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Sentencia CP-449-13 — Registro 14419

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado De Honduras. resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia del Recurso EL RECURSO ES DE RECIBO.- La Sala de lo Penal ha confrontado el hecho único declarado probado y el artículo 332-B del Código Penal, concluyendo que existe identidad entre uno y otro, pues el hecho probado reproduce el ámbito situacional previsto en la norma, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo. No cabe duda entonces que el acusado es responsable penalmente de un delito de portación ilegal de arma de uso personal, pues portaba al momento de suscitarse los hechos, un artefacto construido con tubo de metal y piezas de madera que era capaz de disparar munición calibre .22 o LR; tal conducta puso en peligro la seguridad general o comunitaria, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, ha estado en posesión del acusado al margen de la fiscalización o control que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras, de ahí que el comportamiento del procesado merezca el reproche penal previsto en el artículo 332-B del Código Penal.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta días del mes de enero del dos mil diecisiete, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La siguiente SENTENCIA conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha nueve de octubre de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: 1) Absolviendo al Señor A. E. C. L., del delito de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado De Honduras. 2) No Condenó en costas al señor A. E. C. L. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, el Abogado S. C. A. en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: El Abogado S. C. A., Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrente. II. HECHOS PROBADOS DE LA PRIMERA INSTANCIA Único: A mediodía del ocho de enero del dos mil trece, en el parque La Leona de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, el señor A. E. C. L. fue requerido y registrado por un agente de la Policía nacional preventiva, siendo encontrado en posesión de un arma de fuego fabricada a partir de un tubo de metal y una pieza de madera, artefacto capaz de disparar una munición calibre 22 Short o LR.”. III. RECURSO DE CASACIÓN.- MOTIVOS Y ARGUMENTOS El Recurrente Abogado S. C. A. Procedió A Formalizar Su Recurso De Casación Por Infracción De Ley De La Manera Siguiente: “Exposición Del Motivos De Casación .1. Por Infracción De Ley: Motivo Único: Falta de aplicación del artículo 332-B del Código Penal vigente. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. Ministerio Explicación Del Motivo: Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, el Tribunal recurrido declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: UNICO: “A mediodía del ocho de enero del dos mil trece, en el parque La Leona de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, el señor A. E. C. L. fue requerido y registrado por un agente de la Policía Nacional Preventiva, siendo encontrado en posesión de un arma de fuego fabricada a partir de un tubo de metal y una pieza de madera, artefacto capaz de disparar una munición calibre 22 short o L.R” Partiendo de este extremo es importante destacar que el Tribunal Sentenciador da como acreditado más allá de toda duda razonable que en efecto el imputado tenía en su poder un arma de fuego (conocida comúnmente como Chimba) y que esta arma ha sido decretada como prohibida según la legislación penal Hondureña, y así lo establece el artículo 8.2 del decreto 30-2000 en la que el legislador hondureño ha encasillado las comúnmente chimbas como armas prohibidas. El juzgador erróneamente establece el numeral primero, párrafo nueve, del acápite Fundamentación Jurídica que “Por supuesto, no se puede soslayar que el arma de fabricación casera pueda representar un peligro hacia la seguridad del Estado de Honduras, no obstante, lo cierto es que si la tenencia de ésta arma no tiene una sanción penal, no se puede aplicar esta bajo el pretexto de hacer una política criminal, ni se puede hacer una aplicación en analógica de la norma penal en perjuicio del acusado, ya que la analogía en materia penal solo se puede aplicar a favor del reo y no en contra de éste. En ese sentido, el arma de fabricación casera por ningún punto tiene las características de ser un arma de fuego que se pueda utilizar en la guerra, ya que su mecanismo de acción es manual y tardado; tampoco puede considerarse un arma comercial, aunque se asimila más a ésta, porque generalmente el arma de fuego de fabricación casera utiliza una munición similar al arma comercial. Debido a esta última consideración, la suscrita durante varios años ha