Sentencia CP-502-16 — Registro 17396
Resumen
En primer instancia se condena a los imputados por los delitos de robo agravado y Extorsión en su Grado de Ejecución de Tentativa, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Al analizar la presente impugnación, este Tribunal de Casación observa que el recurrente incurrió en inadecuada técnica recursiva al inobservar el artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal que establece: “…y tratándose de la casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad para subsanarlos…” Si bien el recurrente menciona como regla violentada la Lógica en su Principio de Derivación, no fue capaz de señalar cuáles fueron los razonamientos del Sentenciador que se conformaron vulnerando las reglas del recto entendimiento humano, sino que realizó argumentos de instancia y cuestionó los hechos probados, aduciendo que los mismo no se conformaron en base a las pruebas evacuadas, pero obvió plasmar esos razonamientos equívocos del Sentenciador. Lo que erróneamente realizó el censor es su propia valoración subjetiva de cómo el Sentenciador debió razonar la prueba, ejercicio mental que no es permitido en esta etapa casacional, debido al principio de inmediación con el que cuentan los Juzgadores y que se carece en esta etapa casacional, por tanto está vedado que se realice una revaloración de la prueba, objetivo que persigue el reclamante al externar sus propios juicios de valor sobre la prueba. 4) Ahora bien en aras del control del convencionalidad que debe observar todo Tribunal de la República y que manda la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de la inadecuada técnica recursiva del impetrante, esta Sala de lo Penal ha procedido a analizar los juicios de valor esgrimidos por el Sentenciador sobre las pruebas evacuadas en el debate, y observa que sus razonamientos y conjeturas son el producto de la aplicación correcta de las reglas del recto entendimiento humano, derivando sus conclusiones del resultado obtenido del legajo probatorio y realizando una valoración conjunta y armónica de toda la prueba. Es tal su aplicación de las Reglas de la Sana Crítica, que en su fundamentación probatorio externó las razones de hecho y de derecho por las cuales consideró que el accionar de los acusados Héctor Josué Ponce Martínez y Marnold Ali Ferrufino Lopez, los vuelve responsables a título de autores del delito de Robo agravado y Extorsión en grado de Ejecución de Tentativa. Si bien el recurrente plantea que en la declaración rendida como prueba anticipada del ofendido Marco Tulio Soto Arteaga, nunca reconoció a los imputados como las personas que habían ingresado a su casa y le habían extorsionado, no es menos cierto que existe actas de registro personal con las que se acredita que le fueron encontrados a los acusados el permiso de portar arma del ofendido y un teléfono celular propiedad de la esposa del señor Marco Tulio Soto Arteaga; tanto el documento como el aparato celular se encontraba en la casa del ofendido y fueron sustraídos por los imputados. Además no debemos olvidar que los imputados Héctor Josué Ponce Martínez y Marnold Ali Ferrufino Lopez fueron capturados prácticamente infraganti, cuando procedían a recibir el dinero que el ofendido les había prometido producto de la extorsión y que al darse cuenta de la presencia de agentes de la DGIC (Compañeros agentes a quienes conocían) huyeron del lugar, pero fueron igualmente capturados. En ese sentido considera este alto Tribunal, que las pruebas fueron razonadas de manera correcta, externando sus conclusiones en base a las reglas de la Sana Crítica, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de Coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el Recurso de Casación SP 502-2016 por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha veintidós de agosto del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán mediante la cual resolvió, Primero: Condenó a los señores MARNOLD ALÍ FERRUFINO LÓPEZ Y HÉCTOR JOSUÉ PONCE MARTÍNEZ, como autores penalmente responsables del delito de Robo Agravado, en perjuicio de Marco Tulio Soto Arteaga a la pena principal de Siete (7) años, seis (6) meses de reclusión. Les Condenó además, a los señores MARNOLD ALÍ FERRUFINO LÓPEZ Y HÉCTOR JOSUÉ PONCE MARTÍNEZ, como autores penalmente responsables del delito de Extorsión en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Marco Tulio Soto Arteaga, a la pena principal de Once (11) años de reclusión, haciendo un total de Dieciocho (18) años, Seis (6) meses de reclusión, penas que deberán cumplirse en concurso real; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Segundo: Se les declara la responsabilidad civil de los señores Marnold Alí Ferrufino López y Héctor Josué Ponce Martínez a