Sentencia CP-432-13 — Registro 9781
Resumen
En primera instancia se absuelve al imputado por el delito de Adquisición de Vehículo Robado, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."EL RECURSONO ES DE RECIBO.-La Sala de lo Penal declara que en el presente caso no le asiste la razón a lo alegado por el Ministerio Público, pues se constata que efectivamente ha existido una aprehensión ilegal, basado en un hecho no flagrante, en perjuicio del acusado A. E. C., que obliga a excluir prueba por carácter ilícito, quedando como remanente prueba insuficiente para acreditar dolo en el actuar del acusado. Sin embargo, y antes de ahondar en las consideraciones de esta Sala de lo Penal del porque se rechaza el recurso, es ineludible hacer algunas observaciones a la motivación de la sentencia conocida en casación. 1).- AUSENCIA DE MOTIVACIÓN El Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Siguatepeque mantiene un record negativo en los recursos de casación por el poco esfuerzo de motivar sus resoluciones, al grado que no solo se han observado insuficiente motivación, sino que además ausencia de ésta, convirtiendo sus decisiones en arbitrarias, pues las razones por las cuales decide quedan en el arbitrio de los Señores/as Jueces/zas. La Sentencia que ahora nos ocupa, en su apartado de valoración de la prueba (F.. 47), inicia con la relación de lo declarado por los testigos A.A. M. y J. D. D., los cuales fueron valorados intelectivamente en un párrafo de cinco líneas, señalando básicamente que el primer testigo es la persona que compro la motocicleta y el segundo es el dueño real de ésta, sin referirse a nada más, aun cuando los testigos proporcionan datos que eran relevantes ser analizados por el A-Quo, como las características de la motocicleta, precio, tiempo de compra, razones por las cuales aun cuando el Señor A. M. que la persona que aparece formalmente como dueño de la motocicleta, porque se considera al Señor J.D. D. como el verdadero dueño, tiempo en que fue robada la motocicleta y tiempo en que fue recuperada, condiciones de la motocicleta al ser recuperada, proceso de recuperación, etc. En su segundo apartado el Tribunal de Sentencia hace una motivación descriptiva de las declaraciones del Señor G. A. R. y del Señor E. A. P. S., ambos agentes de la policía nacional, realizando a continuación la valoración probatoria de lo dicho por el primer testigo, sin hacer ningún análisis intelectivo de lo declarado por el Señor E. P. En el numeral tercero los juzgadores transcriben parte de la declaración testifical del Señor S. V. G.A, pero en la valoración intelectiva señalan que no es susceptible de valoración por violación de derechos fundamentales; Tal conclusión es incomprensible, pues se trata de un testigo propuesto por la defensa, cuyo testimonio no tiene relación con ninguna gestión policial, y que por sí mismo merece ser valorado (positiva o negativamente); por otro lado el Tribunal de Sentencia deja en su íntima convicción cual derecho fundamental considera que ha sido violentado, pues no hace explicación alguna al respecto, mucho menos los alcances de dicha violación y sus consecuencias procesales para el presente caso; El lector esperaría que tal análisis entonces fuese desarrollado en la Fundamentación Jurídica, por ser el espacio destinado para el análisis de las normas legales que son aplicadas al caso concreto, en especial cuando se ha llegado a la convicción que una norma constitucional ha sido violentada, más ello tampoco ocurrió, pues en dicho apartado de la sentencia ahora analizada nada se dice sobre esto. En el apartado cuarto de la valoración probatoria los Jueces hacen una enumeración de los medios de prueba documental, carente de motivación descriptiva, pues no se indica cual es el contenido de cada uno de los documentos, mucho menos se hace esfuerzo alguno para realizar una motivación intelectiva, apenas el Iudex hace alusión a uno de los medios de prueba (siendo en total 05), señalando que con él se prueba la violación de derechos fundamentales sin explicar porque ni cual derecho fundamental se refiere, continuando así con su postura galbana y renuente a lo que señala el artículo 141 del Código Procesal Penal. En el apartado quinto los Juzgadores, de nueva cuenta, se niegan hacer valoración descriptiva e intelectiva de cuatro medios de prueba documental, mismos que solo enumeran; El A-Quodetermina que los documentos no merecen mayor valoración, lo cual resulta sardónico, pues no existe ni mucha ni poca valoración, sino que ninguna. Finalmente, en el apartado sexo se relaciona la declaración de la persona acusada, finalizando con su valoración Intelectiva; Ello entonces permite concluir que de los catorce (14) medios probatorios solo fueron valorado intelectivamente un solo medio de prueba y adicionalmente la declaración del acusado. Esta Sala de lo Penal aclara que si bien no es parte del ThemaDecidendi el defecto de forma por falta de motivación, es tan grave la falta cometida que necesariamente merece mención a efecto de exhortar a los Señores/as Jueces/zas de Sentencia de Siguatepeque el observar estrictamente lo mandado por el artículo 141 del Código Procesal Penal. 2).- APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 84 DE LA CONSTITUCIÓN AL CASO CONCRETO El Censor ha puesto a consideración de esta Sala de lo Penal pronunciarse sobre los alcances de la aplicación del artículo 90 de la Constitución de la República, que erige el debido proceso judicial como derecho fundamental, en relación con el artículo 175 del Código Procesal Penal, sin embargo ello es un erróneo planteamiento pues el análisis debe de gravitar en torno al artículo 69 que contiene el derecho fundamental a la libertad y al artículo 84 que regla la reserva de ley sobre aquel derecho fundamental, desarrollado en la norma procesal secundaria citada. Ha señalado el Censor que el acusado A. E. C. se encontraba en condición de flagrante y que a ello obedeció que fuese aprehendido por un agente de policía, fundamentándose en que tal potestad fue dada por el numeral 3 del Artículo 175 del Código Procesal Penal.- El artículo citado dispone que cualquier persona podrá ser aprehendida: “Cuando existan indicios muy fundados de haberse cometido un delito y la persona aprehendida haya sido sorprendida teniendo en su poder armas, instrumentos o efectos procedentes del delito o falta, […].”, es pues que se requiere: 1. Que exista un conocimiento previo de la existencia de un delito, sobre base de indicios fundados; 2. Que una persona sea sorprendida estando en posesión de instrumentos o efectos del delito, que permitan inferir su participación. Debe entenderse que no solo se exige la mera posesión, sino que dicha posesión permita inferir, al menos en ese primer momento, que la persona puede tener alguna participación en el delito, para lo cual deberá de considerarse dos aspectos: i).- Tiempo que medie entre el delito y el hallazgo de la persona en posesión de los instrumentos o efectos, pues las máximas de la experiencia nos dice que entre más próximo sea uno de otro, más posibilidades existe de que la persona tenga participación en el hecho delictivo; contrario sensu, entre más tiempo haya transcurrido entre uno y otro evento, la apariencia de participación se diluye, pues la posesión de la persona podrá obedecer a razones diferentes a la de haber participado en el hecho, por lo que se exigieraelementos vinculantes adicionales al solo hecho de estar en posesión de dichos instrumentos para poder aprehender a la persona; ii).- Naturaleza de los instrumentos o efectos del delito debe de ser de carácter común y fútil, de modo que solo el conocimiento previo de la existencia del delito permita hacer la vinculación; Es importante mencionar en este punto que cuando la naturaleza de los instrumentos o efectos sea de carácter ilícita, (como armas, drogas, etc.), nos encontraríamos ante el supuesto del numeral 1 del artículo 175 y no en el supuesto del numeral 3 analizado; 3. Falta de justificación de la detentación de los instrumentos o efectos del delito.- Aun cuando la norma no lo prevea, es claro que si la persona requerida da razón legal del porqué de la posesión, se diluiría la necesidad de aprehensión.