sostenido que el arma de fabricación casera se equipara a un arma de uso comercial y ha aplicado el artículo 332-B, no obstante lo cierto es que considero prudente cambiar de criterio, ya que analizando adecuadamente la norma y haciendo una interpretación de la misma a favor del acusado, ciertamente no se puede aplicar una sanción penal a la tenencia de un arma de fabricación casera”. En este sentido, este garante de la legalidad es del parecer que el sentenciador a sesgado su posición por cuanto basta revisar detenidamente la norma penal sustantiva dejada de aplicar, en este caso el artículo 332-B para darnos cuenta que en efecto la norma antes mencionada se refiere a fabricar, almacenar, transportar, poseer, usar, ingresar o sacar del país, suministrar o vender armas de fuego y municiones de tipo comercial. En este sentido no existe la atipicidad que el sentenciador establece en su fallo, por el contrario tal y como lo he manifestado anteriormente la norma dejada de aplicar en relación con el artículo 8.2 del decreto 30-2000 nos resuelve la inquietud que ha manifestado el juzgador en su fundamentación jurídica, por cuanto ya el legislador hondureño ha establecido claramente que las chimbas o armas caseras o artesanales son consideradas como armas prohibidas y por lo tanto dicho acto es considerado punible para los efectos penales correspondientes. Dado lo anterior, resulta evidente el grave vicio en el que ha incurrido el sentenciador por cuanto al establecer la atipicidad de la conducta desplejada por el imputado A. E. C. L. ha dejado de aplicar la norma que resolvía correctamente el caso, causando con ello un grave agravio a la sociedad en general. Con la vigencia del decreto legislativo 30-2000, según lo establece el artículo 8.2 del mismo, las armas artesanales o caseras, como lo es en el presente caso la decomisada al imputado es considerada como arma prohibida susceptible de una sanción penal tal y como lo establece el mismo decreto en mención. La Fiscal en el presente caso ha dejado claramente establecido que en efecto el imputado al estar portando la referida chimba, incurriendo con ello en el delito de portación ilegal de armas (art. 332-B) del Código Penal y este contenido de verdad irrefutable se encuentra plasmado en el único hecho probado, de ahí que se origina el vicio que da lugar al presente recurso, dado que el juzgador establece que el imputado, llevaba consigo una arma tipo chimba de las consideradas como prohibidas y que la misma disparaba munición calibre 22 Short o LR, dejando de aplicar la norma supra referida. Resulta interesante revisar que el sentenciador en el numeral primero, párrafo diez de la Fundamentación Jurídica, da a entender que la única sanción que se podría imponer es una sanción administrativa regulada en el artículo 57 la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares (decreto 30-2000) en lo relativo al comiso de la chimba, no así a la calificación del tipo de arma prohibida como deja de hacerlo al momento de resolver el caso. Por lo que podamos concluir que la aplicación del Artículo 332-B del Código Penal reformado no sería producto de la analogía, mucho menos una pretensión de penalizar una acción no penalizada en la Ley, sino por el contrario, esta solución es producto de la estricta aplicación del principio de legalidad (Nullum Crimen sine Lege) que como se puede apreciar en el proceso intelectivo desarrollado, respeta toda criterio interpretativo de los textos legales. Cabe mencionar que el Tribunal Sentenciador reconoce que durante años, conductas como la ejecutada por el hoy imputado, las han enmarcado en el Artículo 332-B. Para los efectos del artículo 363 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que una vez acreditado el extremo de que el procesado se encontraba en posesión de un arma prohibida conocida como artesanal o casera (chimba) y que ésta utiliza municiones calibre 22 short o LR, consecuentemente se acreditó sin lugar a dudas que el procesado A. E. C. L. cometió el delito de Portación Ilegal de Armas al tenor del Artículo 332-B en relación con el artículo 8.2 de la Ley Especial de Armas, Municiones, Explosivos y Similar esa la que hace referencia el sentenciador en su fallo. Así las cosas se afirma que el sentenciador al haber absuelto de toda responsabilidad penal al imputado, por considerar que la acción imputada no constituía delito, ha producido en consecuencia la infracción de los preceptos penales antes mencionados constituyéndose éste en el grave vicio que da lugar a recurrir por esta vía para que sea corregido este grave ultraje judicial. Sobre este mismo aspecto hacemos referencia que la Honorable Sala de lo Penal ha reconocido las armas de fabricación casera (chimbas) como armas de fuego, dado que en procesos similares, en