la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito. Tercero: No procede condenar a los señores Marnold Alí Ferrufino López y Héctor Josué Ponce Martínez en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Cuarto: No procede declarar el comiso. Quinto: Absolvió a los señores Marnold Alí Ferrufino López, Henry Wilfredo Medina Herrera y Héctor Josué Ponce Martínez, del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Sexto: Absolvió al señor Henry Wilfredo Medina Herrera del delito de Extorsión en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Marco Tulio Soto Arteaga. SON PARTES: El abogado Jorge Enrique Valladares Argeñal, en su condición de Defensor Privado de los señores Héctor Josué Ponce Martínez y Marnold Alí Ferrufino López, como parte recurrente y el abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: El día veintiocho de abril de dos mil catorce, entre las cinco y seis de la tarde, los señores Marnold Alí Ferrufino López y Héctor Josué Ponce Martínez, acompañados de al menos tres sujetos más, llegaron a la casa de habitación del señor Marco Tulio Soto Arteaga, llevando consigo armas y diciendo que eran agentes de la DGIC, que andaban haciendo un cateo y que sabían que el señor Soto vendía drogas, y obligaron a las personas que estaban en la vivienda a tirarse boca abajo en el suelo, procediendo a revisar toda la casa, llevándose consigo un arma de fuego 9 mm, marca SLZ, serie T1102-04A001749, propiedad del señor Marco Tulio Soto Arteaga y un celular marca Samsung, con imei número 358007055530318, con número de teléfono 89387552, propiedad de Vilma Yessenia Quezada Ríos, esposa del señor Marco Tulio Soto Arteaga. SEGUNDO: Previo a retirarse del lugar, los señores Ferrufino y Ponce, junto con las personas que les acompañaban, le dijeron al señor Marco Tulio Soto Arteaga, que ellos querían dinero y que les debía entregar cincuenta mil lempiras, que si no lo hacía entonces matarían a su esposa y su hijo. Ante ello, el señor Soto les dijo que él no tenía dinero y que mejor lo llamaran para ponerse de acuerdo. TERCERO: Al día siguiente 29 de abril del año dos mil catorce, el señor Soto se dirigió a la Unidad de Anti Extorsión a presentar denuncia sobre el hecho, recibiendo en esos momentos una llamada, en la que una persona del sexo masculino le decía que ya sabían que andaba poniendo la denuncia, pero el señor Soto logró convencerlo que no era así y que solo tenía veinticinco mil lempiras y fue así como se acordó la entrega de esa cantidad de dinero. En virtud de lo anterior, los agentes de la Unidad Anti Extorsión procedieron a realizar un paquete que simulaba contener dinero, para realizar la entrega del mismo por parte del señor Soto. CUARTO: Luego, el señor Soto recibió una llamada diciéndole que se fuera a la zona de la colonia Cerro Grande a entregar el dinero, pero al llegar a dicho lugar nuevamente le llamaron y le dijeron que se fuera a la gasolinera que está cerca de la misma colonia Cerro Grande, y al llegar a la gasolinera le dijeron que se fuera para el Centro Comercial Mall Premier. A dicho lugar y con la finalidad de recoger el dinero que supuestamente entregaría el señor Soto, llegaron en un vehículo tipo pick up color blanco, los señores Marnold Alí Ferrufino y Héctor Josué Ponce Martínez, quienes eran acompañados por el señor Henry Wilfredo Medina Herrera que se conducía en la segunda cabina del vehículo. En esos instantes, el señor Héctor Ponce se bajó para coordinar que el señor Soto entregara el dinero, en tanto que Marnold Alí se quedó en el vehículo. QUINTO: Cuando el señor Soto estaba en el Mall Premier, recibió varias llamadas diciéndole primero que se moviera a una zona del estacionamiento, luego a otra zona y finalmente quien le llamaba le indicó que fuera a la salida del Mall Premier que da acceso a la colonia El Carrizal, observando en ese momento el señor Marco Soto al señor Héctor Josué Ponce Martínez, quien al ver que el señor Soto iba resguardado por policías, ya que éstos le estaban dando seguimiento a escasos metros, salió en veloz carrera, se subió al vehículo tipo pick up y condujo el mismo dirigiéndose para la zona de El Carrizal, siendo perseguido dicho vehículo por agentes de investigación que participaban en el operativo, logrando detener el mismo y deteniendo a Marnold Alí Ferrufino López, a quien le decomisaron el permiso de portación de arma del señor Soto y el teléfono celular de la señora Yesenia Quezada, y deteniendo también al señor Héctor Josué Ponce Martínez y Henry Wilfredo Medina Herrera.” III. RECURSO DE CASACIÓN “El Recurrente abogado Jorge Enrique Valladares Argeñal, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: PRIMER MOTIVO: Infracción por Vulneración a las Reglas de la Sana Crítica en la Valoración de la Prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: Conforme al artículo 202, el sistema de valoración autorizado en el Código Procesal Penal, es el de la Sana Crítica y de igual forma el artículo 338 del referido código regula la forma de estructurar la sentencia, ordena al Juez sentenciador: “Valoración de la prueba. Seguidamente, se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones, ese cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por la reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esta fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica; el cual constituye el asidero legal de este sendero impugnativo, tal como se expone a continuación: En el caso de autos el Juzgador estableció como hechos probados lo siguiente: “PRMERO: El día veintiocho de abril de dos mil catorce, entre las cinco y las seis de la tarde, los señores Marnold Alí Ferrufino López y Héctor Josué Ponce Martínez acompañados de al menos tres sujetos más llegaron a la casa de habitación de Marco Tulio Soto Arteaga, llevando consigo armas y diciendo que eran agentes de la DGIC, que andaban haciendo un cateo y que sabían que el señor Soto vendía drogas, y obligaron a las personas que estaban en la vivienda a tirarse boca abajo en el suelo, procediendo a revisar toda la casa, llevándose consigo un arma de fuego 9mm, marca SLZ, serie T1102-04a001749, propiedad del señor Marco Tulio Soto Arteaga y un celular marca Samsung con imei número 358007055530318, con número de teléfono 89387552, propiedad de Vilma Yessenia Quezada Ríos, esposa del señor Marco Tulio Soto Arteaga. SEGUNDO: Previo a retirarse del lugar, los señores Ferrufino y Ponce junto con las personas que les acompañaban, le dijeron al señor Marco Tulio Soto Arteaga, que ellos querían dinero y que les debía entregar cincuenta mil lempiras, que si no lo hacían entonces matarían a su esposa y su hijo. Ante ello el señor Soto les do que él no tenía dinero y que mejor lo llamaran para ponerse de acuerdo. TERCERO: Al día siguiente 29 de abril del año dos mil catorce el señor Soto se dirigió a la Unidad de Anti Extorsión a presentar denuncia sobre el hecho, recibiendo en esos momentos una llamada, en la que una persona de sexo masculino le decía que ya sabían que andaba poniendo la denuncia, pero el señor Soto logró convencerlo que no era así y que solo tenía veinticinco mil lempiras y fue así como se acordó la entrega de esa cantidad de dinero. En virtud de lo anterior los agentes de la Unidad Anti Extorsión procedieron a realizar un paquete que simulaba contener dinero, para realizar la entrega del mismo por parte del señor Soto. CUARTO: Luego, el señor Soto recibió una llamada diciéndole que se fuera a la zona de la colonia Cerro Grande a entregar el dinero, pero al llegar a dicho lugar nuevamente le llamaron y le dijeron que se fuera a la gasolinera que está cerca de la misma colonia Cerro Grande, y al llegar a la gasolinera le dijeron que se fuera para el Centro Comercial Mali Premier. A dicho lugar y con la finalidad de recoger el dinero que supuestamente entregaría el señor Soto, llegaron en un vehículo tipo Pick up color blanco, los señores Marnold Alí Ferrufino y Héctor Josué Ponce Martínez, quienes eran acompañados por el señor Henry Wilfredo Medina Herrera quien se conducía en la segunda cabina del vehículo. En esos instantes, el señor Héctor Ponce se bajó para coordinar que el señor Soto entregara el dinero, en tanto que Marnold AH se quedó en el vehículo. QUINTO: Cuando el señor Soto estaba en el Mall Premier, recibió varias llamadas diciéndole primero que se moviera a una zona del establecimiento, luego a otra zona y finalmente quien le llamaba le indicó que fuera a la salida del Mall Premier que da acceso a la colonia El Carrizal, observando en ese momento el señor Marco Soto al señor Héctor Josué Ponce Martínez, quien al ver que el señor Soto iba resguardado por policías, ya que estos le estaban dando seguimiento a escasos metros, salió en veloz carrera, se subió al vehículo tipo pick up y condujo el mismo dirigiéndose por la zona de el Carrizal, siendo perseguido dicho vehículo por agentes de investigación que participaban en el operativo, logrando detener el mismo y deteniendo a Marnold Alí Ferrufino López, a quien le decomisaron el permiso de portación de arma del señor Soto y el teléfono celular de la señora Yessenia Quezada y deteniendo también al señor Héctor Josué Ponce Martínez y Henry Wilfredo Medina Herrera. Aquí es imperativo mencionar que nuestro reproche recursivo recae sobre el fundamento intelectivo de la sentencia impugnada, por violación de las reglas de la sana crítica, concretamente del postulado de la derivación. Esta Sala entiende que todo problema de inobservancia de las normas del correcto entendimiento humano, es decir de las máximas de la experiencia, la psicología y la lógica, es un problema de fundamentación. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las reglas de la Psicología: están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquel. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado. Las reglas de lógica implican, por su parte, que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la observancia de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Asimismo, la derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). Dentro de las reglas de la lógica, al que debe sujetarse el juzgador en la valoración de las pruebas, aparece la característica, exigida por ellas, denominada derivada, según la cual, la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando.”. Para ello, la motivación debe ser concordante: a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Cuando se pide que una sentencia sea motivada bajo la lógica, como regla de la sana crítica, es porque se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, de tal manera que el razonamiento de los jueces de sentencia, debe estar constituido por deducciones razonables originadas, formadas y concluidas de las pruebas, es decir, que cualquier afirmación o proposición que acredite la existencia o no de un hecho, tiene que estar fundamentada en las pruebas, por eso este principio de razón suficiente se entiende como la forma lógica del razonamiento humano; “que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo” En el hecho probado primero el tribunal sentenciador dice lo siguiente: “PRIMERO: El día veintiocho de abril de dos mil catorce, entre las cinco y las seis de la tarde, los señores Marnold Alí Ferrufino López y Héctor Josué Ponce Martínez acompañados de al menos tres sujetos más llegaron a la casa de habitación de Marco Tulio Soto Arteaga, llevando consigo armas y diciendo que eran agentes de la DGIC, que andaban haciendo un cateo y que sabían que el señor Soto vendía drogas, y obligaron a las personas que estaban en la vivienda a tirarse boca abajo en el suelo, procediendo a revisar toda la casa, llevándose consigo un arma de fuego 9mm, marca SLZ, serie TI 102-0400 1749, propiedad del señor Marco Tulio Soto Arteaga y un celular marca Samsung con imeí número 358007055530318, con número de teléfono 89387552, propiedad de Vilma Yessenia Quezada Ríos, esposa del señor Marco Tulio Soto Arteaga”, este apartado violenta el principio de razón suficiente, y por ende el principio de derivación como ya lo hemos dejado por sentado, ya que el Tribunal sentenciador llega a esta conclusión en su hecho probado ya que esta no es una deducción formada y concluida de la prueba que se evacuo en el juicio, esto lo afirmamos ya que el Tribunal llega a esgrimir este hecho de la declaración incorporada por lectura de la víctima, el señor Marco Tulio Soto Arteaga, pero este en ningún momento al hacer su declaración vincula a mis clientes directamente en su declaración como las personas que tiraron a su familia al suelo y lo amenazaron pidiéndolo cincuenta mil lempiras, la víctima en la declaración de los hechos dijo lo siguiente: “Que sobre los hechos quiero manifestar lo siguiente que el veintiocho de este mes de abril llegaron seis personas y llegaron a mí casa de habitación y dos de ellos andaban encapuchados y yo les dije que deseaban y ellos me dijeron que me saliera ya que ellos andaban haciendo un cateo ya que tenían conocimiento que yo vendía drogas y tenía armas de grueso calibre en mi casa de habitación y ellos no me mostraron sus placas con los cuales se acreditan que son agentes de la DGIC, y yo tengo entendido, que cuando se llegan a hacer cateos, se identifican y yo les deje hacer el cateo ya que no tengo que esconder y entraron a mi casa y nos tiraron al suelo a todos los miembros de mi familia y luego entraron a mi cuarto y revolvieron todo y luego preguntaron por el dueño de la vivienda y yo les dije que yo era el dueño de la misma ellos me pararon y me llevaron para adentro y me dijeron que si andábamos armas y yo les dije que no y yo dije que únicamente yo tenía rifle 22 y una nueve milímetros y ellos me dijeron que dijera la verdad, y que ellos tenía conocimiento que yo tenía armas de grueso calibre y ellos me dijeron que yo era un narcotraficante y que vendía drogas, y yo le dije que me lo demostraran y que prácticamente ellos estaban haciendo lo mismo y ellos agarraron una hoja y me dijeron que la firmara y no me dejaron leerla y ellos me dijeron que ellos lo que querían era dinero y que querían la cantidad de cincuenta mil lempiras y yo les dije que íbamos a negociar y que me llamaran mañana a ver como se los conseguían y me dijeron que ellos me iban a llamar al celular de mi esposa y ellos me amenazaron que si yo los denunciaba ellos iban a