Sentencia CP-485-15 — Registro 11456
Resumen
En primera instancia se condena al imputado como autor del delito de otros fraudes mediante apropiación indebida continuada, se declara sin lugar el recurso de cascaión interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."En el caso bajo examen, esta Sala considera que el comportamiento del señor W. E.A.O. descrito en los hechos declarados probados y fijados por el Juzgador de instancia, se subsume en el tipo penal de Fraude mediante Apropiación Indebida Continuada. Por otra parte este Tribunal de Casación observa que la recurrente reprocha la fundamentación probatoria del fallo impugnado, esta Sala reitera que por la vía de Infracción de Ley, que es el cauce invocado por la Censora, no es procedente conocer de los alegatos fundados en defectos de forma que radican en la valoración errónea de la prueba, en tanto que los mismos han debido ser canalizados a través de un motivo de casación por Quebrantamiento de Forma..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Esta Sala de lo Penal estima que el impetrante no logra exponer con la debida claridad como se produce la infracción del artículo 89 constitucional, pues siendo garantía del proceso deviene el recurrente obligado a demostrar como se da la violación y si bien hace algunos comentarios en base a que las pruebas evacuadas no sirvieron para demostrar la culpabilidad del procesado, puntualizando aisladamente las valoraciones del Tribunal, sin exponer en que consiste el error del ejercicio intelectivo utilizado por el juzgador y como ello redunda en la infracción del precepto constitucional señalado; no aprecia esta sala que la vía correcta para la pretensión del recurrente sea la de la casación por infracción de precepto constitucional en tanto que viene enfatizando aspectos de valoración de la prueba sin vincularlos adecuadamente con la norma constitucional que supone infringida, limitando su libelo a alegatos propios de instancia, por lo tanto, no procede el motivo de Casación invocado.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO PENAL I. SENTENCIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, A LOS VEINTISIETE (27) DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017).- El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de Coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, ha pronunciado: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, LA SENTENCIA EN EL RECURSO DE CASACIÓN SP 485-20125 POR INFRACCIÓN DE LEY, INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL Y POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Entrada Nueva Arcadia, Copán, mediante la cual falló: 1) Condenando al señor W. E. A. O., como autor del delito de otros fraudes mediante apropiación indebida continuada, en perjuicio de la cooperativa Cafetalera Siguatepeque Limitada (COHORSIL), a la pena de diez (10) años de reclusión y una multa de ciento noventa mil ciento ochenta y cuatro lempiras con treinta y ocho centavos (L.190,184.38). - 2) Condenando al señor W. E. A. O., a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal.- 3) Declarando la responsabilidad civil del condenado.- 4) No condenando en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, la Abogada C. C. R. R., actuando en su condición de Defensora Privada del señor W. E.A. O.. Son partes: la Abogada C. C.R.R., en su condición de Defensora del señor W.E. A. O., como recurrente y el Abogado J.S.P. del C., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado V.R. C. S., actuando en su condición de acusador privado, como recurridos. II. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: Que en fecha 30 de marzo del año dos mil siete, el acusado W. E. A.O.., fue contratado en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, por el Gerente General de la Cooperativa Cafetalera Siguatepeque Limitada (COHORSIL), Ingeniero Agrónomo C. E. M., para laborar por indefinido como Gerente Tienda la Entrada, Copán, donde comercializan productos e implementos agrícolas y pecuarios. SEGUNDO: Como Gerente de la tienda de la Entrada Copán, el acusado W.E. A. como único responsable tenía una serie de actividades que desempeñar, entre las cuales estaba la de realizar depósitos bancarios diarios conforme a ventas y hacer los ingresos conforme transferencias y para efectuar ventas al crédito tenía que solicitar autorización para ello. TERCERO: Los días sábados 27 de marzo y miércoles 7 de abril del año dos mil diez, en la tienda administrada por el procesado W. E. A., se realizaron ventas por la cantidad de Quinientos Sesenta y Tres mil Setecientos Treinta y Dos Lempiras (L.563,732.00)y solo depositó a la cuenta de COHORSIL, la cantidad de Diez Ciento Diecinueve Lempiras (L.10,119.00) y se dejó de depositar un total de Quinientos Cincuenta