donde el o los procesados han sido detenidos en posesión de “chimbas” ha establecido que: “...en el presente caso que nos ocupa, entiende que, la Infracción Penal de la portación ilegal de armas es de las que se conocen como de “peligro abstracto”, o de mera actividad “conductas en las que no es necesaria ni la lesión efectiva ni la puesta en peligro concreto del bien jurídico penalmente protegido, en estos delitos lo que se describe por el legislador es un comportamiento que según la experiencia general representa en sí misma un peligro para el objeto protegido, la suposición hecha por el legislador de que la posesión de armas de manera ilegal representa un peligro para la colectividad es sumamente razonable, pues sabido es que las armas representan un peligro cierto al ser utilizadas y con mayor razón de parte de quienes las portan de manera ilegal…[1] En el mismo orden de ideas, en el Recurso de Casación registrado bato el número 252-2008,la Sala de lo Penal estableció que: “Estima que la motivación del Juzgador debe ser CONCORDANTE, es decir que a cada conclusión afirmada o negada debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella, elemento éste que se observa también vulnerado por cuanto el sentenciador no logra insertar en su conclusión de manera acertada que las armas hechizas sí guardan relación con la persona del imputado...” (Lo sobresaltado es nuestro) Por su parte, la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia de Honduras, en relación a esta circunstancia manifestó que: “...el Tribunal de Alzada proveyó una resolución aplicando el “principio de legalidad”. Decimos lo anterior, en virtud del contenido del Decreto 125-2003 mencionado por el amparista, ha interpretado erróneamente, ya que de su lectura se desprende que el legislador quiso castigar de una forma más general la fabricación de armas, y que el haber eliminado la frase “de fabricación artesanal” no indica que se estaba despenalizando la fabricación de un arma denominada CHIMBA. . .en ese sentido y coincidiendo con la Corte de Apelaciones, la sentencia que se revoca el sobreseimiento definitivo no es vulneratoria de los Derechos Fundamentales aludidos, en vista de que, al tener claro mediante dictamen del departamento de balística del Ministerio Público que la CHIMBA es un arma,..” .(lo sobresaltado es nuestro)[2] Consideramos que es oportuno que la Honorable Sala de lo Penal emita una postura sobre esta problemática, dado que para este ente fiscal esta conducta debe de ser sancionada, pero ante la ausencia de una posición clara por parte de este Alto Tribunal, se han producido una diversidad de interpretaciones subjetivas de parte de los tribunales de primera instancia, donde unos condenan de conformidad al Artículo 332- A, otros por el 332-B y en la mayoría de los casos absuelven, causando muchas veces impunidad, como en el presente caso.”. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: I. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso. b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis. c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal. d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal, y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, solo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por el Ministerio Público.- Único Motivo. Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal. Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 332-B del Código Penal. Concepto de la Infracción: Falta de aplicación del artículo 332-B del Código Penal; y Pretensión: Se dicte sentencia que en Derecho corresponda. Cita el Ministerio Público el hecho único declarado probado por el Tribunal de Sentencia, en el cual se señala que en fecha 08 de enero de 2013 el acusado A. E. C. L., estaba en posesión de un arma de fabricación cacera con capacidad para disparar munición calibre 22 short o L.R. Denuncia que dados los hechos probados se debió haber hecho aplicación del artículo 332-B del Código Penal y por ende se debió dictar una sentencia condenatoria, más ello no fue así pues el Tribunal de Sentencia consideró que tal hecho probado era atípico y dictó una sentencia absolutoria a favor del acusado, en aplicación de una interpretación jurídica incorrecta. Clasificación de las Armas de Fuego (Lícitas e Ilícitas, de Guerra o de Uso Personal). El Ministerio Público establece que a partir de la derogatoria del Decreto 101-2003, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta 30,133 de fecha 11 de julio de 2003, cada vez más se ha presentado la división de criterios en cuanto a la tipificación de la fabricación, tenencia, uso, transporte, compra y venta de armas de fabricación casera. Así pues en algunos Tribunales de la República han señalado que no existe tipificación en cuanto a esa conducta, otros señalan que se encuentra tipificado en el artículo 332-A y otros en el Artículo 332-B.