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Sentencia CP-41-14 — Registro 14289

Resumen

En primera instancia se condena al imputado por el delito de Falsificación de Documentos Públicos, se declara sin lugar el recurso de casaciòn interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Esta Sala de lo Penal observa que el impetrante funda su motivo de Casación por Infracción de Precepto Constitucional sobre el alegato de que el A Quo ha violentado el derecho de presunción de inocencia y del debido proceso del acusado José Lempira Escobar Yánez, al incorporar al juicio prueba ilegalmente obtenida, por no haber observado el juzgador el derecho del imputado a estar presente durante la incorporación de prueba de cargo, concretamente de la prueba consistente en una copia fotostática de un protocolo de evaluación médica, de un certificación de dictamen extendido por el Director interino de Medicina Forense de la ciudad de San Pedro Sula; y de un examen de sangre practicado a la señora Fanny Sucet Cisneros Nol, para determinar si ella estaba embarazada; esta última prueba practicada cuando ya estaba iniciado el proceso en contra del acusado. Esta Sala considera que los medios de prueba documentales consistentes en: 1) Documento original del Protocolo de evaluación de pacientes del acusado José Lempira Escobar Yánez (documento que se encuentra agregado a folio 43-44 del proceso y valorado en sentencia por el A Quo mediante Dictamen Documentológico, practicado por el Perito Carlos René Paz, Jefe de Laboratorios de Documentología del Ministerio Público, refrendado por el Doctor Carlos Paredes, Jefe de Laboratorios Criminalísticos y de Ciencias Forenses del Ministerio Público, a folio 256); 2) Certificación del Dictamen No.2008123628, oficio número N/C, rendido por el acusado José Lempira Escobar Yánez, extendido por el Dr. Juan Ramón Medina, Director interino de Medicina Forense de San Pedro Sula (documento que se encuentra agregado a folio 46 del proceso, y valorado en sentencia por el A Quo a folio 256); y, 3) Dictamen original No. S/N 0812-3462 IM, sobre muestra de orina, practicado a la señora Fanny Sucet Cisneros Nol,  a pedido del acusado José Lempira Escobar Yánez, cuyo resultado es positivo a la prueba de embarazo (documento agregado a folio 45 del proceso, y valorado en sentencia por el A Quo a folio 255. Con la salvedad hecha por la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público, que la muestra entregada por el acusado al laboratorio del Ministerio Público, es una muestra de orina y no de sangre, consignada en la solicitud de análisis laboratorial y en la cadena de custodia corroborada en juicio por los testigos de cargo Doctora América Gómez y por el funcionario a cargo de las evidencias Juan Carlos Padilla. Esta Sala considera que los medios de prueba anteriormente referenciados y valorados por el juzgador de instancia, para con ellos formar su conocimiento y convicción judicial, sobre los hechos y la participación del acusado, son pruebas lícitas por haber sido legalmente obtenidas, incorporadas al debate de juicio oral y público, y debidamente valoradas, a las que el A Quo ha dotado de plena credibilidad y valor probatorio, por no tener ninguna duda de su autenticidad, y por haber sido debidamente corroboradas por otros medios de prueba como testigos, pericial y/o documental. Esta Sala considera que el artículo 273 del Código Procesal Penal, sobre las atribuciones de las autoridades encargadas de la investigación preliminar, manda que: “Las de­pen­den­ciasdel Ministerio Público, la Policía Nacional u otra autoridad competente a que se refiere el Artículo anterior, al tener conocimiento de un hecho que pueda ser consti­tutivo de deli­to, cualquiera que sea  el medio por el cual haya llegado a su conocimien­to, cuando la noticia parezca verosí­mil, teniendo en cuenta su conte­nido y los datos propor­ciona­dos para su compro­bación, adoptará las medidas necesarias para im­pe­dir que produzca consecuen­cias ulte­riores e inicia­rá las inves­tigaciones del caso, para lo cual podrán: 1) Citar a cualquier persona que pueda apor­tar datos relacionados con el hecho que se investiga y recibirle la correspondiente declaración. A quienes no estén obligados a comparecer ante los tribunales pero sí a declarar, les recibirá la declaración en sus oficinas. Podrá asimismo, interrogar a las personas en su casa de habitación o en el sitio que considere más apropiado para el éxito de la investigación; 2) Practicar inspecciones oculares en archi­vos, registros contables, documentos o sitios que formen parte de oficinas públi­cas, o de oficinas o locales  privados abiertos al público; 3) Realizar pericias en todos los campos de la criminalística y de la Medicina Foren­se; y, 4) Adoptar las medidas urgentes y necesarias para preservar los elementos de prueba susceptibles de perderse. Para la realización de las actividades anterio­res las señaladas dependencias no necesitarán autorización judicial, salvo cuando pueda afec­tarse un derecho garan­tizado por la Constitu­ción de la República y los Tratados In­ternacionales de los que Honduras forma parte. Las investigaciones de las mencionadas depen­dencias comprenderán no solo los cargos que se hagan al imputado, sino también los hechos que puedan servir para su defensa”. Y si bien es un derecho del imputado establecido en el artículo 101, numero 10 del Código Procesal Penal, estar presente en los actos en que se incorpore prueba en su contra, con las salvedades y excepciones establecidas en la ley; en el presente caso, el Ministerio Público, como ente público a cargo de la investigación de los delitos, tiene plenas facultades legales para ordenar en la fase preliminar del proceso, la práctica de pericias para el descubrimiento de la verdad; en este caso ordenó la práctica de un peritaje en el campo de la Documentología en el Protocolo de evaluación de pacientes del acusado, para constar la caligrafía del documento y en las correcciones, borrones, tachaduras, o enmiendas practicadas al mismo, peritaje que establece más allá de toda duda que el protocolo y las modificaciones del examen físico practicado a la señora Fanny Sucet Cisneros Nol, fueron realizados por el acusado José Lempira Escobar Yánez, por ser de su puño y letra. Con este medio de prueba pericial se tiene por acreditado que el acusado, en el protocolo de evaluación física de la señora Fanny Sucet Cisneros Nol, inicialmente incluye datos falsos acerca del estado de embarazo de la paciente, documento que el propio acusado en un segundo momento, altera o modifica para cambiar de diagnóstico y establecer