y Tres mil Seiscientos Trece Lempiras (L.553,613.00) y al consultarle a W.E. A., sobre el faltante del dinero no depositado no dio explicación al respecto. CUARTO: Debido a que el acusado W.E. A., no dio una explicación del faltante no depositado de la venta de los mencionados días, el auditor interno de la Cooperativa COHORSIL l. R. y el Administrador J. .P. practicaron un inventario por ordenes de la Gerencia General, en todas las líneas de productos manejados en la tienda de la Entrada y se verificó en los meses de febrero y marzo del año dos mil diez, un faltante de producto a precio de costo por la cantidad de un millón Cuatrocientos Dos Mil Doscientos Veinticuatro Lempiras con Treinta y Cuatro centavos (L.1,402,224.34)y tampoco el acusado dio explicación de dicho faltante y mediante auditoria forense se establece que el total general de los faltante tanto de productos en el inventario como en los depósitos por las ventas asciende a un total de Un Millón Novecientos Un Mil Ochocientos Cuarenta y Tres Lempiras con Ochenta Centavos (L.1,901,843.80). Cabe destacar que dichas acciones realizadas por el acusado W.E. A. O., fueron ejecutadas en diferentes momentos en un período aproximadamente de tres meses con lo cual ha causado un perjuicio económico a la Cooperativa COHORSIL y por tal razón el Gerente General de la misma C. E. M., autorizó al Ministerio Público para que ejerciera la acción penal pública contra el acusado W. A., quien posteriormente fue aprehendido por agentes de la D.N.I.C y luego puesto a la orden de las autoridades correspondientes”. III. RECURSO DE CASACIÓN “Recurso de casación por Infracción de Ley, “CASACION POR INFRACCION DE LEY O DE DOCTRINA LEGAL. MOTIVO PRIMERO: Infracción por falta de Aplicación del artículo trece (13) párrafo tercero del Código Penal vigente, que dispone lo siguiente: El delito es culposo cuando es resultado de imprudencia, impericia, negligencia o cuando es producto de la inobservancia de una ley, de un reglamento (el subrayado es propio) o de órdenes, soluciones o deberes atendidas las circunstancias y la situación personal del delincuente……. RECEPTO AUTORIZANTE.- Considero que este motivo se encuentra comprendido en el párrafo primero del artículo trescientos sesenta (360) del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO De la lectura del Hecho Probado PRIMERO se establece que el señor W. E.A. O., celebró un contrato de trabajo con la Empresa Cooperativa Cafetalera Siguatepeque Limitada, con sus siglas COHORSIL, en fecha treinta de marzo de dos mil siete; para desempeñarse como gerente de dicha Empresa en la tienda que la misma mantenía en la ciudad de La Entrada, de este Departamento de Copán. Según hecho probado. SEGUNDO: para efectuar ventas al crédito, el señor A.O. tenía que solicitar autorización para ello. Bajo el efectuar ventas al crédito, el Señor A. O. tenía que solicitar autorización para ello. Bajo el renglón VALORACION DE LA PRUEBA este Tribunal se remite, entre otros, a lo manifestado por el Testigo R. M. S., Sub Gerente de la Cooperativa COHORSIL, quien refirió que en fecha veintisiete de marzo se hizo una venta sin factura a nombre de R.I. y otra a nombre de una organización cristiana, lo que sumaba quinientos cincuenta y tres mil lempiras y solo depositó diez mil y a una interrogante del porqué no se había realizado la totalidad del depósito el imputado contestó que lo haría el lunes, lo cual no aconteció. A criterio del Tribunal de Sentencia, la declaración del señor R.M.S. engloba la síntesis de los hechos expuestos por cada uno de los testigos que comparecieron a la audiencia de debate, donde es evidente las irregularidades (el subrayado es propio) detectadas en la tienda administrada por el acusado, quien a la vez destacó las obligaciones y directrices que se lo dieron para un buen funcionamiento y correcto proceder en el desarrollo de las actividades. Consta de autos, igualmente, prueba documental, consistente, entre otras, en un acta de audiencia de descargo (bajo número nueve de la Valoración de la Prueba) así como un título valor consistente en una letra de cambio firmada por el señor W. A. O., cuyo original quedó en poder de la parte agraviada. Es relevante entonces, que la Empresa COHORSIL considere que mí representado, A. O., había incurrido en inobservancia de reglamento, que no le permitía hacer ventas al crédito sin previa consulta con sus superiores; al igual que una negligencia manifiesta al no hacer debidamente los depósitos de dichas ventas. Omitiendo de tal forma los ingresos provenientes de las supradichas ventas; por lo que la Gerencia General de COHORSIL lo llamó a una audiencia de descargo; donde el imputado aceptó haber cometido faltas y desaciertos en la administración de la Sucursal de la tienda de la Cooperativa