- Sin embargo tal dilema ya ha sido resuelto por esta Sala de lo Penal, pues en los Fallos 336-2015, 409-2015 y 473-2015, todos del 28 de julio de 2016, se ha fijado ya doctrina legal al respecto. Recordemos que la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, define como "Armas de fuego" a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, excepto las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. Mediante la Convención referida, los Estados, entre ellos Honduras, se comprometieron a comercializar armas de fuego que tengan el marcaje adecuado del nombre del fabricante, lugar de fabricación y número de serie y además, marcaje de importación que incluya nombre y dirección del importador y también a que las armas destinadas para uso oficial contengan el marcaje adecuado que las identifique. Por su parte el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define como “fabricación ilícita” de armas la fabricación o montajes de armas de fuego a partir de piezas y/o componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito, o cuando se realice la fabricación o montaje sin contar con la licencia o autorización de una autoridad competente del Estado o aquellas armas que al momento de su fabricación no fueren objeto de marcaje. Considera esta Sala de lo penal que la diversidad de calificativos que proporcionan las leyes en relación a las armas de fuego no obedece a una acertada técnica legislativa, así pues las normas legales usan los conceptos de armas comerciales, armas personales, armas deportivas, armas prohibidas y armas de guerra, lo que obliga hacer la respectiva distinción.- El artículo 7 de la Ley de Armas hace una enumeración de “armas permitidas por la ley”, entendiéndose como tales a aquellas armas que la ley autoriza su comercio, pudiendo adquirirse, regalarse, venderse, importarse, exportarse, trasportarse, almacenarse, poseerse o usarse, siempre que ello sea previamente autorizado por autoridad competente con base en la ley. Por otra parte el Artículo 8 de la Ley de Armas, hace una enumeración de las armas que se consideran “prohibidas”, es decir aquellas cuyo comercio no es permitido. En resumen, las normas citadas, haciendo una enumeración, regulan las armas de comercio lícito y las armas de comercio ilícito. La Ley de Armas no señala lo que debe entenderse o cuales son las armas de uso personal, armas deportivas o armas de guerra, que son los términos que utilizan los artículos 332-A y 332-B. Tampoco podría afirmarse que las armas enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas son aquellas que deben considerarse como de uso personal o deportivas y las enumeradas en el artículo 8 las de guerra, puesto en uno y otro artículo se aprecian armas de diferentes naturaleza, véase que las especificaciones que realiza el artículo 7 de las armas de puño o cortas, armas de hombro o largas y armas de mecánica o semi automática, pueden ser tanto armas de uso personal como armas deportivas. A su vez, algunas de las armas descritas en el artículo 8 no son de guerra, como ser las armas de fantasía y las armas de fabricación casera. En resumen son armas permitidas y por lo tanto cuyo comercio es lícito las descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas y son armas prohibidas, cuyo comercio no es lícito, no solo aquellas enumeradas en el artículo 8, sino todas aquellas cuyas especificaciones no responden a las descritas en el artículo 7. Lo anterior son conclusiones que nos permiten aplicar la Ley de Armas en el ámbito administrativo, más no contribuye a fijar definiciones de los conceptos usados por el legislador en el área penal. Como principio, fuera de los muros del Derecho Penal, toda arma de fuego puede ser usada en la guerra (conflicto bélico entre países o entre grupos de personas de un Estado), ya sea que su comercio sea lícito o ilícito. Igualmente toda arma de fuego puede ser destinada para uso personal, entendiéndose como tal aquel uso que realiza una persona en su vida cotidiana, sin importar que ésta sea de lícito o ilícito comercio y finalmente toda arma puede ser usada para realizar el deporte de la cacería, ya sea lícita o ilícita.- Estas afirmaciones, a pesar de ser ciertas en términos generales, no pueden llevarse al Derecho Penal cuando se trata de hacer la diferenciación entre las conductas que sanciona el artículo 332-A y el 332-B del Código Penal y que se relacionan con armas de fuego, puesto que no resuelven nada el dilema de la tipificación por confusión de términos. Por ello el calificativo de “arma de uso personal”, “arma deportiva” y “arma de guerra”, debe basarse en aspectos objetivos del arma de fuego que permitan su diferenciación, aspectos que debemos extraer de la ley, a saber: Armas de Guerra: El artículo332-A, tipifica el delito el de Fabricación y Tráfico de material de Guerra, Armas y Municiones, cuyo contenido es: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda Armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho a diez años de reclusión y multa de cinco mil (L. 5, 000.00) a diez mil (L. 10,000.00) lempiras.