- No debe entenderse esto como inversión de la carga de prueba, pues no se trata de un juicio de culpabilidad, sino de la evaluación sobre el mérito para aprehender a una persona que está en posesión de instrumentos o efectos de un delito; merito que se mantiene cuando ésta no da razón plausible o justificación acreditada del porque se encuentra en posesión de esos efectos o instrumentos del delito, lo que hace persistir la presunción iuris tantum de participación; 4. Actitud de la persona ante el hallazgo.- El comportamiento, actitud o postura adoptada por la persona que está detentando los efectos o instrumentos del delito puede permitirle a la autoridad policial formarse una impresión sobre la necesidad de aprehensión (en conjunto con los demás elementos), pues ésta será patente en los casos de que la persona trate de huir del lugar luego de ser sorprendida, diferente a la que se muestra atenta y dispuesta a someterse a la autoridad, lo que no implica que esto incluya el deber de declarar y de brindar información, pues le asiste el derecho de negarse a ello si así lo tuviere por conveniente, lo que no puede ser interpretado en su contra. En el caso de autos, se presentó como medio de prueba documental, copia de la denuncia No. 108; Indicó el Tribunal de Sentencia, es su escueta motivación, que dicha denuncia tiene una fecha posterior a la aprehensión del acusado, deduciendo que ello es violatorio al derecho de defensa, lo cual es incorrecto por: 1).- La denuncia se establece que el Señor J. D. D. G., se presentó a las oficinas de la entonces Dirección Nacional de Investigación Criminal, siendo el día 21 de enero de dos mil once, a las 04:24:21 p.m., informando haber sido objeto de robo ese mismo día, siendo las 02:40 p.m.; Entretanto la aprehensión del acusado fue en fecha 13 de Febrero de 2011, es decir 23 días después, coincidiendo con lo declarado por el Agente G. A. R., respecto a que existía una denuncia previa; 2).- El hecho de que no exista denuncia no constituye violación al derecho de defensa de la persona aprehendida, pues la razón de la aprehensión puede nacer de un hecho aún no denunciado; El derecho de defensa no depende de que exista o no denuncia previa, sino de la observancia estricta de lo mandado en el tercer párrafo del artículo 84 de la Constitución de la República. Se evacuo como medio de prueba documental constancia emitida por TransOceanic, que hace constar que la Motocicleta Bronco ET200-P, color azul, año 2010, fue adquirida el 10 de Enero de 2011, por el Señor A. M., misma que se relaciona con la declaración del Señor J. D. D. G., el que informó que por conducto de un tercero (el Señor A.A. M. L.), compro una motocicleta por la cantidad de L. 31,000.00, en el mes de enero de 2011, la que comenzó a usar son placas, misma que le fue robada a los once días de adquirida (el 21 de enero de 2011 según denuncia); Explicó el testigo que estuvo buscando la motocicleta y que días después tuvo noticias de ella (23 días después, el 13 de Febrero) y que fueron a verificar donde se encontraba con G., (Testigo G. A. R.), quien le estaba ayudando, encontrando la moto a la orilla de calle, de color negro siendo su color original azul, observando al acusado como la persona que conducía la moto, descartando que se tratase de una de las personas que le asaltaron; Recuerda que después de recuperar la moto tuvo que repararla porque estaba dañada, piezas quebradas, mal pintada en color negro “estaba fea” y que tenía 1,500 kilómetros recorridos, cuando originalmente solo tenía 300, vendiéndola después en L. 24,000.00.- Por su parte el policía G. A. R., informó que era “un poco cercano a Don D.”, que se conocen hace mucho tiempo y que éste le había comentado sobre el robo de la motocicleta, además de haber tenido conocimiento de la denuncia hecha por éste; Que le sugirió al ofendido que cuando tuviese conocimiento sobre los posibles responsables del robo que le informara, como efectivamente lo hizo días después por lo que entre cuatro a cinco de la tarde se desplazaron en un vehículo al lugar donde habían visto el automotor, encontrándolo en orilla de calle; Que consultó a los presentes de quien era la moto y al identificarse el acusado, le informó que era policía, enseñándole la placa y explicándole que la motocicleta tenía reporte de robo, por lo que le pidió le dejase cotejar el número de serie, no oponiéndose el acusado; Que al constatar que los números de serie coincidían le solicito al acusado transportarse con el declarante a la estación de policía, lo cual hicieron, lugar en donde fue aprehendido el acusado.- La declaración del Señor G. R., se entrelaza con la hecha por el también policía E. A. P. S., el que declaro que se encontraba asignado a la sección de delitos en contra de la propiedad, y que hace dos años, un día en horas de la tarde un compañero remitió un detenido por el robo de una motocicleta; agrego que la persona detenida le explicó que había comprado la motocicleta, y que después recibió una llamada de parte del detenido ofreciendo su ayuda para encontrar a los responsables del robo, pues deseaba limpiar su nombre. Aprecia esta Corte Suprema de Justicia que los elementos relacionados, permiten determinar que el policía G. A. R, realizó una indebida aprehensión del acusado A. E. C., pues no se trataba de un delito flagrante, dado que si bien tenía un conocimiento previo sobre un hecho delictuoso por denuncia hecha e información dada por el Señor J. D. D., se carecía de causa probable sobre la participación del acusado, a consideración de que el propio ofendido descartó desde ese momento de que el acusado haya sido una de las personas que participaron en el robo, en consideración además de que el hecho había transcurrido hacía 23 días, tiempo en que evidentemente permitió a los perpetradores del delito de robo disponer del bien, sumado al hecho de la actitud adoptada por el acusado, quien desde el primer momento colaboró con la autoridad, permitiendo el cotejo del número de serie del automotor, para luego conducirse hasta la estación policial sin oponer ninguna resistencia, inclusive manejando él la motocicleta en compañía del agente R., el que incorrectamente señala que si existió resistencia del acusado pues este no se identificó inmediatamente en que pregunto de quien era la motocicleta, lo cual es razonable pues ante los altos índices de inseguridad que gobierna nuestro país, es difícil confiar en una persona extraña que sin razón aparente pregunta sobre la propiedad de un bien. En conclusión, teniendo solamente la información contenida en una denuncia, conociendo además que el hecho había transcurrido hacía 23 días aproximadamente y teniendo la certeza de que la persona que tenía la motocicleta no era parte de aquellos que cometieron el robo, además observando la colaboración dada por ésta, son condiciones que sumadas descartaban la existencia de causa probable que legitimara la aprehensión del acusado por el solo hecho de identificarse como dueño de la motocicleta; Es pues que no existió condición de flagrancia.- Esto se suma a la irregularidades por contradicciones reveladas entre el acta de lectura de derechos y las declaraciones de los policías G. A. R. y E. P. S, pues la prueba documental referida señala que el Señor A. E. C. fue aprehendido el 13 de febrero de 2011, a las 11:28 a.m., entretanto los testigos refieren que la aprehensión fue hecha en horas de la tarde, específicamente el testigo G. R. menciona que fue alrededor de las cuatro o cinco de la tarde, generando incertidumbre entonces del momento exacto en que el acusado fue privado de su libertad, informado de la razón de su detención y de los derechos que le asistían como persona sospechosa. Es criterio de este Ad-Quem, que el proceder policial debió limitarse a la incautación del automotor y la identificación de la persona que estaba en posesión del mismo, para continuar con los actos de investigación que permitieran determinar si de parte de éste existía responsabilidad penal por la detentación de un bien producto de un delito. Definida la cuestión plateada por el censor en su recurso de casación, procede ahora a valorar lo decidido por el Juzgador de la Instancia.- Ya ha adelantado este Ad-Quem que los Señores Jueces solo señalaron la existencia de la violación de derechos fundamentales (en plural), sin individualizar cuales, mucho menos explicar por qué arribaron a tal conclusión, lo cual si bien es reprochable, no es la falta de motivación el motivo casacional que llama a ser pronunciamiento; Ha definido este Tribunal Superior que se violentó el derecho fundamental a la libertad ambulatoria, contenido en el artículo 69 de la Constitución de la República, pues no concurrieron ninguna de las circunstancias de reserva de ley que prevé el artículo 84 del mismo cuerpo legal, desarrollado en ley secundaria en el Código Procesal penal en el artículo 175.