proceder conmigo matando a mi hijo y a mi esposa y al día siguiente yo agarre valor y me fui a poner la denuncia a la DGIC y me llevaron al departamento de extorsión y como a las nueve y cincuenta yo estaba poniendo la denuncia cuando me cayó la llamada y me dijeron que si tenía la cantidad de cincuenta mil lempiras y yo les dije que andaba en el banco consiguiendo el préstamo y luego yo les dije que lo único que tenía era lo que tenía en la cuenta y ellos me dijeron que yo andaba en las oficinas de la DGIC y ellos me dijeron que ellos tenían contactos que les habían contado que me habían visto en la DGIC, luego yo les convencí que no había andado en ese lugar y luego en la oficina de extorsión preparamos el paquete que yo iba a entregar hicimos los recorte del periódico para simular el dinero y con eso engañarlos a ellos y lograr la detención de ellos y como a las dos de la tarde ellos me hacen la llamada y le dije que nos íbamos a ver en la colonia cerro grande por la gasolinera puma y luego los llame para decirle que ya estaba en el punto y ellos me volvieron a llamar como a las tres y cuarenta y cinco y me dijeron que me fuera para el Mall Premier y estando allí me llaman para decirme que me fuera para la salida del Carrizal siempre en el Mall Premier y luego cambian de lugar y me dicen que en la entrada del Mall Premier y vi al sujeto que había llegado a mi casa y vi que andaba con una bolsa como que andaba comida y luego yo llame al comisionado y le dije que había visto a uno de los sujetos y luego me moví al punto que me habían dicho y ellos me dijeron que yo andaba con la policía y ellos me amenazaron que si andaba con la policía mi familia iba a pagar y luego ellos me dijeron que me fuera para la Torocagua como para la laguna y les pregunte en que vehículo andaba y era un vehículo blanco y cuando me acerqué al vehículo vi al muchacho que andaba con la camisa blanca y pantalón oscuro y el hecho de ver que yo andaba reguarnecido salió en veloz carrera pero ya la policía lo seguía y luego me preocupe porque solo andaban tres y los otros no sé donde estaba y me preocupe porque pensé que le habían hecho algo a mi familia...” una vez transcrita toda la declaración de la victima aseguramos una franca violación a los principios supra mencionados, ya que el en ningún momento vincula a mis representados como las personas que directamente ejecutaron los actos que el mismo describe, ya que solo se limita a decir “ELLOS” es mas el en su declaración y al ser interrogado supuestamente identifica al señor HECTOR JOSUE PONCE MARTINEZ, como una de las personas que andaban sin pasamontañas pero en ningún momento lo vincula de forma concreta y precisa como una de las personas que ejecutó los actos que describe, es más el Tribunal sentenciador en esta parte de los hechos probados que cuestionamos dice que mis representados llegaron con tres personas pero como ya dejamos sentado en la declaración la victima claramente dice que fueron seis personas las que llegaron a su casa el veintiocho de abril. Otro aspecto que queremos resaltar de la declaración de la víctima es que dice el día que andaba interponiendo la denuncia le cayó una llamada y le dijeron si tenía la cantidad de cincuenta mil lempiras solicitadas en concepto de la extorsión, pero en dicho caso nunca se logra vincular en los hechos probados que el señor HECTOR JOSUE PONCE, realizara alguna llamada con tal fin a la víctima, es mas en los dictámenes de análisis telefónicos realizados por el señor DANILO JONATHAN VARGAS MONCADA, no se logró determinar vinculación alguna de llamadas telefónicas realizadas en este caso concreto por el señor PONCE MARTINEZ. En cuanto a la declaración del señor LUIS JOSUE AGUILAR GALINDO, este manifiesta en su declaración los siguiente: “….Salimos para el Mall Premier como a las 3:45 de la gasolinera llegamos a las 16 horas al Mall Premier y lo mandaron al lugar de estacionamiento de motocicletas que queda ubicado para el Carrizal llegado allí el Testigo Protegido se movilizaba él se detuvo y nos llamó y explicó que en una de las entradas del Mall estaba un sujeto que vestía camisa blanca, pantalón bombero color verde y que reconocía que era una de las personas que el día anterior había participado en el robo, ya que esta persona no poseía pasa montañas, se recomendó que continuara con lo que había planificado que era la entrega del sobre. Llegado al punto de la motocicleta lo volvieron a llamar y le dijeron que fuera para un costado y que le entregara el paquete a uno que estuviera en un pick up blanco, mientras que el testigo protegido iba hacia el lugar le dimos seguimiento más cerca, cinco o 7 metros, mientras llegaba el testigo protegido al pick up, la persona que había visto al testigo protegido esta misma persona se subió