- La Policía Nacional o cualquier otra autoridad que decomise ese material lo pondrá de inmediato a disposición del Ministerio Público.”.- El artículo citado nada dice de cuáles son las armas que deben ser consideradas de guerra, salvo la referencia a las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, tampoco la Ley de Armas hace alguna referencia de ellas. Por consiguiente debemos remitirnos a la Convención Interamericana Sobre Transparencia en las Adquisiciones le Armas Convencionales, en cuyo Anexo I proporciona un listado de armas convencionales objeto de regulación, además a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y su Destrucción, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos, al Protocolo Sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias, al Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras, Protocolo sobre Fragmentos no Localizables, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxicas y sobre su Destrucción, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Como consecuencia y conforme al Artículo 332-A del Código Penal, cualquier persona no autorizada por el Estado de Honduras, que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda algunas de las armas enumeradas en los instrumentos internacionales citados, sus componentes o municiones, será sancionado con la pena de ocho a diez años de reclusión y multa de cinco mil a diez mil lempiras; particularmente, la fabricación puede ser industrialmente (mediante el uso de mecanismos automático o semi automático, para fabricación y/o ensamblaje de piezas) o artesanalmente (mediante la manufacturación de piezas o ensamblaje manual, o con ayuda de herramientas usadas manualmente). Armas de Uso Personal. El artículo 332-B del Código Penal establece como título del delito la “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales”, sin embargo al remitirnos al contenido del tipo penal, al supuesto elegido por el legislador y que es objeto de reproche, no se habla de armas comerciales, sino de armas personales, armas de defensa, armas deportivas y de explosivos comerciales (no armas comerciales), por lo tanto hay una discrepancia entre el título del tipo penal y su contenido, debiendo asirnos al contenido, puesto que éste es el ámbito situacional que sanciona el legislador.- Señala el tipo penal: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas.- Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.”. El tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas. El problema con esta enumeración es que las armas de uso personal pueden ser para propósitos de defensa o para propósitos deportivos, por lo que la clasificación hecha por el legislador es incorrecta al hacer diferencia entre armas de uso personal y armas deportivas cuando las últimas son parte del conjunto que integran las primeras.- Es importante también acotar que la remisión a una ley especial convierte a la norma en un tipo penal en blanco, sin embargo al no mencionar a que ley especial se refiere, debemos entender que puede ser cualquier ley que regule las conductas relacionadas con las armas de fuego, ello incluye los Tratados y Convenios Internacionales que forman parte del derecho interno hondureño. Por otro lado es de subrayar que en el segundo párrafo se habla de armas de defensa, mismo que no es parte del supuesto que contempla el primer párrafo como objeto del delito. Para efectos diferenciadores, debemos entender como arma de uso personal todas aquellas destinadas para un fin distinto a la guerra y que ya hemos enumerado en el apartado anterior.- Como se ha señalado ya, las armas de uso personal pueden tener propósitos de defensa o propósitos deportivos (cacería). Entre las armas de uso personal están aquellas de comercio lícito o aquellas de comercio ilícito, siendo las primeras, objeto de permiso mientras que las segundas no. Las armas de uso personal de comercio lícito están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Además se consideran armas de uso personal de comercio ilícito las descritas en los numerales 1 (Armas automáticas), 2 (Armas de Fabricación Casera o Artesanal) y 5 (Armas de Fantasía) del artículo 8 de la Ley de armas, mismas que no podemos considerar armas de guerra, dada su naturaleza y poder ofensivo, pero que si son proscritas por el peligro que representan: Las armas automáticas como consecuencia del mecanismo de disparo; Las