Sentencia CP-50-14 — Registro 15942
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Homicidio, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...En ese sentido este Tribunal de Casación en respeto a ese control de convencionalidad, efectuará una revisión general de la sentencia recurrida para determinar si la misma fue conformada de acuerdo a lo regulado en el artículo 338 del Código Procesal Penal, y si el Juzgador efectuó un adecuado juicio de valor respecto de las pruebas que fueron evacuadas en el debate o juicio oral. Iniciaremos con el cimiento de toda sentencia penal, es decir los Hechos Probados, los cuales al analizarlos observa esta Sala que los mismos fueron conformados con claridad, precisión y coherencia, de tal forma que ubican al lector en tiempo y espacio, siendo claros en las actuaciones que realizaron los diferentes actores, pero específicamente en las acciones ejecutadas por el acusado Mario Gustavo Castellanos, encajando de manera perfecta en la norma penal por el cual fue condenados el imputado, es decir en el artículo 116 del Código Penal que regula el delito de Homicidio Simple. En relación a los juicios de valor utilizados por el Sentenciador para razonar la prueba evacuada en el debate, es posible deducir que los argumentos del A-quo son racionales, coherentes y se derivan precisamente del legajo probatorio, pues realizó una valoración tanto individual como conjunta de toda la prueba, en cuyos raciocinios se observa la aplicación de las reglas de la sana crítica. En cuanto a los derechos y garantías que goza toda persona sometida a proceso penal, se puede verificar que en todo momento se respetó el derecho de defensa y el debido proceso de los acusados, el Tribunal actuó en el marco de sus atribuciones y todo el juicio oral se desarrollo sin incidencias que pudieran dar reproche casacional por esta vía. En conclusión la sentencia dictada por el Tribunal Sentenciador cumple con los requisitos establecidos en el artículo 338 del Código Procesal Penal, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO PENAL I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinte días del mes de junio del año dos mil diecisiete, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el Recurso de Casación SP 50-2014 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia del departamento de Olancho, con sede en la ciudad de Juticalpa, mediante la cual falló: 1) Condenando al señor MARIO GUSTAVO CASTELLANOS MUÑOZ, a la pena de Quince (15) años de reclusión, por el delito de Homicidio, en perjuicio de Rubén Darío Martinez; asimismo se le condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil. 2) Declaró la responsabilidad civil del condenado Mario Gustavo Castellanos Muñoz. 3) No condenó en costas al acusado Mario Gustavo Castellanos Muñoz. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma el abogado Leonardo Miguel Alvarado Fuentes en su condición de Defensor Privado del señor Mario Gustavo Castellanos Muñoz. Son Partes: El abogado Leonardo Miguel Alvarado Fuentes en su condición antes indicada como recurrente y la abogada Diana Elizabeth Rodríguez en su calidad de Fiscal del Ministerio Público como recurrida. II. HECHOS PROBADOS PRIMERO: Que el día domingo veintitrés (23) de agosto del año dos mil nueve, siendo aproximadamente las ocho de mañana, el señor RUBEN DARIO MARTINEZ, llegó a la casa del señor CARLOS RUBEN TORRES MENDOZA y lo invitó a que salieran a dar una vuelta, por el Municipio de Manto y así lo hicieron, el señor RUBEN MARTINEZ, andaba tomando bebidas alcohólicas y andaba armado con un fusil 40 y un revólver 38, luego se fueron a la Aldea de San Antonio en donde permanecieron hasta aproximadamente las siete de la noche, el señor CARLOS RUBEN TORRES MENDOZA le dijo al señor RUBEN DARIO MARTINEZ que se fueran que ya era suficiente y este le contestó que sí que se fueran, se subieron al vehículo que andaba el señor RUBEN DARIO MENDOZA marca Mazda, color rojo, con rumbo a la aldea El Jobo, cuando iban por el río Telica que pasa entre San Antonio y el Jobo, se encontraron con MARIO GUSTAVO CASTELLANOS MUÑOZ Y PEDRO PAULINO PAGUADA MUÑOZ, quienes venían en el vehículo Mitsubishi, color gris, detuvieron su vehículo a la par, luego MARIO GUSTAVO CASTELLANOS MUÑOZ se bajó del vehículo y se acercó a RUBEN DARIO MARTINEZ y le pidió el rifle o fusil 40 (el cual parece que se lo había vendido hacía un mes y no se lo había terminado de pagar) y este