Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-522-16 — Registro 9679

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación presentado por el Defensor Privado del imputado contra la sentencia de primera instancia que lo condena por el delito de extorsión

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."La misión de la Sala de lo Penal, en cuanto a la salvaguarda de los derechos individuales de “estado de inocencia y debido proceso”, no es la de valorar nuevamente la prueba practicada, o de revisar críticamente la valoración efectuada por el A quo, sino que lo que corresponde es comprobar y verificar si en la audiencia de juicio en la que se aprecio la prueba, se dispuso en la misma del mínimo de actividad probatoria, llevada a cabo con las debidas garantías constitucionales y procesales, pues una vez acreditada tal probanza, la valoración es de exclusiva competencia del juzgado de instancia. 2.- El estado de inocencia reconocido en la Constitución de la República en su artículo 89, no permite que se trate como culpable a una persona que se le imputa un delito cualquiera que sea el grado de apariencia de la acusación, hasta tanto el Estado a través de los órganos jurisdiccionales no pronuncie sentencia penal firme que declare la culpabilidad del acusado, lo cual se vincula con el “juicio previo” que precisamente para declarar culpabilidad exige el artículo 94 constitucional, por ello se afirma que, juicio previo y estado de inocencia son dos caras de una misma moneda, destacándose como garantías básicas del proceso penal. A partir de ellas se estructura la protección jurídico-política, frente al poder punitivo del Estado. La construcción de culpabilidad exige precisión que implica certeza, pues caso contrario se preserva la no culpabilidad del acusado y con ello su estado de inocencia, al convencimiento de que un acusado es culpable se puede llegar, no sólo por la inexistencia de dudas, sino también por su superación, pero ciertamente la superación de las posibles dudas, no obedece a la pura voluntad subjetiva del Juez, sino que debe surgir con el razonamiento coherente que sólo se logra con la consideración racional de las pruebas que acreditan la culpabilidad del acusado y con ello la disipación de las posibles dudas si las hubiese. 3.- En el caso examiné, el Juez sentenciador deduce de forma errónea, que porque los testigos Protegidos H42A, H42C y H. W. M. M. (Folios No.1670v y 1672v- Tomo VI) manifestaron que el imputado D. G. R. M. (contratista de “Tigo Millicon Cable”) a petición de la empresa, era el enlace entre “Tigo Millicon Cable” y los mareros (Mara 18), ha efecto de hacer los pagos en concepto del denominado “pago del impuesto de guerra”, siendo así, durante varios meses, y es en fecha 19 de febrero del 2014, que el procesado llegó a las instalaciones de dicha empresa a recoger el dinero, siendo entregado por un empleado de seguridad previa consulta con el Jefe de Seguridad habiendo sido siendo autorizado, procediendo el procesado a salir de las instalaciones llevando consigo el sobre con el dinero, luego se estacionó en un starmart, siendo en ese momento detenido por autoridades policiales, quienes realizaron el decomiso del dinero (LPS. 15,000.00), mismo que momentos antes había sido seriado por la autoridad correspondiente (prueba documental consistente en Acta de sereo de billetes -Folio No. 45- Tomo I ). Como se aprecia el Juez A quo no concluye de forma razonable, ya que funda la responsabilidad del encausado, en dos declaraciones de testigos protegidos, en la declaración de un agente policial y prueba documental, pero con dichos medios de prueba no se logró establecer la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de extorsión, como ser conminar la entrega de determinada cantidad de dinero bajo amenaza y el animo del procesado de querer el resultado y procurarse un beneficio patrimonial al que no tenia derecho. No siendo suficientes las declaraciones de los testigos para determinar su culpabilidad y condena. La conclusión de responsabilidad debió haberse fundado en prueba que estableciera la participación de forma directa o indiciaria del procesado en el hecho objeto del proceso, por tal razón en la audiencia de juicio no se dispuso del mínimo de prueba legalmente evacuada, que sirviese para fundar una declaración de responsabilidad del enjuiciado, y como ya se dijo dicha prueba no es suficiente para vulnerar su estado de inocencia. Es por lo anterior que esta Sala de lo Penal, considera que en el fallo recurrido se ha violado el derecho individual del “estado de inocencia”, consagrado en la Constitución de La República, al no estar probada el delito imputado al señor D. G. R. M., por existir un evidente vacío probatorio que imposibilita sustentar una declaración de culpabilidad; llevando razón el recurrente al plantear que con la pruebas presentadas en juicio se condenó a su representado en una clara violación a la Presunción de Inocencia, por una insuficiente actividad probatoria..