armas de fabricación casera o artesanal, por la imposibilidad del Estado de Honduras de llevar su registro y control; Las armas de fantasía, al tener una apariencia inocua que pueden hacerlas pasar inadvertidas. Incurrirán en el delito tipificado en el artículo 332-B, las personas que fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando: No se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito; o Se trate de armas de comercio ilícito, del que en ningún caso se podrá contar con autorización de autoridad competente. La sanción a imponer a las personas responsables será de tres (3) a seis (6) años. Tratamiento Penal a las Armas de Fabricación Cacera o Artesanal. El delito de portación ilegal de armas es un delito de mera actividad, permanente y de peligro abstracto que atenta contra la Seguridad Interior del Estado como bien jurídico tutelado por la ley penal, basta para su consumación la posesión, no en el sentido jurídico de propiedad, sino en el material de disponibilidad. Al revisar las exigencias objetivas que contiene el referido tipo penal, aparece que: “quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre, o venda armas de fuego y municiones de uso personal…”.- Las armas de fabricación casera o artesanal, son precisamente armas de fuego, al estar diseñadas para L.r proyectiles, aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora. Su fabricación es prohibida o ilícita, dado que no se permite la producción, tenencia y comercialización de este tipo de armas; es por ello que están catalogadas como armas prohibidas (Art. 7.1 de la Ley de Control de Armas de Fuego. Municiones. Explosivos y otros Similares, en adelante Ley de Armas). Se consideran armas de fabricación casera tanto aquellas fabricadas a partir de componentes no destinados para su elaboración, como aquellas de fabricación industrial a la cual se le agregan componentes ajenos no fabricados para tal fin.- Normalmente las armas de fabricación casera se diseñan para accionar cartuchería fabricada industrialmente, por lo que el proyectil (objeto que se proyecta), son balas industriales, la mayoría de veces de comercio lícito. Se insiste en que un arma de fabricación artesanal es considerada prohibida, y por ende, su portación será siempre sin contar con el permiso de autoridad alguna y entra claramente en las que pueden considerarse de uso personal, pues, quienes fabrican o recurren a la portación de las chimbas, utilizan o portan un arma que perfectamente se puede considerar y de hecho se convierte y es utilizada como de “uso personal” con la cual efectivamente se pueden cometer hechos ilícitos, representando la sola portación ilegal un peligro real para el bien jurídico, requiriendo el tipo subjetivo el animus detinendi, no siendo necesario un animus domini; así que es suficiente con que la relación entre el arma y el sujeto activo del delito permita la disponibilidad de la misma, permita en definitiva, a voluntad de quien la porta su utilización conforme al destino o función objetiva que le es inherente. Las armas de fabricación casera, contrario a la opinión externa por la Sección de Asesoría Técnico Jurídica de la Fiscalía General del Ministerio Público, en su Dictamen FGR-ATJN.2, del 05 de Noviembre de 2013, no pueden ser sancionadas mediante la aplicación del artículo 332-A del Código Penal, al no ser estas armas de guerra, pues su potencial destructivo, si bien es real, no puede entenderse similar, ni ser considerado de guerra, entonces son armas de uso personal confeccionadas artesanalmente, cuyo comercio es de carácter ilícito, encontrándose tipificadas en el artículo 332-B tanto su fabricación, almacenaje, tenencia, transporte, uso, importación, exportación, adquisición y venta, dado que de éstas no es posible obtener autorización de autoridad competente para realizar tales conductas. Al referirse el artículo 332-B, al término armas de uso personal si pueden considerarse comprendidas las chimbas y sancionarse el caso concreto que corresponda con la sanción predeterminada en dicha norma. En consecuencia, no se encuentra sustento para sostener que la conducta de portación de armas caseras es impune por no encontrarse comprendida en tipo legal alguno. Esta Sala considera que no obstante que en la ley penal vigente no menciona de forma expresa que constituya delito la fabricación y posesión de chimbas, lo cierto es que este tipo de armas se ajusta perfectamente al concepto general de arma de fuego dispuesto en la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, y a su vez dicha definición debe articularse con lo dispuesto en alguno de los artículos 332-A y 332-B del Código Penal, eso en razón al tipo de mecanismo, calibre, poder destructivo y demás características particulares que tenga el arma de fabricación no