dijo que no, que se lo daría otro día, entonces MARIO GUSTAVO CASTELLANOS MUNOZ sacó por la fuerza el Fusil de la cabina del vehículo de RUBEN DARIO MARTINEZ y seguidamente lo agarró de un brazo y lo bajó del vehículo y le arrebató el arma 38 de la cintura a RUBEN DARIO MARTINEZ y luego le pegó una pechada tirándolo al suelo y le disparó con su misma arma, pegándole el tiro en la sien, por lo que murió al instante, luego se fueron caminando por el monte para que no los miraran.” III. RECURSO DE CASACIÓN El recurrente abogado Leonardo Miguel Alvarado Fuentes, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN: POR QUEBRANTAMIENTO EN LA FORMA MOTIVO ÚNICO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba excluida a las reglas de la sana crítica y el artículo 333 del CPP. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el numeral 2 y 5 del artículo 362 del CPP. Será de utilidad para la mayor comprensión del presente recurso establecer lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba excluida en un proceso penal. Según el Artículo 333 del Código Procesal Penal, el sentenciador está facultado a dictar la Diligencia de Mejor para evacuarse nueva prueba si durante el juicio se ha puesto de manifiesto la omisión de un elemento de prueba importante no conocido podrá ser propuesto por las parte o de oficio por el tribunal el cual se le informó al Tribunal por esta defensa que la declaración del señor Carlos Rubén Torres faltó a la verdad pese estar bajo juramento por el mismo tribunal Aqu-o razón por la cual se le anunció al Tribunal de las pruebas allegadas a la defensa consistente en la grabación de un video donde claramente se aprecia el testigo de la fiscalía donde confiesa haber declarado contra mi representado por que fue pagado abonado al video esta la declaración de la persona que lo gravó, pero el Tribunal tomó a bien y por unanimidad de votos declarar sin lugar tal valoraciones probatorias para formar su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la sana crítica. Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene también un vicio grave que atenta contra las reglas de la contradicción y la sana crítica al observarse en la valoración de la exclusión de la prueba, el Dictamen de Autopsia No. 060-11 y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados. El Tribunal de Sentencia juzgador al fallar la presente causa estableció como hechos probados los siguientes: PRIMERO: que el día domingo veintitrés (23) de agosto del año dos mil nueve, siendo aproximadamente las ocho de la mañana, el señor RUBEN DARIO MARTINEZ, llegó a la casa del señor CARLOS RUBEN TORRES MENDOZA y lo invitó a que salieran a dar una vuelta por el Municipio de Manto y así lo hicieron, el señor: RUBEN MARTINEZ, andaba tomando bebidas alcohólicas y andaba armado con un fusil 40 y un revolver 38, luego se fueron a la Aldea de San Antonio donde permanecieron hasta aproximadamente las siete de la noche, el señor CARLOS RUBEN TORRES MENDOZA le dijo al señor RUBEN DARIO MARTINEZ que se fuera que ya era suficiente y este le contestó que sí que se fueran, se subieron al vehículo que andaba el señor RUBEN DARIO MARTINEZ, marca Mazda, color rojo, con rumbo a la Aldea el Jobo, cuando iban por el río Telica que pasa entre San Antonio y el Jobo, se encontraron con el señor MARIO GUSTAVO CASTELLANOS MUÑOS Y PEDRO PAULINO PAGUADA MUÑOS, quienes venían en un vehículo Mitsubishi, color gris, detuvieron su vehículo a la par luego MARIO GUSTAVO CASTELLANOS MUÑOS se bajó del vehículo y se acercó a RUBEN DARIO MARTINEZ y le pidió el rifle o fusil 40 (el cual parece que se lo había vendido hacia un mes y no se lo había terminado de pagar) y éste dijo que no, que se lo daría otro día, entonces MARIO GUSTAVO CASTELLANOS MUÑOS sacó por la fuerza el fusil de la cabina del vehículo de RUBEN DARIO MARTINEZ y seguidamente lo agarró de un brazo y lo bajo del vehículo y le arrebato el arma 38 de la cintura a RUBEN DARIO MARTINEZ y luego le pegó una pechada tirándolo al suelo y le disparó con su misma arma, pegándole el tiro en la sien, por lo que murió al instante, luego se fueron caminando por el monte para que no los miraran. Hechos que fueron acreditados ante este Tribunal en el juicio Oral y público. En el presente proceso con la finalidad de acreditar los hechos, el ente acusador aporta como prueba de cargo la declaración testifical del señor CARLOS RUBEN TORRES, al igual que se propuso los medios de prueba documental siguiente 1) Acta de defunción. 