Cafetalera Siguatepeque Limitada; y, por ende para garantizar los faltantes habidos en la tienda por la venta de productos firmó una letra de cambio. En consecuencia, los hechos cometidos por el encausado, en ninguna forma son dolosos, antes bien culposos y deben ser sancionados como tales al tenor de lo dispuesto en el numeral tercero del artículo trece (13) del Código Penal. RECLAMACIONES HECHAS PARA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL: El vicio Procesal que da fundamento a la Infracción cometida, fue realizado en el acto mismo del fallo y por su naturaleza no era posible intentar reclamo alguno para su subsanación. MOTIVO SEGUNDO: infracción por falta de aplicación de los artículos ocho (8) y once (11) de la Ley Orgánica del Colegio de Peritos Mercantiles y Contadores Públicos de Honduras; emitida en Decreto Legislativo Número setenta y cuatro (74) y publicado el cinco de octubre de mil novecientos sesenta y seis (1966), vigente; PRECEPTO AUTORIZANTE: Considero que este motivo se encuentran comprendido en el párrafo primero del artículo trescientos sesenta (360) del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: 1. En el hecho Probado “Cuarto” el Tribunal Sentenciador refiere: “Debido a que el acusado W. E. A. no dio una explicación del faltante no depositado de la venta de los mencionados días, el Auditor Interno de la Cooperativa COHORSIL F. R. y el Administrador J. P. practicaron un inventario...” -Luego, bajo el mismo numeral se lee más abajo: “....mediante auditoria Forense se establece que el total general de los faltantes asciende a un total de Un Millón Novecientos Un Mil Ochocientos Cuarenta y Tres Lempiras con Ochenta Centavos…..” 2. Para arribar a tal hecho probado, el Tribunal hizo Una Valoración de la prueba de cargo, en donde le dio plena validez (Ver numeral “Segundo” de la valoración de la Prueba) a lo declarado por el testigo I.R., quien dijo desempeñar las funciones de AUDITOR de la Cooperativa. Así, dice: “segundo: también el Ministerio Público y el acusador privado ejecutaron prueba documental consistente en: 1. Un informe de auditoria interna realizada en los primeros días del mes de mayo del año dos mil diez, en la cual se pone de manifiesto las irregularidades en que incurrió el acusado y el procedimiento seguido para detectar los faltantes.... Mismo que fue ratificado por el señor J. F.R.…” 2. Memorando e Informe de Auditoria Adjunta...” 3. Después de hacer una valoración de toda la prueba documental presentada, el Tribunal se refiere al dictamen pericial forense, de la siguiente manera: “... Asimismo se evacuó de manera conjunta el dictamen pericial, consistente en una auditoria forense, la cual fue ratificada por L. F. M.R., de la Unidad de Auditoria Forense se de la Fiscalía Especial contra la Corrupción quien hizo la observación de que elaboró dicha auditoria basado en los documentos que se le remitió por parte de la parte afectada....” El Tribunal Sentenciador, después de hacer la anterior valoración de la prueba, concluyó que mi representado era autor material del delito de Otros Fraudes Mediante Apropiación Indebida Continuada en perjuicio de LA COOPERATIVA COHORSIL; como lo hizo en su parte Resolutiva mediante la sentencia condenatoria, ya referida. La impugnante estima que el elemento básico en que el Tribunal se asentó para fundar su fallo; al margen de lo relatado por los testigos, entre los cuales se cuenta el auditor interno de la Cooperativa J.F. R., fue el dictamen de auditoria, incorporado como prueba documental al debate; y del cual se sirvió el Perito Forense; la impetrante, estima, que se ha violado una norma jurídica al valorar tal prueba (pericial-documental); por lo siguiente: 1. Cuando declaró en juicio oral el señor J. I.R., quien elaboró el dictamen de auditoria, dijo entre otros: “Como yo soy órgano supervisor de la junta de intervención no es necesario” Esta contestación fue la interrogante de si él estaba colegiado. Más adelante nos referiremos a lo cuestionado de esta respuesta. Ahora bien: cuando el Perito Forense L. F.M. R., ratifica su dictamen y es interrogado por las partes, contestó que él trabajó y elaboró su peritaje con los documentos que le son enviados por la Empresa, dice: “no puedo salir de lo que no tengo a la vista” Luego, dicho perito manifiesta que su trabajo fue limitado y que no contó con toda la documentación de la Empresa; reafirma que solo trabajó con los documentos que le envió la Empresa; entre ellos el informe de auditoria. Lo que resaltamos es que el informe de auditoria y el inventario fueron elaborados por el señor I. R., que manifestó desempeñar las funciones de Auditor Interno de la Cooperativa COHORSIL; si bien en ambos documentos aparece la firma del expresado auditor; éste no refrenda su firma con el sello de