al vehículo y se retiraron del lugar sin darle chance que el testigo protegido entregara el sobre de papel color amarillo…” De la declaración de este testigo no se puede llegar por si sola al hecho probado que obtuvo el ente sentenciador ya que si bien es cierto dicho Tribunal pretende una valoración conjunta de todos los medios de prueba, este testigo lo único que hace es repetir la delación que en su momento hizo la victima ya que él no es un testigo directo que tuvo conocimiento directo de los hechos ocurridos el veintiocho de abril, y a lo único que él hace referencia es que el día veintinueve de abril observó a mi representado el señor PONCE MARTINEZ en el Mall Premier, pero este elemento por sí solo no es suficiente para arribar al hecho probado declarado por el Tribunal de Sentencia.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1) Increpó el denunciante, que el Tribunal Sentenciador incurrió en vulneración a las reglas de la Sana Crítica, estableciendo como precepto autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicó el recurrente que en el hecho probado número primero, el A-quo violentó el principio de razón suficiente y por ende el de derivación, ya que al llegar a una conclusión como el hecho probado, no lo hace por una deducción formada y concluida de la prueba que se evacuó en el juicio, ya que el Juzgador llega a esgrimir éste hecho de la declaración incorporada por lectura de la víctima, el señor Marco Tulio Soto Arteaga. Acotó además, que una vez transcrita la declaración de la víctima se asegura una franca violación a los principios de la sana crítica, ya que en ningún momento el ofendido reconoce a los imputados como las personas que directamente ejecutaron los actos. Por último afirmó que la declaración del agente de investigacion Luis Josué Aguilar Galindo no se puede llegar al hecho probado, porque lo que hace es repetir la declaración que en su momento hizo la víctima, ya que él no es testigo directo de los hechos ocurridos, su única aportación es que el testigo observó al imputado Héctor Josué Ponce Martínez en el mal premier, pero este elemento por sí solo no es suficiente para arribar al hecho probado. 2) Al señalarse que se han violentando las Reglas de la Sana Crítica, es propio establecer que el Artículo 362 No. 3 del Código Procesal Penal, prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la Sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica”. Al respecto, se ha señalado que: “…La Sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como Fundamentación Fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo; este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en Sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…[1]”. En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Intima Convicción (Propio del sistema de juzgamiento por jurados); Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe de observar el Juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En cuanto a la Sana Crítica como sistema de valoración de la prueba, esta Sala ha señalado que en “…la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema, el Juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el Juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común…” (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp 125-2010); de este modo “… las reglas de la sana crítica, aseguran que el Juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Partiendo de la doctrina legal[2] sentada por esta Sala de lo Penal, componen la sana crítica: A.- Reglas de la experiencia común: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el Juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto, no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba, al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno natural. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el Juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos el por qué lo considera así. B.- Las Reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquel. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado. C.- Las Reglas de la Lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí; la coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i) El Principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii) El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual que “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba, un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii) El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. b) La Derivación: De este se extrae el principio de razón suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando; exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga[3]. 