2) Acta de remisión de un vehículo. 3) Acta de entrega de indicios con su respectiva cadena de custodia. 4) dos actas especiales realizadas al vehículo prueba periciales como ser Dictamen de Autopsia 060-11 del cual nótese que fue propuesto para evacuarse en el juicio oral y público medio probatorio del cual el ente acusador omitió por completo ya que tampoco renunció a tal medio probatorio el cual anuncia que el cuerpo del occiso presente más de un impacto de bala otra parte la defensa aporta los medios probatorios siguientes, 1) Reconstrucción de Hechos 2) Testifical: Medios de prueba que fueron objetados por el Fiscal del Ministerio Público para debatir sobre la veracidad de los hechos, al igual que lo fue el previo de mejor proveer solicitado al Tribunal de sentencias nótese Honorable Corte los argumentos utilizados por el Tribunal A-quo para no admitir dichos medios de prueba al tenor del Art. 333 del CPP; donde únicamente se motiva declarar sin lugar la solicitud de la defensa por no ser hechos nuevos.- esta defensa se pregunta que es un hecho nuevo para el sentenciador ya que el video y el testigo que grabó al señor CARLOS RUBEN TORRES, donde claramente se denota que manifiesta que le pagaron para declarar contra mi representado, acción esta que debió interesarle al ente acusador ya que estamos ante la posible comisión de un delito por parte del testigo del Ministerio Público institución que se vuelve totalitaria e inquisitiva ya que no valoran la prueba con objetivad a la total búsqueda de la verdad de los hechos ya que de la misma prueba aportada podemos apreciar lo siguiente; a) De la declaración del principal testigo del Ministerio Público se desprende todo un relato menos de los principales detalles de la acción ocurrida entre el supuesto hechor y la víctima ya que es poco creíble que una persona desarmada le quite dos armas a otra persona y luego le quite la vida con sus propias armas propiciándole un impacto de herida de bala en la frente, estaríamos ante un agresor muy entrenado para darle credibilidad a tales declaraciones. b) Con los medios de prueba documentales se logró acreditar la muerte real del señor RUBEN DARIO MARTINEZ, los siguientes medios de prueba documentales son totalmente irrelevante para acreditar la participación de mi representado y quebrantar su estado de inocencia lo que es totalmente pertinente como medio probatorio es el Dictamen de Autopsia que el fiscal del Ministerio Público pasa por alto al no evacuarlo en el juicio oral y público mismo en el cual encontramos indicios que pudo haber sido más de una las heridas que tenía el occiso. Esta defensa privada estima, que la apreciación del Juzgador al excluir la prueba de cargo (autopsia) y descargo, solicitada como auto de mejor proveer quebranta el postulado de la derivación integrado por el principio de la sana crítica, razón suficiente por el cual como sabemos debe estar constituido por diferencias deducidas de las pruebas y la sucesión de la realidad de los hechos que en virtud de ellas se vayan determinando, principio que se encuentra vulnerado al establecer el Sentenciador que la prueba allegada por un previo de mejor proveer por la defensa tiene que inadmitirse por la simple oposición del ente Acusador y por considerar que no constituye un hecho nuevo lo que nos quebrantar el estado de igualdad de armas y contracción del enjuiciado, a pesar de haber sido una prueba para ilustrar a todas las partes dándole con esto la credibilidad absoluta a los medio de prueba, del Ministerio Publico pasando por alto que en ningún momento del proceso está totalmente clara la declaración del testigo de cargo CARLOS RUBEN TORRES. La Defensa considera que la postura supra-indicada del Juzgador vulnera el postulado de la Derivación en su apartado fallo de la realidad en la participación a la defensa de mi representado del hecho delictivo razón suficiente y a su vez su característica de veracidad, pues con el andamiaje probatorio de descargo se ha vulnerado el debido proceso tanto por las pruebas de la defensa como, la Fiscalía que son prueba esencial de este engranaje para determinar la veracidad científica de los hechos. La Defensa estima, que de la plataforma fáctica se deduce claramente que al encausado no se le acredita su participación científica como autor de los hechos que se le imputan con la simple existencia de la sana crítica razón por la cual se