colegiación, lo cual debió hacerlo; si el perito forense elaboró su informe con los mismos datos del Auditor Interno y éste no estaba facultado ni autorizado para ello, según la ley Orgánica del Colegiado de Peritos Mercantiles, dicho informe, carece de valor probatorio; aún y cuando en la valoración de la Prueba el Tribunal hizo acopio de varias declaraciones de testigos y de otros documentos que se relacionan con dichas deposiciones, es obvio que la prueba documental, informe de auditoria e inventario fue factor determinante para que se condenara al señor W. E. A. O.. Porqué razón no es válido el informe de auditoria e inventario? La Ley Orgánica Del Colegio De Peritos Mercantiles Y Contadores Públicos De Honduras, establece en sus artículos nueve y once lo siguiente: Artículo 9: Solo los miembros colegiados podrán ejercer la profesión de contador, contador auxiliar o ayudante de contabilidad o cualquier otra labor que requiera conocimientos de esta rama del saber; y desempeñar los cargos y funciones siguientes: contadores generales, seccionales, departamentales y locales del gobierno, entidades autónomas, semi autónomas, distritales, municipales y particulares y Jefes Administrativos y demás; efectuar avalúos y peritajes de carácter contable fiscal y tributario, que ordenen de conformidad con la ley de autoridades judiciales y administrativas. Artículo 11: Las empresas privadas que infringieren las disposiciones contenidas en esta ley, incurrirán en una multa de. . . .Esta sanción no excluye la de nulidad de las operaciones contables cuando en su proceso de elaboración hayan intervenido personas que no reúnan los requisitos establecidos en la presente ley. Por lo que es visto que el Tribunal Sentenciador ha infringido por falta de aplicación una norma jurídica; pues los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor; como acontece en el presente caso en que se dictó un fallo atendido a un informe de auditoria e inventario de faltantes, elaborado, por una persona, disque Perito Mercantil y Contador Público, no afiliado al Colegio de dicha rama, documentos que a la vez fueron el soporte en que se fundó el peritaje rendido por el Perito Forense, señor F. M. R.
|39, de la Unidad de Auditoria Forense de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción; y quien, hizo la observación que elaboré dicha auditoria basado en la documentación que se le remitió por parte de la parte afectada. Dijimos con anterioridad que no se puede soslayar este detalle aún y cuando exista otra prueba, empero, el error existe y da lugar a la nulidad del fallo. Por haberse cometido el error en el acto mismo de la emisión de la sentencia no ha sido posible intentar reclamo alguno al motivo de casación que antecede. ALCANCE DE LA PETICION DE LA RECURRENTE. A la Honorable Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia respetuosamente pido: Declarar HA LUGAR al MOTIVO de CASACION que antecede; se ANULE la sentencia recurrida y se dicte sentencia absolutoria. Me mueve una inquietud: es en referencia a una sentencia dictada por esta Sala de lo Penal, en el proceso seguido contra el señor R.B.R por el delito de APROPIACION INDEBIDA en perjuicio de J.F.V.M.; en donde conoció un Recurso de Casación por Infracción de Ley o de Doctrina Legal y Quebrantamiento de Forma, según expediente No. 207-2011; y en que, esta Sala, aún cuando considera que el recurrente ha hecho un errado planteamiento argumentativo, concluye declarando CON LUGAR dicho Recurso, CASA LA SENTENCIA y como consecuencia absuelve al imputado de toda responsabilidad penal!!!. Así, bajo el renglón “CONSIDERANDO” Numeral 1 111, se lee, en su parte conducente: “...Si bien el recurrente ha hecho en su recurso un errado planteamiento argumentativo… Sin embargo aún con las falencias señaladas (el subrayado es propio) en planteamientos similares ha sido del criterio que, impera el principio de tutela judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que obliga a los órganos judiciales dar respuesta a los conflictos que la ley pone en la esfera de su conocimiento. Por lo que esta impugnante se solidariza con esta consideración y se apega a la misma; esperando igual trato; enfatizando que el dictamen rendido por el Perito Forense adolece de muchas falencias, como el mismo lo dijo; y que trabajó con datos incompletos; lo que desdice de una Labor Completa y Exhaustiva, como es menester; pues falta a los deberes de una persona que ha sido nombrada como tal. De allí que tal medio no debió haber sido valorado como prueba veraz; mucho menos que el informe de auditoria e inventario no son elaborados por la persona idónea, pues no contaban con el sello que distingue a los miembros inscritos del Colegio de Peritos Mercantiles; y conforme a ley, todo lo actuado por ellos carece de valor