3) Al analizar la presente impugnación, este Tribunal de Casación observa que el recurrente incurrió en inadecuada técnica recursiva al inobservar el artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal que establece: “…y tratándose de la casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad para subsanarlos…” Si bien el recurrente menciona como regla violentada la Lógica en su Principio de Derivación, no fue capaz de señalar cuáles fueron los razonamientos del Sentenciador que se conformaron vulnerando las reglas del recto entendimiento humano, sino que realizó argumentos de instancia y cuestionó los hechos probados, aduciendo que los mismo no se conformaron en base a las pruebas evacuadas, pero obvió plasmar esos razonamientos equívocos del Sentenciador. Lo que erróneamente realizó el censor es su propia valoración subjetiva de cómo el Sentenciador debió razonar la prueba, ejercicio mental que no es permitido en esta etapa casacional, debido al principio de inmediación con el que cuentan los Juzgadores y que se carece en esta etapa casacional, por tanto está vedado que se realice una revaloración de la prueba, objetivo que persigue el reclamante al externar sus propios juicios de valor sobre la prueba. 4) Ahora bien en aras del control del convencionalidad que debe observar todo Tribunal de la República y que manda la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de la inadecuada técnica recursiva del impetrante, esta Sala de lo Penal ha procedido a analizar los juicios de valor esgrimidos por el Sentenciador sobre las pruebas evacuadas en el debate, y observa que sus razonamientos y conjeturas son el producto de la aplicación correcta de las reglas del recto entendimiento humano, derivando sus conclusiones del resultado obtenido del legajo probatorio y realizando una valoración conjunta y armónica de toda la prueba. Es tal su aplicación de las Reglas de la Sana Crítica, que en su fundamentación probatorio externó las razones de hecho y de derecho por las cuales consideró que el accionar de los acusados Héctor Josué Ponce Martínez y Marnold Ali Ferrufino Lopez, los vuelve responsables a título de autores del delito de Robo agravado y Extorsión en grado de Ejecución de Tentativa. Si bien el recurrente plantea que en la declaración rendida como prueba anticipada del ofendido Marco Tulio Soto Arteaga, nunca reconoció a los imputados como las personas que habían ingresado a su casa y le habían extorsionado, no es menos cierto que existe actas de registro personal con las que se acredita que le fueron encontrados a los acusados el permiso de portar arma del ofendido y un teléfono celular propiedad de la esposa del señor Marco Tulio Soto Arteaga; tanto el documento como el aparato celular se encontraba en la casa del ofendido y fueron sustraídos por los imputados. Además no debemos olvidar que los imputados Héctor Josué Ponce Martínez y Marnold Ali Ferrufino Lopez fueron capturados prácticamente infraganti, cuando procedían a recibir el dinero que el ofendido les había prometido producto de la extorsión y que al darse cuenta de la presencia de agentes de la DGIC (Compañeros agentes a quienes conocían) huyeron del lugar, pero fueron igualmente capturados. En ese sentido considera este alto Tribunal, que las pruebas fueron razonadas de manera correcta, externando sus conclusiones en base a las reglas de la Sana Crítica, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. V. DECISIÓN Se desestima el recurso de casación por quebrantamiento de Forma interpuesto por la Defensa Privada de los imputados. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Único: Declarar No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el abogado Jorge Enrique Valladares Argeñal, en su condición de Defensor Privado de los imputados MARNOLD ALÍ FERRUFINO LÓPEZ Y HÉCTOR JOSUÉ PONCE MARTÍNEZ, a quienes se les condenó por el delito de Robo Agravado y Extorsión en grado de Ejecución de Tentativa en perjuicio de Marco Tulio Soto Arteaga. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de enero del año dos mil dieciocho.- Certificación de la sentencia de fecha veintidós de noviembre del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-502-2016.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
[1] Vid Sentencias de Casación Penal N°: SP 194-2009 de fecha 30 de noviembre del 2001; SP 297-2009 de fecha 30 de noviembre del 2011; SP 360-2009 de fecha 20 de octubre del 2011 y SP 385-2009 fallo de fecha 05 de Abril del 2011
[2] Vid Sentencias de Casación Penal N°: SP 194-2009 de fecha 30 de noviembre del 2001; SP 297-2009 de fecha 30 de noviembre del 2011; SP 242-2009 de fecha 02 de noviembre del 2011 y SP 125-2010 de fecha 30 de noviembre del 2011.
[3] VID Sentencia de Casación Penal N° SP 189-2010 de fecha 19 de septiembre del 2012 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.