluto respeto al principio de legalidad, fácilmente puede apreciarse que en el referido cuadro fáctico no concurre ninguno de los elementos o circunstancias que configuran un tráfico de drogas, o un acto de comercio, pues en él no se le atribuye que a mi representada se le haya encontrado dinero fruto de actividades comerciales lo que constituiría una verdad incuestionable que acreditaría una transacción. La Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas en su artículo 26 inciso a, refiere: La persona que sea sorprendida en posesión de cigarrillos de marihuana o se equivalente en hoja seca o básica o de cualquier otra droga que produzca dependencia, en una cantidad mínima, tal que, de acuerdo con el dictamen del Departamento Médico legal, del Poder Judicial o de un médico empleado por el Estado, a falta de aquel sea considerado para su consumo de seguridad: a) Por la primera vez, internamiento hasta por 30 días y multa de quinientos a un mil lempiras. En el caso de mérito se evacuó el medio de prueba denominado pericia toxicológica la cual concluye: La pericia consistió en el análisis químico da 14 envoltorios de papel aluminio, peso neto total de 0.78 gramos, y a 10 bolsas plásticas color negro, peso neto total de 1.88 gramos. En cuanto a los 14 sobres de papel aluminio la sustancia contenido en los mismos, resulto ser cocaína/crack, peso compatible para el consumo personal inmediato. En lo que respecta a las 10 bolsas plásticas color negro, resultó que la sustancia contenida era cocaína/clorhidrato, pero que compatible para el consumo personal inmediato, dicha conducta es regulada en el artículo 26 inciso a, de la ley especial como una posesión para consumo. Esto ya había sido advertido por la Sala de lo Penal, cuando en la Sentencia de fecha 16 de diciembre del 2005, en el Expediente 2473-2004 se expuso: “...Si bien es cierto, el artículo 5 numeral 34 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas define el Tráfico Ilícito, no menos cierto es, que esta definición no resulta útil para la tipificación del delito, ya que además de que en la misma se han incluido, todos los verbos rectores de los diferentes delitos establecidos en la Ley Especial, el Código Penal mediante el artículo 2-A numeral 1, obliga a la aplicación del precepto especial con preferencia al precepto general. Esto implica la obligación legal de aplicar la norma dentro de la Ley Especial, que sea más a fin con el hecho finalmente probado. La narración de este hecho deberá contener no sólo los elementos objetivos de tipo, en este caso la posesión, sino también deberán notarse en el actos que indiquen el elemento subjetivo del tipo, constituido por el propósito de dicha posesión, que en general se ven reflejados en los actos ofertorios o medios inmediatos y vinculantes a los que nos hemos referido. Ante la ausencia advertida de tales actos en los hechos probados, únicamente queda la posesión. INTERPRETACIÓN PRETENDIDA Con este segundo motivo de casación pretendo que, al existir una falta de aplicación de la norma especial sustantiva en relación a lo declarado como hecho probado, se someta a control de logicidad de la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de que declare CON LUGAR el recurso de mérito, dictando una sentencia condenatoria para la señora ROSA ORTIZ QUIROZ por el delito de POSESION PARA EL CONSUMO, conforme al artículo 26 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Esta Sala de lo Penal observa que la recurrente ha interpuesto dos motivos de casación por infracción de ley, los cuales están íntimamente relacionados pues refieren a la subsunción que de la ley sustantiva haya realizado el Juzgador al momento de emitir la fundamentación fáctica de la sentencia, en ese sentido es procedente resolver ambos motivos de casación es un mismo apartado. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Primer y segundo motivo. 1) En su primer motivo de casación la recurrente denunció la aplicación indebida del artículo 18 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Substancias Psicotrópicas, en su segundo motivo de casación reclama la falta de aplicación del artículo 26 inciso “a” de la ley especial de drogas, consignando en ambos motivos como norma autorizante el artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicó la censora que de los hechos declarados probados por el Juzgador no es posible colegir los elementos objetivos y subjetivos del delito de Tráfico de Drogas, pues no aparece claramente el elemento de la comercialización, ya que no se le encontró en posesión de dinero producto de la supuesta venta; pero que, del relato fáctico si es posible deducir que a la imputada se le encontró en posesión de droga, la cual según el dictamen toxicológico no excede la cantidad mínima para el consumo personal inmediato. 2) Consideramos importante recordar, que el recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del código procesal penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del código procesal penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho y la conclusión por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. 3) Para dar respuesta los argumentos de la recurrente, consideramos necesario explicar de forma jurisprudencial, lo que la Sala de lo Penal ha establecido en reiterados fallos sobre los elementos necesarios para la configuración del delito de Tráfico de Drogas, así como de la Posesión para el Consumo de Drogas. El artículo 18 de de la Ley sobre uso indebido y tráfico ilícito de drogas, establece lo siguiente: “el que trafique con drogas…será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de lempiras….”