y son nulos. QUE CONSTE. IV. CONTINÚA MANIFESTANDO LA RECURRENTE EN SU “RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO UNICO: Infracción por falta de aplicación del artículo ochenta y nueve (89) de la Constitución de la República, que a la letra dice: Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido dentro de lo que dispone el artículo trescientos sesenta y uno (361) del Código Procesal Penal que establece: “En todos los casos en que con arreglo a este Código, pueda interponerse Recurso de Casación contra una resolución judicial, será suficiente para fundamentarlo la infracción de precepto constitucional. EXPLICACION DEL MOTIVO: El motivo por la Infracción de Precepto Constitucional invocado es el contentivo a la PRESUNCION DE INOCENCIA! Con el artículo dos (2) del Código Procesal Penal y ochenta y nueve (89) del propio texto constitucional, en relación al delito de APROPIACION INDEBIDA CONTINUADA, por cuanto el Tribunal de Sentencia impugnado de la Entrada, Nueva Arcadia, Copán, ha elaborado un relato fáctico en base a enunciados donde indica auxiliarse de las reglas de la sana crítica, de los cuales no existe corroboración inmediata. Al no haberse practicado medios probatorios razonables; e incluso estar en entredicho los dictámenes de auditoria de la empresa y correlativamente el emitido por el perito forense, el cual se origina del anterior, por manifestaciones propias de quien elaboró, nos lleva a concluir una versión de los hechos no ajustados a la verdad; por lo que, de la prueba ofertada y evacuada en el juicio oral no arroja una base razonable para dictarse un pronunciamiento de culpabilidad, conculcándose el principio de Presunción de Inocencia. A través de la invocación de la vulneración del precepto constitucional conocido como PRESUNCION DE INOCENCIA, es posible que la Sala de lo Penal controle tanto la licitud de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo, como su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y razonabilidad de las inferencias realizadas por el Tribunal de Sentencia. Por ello a través de un motivo de casación basada en la infracción del derecho a la presunción de inocencia, se puede cuestionar no solo el cumplimiento de las garantías legales y constitucionales de la prueba practicada, sino la declaración de culpabilidad que un Tribunal de Sentencia hay deducido de su contenido; pudiendo por esta vía realizar una revisión íntegra, no solo de cuestiones jurídicas sino también fácticas y el control de las reglas procesales y la valoración de la prueba. Y, para una mejor valoración, la jurisprudencia hondureña ha establecido lo siguiente: “… por otra parte este Tribunal estima que, efectivamente, cuando se alega en casación la violación del derecho de Presunción de Inocencia, el control del recurso debe constituir en: a) una ponderación o juicio sobre la prueba, consistente en verificar la existencia de prueba de cargo legalmente obtenido e incorporada al juicio; y b) la verificación de la racionalidad de las inferencias derivadas de la prueba directa o indirecta, a efecto de constatar la razonabilidad o arbitrariedad de estas, a la luz de las reglas de la sana crítica”. Sentencia de fecha doce de febrero del año dos mil ocho. Con registro número 164-07. Asimismo: “...por otra parte este Tribunal en reiteradas sentencias ha sentado pauta de jurisprudencia, en cuanto a la intangibilidad del cuadro fáctico fijado por el juzgador de instancia. Los hechos probados se derivan de la valoración de la prueba, de conformidad a las reglas de la sana crítica. Corresponde únicamente al Tribunal de Casación determinar el iter lógico del juzgador… 2 Sentencia de fecha veintitrés de agosto de dos mil seis con registro número 178-2004. El proceso penal tiene como objetivo generar en el juez la convicción respecto al hecho imputado, poniendo a luz la responsabilidad del acusado, para aplicar la pena concreta que corresponda. Pero en el caso que nos ocupa lo más justo constituye más bien el reconocimiento del ESTADO DE INOCENCIA. Y, en este proceso penal no se ha llegado a establecer y determinar con la certeza del caso la responsabilidad del señor W.A. O., en la autoría que se le atribuye; y, ante tal problema es menester acudir al Estado de Inocencia. El vicio procesal que da fundamento a la infracción de Precepto Constitucional, fue cometido en el acto mismo de la sentencia; en tanto y por su naturaleza no ha sido posible pedir su subsanación con anterioridad. Por lo anterior, a la Honorable Sala de lo Penal de esta augusta Corte respetuosamente pido: que se declare HA LUGAR AL Motivo de Casación expuesto y se ANULE la sentencia recurrida”. V. SIGUE MANIFESTANDO LA RECURRENTE EN SU “RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO UNICO: Se excluyó y se dejó de considerar una prueba de valor decisivo en el juicio. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo se encuentra comprendido en el artículo 362 preámbulo y numeral dos (2) del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: El Tribunal Sentenciador no valoró e hizo caso omiso de una prueba documental; que indudablemente determinó un fallo controvertido y arbitrario; donde, como lo expusimos en otro párrafo un perito forense emitió dictamen, con documentos que se le proporcionaron, sin haber llegado por lo menos a tener acceso a toda la documentación requerida; es decir, su campo de acción fue limitado, aún y cuando él pudo allegarse mejores elementos de prueba. La defensa ofertó, entre otros, como prueba documental, una letra de cambio o título valor firmado por el señor W. E. A.O., a raíz de una audiencia de descargo a que fue sometido por parte de su empleador, la Cooperativa Cafetalera Siguatepeque Limitada COHORSIL, tal documento, cuyo original obra en poder de la empresa es prueba fehaciente de que mi representado en ningún momento pretendió eludir o justificar alguna irregularidad en que se le involucrara como Gerente de la Sucursal de dicha empresa; ésta, aceptó el compromiso contraído, empero, sometió el caso al Ministerio Público cuando ya la génesis del problema había cambiado su naturaleza: del orden penal al orden civil. En cuanto respecta a la valoración de tal documento, el Tribunal Sentenciador se refirió al mismo de una forma somera; aún y cuando fue incorporado al juicio y aceptado en la audiencia de proposición de pruebas. Esta condena dictada por el Honorable Tribunal de Sentencias de la Entrada, Nueva Arcadia, Copán esencialmente vulnera el derecho a la defensa pues se valoró parcialmente la prueba propuesta por las partes; donde únicamente la prueba de cargo tiene eficacia probatoria; por lo que la misma (condena) basada en la privación y limitación substancial del derecho de defensa, misma que tiene carácter material, real, efectiva y actual, mediante la cual se privó a la defensa de la utilización de medios probatorios eficaces para desvirtuar los cargos imputados, reduce a la nada las posibilidades de defensa; de tal manera que de la propia motivación fáctica probatoria y jurídica se observan que no se tomó en consideración elementos de prueba, tal letra de cambio, debidamente acreditados; y que demuestran la total carencia de dolo del acusado en los hechos que se le atribuyen. El hecho de que el Tribunal de Sentencias no valora adecuadamente la prueba documental aludida, crea desventajas que lesionan derechos de una de las partes y limita la capacidad de defensa; ya que, si el Tribunal hubiera hecho una adecuada valoración de esta prueba documental, su determinación final hubiera sido otra; eximiendo de toda responsabilidad al señor A. O.; quien, fue objeto de una prueba espuria y malintencionada que propició un informe de auditoria controvertido, en desmedro de los intereses del imputado; ya que, en modo alguno se determinó que éste se aprovechara para sí del manejo y administración indebida de la empresa para lo cual labora. Por haberse producido el vicio in procedendo, no ha sido posible su reclamación para subsanación. A la Honorable Sala de lo Penal de la Corte Suprema de justicia, pido: se Declare Ha Lugar al presente motivo de casación por Quebrantamiento de Forma; se anule el debate y la sentencia recurrida”. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA I. Recurso de Casación por Infracción de Ley en su primer motivo interpuesto por la defensa del procesado W. E.A. O.. 1.- La Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que por medio del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional Recurso de Apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, y que corresponde a la Sala actuar como mero contralor de la aplicación de la ley sustantiva. En este sentido el Recurso de Casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. 2.- En el caso concreto que ahora nos ocupa, los hechos declarados probados por el A Quo expresan que: “PRIMERO: Que en fecha 30 de marzo del año dos mil siete, el acusado W.E. A. O., fue contratado en la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua, por el Gerente General de la Cooperativa Cafetalera Siguatepeque Limitada (COHORSIL), Ingeniero Agrónomo C. E. M., para laborar por indefinido como Gerente Tienda la Entrada, Copán, donde comercializan productos e implementos agrícolas y pecuarios. SEGUNDO: Como Gerente de la tienda de la Entrada Copán, el acusado W. E.A. como único responsable tenía una serie de actividades que desempeñar, entre las cuales estaba la de realizar depósitos bancarios diarios conforme a ventas y hacer los ingresos conforme transferencias y para efectuar ventas al crédito tenía que solicitar