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Sentencia CP-409-13 — Registro 17376

Resumen

En primer instancia se absuelve al acusado por el delito de homicidio, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO.-Dispone el Código Procesal Penal en su artículo 284 que una vez concluidas la investigación preliminar, conforme al mérito de aquella, el Ministerio Público podrá ordenar el archivo del respectivo expediente, o presentar requerimiento fiscal ante el juez/a competente. La norma permite afirmar que deónticamente el Ministerio Público presentara requerimiento fiscal solo hasta después de haber finalizado la investigación preliminar, cuyo resultado sea la obtención de medios de prueba que racionalmente determinen la existencia del delito y de la posible persona responsable de éste; ergo y aun cuando parezca obvio, el Ministerio Público primero debe de investigar, por conducto de los órganos correspondientes, y luego con el mérito de dichas investigaciones presentar el requerimiento fiscal.- La consecuencia de un proceder distinto al señalado es la presentaciones de acciones penales en contra de personas que no han tenido ninguna participación en la comisión del delito, causando perjuicios graves e incluso algunas veces irreparables en su vida, pero también la presentación de acusaciones criminales en contra de personas que si son responsables del delito pero que a consecuencia de una nula o débil investigación preliminar resultan declaradas absueltas con efecto de cosa juzgada y con la lamentable derivación de impunidad. En el presente caso el Ministerio Público inició investigación luego de lo cual presentó requerimiento fiscal, sosteniendo que el acusado José Arturo Lopez Ucles es responsable de la muerte de dos personas; proceso que concluyó con una sentencia en donde el Tribunal razona como fundamentación: 1. En cuanto a la existencia del delito, el Tribunal dio por probado en la declaración de hechos la lesión a la vida independiente de dos personas, a las cuales se les dio muerte mediante instrumento con corto punzante, provocando entre otras, heridas en cuello lo que les produjeron la muerte por exsanguinación, así determinado por las actas de levantamiento de cadáver (f. 6 y 8), actas de inspección ocular (f. 13 y 34), álbum fotográficos (f. 16 y 36) y Dictámenes de Autopsias 131 y 133), en las cuales se acredita más allá de cualquier duda razonable, la muerte violenta, de carácter homicida, de las Señoras Débora Inés Prieto Rodriguez y Débora Scarleth Melgar Prieto, madre e hija respectivamente, acaecido en su casa de habitación cita en el Barrio San Isidro de la Ciudad de Puerto Cortes, Departamento de Cortes, el 19 de Septiembre de 2011, entre las 07:00 p.m. a 09:30 p.m. 2. Respecto a la participación del acusado el Ministerio Público apoyo su teoría en la declaración de los testigos protegidos “A” y “B” quienes dieron cuenta de lo que supuestamente escucharon del acusado sobre su participación en la muerte de una persona de sexo femenino; es pues que se trata de dos testigos propuestos para demostrar, no la conducta que habría realizado el acusado, sino lo que habría dicho éste en relación a los hechos. Tales declaraciones fueron calificadas por el Tribunal como creíbles en cuanto a su contenido, más inútiles respecto a poder acreditar la participación del acusado, pues fueron de la consideración que los testigos identifican a la persona que escucharon haberle dado muerte a una mujer como “Chepe Sapo”, sin determinarse quién es esa persona. Sobre esta valoración recae la impugnación que ha presentado el Ministerio Público. La Sala de lo Penal inevitablemente debe de hacer varias observaciones respecto a las declaraciones de los Testigos Protegidos “A” y “B”, pues concluye que efectivamente existe una violación al principio lógico de derivación, pero no en el sentido pretendido por la Censora sino en el inverso: la prueba no permite ser valorada positivamente, mucho menos atribuirle los alcances pretendidos por el Ministerio Público.