. El artículo 5 No. 34) de la ley especial antes citada, define como tráfico: “toda acto dirigido o emergente de entregar, suministrar, vender….sustancias controladas, previendo el numeral 33 del precepto relacionado que sustancia controlada es “toda sustancia peligrosa, fármaco, droga, estupefaciente, narcótico y psicotrópico, natural o sintético fiscalizada por el Estado...” Por su parte, el numeral 15 considera como drogas narcóticas, aquellas sustancias que producen sopor, relajación muscular y embotamiento de la sensibilidad, ya sea producida directa o indirectamente, extrayéndolas de sustancias de origen vegetal independientemente por medio de síntesis química o por una combinación de extracción y síntesis química, encontrándose entre estas las hojas de coca. El verbo traficar, según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, significa “comerciar, negociar con el dinero y las mercancías, trocando, comprando, vendiendo, o, con otros semejantes tratos”. La mercancía en este caso no es otra que las drogas tóxicas. El tráfico requiere necesariamente la presencia de al menos dos personas: por un lado, la que entrega la droga y, por otro, la que entrega a cambio de la misma algo. El que la entrega a cambio de algo siempre va a cometer el delito examinado con independencia de que el comprador de la droga vaya a destinarla al consumo personal y con independencia de que la cantidad vendida sea mínima[1]. En este sentido, uno de los problemas esenciales que en la práctica presenta el juzgamiento de los actos típicos de posesión ilícita de drogas se refiere a la prueba de la finalidad del tráfico o difusión de la misma. La determinación del destino al tráfico o consumo, exige la elaboración de un juicio de inferencia revisable en casación a partir de los datos objetivos acreditados en el juicio (cantidad, variedad y pureza de la droga incautada, condición de drogodependiente, consumidor ocasional o no consumidor del tenedor de la misma, circunstancia de la ocupación, tenencia de relevantes cantidades de dinero en metálico de procedencia no justificada, ocupación de útiles, instrumentos o materiales para el pesaje, distribución, “cortado”, adulteración o empaquetado de la droga, etc.), teniendo siempre en cuenta en primer lugar, que siendo la finalidad del tráfico un elemento del tipo debe quedar acreditado como cualquier otro, por lo que es a la acusación a quien incumbe acreditar el destino al tráfico y no a la defensa la tenencia para el consumo. Para estimar un delito de tráfico ilícito de drogas, no solo es requisito que la cantidad de droga prohibida incautada a un acusado sea mayor a la cantidad estimada para el consumo personal inmediato según estándares forenses internacionales, sino que es necesario disponer de prueba de cargo suficiente para establecer de forma inequívoca la puesta en peligro de la salud colectiva de la sociedad[2]. 4) En el caso examiné observa esta Sala de lo Penal, que el sentenciador al conformar la fundamentación fáctica de la sentencia, estableció que el día 9 de noviembre del 2010, la unidad de lucha contra el narcotráfico recibió una llamada en que se denunciaba a una señora en la colonia la Era de esta ciudad, porque estaba vendiendo droga, por lo que agentes de investigación montaron una vigilancia por 40 minutos donde observaron que la señora Rosa Ortiz Quiroz realizó dos transacciones con dos personas en momentos distintos, quienes en contra entrega de los paquetitos enteraban dinero en efectivo; luego de lo cual requirieron a la señora Rosa Ortiz Quiroz encontrándole 10 envoltorios plásticos contentivos de cocaína y 14 envoltorios de papel aluminio contentivos de crack. Para este Tribunal de Casación, de los hechos probados no es posible deducir todos los elementos necesarios del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, pues si bien los agentes montaron una vigilancia por 40 minutos y en los cuales se observa a la acusada realizando entrega de paquetes y contra entrega de dinero, los hechos probados no son claros en establecer que los paquetes que la acusada entregaba era efectivamente droga, pues los sucesos hacen omisión alguna ha si los agentes requirieron a los supuestos compradores y les encontraron la droga que la imputada aparentemente les había vendido. Para esta Sala de lo Penal los sucesos son inconclusos para configurar el delito de Tráfico de Drogas, pues si bien establecen que la acusada realizaba alguna transacción de supuesto comercio, no son enfáticos en señalar que lo vendido por la acusada era droga. Como lo ha afirmado este Sala, en el Recurso de Casación por Infracción de Ley el punto central de discusión son los hechos probados, pero no es menos cierto, que la Sentencia Penal debe verse como un todo armónico, pues cada uno de los elementos que la integran, conforman piezas que se concatenan y adecuan entre sí, en consecuencia es válida la apreciación de este Tribunal de Casación en el sentido de que resulta insuficiente la vigilancia montada por los agentes de investigación por 40 minutos y con sólo ese medio de prueba pretender acreditar un delito tan complejo y delicado como el de Tráfico Ilícito de Drogas. Aunado a eso al momento de ser requerida la acusada Rosa Ortiz Quiroz no le fue encontrado el supuesto dinero producto de la venta, lo cual resulta extraño, pues con ello se confirma que es ella la consumidora de drogas y fue ella quien comprara dicha droga para su consumo personal; por último y que resulta de mucha importancia, es la cantidad de droga decomisada, la cual según el dictamen de toxicología forense es compatible con el consumo personal inmediato, que si bien no es vinculante para la decisión final del caso, al unirlo con el resto de prueba se llega a la conclusión que la señora Rosa Ortiz Quiroz se encontraba en posesión de cierta cantidad de droga para su consumo