industrial, casera o artesanal de que se trate. Esta sala estima que el principio de Favor Rei, opera en el presente caso, no para generar impunidad por la tenencia prohibida de armas caseras, denominadas chimbas, pues la intención del legislador ha sido el de penalizar la portación, uso, fabricación, y demás actividades ilícitas vinculadas, de todo tipo de armas de fuego, incluyendo las de fabricación casera o artesanal, con las cuales también se pone en peligro la seguridad interior del Estado de Honduras, y de su población en general, pues con ellas, personas particulares, así como miembros de organizaciones criminales cometen toda clase de delitos que por la gravedad deben ser sancionada penalmente, conforme a las líneas interpretativas establecidas en casación. De la Procedencia del Recurso El Recurso es de Recibo.- La Sala de lo Penal ha confrontado el hecho único declarado probado y el artículo 332-B del Código Penal, concluyendo que existe identidad entre uno y otro, pues el hecho probado reproduce el ámbito situacional previsto en la norma, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo. No cabe duda entonces que el acusado es responsable penalmente de un delito de portación ilegal de arma de uso personal, pues portaba al momento de suscitarse los hechos, un artefacto construido con tubo de metal y piezas de madera que era capaz de disparar munición calibre .22 o LR; tal conducta puso en peligro la seguridad general o comunitaria, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, ha estado en posesión del acusado al margen de la fiscalización o control que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras, de ahí que el comportamiento del procesado merezca el reproche penal previsto en el artículo 332-B del Código Penal. V. DECISIÓN Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, Decide: Declara ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público, en consecuencia se Casa la Sentencia de fecha nueve de octubre de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en consecuencia: 1. Se debe condenar y se condena al señor A. E. C. L., como autor responsable del delito consumado de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Personal, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, imponiéndosele una pena principal de tres años de reclusión, a la que se le restará el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad por esta causa y la que deberá cumplir en el Centro Penal de Támara, Departamento de Francisco Morazán, sin perjuicio de que sea trasladado a otros Centros Penitenciarios del país por efectos de ordenamiento interno del Centro Penitenciario o cuando las circunstancias así lo exijan por seguridad. 2. Se debe condenar y se condena al señor A. E. C. L., a la pena principal de comiso de las piezas de convicción consistentes en un arma de fabricación cacera o artesanal, con un tubo de metal y una pieza de madera. 3. Se debe condenar y se condena al señor A. E. C. L., a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, por el tiempo señalado para la pena de reclusión, debiendo el Juzgado de Ejecución realizar las gestiones pertinentes para su estricto cumplimiento. 4. Se debe condenar y se condena al señor A. E. C. L., como consecuencia de la pena de reclusión, a trabajar en obras públicas o en labores dentro del Centro Penitenciario, por el tiempo señalado para la pena de reclusión, conforme lo establece la Ley del Instituto Penitenciario, en consonancia con los principios básicos para el tratamiento de los reclusos. 5. Declarar la responsabilidad civil del condenado A. E. C. L., consistente en la indemnización de perjuicios, que deberá ser exigida y cuantificada en la etapa de ejecución de esta sentencia. 6. Declarar la no-procedencia de condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el presente proceso criminal. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, a efecto de dar cumplimiento al párrafo primero del artículo 385 del Código Procesal Penal respecto a los pronunciamientos judiciales que han adquirido el carácter de firme y además de librar copia certificada de la presente resolución a la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial. Notifíquese.- FIRMAS Y SELLO.- José Olivio Rodríguez Vásquez.- Magistrado Coordinador.- Rafael Bustillo Romero.- Magistrado.- Alma Consuelo Guzmán García.- Magistrada.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha treinta de enero del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-449-2013.

JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

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[1] Sentencia de fecha 15 de diciembre de 2010, recaída en el Recurso de Casación No.377-08

[2] Sentencia de 28 de abril de 2010, recaída en el Recurso de Amparo No.483-2009