- Ahora bien la consecuencia procesal de tal declaratoria no es la que indebidamente ha dado el Tribunal de Sentencia, pues ha dejado de valorar la totalidad de la prueba como consecuencia de la violación del derecho fundamental, cuando conforme el artículo 200 del Código Procesal Penal, solo carecerá de valor aquella que contenga el vicio invalidatorio, como también la que se le derive necesariamente; En el caso de autos es el acto ilícito es la aprehensión del Señor A. E. C., realizada por el policía G. A. R., el día 13 de Febrero de 2011, en horas de la tarde, documentado en el acta de lectura de derechos (f. 05), así como toda la demás prueba que le derive como consecuencia, como ser el acta de incautación de la motocicleta (llamado incorrectamente acta de decomiso), pues ésta fue elaborada solo después de la aprehensión del acusado, al cual se le pidió firmase la misma (f. 22), y por consiguiente el acta de Inspección del Vehículo (19) y el Peritaje de Marcas y Patrones (f. 21).- El resto de los medios de prueba son de carácter lícito, y debieron ser valorados por el Tribunal de Sentencia conforme a las reglas de la sana critica, resolviendo la acción penal interpuesta conforme al mérito de dicha prueba restante. 3).- EXCLUSIÓN HIPOTETICA DE LA PRUEBA ILÍCITA Corresponde responder a la pretensión del Censor de declarar sobre el méritode la acusación criminal, que supone responsable al Señor A. E. C., como autor responsable del delito consumado de Adquisición de Vehículo Robado, en perjuicio del Señor J. D. D..- El delito referido se encuentra tipificado en el artículo 218-D del Código Penal, que dispone que: “Será sancionado con pena de reclusión de nueve (9) a doce (12) años, quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado. Se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe.”. Excluyendo la prueba ilícita (Ut Supra enumerada), queda como remanente para acreditar la imputación de la acción penal las declaraciones testificales del Señor J. D. D., G A. R., E A.P. S., A. M., S. V. G.AA., Denuncia 108 hecha a la D.N.I.C., y Constancia expedida por Transoceanic.- La prueba muestra dos hechos distintos: 1. Que el señor J. D. D., en el mes de enero de 2011 y por un valor de L. 31,000.00 adquirió la motocicleta marca bronco, modelo ET200-p, color azul, año 2010, serie LB420PC57AC202702, motor 164FML0A202702, por conducto del Señor A. M.L., tal como sus declaraciones lo acreditan, así como la constancia de la Empresa Transoceanic.- Agregó el Señor J. D. D., que el 21 de enero, fue víctima de robo por dos personas desconocidas, distintas al acusado A. C., quienes le despojaron de su motocicleta, la cual recuperó 23 días después cuando fue encontrada en posesión del Señor C., lo que concuerda con lo dicho por el agente de policía G. A. R.; Detallo el Señor J. D. D. que la motocicleta estaba en mal estado, con un kilometraje de uso bastante alto, teniendo que mandarla a reparar para después venderla; En su apreciación particular del Señor A. M., la motocicleta al momento de ser recuperada por lo menos había perdido la mitad de su valor dadas las condiciones en que se encontraba. 2. A través de la declaración testifical del Señor S. G.A.y del propio acusado A. E. C., que éste último adquirió una motocicleta para inicios del mes de Febrero de 2011, comprada a una persona de la cual la única referencia era su nombre: O. M., por un valor de L. 14,000.00 de los cuales pago L. 8,000.00 , quedando los vendedores de entregarle al día siguiente los documentos de circulación y propiedad del automotor, lo cual no ocurrió así; El acusado señaló que circuló con el vehículo alrededor de doce días hasta que le fue incautado por la policía, al constatarse que la motocicleta tenía reporte de robo.- Informó que después de su aprehensión, estuvo pendiente en colaborar con la policía para dar con el paradero de las personas responsables del delito de robo, pero que fue amenazado y que por ello desistió de dar información, lo que es confirmado por el policía E.A. P. S., que igualmente describió que la comunicación que mantuvo con el acusado y el compromiso voluntario asumido por éste para lograr identificar a los culpables del delito y así “limpiar su nombre”, de lo cual después desistió aduciendo que había sido amenazado. Conforme a lo anterior, la Sala de lo Penal se manifiesta en desacuerdo con el Ministerio Público, pues no es posible derivar que el acusado A. E. C. haya obrado con dolo en la adquisición de la motocicleta, en consideración del precio pagado por ésta, el cual en apariencia era proporcional a las condiciones en la que se encontraba lo que impediría a deducir un origen ilícito pues las máximas de la experiencia nos señalan que los objetos robados normalmente son vendidos a un bajo precio en proporción al del mercado, precisamente para procurarse los responsables de obtener una ganancia rápida del efecto del delito (tal como lo explicó el Policía E. A. P. S.) y además porque ello asegura la venta ante la procedencia no justificada del bien; Pero además la falta de dolo se ve reflejada en la actitud adoptada del acusado, no solo al momento de la aprehensión, en donde mostró su total colaboración en la constatación de la serie y traslado a la policía, sino que además posteriormente de haberse presentado el requerimiento fiscal, buscando el acusado suministrar información a la policía de los responsables del delito, al grado de que se expuso a recibir amenazas, lo que le motivo a desistir. Ante la inexistencia de dolo, se descarta que la conducta realizada por el acusado sea típica, y por tanto que sea constitutiva de delito..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL A LOS VEINTISIETE (27) DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017).- El pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán Garcíay José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, LA SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-432-2013 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiséis de agosto del año dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, mediante la cual absolvió al señor A. E. C., del supuesto delito de Adquisición De Vehículo Robado, en perjuicio del señor J. D. D. G..- Asimismo no procedió condenar en costas procesales, personales ni por gastos ocasionador por el juicio.- No procedió la responsabilidad civil del imputado A. E. C..- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, el Abogado E. S. D.G., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: La Abogada Y. M., Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrente. II.- HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “UNICO: Entre las once y doce horas de la mañana, del día trece de febrero del año dos mil once, en la aldea conocida como Buenas Casas, de la jurisdicción de Siguatepeque, Comayagua, el señor G. A. R., haciéndose pasar como Agente de Investigación Criminal, acompañado del señor J. D. D. G., y a bordo de un vehículo particular se trasladaron hasta aquel lugar y precisamente frente al comedor Suyapa, el supuesto Policía, sin previa identificación y formal denuncia, requirió y detuvo al señor A. E. C., según el supuesto Agente Policial, por encontrarlo en la tenencia de un vehículo automotor Tipo Motocicleta, que se dijo con reporte de robo.” III.- RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS “Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la siguiente manera: “Exposición Del Motivo De Casación.- 1. Por Infracción De Precepto Constitucional: Motivo Único: “Por interpretación errónea del artículo 90 de la Constitución de la República en relación con el artículo 175 numeral 3 del Código Procesal Penal”. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: El derecho al debido proceso, el cual se encuentra regulado en el artículo 90 de la Constitución de la República, establece que: “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; el cual requiere mínimamente, la fijación legal de un programa de carácter legal e inalterable para la investigación y juzgamiento de delitos en el que se resguarde la observancia de formas relacionadas con la acusación, defensa, prueba sentencia y recursos; asimismo el artículo 175 numeral 3 del Código Procesal Penal establece que: “La Policía Nacional podrá aprehender cualquier persona, aún sin orden judicial en los casos siguientes: 1-)...2-)....3-) Cuando existan indicios muy fundados de haberse cometido un delito y la persona aprehendida haya sido sorprendida teniendo en su poder armas, instrumentos o efectos procedentes del delito o falta o presente señales o vestigios que permitan inferir la participación del aprehendido en la infracción cometida o intentada”; derecho éste que se encuentra vulnerado cuando en el fallo dictado en la presente causa es absuelto el señor A. E. C., por considerar el sentenciador que: «se violentaron derechos individuales consignados en la Constitución de la República, Tratados Internacionales de los que Honduras forma parte, y Ley de Justicia Constitucional, ya que un supuesto policía de investigación criminal, sin existir formal denuncia y sin identificarse como tal detuvo al acusado de autos, según se dijo por poseer dicho señor un vehículo automotor tipo motocicleta, con reporte de robo, toda vez que está la prueba contaminada o viciada que le sirve al Ministerio Público para proceder al enjuiciamiento del señor A. E. C. por el delito de Adquisición de Vehículo Robado de acuerdo al artículo 218 B del Código Penal, (entendemos que se refiere al artículo 218 D) circunstancia que no existió, al menos en el momento en que es detenido el señor C.”. Lo descrito entre paréntesis es nuestro. Partiendo de lo anterior y tal como podréis observar Honorables Magistrados, en el caso sub judice el Ministerio Público desde el inicio de la causa calificó los hechos como constitutivos de Adquisición De Vehículo Robado, para lo cual recabó la prueba pertinente para acreditar el mismo, cumpliendo con los requisitos legales establecidos, como es el caso de la declaración del señor G. A. R., quien es policía y declaró en el acto del debate libre de coacción alguna lo siguiente: “Que él era una persona cercana al ofendido y éste le comentó que le habían robado la motocicleta y una vez salieron a buscarla en su vehículo, para ver si podían dar con su paradero y por medio de un informante que tienen en la Dirección Nacional de Investigación Criminal recibieron una llamada anónima y les dijeron que estaba la motocicleta color negra aparcada en el desvío del asilo y se dirigieron al sector y se pararon unos veinte metros del mismo, y estaba supuestamente la motocicleta, luego le preguntó al dueño, refiriéndose al acusado y le dijo que él la andaba, entonces él (testigo) le dijo que era de la policía de investigación, que le diera permiso de revisar la serie y le dijo que no había problema y miraron con los documentos; le dijo que lo acompañara a la Policía, porque la moto tenía reporte de robo y el legítimo dueño la conocía por un golpe que tenía en el tanque de la motocicleta; A preguntas del Ministerio Público respondió: Por medio del dueño recibió una llamada anónima de que la motocicleta estaba por el asilo de ancianos, la información se recibió por medio de un informante; que el ofendido le manifestó que buscaba la motocicleta porque por medio de otra persona la había sacado al crédito y tenía que continuar pagándola y se la había robado; conoce al señor D., el ofendido y le dijo que sí obtenía alguna información se avocara a él para prestarle toda la colaboración necesaria; al lugar donde encuentran la motocicleta lo acompañó el ofendido y que éste reconoció la motocicleta porque tenía un golpe en el tanque, que el imputado le dijo que él la había comprado, le puso resistencia ya que no quería entregar la llave, entonces él le dijo que era policía de la DNIC y que la moto había sido objeto de robo y decidió acompañarlo a la oficina; la moto tenía un color negro aparentemente y estaba como recién pintada en color negro; la moto le había sido pintado su color, porque antes era azul, él se la había visto una vez al ofendido; le dijo que era policía porque analizó que el acusado podía huir con la moto y se le haría difícil alcanzarlo; el ofendido le ayudó a custodiar al acusado a la policía donde preguntó por la persona de turno para que hiciera el informe y no recuerda su nombre; A preguntas de la Defensa respondió: Cuando se baja del vehículo no se identifica, lo hace cuando va a revisar la moto, antes le dijo que era policía y le enseñó la placa; la motocicleta hasta la policía la conducía A.; no le preguntó cómo adquirió la motocicleta, su misión solo fue llevarlo a la policía, considera que la actitud del acusado no fue de colaboración porque no decía de quien era la moto; que el acta de lectura de derechos se la leyó el policía que hizo el informe al Fiscal; él lo detuvo a las cuatro de la tarde y lo llevó a la DNIC, por lo que, no aparece su firma en el acta; quien le leyó los derechos al detenido fue la persona que manejó el caso; A preguntas del Tribunal respondió lo siguiente: Que detuvo al imputado porque la policía preventiva al tener información de que hay algo robado no necesita una orden cuando se encuentra infraganti una persona, él había tenido conocimiento de lo ocurrido al ofendido cinco días antes, porque éste presentó una denuncia. Este defensor de los intereses generales de la sociedad estima de vital importancia referirnos a la circunstancia de consideración de los efectos del delito; la legislación española designa como efectos sobre todo “objetos o bienes que derivan o proceden de un delito (arts. 127, 128, 197, 235, 298, 363, 371, 374, 534, 583, etc.), se trata de objetos dotados de una entidad material[1]”; en el presente caso y partiendo de lo establecido en los artículos 90 de la constitución de la República y 175 numeral 3 del Código Procesal Penal, el policía G.A. R. se encontraba facultado para aprehender al señor A. E. C., ya que tenía conocimiento de parte del ofendido J.D. D. G., a quien conocía, que días antes le habían robado su motocicleta, por lo que le ofreció su colaboración y el día trece de febrero del año dos mil once, fue informado por parte del señor G. sobre la ubicación de su motocicleta y en compañía de éste se trasladaron al lugar, donde se identificó como policía, (tal como lo señaló también el propio acusado en su declaración), pero para que dicho acusado accediera a que él le hiciera revisión a la motocicleta le dijo que era policía de investigación, donde pudo establecer que se trataba de la misma motocicleta que le había sido robada al ofendido, y fue en ese momento que le dijo que lo acompañara a la Dirección Nacional de Investigación Criminal con el objeto de entregarlo al agente de turno, a quien le correspondió leer los derechos al imputado y realizar el informe correspondiente al Ministerio Público; por lo que la posición que asume el agente policial se encuentra enmarcada en la facultad establecida en la norma procesal suprarelacionada, la cual señala específicamente la circunstancia de indicios fundados de la comisión de un delito, y donde el aprehendido fue sorprendido con un efecto del delito, que en el presente caso fue la motocicleta que le había sido robada al ofendido, así como ponerlo de inmediato a la orden de la autoridad competente para iniciar diligencias ante el tribunal competente a través del Ministerio Público; por ende se ha observado el debido proceso en el presente caso, no habiendo vulnerado en ningún momento ninguna garantía individual al imputado; sin embargo al ser absuelto de conformidad al artículo 90 de la Constitución de la República, el juzgador Interpretó erróneamente el contenido de dicha disposición legal al restringirle su alcance, ya que el procedimiento utilizado para poner al acusado a disposición de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de acuerdo a la normativa procesal penal, permite respetar el Debido Proceso. Establecido lo anterior, debemos señalar que el elenco probatorio permite concluir que el señor J. D. D. G., si fue objeto de la acción ilícita de Adquisición de Vehículo Robado, tomando en consideración que el acusado fue encontrado con su motocicleta y por esa razón es que el policía G. R, lo puso a disposición de la autoridad correspondiente. Sin embargo al haberse absuelto al señor A. E. C. por el tribunal sentenciador, se ha violentado el derecho al Debido Proceso al habérsele restringido sus alcances, que incluye que al acusado se le respeten sus derechos individuales, entre ellos su libertad personal, la cual fue restringida de conformidad a lo establecido en la norma procesal en comento. En virtud de lo anterior solicitamos que el presente motivo sea declarado con lugar, a fin de restituir al defensor de la sociedad hacer uso de los instrumentos probatorios necesarios que le permitan correctamente perseguir su finalidad y establecer la responsabilidad del acusado en el ilícito.”. IV.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA IV.I.- Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[2]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica recursiva, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que(Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. IV.II- Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por el Ministerio Público.- Motivo Único. Precepto Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 90 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 175.3 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: Interpretación errónea de una Norma Constitucional; Pretensión: Sin determinar por el Censor. Arguye el Ministerio Público que la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal de Sentencia en el presente caso es como consecuencia de una errónea interpretación al artículo 90 de la Constitución de la República, relacionado con el artículo 175 del Código Procesal Penal; Explica que el policía G.A. R., se encontraba facultado paraaprehender al Señor A. E. C., ya que tenía conocimiento de parte del ofendido J. D. D., que se había producido un robo de una motocicleta; Que lo hecho por el agente de policía se encuentra dentro del marco señalado en la norma procesal (citada), pues el aprehendido fue encontrado en posesión del objeto del delito; Concluye que el elenco probatorio permite concluir que el Señor J. D. D. es el autor del delito de Adquisición de un Vehículo Robado. IV.III.- Restricción del Derecho a la Libertad por Aprehensión En sentencia del 21 de Septiembre de 2006, en el caso S. G. y otros vs. Honduras, la Corte IDH, señaló que: “89.- La restricción del derecho a la libertad persona, como es la detención, debe darse únicamente por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas o por las leyes dictadas conforme a ellos (aspecto material), y además con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la misma (aspecto formal). “.- Agrega la sentencia que “90.- Asimismo la Convención prohíbe la detención o encarcelamiento por métodos que pueden ser legales, pero que en la práctica resultan irrazonables, o carentes de proporcionalidad. La Corte ha establecido que para que se cumplan los requisitos necesarios para restringir el derecho a la libertad personal, deben de existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la culpabilidad de la persona sometida a un proceso y que la detención sea estrictamente necesaria para asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. “. Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe No. 35/08, caso 12,019 Antonio Ferreira Brega Brasil, del 18 de julio de 2008, señaló que: “68.- La Comisión entiende, que una detención es arbitraria e ilegal cuando es practicada al margen de los motivos y formalidades que establece la ley, cuando se ejecuta sin observar las normas exigidas por la ley y cuando se ha incurrido en desviación de las facultades de detención, es decir cuando se practica para fines distintos a los previstos y requeridos por la Ley. Este órgano ha señalado también que la detención para fines impropios es, en sí misma, un castigo o pena que constituye una forma de pena sin proceso o pena extralegal que vulnera la garantía del juicio previo, lo cual propicia a que el término “arbitrario” sea considerado sinónimo de “irregular, abusivo, contrario a derecho”.”. Conforme a la legislación hondureña, solo es procedente la detención de una persona por orden escrita emitida por autoridad competente o en los casos de flagrancia. Orden Escrita Emitida Por Autoridad Competente: La orden deberá de ser emitida por un órgano jurisdiccional con competencia objetiva para conocer el caso concreto (Orden de Aprehensión) o, en los casos expresamente señalados por la ley, por el Ministerio Público (Orden de Detención Preventiva). (Art. 1, 61, 69 y 84 de la Constitución de la República; 173.1 y 176 del Código Procesal Penal). Además la orden deberá de ser escrita (no verbal), en la cual deberá de consignarse el nombre y apellidos completos de la persona o persona que se solicita sea objeto de aprehensión, agregando las generales de identidad que sean conocidas hasta el momento; El delito por el cual está siendo procesado o por el cual se le ha condenado; e Identificación de la persona natural o jurídica que sea víctima y/o perjudicada.- Será indispensable que cuando se trate de la primera aprehensión de una persona procesada, que la orden contenga además una relación sucinta de los hechos objeto de imputación, a efecto de darlos a conocer a la persona al momento de la aprehensión (tercer párrafo del artículo 84 de la Constitución de la República). El motivo de la orden de aprehensión o de detención preventiva, deberá de estar tipificado como delito que merezca pena privativa de libertad, fijado así con anterioridad al hecho que se le impute a la persona requerida. Por otra parte la orden deberá de ser dirigida para que sea ejecutada por la Policía Preventiva o Policía de Investigación de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública o a la Agencia Técnica de Investigación o a la Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, dependientes del Ministerio Público cuando el hecho sea de aquellos que indica la ley deben de ser investigados por estas agencias y, en defecto de todos estos, a la Policía Preventiva. 2.- Personas En Delito Flagrante La Flagrancia, conforme la doctrina científica procesal, es una condición mediante la cual un tercero observa las acciones delictivas realizadas por una persona mientras acontecen, es pues que se trata de un evento casual donde converge la acción delictiva y la contemplación de dichas acciones por el tercero que las percibe directamente. Por ello la condición de flagrancia es condicionada, puesto que depende precisamente de la concurrencia del tercero que observa y/o sorprende al sujeto activo del delito, instante en que se le etiqueta como “In fraganti”; Es pues que requiere de tres elementos: Inmediatez Causal: Que el delito se esté cometiendo en ese momento o que apenas instantes antes se haya cometido; Inmediatez Personal: Que sujeto activo sea observado al momento de la ejecución del delito o inmediatamente después de ello por un tercero. Inmediatez Temporal: Que el tercero reaccione ante la situación que observa, ya sea directamente, aprehendiendo a la persona o dándole persecución, ya sea dando aviso inmediato de la situación a otros, quienes a su vez aprehende o persiguen a la persona. Como tercero se debe entender incluida la víctima, quien en realidad no es un observador del delito, sino quien lo sufre, y por tanto quien presencia la flagrante acción del sujeto activo, pudiendo detenerle en ese momento o perseguirle para el mismo efecto. Sin embargo el legislador hondureño ha dado aún mayor contenido al concepto de flagrancia, señalando en el artículo 175 cpp los casos en que nos encontraremos ante una Flagrancia Material y una Flagrancia Presunta: Flagrancia Material: a) Flagrancia Propia: La persona que sea sorprendida cometiendo el delito o en el momento de ir a cometerlo; y b) Flagrancia por Evasión: La Persona que se haya evadido de una aprehensión, detención o prisión ordenada por autoridad competente de manera legítima. Flagrancia Presunta (Ficción Legal): a) Flagrancia por Inmediatez Personal: La persona que sea sorprendida inmediatamente después de cometido el delito; (Supuesto de Cuasi-Flagrancia) b) Flagrancia por Inmediatez Causal: Cuando la persona de la que se presuma ha cometido un delito, sea perseguida inmediatamente por la fuerza pública, por el ofendido o por otras personas; (Supuesto de Cuasi-Flagrancia) c) Flagrancia por Inmediatez Material: Cuando existan indicios muy fundados de haberse cometido un delito y la persona aprehendida haya sido sorprendida teniendo en su poder armas, instrumentos o efectos procedentes del delito o falta, o presente señales o vestigios que permitan inferir la participación del aprehendido en la infracción cometida o intentada; d) Aprehensión Precautoria: Cuando existan indicios muy fundados de haberse cometido un delito, de haber participado en él la persona aprehendida y que esta pueda tratar de ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar; y e) Retención Para Aseguramiento: Cuando al iniciarse las investigaciones, en la imposibilidad de distinguirse entra las personas presentes en el lugar, a los partícipes en el hecho y a los testigos, exista necesidad urgente de impedir que alguna de ellas se ausente, o se comuniquen entre sí, así como evitar que puedan modificar en cualquier forma, el Estado de las cosas o el lugar del delito. El artículo 84 de la Constitución de la República autoriza para que cualquier persona pueda detener al delincuente en flagrancia, a efecto de ponerlo de manera inmediata a la orden de la autoridad competente; entendiéndose que tal facultad legal es cuando nos encontramos ante los supuestos contenidos en los numerales 1 y 2 del artículo 175, tal y como lo dispone el artículo en mención, al hacer una diferencia en el proceder respecto a los dos primeros numerales en relación con los tres restantes (numerales 3, 4 y 5), en cuyos casos las detenciones solo podrán realizarla agentes de policía y/o de investigación.