autorización para ello. TERCERO: Los días sábados 27 de marzo y miércoles 7 de abril del año dos mil diez, en la tienda administrada por el procesado W. E. A., se realizaron ventas por la cantidad de Quinientos Sesenta y Tres mil Setecientos Treinta y Dos Lempiras (L.563,732.00)y solo depositó a la cuenta de COHORSIL, la cantidad de Diez Ciento Diecinueve Lempiras (L.10,119.00) y se dejó de depositar un total de Quinientos Cincuenta y Tres mil Seiscientos Trece Lempiras (L.553,613.00) y al consultarle a W. E. A., sobre el faltante del dinero no depositado no dio explicación al respecto. CUARTO: Debido a que el acusado W. E. A., no dio una explicación del faltante no depositado de la venta de los mencionados días, el auditor interno de la Cooperativa COHORSIL l. R. y el Administrador J. P. practicaron un inventario por ordenes de la Gerencia General, en todas las líneas de productos manejados en la tienda de la Entrada y se verificó en los meses de febrero y marzo del año dos mil diez, un faltante de producto a precio de costo por la cantidad de un millón Cuatrocientos Dos Mil Doscientos Veinticuatro Lempiras con Treinta y Cuatro centavos (L.1,402,224.34)y tampoco el acusado dio explicación de dicho faltante y mediante auditoria forense se establece que el total general de los faltante tanto de productos en el inventario como en los depósitos por las ventas asciende a un total de Un Millón Novecientos Un Mil Ochocientos Cuarenta y Tres Lempiras con Ochenta Centavos (L.1,901,843.80). Cabe destacar que dichas acciones realizadas por el acusado W. E. A.O., fueron ejecutadas en diferentes momentos en un período aproximadamente de tres meses con lo cual ha causado un perjuicio económico a la Cooperativa COHORSIL y por tal razón el Gerente General de la misma C. E. M., autorizó al Ministerio Público para que ejerciera la acción penal pública contra el acusado W.A., quien posteriormente fue aprehendido por agentes de la D.N.I.C y luego puesto a la orden de las autoridades correspondientes”. 3.- En el caso bajo examen, esta Sala considera que el comportamiento del señor W. E.A.O. descrito en los hechos declarados probados y fijados por el Juzgador de instancia, se subsume en el tipo penal de Fraude mediante Apropiación Indebida Continuada. Por otra parte este Tribunal de Casación observa que la recurrente reprocha la fundamentación probatoria del fallo impugnado, esta Sala reitera que por la vía de Infracción de Ley, que es el cauce invocado por la Censora, no es procedente conocer de los alegatos fundados en defectos de forma que radican en la valoración errónea de la prueba, en tanto que los mismos han debido ser canalizados a través de un motivo de casación por Quebrantamiento de Forma. II. Recurso de Casación por Infracción de Ley en su segundo motivo interpuesto por la defensa del procesado W.E.A.O.. Según nuestra normativa Procesal Penal, el Recurso de Casación por Infracción de Ley, se analiza; “dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada……”; en el presente caso de autos la recurrente se limita a señalar el artículo 8 y 11 de la Ley Orgánica del Colegio de Peritos Mercantiles y Contadores Públicos de Honduras que a su parecer han sido infringidos, y después hace una serie de cuestionamientos a la valoración de la prueba que hizo el Tribunal A quo en la instancia, pero no expone en que parte del cuadro fáctico plasmado por el Tribunal de Instancia en la sentencia, existe la infracción al precepto sustantivo que debió ser observado y que ha provocado una errónea fundamentación jurídica, requisito indispensable para que esta Sala de lo Penal pueda ejercer debidamente el control casacional para este tipo de recurso, lo que no es posible en el presente caso, ya que el recurrente no expone de forma clara, porqué el precepto que refiere como infringido, no está de acuerdo con los hechos que se declararon probados en la sentencia y, como ya se dijo, centra su alegato en cuestionar la valoración de la prueba y no la infracción a la norma sustantiva en relación con el cuadro fáctico, lo que imposibilita a esta Sala, poder pronunciarse en relación a la infracción de ley anunciada como motivo. III. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por la defensa del procesado W. E.A. .O. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores. La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. 