en su dictamen final que la paciente Fanny Sucet Cisneros Nol, no estaba embarazada, documento en el que además consigna falsamente que el resultado de la prueba de laboratorio salía negativa, cuando en realidad era positiva. Esta Sala considera que el documento público alterado en su veracidad no es el protocolo de evaluación médica, sino el Dictamen final No. 2008123628, oficio número N/C, rendido por el acusado José Lempira Escobar Yánez; que no se ha vulnerado el derecho de defensa al acusado, pues en juicio ha tenido la oportunidad de presentar pruebas, hacer alegatos a su favor y recurrir la sentencia. Tampoco se ha suplantado la autenticidad de un documento original, como lo es el documento público objeto del presente juicio, consistente en el Dictamen No.2008123628, rendido por el acusado José Lempira Escobar Yánez, pues dicho documento ha sido certificado por el Dr. Juan Ramón Medina, en su carácter de Director interino de Medicina Forense de San Pedro Sula, por lo que al juzgador no le cabe ninguna duda de autenticidad sobre su contenido y firma del acusado en el cual constan precisamente datos falsos, por establecer en el dictamen que la paciente no estaba embarazada y que la prueba de laboratorio de embarazo era negativa, siendo ello contrario al resultado laboratorial cuyo resultado resultó positivo. Las razones vertidas por el Juzgador para no dudar de la autenticidad del Dictamen No.2008123628, oficio número N/C, rendido por el acusado José Lempira Escobar Yánez, son valederas en tanto que se trata de un documento debidamente certificado por la autoridad correspondiente de la Dirección Regional de Medicina Forense quien lo ha cotejado con su original. No se trata pues de una suplantación de documentos públicos, sino de un documento público debidamente certificado por la autoridad competente que lo equipara a uno original y del que el juzgador no ha tenido ninguna duda acerca de su autenticidad. Esta Sala considera que la sentencia que se impugna tampoco adolece de motivación por falta de claridad en los hechos probados, dado que como ha quedado establecido no se ha producido contradicción alguna en los hechos probados de la sentencia al no haber ninguna suplantación de documentos originales por fotocopias, sino de la valoración por parte del juzgador de un documento público debidamente certificado, documento en el que el acusado señor José Lempira Escobar Yánez ha hecho constar datos oficiales que no corresponden con la verdad. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala de lo Penal declara sin lugar el motivo de casación de infracción de precepto constitucional, por infracción de los derechos de presunción de inocencia y debido proceso, al no haber vicios que invaliden la prueba de cargo y ser ésta suficiente para enervar la presunción de inocencia del acusado...."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICICION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: ORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO PENAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de septiembre de dos mil diecisiete. El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, quien actúa como Coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, ha pronunciado EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS la siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-41-2014 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintitrés de noviembre de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: 1) CONDENANDO al Señor JOSÉ LEMPIRA ESCOBAR YÁNEZ, a la pena de cuatro años de reclusión por el delito de Falsificación de Documentos Públicos, en perjuicio de La Fe Pública del Estado de Honduras. 2) CONDENANDO al Señor JOSÉ LEMPIRA ESCOBAR YÁNEZ, a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil. 3) DECLARÓ la responsabilidad civil del imputado José Lempira Escobar Yánez. 4) NO CONDENÓ a dicho imputado en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional el Abogado Clovis Duarte Portillo, en su condición de Apoderado Defensor del señor José Lempira Escobar Yánez. SON PARTES: El Abogado CLOVIS DUARTE PORTILLO, Apoderado Defensor del señor acusado José Lempira Escobar Yánez como parte recurrente; y la Abogada YESSENIA MÁRQUEZ, Fiscal en representación del Ministerio Público, como parte recurrida. I. HECHOS PROBADOS “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral y público, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara, expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: En fecha once de noviembre del año dos mil ocho, la señora FANI SUCET CISNEROS NOL fue acusada por un delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, delito por el que fue condenada a quince años de reclusión por un Tribunal de Sentencia de esta Sección Judicial. Durante el proceso penal seguido a ella, en fecha dieciséis de diciembre del año dos mil ocho, se presentó por parte del Defensor de la acusada, una solicitud de revisión de medida cautelar bajo el argumento de que se encontraba en estado de gravidez, sin que se encontraba embarazada, trámite por el cual se le solicitó que pagaría la imputada una cantidad de cincuenta mil dólares, afirmándosele que solamente tendría que ir a Medicina Forense, para justificar que le dieran un dictamen pericial que señalara que estaba embarazada cuando en realidad no lo estaba; ella aceptó y como consecuencia de la solicitud al Juzgado de Letras Penal de esta sección Judicial, la Juez DALILA PAREDES, libra oficio a Medicina Forense, para que se realizara el examen de rigor. La señora CISNEROS NOL, fue llevada ante el Sub Director Regional de Medicina Forense JOSE LEMPIRA ESCOBAR YANEZ, quien la recibió el día 18 de diciembre del mismo año, en su despacho, localizado en el edificio de Medicina Forense, ubicado en la Colonia Villas del Sol de esta Ciudad de San Pedro Sula, donde solamente le preguntó algunos datos generales a la evaluada, y anotó en el protocolo que se llevaba para los efectos de éstas evaluaciones, que presentaba signos o características de una mujer en estado de gravidez, datos que los escribió de su propia liberalidad, sin que le hayan sido proporcionados por la evaluada, entre éstos que la fecha de la última menstruación había sido el ocho de agosto del año dos mil ocho, diecinueve semanas de amenorrea (ausencia de menstruación), fecha probable de parto el 15 de mayo del año dos mil ocho, atribuyó incluso, manifestaciones de la evaluada respecto a que refería escaso sangrado transvaginal y dolor obstétrico, además abdomen aumentado de tamaño, con útero aumentado de tamaño, concluyendo inicialmente