personal, acción que también es ilegal y reprochable. Los hechos declarados probados, en opinión del Tribunal de Casación, se subsumen en el tipo penal de Posesión de Marihuana para el consumo personal, más allá de las discusiones doctrinarias alrededor de si el consumo es o no un tipo penal, resulta obvio para la sala que al sancionarse el consumo, además del internamiento con multa, no puede sino interpretarse a la luz del artículo 38 del Código Penal, que la multa es una pena principal con las características generales de la misma, debido a que priva o afecta bienes jurídicos del condenado en retribución a la contravención de este respecto de las reglas de conducta impuestas por el Estado para la convivencia armoniosa de sus ciudadanos; en cuanto a las medidas de seguridad “el criterio preferible y dominante en el Derecho Comparado, consiste en admitir solo medidas de seguridad post-delictuales. Estas medidas solo pueden imponerse cuando el sujeto ha demostrado su peligrosidad mediante la efectiva comisión de un delito previo. No se imponen como reacción frente al delito cometido, sino para evitar otros en el futuro”, en ese sentido, es correcto afirmar que, el legislador ha concebido el CONSUMO como un delito, sancionado con una multa y con una medida de seguridad. 5) Los hechos probados sin duda son elaborados a partir de la convicción formada por el juzgador luego de las conclusiones a que arriba después de la valoración de la prueba conforme a las reglas de la Sana Crítica, de ahí que esta Sala encuentra apropiados los hechos probados, no así la calificación jurídica dada a los mismos, las valoraciones probatorias no pueden más que llevar a concluir que la droga encontrada a la acusada no puede ser destinada para otra cosa más que para el consumo, en tanto que hay elementos probatorios que conducen a determinar que no es factible calificar los hechos como tráfico de drogas, así por ejemplo, no se encontró dinero alguno a la imputada que suponga venta de la marihuana, no se requirió a los supuestos compradores para confirmar que lo supuestamente vendido por la acusada se trataba de droga y por último que el dictamen toxicológico establece que la cantidad de droga encontrada es para el consumo personal inmediato. No es posible, dada la pluralidad de indicios que sugieren el consumo y descartan el tráfico, basar un fallo condenatorio por tráfico de drogas en las declaraciones de dos agente de policía que por un tiempo mínimo (40 minutos) montaron una vigilancia y observaron ciertas transacciones, pero que obviaron confirmar que lo entregado por la imputada era droga, por lo que resulta insuficiente la investigación policial, quien tuvo la posibilidad de requerir también a los supuestos compradores y además solicitar autorización judicial para revisar la vivienda donde residía la acusada y confirmar todos los puntos de sospechas. Por todas las razones expuestas resulta procedente declarar con lugar el recurso de casación por infracción ley interpuesto por la defensa y dictar un nuevo fallo ajustado a derecho. 6) Es importante establecer en términos de pena a imponer, que la acusada Rosa Ortiz Quiroz fue detenida el 09 de noviembre del 2010 según acta de lectura de derechos del detenido que corre agregada a folio 4 del expediente judicial; pero, en virtud de una revisión de medida fue dejada en libertad con medidas sustitutivas en fecha 14 de diciembre de ese mismo año, según acta de imposición de medida agregada a folio 34 de la foliada judicial. Posteriormente y una vez celebrada la audiencia de juicio oral y público (F175) el 22 de octubre del 2012, dichas medidas sustitutivas de la prisión fueron revocadas en virtud de la declaratoria de culpabilidad dictada por el Tribunal Sentenciador, pero en audiencia de revisión de medidas celebrada el 02 de noviembre de ese mismo año, fue dejada en libertad imponiéndole nuevamente medidas sustitutivas, las cuales goza a la fecha. V. DECISIÓN Ante los argumentos vertidos corresponde declarar con lugar ambos motivos de casación por infracción de ley. VI. RESOLUCION: POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360 y 369 del Código Procesal Penal; 22, 26 letra a) de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. FALLA: Primero: Declarando con lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos, interpuesto por la abogada Dinabel Lopez Duron en su condición de Defensora Pública. Segundo: Casa la Sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, en fecha siete de diciembre de dos mil catorce, en el sentido siguiente: I.- Absolver a la señora ROSA ORTIZ QUIROZ, del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, en consecuencia ordena su libertad inmediata y que se le otorgue la carta de libertad correspondiente. II.- Declarar a la señora ROSA ORTIZ QUIROZ, responsable penalmente como autora del delito de Posesión de Drogas para el Consumo Personal Inmediato, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, y se le condena a una pena de Treinta (30) días de internamiento y una Multa de Quinientos (L500.00) Lempiras. Habiendo permanecido la imputada en prisión preventiva más del tiempo de la condena y compensado la multa por tiempo privado de libertad se ordena su inmediata libertad. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado Coordinador.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha treinta de enero del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-54-2016.
JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
[1] Vid Sentencia de Casación Penal SP 55-2009 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 11 de agosto del 2011
[2] Vid Sentencia de Casación Penal SP 239-2009 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 10 de mayo del 2012.