Sentencia CP-437-13 — Registro 17382
Resumen
Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado, contra la sentencia de primer instancia que lo condena como autor del delito de Actos De Lujuria
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."EL RECURSO ES DE RECIBO.-La Mayoría de los argumentos planteados por la Censora en su motivo de Casación no son atendibles por la falta de comprobación del vicio; alega que las declaraciones de las menores ofendidas son falsas sin señalar primero porque de tal afirmación y, principalmente sin hacer la comprobación de tal falsedad; además señaló la Censora que entre las declaraciones de las menores ofendidas y de la Señora R. K. existían marcadas incongruencias, más no se tomó la tarea de señalar en que consistían cada una de esas incongruencias que le restaban valor a sus dichos mediante la confrontación respectiva de sus dichos; acusa al Tribunal de Sentencia de que en el proceso de valoración probatoria desconoció los principios fijados por la doctrina para sin identificar a cuales principios o a cual doctrina se refiere. Solo es atendible para esta Sala de lo Penal el reclamo hecho por la Censora en cuanto a que se violentó el principio lógico de derivación por falta de razón suficiente, al haber concluido la mayoría del Tribunal que el acusado toco en diferentes fechas y con objeto de satisfacción sexual propia, los genitales y pechos de las menores ofendidas; este alegato identifica la supuesta falla en la aplicación de las reglas de la sana critica al momento de la valoración probatoria, por lo que es procedente comprobar su existencia. Ciertamente los delitos en perjuicio de la libertad e indemnidad sexual se caracterizan por su generalizada falta de medio de prueba, centrándose el debate muchas veces en la declaración de la víctima y en su valoración por parte de los Juzgadores (en especial cuando éste es el único medio para identificar a la persona responsable), misma que debe de realizarse de manera conjunta con la demás prueba que se aporte, ya sea prueba directa o prueba indirecta (indiciaria), la que puede referir sobre aspectos anteriores, relativos o posteriores al hecho y que puedan dar luz de lo que verdaderamente aconteció.- La tarea se vuelve más ardua cuando la víctima y única persona testigo del hecho es un menor de edad, por cuanto el Tribunal de Sentencia corresponderá diferenciar entre un relato de un suceso que se ha percibido y vivido, de aquel relato donde se narra un suceso que no se ha percibido, generado por la imaginación, tergiversación de un hecho de otra índole debido a la escasa experiencia o por la alimentación de otra persona. En el presente caso la acusación supone el desarrollo de sistemáticas agresiones sexuales en perjuicio de dos menores de edad a lo largo de siete años aproximadamente, por parte del padre de ambos y sin el apoyo familiar inmediato de otra persona, pues la madre de las menores vivía en otra casa y la hermana mayor (R. K.), vivía en otra ciudad; Puntualmente la menor I. A. I. B., refirió que tomaba pastillas para dormir y así no sentir por las noches cuando su padre tocaba su cuerpo, además “para que él la dejara de tocar ella se hacía pipi en la cama”; por su parte la niña H. I B, declaro entre otras cosas que su padre la tocaba por las noches, que la obligaba para tal fin a dormir con él, que su hermana “se orinaba y se hacía pupú”, cuando su padre la tocaba por las noches.- Por su parte la Señora R. K., hermana de las menores, relato que al enterarse lo que estaba ocurriendo (las supuestas agresiones sexuales en contra de sus hermanas), decide viajar de la Ciudad de El P. hacia Tegucigalpa, para llevarse a sus hermanas para aquella ciudad, pero que al enterarse de que el acusado estaba interponiendo una denuncia en su contra tuvo que desistir del viaje, reaccionando su hermana I. A. “gritando como loca”, pues no quería regresarse. Ahora bien la declaraciones anteriores no solo no se encuentran respaldadas por otra actividad probatoria (lo cual no sería extraño por la naturaleza del delito), sino que además se ve contrariada; así pues la niña H. I. indica que nunca le consulto a su hermana si estaba ocurriendo algo, aun a pesar de que la testigo refiere que pudo observar cuando el acusado agredía a su hermana menor y cuando ésta se orinaba y defecaba como un acto de defensa; señaló que el día en que decidieron escaparse de casa de su padre, su hermana mayor (R. K.), llego por su hermana y por ella, pero que no entró a la casa porque su papa le había prohibido, más ello resulta extraño pues según la testigo le dio importancia a una instrucción de su padre que resultaría irrelevante en el momento pues se estaba mudando a otra ciudad sin permiso de éste, además de ser contrario a lo señalado por la testigo Hilda Celedonia Amador, la que refirió que la Señora R. K. si ingreso a la vivienda del acusado el día en que las niñas intentaron irse de su casa. Las contradicciones anteriores resultan por si mismas anfibológicas, más cobran fuerza necesaria cuando se confronta las declaraciones de las niñas supuestas ofendidas con los resultados de los Dictámenes Psicológicos, pues aquellas hacen un relato sobre agresiones sexuales sistemáticas, permanentes, donde el acusado era un asechador nocturno quien subrepticiamente entraba a las habitaciones para tocar sus genitales, ello cuando el acusado no las obligaba a dormir con él para tales fines; sin embargo, a pesar del tiempo en que estos hechos se desarrollaron en un aproximado de siete años, a pesar de la entidad de las supuestas conductas hechas, y a pesar de las reacciones que dicen haber tenido las niñas como la persistencia de micciones incontroladas más allá de la edad en que la niña I. I. había alcanzado el control vesical (Enuresis) y la toma de pastillas para dormir por parte de la niña H. I. con el fin de no darse cuenta al momento en que su padre la tocaba, los resultados de los Dictámenes Psiquiátricos se descartó que las niñas tuviesen al momento de la evaluación evidencia de trastornos depresivos, ansiosos o psicóticos, calificando que ambas tenían una condición mental normal, lo que resultaría contrario a la sana critica, pues el de existir una agresión sexual por un lapso de siete años aproximadamente, debe de encontrarse alguna repercusión mental de ello, cuando mínimo algún grado de depresión o ansiedad, más extrañamente ello no fue encontrado en ninguna de las dos niñas; pudiese relacionarse que la afectación mental sobre hechos traumáticos dependerá de la madures y personalidad individual, más en el presente caso, ninguna de las supuestas ofendidas tiene afectación alguna; ello debió haber obligado a los Juzgadores a realizar un análisis valorativo, conforme a las reglas de la sana critica, derivando alguna conclusión (positiva o negativa), de tales aspectos contrapuestos, sin embargo lejos de hacer confrontación entre los medios de prueba, se realizó una valoración individual de los dictámenes psiquiátricos, señalando que eran creíbles pero que carecían de utilidad para el presente caso (f. 263 v.), conclusión a la cual no es conforme con el principio lógico de derivación. Suma a lo anterior los elementos aportados por otros medios de prueba, como ser la declaración de la Señora Hilda Celedonia Amador, quien indica que era empleada doméstica en casa donde residían el acusado y las niñas supuestas ofendidas y que en los ocho días que tenía de trabajar en el lugar observó buenas relaciones entre estos, por otro lado el dictamen de trabajo social rendido da cuenta que las niñas tienen buen rendimiento escolar al grado de ser beneficiarias de una beca, lo que concordaría con el Dictamen Psiquiátrico respecto a la ausencia de trastornos mentales, depresión o ansiedad. V. DECISIÓN 1. No ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por el Ministerio Público, en su único Motivo. 2. No ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por la Defensa Privada, en su único Motivo. 3. No ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, Interpuesto por el Ministerio Público, en su único Motivo; y 4. Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por la Defensa Privada, en su único Motivo.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticinco (25) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017).- El pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez pronuncian: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, LA SENTENCIA EN EL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL Y POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA SP437-2013, interpuestos contra la sentencia de fecha veintitrés de septiembre del año dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor B. I. M., como autor del delito de Actos De Lujuria, en perjuicio de la menor H. I B, a la pena de seis (6) años de reclusión.- Segundo: Decretó Sobreseimiento Definitivo por la prescripción de la acción penal de un delito de Actos De Lujuria Agravados, incoado contra el acusado B. I. M. en perjuicio de la menor H. I B.- Tercero: Se decretó el Sobreseimiento Definitivo por la prescripción de la acción penal de un delito de Actos De Lujuria Agravados, en perjuicio de la joven I. A. I. B..- Cuarto: Condenó al acusado B. I. M. a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal.- Quinto: Se declaró la responsabilidad civil del condenado B. I. M., por el delito por el cual fue condenado.- No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio.- Interpusieron los Recursos de Casación por Infracción de Ley e Infracción de Precepto Constitucional la Abogada Roxana Lucila Castro, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, la Abogada Blanca Argentina Gómez Matamoros, actuando en su condición Apoderada Legal del señor B. I. M.. SON PARTES: La Abogada Blanca Argentina Gómez, Defensora Privada del acusado J. B. I. M., en su condición de Recurrente, y la Abogada Yessenia Maria Márquez, Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrida. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Primero: Las niñas I. A. y H. ambas de apellidos I. B., convivían con su padre el señor B. I. M. en la colonia Miraflores de Tegucigalpa, por habérsele concedido a éste la custodia de dichas menores producto del divorcio con la madre de éstas. Segundo: Durante los años del dos mil dos al dos mil cuatro, en que la niña I. A. I. B. tenía siete años de edad y su hermana H. I B diez años de edad, el señor B. I. M. les pedía que lo acompañaran a dormir porque se sentía solo y en el momento en que éstas se encontraban dormidas éste procedía a tocarlas en su vulva de lo cual se percató la niña H. quien despertó en el momento en que su padre le tocaba no solo su vulva sino también sus pechos y por temor fingía seguir dormida. Asimismo en otra ocasión, la niña H. observó que su padre B. I. le metió la mano por dentro del pantalón del pijama a su hermana menor I. A. tocándole la vulva, sin embargo fingió seguir dormida por el mismo temor que le tenía a su padre. Tercero: Posteriormente, en el mes de marzo del año dos mil once, el señor B. I. M. entró en horas de la noche al dormitorio de la joven H. I B quien ya tenía diecisiete años de edad, mientras ella dormía y le tapó la cabeza con una almohada, ella escuchó su voz y el señor B. le decía que se callara que no le iba a doler, que solo eran cosquillas y le bajó el pantalón de la pijama y la empezó a tocar su vulva. Cuarto: En el mes de abril del mismo año (2011), la niña H. I. al platicar con su hermana R. A. V. quien residía en la ciudad de El P. a través de una conversación que sostenían ambas por mensajes de texto, luego de existir la coyuntura de hablar del tema de su padre, la niña H. decidió contarle a su hermana R. los actos que su padre le hacía a ella y a su hermana menor I. A.. En vista de lo anterior, la joven R. A. acordó con sus hermanas que las iría a recoger el trece de abril de dicho años (2011) para llevarlas consigo a la ciudad de P., con el fin de alejarlas de su padre. No obstante al enterarse el señor B. de las pretensiones de R. de llevarse a sus hijas decidió interponer una denuncia penal en contra de R., de lo cual tuvo conocimiento R. por una llamada que le hiciera una tía suya, informándole lo anterior e indicándole que debía de justificar el porqué de su actuar respecto a las niñas, por lo cual R. A. se dirigió a la DNIC, con las dos niñas H. e I. A. ambas de apellidos I. B. interponiendo la denuncia por el delito de violación en contra de su padre B. I. M..” III. RECURSO DE CASACIÓN.- MOTIVOSY ARGUMENTOS III.I.- Recursos Interpuestos por el Ministerio Público III.I.I.- “Infracción De Precepto Constitucional: Primer Motivo: “Por violación de los artículos 82 en relación con el 68 y 119, 124 la Constitución de la República, artículo 141 literal ch) del Código de la Niñez y la Adolescencia, así como el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño.”. Explicación Del Motivo: Los preceptos constitucionales citados como infringidos por violación textualmente dicen: Artículo 82: “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tiene libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.” Artículo 68: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral...”. Artículo 119: “El Estado tiene obligación de proteger a la infancia. Los niños gozaran de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Las leyes de protección a la infancia son de orden público y los establecimientos oficiales destinados a dicho fin tienen carácter de centros de asistencia social.” El artículo 124 Constitucional en su parte conducente dice: “Todo niño debe de ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata.- [...]” El artículo 141 literal ch) del Código de la Niñez y la Adolescencia prescribe: “Un menor se encontrará en situación de abandono o peligro cuando: [...] ch) Sea objeto de acciones u omisiones que tiendan a pervertir su personalidad, tales como promover o facilitar la prostitución o cualquier otra forma de abuso sexual 1... y, en general, todas las incitaciones que afecten el desarrollo psicológico, la dignidad, la autoestima y i sano juicio de los niños.- [...]” Por su parte, el precepto internacional enmarcado en el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño dispone: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.” Las condiciones de vulnerabilidad del grupo social que conforma a los niños ha sido una de las razones que ha motivado la creación, tanto internacional como interna, de un conjunto normativo que procure la protección de ese grupo social. Pero la satisfacción de esa exigencia no se agota con la sola creación de ese cuerpo legal que regule esas situaciones, es evidente que toda creación de normas implica, para la implementación de su efectividad, un respeto irrestricto a aquellas disposiciones. Esa exigencia nos lleva hasta el hecho de que los organismos estatales, sin importar que Poder del Estado emanen, tienen la obligación de tomar sus resoluciones en apego a aquellos preceptos que pretenden garantizar los derechos de los niños. En el presente caso, al revisar el fallo impugnado observamos que de acuerdo a la declaración de la ofendida H. I B, la que fue tenida por prueba a través de la valoración intelectiva que ha efectuado el sentenciador, se logra evidenciar que las múltiples agresiones sexuales a las que fue objeto por parte del encausado tuvieron su génesis: “... a los diez años cuando estaba en cuarto grado fue la primera vez que él la tocó, recuerda que era en marzo que hacía mucho calor y estaban en vacaciones de Semana Santa y mientras dormía el me acariciaba los pechos y las partes íntimas . . . “, de allí se determina que la fecha de esos eventos se puede ubicar en un marco cronológico fácticamente en el mes de marzo del 2004, de acuerdo a la certificación de acta de nacimiento de la ofendida quien nació el 28 de Diciembre de 1995, contando con la edad de diez años en el año 2004, consecuentemente tal como lo apunta la mayoría del Tribunal Sentenciador, al aplicar el tiempo de prescripción de la acción de acuerdo a lo establecido en el artículo 97 del Código Penal (Decreto No. 144-83) su ubica en el lapso de siete años con seis meses, o sea la pena máxima más la mitad, obviando el A Quo el tiempo de prescripción, que en el caso subjudice sería en el mes de septiembre del 2011, tiempo que no se expiró el delito ni la acción penal para perseguirlo, debido a que la denuncia por estos hechos fue interpuesta el 14 de abril del 2011, por lo que para que se configure la prescripción aún quedaban cinco meses, lo que se interrumpió desde el momento de la interposición de la referida denuncia. Así las cosas se afirma que el sentenciador, con su decisión jurídica, ha producido en consecuencia la Infracción del Precepto Constitucional que contiene el Derecho Defensa, en relación a los derechos de los Niños a ser Protegido (artículo 124), relacionado con el artículo 141 literal ch) del Código de la Niñez y la Adolescencia, así como el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño, mismos que deben ser enmendados a través del fallo que resuelva el presente motivo de casación.”. III.I.II.- Por Quebrantamiento De Forma Segundo Motivo: “Que la Sentencia contenga una Motivación Fáctica Insuficiente.” Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: Siendo que consideramos que el fallo que hoy se cuestiona contiene una motivación fáctica insuficiente, respecto a la actividad intelectiva realizada a la declaración de la ofendida H. I B, estimamos necesario transcribir dicha probanza, así como la valoración que le ha hecho el sentenciador de la misma, lo que a continuación realizamos: Declaración de la testigo – víctima H. I B: quien relata: “que vivió con su papá desde que tenía 8 años hasta los 17 años a los 10 años cuando estaba en cuarto grado fue la primera vez que él la tocó, recuerda que era en marzo que hacía mucho calor y estaban en vacaciones de Semana Santa y mientras dormía el me acariciaba los pechos y las partes íntimas, él me decía que cuando hacía calor me quitara la camisa para refrescarme y allí aprovechaba él para tocarme, fue por eso que me fui a mi cuarto a dormir sola porque la empleada me había dicho que no era posible que yo ya había desarrollado y que no era posible que siguiera durmiendo con él siendo el hombre y estando solo y que no era correcto que me desvistiera y ella me decía que si él volvía hacerme ese tipo de sugerencias que gritara y que ella vendría ayudarla,. . .” Al realizar la actividad intelectiva sobre esta deposición el juzgador ha expuesto en el numeral primero del acápite de la valoración de la prueba: “Con las declaraciones de las menores I. y H. ambas de apellidos I. B. se acreditaron los actos de tocamiento que su padre el señor B. I. les realizaba en sus partes íntimas a cada una de ellas así como el lapso de tiempo en que los mismos se ejecutaron, siendo comprensible que por la corta edad que estas tenían al momento en que se iniciaron los abusos sexuales no recuerden con precisión las fecha específicas en que estos actos de tocamientos acontecieron. En razón de ello la mayoría de este Tribunal ha tomado como parámetro las edades de siete años con que contaba la niña I. A. al momento en que se señaló que iniciaron estos abusos, ubicándonos en el tiempo en el año 2002 y en relación a H. dos momentos, por una parte la edad de diez años ubicándonos en el año 2004 y por otra parte en la acción sucedida en el mes de marzo del año 2011 tiempo en el cual ésta ya contaba con diecisiete años de edad. Cabe señalar que no es desconocido para la mayoría de este Tribunal, que generalmente los casos de abuso sexual se comenten en la intimidad y sin presencia de testigos, sobre todo cuando ocurren en el seno familiar del hogar, como también es comprensible que por serias victimas de corta edad no sea posible precisar las fecha exactas en que los hechos por ellas narradas acontecieron, sin embargo para efectos de subsumir la acción en el tipo penal es necesario tener un punto de partida que en el presente caso se han ubicado las acciones en los períodos de tiempo ya expresados...” Atendiendo a lo anterior es que consideramos que el sentenciador ha hecho una valoración insuficiente y por ende ha incurrido en el vicio in procedendo alegado, de la prueba, pues al analizar la declaración ofrecida en la vista pública por la menor ofendida, con claridad se denota la ausencia de valoración de esta probanza en todo su contexto, pues de acuerdo a esta