en las anotaciones del protocolo médico forense que se encontró con un cuadro de embarazo de 19 semanas con amenaza de aborto y con una prueba de embarazo positiva; ese mismo día a las nueve y treinta y cuatro minutos de la mañana, el Dr. LEMPIRA ESCOBAR, llevó personalmente al departamento de control de evidencias un frasco plástico conteniendo orina, perteneciente a persona desconocida y atribuía a FANY SUCET CISNEROS NOL de quien no obtuvo ninguna muestra, incluyendo en la remisión que había sido obtenido a las nueve y diez minutos de la mañana, a fin de que se hiciera prueba de embarazo por el laboratorio de inmuno-microbiología para confirmar el embarazo, y anotó en los antecedentes clínicos de la solicitud de dictamen que presentaba amenorrea de varias semanas, útero aumentado de tamaño en 18 cms. y abdomen globoso, datos y solicitud anotadas directamente por el Dr. JOSE LEMPIRA ESCOBAR, quien entregó la muestra a JUAN CARLOS PADILLA, encargado de control de evidencias y quién a su vez la entregó a la Dra. AMERICA GOMEZ, que determinó, que de la muestra de orina recibida se infería científicamente que daba positivo en la prueba de embarazo y así lo hizo constar en el dictamen realizado, mismo que fue remitido al médico solicitante LEMPIRA ESCOBAR. SEGUNDO: En fecha nueve de enero del año dos mil nueve, se emitió por parte del Dr. LEMPIRA ESCOBAR el dictamen 2008-1 23628, en el que se establece que en la evaluación realizada a CISNEROS NOL, encontró que tenía una historia gineco-obstétrica de dos embarazos, partos cero y abortos 1, fecha de última menstruación 8 de diciembre del año dos mil ocho, dos semanas de amenorrea, mamas simétricas no congestivas, aureola café oscuro, abdomen aumentado de tamaño por aumento de panículo adiposo sin actividad uterina, con útero no aumentado de tamaño y no sangrado, y concluyó que se trataba de una mujer con historia de suspensión de menstruación de dos semanas por fecha de última menstruación, y sin evidencia clínica de embarazo, prueba de embarazo negativa, datos que coinciden con las entrelineados borrones y agregados hechos en el protocolo médico forense, realizados por el Dr. LEMPIRA ESCOBAR, y que difieren de los datos incluidos en la solicitud de dictamen de embarazo a muestra de orina que fue llevada por el Dr. LEMPIRA ESCOBAR al departamento de control de evidencia, y que no tomó en cuenta el resultado del análisis solicitado que dio positivo, pues en su dictamen afirmó que la prueba de laboratorio dio negativo. El doctor fue quien realizó de propia mano los borrones, tachaduras y agregados de información que son contradictorias entre sí a fin de justificar el contenido del informe final de la pericia y la conclusión de que la señora CISNEROS NOL, no se encontraba embarazada y desconoció el dictamen del análisis realizado por la DRA. AMERICA GOMEZ, pues señaló que el dictamen de laboratorio dio negativo, cuando en realidad, del análisis a la muestra que él mismo proporcionó y que es de una persona desconocida, se informó que era positivo.” II. ADMISIBILIDAD El Recurso de Casación por Infracción de precepto Constitucional, interpuesto por el Abogado Clovis Duarte Portillo, en su condición de Apoderado Defensor del Señor José Lempira Escobar Yánez, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. III. RECURSO DE CASACIÓN El recurrente Abogado Clovis Duarte Portillo, actuando en su condición de apoderado defensor señor José Lempira Escobar Yánez, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: ”UNICO MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. El Tribunal de Sentencia en la sentencia condenatoria dictada contra el imputado JOSE LEMPIRA ESCOBAR YANEZ, cometió Infracción de Precepto Constitucional AL NO RESPETAR LAS REGLAS DEL JUICIO. EN CUANTO A LA LEGALIDAD DE LA OBTENCION E INCORPORACION DE LA PRUEBA LA CUAL FUE OBTENIDA ILEGALMENTE AL VIOLENTAR EL DERECHO CONSTITUCIONAL QUE TENIA EL IMPUTADO PARA CONTROVERTIR LA PRUEBA CONFORME A LAS REGLAS DEL JUICIO RELATIVAS A LAS SOLEMNIDADES Y FORMALIDADES DEL DEBATE DE JUICIO ORAL Y PUBLICO INHERENTES AL DEBIDO PROCESO. El vicio a la norma constitucional hizo al Tribunal de sentencia violentar lineamientos de la ley constitucional vigente, así como a los Tratados y Convenios Internacionales relativos al DEBIDO PROCESO. PRECEPTO ADJETIVO AUTORIZANTE. En el artículo 361 del Código Procesal Penal se instituye el vicio en la Sentencia Definitiva en el caso; “Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. En todos los casos en que, con arreglo a este Código, pueda Interponerse recurso de casación contra una resolución judicial, será suficiente para fundamentarlo, la infracción de precepto constitucional.” PRECEPTO CONSTITUCIONAL INFRINGIDO Artículo 90. Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que fa Ley establece. (Lo recalcado es mío) EXPLICACION AL UNICO MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. Se recurre ante la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, bajo este motivo de casación en ese aparte que se alude a la INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL de la sentencia definitiva, porque se sustentó en elementos probatorios obtenidos de manera adversa e ilegal a las solemnidades y formalidades establecidas en las disposiciones procesales vigentes, en lo relativo al derecho que tiene todo imputado a estar presente en todos aquellos actos donde se incorpore prueba en su contra, concretamente me refiero a: 1) Una copia fotostática del supuesto protocolo indicado como el documento publico falsificado, 2) Un certificación de dictamen firmado por el director interino de medicina forense de San Pedro Sula y 3) Dictamen de sangre practicado a la señora Fanny Cisneros para determinar si estaba embarazada, sin embargo, esta última prueba se practicó cuando ya estaba procesado el imputado JOSE LEMPIRA ESCOBAR YANEZ el cual no tuvo participación en dicha producción de prueba y no existió control jurisdiccional. El recurrente alude a la ilegalidad de la solemnidad o formalidad con el cual se obtuvo y posteriormente se incorporó dichas pruebas al debate de Juicio Oral y Público porque a mi juicio, los motivos invocados por el Tribunal de sentencia para mutar una prueba decisoria por otra de menor categoría e incorporar probanzas a sabiendas que se había obtenido sin la presencia del imputado y sin control jurisdiccional, no son conducentes al derecho constitucional que regula el Debido Proceso, en consecuencia soy del criterio que me asiste la razón, y en consecuencia la sentencia recurrida debe ser anulada, en base a los siguientes argumentos. El