2. Esta Sala de lo Penal estima que el impetrante no logra exponer con la debida claridad como se produce la infracción del artículo 89 constitucional, pues siendo garantía del proceso deviene el recurrente obligado a demostrar como se da la violación y si bien hace algunos comentarios en base a que las pruebas evacuadas no sirvieron para demostrar la culpabilidad del procesado, puntualizando aisladamente las valoraciones del Tribunal, sin exponer en que consiste el error del ejercicio intelectivo utilizado por el juzgador y como ello redunda en la infracción del precepto constitucional señalado; no aprecia esta sala que la vía correcta para la pretensión del recurrente sea la de la casación por infracción de precepto constitucional en tanto que viene enfatizando aspectos de valoración de la prueba sin vincularlos adecuadamente con la norma constitucional que supone infringida, limitando su libelo a alegatos propios de instancia, por lo tanto, no procede el motivo de Casación invocado. IV. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo por exclusión y falta de consideración de prueba de valor decisivo en su único motivo interpuesto por la defensa del procesado W..E. A.O.. La Sala de lo Penal realizado el examen de este motivo a efecto de determinar si el juzgador de instancia dejó de considerar prueba de valor decisivo o si por el contrario fue considerada, resuelve en base a las consideraciones siguientes: 1.- El artículo 362 preámbulo y numeral 2) del Código Procesal Penal, contiene varios vicios que requiere un análisis en forma separada. El motivo invocado resulta en concreto de dos hipótesis, el primero (exclusión de prueba) supone un rechazo expreso sin explicar las razones de esa decisión o bien que se le considere ilícita sin serlo; la otra hipótesis implica que la resolución impugnada no la considere en manera alguna, importa una omisión total a determinada prueba de valor decisivo, es decir que se omite totalmente su valoración ya sea de crédito o de descrédito. 2.- El artículo 202 del Código Procesal Penal impone la obligación de valorar la prueba y el artículo 336 párrafo primero del mismo código especifica que solo se valorará aquella prueba que se halla ejecutado durante el debate, relacionado con el artículo 338 preámbulo, regla cuarta numeral 2) que manda dar valor a cada prueba en base a un razonamiento de conformidad con las reglas de la sana crítica; en suma, la observación de esta normativa es lo que podemos identificar como consideración de prueba y cuya inaplicabilidad constituye la concurrencia del motivo citado por el censor, implica pues una ignorancia total de la prueba o falta de consideración de determinada prueba de valor decisivo. 3.- Un examen detenido de los medios de prueba y las valoraciones probatorias del juzgador de instancia efectuadas en la sentencia, revela que la prueba documental consistente en una letra de cambio si fue considerada por el tribunal de sentencia según se aprecia a folio No. 562, en donde se explican las razones del tribunal para no otorgarle crédito y que valor probatorio y porque, le va dando a cada uno de los medios de prueba, de tal suerte que dicha prueba si fue incluida y considerada por el Tribunal de Sentencia. 4.- Si en opinión del impetrante, las conclusiones a que llegó el Juzgador de instancia a raíz de la apreciación de toda la prueba evacuada en juicio, son erróneas, no es a través de este motivo de casación que debió ser fustigada la sentencia, sino acudir a otra causal de casación que permita analizar si el ejercicio intelectivo empleado por el Tribunal de instancia para llegar al fallo a que arribó es el correcto o no, pero ello importa plantear la posibilidad de intentar un Recurso de Casación en la forma en función de una eventual inobservancia de las reglas de la sana crítica, por lo tanto no procede el motivo de casación invocado. V. DECISIÓN Los motivos formulados por la defensa del procesado W. E. A. O. deben ser desestimados. VI. RESOLUCIÓN POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los Artículos 303, 304, 316 párrafo segundo, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformado de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360, 361, 362.2 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos, interpuesto por la Defensa del procesado W. E. A. O.. SEGUNDO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa del procesado W. E.A. O.. TERCERO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Defensa del procesado W.E. A.O.. -Y MANDA: Que se remiten las presentes diligencias a la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, para los efectos legales correspondientes. -NOTIFÍQUESE.- FIRMA Y SELLO.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado Coordinador.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.
Extendida a solicitud de la Abogada Carmen Carelia Rivera Rodríguez, en su condición de Defensora Privada del señor Walter Enrique Aguilar Ortíz, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de abril de dos mil dieciocho.- Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de abril del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-485-2015.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL