Sentencia CP-414-13 — Registro 17377
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Violación, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...
Esta Sala de lo Penal ha revisado el acta de debate que corre agregada a folios 157 al 171 de la primera pieza judicial y pudo verificar que el ente acusador no manifestó su inconformidad con la decisión del Tribunal Sentenciador de hacerle la dispensa a la ofendida, incumpliendo con lo regulado en el artículo 363 del Código Procesal Penal, al obligar al recurrente hacer el reclamo oportuno para subsanar el acto, consintiendo por tanto el resultado del mismo. b) Si bien la joven A. R. R. J. al suscitarse los hechos era una menor de edad, en el momento de presentarse al Juicio Oral contaba con la edad de 19 años, por sus dichos es una muchacha que vive sola, por tanto al decidirse no declarar, no lo hizo únicamente por la dispensa que legalmente le corresponde al ser el acusado su abuelastro, sino porque por decisión propia consideró no rendir declaración alguna; sin que el Juzgador pudiera hacer algo al respecto. c) El Sentenciador en su mayoría actuó bajo el imperio de la ley, al proceder a hacerle la advertencia que establece el artículo 228 del Código Procesal Penal, pues éste no solo es un derecho procesal, sino que Constitucional al regularlo el artículo 88 de nuestra carta Magna, en su párrafo segundo que establece: “…Nadie puede ser obligado en asunto penal, disciplinario o de policía, a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge o compañero de hogar, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”. En tal sentido, la dispensa se aplica no solo por ser testigo de un hecho como lo afirma el censor, sino que con mayor razón por ser víctima, pues el legislador lo ha establecido así para salvaguardar la armonía y concordia familiar. d) Si el ente acusador considera que no se probó la existencia del vínculo familiar entre acusado y víctima, esa circunstancia tuvo que probarla precisamente aquél que tiene a su cargo la investigación del proceso y sobre quien pesa la carga probatoria, pues la relación de parentesco se presume desde el momento en que el testigo/víctima establece por propia voz que tiene un lazo consanguíneo o afín con el acusado, en todas las declaraciones testificales que se practican en los Tribunales de la República, no se les exige al declarante probar esa relación de parentesco, pues la misma se presume como cierta por el hecho de aceptarlo así, si dicha información no es correcta o es falsa, corresponde al Ministerio Público la presentación de las pruebas que acrediten lo contrario. e) El ente acusador no ha tomado en cuenta que existe un examen de Serología Forense para acreditar la paternidad del hijo de la víctima (Ya fallecido) dando como resultado que se excluye de dicha paternidad al ahora acusado Germán Meléndez. f) Referente al Voto Disidente que emitió una de las togadas, es importante recordar que esta Sala ha establecido como criterio jurisprudencial, que no es legal ni correcto que las manifestaciones que hayan dado los testigos/víctimas a los peritos que les practican algún examen y que se consigna como “Historia Medico Legal,” deban tomarse en cuenta como prueba o indicio, pues las mismas van en contra de lo que establece el artículo 88 de nuestra Constitución de la República al plasmar que “Solo hará prueba la declaración rendida ante Juez competente”. Tampoco se considera correcto admitir la declaración que la menor ofendida rindió como prueba anticipada, pues el ente acusador no lo solicitó así y el Sentenciador no posee la oficiosidad para hacerlo. En el presente caso el Sentenciador respetó en todo momento el Derecho de Defensa y el Debido Proceso de las partes, y no existe ninguna irregularidad del Juzgador que merezca el reproche casacional por esta vía, razones suficientes para desestimar el presente Recurso de Casación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice:
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO PENAL I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central a los veinticinco (25) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017).- El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de Coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, ha pronunciado: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, LA SENTENCIA EN EL RECURSO DE CASACIÓN SP 414-2013 POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiséis de agosto de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: 1) Absolviendo al señor GERMAN MELENDEZ del delito de Violación, en perjuicio de A. R. R. J.; 2) No Condenó en costas procesales, personales y gastos ocasionados por dicho juicio al Ministerio Público. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, la abogada Lourdes Yamileth Centeno Sierra, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Son Partes: La abogada Miriam Emilda García en su condición de Fiscal del Ministerio Público como recurrente y el abogado Arnaldo Alcides García en su calidad de Defensor Público del imputado, como recurrido. II. HECHOS PROBADOS “ÚNICO: En el año 2007, la menor A. R. R. J., vivía en casa de su abuela materna señora M. S. J., y con el esposo de esta, señor Germán Meléndez, en la Colonia Villa Cristina de Comayagüela Municipio del Distrito Central.- En fecha 4 de septiembre del año 2008, la menor A. R. R. fue remitida a la Dirección de Medicina Forense donde fue evaluada, estableciendo según Dictamen Médico, que esta tenía un Himen íntegro sin rupturas, el cual permite el paso de dos dedos del examinador, también se determinó que la evaluada, tenía un embarazo de 27 semanas de gestación.” III. RECURSO DE CASACIÓN La recurrente abogada Lourdes Yamileth Centeno Sierra, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, de la manera siguiente: INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. “MOTIVO ÚNICO: Infracción por violación del artículo 321 en relación con el artículo 82 y 90, ambos de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Los preceptos constitucionales y penales citados como infringidos por violación textualmente dicen: El artículo 321 Constitucional establece: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. Artículo 82: “El Derecho de Defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes. Artículo 90 Constitucional: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…” El Principio de Legalidad o Primacía de la Ley es un principio fundamental del Derecho público conforme al cual todo ejercicio del poder público debería estar sometido a la voluntad de la Ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas (ej. el Estado sometido a la constitución o al Imperio de la ley). Por esta razón se dice que el principio de legalidad establece la seguridad jurídica. Se podría decir, que el principio de legalidad es la regla de oro del Derecho público y en tal carácter actúa como parámetro para decir que un Estado es un Estado de Derecho, pues en él el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. En el presente caso, la norma constitucional citada, se ve vulnerada debido a que el juzgador permitió que la ofendida A. R. R. J., se abstuviera de declarar durante la celebración de la audiencia de juicio oral y público, amparada en el artículo 228 numeral 1 del Código Procesal Penal, ya que a su juicio dicha abstención se sustenta en los lazos de afinidad que existen entre la víctima y el imputado, en virtud que éste último es el compañero de hogar de la abuela materna de la joven A. R. R., motivación que carece de soporte probatorio, puesto que no se acreditó en autos, que entre el imputado y la víctima existiera un vínculo en el segundo grado por afinidad como indica el ente jurisdiccional, ya que para que esta relación de parentesco pueda ser reconocida, la misma debe de estar constituida legalmente, a través de algunas de las formas que la ley establece (matrimonio o unión de hecho), es decir, para que el encausado pudiese haber sido considerado pariente por “afinidad” de la ofendida, éste debía estar legalmente casado o bajo el régimen de Unión Libre con la abuela materna de la joven A. R. R., de conformidad a lo establecido en los artículos 325, 327, 40 y 45 del Código de Familia, situación que tampoco aconteció en el caso en estudio. Que de conformidad a las normas constitucionales citadas como infringidas, todos los ciudadanos debemos ser juzgados con las formalidades establecidas en la ley, y los funcionarios no tienen más facultades que las que expresamente se les otorga; pero en el presente proceso, el sentenciador aplicó de forma indebida el artículo 228 del Código Procesal Penal, ya que como se ha indicado anteriormente, no existe ninguna relación de afinidad que vincule a la ofendida con el imputado por lo que de conformidad al artículo 229 de la norma supra referida, el órgano jurisdiccional debió de ordenar mediante una resolución motivada, que la agraviada rindiera su declaración, ya que ésta no se encontraba amparada bajo alguna de las causales que contempla la norma procesal para abstenerse de declarar; violentando con ello, las formalidades que se han establecido en la normativa adjetiva penal, para la celebración del juicio oral y público. Resulta claro también, que al permitir el juzgador que la ofendida se abstuviera de declarar, fundada en una circunstancia que legalmente no existe, quebranta el Derecho de Defensa que corresponde al Ministerio Público como representante de la sociedad, ya que como bien lo reconoce el propio Tribunal en el apartado de valoración probatoria; “sólo la comparecencia a estrados de A. R. y el manifestar de su propia voz no querer declara, no se le puede dar valor probatorio, por la razón que no lleva al convencimiento razonado del Tribunal sobre la veracidad de los hechos”. Lo que evidencia que esta probanza que no fue producida en el juicio, al apartarse el sentenciador de las formalidades que rigen el proceso penal, en cuanto a las personas que están obligadas a declarar, ha impedido que el ente acusador logré su pretensión acusatoria, ya que se trata de la declaración de la víctima, que permite corroborar el resto de probanza allegada al juicio, por ende al impedirse la evacuación de la misma limita el Derecho de Defensa, que corresponde al Ministerio Público como parte en el proceso. De igual manera, en la Sección de fundamentación jurídica, el Juzgador ha reiterado la vulneración al Debido Proceso cuando afirma, “que el Tribunal le hizo a la ofendida la advertencia, tal como lo establece la norma procesal que no estaba obligada a declarar, a raíz del parentesco que le une con el imputado Germán Meléndez por ser su abuelo”; a pesar que como se viene indicando, el parentesco por afinidad que arguye el ente jurisdiccional no se encuentra legalmente acreditado, decisión esta, que ha causado un grave perjuicio al Ministerio Público, ya que el testimonio de la ofendida constituye una prueba de relevancia dentro del juicio, pues como lo asevera este juzgador: “las declaraciones de la ofendida rendida ante los peritos al momento de ser evaluada, son sólo referencias o dichos, por lo tanto no las puede utilizar o valorar como declaración” Con lo anteriormente desarrollado, el Ministerio público deja claro que la infracción denunciada es por falta aplicación de los preceptos Constitucionales citados, expresando además, que la aplicación pretendida es naturalmente, que se ordene la nulidad de la Sentencia ahora recurrida, así como la audiencia de Juicio Oral y Público para que el Tribunal de Sentencia enmiende su error y ordene la evacuación de la declaración de la ofendida A. R. R. J., al no concurrir encontrarse acogida en el artículo 228, numeral 1 del Código Procesal Penal, tal y como se ha dejado demostrado en el presente motivo.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1) Denunció la recurrente la violación a los artículos 321, 82 y 90 de la Constitución de la República, consignando como norma que le permite la interposición del Recurso, en el artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicó la censora que la norma constitucional citada, se vio vulnerada debido a que el Juzgador permitió que la ofendida A. R. R. J., se abstuviera a declarar durante la celebración de la audiencia de Juicio Oral, amparada en el artículo 228 numeral 1 del Código Procesal Penal, motivación que carece de soporte probatorio, puesto que no se acreditó en autos que entre el imputado y la víctima existiera un vínculo en el segundo grado de afinidad como lo indica el ente jurisdiccional, ya que para que esta relación de parentesco pueda ser reconocida, la misma debe de estar constituida legalmente, a través de algunas formas que la ley establece (Matrimonio o unión de hecho). 2) El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denunciar a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro. La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. 3) En el caso sometido a estudio, observa esta Sala de lo Penal que el recurrente ha denunciado como norma violentada el artículo 321 de nuestra Constitución de la República, misma que para esta Sala de lo Penal no constituyen Derechos Fundamentales que guarden relación con el derecho penal o las formas del juicio, habiendo adoptado como criterio Jurisprudencial que: “Toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe de denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia, esto es debido a que si bien, la normativa procesal penal establece la infracción de precepto Constitucional como motivo de casación, las normas Constitucionales susceptibles de ser examinadas son aquellas referentes a derechos fundamentales, que guarden relación con el derecho penal o las formas del juicio, en consecuencia, deberá intentarse el Recurso acudiendo únicamente a normas constitucionales reguladoras de derechos fundamentales que eventualmente pudieran verse afectas producto de la persecución penal”[1]. Referente a los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República que también ha denunciado la recurrente como representante de la Sociedad, considera esta Sala de lo Penal que dichos derechos no se han visto comprometidos en manera alguna, por las razones siguientes: a) Esta Sala de lo Penal ha revisado el acta de debate que corre agregada a folios 157 al 171 de la primera pieza judicial y pudo verificar que el ente acusador no manifestó su inconformidad con la decisión del Tribunal Sentenciador de hacerle la dispensa a la ofendida, incumpliendo con lo regulado en el artículo 363 del Código Procesal Penal, al obligar al recurrente hacer el reclamo oportuno para subsanar el acto, consintiendo por tanto el resultado del mismo. b) Si bien la joven A. R. R. J. al suscitarse los hechos era una menor de edad, en el momento de presentarse al Juicio Oral contaba con la edad de 19 años, por sus dichos es una muchacha que vive sola, por tanto al decidirse no declarar, no lo hizo únicamente por la dispensa que legalmente le corresponde al ser el acusado su abuelastro, sino porque por decisión propia consideró no rendir declaración alguna; sin que el Juzgador pudiera hacer algo al respecto. c) El Sentenciador en su mayoría actuó bajo el imperio de la ley, al proceder a hacerle la advertencia que establece el artículo 228 del Código Procesal Penal, pues éste no solo es un derecho procesal, sino que Constitucional al regularlo el artículo 88 de nuestra carta Magna, en su párrafo segundo que establece: “…Nadie puede ser obligado en asunto penal, disciplinario o de policía, a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge o compañero de hogar, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”. En tal sentido, la dispensa se aplica no solo por ser testigo de un hecho como lo afirma el censor, sino que con mayor razón por ser víctima, pues el legislador lo ha establecido así para salvaguardar la armonía y concordia familiar. d) Si el ente acusador considera que no se probó la existencia del vínculo familiar entre acusado y víctima, esa circunstancia tuvo que probarla precisamente aquél que tiene a su cargo la investigación del proceso y sobre quien pesa la carga probatoria, pues la relación de parentesco se presume desde el momento en que el testigo/víctima establece por propia voz que tiene un lazo consanguíneo o afín con el acusado, en todas las declaraciones testificales que se practican en los Tribunales de la República, no se les exige al declarante probar esa relación de parentesco, pues la misma se presume como cierta por el hecho de aceptarlo así, si dicha información no es correcta o es falsa, corresponde al Ministerio Público la presentación de las pruebas que acrediten lo contrario. e) El ente acusador no ha tomado en cuenta que existe un examen de Serología Forense para acreditar la paternidad del hijo de la víctima (Ya fallecido) dando como resultado que se excluye de dicha paternidad al ahora acusado Germán Meléndez. f) Referente al Voto Disidente que emitió una de las togadas, es importante recordar que esta Sala ha establecido como criterio jurisprudencial, que no es legal ni correcto que las manifestaciones que hayan dado los testigos/víctimas a los peritos que les practican algún examen y que se consigna como “Historia Medico Legal,” deban tomarse en cuenta como prueba o indicio, pues las mismas van en contra de lo que establece el artículo 88 de nuestra Constitución de la República al plasmar que “Solo hará prueba la declaración rendida ante Juez competente”. Tampoco se considera correcto admitir la declaración que la menor ofendida rindió como prueba anticipada, pues el ente acusador no lo solicitó así y el Sentenciador no posee la oficiosidad para hacerlo. En el presente caso el Sentenciador respetó en todo momento el Derecho de Defensa y el Debido Proceso de las partes, y no existe ninguna irregularidad del Juzgador que merezca el reproche casacional por esta vía, razones suficientes para desestimar el presente Recurso de Casación. V. DECISIÓN Por las razones antes explicadas se declara no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por el Ministerio Público. VI. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82, 88, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 228, 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: ÚNICO: Declarando NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por la abogada Lourdes Yamileth Centeno Sierra, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra el señor GERMAN MELENDEZ a quien se le absolvió por el delito de Violación en perjuicio de A. R. R. J.. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para que se proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE.- FIRMA Y SELLO.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado Coordinador.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-414-2013.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
[1]Vid Sentencia de Casación Penal N° 139-2011, dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 24 de enero del 2013