recibo u obtención de esas pruebas documentales que se les otorga la categoría de incriminantes en forma decisiva por ser las que conducen al fallo condenatorio, constituye un acto trascendental que vulnera la defensa (material y técnica) en estos momentos procesales, puesto que ha marcado la suerte del imputado JOSE LEMPIRA ESCOBAR YANEZ quién es tenido por parte de los jueces de sentencia como autor de hechos delictivos. Mediante esa prueba, los jueces de sentencia al momento de incorporar la misma al Debate de Juicio Oral y Público, no solo debieron asegurarse de que en su sentencia reprodujera algún hecho probado, sino que también en esa medida, debieron asegurase que dicha prueba no hubiera sido obtenida de forma ilegal para suplantar la autenticidad de un documento original, porque con ello se ha irrespetado los derechos del imputado, que son regulados por la Constitución de la República y los Tratados y Convenios Internacionales, dentro de los cuales debe contarse el derecho que tiene todo imputado para presenciar y escuchar de que forma se produjo y se evacuó esa prueba, dado que cuando se trata de un delito de falsificación de documentos públicos a lo sumo debe indefectiblemente allegarse al debate de juicio oral y público el documento publico original que se aduce falsificado, por tanto, ni la fotocopia, ni la certificación del mismo, podrían suplantar la fuerza legal que la Ley otorga al documento público original que es cuestionado en un proceso penal, ya que si se pretende mutar los efectos jurídicos que se imputan cometido contra la fe publica con documentos que no tienen esa fuerza legal, provoca que la defensa se vea disminuida en su capacidad material y técnica para controvertir con argumentos coherentes, los discusiones que eventualmente el tribunal de sentencia haga en su fallo judicial; el Recurrente refiere que se trata de uno de esos casos en que el imputado, en suma, tampoco podría hacer uso pleno de su defensa material en vista de que nunca se le puso a la vista el documento público que dicen que falsificó, pues, aunque existan testigos que afirmen que cometió actos previos de carácter sospechoso para provocar un resultado falso en las ciencias medicas forenses (examen de embarazo), lo cierto es que dichos testimonios solo acreditan meras conjeturas (no despejadas con acreditaciones documentales de prueba de cargo que las respaldaran), que a lo sumo llegarían alcanzar en la fase del iter criminis, la categoría de actos preparatorios no punibles ya que no tienen relevancia jurídico penal. En ese otro orden de ideas, ya refiriéndonos al examen de sangre tomado a la señora FANNY CISNEROS, el numeral 10 del artículo 101 del Código Procesal Penal, prevé también el derecho del imputado JOSE LEMPIRA ESCOBAR YANEZ, no solo enterarse de los hechos que se le imputan, sino: “A ESTAR PRESENTE, CON SU DEFENSOR, EN TODOS LOS ACTOS QUE IMPLIQUEN ELEMENTOS DE PRUEBA, salvo en los casos en que el presente Código disponga lo contrarío” (Lo recalcado es mío). Resulta obvio que recabar ese tipo de prueba, las partes deben ser citadas y se les reconoce el derecho de asistir y ejercer todas las facultades y obligaciones que la ley procesal les reconoce por eso se alega la vulneración no solo al Debido Proceso, sino que también colateralmente se vulnera el principio de presunción de inocencia regulado en el artículo 89 de la Constitución de la República, porque la motivación judicial adolece de una falta de claridad en la exposición de los hechos que se consideran probados, por supuesta contradicción entre éstos, por incluir entre los mismos conceptos que pretenden darle a fotocopias o certificaciones el carácter de documentos públicos, dicho en otras palabras, se pretende mutar un documento por otro, suplantando los efectos jurídicos que debería producir el documento original en el fallo judicial, que por disposición de la misma ley procesal, tienen carácter jurídico y no fáctico. Reforzando lo anterior, lo que se protesta es sobre la falta de claridad de lo que se declara probado como supuesto documento falsificado ya que se acompaño y se acredito como documento falsificado una fotocopia y una certificación y no el documento original, por lo tanto, en la realidad existe una grave divergencia sobre si, lo que inequívocamente se declara probado, debiera haberlo sido, o no. El recurrente estima que la sentencia no es clara sobre si JOSE LEMPIRA ESCOBAR YANEZ alteró o no una fotocopia, una certificación o un documento original. Además de que esa deficiencia probatoria no es aceptable para enervar la presunción de inocencia, en vista de que el tribunal de sentencia al no poder distinguir entre una fotocopia y un documento original, no puede conjeturar que el imputado realizo alteraciones en un protocolo forense, cuando ni siquiera lo tuvo a la vista mediante el cumplimiento del principio de inmediación, y es tal, que ni siquiera se puede estimar su existencia por el hecho de que un perito en documentología afirma haberlo tenido a la vista para examinarlo, ya que lo que le otorga la fuerza legal al documento su categoría de publico y su autenticidad, es su presencia física en el acto de producirse la prueba en el debate, aspectos estos que así lo estipula la ley procesal y penal, incluso un documento público por disposición de la ley procesal civil no puede suplantarse por el hecho de que un perito lo haya examinado, porque dicho dictamen solo se limita a determinar aspectos propios de las técnicas y procedimientos de la pericia, pero no de su consistencia legal. No es posible por ello determinar si una fotocopia o una certificación que se acompaña de un supuesto documento publico, pueden justificar una condena aduciendo que se ha falsificado el mismo, cuando, como se acredito en el debate de juicio oral y público, ni se tuvo a la vista el mismo, en consecuencia la utilización de conceptos jurídicos dudosos para darle categoría de autenticidad a fotocopias y certificaciones, en lugar de los enunciados históricos, da lugar a la casación porque, de tal suerte, se establece una conclusión (jurídica) omitiendo (fáctica), lo que supone falta de motivación y correlativa indefensión, por vulneración del Debido Proceso. Con este Único Motivo se pretende la derogación del relato que la sentencia de instancia expone para describir lo que estima como resultado probado, pues se justifica una condena penal cuando de esa pretensión que contienen dicho relato no puede sostenerse el fallo condenatorio POR FALTAR LA PRUEBA QUE LO AVALE de tal suerte que la sentencia, al proclamarlo, vulnera el derecho el Debido Proceso y por ende la