deposición ha quedado acreditado en juicio que los tocamiento en las partes íntimas de la ofendida iniciaron en el mes de marzo del 2004, exactamente en el período de vacaciones de Semana Santa , debiendo contarse desde esta fecha el cómputo para establecer la prescripción de la acción, ya que de acuerdo a lo que estipula el artículo 97 del Código Penal, como ya se ha señalado en el motivo anterior es de siete años con seis meses, partiendo de que la pena de reclusión antes de la reforma del artículo 141 del mismo cuerpo legal era de 3 a 5 años de reclusión, por lo que prescribiría la acción en el mes de Septiembre del 2011, término se interrumpió debido a que se interpuso la denuncia el 14 de abril del 2011, partiendo de esta circunstancia caber decir que el juzgador no debió decretar un sobreseimiento definitivo arguyendo que no es posible derivar las fechas específicas en que durante la niñez de dicha ofendida se suscitaron los actos por ella narrados a fin de poder determinar el tipo penal conforme a la pena vigente para esa fecha, habida cuenta que en dicho tipo penal han surgido varias reformas a la ley respecto a las penas a imponer, pudiéndose tener claro conforme a la declaración de la víctima que los actos por ella narrados iniciaron cuando la niña H. tenía 10 años de edad siendo en el año 2004, cuya pena vigente por el delito de Actos De Lujuria era de 3 a 5 años de reclusión, por ende a esta fecha este delito ya prescribió, criterio que no compartimos por las razones que se han expuesto. Por todo lo anterior solicitamos se admita este segundo motivo del recurso de casación, en razón que el Tribunal A quo debió tomar en todo su contexto la declaración de la ofendida, porque de haberlo hecho así hubiera proferido un fallo condenatorio por el delito de Actos de Lujuria realizados por el imputado contra su hija H. I B.”. III.II.- Recursos Interpuestos por la Defensa Privada III.II.I.- Infracción De Precepto Constitucional: Motivo Único: “Por violación a lo que establecen los Artículos 82 y 90 de La Constitución de la República de Honduras. Precepto Autorizante: El presente motivo de Casación se encuentra enmarcado en el artículo361 del Código Procesal Penal, en donde se instituye el vicio en la Sentencia Definitiva en el caso; Explicación Del Motivo: Señorías en la sentencia dictada en fecha veintitrés de Septiembre del año Dos Mil Trece se aprecia que en la misma existe infracción de precepto Constitucional del derecho a la Defensa y al debido proceso, cuando el tribunal de Sentencian no hace una correcta valoración de la prueba vertida en la Audiencia de juicio Oral y Público, al sobrevalorar la prueba de cargo, dándole el valor a dicho Medio de Prueba que carecía de él, sin justificar motivadamente dicha sobrevaloración como lo manda la Ley; sin justificar motivadamente tal desvalorización como lo manda también la Ley; Cuando Infringe Preceptos Legales, sin lógica, sin razón, utilizando solamente criterios personales y no jurídicos.— La Sentencia Condenatoria de fecha veintitrés de Septiembre del año Dos Mil Trece, hoy objeto de Casación, por la violación a las Formalidades. Derechos y Garantías, en donde la Constitución le otorga a todo ciudadano, como lo es el debido proceso (artículo 90 de la Constitución de la República de Honduras) ya que el Debido Proceso, requiere como mínimo la fijación legal de un programa de carácter legal e inalterable para la investigación y juzgamiento de delitos en el que se resguarde la observancia de formas relacionadas con la acusación, es decir la interrelación de.— defensa-pruebas —sentencia-recursos, observando que este derecho se vulnera en el presente caso, ya que se dicta Sentencia condenatoria, solamente con la declaración de las supuestas víctimas, pero que tales declaraciones evidencian una total falsedad, puesto que de acuerdo al principio de inmediación se pudo apreciar que las declaraciones de las ofendidas se encontraban llenas de rencor, odio y repudio asía su propio padre, notando que se rinden con el único fin de lograr un propósito y que además de esas falsas imputaciones no existe ningún otro elemento probatorio periférico que viniera a acuerpar dichas falsedades, creyendo entonces que en efecto en el presente fallo no existe la aplicación debida del proceso adecuado para un total juzgamiento tal como lo establece nuestra Constitución, obviamente tales aseveraciones se describirán a través del sendero del recurso de Casación por Quebrantamiento de forma.- de igual manera al conceder total credibilidad a tales declaraciones, perjudica al encartado, puesto que quebranta el Derecho a la Defensa que todo imputado tiene (Artículo 82 de la la República de Honduras) por haber dictado el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, una Sentencia Condenatoria contraria a lo que prescribe el Código procesal Penal, es entendido que el Derecho de Defensa es inviolables, lo que conlleva un proceso en el que se enmarquen todas las garantías procesales, considero que tanto el derecho a la Defensa y el Derecho al debido proceso Tienen una estrecha relación en la que la violación a uno de estos preceptos lo es también para el otro.— Señores Magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia Condenatoria emitida por el Honorable Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán a través de la sala Cuarta limita y tergiversa, El Derecho De Defensa Contenido En El Artículo 82 De La Constitución De La República, por cuanto a mi Representado en el Tribunal de sentencia, se le ha limitado y despojado del Derecho que tiene para demostrar sus argumentos en defensa ya que va lora la prueba de forma antojadiza y evidenciando una total falsedad, todo en detrimento del acusado., las Actuaciones, del Tribunal de Sentencia, en la sentencia de mérito, restringe, limita y tergiversa, el derecho al debido proceso, cuando violenta normas procedimentales señaladas en el código procesal penal, violando entonces, el cumplimiento de los requisitos y formalidades legales que en todo juicio, debe cumplirse al pie de lo señalado en la norma general (Constitución de la República de Honduras) como en la ley específica (Código Procesal Penal y Código Penal).- En virtud de lo antes relacionado, con todo respeto solicito, se declare Ha lugar el presente Recurso, a fin de que se restituyan las garantías Constitucionales violentadas a mi defendido, se dicten las resoluciones apegadas a. derecho que correspondan, Casando la sentencia condenatoria, emitida por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a través de la Sala cuarta y se ordene lo que en derecho procede. III.II.II.- “Motivo De Casación Por Quebrantamiento De Forma: Motivo Único: Inobservancia de las Reglas de la Sana Críticaen la valoración de la prueba. Precepto Autorizante: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido del Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal penal. “El recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 1. 2. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica;”(El subrayado es nuestro)Explicación Del Motivo: La Sala Cuarta del Honorable Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, estableció y declaro los hechos probados que a su criterio se subsumen en el Delito de Actos De Lujuria y condenan al señor B. I. B., por dicho delito, en perjuicio de la joven H. I B, acaecido en el mes de Marzo del año Dos Mil Once.(2011).El Tribunal emite Sentencia Condenatoria tomando en cuenta tres declaraciones testificales rendidas por, I. A. I. B., H. I B Y R. A. K. B.. Es así que para la mayoría de este Tribunal, las declaraciones de las testigos antes mencionadas han sido coherentes, coincidentes y persistentes en el tiempo de señalar los actos de tocamiento de que fueron víctimas por parte de su padre a lo largo de su niñez y adolescencia y como es normal en este tipo de casos, las víctimas tienen a callar por temor a no ser apoyadas por su propia familia, o a ser tildadas de mentirosas y a ser estigmatizadas, sobre todo cuando los actos de abuso sexual sor ejecutados por un miembro cercano de la familia que socialmente es respetada y que además es quien les provee de sus necesidades básicas, no obstante que la prueba pericial no arrojó hallazgos de relevancia, lo cual significa que los actos relatados por ambas menores no hayan acontecido, estima le mayoría que ello se debió por una parte, a que no se realizaron dichas pericias de manera inmediata en que se suscitaban los hechos, no obstante dichas declaraciones han resultado creíbles para la mayoría de este Tribunal y por ende se les concede pleno valor probatorio” Se observa señores Magistrados, que el mismo Tribunal de Sentencia reconoce que la prueba pericial no arrojó hallazgos de relevancia y se supone que la pericia de los expertos es la que instruye a un Tribunal sobre los aspectos, técnicos, científicos o artísticos, para llegar a una conclusión, sin embargo en el presente caso, el Tribunal a pesar de reconocer que la pericia no sirvió para arrojar evidencia sobre el delito investigado, pero si llegan a tener por válida la declaración de la testigo R. A. K. B., quien al rendir su declaración manifestó un odio y deseo de venganza en contra del acusado, al haberlo señalado como malo, egoísta, miserable, tacaño, mal agradecido, ésta establece que la hacía sentir que esa no era su casa, siempre trató de desprestigiarla ante su mamá, y la agredía mentalmente, pues la avergonzaba ya que iba a la escuela a preguntar por sus notas y se hacía pasar por su papá y eso la avergonzaba a ella además la declaración de H. I. B., quien al contestar a las preguntas de la Fiscalía y defensa ésta dijo, entre otras cosas, que cuando era objeto de los tocamientos se hacía la dormida, consideraba que era normal, por ser su padre pero que no era con morbosidad que le cuenta de los hachos por primera vez a su hermana mayor de nombre R., que vive en S. P. S., y se comunicaban vía mensajes, su hermana les ofreció ayuda por lo que decidieron irse de la casa, decidió irse de su casa que en varias ocasiones compareció a los juzgados por problemas con su padre, pero nunca en relación con el caso que nos ocupa, dice que sus padres han tenido muchos problemas por el pago de sus colegiaturas, manifiesta que su tía I. las llamó diciéndoles que su ritapapa estaba poniendo una denuncia por secuestro en contra de R., y por eso nos regresamos y pusimos la Denuncia, para que no le pasara nada a R., les dijo que presentando la denuncia contra su padre se protegerían de la denuncia que éste estaba interponiendo, dice que no sabe cómo su tía se da cuenta que su padre anda denunciando a su hermana mayor, dice que su hermano le ofreció pagarles la escuela.