- En principio la prueba tiene el demerito de haberse introducido a la audiencia de debate no por lectura como lo ordenan los artículos 311 y 332 del Código Procesal Penal, sino por “Exhibición”, (f. 128), es decir obviando la directriz imperativa de dar lectura al contenido del acta inicial donde consta el registro las declaraciones rendidas por los testigos protegidos, olvidando la Defensa, el Ministerio Público y en especial el Tribunal de Sentencia que el proceso judicial responde a la idea de que la persona acusada pueda conocer plenamente cual es la prueba atinente a acreditar/desacreditar los cargos penales que se le imputan; en el caso en comento el acusado José Arturo Lopez Ucles, en ninguna de las etapas del proceso penal tuvo oportunidad de conocer lo que declararon los testigos protegidos “A” y “B”, pues en la audiencia inicial fue desalojado de la sala al momento que éstos depusieron (f. 53) y en la audiencia de debate no se le dio lectura sino que fue evacuada “por exhibición”, sin que exista en la norma procesal semejante forma de evacuación de prueba documental. Por otro lado, el contenido de las declaraciones de los Testigos “A” y “B”, no permiten derivar certeza de que lo descrito esté vinculado con los hechos mediante las cuales resultó la muerte de las Señoras Débora Inés Prieto Rodriguez y Débora Scarleth Melgar Prieto: Nótese que ambos testigos señalan que se encontraban en una pulpería cuando llegaron dos personas y uno de ellos conocido como “Chepe Sapo”, el que comento a otras personas habían llegado a asaltar a una señora y que tuvieron que “pelarla” expresión que puede ser interpretada como “matarla”, siendo toda la información que escucharon y que con certeza no puede ser relacionada con los hechos, pues los testigos relatan escuchar de tal persona que habían agredido a una sola mujer, pero los hechos ocurrieron en contra de dos mujeres; por otro lado el testigo “B“ no identifica quien es la persona “Chepe Sapo”, pues no señala cual es el nombre de éste, ni tampoco se realizó identificación por rueda de personas o mediante confrontación fotográfica; por su parte el testigo “A” tampoco hace ninguna identificación más que señalar que se trata de la persona que está siendo acusada, lo que no es suficiente para que se pueda derivar que “Chepe Sapo”es el acusado, pues precisamente cuando el testigo “A” rindió su declaración el acusado no estaba presente en la sala de audiencias. Así las cosas para atender la denuncia del Ministerio Público tendríamos que suponer primero que el comentario que escucharon los testigos “A” y “B”, se refiere a los hechos donde las ofendidas Débora Inés Prieto Rodriguez y Débora Scarleth Melgar Prieto, perdieron la vida, pero además tendría que suponerse que la persona que realizo el comentario que identifican los testigos “A” y “B”, como “Chepe Sapo”, es el acusado; aun cuando hiciésemos tales suposiciones, no podría imputarse al acusado la muerte de dos personas, pues la prueba testifical en comento solo acreditaría que el Señor José Arturo López Ucles, dijo haber cometido un delito, lo que no implica necesariamente que haya cometido un delito, en especial porque no existe ninguna otra prueba que lo señale, pues el Ministerio Público no presentó ningún elemento que vinculara al acusado con los hechos, sino que baso toda su imputación, la imputación de dos delitos tan graves como el homicidio, en lo que escucharon dos personas en una pulpería, lo que debió ser un elemento para iniciar la investigación y no el exiguo elemento en que se fundamentó una fútil imputación. Por lo anterior, es inevitable lamentar que en el presente caso el Ministerio Público no haya dirigido una investigación preliminar que diese resultado un haz probatorio suficiente para sostener un requerimiento fiscal y así someter a juzgamiento a una persona contra la cual se cuenten pruebas objetivas, ciertas y contundentes.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.SENTENCIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL A LOS VEINTISIETE (27) DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017).- El pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez pronuncia: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, LA SENTENCIA en el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha seis de junio del año dos mil trece dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula Departamento de cortés, mediante la cual absolvió al señor Jose Arturo Lopez Ucles, del delito de Homicidio, en perjuicio de las señoras Débora Inés Prieto Rodriguez y Débora Scarleth Melgar Prieto; no se decretó de la responsabilidad civil al imputado; no se condenó en costas ni el comiso por no haberse presentado evidencia alguna en el juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada Lesly Sarai Fuentes, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Son Partes: La Abogada Yessenia Márquez, Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrente. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Único: En fecha diecinueve de septiembre de dos mil once, a eso de las siete de la noche, la señora Débora Inés Prieto Rodríguez y su hija Débora Scarleth Melgar Prieto, se encontraban en su casa de habitación ubicada en el barrio San Isidro, doce y trece (12 y 13) avenida, dos (2) calle oeste, en la ciudad de Puerto Cortés, lugar hasta donde llegaron dos personas, quienes arremetieron contra las humanidades de doña Débora Inés Prieto Rodríguez y su hija Débora Scarleth Melgar Prieto, propinándoles varias cuchilladas en el cuello y otras partes del cuerpo, hasta causarles la muerte.”. III. RECURSO DE CASACIÓN.- MOTIVOSY ARGUMENTOS “Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma: “Exposición De Motivos. Primero Motivo: Que al haber dictado el Juzgador, sentencia absolutoria a favor de Jose Arturo Lopez Ucles, lo hizo valorando la prueba inobservando las Reglas de la Sana Crítica. Preceptos Autorizantes: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: Al examinar la sentencia ya referida, observamos que adolece de vicio in procedendo, pues infringe el artículo 202 del Código Procesal Penal, que establece: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”, en virtud que el Juzgador al momento de dictar sentencia absolutoria en fecha seis (6) de Junio del 2013, respecto al imputado Jose Arturo Lopez Ucles, lo hizo vulnerando la Regla Lógica en su Principio de Derivación, en su apartado de Suficiencia, de la manera que a continuación desarrollamos: Para el Sentenciador la prueba de cargo resultó insuficiente para lograr la certeza de que el acusado Jose Arturo Lopez Ucles, haya participado en los hechos considerados como delito de Homicidio, en virtud de que observa que los testigos protegidos “A y B”, hacen referencia sin dudas a lo que escucharon decir de una persona a la que ellos llaman “chepe sapo”, quien llegará al lugar donde los testigos se encontraban, acompañado de otra persona; sin embargo en juicio no se presentó, ni evacuó prueba que orientara a la identificación total de esa persona conocida como “chepe sapo”, lo cual genera dudas razonables y suficientes para que el Tribunal tenga por acreditado que el acusado José Arturo López Uclés y “chepe sapo”, sea exactamente la misma persona; en cuanto a lo dicho por el testigo E. M. M. V., al que le dan credibilidad total por no haberse observado vehemencia a perjudicar o ayudar al imputado, a pesar de las circunstancias personales de índole afectiva por el grado de amistad que le unía a las occisas, es rescatable la coincidencia de sus dichos con las actas de inspección levantadas, en cuando la descripción física del inmueble y otras circunstancias periféricas del suceso, pero solo abona a la realidad por él vivida el día de los hechos, no en relación a las personas que realizaron el hecho. De lo anterior cabe citar entonces, que la única razón por la cual el Tribunal de Sentencia, absuelve al encartado Jose Arturo Lopez Ucles, es porque no fue debidamente individualizado, de acuerdo a la conversación que escucharon los testigos protegidos A y B, quienes lo identifican como “chepe sapo”. Ante esta premisa, no podemos obviar que el Juzgador posea cierto grado de incipiente valoración fáctica, si éste únicamente se enfoca en “la no individualización del imputado por su nombre”; sin embargo, al Juzgador nuestra Norma adjetiva le manda que debe ir más allá, debiendo revisar y valorar la probanza allegada al juicio en su conjunto y de manera armónica, lo cual en el caso de mérito no sucede. Se presentó como prueba de cargo, la declaración del menor E. M. M. V., quien manifestó: Que el día de los hechos no fue al colegio y había quedado de ir con Luis hijo de la señora Débora y éste llegó a su casa a las ocho y se fueron a la iglesia a las nueve y se vinieron y cuando estaban abriendo la puerta de la casa miraron pizcas de sangre en el piso; él se quedó en la puerta y cuando su amigo entró al cuarto de la señora Débora gritó y él se quedó en chock y se fue al cuarto de su hermana y luego se fue donde él y le dijo que las habían matado y se