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, A LOS VEINTINUEVE (29) DÍAS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017).- El pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero Vásquez, en su calidad de Coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez ha pronunciado: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-522-2016 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiuno de abril del dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual fallo: Primero: Condenando al señor D. G. R. M., del delito de Extorsión, en perjuicio del Testigo protegido con Clave H-42, a la pena de quince años de reclusión más una multa de doscientos cincuenta y cinco mil, setecientos veintitrés lempiras; Segundo: Condenando al señor D. G. R. M., a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal; T.: Declarando la responsabilidad civil del señor D. G. R. M.; Cuarto: No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio; Quinto: No procediendo ordenar el comiso, en consecuencia se ordena la devolución de los quince mil lempiras, a quien acredite ser su legítimo dueño, así como la devolución definitiva del vehículo marca Mitsubishi, modelo L200, tipo pick-up, color rojo, motor 4D56UCEM2296, chasis MMBJNKB40ED009047, año 2014, cilindraje 2477, cuyo propietario es Auto Excel S.A., de C.V., asimismo se ordena la devolución de los teléfonos celulares siguientes: a) Marca Samsung (dúos) color negro, modelo Gt-190821, imei XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX CON CHIP DE Claro y de Tigo, con memoria extraíble, batería y su respectivo cobertor de color negro, y b) marca Eyo, color negro, modelo E207-B, con los números de imeis, 1) XXXXXXXXXX y, 2) XXXXXXXXX. SON PARTES: El abogado E. A. T. F., en su condición de Defensor Privado del señor D. G. R. M., como parte recurrente y el abogado S.C. A., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II.HECHO PROBADO “ÚNICO.- Que el día diecinueve (19) del mes de febrero del año dos mil catorce (2014) a eso de las cinco de la tarde, el señor D. G. R. M., retiró un sobre que en su interior contenía la cantidad de quince mil (Lps. 15,000.00) lempiras exactos de las instalaciones de la empresa TIGO (MILLICON CABLE HONDURAS), ubicadas en la colonia Bogran de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en concepto de impuesto de guerra que dicha empresa realizaba como consecuencia de las amenazas de ocasionarle daño a sus empleados o a sus instalaciones físicas”. III. RECURSO DE CASACIÓN “Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, de la manera siguiente: I.- MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO UNICO: Infracción de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. CONCEPTO DE INFRACCIÓN: La infracción de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, se configura al condenar el Tribunal de Sentencia al imputado por el delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE H42, quebrantando el estado de inocencia, existiendo duda razonable sobre la configuración del dolo en la participación del imputado. Explicamos el vicio de la siguiente forma: PRIMERO: A lo largo del apartado” VALORACION DE LA PRUEBA”, el tribunal Sentenciador estimo que no fue hecho controvertido, el hecho que el imputado sirvió de enlace entre la pandilla 18 y la empresa, función que le fue encomendada por la propia empresa (numerales PRIMERO párrafo segundo, QUINTO párrafo segundo. SÉPTIMO: Párrafos primero y segundo, OCTAVO párrafo sexto y NOVENO párrafo primero y segundo). Sorpresivamente, el hecho que no fue controvertido y que otorga un sentido distinto al hecho probado, no conformó el cuadro factico de la sentencia. SEGUNDO: Por otra parte, No existió prueba indubitada respecto al efectivo conocimiento por parte del imputado, sobre la