- De esta declaración al igual que la declaración anterior se aprecian varias incongruencias, prueba de ello es el hecho que quien nos narra estos hechos es una joven de diecinueve años, con formación escolar bilingüe y sobre todo con un coeficiente intelectual muy alto, de acá deducir que según ella cuando sucedían los actos de tocamiento por parte de su padre específicamente en la fecha que interponen la denuncia o sea en el mes de Abril del año Das Mil Once, cuando ésta tenía diecisiete años aduce que el hecha de que su padre le toque sus pechos, glúteos y vulva lo ve como normal, claro que a esa edad se tiene que saber que dicha actitud si esa hubiera sido verdad es anormal sobre todo de un padre a su hijos.— Convencida que tanto la declaración de H. y I. A., ambas de apellido I. B., así como la de R. A. K., contienen una serie de falsedades e incongruencias, pero que entre las primeras si coinciden en cuanto al porqué de la interposición de la denuncia en contra de su progenitor que no es más que; Proteger a su Hermana mayor de una consecuencia como producto de haberlas sonsacado para que abandonaran su hogar.— cabe señalar honorable Tribunal que si ustedes ven la denuncia que las ofendidas interponen esta denuncia es por el delito de VIOLAC ION, o sea que de primas a primera la denuncia es por un delito de Violación, pero que este extremo no se acredita por las resultas de las evaluaciones tanto físicas como psicológicas, que ante tal situación deciden relatar otros hechos, hechos por los cuales hemos llegado hasta acá, Ambas declaraciones carecen de credibilidad, ya que coinciden en que denuncian al acusado para evitar que este pueda acusar a su hermana R. y a su madre pues este se presentó a la fiscalía del Ministerio público a denunciar a R. por habérselas llevado de su casa sin su autorización, de tal hecho colegimos que dicha denuncia no existió antes y quizás nunca hubiese existida si el procesado no comparece a la fiscalía a interponer la denuncia en contra de R., ante tal situación cabe preguntarse: porque la denuncia hasta en esa oportunidad, porque no presentarla antes de esa acción, Reitero que tales declaraciones nunca merecieron la credibilidad de la cuales les atribuyó el Sentenciador puesto que carecieron de veracidad, esto por el hecho de no realizar una adecuada valoración de sus deposiciones, ya que no existió un minucioso análisis de las mismas ni, menos que éstas declaraciones hayan sido acuerpadas o respaldadas por otros elementos de prueba, ya que de estas declaraciones testificales se pudo apreciar, que las mismas se rendían con el único interés de incriminar al acusado, esto por la forma en que se rindieron las mismas, así como de la prueba documental como ser los dictámenes físicos como psicológicos, ya que éstos descartan que las ofendidas hayan sido objeto de abusos, lesiones y sobre todo que padezcan trastornos psicológicos propios de una persona que haya sido agredida sexualmente o recibido actos de tocamiento, es por ello que aseguro que la valoración hecha por el Tribunal no ha sido la adecuada, aunado a esto que nunca se tuvo en cuenta los elementos que establece la doctrina en cuanto a una valoración adecuada y sobre todo de acuerdo a los lineamientos o requisitos que requiere la Sana crítica.—, de acuerdo a lo antes referido manifiesto: Que la Sentencia hoy Recurrida, contiene vicios, ya que violenta lo establecido en el Artículo 202 del Código Procesal Penal, que dice “que las Pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Crítica, el órgano Jurisdiccional, formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica, toda la Prueba Producida” esto relacionado con lo que establece el artículo 336 del Código procesal Penal, así como lo referido en el Artículo202 de ese mismo cuerpo penal, en donde se determina el sistema de valoración autorizado en nuestra legislación que no es más que el de la Sana Critica, asimismo con la estructura de la Sentencia comprendido esto último en lo que refiere el Artículo 338 del Código Procesal Penal, que es la presente Sentencia la que será objeto del juicio de valor para la cual deberá de tener o reunir una declaración clara, precisa y Circunstanciada de los hechos para ellos acreditados, conocida como fundamentación fáctica y sobre la cual se realiza aquel ejercicio valorativo, ante tal situación los hechos enmarcados como constitutivos de un delito, deberán ser acreditados fehacientemente con las pruebas evacuadas en el proceso, los hechos contentivos de la acusación deberán sustanciarse de acuerdo al acervo probatorio que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria dividida en descriptiva e intelectiva, la primera implica para el Tribunal señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efecto de controlar el valor de la prueba por la regla del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir el elemento probatorio., luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decir en Sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba o sea la fundamentación intelectiva.— en este apartado el juzgador debe explicar porque un medio probatorio le merece fe y otro no, y además porque un elemento de prueba u otro le llevan a una conclusión determinada y es sobre este fundamento intelectivo que se aduce que hay una apreciación contraria a los requisitos de la Sana Crítica, que no son más que las reglas de la experiencia, la psicología y la lógica, entendiendo que la experiencia se refiere al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para la cual debe de partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados, La Psicología: se relaciona con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas por la ciencia. Las Reglas de la lógica; implican que el ejercicio intelectivo del Juzgador debe guardar coherencia y derivación, entendiéndose como coherencia la concordancia entre sus elementos, entendiéndose como Derivación ; como la necesidad de una razón y justificación adecuada para ser verdad, la coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. — la derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente o sea a las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas, significa que el razonamiento debe derivar de elementos auténticos y Suficiente, significa que los elementos bases de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga.— Al, analizar lo antes mencionado nos damos cuenta que el tribunal incurre en el vicio hoy en casación o dicho de otra manera la no aplicación de lo que disponen los elementos de la Sana Critica, en vista que en los hechos probados concede total credibilidad a las declaraciones falsas rendidas por las supuestas ofendidas, asimismo no valora las pruebas en forma conjunta y armónica, como requiere nuestra legislación, ante tal situación obvia ciertos detalles y particularidades que pueden de manera conjunta crear la convicción en el Tribunal y la certeza de la existencia de un hecho delictivo y la participación del imputado en los hechos por los cuales fue acusado.— Señorías si vemos la única prueba que sirve para acreditar los hechos probados establecidos en la Sentencia y confrontarnos con el razonamiento emitido por el Tribunal vemos que esa conclusión valorativa corno motivación es inválida pues no se ajusta a los principios de la derivación que exigen la razón suficiente y fundada de cada conclusión, mismas que deben ser constituidas por inferencias razonables deducidas de la prueba, la motivación debe ser concordante, esto es que a cada conclusión afirmada o negada debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella conclusión.— en el caso de mérito el criterio o juicio del tribunal fue sustentado en tres declaraciones testificales completamente falsas, sin realizar un análisis completo y global de los demás medios probatorios a fin de no caer en error en la valoración de la prueba al observar la misma de manera aislada e individual, entonces podernos asegurar que el razonamiento hecho por el Tribunal a acepción de uno de los Jueces que no estuvo de acuerdo con el fallo y que emitió su voto disidente, está fuera de contexto con relación al órgano de prueba descrito violando en consecuencia la regla lógica de la derivación que impone la necesidad que las conclusiones deducidas de la prueba tengan Justificación adecuada para ser aceptadas como verdaderas — en relación a este extremo la Doctrina Refiere “que todo juicio para ser realmente verdadero necesita de una razón suficiente que justifique lo que en el juicio se afirma o niega con pretensión de verdad. La motivación debe ser derivada, debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual el razonamiento debe ser constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando tomando en cuenta a la vez los principios de la psicología y la experiencia común; cabe señalar que en relación a la valoración de la Prueba; nuestra legislación establece que, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero al contrario, se les exige, que las Conclusiones a las que arriben, sean el fruto razonado de las pruebas, en que se apoyan.— Dentro de estas Normativas, El Juzgador no tiene reglas legales que establezcan El Valor que debe consignársele a cada Prueba, pero esa Libertad tiene Límites, y son: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano.— En la Sana Critica Racional, El Juzgador logra sus Conclusiones sobre los Hechos de la Causa Instruida, Valorando la Eficacia Conviccional de cada Prueba, con Total Libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común, corno ya me he referido anteriormente. En el caso de mérito, Señorías, queda claramente establecido que el juez sentenciador, le da credibilidad de los hechos acaecidos, a las declaraciones subjetivas de dos testigos de cargo, a pesar de ser evidente que mintieron en sus deposiciones, no por haber llegado a tal convencimiento judicial, sino porque señala en su sentencia, como hechos probados las derivaciones mentales de tales testigos (hechos conocidos y desconocidos que llevan a las testigos de cargo, a considerar la responsabilidad penal de los hechos de mi defendido, y no al criterio o conclusión jurídica del Sentenciador, Ahora bien Sus Señorías, la Razón del Derecho nos señala y debemos tener en cuenta, que el juicio de culpabilidad o de inocencia que emiten los jueces de sentencia, deben de tener una estructura de pensamiento, que controle a través de las leyes de la lógica, es decir, vista a través de la sentencia misma, como un silogismo, que este compuesta de dos premisas o bases y una conclusión, la premisa mayor es el hecho, la premisa menor es el derecho, que se aplica a ese hecho, y una conclusión a que se llega, como tal, debe tener una estructura de pensamiento.— La sana crítica no es másque un conjunto de normas y criterios basadas en la lógica, la experiencia, la psicología y el sentido común que llevan al convencimiento humano; según la doctrina la “sana crítica”, es aquella que nos conduce al descubrimiento de la verdad por los medios que aconseja la razón y el criterio racional, puesto en el analizar sinceramente y sin malicia las opiniones expuestas acerca de cualquier asunto.-para el caso los juristas Alsina Y Couture, se refieren a la Sana Crítica así: Hugo Alsina, dice que “Las reglas de la sana crítica, no son otras que las que prescribe la l6gica. Y derivan de la experiencia, las primeras con carácter permanente y las segundas, variables en el tiempo y en el espacio”, Por su parte, Eduardo J. Couture, define las reglas de la sana crítica como “las reglas del correcto entendimiento humano; contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y del lugar; pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia”. Explayándose en el tema, nos enseña que las reglas de la sana crítica configuran una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción. Sin la excesiva rigidez de la primera y sin la excesiva incertidumbre de la última, configura una feliz fórmula de regular la actividad intelectual del juez frente a la prueba. Las reglas de la sana crítica son para él ante todo, “las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del Juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el sentenciador pueda analizar la prueba con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de loe casos. El juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente arbitrariamente. La sana crítica es la unión de la lógica y la experiencia sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que loe filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento”. Consecuente con ello, el Juez al apreciar la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica deberá expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas o técnicas en cuya virtud las asigne valor o las desestime. En general, tomará especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas y antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador. Sin lugar a dudas, que las reglas de la sana crítica no fueron observadas en este caso partimos del hecho que, por una parte, que el Tribunal de sentencia le dio valor a una prueba que obviamente está contaminada y por otra parte, reconoce que lo peritos no arrojaron hallazgos de relevancia, cuando éste se debe entender en sentido positivo a favor del encausado y no en su contra pues es de lato conocimiento que siempre ante la duda se tendrá que favorecerá al acusado, es decir, que si los peritos no llegaron a establecer conclusiones en contra del encausado fue precisamente porque no las hay y no al contrario, que por no establecerlas, entonces si las hay. Esta conclusión a que arribó por mayoría el Tribunal sentenciador no puede él mismo ignorarla, si no que debió evaluarlas al momento de fijar los hechos relevantes para la decisión. Como expone el tratadista Ferrer Beltrán, citando a Taruffo, el reconocimiento del derecho de las partes a que sean admitidas y practicadas las pruebas relevantes para demostrar los hechos que fundamentan su pretensión es “una garantía ilusoria y meramente ritualista si no se asegura el efecto de la actividad probatoria, es decir, la valoración de las pruebas por parte del juez de la decisión”. Es por tanto práctica improcedente de la admitir toda la prueba que se propone, para posteriormente ignorar su contenido. El Juez tiene la llave de la decisión acerca de la pertinencia del material probatorio u ese trata de aportar al proceso, pero una vez declarado pertinente no debe ignorar sus resultados. Con todas las consideraciones que han sido expuestas en nuestra acción recursiva, estimamos que existen méritos suficientes para admitir el motivo de casación desarrollado y consecuencia de ello se case la sentencia recurrida, no sin antes culminar diciendo que a nuestro criterio, se aprecia que el Juzgador Eduardo Montes Manzano, quien fue disidente de la sentencia condenatoria recurrida, tuvo una visión acertada en la apreciación de los acontecimientos sometidos a juzgamiento y aceptamos su criterio magistral que se hace evidente en su voto particular. Reclamaciones Presentadas Para Subsanar El Vicio Procesal: El Vicio Procesal que sirve de Fundamento al Motivo De Casación Por Quebrantamiento De Forma, desarrollado por la Impetrante en el presente Recurso, fue cometido en el Acto mismo de la Sentencia ahora Recurrida, y por lo tanto, por su naturaleza, no se pudo intentar Reclamo alguno para su Subsanación, ya que no era el momento Procesal indicado, por ello, es que hasta ahora que se interpone el presente Recurso.”. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA IV.I.- Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica recursiva, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los Recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. IV.II.- Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por el Ministerio Público.- Único Motivo. Norma Autorizante: Sin Determinar por la Censora; Normas que se denuncian Infringidas: Artículos 68, 119 y 124 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 141.ch del Código de la Niñez y de la Adolescencia y 2 de la Declaración de los Derechos del Niño; Concepto de la Infracción: Sin determinar por la Censora; Propuesta de Saneamiento Presentado contra el Vicio Denunciado: Sin Determinar por la Censora; Pretensión: Sin Determinar por la Censora. Sin determinar precepto autorizante, concepto de la Infracción o la propuesta hecha de saneamiento presentado contra el vicio durante el proceso, el Ministerio Público desarrolla su Recurso de Casación por infracción de precepto constitucional.- El libelo inicia con la transcripción de las normas que se señalan violentadas por el Tribunal de Sentencia con la decisión tomada en el fallo respectivo, para luego indicar que se ha hecho una aplicación indebida del artículo 97 del Código Penal al declarar que el delito cometido por el acusado en perjuicio de la niña H. I B, ha prescrito, pues conforme al tiempo en que ocurrió el delito, según lo declarado por ésta, el delito hubiese prescrito hasta el mes de septiembre de 2011, habiéndose presentado la denuncia correspondiente cinco meses antes: el 14 de abril de 2011. IV.II.I.- De la Procedencia del Recurso EL RECURSO NO ES DE RECIBO.-En el caso que nos ocupa, el Ministerio Público denuncia la violación de los artículos 68, 82, 119 y 124 de la Constitución de la República, en relación con el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño y 141-ch del Código de la Niñez y de la Adolescencia, sin determinar cuál es el concepto de la infracción, mucho menos como ello tiene relación con la institución penal de la prescripción de la acción penal, que es en sí lo reclamado en el libelo del recurso.- Pese a lo anterior, siendo para esta Sala de lo Penal el punto a discusión es la indebida interpretación del artículo 97 y 98 del Código Penal, el que puede ocasionar el incumplimiento del Estado de su obligación constitucional prevista en el artículo 119 de la Constitución de la República, en relación a la protección a la infancia, se procede a realizar el estudio del punto de derecho en cuestión. En el presente caso, el Estado de Honduras inicio investigación criminal en contra de una persona adulta, a la que se le presumió responsables de tres delitos contra la indemnidad sexual en perjuicio de dos menores de edad, investigaciones que dieron paso a una acción penal pública, que activo un proceso penal hasta la emisión de la sentencia respectiva, en donde se hizo pronunciamiento de fondo sobre los hechos debatidos, aplicando la ley al caso concreto.- Dentro de tal pronunciamiento, determinó la mayoría de los sentenciadores que la conducta hecha por el justiciable en el año 2004 perjuicio de la niña H. I B y la realizada en el año 2002 en perjuicio de I. A. I. B., habían prescrito al momento de entablarse la acción penal, por lo que resolvieron dictar a favor de aquel un sobreseimiento definitivo (F. 268 v.), siendo de la consideración de la Censora que ello constituye un error por la indebida interpretación que se ha realizado del artículo 97 del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo No. 127-99, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 28m971 el viernes 17 de septiembre de 1999 el cual indica: “La acción penal prescribe: 1).- Por el transcurso de un período igual al máximo de duración de la sanción señalada para el delito, aumentado en la mitad, si fuere la de reclusión; 2)… 3)… y 4).-…”. Para dar respuesta a tal reclamo, es importante fijar la fecha en que los hechos ocurrieron, para luego determinar las normas penales aplicables y con ellas el periodo de prescripción que debe de ser considerado; oportuno es aclarar que esta Sala de lo Penal, para la definición de la existencia de los hechos y el tiempo, toma en consideración la valoración hecha por la mayoría del Tribunal de Sentencia a las declaraciones de las menores ofendidas, ello con independencia si esa valoración es correcta o no conforme a las reglas de la sana critica, pues ello será objeto de estudio en el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma que han presentado las partes. 