- En resumen la posibilidad de que cualquier persona capture a otra, sin orden escrita, está limitada para los casos de Flagrancia Material y los casos de Cuasi-Flagrancia (Flagrancia por Inmediatez Personal y Flagrancia por Inmediatez Causal), entretanto en los casos de Flagrancia por Inmediatez Material, Aprehensión Precautoria y Retención Para Aseguramiento, las aprehensiones podrán realizarse aun sin orden escrita de autoridad competente, pero solo por agentes de policía o de investigación del Estado. IV.IV.- De la Procedencia del Recurso EL RECURSONO ES DE RECIBO.-La Sala de lo Penal declara que en el presente caso no le asiste la razón a lo alegado por el Ministerio Público, pues se constata que efectivamente ha existido una aprehensión ilegal, basado en un hecho no flagrante, en perjuicio del acusado A. E. C., que obliga a excluir prueba por carácter ilícito, quedando como remanente prueba insuficiente para acreditar dolo en el actuar del acusado. Sin embargo, y antes de ahondar en las consideraciones de esta Sala de lo Penal del porque se rechaza el recurso, es ineludible hacer algunas observaciones a la motivación de la sentencia conocida en casación. 1).- AUSENCIA DE MOTIVACIÓN El Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Siguatepeque mantiene un record negativo en los recursos de casación por el poco esfuerzo de motivar sus resoluciones, al grado que no solo se han observado insuficiente motivación, sino que además ausencia de ésta, convirtiendo sus decisiones en arbitrarias, pues las razones por las cuales decide quedan en el arbitrio de los Señores/as Jueces/zas. La Sentencia que ahora nos ocupa, en su apartado de valoración de la prueba (F.. 47), inicia con la relación de lo declarado por los testigos A.A. M. y J. D. D., los cuales fueron valorados intelectivamente en un párrafo de cinco líneas, señalando básicamente que el primer testigo es la persona que compro la motocicleta y el segundo es el dueño real de ésta, sin referirse a nada más, aun cuando los testigos proporcionan datos que eran relevantes ser analizados por el A-Quo, como las características de la motocicleta, precio, tiempo de compra, razones por las cuales aun cuando el Señor A. M. que la persona que aparece formalmente como dueño de la motocicleta, porque se considera al Señor J.D. D. como el verdadero dueño, tiempo en que fue robada la motocicleta y tiempo en que fue recuperada, condiciones de la motocicleta al ser recuperada, proceso de recuperación, etc. En su segundo apartado el Tribunal de Sentencia hace una motivación descriptiva de las declaraciones del Señor G. A. R. y del Señor E. A. P. S., ambos agentes de la policía nacional, realizando a continuación la valoración probatoria de lo dicho por el primer testigo, sin hacer ningún análisis intelectivo de lo declarado por el Señor E. P. En el numeral tercero los juzgadores transcriben parte de la declaración testifical del Señor S. V. G.A, pero en la valoración intelectiva señalan que no es susceptible de valoración por violación de derechos fundamentales; Tal conclusión es incomprensible, pues se trata de un testigo propuesto por la defensa, cuyo testimonio no tiene relación con ninguna gestión policial, y que por sí mismo merece ser valorado (positiva o negativamente); por otro lado el Tribunal de Sentencia deja en su íntima convicción cual derecho fundamental considera que ha sido violentado, pues no hace explicación alguna al respecto, mucho menos los alcances de dicha violación y sus consecuencias procesales para el presente caso; El lector esperaría que tal análisis entonces fuese desarrollado en la Fundamentación Jurídica, por ser el espacio destinado para el análisis de las normas legales que son aplicadas al caso concreto, en especial cuando se ha llegado a la convicción que una norma constitucional ha sido violentada, más ello tampoco ocurrió, pues en dicho apartado de la sentencia ahora analizada nada se dice sobre esto. En el apartado cuarto de la valoración probatoria los Jueces hacen una enumeración de los medios de prueba documental, carente de motivación descriptiva, pues no se indica cual es el contenido de cada uno de los documentos, mucho menos se hace esfuerzo alguno para realizar una motivación intelectiva, apenas el Iudex hace alusión a uno de los medios de prueba (siendo en total 05), señalando que con él se prueba la violación de derechos fundamentales sin explicar porque ni cual derecho fundamental se refiere, continuando así con su postura galbana y renuente a lo que señala el artículo 141 del Código Procesal Penal. En el apartado quinto los Juzgadores, de nueva cuenta, se niegan hacer valoración descriptiva e intelectiva de cuatro medios de prueba documental, mismos que solo enumeran; El A-Quodetermina que los documentos no merecen mayor valoración, lo cual resulta sardónico, pues no existe ni mucha ni poca valoración, sino que ninguna. Finalmente, en el apartado sexo se relaciona la declaración de la persona acusada, finalizando con su valoración Intelectiva; Ello entonces permite concluir que de los catorce (14) medios probatorios solo fueron valorado intelectivamente un solo medio de prueba y adicionalmente la declaración del acusado. Esta Sala de lo Penal aclara que si bien no es parte del ThemaDecidendi el defecto de forma por falta de motivación, es tan grave la falta cometida que necesariamente merece mención a efecto de exhortar a los Señores/as Jueces/zas de Sentencia de Siguatepeque el observar estrictamente lo mandado por el artículo 141 del Código Procesal Penal. 2).- APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 84 DE LA CONSTITUCIÓN AL CASO CONCRETO El Censor ha puesto a consideración de esta Sala de lo Penal pronunciarse sobre los alcances de la aplicación del artículo 90 de la Constitución de la República, que erige el debido proceso judicial como derecho fundamental, en relación con el artículo 175 del Código Procesal Penal, sin embargo ello es un erróneo planteamiento pues el análisis debe de gravitar en torno al artículo 69 que contiene el derecho fundamental a la libertad y al artículo 84 que regla la reserva de ley sobre aquel derecho fundamental, desarrollado en la norma procesal secundaria citada. Ha señalado el Censor que el acusado A. E. C. se encontraba en condición de flagrante y que a ello obedeció que fuese aprehendido por un agente de policía, fundamentándose en que tal potestad fue dada por el numeral 3 del Artículo 175 del Código Procesal Penal.- El artículo citado dispone que cualquier persona podrá ser aprehendida: “Cuando existan indicios muy fundados de haberse cometido un delito y la persona aprehendida haya sido sorprendida teniendo en su poder armas, instrumentos o efectos procedentes del delito o falta, […].”, es pues que se requiere: 1. Que exista un conocimiento previo de la existencia de un delito, sobre base de indicios fundados; 2. Que una persona sea sorprendida estando en posesión de instrumentos o efectos del delito, que permitan inferir su participación. Debe entenderse que no solo se exige la mera posesión, sino que dicha posesión permita inferir, al menos en ese primer momento, que la persona puede tener alguna participación en el delito, para lo cual deberá de considerarse dos aspectos: i).