revocación de la función de enlace por parte de la empresa. En este sentido, en primer término, no fue objeto de controversia que fue la propia empresa la que situó al imputado en la posición de enlace. . Es decir, es TIGO (MILLICON CABLE HONDURAS), la que encarga al imputado, ser el intermediario entre la pandilla que efectivamente mando las notas extorsivas, y la empresa. En segundo término, no se acredito la efectiva recepción de la contraorden del imputado, lo que presupone la vigencia del vínculo del imputado con la pandilla, bajo la premisa que es la propia empresa quien lo sitúa en tal posición, lo que a todas luces lo aparte de cualquier acto constitutivo de delito. T.: La prueba practicada resulta insuficiente, para acreditar la participación del imputado en el delito, ya que, este solía recibir órdenes de la propia empresa para realizar los pagos. Respecto a este hecho, las declaraciones de los testigos respecto a la recepción del mensaje de revocación, constituye, de forma aislada, prueba indiciaría. En relación, la jurista M. F. T. A. expresa: «Solo cabra constatar la vulneración del derecho la presunción de inocencia cuando haya pruebas de cargo validas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carentes de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o finalmente, cuando por ilógico e insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado... A falta de prueba directa, la prueba de cargo puede ser indiciada, siempre que se cumplan los siguientes requisitos, que permiten distinguirla de las simples sospechas. Que carta de hechos plenamente probados y que los hechos constitutivos de delitos se deduzcan de esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, explicitado en la sentencia condenatoria”. CUARTO: En el caso subjudice, el razonamiento del Sentenciador resulta ilógico e insuficiente, ya que con las pruebas presentadas en juicio se condena al señor D. G. R. M. en una clara violación a la presunción de inocencia y al debido proceso, por una insuficiente actividad probatoria. En la Sentencia recurrida, los juzgadores no cumplen con los requisitos de prueba indiciaria, ya que la declaración de los testigos, constituye el único medio probatorio que acredita el conocimiento efectivo del imputado, respecto a la Revocación de la función encomendada, y por tanto, no parte de hechos planamente probados, por cuanto sus dichos no son corroborados por otras pruebas, además de que el razonamiento hecho por el Sentenciador, fue en una clara violación a las reglas del correcto entendimiento humano, por lo que se llega a la conclusión, que al imputado se le violentó su derecho constitucional de presunción de inocencia y por ende del debido proceso, al condenársele con una escasa actividad probatoria. Por lo anterior, resulta procedente que la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, declare Con lugar el presente motivo Absolviendo de toda responsabilidad al señor D. G. R. M.”. IV. FUNDAMENTACIÓN JURIDICA 1.- La misión de la Sala de lo Penal, en cuanto a la salvaguarda de los derechos individuales de “estado de inocencia y debido proceso”, no es la de valorar nuevamente la prueba practicada, o de revisar críticamente la valoración efectuada por el A quo, sino que lo que corresponde es comprobar y verificar si en la audiencia de juicio en la que se aprecio la prueba, se dispuso en la misma del mínimo de actividad probatoria, llevada a cabo con las debidas garantías constitucionales y procesales, pues una vez acreditada tal probanza, la valoración es de exclusiva competencia del juzgado de instancia. 2.- El estado de inocencia reconocido en la Constitución de la República en su artículo 89, no permite que se trate como culpable a una persona que se le imputa un delito cualquiera que sea el grado de apariencia de la acusación, hasta tanto el Estado a través de los órganos jurisdiccionales no pronuncie sentencia penal firme que declare la culpabilidad del acusado, lo cual se vincula con el “juicio previo” que precisamente para declarar culpabilidad exige el artículo 94 constitucional, por ello se afirma que, juicio previo y estado de inocencia son dos caras de una misma moneda, destacándose como garantías básicas del proceso penal. A partir de ellas se estructura la protección jurídico-política, frente al poder punitivo del Estado. La construcción de culpabilidad exige precisión que implica certeza, pues caso contrario se preserva la no culpabilidad del acusado y con ello su estado de inocencia, al convencimiento de que un acusado es culpable se puede llegar, no sólo por la inexistencia de dudas, sino también por su superación, pero ciertamente la superación de las posibles dudas, no obedece a la pura voluntad subjetiva del Juez, sino que debe surgir con el razonamiento coherente que sólo se logra con la consideración racional de las pruebas que acreditan la culpabilidad del acusado y con ello la disipación de las posibles dudas si las hubiese. 