Presunción De Inocencia del imputado JOSE LEMPIRA ESCOBAR YANEZ, que la Constitución garantiza en los artículos 89 y 90, y es de tal magnitud la vulneración que además la invocación de casación alcanza fundarse en el especifico alegato de deficiencia en la motivación de las conclusiones probatorias, ya que esta, no revela a) La distinción entre lo que debe entenderse por documento original falsificado, ya que suplanta ese documento original con fotocopias, con certificaciones, incluso con los dichos de un perito, pero jamás lo acredita con enunciados que demuestren más allá de la duda razonable su existencia y sus diferencias, por ejemplo a) la sustitución del documento original por una fotocopia porque no concuerda con la certificación, donde en uno se aducen datos, que no concuerdan en el otro, ya que si la certificación es fiel copia de la fotocopia, no debería existir diferencias, por lo tanto, ambos documentos no concuerdan con la opinión del perito de documentología, en ese sentido todo esto no permite fehacientemente demostrar que mi representando este vinculado en la alteración de algún documento público, ya que nunca se acredito sus existencia real o verídica en autos, y b) Si. los testigos de cargo le imputan actos sospechosos, estos solo demuestra una aparente actividad sospechosa, sin relevancia jurídico penal, porque al no existir el documento original del protocolo forense supuestamente alterado, dichos actos ni llegan ala categoría de actos de tentativa, porque los mismos son propios de actos preparatorios, por ello, dicha inconsistencia probatoria que resulta ser ilegal por no cumplir con la fuerza legal de estimarse como documentos auténticos supuestamente alterados, obstaculiza la reconstrucción de los hechos probados, dado que estos no son ciertos, por basarse en un enunciado falso. El recurso no emplaza a los Magistrados, dé la Sala de lo Penal a valorar la prueba, sino a constatar si la prueba practicada justifica la imputación de condena que hace el tribunal de sentencia contra mi representado JOSE LEMPIRA ESCOBAR YANEZ, utilizando una evidente manipulación jurídica de conceptos donde le otorga a una fotocopia la categoría de documento original, y de la cual derivaría la constatación de todos los elementos del delito de falsedad por los que viene condenado a mi representado. De igual manera, se pide mediante ese control casacional se determine si esa justificación probatoria se acomoda a las exigencias constitucionales de las garantías del Debido Proceso y la Presunción de Inocencia. Para concluir diré, que ya ésta Sala de lo Penal ha determinado en su jurisprudencia y doctrina Constitucional, los limites del contenido de estas garantías constitucionales señalando entre otros los siguientes elementos: 1o) que exista una mínima actividad probatoria.2o) la exigencia de validez en los medios de prueba que justifican la conclusión probatoria ratificando la imputación de la acusación. Así pues la convicción del Juzgador debe atenerse al método legalmente establecido para obtenerla, lo que ocurre sí los medios de prueba pueden ser considerados válidos y el debate se somete a las condiciones de inmediación, contradicción, igualdad y publicidad; 3o) que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en los mismos. Y eso en relación a los elementos esenciales del delito, tanto objetivos como subjetivos, y, entre ellos, a la participación del acusado. 4o) la motivación del iter que ha conducido de las pruebas al relato de hechos probados de signo incriminatorio. 5o) a falta de prueba directa, la prueba de cargo sobre la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos del delito puede ser indiciaria, siempre que se parta de hechos plenamente probados y que los hechos constitutivos de delito se deduzcan de esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano. Así también, esta sala de lo penal se ha referido en cuanto al control de la razonabilidad de la motivación con la que se pretende justificar, mas que demostrar, la conclusión subjetiva del juzgador, ha de acreditarse que pueda asumirse objetivamente la veracidad de las afirmaciones de la imputación. Para predicar tal objetividad debe constatarse la inexistencia de vacío probatorio, porque se haya practicado medios de prueba que hayan aportado un contenido incriminador. Pero, además, la revisión de la valoración hecha por el juzgador de instancia de tales medios y contenidos debe permitir predicar de la acusación una veracidad que se justifique por adecuación al canon de coherencia lógica que excluya la mendacidad de la imputación, partiendo de proposiciones tenidas por una generalidad indiscutidamente por premisas correctas. A afecto de establecer algunos conceptos constitucionales citados por el recurrente, que la jurisprudencia Hondureña ya ha señalado fehacientemente, me permito citar las siguientes una sentencia de casación en base a lo establecido en el artículo 19 del Código Procesal Penal “...EL PRINCIPIO-DERECHO DEBIDO PROCESO, como ya los hemos dicho en otras ocasiones, supone que toda persona deba ser juzgada observando las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, según lo que se dispone en el articulo 90 de la Constitución de la República. Una de esas formalidades esenciales la establecen LAS REGLAS DEL JUICIO, según las cuales el juez para decidir un caso solamente tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate. ESTA REGLA ESENCIAL DEL JUICIO, y concretamente de la deliberación del caso, supone que los Jueces y Tribunales para formar su convicción, solamente podrán hacerlo a partir de aquellas pruebas que se hayan practicado en el debate de acuerdo a las reglas establecidas en el Código procesal penal, conforme a lo dispuesto por el artículo 336 del Código. Cualquier quebranto de estas reglas implicará evidentemente una vulneración de las reglas del juicio, que en caso de tratarse de algo esencial que trascienda al resto del fallo, puede implicar la nulidad de éste...” (Sentencia de fecha quince de diciembre de dos mil cinco, recaída en el recurso de Casación No.1441-2033=2004) Para concluir, si aplicamos la SUPRESION HIPOTETICA de la prueba, suprimiéndola mentalmente de la sentencia recurrida, observaremos que la misma es decisiva, ya que no existe otro prueba evacuada en el juicio Oral y Público que apoye, confirme o soporte una sentencia condenatoria, siendo esta prueba la única de donde se sostiene el fallo condenatorio, pero al no existir hipotéticamente esa prueba, el resultado de la sentencia hubiera sido absolutorio. IV. FUNDAMENTACION JURIDICA Esta Sala reitera que para el examen del