1).- Prescripción de los delitos cometidos en perjuicio de la niña I. A. I. B. Como parte de la carga probatoria fue presentada en la audiencia de debate la Certificación de Acta de Nacimiento No. 0801-1996-02377 que consta a folio 024 del Tomo 02446 del libro de nacimientos del año 1996 en el Registro Nacional de las Personas, en la cual se hace constar que en fecha 28 de diciembre de 1995, nació la niña I. A. I. B., hija de los Señores B. I. M. y H. B. M.. La menor I. A., al momento de rendir declaración testifical ante el Tribunal de Sentencia, relató entre otras cosas, que había sido objeto de tocamientos varias veces por su señor padre, siendo la primera vez cuando tenía 07 años y la última vez fue cuando tenía 13 años de edad, únicas referencias del ámbito temporal de los hechos.- Teniendo en cuenta tales datos y en consideración a la fecha de nacimiento de la menor, es posible concluir: 1. El primer hecho fue entre diciembre de 2002 a diciembre de 2003, cuando la menor tenía 07 años de edad; y 2. El último hecho fue entre diciembre de 2008 a diciembre de 2009, cuando la menor tenía 13 años de edad. Los datos conjugados arrojan que los hechos, según narra la niña, pudieron ocurrir durante los doce meses en los que tenía 07 años la primera vez y 13 años la última vez, lapso de tiempo que sigue siendo demasiado amplio como para poder hacer contabilidad sobre el periodo de prescripción, por lo que ante la duda debe de considerarse lo que más beneficie a la persona que está haciendo acusada, eso sería la fecha más alejada a la fecha de la presentación de la acción penal, por lo que se concluye que para los efectos de la prescripción se debe de tomar como ocurrido el primer hecho en diciembre de 2002 y el último hecho en diciembre de 2008. Por otra parte es de considerar que conforme a la acción penal formalizada en la audiencia preliminar de fecha 28 de Febrero de 2013 (f. 195), el Ministerio Público solo imputo al acusado el delito de actos de lujuria en perjuicio de la niña I. A. I. ocurrido en el mes de diciembre de 2002, por lo que el otro hecho, el que dice la menor que ocurrió cuando tenía trece años, no es objeto de juzgamiento en el proceso penal que nos ocupa. Para diciembre de 2002, cuando se dio el primer hecho, se encontraba vigente el decreto legislativo No. 059-1997, publicado el martes 10 de junio de 1997, que contenía el artículo 141 del Código Penal, el cual tipificaba el delito de Actos de lujuria de la siguiente manera: “Quien valiéndose de las condiciones o empleando los medios indicados en el artículo anterior hace víctima a otra persona de actos de lujuria distintos del acceso carnal, será penado con tres (03) a cinco (05) años de reclusión.- Cuando los actos de lujuria consistan en la introducción de objetos o instrumentos de cualquier naturaleza en los órganos sexuales del sujeto pasivo, el culpable será sancionado con nueve (09) a trece (13) años de reclusión.”. En el presente caso la acusación presentada por el Ministerio Público es por el delito de actos de lujuria simple, el que según declaró la niña I. A., ocurrieron para el mes de diciembre de 2002, mismo que tendría un plazo de prescripción de 07 años con 06 meses, iniciando en tal fecha y terminando el mes de junio del año 2010, habiéndose iniciado el procedimiento en contra del acusado en fecha 28 de Octubre de 2011, por lo que para tal fecha la acción penal estaba prescrita. Argumento la Censora que el plazo de la prescripción fue interrumpido con la interposición de la denuncia, lo cual constituye un error, pues conforme disponen los artículos 98 y 99 del Código Penal que: “La prescripción de la acción penal empezará a correr desde el día en que se cometió la infracción; y en los delitos continuados, desde el día en que se ejecutare el último hecho o se realizare la última acción.” y se interrumpirá “desde que se inicie procedimiento contra el culpable, corriendo de nuevo el tiempo de la prescripción desde que se paralice su prosecución por cualquier circunstancia.”, por lo que es la fecha de la presentación de la acción penal la que ha de tomarse en consideración y no la mera denuncia. 2).- Prescripción de los delitos cometidos en perjuicio de la niña H. I B Fue presentada en la audiencia de debate la Certificación de Acta de Nacimiento No. 0801-1994-03076 que consta a folio 053 del Tomo 02006 del libro de nacimientos del año 1994 del Registro Nacional de las Personas, en la cual se hace constar que en fecha 03 de Febrero de 1994, nació la niña H. I. B., hija de los Señores B. I. M. y H. B. M.. La menor H., explicó en su declaración testifical, entre otras cosas, que había sido objeto de tocamientos varias veces por su señor padre, siendo la primera vez cuando tenía 10 años y la última vez en marzo de 2011, referencias del ámbito temporal de los hechos.- Teniendo en cuenta tales datos y en consideración a la fecha de nacimiento de la menor, es posible concluir: 3. El primer hecho fue entre Febrero de 2004 a Febrero de 2005, cuando la menor tenía 10 años de edad; y 4. El último hecho fue en marzo de 2011, cuando la menor tenía 17 años con 01 mes de edad. Al referir la niña que el primer hecho ocurrió cuando tenía diez (10)años, ello nos abre la posibilidad que el hecho pudiese haber sido cometido en cualquiera de los doce meses en los que tenía esa edad, tiempo que sigue siendo demasiado amplio como para poder hacer contabilidad sobre el periodo de prescripción, por lo que ante la duda debe de considerarse lo que más beneficie a la persona que está haciendo acusada, eso sería la fecha más alejada aquella en que fue la presentación de la acción penal, por lo que se concluye que para los efectos de la prescripción se tomara como ocurrido el primer hecho en febrero de 2004. Para el mes de febrero de 2004, fecha en que se señala ocurrió por última vez los actos de tocamiento por parte del acusado en perjuicio de la menor H., se encontraba en vigencia el Decreto Legislativo No. 059-1997, publicado el martes 10 de junio de 1997, que contenía el artículo 141 del Código Penal ya relacionado.- Por lo que el plazo de prescripción por el hecho es de siete (07) años con seis (06) meses, dando inicio su computo en Febrero de 2004 hasta el mes de agosto del 2011, habiéndose presentado el requerimiento fiscal en fecha 28 de Octubre de 2011, fecha en que la acción penal ya estaba prescrita. Para el tiempo en que se dio el segundo hecho, según la declaración de la niña H., estaba en vigencia el Decreto Legislativo 234-2005, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 30,920 el día sábado 04 de febrero de 2006, que contenía el artículo 141 del Código Penal que dispone: “Comete actos de lujuria, quien valiéndose de las condiciones o empleando los medios indicados en el artículo anterior, hace víctima a otra u otras personas de actos de lujuria distintos del acceso carnal, será sancionado con pena de reclusión de cinco (05) a ocho (08) años.- Cuando la víctima sea menor de catorce (14) años aun cuando haya consentido el acto o si siendo mayor de esa edad el sujeto pasivo adolece de una enfermedad mental o desarrollo psíquico incompleto o retardo o se haya privado de razón o de voluntad o cuando por cualquier causa no pueda oponer resistencia, la pena anterior se incrementara en un medio.- Cuando los actos de lujuria consistan en la introducción de objetos o instrumentos de cualquier naturaleza en los órganos sexuales u otros orificios naturales o artificiales que simulen los órganos sexuales del cuerpo del sujeto pasivo, el culpable será sancionado con pena de reclusión de diez (10) a quince (15) años.”.- De este modo, conforme señala el artículo 97 del Código Penal, el periodo para la prescripción para el delito de actos de lujuria simple es de ocho (08) años, más la mitad, lo que se traduce en doce(12) años, lo que implica que la prescripción para el hecho ocurrido en marzo de 2011, cuando la niña tenía 17 años de edad, comenzó en tal fecha y terminaría en marzo de 2023, siendo que a la fecha de la presentación del requerimiento fiscal, el 28 de octubre de 2011, la acción penal aún no había prescrito. En conclusión no existe violación al derecho de defensa, ni tampoco el Estado de Honduras ha incumplido con su obligación de protección a la niñez, pues las diferentes instituciones del Estado realizaron las gestiones pertinentes para llevar a juicio a una persona acusada de un delito en perjuicio de dos niñas, el que dio como resultado la debida observancia del artículo 97 y 98 del Código Penal que prevé la institución de la prescripción de la acción penal, como parte de la seguridad jurídica que garantiza el Principio de Legalidad. IV.III- Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la Abogada Blanca Argentina Gómez Matamoros.- Único Motivo. Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; Concepto de la Infracción: Violación al Derecho de Defensa y al Debido Proceso, como consecuencia de una incorrecta valoración probatoria; Saneamiento Presentado contra el Vicio Denunciado: Sin Determinar por la Censora; Pretensión: Sin Determinar por la Censora. Considera la Censora que en el presente caso existe violación al derecho de defensa y al debido proceso como consecuencia de que el Tribunal de Sentencia ha dictado una sentencia condenatoria en base a la declaración de dos supuestas víctimas, cuyas declaraciones son falsas; relaciona que los Juzgadores valoraron la prueba de forma antojadiza; agrega que las actuaciones del Tribunal de Sentencia restringe, limita y tergiversa el derecho al debido proceso cuando violenta normas procedimentales señaladas en el Código Procesal Penal. IV.III.I.