sentaron en las gradas y llamaron a un tío, pariente de las víctimas y luego llegó la Policía; a preguntas del Ministerio Público respondió lo siguiente: Los hechos fueron el diecinueve de septiembre del dos mil once; Luis es le hijo de la señora Débora; las pizcas de sangre estaban en la entrada de la casa, en la parte de la alfombra; Luis gritó y se descontroló y salió corriendo del cuarto de la hermana; salió descontrolado llorando; él (testigo) no ingresó a las habitaciones por los nervios; a preguntas de la Defensa respondió lo siguiente: Hay tres apartamentos de alquiler dentro de la casa y cuatro afuera; ellos llegaron a las nueve y media, no escucharon nada; no había gente en los apartamentos; las puertas estaban cerradas normal, ni forzadas, ni con golpes; lo único raro es que la puerta trasera solo estaba cerrada sin seguro; habían tres puertas; la principal, la trasera y una que daba a un gimnasio que tenía Luis, a la par había un terreno baldío, la propiedad está a la orilla de la calle y la casa estaba en la misma línea de los apartamentos. (Lo resaltado es nuestro). Se incorporó por lectura autorizada la declaración rendida en audiencia inicial por el Testigo Protegido A, quien manifestó lo siguiente: Ellos estaban en la Pulpería el día diecinueve de septiembre, entre nueve y media a las diez de la noche, tomándose unos refrescos, pero ahí se encontraban unas personas retiradas; esos tipos se acercaron y empezaron a hablar de lo que habían hecho, luego dijeron que solo habían llegado a asaltar a la Doña, pero que se les había complicado, ya que la Doña no quería que la asaltaran y tuvieron que pelarla; a preguntas del Ministerio Público respondió lo siguiente: La pulpería que mencionó se encuentra en la 18 calle; se llama “Doña Mari”; estaba a una distancia de cuatro o cinco metros de donde escuchó la conversación; habían cuatro personas en la Pulpería y él (testigo) y su amigo; además las dos personas que comentaban lo que habían hecho, en total eran ocho personas; lo que ellos comentaron fue “mirá loco, pero nosotros solo llegamos a asaltar, la señora se nos puso al brinco y tuvimos que pelarla”; “Chepe Sapo”, que es bajito, blanco, ojos zarcos y que exactamente es la persona que está detenida y acusada por el delito de Homicidio, en perjuicio de las ofendidas;que una vez que ellos comentaron eso él (testigo) y su amigo se fueron de allí; a preguntas de la Defensa respondió lo siguiente: La distancia de la Pulpería al lugar de los hechos es de cuatro cuadras exactamente, no está en dirección derecha; no estuvo cerca de la casa donde ocurrieron los hechos, tampoco observó personas ingresar a esa vivienda; si conocía a las personas que llegaron a hacer el comentario; no conoce a las personas a quienes ellos les comentaron, pero si a los que hicieron el comentario; en ese momento no dijeron si se habían llevado algo de la casa; estaban en ese lugar, porque siempre estaban ahí; que han pasado muchas cosas y esas personas tienen un historial delictivo y todo siempre va a quedar impune y todo el barrio lo sabe; conoce ala persona que ha descrito desde hace ocho años, que iban a jugar pelota en el campo San Isidro; a la persona que le acompañaba ese día y que denominado como Testigo B, lo conoce hace catorce años.”. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA IV.I.- Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez debe de estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. IV.II.- Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. Normas Autorizantes: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal; Alegato: Inobservancia de las Reglas de la sana Critica en la Valoración Probatoria; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 202 del Código Procesal Penal; Acciones de saneamiento: Sin Determinar por la Censora; y Pretensión: Sin Determinar por la Censora. Ministerio Público increpa al Tribunal de Sentencia por la resolución definitiva que ha emitido, pues opina que en la misma se vulnera el principio lógico de derivación en su apartado suficiencia; explica que se dictó una sentencia absolutoria basado en que no fue posible determinar que el acusado José Arturo Lopez Ucles haya sido la persona que cometió el delito, más en realidad fue porque no pudo identificarse al acusado por su nombre, pues el Testigo Protegido “A” señala que escuchó de una persona que conoce como “Chepe Sapo”, cuando decía que había dado muerte a una señora porque se había opuesto al asalto y que esa persona es la misma que fue detenida y acusada por el delito de Homicidio. IV.III.