motivo de casación por Infracción de Precepto Constitucional, fundado en vulneración del principio- derecho a la Presunción de Inocencia, debe comprobarse lo siguiente: a) Si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); b) Si estas pruebas son de contenido incriminatorio; c) Si ha sido constitucionalmente obtenida; esto es, si fue incorporada lícitamente al juicio oral; d) Si ha sido practicada con regularidad procesal; e) Si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y f) Si ha sido racionalmente valorada por el tribunal sentenciador. Por tanto, cuando en esta vía casacional se alega infracción de ese derecho fundamental, la función de esta Sala no consiste en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas ante la presencia del juzgador de instancia, porque solo a éste corresponde esa función valorativa, pero sí puede esta Sala verificar que, efectivamente, el tribunal "A Quo" contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él de los acusados, para dictar un fallo de condena; cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos, los criterios de la lógica y de la experiencia. Pero no acaba aquí la función casacional de las impugnaciones referidas a la vulneración de este derecho fundamental a la presunción de inocencia, pues la ausencia en nuestro ordenamiento de una segunda instancia revisora de la condena impuesta en la sentencia, obliga al Tribunal de casación a realizar una función valorativa de la actividad probatoria, actividad que se desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la injerencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria. Es decir, el control casacional de la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba y del proceso de formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad. Además, el proceso racional, expresado en la sentencia a través del que de la prueba practicada resulte la acreditación de un hecho y la participación en el mismo de una persona a la que se imputa la comisión de un hecho delictivo. La presunción de inocencia supone, que, como se parte de la inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no es éste quien tiene que probar su inocencia. Constitucionalmente se presume y se afirma la inocencia del acusado; para llegar a la condena es necesario que, mediante una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías- practicada en el juicio para hacer posible la contradicción, y sin que los medios probatorios traídos al proceso se hayan obtenido violentando derechos o libertades fundamentales, quede desvirtuada esa inocencia y que el órgano jurisdiccional pueda obtener de esas pruebas la convicción jurídica de la existencia de los elementos fácticos que constituyen el delito. Si no han quedado probados esos elementos fácticos, el Tribunal no puede entender sustituida la inicial inocencia por la culpabilidad y debe absolver al enjuiciado. La presunción de inocencia como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige que se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el tribunal pueda condenar. Al respecto del derecho-garantía del Debido Proceso, esta Sala estima que por éste debe entenderse, que para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona, es necesaria la superación de las etapas del proceso, de acuerdo a reglas preestablecidas, cuyo resultado será la sentencia. En materia Penal el proceso debe contener garantías mínimas que aseguren al imputado el respeto a su dignidad como persona humana y la posibilidad cierta de ejercer su derecho de defensa. Se trata de garantizar que no se prive al imputado de la tutela de sus derechos fundamentales y que la sentencia que se dicte, con base en un proceso, sea fundada y en fiel cumplimiento de los principios supremos que se exigen en un Estado de Derecho. Se entiende que el debido proceso encierra todas las garantías necesarias para procesar justamente a una persona, las condiciones mínimas que debe garantizárseles a aquellas personas que tengan en su contra una acusación penal, tales como: 1) Que el hecho motivo del proceso esté tipificado como delito o falta; 2) La prohibición de detención arbitraria, nadie puede ser detenido sin orden escrita de autoridad competente, que ninguna persona puede permanecer detenida mas de veinticuatro horas sin pasar a la orden de autoridad competente; 3) Que el proceso se siga con las formas previas y propias fijadas con observancia de las garantías de defensa; 4) Que el juicio sea realizado sin dilación ante un tribunal competente a cargo de jueces independientes e imparciales; 5) Que se trate al procesado como inocente, hasta que una sentencia firme declare lo contrario; 6) Que el Juez en un proceso justo compruebe la culpabilidad y determine la pena correspondiente; 7) Que el procesado no haya sido perseguido penalmente con anterioridad por el mismo hecho, entre otras. Por su parte el derecho de defensa, es la garantía constitucional que le asiste al imputado -y a la víctima-, a fin de poder resguardar con eficacia sus derechos. En esta perspectiva amplia, los sujetos participantes del proceso penal, poseen una garantía constitucional de defensa. Sin embargo, el Ministerio Público no posee un derecho a la defensa, sino a un conjunto de facultades para que cumpla con la función persecutoria, pues el derecho de defensa adquiere significativa relevancia en el procedimiento penal, cuando está en juego la libertad del imputado. En conclusión, es el derecho que asiste al imputado, que es a quien el acusador atribuye la comisión de un hecho punible, que le garantiza la asistencia técnica de un abogado defensor, la capacidad de oponerse eficazmente a la pretensión punitiva y hacer valer dentro del proceso el derecho de obtener su libertad. Algunos de los efectos que presenta el derecho de defensa, como garantía constitucional son: a) Disponer de medios para exigir el respeto y efectividad de la defensa; b) La obligación de su respeto por parte de los poderes estatales y de los demás sujetos del ordenamiento; c) El derecho de defensa hace posible que el denunciado, inculpado o acusado puedan acceder a los demás derechos y garantías procesales. V. RESUMEN DEL RECURSO INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL DE PRESUNCION DE INOCENCIA Y DEBIDO PROCESO. Estima el recurrente que la sentencia condenatoria dictada por el A Quo contra el imputado José Lempira Escobar Yánez, incurre en infracción de precepto constitucional al no respetar las reglas del juicio, en la obtención e incorporación de prueba la cual es obtenida ilegalmente. Señala que se ha violentado el derecho del imputado a