- De la Procedencia del Recurso EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El recurso presenta un mal planteamiento que no permite a esta Sala de lo Penal poder dar respuesta de fondo a lo alegado. El recurso adolece de una debida separación y explicación de los derechos constitucionales que se consideran violentados, pues bajo un mismo título se alega la inobservancia del derecho de defensa y el debido proceso; suma a que la Censora califica como violación al derecho de defensa la mala valoración hecha a las declaraciones de las niñas I. A. I. B. y H. I B, sin explicar la relación entre aquel derecho con tal actuación procesal, en especial cuando dicho reclamo guarda mayor relación con el Recurso de Casación por quebrantamiento de forma cuando se motiva por violación a las reglas de la sana critica; además la Censora acusa al A-Quo de haber “restringido, limitado y tergiversado”, el debido proceso por violentar normas del Código Procesal Penal, sin explicar en que consistió tales restricciones, limitaciones o tergiversaciones ni tampoco señalar que normas procesales se violentaron como consecuencia, lo que es indispensable para poder hacer la valoración y confrontación entre lo hecho por los juzgadores y lo normado en la ley. Las falencias apuntadas hacen que carezca de sentido el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto, por lo que es procedente declararlo sin lugar. IV.IV.- Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez debe de estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. IV.IV.I.- Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. Normas Autorizantes: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: Motivación Insuficiente; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Sin determinar por la Censora; Acciones de saneamiento Presentadas por la parte Reclamante: Sin Determinar por la Censora; y Pretensión: Sin Determinar por la Censora. Acusa el Ministerio Público que el fallo impugnado contiene una motivación fáctica insuficiente respecto a la actividad intelectiva realizada a la declaración de la ofendida H. I B; desarrollando su alegato la Censora indica que existe ausencia de valoración del medio de prueba señalado, pues de acuerdo con lo señalado por la niña los actos de tocamiento iniciaron en el mes de marzo de 2004, por lo que debió iniciarse el computo de la prescripción desde esa fecha, considerando además que la denuncia por este delito fue realizada el 14 de abril de 2011. IV.IV.II.- De la Motivación En procura de dar respuesta a lo planteado, es imperativo definir que es motivación y de ello poder deducir cuando hay carencia de motivación o insuficiencia de motivación. El artículo 141 del Código Procesal Penal señala, que la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. El artículo citado establece como antagónico al concepto de motivación la simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o transcripción de preceptos legales. Ampliando lo anterior, la Sala de lo Penal, hace eco al Código Iberoamericano de Ética Judicial, el que en su Capítulo III de la Parte I, señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del juez(a), el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión, indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria. El Código Iberoamericano de Ética Judicial además establece, que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el juez(a) ejerza tienen un poder discrecional; recalca que el juez(a) debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de Derecho: 1. En materia de hechos: debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto; 2. En materia de Derecho: no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe de señalar por qué una norma legal debe de regir un caso concreto. Añade el Instrumento Jurídico citado que la motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, o a las razones producidas por los jueces que hayan conocido antes del asunto, siempre que sean relevantes para la decisión a tomar. En todos los casos, las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas. En resumen, la motivación debe de observar las siguientes características: Expresa, Clara, Completa, Legitima Y Respetuosa De La Sana Critica. Ahora bien, ordena el artículo 141 del Código Procesal Penal, que las sentencias deberán de ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 338 del mismo cuerpo legal, así pues, la falta de una motivación Completa se traduce en el vicio in procedendo de insuficiente motivación y la falta de una motivación Expresa, se traduce en el vicio in procedendo de Carencia de Motivación, provocando ambas situaciones la nulidad de la sentencia (La motivación Legítima y Respetuosa de la Sana Crítica está asociado con el Motivo de Casación distinto al que se resuelve en esta oportunidad, contenido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal). Es importante recordar que las sentencias son la forma de comunicación entre el Juez(a) y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas al segundo de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el Juez(a) defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado, finalmente la sentencia concluye un conflicto surgido de la inobservancia de la ley, pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas –condenatoria y absolutoria- que le han presentado las partes. Con lo expresado es posible derivar cuando existe insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuando tales motivaciones son totalmente carentes: 1. Carencia de Motivación Fáctica o Jurídica: Acontece cuando la sentencia no posee ninguna motivación fáctica o ninguna motivación jurídica, es decir, es la total omisión de fundamento probatorio o jurídico y con ello se produce el desconocimiento de las partes y del público en general, del por qué los juzgadores tomaron la decisión final, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario; 2. Motivación Fáctica o Jurídica Insuficiente: Se presenta en los casos en que los Juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los Juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo. Son ejemplos de éste vicio, cuando se hace una descripción de los medios de prueba, más no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del por qué éstas están vinculadas al caso concreto y del por qué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables. La Insuficiencia de Motivación también se presenta cuando los Juzgadores, en la individualización de la pena concretan, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión (Art. 2-D del Código Penal). IV.IV.III.- De la Procedencia del Recurso EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- La Censora reproduce el reclamo formulado en el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en el contenido argumentativo en que basa el Recurso por Quebrantamiento de Forma, pues nuevamente el núcleo del reclamo es la supuesta aplicación indebida del artículo 97 del Código Penal, más ésta vez señalando que ello implica una motivación insuficiente, lo que resulta impropio. Siguiendo el esquema del recurso planteado, cumple esta Sala de lo Penal haciendo revisión de la sentencia impugnada buscan verificar si existió insuficiente motivación intelectiva de la declaración de la niña H. I. B., apreciando que el apartado primero de la Valoración Probatoria inicia haciendo una motivación descriptiva de las declaraciones que rindiesen I. A. I. B., H. I. B., R. A. K. B., así como también de la prueba documental consistente en las Certificaciones de Acta de Nacimiento de las dos primeras, para luego hacer una Valoración Intelectiva, señalando particularmente de la declaración de la niña H. I B, que sus dichos son de crédito (para la mayoría del Tribunal), y que por tanto se tiene probado los actos de tocamiento en su cuerpo sufriere de manos del acusado B. I., pero que sin poder derivar las fechas exactas en que estos ocurrieron, a excepción de la primera y última vez, siendo respectivamente cuando aquella tenía 10 años de edad, ello en el año 2004 y cuando contaba con 17 años de edad: en marzo de 2011.- Posteriormente, bajo el título de Fundamentación Jurídica, la mayoría del Tribunal de Sentencia explica en el apartado primero porque se considera prescrita la acción penal de uno de los delitos de actos de lujuria que fueron imputados al Señor B. I., en perjuicio de la menor referida, y consecuentemente las razones del porque solo es imputable los hechos ocurridos en perjuicio de la niña H. I. en marzo de 2011. En conclusión no existe una insuficiente motivación de la declaración brindada por la ofendida, pues la mayoría del Tribunal expuso las razones del porque le daban crédito a la niña H. I. y por qué solo fue objeto de reproche penal uno de los dos delitos de actos de lujuria acreditados en su perjuicio. De hecho, como se manifestó en el inicio, la Censora realiza un indebido planteamiento pues bajo la bandera de motivación suficiente formula reproche por la aplicación del artículo 97 del Código Penal, de lo cual ya se dio respuesta al resolverse el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. IV.V.- Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la Abogada Blanca Argentina Gómez Matamoros, apoderada defensora del Señor B. I. M.. Único Motivo. Normas Autorizantes: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: Inobservancia de las Reglas de la sana Critica en la Valoración Probatoria; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 202 y 336del Código Procesal Penal; Acciones de saneamiento del Vicio Denunciado: Imposibilidad de presentar acción de subsanación o de saneamiento, en virtud de que el defecto está contenido en la sentencia definitiva; y Pretensión: Se Case la sentencia recurrida. La Censora señala que entre las declaraciones de las testigos R. A. K. B., H. I B e I. A. I. B., se aprecian varias incongruencias y falsedades; resalta que en lo que sí coinciden las testigos enumeradas en que la denuncia que se interpuso en contra del acusado por éstas tenía como objeto proteger a la Señora R. K. del hecho de haberse llevado a dos menores de edad sin permiso de su progenitor; afirma que las declaraciones de las menores supuestas ofendidas (H. I B e I. A. I. B.), no merecen credibilidad, pues fueron prestadas con el único interés de incriminar al acusado; arguye que el Tribunal de Sentencia, en la valoración de lo dicho por las ofendidas, no tuvo en consideración los elementos que establece la doctrina en cuanto a una valoración adecuada; relaciona que la única prueba que sirve para acreditar los hechos probados establecidos en la sentencia (las declaraciones de las niñas H. I B e I. A. I. B. y la Señora R. K.), confrontado con el razonamiento hecho por el Tribunal se puede evidenciar que la motivación intelectiva es invalida, pues no se ajusta a los principios de derivación que exige la razón suficiente. IV.V.I.