- De la Procedencia del Recurso EL RECURSO NO ES DE RECIBO.-Dispone el Código Procesal Penal en su artículo 284 que una vez concluidas la investigación preliminar, conforme al mérito de aquella, el Ministerio Público podrá ordenar el archivo del respectivo expediente, o presentar requerimiento fiscal ante el juez/a competente. La norma permite afirmar que deónticamente el Ministerio Público presentara requerimiento fiscal solo hasta después de haber finalizado la investigación preliminar, cuyo resultado sea la obtención de medios de prueba que racionalmente determinen la existencia del delito y de la posible persona responsable de éste; ergo y aun cuando parezca obvio, el Ministerio Público primero debe de investigar, por conducto de los órganos correspondientes, y luego con el mérito de dichas investigaciones presentar el requerimiento fiscal.- La consecuencia de un proceder distinto al señalado es la presentaciones de acciones penales en contra de personas que no han tenido ninguna participación en la comisión del delito, causando perjuicios graves e incluso algunas veces irreparables en su vida, pero también la presentación de acusaciones criminales en contra de personas que si son responsables del delito pero que a consecuencia de una nula o débil investigación preliminar resultan declaradas absueltas con efecto de cosa juzgada y con la lamentable derivación de impunidad. En el presente caso el Ministerio Público inició investigación luego de lo cual presentó requerimiento fiscal, sosteniendo que el acusado José Arturo Lopez Ucles es responsable de la muerte de dos personas; proceso que concluyó con una sentencia en donde el Tribunal razona como fundamentación: 1. En cuanto a la existencia del delito, el Tribunal dio por probado en la declaración de hechos la lesión a la vida independiente de dos personas, a las cuales se les dio muerte mediante instrumento con corto punzante, provocando entre otras, heridas en cuello lo que les produjeron la muerte por exsanguinación, así determinado por las actas de levantamiento de cadáver (f. 6 y 8), actas de inspección ocular (f. 13 y 34), álbum fotográficos (f. 16 y 36) y Dictámenes de Autopsias 131 y 133), en las cuales se acredita más allá de cualquier duda razonable, la muerte violenta, de carácter homicida, de las Señoras Débora Inés Prieto Rodriguez y Débora Scarleth Melgar Prieto, madre e hija respectivamente, acaecido en su casa de habitación cita en el Barrio San Isidro de la Ciudad de Puerto Cortes, Departamento de Cortes, el 19 de Septiembre de 2011, entre las 07:00 p.m. a 09:30 p.m. 2. Respecto a la participación del acusado el Ministerio Público apoyo su teoría en la declaración de los testigos protegidos “A” y “B” quienes dieron cuenta de lo que supuestamente escucharon del acusado sobre su participación en la muerte de una persona de sexo femenino; es pues que se trata de dos testigos propuestos para demostrar, no la conducta que habría realizado el acusado, sino lo que habría dicho éste en relación a los hechos. Tales declaraciones fueron calificadas por el Tribunal como creíbles en cuanto a su contenido, más inútiles respecto a poder acreditar la participación del acusado, pues fueron de la consideración que los testigos identifican a la persona que escucharon haberle dado muerte a una mujer como “Chepe Sapo”, sin determinarse quién es esa persona. Sobre esta valoración recae la impugnación que ha presentado el Ministerio Público. La Sala de lo Penal inevitablemente debe de hacer varias observaciones respecto a las declaraciones de los Testigos Protegidos “A” y “B”, pues concluye que efectivamente existe una violación al principio lógico de derivación, pero no en el sentido pretendido por la Censora sino en el inverso: la prueba no permite ser valorada positivamente, mucho menos atribuirle los alcances pretendidos por el Ministerio Público.