debió aportarse toda la prueba técnica y científica para poder quebrantar el estado de inocencia de mi representado ya que una probanza relevante para determinar que no se puede calificar como actor del hecho a mi representado es que nunca se determinó que si las perforaciones que le causaron la muerte al señor RUBEN DARIO MARTINEZ fue siquiera un arma de fuego como lo declara el testigo de la Fiscalía acción tan esencial en el cual el sentenciador debe valorar la prueba en su totalidad para formar el engranaje de la plataforma de los hechos anunciados por los testigos con la prueba científica que no se Incorporó al Juicio. “En esta circunstancia no se considera ni la falta de voluntad ni el aprovechamiento o prevalimiento respecto de la situación en que se encuentra mi representado. Por tanto, en mayor intensidad que en el caso anterior, el acento está directamente encaminado a poner de manifiesto el bien jurídico como presupuesto de los hechos probados por el sentenciador al manifestar que los hechos probados con toda la prueba que deja por fuera para valorarla con el sentido de la lógica y la sana critica lo que da lugar al presente recurso desde esta perspectiva se estima que debe protegerse el estado de inocencia. Por haberse producido él vicio en el propio acto de absolver, no ha sido reclamar su subsanación.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1) Denunció el recurrente que el Sentenciador no observó en la valoración de la prueba excluida a las Reglas de la Sana Crítica y el artículo 333 del Código Procesal Penal. Expuso el censor que según el artículo 333 del Código Procesal Penal, el Sentenciador está facultado para dictar diligencia de mejor proveer y evacuarse nueva prueba si durante el juicio se ha puesto de manifiesto la omisión de un elemento de prueba importante; resulta que al Tribunal A-quo se le informó que la defensa contaba con una video, en donde el testigo Carlos Rubén Torres confiesa que declaró contra el imputado porque fue pagado, además de la persona que lo grabó y que también se presentaría a declarar; pero el Sentenciador por unanimidad de votos declaró sin lugar tales pruebas. Estableció además que la sentencia contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la contradicción y la sana crítica al observarse en la valoración de la exclusión de la prueba, el dictamen de autopsia N° 060-11 y que se convierte en la violación de los artículos antes mencionados. 2) Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que “el Principio de Debida Técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, por ello esta sala de lo penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: A) Elegir con puntualidad la causal. B) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. C) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de Agosto de 2010 SP 273-08; Sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; Sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aún intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley[1]. 3) El principio de Debida Técnica recursiva anteriormente explicado, no fue observado por el recurrente al momento de plantear y desarrollar su recurso de casación, pues aunque menciona como motivo de casación el quebrantamiento de forma: “No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba excluida a las reglas de la Sana Crítica”; este motivo como tal no aparece en los enumerados en el artículo 362 del Código Procesal Penal, pues ignora esta Tribunal de Casación a qué se refiere el recurrente al establecer “valoración de prueba excluida a las reglas de la sana Crítica”, pues el ya mencionado artículo contiene un motivo referente a la valoración de las pruebas inobservando las reglas de la sana crítica y otro muy distinto respecto a exclusión de medios de prueba. En buena parte de su recurso el impetrante realiza una serie de argumentaciones de instancia, mismas que no son permitidas en esta etapa casacional, pues al conformarse el recurso de casación como una impugnación eminentemente técnica y además de numerus clausus, no permite este tipo de razonamientos que son presentadas generalmente en recursos ordinarios, al grado tal que plantea una valoración de la prueba conforme a su criterio subjetivo, proceso mental que no es permitido en esta etapa casacional, pues dicha tarea compete al Juez A-quo quien, mediante el principio de inmediación, ha tenido contacto con la prueba y su desarrollo, por