3.- En el caso examiné, el Juez sentenciador deduce de forma errónea, que porque los testigos Protegidos H42A, H42C y H. W. M. M. (Folios No.1670v y 1672v- Tomo VI) manifestaron que el imputado D. G. R. M. (contratista de “Tigo Millicon Cable”) a petición de la empresa, era el enlace entre “Tigo Millicon Cable” y los mareros (Mara 18), ha efecto de hacer los pagos en concepto del denominado “pago del impuesto de guerra”, siendo así, durante varios meses, y es en fecha 19 de febrero del 2014, que el procesado llegó a las instalaciones de dicha empresa a recoger el dinero, siendo entregado por un empleado de seguridad previa consulta con el Jefe de Seguridad habiendo sido siendo autorizado, procediendo el procesado a salir de las instalaciones llevando consigo el sobre con el dinero, luego se estacionó en un starmart, siendo en ese momento detenido por autoridades policiales, quienes realizaron el decomiso del dinero (LPS. 15,000.00), mismo que momentos antes había sido seriado por la autoridad correspondiente (prueba documental consistente en Acta de sereo de billetes -Folio No. 45- Tomo I ). Como se aprecia el Juez A quo no concluye de forma razonable, ya que funda la responsabilidad del encausado, en dos declaraciones de testigos protegidos, en la declaración de un agente policial y prueba documental, pero con dichos medios de prueba no se logró establecer la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de extorsión, como ser conminar la entrega de determinada cantidad de dinero bajo amenaza y el animo del procesado de querer el resultado y procurarse un beneficio patrimonial al que no tenia derecho. No siendo suficientes las declaraciones de los testigos para determinar su culpabilidad y condena. La conclusión de responsabilidad debió haberse fundado en prueba que estableciera la participación de forma directa o indiciaria del procesado en el hecho objeto del proceso, por tal razón en la audiencia de juicio no se dispuso del mínimo de prueba legalmente evacuada, que sirviese para fundar una declaración de responsabilidad del enjuiciado, y como ya se dijo dicha prueba no es suficiente para vulnerar su estado de inocencia. Es por lo anterior que esta Sala de lo Penal, considera que en el fallo recurrido se ha violado el derecho individual del “estado de inocencia”, consagrado en la Constitución de La República, al no estar probada el delito imputado al señor D. G. R. M., por existir un evidente vacío probatorio que imposibilita sustentar una declaración de culpabilidad; llevando razón el recurrente al plantear que con la pruebas presentadas en juicio se condenó a su representado en una clara violación a la Presunción de Inocencia, por una insuficiente actividad probatoria. V. DECISIÓN El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por Defensor Privado del señor D. G. R. M. debe ser estimado. VI. RESOLUCIÓN POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del ESTADO DE HONDURAS, por UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 361 del Código Procesal Penal. FALLA: FALLA: Declarar CON LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, presentado por el Defensor Privado del señor D. G. R. M.. En consecuencia, CASA LA SENTENCIA de la siguiente manera: PRIMERO: ABSOLVIENDO, de toda responsabilidad penal al Señor D. G. R. M.. Como autor responsable de un delito consumado de Extorsión en perjuicio de Testigo protegido con Clave “H-42”. SEGUNDO: SE REVOCAN las medidas cautelares impuestas al acusado D. G. R. M., con ocasión del presente proceso criminal. -Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes.-NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado Coordinador.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha veintinueve de marzo del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-522-2016.

JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

1