- De la Procedencia del Recurso EL RECURSO ES DE RECIBO.-La Mayoría de los argumentos planteados por la Censora en su motivo de Casación no son atendibles por la falta de comprobación del vicio; alega que las declaraciones de las menores ofendidas son falsas sin señalar primero porque de tal afirmación y, principalmente sin hacer la comprobación de tal falsedad; además señaló la Censora que entre las declaraciones de las menores ofendidas y de la Señora R. K. existían marcadas incongruencias, más no se tomó la tarea de señalar en que consistían cada una de esas incongruencias que le restaban valor a sus dichos mediante la confrontación respectiva de sus dichos; acusa al Tribunal de Sentencia de que en el proceso de valoración probatoria desconoció los principios fijados por la doctrina para sin identificar a cuales principios o a cual doctrina se refiere. Solo es atendible para esta Sala de lo Penal el reclamo hecho por la Censora en cuanto a que se violentó el principio lógico de derivación por falta de razón suficiente, al haber concluido la mayoría del Tribunal que el acusado toco en diferentes fechas y con objeto de satisfacción sexual propia, los genitales y pechos de las menores ofendidas; este alegato identifica la supuesta falla en la aplicación de las reglas de la sana critica al momento de la valoración probatoria, por lo que es procedente comprobar su existencia. Ciertamente los delitos en perjuicio de la libertad e indemnidad sexual se caracterizan por su generalizada falta de medio de prueba, centrándose el debate muchas veces en la declaración de la víctima y en su valoración por parte de los Juzgadores (en especial cuando éste es el único medio para identificar a la persona responsable), misma que debe de realizarse de manera conjunta con la demás prueba que se aporte, ya sea prueba directa o prueba indirecta (indiciaria), la que puede referir sobre aspectos anteriores, relativos o posteriores al hecho y que puedan dar luz de lo que verdaderamente aconteció.- La tarea se vuelve más ardua cuando la víctima y única persona testigo del hecho es un menor de edad, por cuanto el Tribunal de Sentencia corresponderá diferenciar entre un relato de un suceso que se ha percibido y vivido, de aquel relato donde se narra un suceso que no se ha percibido, generado por la imaginación, tergiversación de un hecho de otra índole debido a la escasa experiencia o por la alimentación de otra persona. En el presente caso la acusación supone el desarrollo de sistemáticas agresiones sexuales en perjuicio de dos menores de edad a lo largo de siete años aproximadamente, por parte del padre de ambos y sin el apoyo familiar inmediato de otra persona, pues la madre de las menores vivía en otra casa y la hermana mayor (R. K.), vivía en otra ciudad; Puntualmente la menor I. A. I. B., refirió que tomaba pastillas para dormir y así no sentir por las noches cuando su padre tocaba su cuerpo, además “para que él la dejara de tocar ella se hacía pipi en la cama”; por su parte la niña H. I B, declaro entre otras cosas que su padre la tocaba por las noches, que la obligaba para tal fin a dormir con él, que su hermana “se orinaba y se hacía pupú”, cuando su padre la tocaba por las noches.- Por su parte la Señora R. K., hermana de las menores, relato que al enterarse lo que estaba ocurriendo (las supuestas agresiones sexuales en contra de sus hermanas), decide viajar de la Ciudad de El P. hacia Tegucigalpa, para llevarse a sus hermanas para aquella ciudad, pero que al enterarse de que el acusado estaba interponiendo una denuncia en su contra tuvo que desistir del viaje, reaccionando su hermana I. A. “gritando como loca”, pues no quería regresarse. Ahora bien la declaraciones anteriores no solo no se encuentran respaldadas por otra actividad probatoria (lo cual no sería extraño por la naturaleza del delito), sino que además se ve contrariada; así pues la niña H. I. indica que nunca le consulto a su hermana si estaba ocurriendo algo, aun a pesar de que la testigo refiere que pudo observar cuando el acusado agredía a su hermana menor y cuando ésta se orinaba y defecaba como un acto de defensa; señaló que el día en que decidieron escaparse de casa de su padre, su hermana mayor (R. K.), llego por su hermana y por ella, pero que no entró a la casa porque su papa le había prohibido, más ello resulta extraño pues según la testigo le dio importancia a una instrucción de su padre que resultaría irrelevante en el momento pues se estaba mudando a otra ciudad sin permiso de éste, además de ser contrario a lo señalado por la testigo Hilda Celedonia Amador, la que refirió que la Señora R. K. si ingreso a la vivienda del acusado el día en que las niñas intentaron irse de su casa. Las contradicciones anteriores resultan por si mismas anfibológicas, más cobran fuerza necesaria cuando se confronta las declaraciones de las niñas supuestas ofendidas con los resultados de los Dictámenes Psicológicos, pues aquellas hacen un relato sobre agresiones sexuales sistemáticas, permanentes, donde el acusado era un asechador nocturno quien subrepticiamente entraba a las habitaciones para tocar sus genitales, ello cuando el acusado no las obligaba a dormir con él para tales fines; sin embargo, a pesar del tiempo en que estos hechos se desarrollaron en un aproximado de siete años, a pesar de la entidad de las supuestas conductas hechas, y a pesar de las reacciones que dicen haber tenido las niñas como la persistencia de micciones incontroladas más allá de la edad en que la niña I. I. había alcanzado el control vesical (Enuresis) y la toma de pastillas para dormir por parte de la niña H. I. con el fin de no darse cuenta al momento en que su padre la tocaba, los resultados de los Dictámenes Psiquiátricos se descartó que las niñas tuviesen al momento de la evaluación evidencia de trastornos depresivos, ansiosos o psicóticos, calificando que ambas tenían una condición mental normal, lo que resultaría contrario a la sana critica, pues el de existir una agresión sexual por un lapso de siete años aproximadamente, debe de encontrarse alguna repercusión mental de ello, cuando mínimo algún grado de depresión o ansiedad, más extrañamente ello no fue encontrado en ninguna de las dos niñas; pudiese relacionarse que la afectación mental sobre hechos traumáticos dependerá de la madures y personalidad individual, más en el presente caso, ninguna de las supuestas ofendidas tiene afectación alguna; ello debió haber obligado a los Juzgadores a realizar un análisis valorativo, conforme a las reglas de la sana critica, derivando alguna conclusión (positiva o negativa), de tales aspectos contrapuestos, sin embargo lejos de hacer confrontación entre los medios de prueba, se realizó una valoración individual de los dictámenes psiquiátricos, señalando que eran creíbles pero que carecían de utilidad para el presente caso (f. 263 v.), conclusión a la cual no es conforme con el principio lógico de derivación. Suma a lo anterior los elementos aportados por otros medios de prueba, como ser la declaración de la Señora Hilda Celedonia Amador, quien indica que era empleada doméstica en casa donde residían el acusado y las niñas supuestas ofendidas y que en los ocho días que tenía de trabajar en el lugar observó buenas relaciones entre estos, por otro lado el dictamen de trabajo social rendido da cuenta que las niñas tienen buen rendimiento escolar al grado de ser beneficiarias de una beca, lo que concordaría con el Dictamen Psiquiátrico respecto a la ausencia de trastornos mentales, depresión o ansiedad. V. DECISIÓN 1. No ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por el Ministerio Público, en su único Motivo. 2. No ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por la Defensa Privada, en su único Motivo. 3. No ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, Interpuesto por el Ministerio Público, en su único Motivo; y 4. Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por la Defensa Privada, en su único Motivo. VI. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360, 361 y 362 del Código Procesal Penal.- DECIDE: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público.- SEGUNDO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Abogada Blanca Argentina Gómez Matamoros, apoderada defensora privada del acusado.- TERCERO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público.- CUARTO: Declarar FIRME los pronunciamientos Segundo y Tercero de la parte Resolutiva de la sentencia de fecha veintitrés (23) de Septiembre de dos mil trece (2013), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.- QUINTO:Declarar HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Blanca Argentina Gómez Matamoros, apoderada defensora privada del acusado, casando parcialmente la sentencia de fecha veintitrés (23) de Septiembre de dos mil trece (2013), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central; como consecuencia se ANULAN los pronunciamientos Primero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de la parte Resolutiva de la Sentencia, así como la motivación relacionada con la acusación en contra del Señor B. I. M., por suponerlo responsable a título de autor directo de un delito consumado de Actos de Lujuria, en perjuicio de la niña H. I B, ocurrido en el mes de marzo del año 2011; nulidad que se extiende a la audiencia de debate de fecha veintinueve (29) de Julio de dos mil trece (2013), en lo que se relacione a la acusación detallada.- Y MANDA: PRIMERO.- Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, proceda a celebrar un nuevo debate para resolver la acusación penal incoada por el Ministerio Público en contra del Señor B. I. M., en el cual deberán de participar Jueces/zas de Sentencia distintos/as a los/as que concurrieron a emitir la sentencia de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil trece (2013).- SEGUNDO.- Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado Coordinador.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de enero del año dos mil dieciocho.- Certificación de la sentencia de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-437-2013.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.