- En principio la prueba tiene el demerito de haberse introducido a la audiencia de debate no por lectura como lo ordenan los artículos 311 y 332 del Código Procesal Penal, sino por “Exhibición”, (f. 128), es decir obviando la directriz imperativa de dar lectura al contenido del acta inicial donde consta el registro las declaraciones rendidas por los testigos protegidos, olvidando la Defensa, el Ministerio Público y en especial el Tribunal de Sentencia que el proceso judicial responde a la idea de que la persona acusada pueda conocer plenamente cual es la prueba atinente a acreditar/desacreditar los cargos penales que se le imputan; en el caso en comento el acusado José Arturo Lopez Ucles, en ninguna de las etapas del proceso penal tuvo oportunidad de conocer lo que declararon los testigos protegidos “A” y “B”, pues en la audiencia inicial fue desalojado de la sala al momento que éstos depusieron (f. 53) y en la audiencia de debate no se le dio lectura sino que fue evacuada “por exhibición”, sin que exista en la norma procesal semejante forma de evacuación de prueba documental. Por otro lado, el contenido de las declaraciones de los Testigos “A” y “B”, no permiten derivar certeza de que lo descrito esté vinculado con los hechos mediante las cuales resultó la muerte de las Señoras Débora Inés Prieto Rodriguez y Débora Scarleth Melgar Prieto: Nótese que ambos testigos señalan que se encontraban en una pulpería cuando llegaron dos personas y uno de ellos conocido como “Chepe Sapo”, el que comento a otras personas habían llegado a asaltar a una señora y que tuvieron que “pelarla” expresión que puede ser interpretada como “matarla”, siendo toda la información que escucharon y que con certeza no puede ser relacionada con los hechos, pues los testigos relatan escuchar de tal persona que habían agredido a una sola mujer, pero los hechos ocurrieron en contra de dos mujeres; por otro lado el testigo “B“ no identifica quien es la persona “Chepe Sapo”, pues no señala cual es el nombre de éste, ni tampoco se realizó identificación por rueda de personas o mediante confrontación fotográfica; por su parte el testigo “A” tampoco hace ninguna identificación más que señalar que se trata de la persona que está siendo acusada, lo que no es suficiente para que se pueda derivar que “Chepe Sapo”es el acusado, pues precisamente cuando el testigo “A” rindió su declaración el acusado no estaba presente en la sala de audiencias. Así las cosas para atender la denuncia del Ministerio Público tendríamos que suponer primero que el comentario que escucharon los testigos “A” y “B”, se refiere a los hechos donde las ofendidas Débora Inés Prieto Rodriguez y Débora Scarleth Melgar Prieto, perdieron la vida, pero además tendría que suponerse que la persona que realizo el comentario que identifican los testigos “A” y “B”, como “Chepe Sapo”, es el acusado; aun cuando hiciésemos tales suposiciones, no podría imputarse al acusado la muerte de dos personas, pues la prueba testifical en comento solo acreditaría que el Señor José Arturo López Ucles, dijo haber cometido un delito, lo que no implica necesariamente que haya cometido un delito, en especial porque no existe ninguna otra prueba que lo señale, pues el Ministerio Público no presentó ningún elemento que vinculara al acusado con los hechos, sino que baso toda su imputación, la imputación de dos delitos tan graves como el homicidio, en lo que escucharon dos personas en una pulpería, lo que debió ser un elemento para iniciar la investigación y no el exiguo elemento en que se fundamentó una fútil imputación. Por lo anterior, es inevitable lamentar que en el presente caso el Ministerio Público no haya dirigido una investigación preliminar que diese resultado un haz probatorio suficiente para sostener un requerimiento fiscal y así someter a juzgamiento a una persona contra la cual se cuenten pruebas objetivas, ciertas y contundentes. V. DECISIÓN No ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único Motivo. VI. POR TANTO LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 del Código Procesal Penal.- DECIDE: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público.- SEGUNDO: Declarar FIRME Y EJECUTABLE la sentencia de fecha seis (06) de Junio del año dos mil trece (2013) dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes.- Y MANDA: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.-NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado Coordinador.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de abril del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-409-2013.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

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