- Tiempo que medie entre el delito y el hallazgo de la persona en posesión de los instrumentos o efectos, pues las máximas de la experiencia nos dice que entre más próximo sea uno de otro, más posibilidades existe de que la persona tenga participación en el hecho delictivo; contrario sensu, entre más tiempo haya transcurrido entre uno y otro evento, la apariencia de participación se diluye, pues la posesión de la persona podrá obedecer a razones diferentes a la de haber participado en el hecho, por lo que se exigieraelementos vinculantes adicionales al solo hecho de estar en posesión de dichos instrumentos para poder aprehender a la persona; ii).- Naturaleza de los instrumentos o efectos del delito debe de ser de carácter común y fútil, de modo que solo el conocimiento previo de la existencia del delito permita hacer la vinculación; Es importante mencionar en este punto que cuando la naturaleza de los instrumentos o efectos sea de carácter ilícita, (como armas, drogas, etc.), nos encontraríamos ante el supuesto del numeral 1 del artículo 175 y no en el supuesto del numeral 3 analizado; 3. Falta de justificación de la detentación de los instrumentos o efectos del delito.- Aun cuando la norma no lo prevea, es claro que si la persona requerida da razón legal del porqué de la posesión, se diluiría la necesidad de aprehensión.- No debe entenderse esto como inversión de la carga de prueba, pues no se trata de un juicio de culpabilidad, sino de la evaluación sobre el mérito para aprehender a una persona que está en posesión de instrumentos o efectos de un delito; merito que se mantiene cuando ésta no da razón plausible o justificación acreditada del porque se encuentra en posesión de esos efectos o instrumentos del delito, lo que hace persistir la presunción iuris tantum de participación; 4. Actitud de la persona ante el hallazgo.- El comportamiento, actitud o postura adoptada por la persona que está detentando los efectos o instrumentos del delito puede permitirle a la autoridad policial formarse una impresión sobre la necesidad de aprehensión (en conjunto con los demás elementos), pues ésta será patente en los casos de que la persona trate de huir del lugar luego de ser sorprendida, diferente a la que se muestra atenta y dispuesta a someterse a la autoridad, lo que no implica que esto incluya el deber de declarar y de brindar información, pues le asiste el derecho de negarse a ello si así lo tuviere por conveniente, lo que no puede ser interpretado en su contra. En el caso de autos, se presentó como medio de prueba documental, copia de la denuncia No. 108; Indicó el Tribunal de Sentencia, es su escueta motivación, que dicha denuncia tiene una fecha posterior a la aprehensión del acusado, deduciendo que ello es violatorio al derecho de defensa, lo cual es incorrecto por: 1).- La denuncia se establece que el Señor J. D. D. G., se presentó a las oficinas de la entonces Dirección Nacional de Investigación Criminal, siendo el día 21 de enero de dos mil once, a las 04:24:21 p.m., informando haber sido objeto de robo ese mismo día, siendo las 02:40 p.m.; Entretanto la aprehensión del acusado fue en fecha 13 de Febrero de 2011, es decir 23 días después, coincidiendo con lo declarado por el Agente G. A. R., respecto a que existía una denuncia previa; 2).- El hecho de que no exista denuncia no constituye violación al derecho de defensa de la persona aprehendida, pues la razón de la aprehensión puede nacer de un hecho aún no denunciado; El derecho de defensa no depende de que exista o no denuncia previa, sino de la observancia estricta de lo mandado en el tercer párrafo del artículo 84 de la Constitución de la República. Se evacuo como medio de prueba documental constancia emitida por TransOceanic, que hace constar que la Motocicleta Bronco ET200-P, color azul, año 2010, fue adquirida el 10 de Enero de 2011, por el Señor A. M., misma que se relaciona con la declaración del Señor J. D. D. G., el que informó que por conducto de un tercero (el Señor A.A. M. L.), compro una motocicleta por la cantidad de L. 31,000.00, en el mes de enero de 2011, la que comenzó a usar son placas, misma que le fue robada a los once días de adquirida (el 21 de enero de 2011 según denuncia); Explicó el testigo que estuvo buscando la motocicleta y que días después tuvo noticias de ella (23 días después, el 13 de Febrero) y que fueron a verificar donde se encontraba con G., (Testigo G. A. R.), quien le estaba ayudando, encontrando la moto a la orilla de calle, de color negro siendo su color original azul, observando al acusado como la persona que conducía la moto, descartando que se tratase de una de las personas que le asaltaron; Recuerda que después de recuperar la moto tuvo que repararla porque estaba dañada, piezas quebradas, mal pintada en color negro “estaba fea” y que tenía 1,500 kilómetros recorridos, cuando originalmente solo tenía 300, vendiéndola después en L. 24,000.00.- Por su parte el policía G. A. R., informó que era “un poco cercano a Don D.”, que se conocen hace mucho tiempo y que éste le había comentado sobre el robo de la motocicleta, además de haber tenido conocimiento de la denuncia hecha por éste; Que le sugirió al ofendido que cuando tuviese conocimiento sobre los posibles responsables del robo que le informara, como efectivamente lo hizo días después por lo que entre cuatro a cinco de la tarde se desplazaron en un vehículo al lugar donde habían visto el automotor, encontrándolo en orilla de calle; Que consultó a los presentes de quien era la moto y al identificarse el acusado, le informó que era policía, enseñándole la placa y explicándole que la motocicleta tenía reporte de robo, por lo que le pidió le dejase cotejar el número de serie, no oponiéndose el acusado; Que al constatar que los números de serie coincidían le solicito al acusado transportarse con el declarante a la estación de policía, lo cual hicieron, lugar en donde fue aprehendido el acusado.- La declaración del Señor G. R., se entrelaza con la hecha por el también policía E. A. P. S., el que declaro que se encontraba asignado a la sección de delitos en contra de la propiedad, y que hace dos años, un día en horas de la tarde un compañero remitió un detenido por el robo de una motocicleta; agrego que la persona detenida le explicó que había comprado la motocicleta, y que después recibió una llamada de parte del detenido ofreciendo su ayuda para encontrar a los responsables del robo, pues deseaba limpiar su nombre. Aprecia esta Corte Suprema de Justicia que los elementos relacionados, permiten determinar que el policía G. A. R, realizó una indebida aprehensión del acusado A. E. C., pues no se trataba de un delito flagrante, dado que si bien tenía un conocimiento previo sobre un hecho delictuoso por denuncia hecha e información dada por el Señor J. D. D., se carecía de causa probable sobre la participación del acusado, a consideración de que el propio ofendido descartó desde ese momento de que el acusado haya sido una de las personas que participaron en el robo, en consideración además de que el hecho había transcurrido hacía 23 días, tiempo en que evidentemente permitió a los perpetradores del delito de robo disponer del bien, sumado al hecho de la actitud adoptada por el acusado, quien desde el primer momento colaboró con la autoridad, permitiendo el cotejo del número de serie del automotor, para luego conducirse hasta la estación policial sin oponer ninguna resistencia, inclusive manejando él la motocicleta en compañía del agente R., el que incorrectamente señala que si existió resistencia del acusado pues este no se identificó inmediatamente en que pregunto de quien era la motocicleta, lo cual es razonable pues ante los altos índices de inseguridad que gobierna nuestro país, es difícil confiar en una persona extraña que sin razón aparente pregunta sobre la propiedad de un bien. En conclusión, teniendo solamente la información contenida en una denuncia, conociendo además que el hecho había transcurrido hacía 23 días aproximadamente y teniendo la certeza de que la persona que tenía la motocicleta no era parte de aquellos que cometieron el robo, además observando la colaboración dada por ésta, son condiciones que sumadas descartaban la existencia de causa probable que legitimara la aprehensión del acusado por el solo hecho de identificarse como dueño de la motocicleta; Es pues que no existió condición de flagrancia.