controvertir la prueba conforme a las solemnidades y formalidades del juicio oral y publico, inherentes al debido proceso y que la sentencia definitiva, se sustenta en elementos probatorios obtenidos de manera ilegal y contraria a las solemnidades y formalidades procesales vigentes, en lo relativo al derecho de todo imputado a estar presente en todos los actos en que se incorpore prueba en su contra. Concretamente el recurrente se refiere la incorporación como prueba de: 1) Una copia fotostática del supuesto protocolo indicado como el documento publico falsificado; 2) Una Certificación de Dictamen firmado por el Director interino de Medicina Forense de San Pedro Sula; y 3) Dictamen de sangre practicado a la señora Fanny Cisneros para determinar si estaba embarazada, esta última prueba se practicó cuando ya estaba procesado el imputado; prueba decisoria que se obtuvo e incorporó al juicio sin la presencia del imputado y sin control jurisdiccional. El recibo u obtención de esas pruebas documentales conducen al fallo condenatorio, vulneran el derecho de defensa del acusado José Lempira Escobar Yánez como autor de hechos delictivos. Prueba obtenida de forma ilegal para suplantar la autenticidad de un documento original, dado que cuando se trata de un delito de falsificación de documentos públicos debe allegarse al juicio el documento original que se aduce falsificado, por lo que la fotocopia, o una certificación del mismo, no pueden suplantar la fuerza de un documento público original. Reprocha que nunca se le puso a la vista al imputado el documento público que dicen que falsificó, y aunque los testigos afirmen que cometió actos previos de carácter sospechoso para provocar una falsedad en el ejercicio de las ciencias medicas forenses (examen de embarazo), lo cierto es que dichos testimonios solo son conjeturas que solo alcanzan la categoría de actos preparatorios no punibles por no tener relevancia jurídico penal. El numeral 10 del artículo 101 del Código Procesal Penal, prevé el derecho del imputado José Lempira Escobar Yánez, “a estar presente, con su defensor, en todos los actos que impliquen elementos de prueba, salvo en los casos en que el presente Código disponga lo contrarío”, por lo que alega la vulneración del Debido Proceso, y del Principio de Presunción de Inocencia regulado en el artículo 89 de la Constitución de la República, porque la motivación de la sentencia adolece de falta de claridad en los hechos probados por contradicción entre éstos, al incluir conceptos que pretenden darle a fotocopias o certificaciones el carácter de documentos públicos, suplantando los efectos jurídicos que debería producir el documento original en el fallo judicial. El recurrente estima que a consecuencia de esta deficiencia probatoria no es aceptable enervar la presunción de inocencia al no distinguir el A Quo entre una fotocopia y un documento original, y no poder hacer conjeturas acera de que si el imputado realizó alteraciones en un protocolo forense, cuando no tuvo a la vista lo hecho por un perito en documentología. En consecuencia, no puede el A Quo sostener un fallo condenatorio por faltar la prueba que lo avale, de tal suerte que al proclamarlo vulnera el derecho el Debido Proceso y por ende la Presunción de Inocencia del imputado José Lempira Escobar Yánez. DECISIÓN Esta Sala de lo Penal observa que el impetrante funda su motivo de Casación por Infracción de Precepto Constitucional sobre el alegato de que el A Quo ha violentado el derecho de presunción de inocencia y del debido proceso del acusado José Lempira Escobar Yánez, al incorporar al juicio prueba ilegalmente obtenida, por no haber observado el juzgador el derecho del imputado a estar presente durante la incorporación de prueba de cargo, concretamente de la prueba consistente en una copia fotostática de un protocolo de evaluación médica, de un certificación de dictamen extendido por el Director interino de Medicina Forense de la ciudad de San Pedro Sula; y de un examen de sangre practicado a la señora Fanny Sucet Cisneros Nol, para determinar si ella estaba embarazada; esta última prueba practicada cuando ya estaba iniciado el proceso en contra del acusado. Esta Sala considera que los medios de prueba documentales consistentes en: 1) Documento original del Protocolo de evaluación de pacientes del acusado José Lempira Escobar Yánez (documento que se encuentra agregado a folio 43-44 del proceso y valorado en sentencia por el A Quo mediante Dictamen Documentológico, practicado por el Perito Carlos René Paz, Jefe de Laboratorios de Documentología del Ministerio Público, refrendado por el Doctor Carlos Paredes, Jefe de Laboratorios Criminalísticos y de Ciencias Forenses del Ministerio Público, a folio 256); 2) Certificación del Dictamen No.2008123628, oficio número N/C, rendido por el acusado José Lempira Escobar Yánez, extendido por el Dr. Juan Ramón Medina, Director interino de Medicina Forense de San Pedro Sula (documento que se encuentra agregado a folio 46 del proceso, y valorado en sentencia por el A Quo a folio 256); y, 3) Dictamen original No. S/N 0812-3462 IM, sobre muestra de orina, practicado a la señora Fanny Sucet Cisneros Nol, a pedido del acusado José Lempira Escobar Yánez, cuyo resultado es positivo a la prueba de embarazo (documento agregado a folio 45 del proceso, y valorado en sentencia por el A Quo a folio 255. Con la salvedad hecha por la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público, que la muestra entregada por el acusado al laboratorio del Ministerio Público, es una muestra de orina y no de sangre, consignada en la solicitud de análisis laboratorial y en la cadena de custodia corroborada en juicio por los testigos de cargo Doctora América Gómez y por el funcionario a cargo de las evidencias Juan Carlos Padilla. Esta Sala considera que los medios de prueba anteriormente referenciados y valorados por el juzgador de instancia, para con ellos formar su conocimiento y convicción judicial, sobre los hechos y la participación del acusado, son pruebas lícitas por haber sido legalmente obtenidas, incorporadas al debate de juicio oral y público, y debidamente valoradas, a las que el A Quo ha dotado de plena credibilidad y valor probatorio, por no tener ninguna duda de su autenticidad, y por haber sido debidamente corroboradas por otros medios de prueba como testigos, pericial y/o documental. Esta Sala considera que el artículo 273 del Código Procesal Penal, sobre las atribuciones de las autoridades encargadas de la investigación preliminar, manda que: “Las de­pen­den­cias del Ministerio Público, la Policía Nacional u otra autoridad competente a que se refiere el Artículo anterior, al tener conocimiento de un hecho que pueda ser consti­tutivo de deli­to, cualquiera que sea el medio por el cual haya llegado a su conocimien­to, cuando la noticia parezca verosí­mil, teniendo en cuenta su conte­nido y los datos propor­ciona­dos para su compro­bación, adoptará las medidas necesarias para im­pe­dir que produzca consecuen­cias ulte­riores e inicia­rá las inves­tigaciones del caso, para lo cual podrán: 1) Citar a cualquier persona que pueda apor­tar datos relacionados con el hecho que se investiga y recibirle la correspondiente declaración. A quienes no estén obligados a comparecer ante los tribunales pero sí a declarar, les recibirá la declaración en sus oficinas. Podrá asimismo, interrogar a las personas en su casa de habitación o en el sitio que considere más apropiado para el éxito de la investigación; 2) Practicar inspecciones oculares en archi­vos, registros contables, documentos o sitios que formen parte de oficinas públi­cas, o de oficinas o locales privados abiertos al público; 3) Realizar pericias en todos los campos de la criminalística y de la Medicina Foren­se; y, 4) Adoptar las medidas urgentes y necesarias para preservar los elementos de prueba susceptibles de perderse. Para la realización de las actividades anterio­res las señaladas dependencias no necesitarán autorización judicial, salvo cuando pueda afec­tarse un derecho garan­tizado por la Constitu­ción de la República y los Tratados In­ternacionales de los que Honduras forma parte. Las investigaciones de las mencionadas depen­dencias comprenderán no solo los cargos que se hagan al imputado, sino también los hechos que puedan servir para su defensa”. Y si bien es un derecho del imputado establecido en el artículo 101, numero 10 del Código Procesal Penal, estar presente en los actos en que se incorpore prueba en su contra, con las salvedades y excepciones establecidas en la ley; en el presente caso, el Ministerio Público, como ente público a cargo de la investigación de los delitos, tiene plenas facultades legales para ordenar en la fase preliminar del proceso, la práctica de pericias para el descubrimiento de la verdad; en este caso ordenó la práctica de un peritaje en el campo de la Documentología en el Protocolo de evaluación de pacientes del acusado, para constar la caligrafía del documento y en las correcciones, borrones, tachaduras, o enmiendas practicadas al mismo, peritaje que establece más allá de toda duda que el protocolo y las modificaciones del examen físico practicado a la señora Fanny Sucet Cisneros Nol, fueron realizados por el acusado José Lempira Escobar Yánez, por ser de su puño y letra. Con este medio de prueba pericial se tiene por acreditado que el acusado, en el protocolo de evaluación física de la señora Fanny Sucet Cisneros Nol, inicialmente incluye datos falsos acerca del estado de embarazo de la paciente, documento que el propio acusado en un segundo momento, altera o modifica para cambiar de diagnóstico y establecer en su dictamen final que la paciente Fanny Sucet Cisneros Nol, no estaba embarazada, documento en el que además consigna falsamente que el resultado de la prueba de laboratorio salía negativa, cuando en realidad era positiva. Esta Sala considera que el documento público alterado en su veracidad no es el protocolo de evaluación médica, sino el Dictamen final No. 2008123628, oficio número N/C, rendido por el acusado José Lempira Escobar Yánez; que no se ha vulnerado el derecho de defensa al acusado, pues en juicio ha tenido la oportunidad de presentar pruebas, hacer alegatos a su favor y recurrir la sentencia. Tampoco se ha suplantado la autenticidad de un documento original, como lo es el documento público objeto del presente juicio, consistente en el Dictamen No.2008123628, rendido por el acusado José Lempira Escobar Yánez, pues dicho documento ha sido certificado por el Dr. Juan Ramón Medina, en su carácter de Director interino de Medicina Forense de San Pedro Sula, por lo que al juzgador no le cabe ninguna duda de autenticidad sobre su contenido y firma del acusado en el cual constan precisamente datos falsos, por establecer en el dictamen que la paciente no estaba embarazada y que la prueba de laboratorio de embarazo era negativa, siendo ello contrario al resultado laboratorial cuyo resultado resultó positivo. Las razones vertidas por el Juzgador para no dudar de la autenticidad del Dictamen No.2008123628, oficio número N/C, rendido por el acusado José Lempira Escobar Yánez, son valederas en tanto que se trata de un documento debidamente certificado por la autoridad correspondiente de la Dirección Regional de Medicina Forense quien lo ha cotejado con su original. No se trata pues de una suplantación de documentos públicos, sino de un documento público debidamente certificado por la autoridad competente que lo equipara a uno original y del que el juzgador no ha tenido ninguna duda acerca de su autenticidad. Esta Sala considera que la sentencia que se impugna tampoco adolece de motivación por falta de claridad en los hechos probados, dado que como ha quedado establecido no se ha producido contradicción alguna en los hechos probados de la sentencia al no haber ninguna suplantación de documentos originales por fotocopias, sino de la valoración por parte del juzgador de un documento público debidamente certificado, documento en el que el acusado señor José Lempira Escobar Yánez ha hecho constar datos oficiales que no corresponden con la verdad. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala de lo Penal declara sin lugar el motivo de casación de infracción de precepto constitucional, por infracción de los derechos de presunción de inocencia y debido proceso, al no haber vicios que invaliden la prueba de cargo y ser ésta suficiente para enervar la presunción de inocencia del acusado. VI. RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala de lo Penal y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 del Código Procesal Penal.- FALLA: Declara sin lugar el recurso de casación de Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por el Abogado Clovis Duarte Portillo, Apoderado Defensor del señor acusado JOSÉ LEMPIRA ESCOBAR YÁNEZ, contra la sentencia de fecha veintitrés de noviembre de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los fines y efectos legales.- NOTIFÍQUESE.- FIRMA Y SELLO.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado Coordinador.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-41-2014.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

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