tanto es el único responsable de valorar la prueba allegada al juicio. Todas estas inconsistencias hacen que el recurso se vuelva confuso y falto de claridad y no permite darle una respuesta a los cuestionamientos del recurrente. A pesar de las inconsistencia del recurso, este Tribunal de Casación ha establecido también como criterio jurisprudencial que, en virtud del control de convencionalidad que establece que los órganos del Estado en el marco de sus competencias, deben tomar en cuenta lo regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que sobre ésta ha realizado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual se constituye en un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, resulta necesario que los jueces y tribunales sean los primeros llamados a ejercer el control de convencionalidad. En tal sentido la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2.h establece las “Garantías Judiciales” exigibles en el marco de un proceso, dentro del cual se establece el “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior,” que es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. De acuerdo a la Corte IDH, el recurso contemplado en el artículo 8.2.h debe ser uno “ordinario eficaz” independientemente de la denominación que se le dé. En esa misma línea, los Estados “no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho a recurrir del fallo ya que dicha posibilidad debe ser accesible sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. Por ello, la corte ha estimado que “las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente.” (Corte IDH. Caso Mohamed vs Argentina). 4) En ese sentido este Tribunal de Casación en respeto a ese control de convencionalidad, efectuará una revisión general de la sentencia recurrida para determinar si la misma fue conformada de acuerdo a lo regulado en el artículo 338 del Código Procesal Penal, y si el Juzgador efectuó un adecuado juicio de valor respecto de las pruebas que fueron evacuadas en el debate o juicio oral. Iniciaremos con el cimiento de toda sentencia penal, es decir los Hechos Probados, los cuales al analizarlos observa esta Sala que los mismos fueron conformados con claridad, precisión y coherencia, de tal forma que ubican al lector en tiempo y espacio, siendo claros en las actuaciones que realizaron los diferentes actores, pero específicamente en las acciones ejecutadas por el acusado Mario Gustavo Castellanos, encajando de manera perfecta en la norma penal por el cual fue condenados el imputado, es decir en el artículo 116 del Código Penal que regula el delito de Homicidio Simple. En relación a los juicios de valor utilizados por el Sentenciador para razonar la prueba evacuada en el debate, es posible deducir que los argumentos del A-quo son racionales, coherentes y se derivan precisamente del legajo probatorio, pues realizó una valoración tanto individual como conjunta de toda la prueba, en cuyos raciocinios se observa la aplicación de las reglas de la sana crítica. En cuanto a los derechos y garantías que goza toda persona sometida a proceso penal, se puede verificar que en todo momento se respetó el derecho de defensa y el debido proceso de los acusados, el Tribunal actuó en el marco de sus atribuciones y todo el juicio oral se desarrollo sin incidencias que pudieran dar reproche casacional por esta vía. En conclusión la sentencia dictada por el Tribunal Sentenciador cumple con los requisitos establecidos en el artículo 338 del Código Procesal Penal, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. V. DECISIÓN Por las razones expuestas se declara no ha lugar el presente recurso de casación. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Único: Declarar No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma, en su Único Motivo, interpuesto por el abogado Leonardo Manuel Alvarado Fuentes en su condición de Defensor Privado del imputado MARIO GUSTAVO CASTELLANO, a quien se le condenó por el delito de Homicidio, en perjuicio de Rubén Darío Martínez. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- FIRMA Y SELLO.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado Coordinador.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha veinte de junio del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-50-2014.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
[1] VID Sentencia de Casación Penal SP 41-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 08 de marzo del 2012