- Esto se suma a la irregularidades por contradicciones reveladas entre el acta de lectura de derechos y las declaraciones de los policías G. A. R. y E. P. S, pues la prueba documental referida señala que el Señor A. E. C. fue aprehendido el 13 de febrero de 2011, a las 11:28 a.m., entretanto los testigos refieren que la aprehensión fue hecha en horas de la tarde, específicamente el testigo G. R. menciona que fue alrededor de las cuatro o cinco de la tarde, generando incertidumbre entonces del momento exacto en que el acusado fue privado de su libertad, informado de la razón de su detención y de los derechos que le asistían como persona sospechosa. Es criterio de este Ad-Quem, que el proceder policial debió limitarse a la incautación del automotor y la identificación de la persona que estaba en posesión del mismo, para continuar con los actos de investigación que permitieran determinar si de parte de éste existía responsabilidad penal por la detentación de un bien producto de un delito. Definida la cuestión plateada por el censor en su recurso de casación, procede ahora a valorar lo decidido por el Juzgador de la Instancia.- Ya ha adelantado este Ad-Quem que los Señores Jueces solo señalaron la existencia de la violación de derechos fundamentales (en plural), sin individualizar cuales, mucho menos explicar por qué arribaron a tal conclusión, lo cual si bien es reprochable, no es la falta de motivación el motivo casacional que llama a ser pronunciamiento; Ha definido este Tribunal Superior que se violentó el derecho fundamental a la libertad ambulatoria, contenido en el artículo 69 de la Constitución de la República, pues no concurrieron ninguna de las circunstancias de reserva de ley que prevé el artículo 84 del mismo cuerpo legal, desarrollado en ley secundaria en el Código Procesal penal en el artículo 175.- Ahora bien la consecuencia procesal de tal declaratoria no es la que indebidamente ha dado el Tribunal de Sentencia, pues ha dejado de valorar la totalidad de la prueba como consecuencia de la violación del derecho fundamental, cuando conforme el artículo 200 del Código Procesal Penal, solo carecerá de valor aquella que contenga el vicio invalidatorio, como también la que se le derive necesariamente; En el caso de autos es el acto ilícito es la aprehensión del Señor A. E. C., realizada por el policía G. A. R., el día 13 de Febrero de 2011, en horas de la tarde, documentado en el acta de lectura de derechos (f. 05), así como toda la demás prueba que le derive como consecuencia, como ser el acta de incautación de la motocicleta (llamado incorrectamente acta de decomiso), pues ésta fue elaborada solo después de la aprehensión del acusado, al cual se le pidió firmase la misma (f. 22), y por consiguiente el acta de Inspección del Vehículo (19) y el Peritaje de Marcas y Patrones (f. 21).- El resto de los medios de prueba son de carácter lícito, y debieron ser valorados por el Tribunal de Sentencia conforme a las reglas de la sana critica, resolviendo la acción penal interpuesta conforme al mérito de dicha prueba restante. 3).- EXCLUSIÓN HIPOTETICA DE LA PRUEBA ILÍCITA Corresponde responder a la pretensión del Censor de declarar sobre el méritode la acusación criminal, que supone responsable al Señor A. E. C., como autor responsable del delito consumado de Adquisición de Vehículo Robado, en perjuicio del Señor J. D. D..- El delito referido se encuentra tipificado en el artículo 218-D del Código Penal, que dispone que: “Será sancionado con pena de reclusión de nueve (9) a doce (12) años, quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado. Se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe.”. Excluyendo la prueba ilícita (Ut Supra enumerada), queda como remanente para acreditar la imputación de la acción penal las declaraciones testificales del Señor J. D. D., G A. R., E A.P. S., A. M., S. V. G.AA., Denuncia 108 hecha a la D.N.I.C., y Constancia expedida por Transoceanic.- La prueba muestra dos hechos distintos: 1. Que el señor J. D. D., en el mes de enero de 2011 y por un valor de L. 31,000.00 adquirió la motocicleta marca bronco, modelo ET200-p, color azul, año 2010, serie LB420PC57AC202702, motor 164FML0A202702, por conducto del Señor A. M.L., tal como sus declaraciones lo acreditan, así como la constancia de la Empresa Transoceanic.- Agregó el Señor J. D. D., que el 21 de enero, fue víctima de robo por dos personas desconocidas, distintas al acusado A. C., quienes le despojaron de su motocicleta, la cual recuperó 23 días después cuando fue encontrada en posesión del Señor C., lo que concuerda con lo dicho por el agente de policía G. A. R.; Detallo el Señor J. D. D. que la motocicleta estaba en mal estado, con un kilometraje de uso bastante alto, teniendo que mandarla a reparar para después venderla; En su apreciación particular del Señor A. M., la motocicleta al momento de ser recuperada por lo menos había perdido la mitad de su valor dadas las condiciones en que se encontraba. 2. A través de la declaración testifical del Señor S. G.A.y del propio acusado A. E. C., que éste último adquirió una motocicleta para inicios del mes de Febrero de 2011, comprada a una persona de la cual la única referencia era su nombre: O. M., por un valor de L. 14,000.00 de los cuales pago L. 8,000.00 , quedando los vendedores de entregarle al día siguiente los documentos de circulación y propiedad del automotor, lo cual no ocurrió así; El acusado señaló que circuló con el vehículo alrededor de doce días hasta que le fue incautado por la policía, al constatarse que la motocicleta tenía reporte de robo.- Informó que después de su aprehensión, estuvo pendiente en colaborar con la policía para dar con el paradero de las personas responsables del delito de robo, pero que fue amenazado y que por ello desistió de dar información, lo que es confirmado por el policía E.A. P. S., que igualmente describió que la comunicación que mantuvo con el acusado y el compromiso voluntario asumido por éste para lograr identificar a los culpables del delito y así “limpiar su nombre”, de lo cual después desistió aduciendo que había sido amenazado. Conforme a lo anterior, la Sala de lo Penal se manifiesta en desacuerdo con el Ministerio Público, pues no es posible derivar que el acusado A. E. C. haya obrado con dolo en la adquisición de la motocicleta, en consideración del precio pagado por ésta, el cual en apariencia era proporcional a las condiciones en la que se encontraba lo que impediría a deducir un origen ilícito pues las máximas de la experiencia nos señalan que los objetos robados normalmente son vendidos a un bajo precio en proporción al del mercado, precisamente para procurarse los responsables de obtener una ganancia rápida del efecto del delito (tal como lo explicó el Policía E. A. P. S.) y además porque ello asegura la venta ante la procedencia no justificada del bien; Pero además la falta de dolo se ve reflejada en la actitud adoptada del acusado, no solo al momento de la aprehensión, en donde mostró su total colaboración en la constatación de la serie y traslado a la policía, sino que además posteriormente de haberse presentado el requerimiento fiscal, buscando el acusado suministrar información a la policía de los responsables del delito, al grado de que se expuso a recibir amenazas, lo que le motivo a desistir. Ante la inexistencia de dolo, se descarta que la conducta realizada por el acusado sea típica, y por tanto que sea constitutiva de delito. V.- DECISIÓN No ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. VI.- POR TANTO LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 del Código Procesal Penal.- DECIDE: PRIMERO:Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público.- SEGUNDO: Declarar FIRME la sentencia de fecha veintiséis (26) de Agosto del año dos mil trece (f. 46) dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en la cual se declara absuelto al Señor A. E. C., como presunto autor responsable de un delito consumado de Adquisición de Vehículo Robado, en perjuicio del Señor J. D. D. G..- Y MANDA: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE.- FIRMA Y SELLO.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado Coordinador.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- Receptor Adscrito.- Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de abril del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-432-2013.
JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
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[1] http://www.unav.es/penal/criminal/tópicos/efectosdeldelito.html
[2]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.