Sentencia CP-405-13 — Registro 9562
Resumen
En primera instancia se absuelve a los imputados por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Activos, se declara sin lugar el recurso de casaciòn interpuesto por el Ministerio Pùblico
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...") En el caso de autos, el recurrente considera como yerro de casación, el hecho de que la defensa haya propuesto un dictamen pericial para verificar la situación financiera y patrimonial de los acusados y que al ser presentado al debate se haya acompañado de varios documentos que sirvieron de soporte y base para el referido dictamen, es importante mencionar que esta misma prueba fue propuesta por el ente acusador pero con un perito oficial del Ministerio Público. Al tratarse la referida pericia de un análisis financiero patrimonial, era lógico que debía ser acompañada por los documentos que sirvieron de soporte y base al dictamen, indudablemente dicha documentación forma parte del dictamen pericial pues constituyen un todo armónico, ya que, las conclusiones a las que arribó el perito deben estar respaldadas por los documentos adjuntos, de tal forma que no es correcta la apreciación del recurrente al pretender que la parte defensora presentara como prueba documental la documentación base del dictamen pericial, pues dichos documentos forman parte del dictamen en sí y por tanto ya había sido previamente admitidos para ser evacuados en el juicio oral. El artículo 326 del Código Procesal Penal claramente establece que los peritos podrán consultar documentos de cualquier clase, precisamente porque el análisis que realizan requiere de estudios especializados y para cumplir cabalmente con su misión pueden hacerse acompañar de toda la documentación que sirva de soporte a sus conclusiones, pues de no hacerlo así su dictamen carecería de cimiento legal para sustentarlo, por tales razones considera errado el planteamiento del censor y determina declarar sin lugar el presente motivo de casación. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Ante los cuestionamientos de los censores, se ha revisado el acta de debate del Juicio Oral y Público de la presente causa y se puede confirmar que el ente acusador manifestó su inconformidad con la decisión del Tribunal de permitir que ambos peritos emitieran su dictamen uno en presencia del otro; sin embargo no encontramos ninguna disposición legal que impidiera que ambos peritos rindieran su dictamen de manera conjunta, todo lo contrario,el conocido jurista español J. F. E., en la obra Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico) y al referirse en la pagina 504 al informe o dictamen pericial, establece que pueden rendirse en el acto del juicio oral y de ser varios los peritos que han de informar sobre un mismo extremo, será útil su comparecencia simultánea, que facilitará la confrontación o careo en caso de divergencia; en ese sentido, considera esta Sala de lo Penal que el Sentenciador actuó de forma correcta al permitir que ambos peritos rindieran su dictamen de forma simultánea, pues precisamente se trataba de una pericia sobre un mismo objeto y las conclusiones de ambos peritos ayudarían al Tribunal para tomar una decisión. Lejos de ir en contra de las rE.s establecidas para la celebración del juicio oral, es el medio idóneo para dar cabal cumplimiento al principio de oralidad, contradicción e inmediación, pues el Juzgador y las partes observaron la presentación que hiciesen los peritos uno en presencia del otro, sin tener la posibilidad de maquillar sus informes o darles otro sentido, pues sabían que otro profesional con la misma experticia podía cuestionar sus conclusiones, en tal sentido consideramos correcta la decisión del Tribunal, pues en ningún momento se vieron afectadas las rE.s para la celebración del juicio oral que regula nuestra ley procesal, razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta días del mes de enero del año dos mil diecisiete, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio R. Vásquez,en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán G., ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el Recurso de Casación SP 405-2013, por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha seis de diciembre de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló: 1) Absolviendo a los señores F. E. G. P. y K. Y. G. V., por los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Activos, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras y la Economía del Estado de Honduras. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, los abogados O. A. C. y R. L. M. Z., actuando en su condición de Fiscales del Ministerio Público. Son Partes: La abogada E. P., en su condición de Representante del Ministerio Público como recurrente; el abogado R. A. en su condición de Defensor Privado del señor F. E. G. P.; el abogado M. D. en su condición de Defensor Privado de la señora K. Y. G.; éstos últimos togados como recurridos. II. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: Los señores F. E. G. P. y K. Y. G. V., quienes están casados entre sí y con último domicilio en la Colonia Moderna segunda calle entre veinte y veinte avenida A, casa color beige, mediante contrato de arrendamiento; en el mes de septiembre del año 2004 comenzaron a laborar en la Empresa Prefabricados de la Construcción (PRECOSA), en los cargos de Supervisor de proyectos y Administradora respectivamente, devengando un salario de TREINTA Y SEIS MIL LEMPIRAS mensuales en el caso del señor F. G. y VEINTE MIL LEMPIRAS mensuales en el caso de la señora K. Y. G. V., realizándoles el ente empleador las deducciones de Ley, las cuales no fueron declaradas a la Dirección Ejecutiva de Ingresos en los períodos correspondientes en virtud de iliquidez de la empresa contratante, ya que mantenían sus cuentas corrientes en la Institución Financiera denominada La Constancia, la cual entró en un proceso de liquidación forzosa. SEGUNDO: Los ingresos en conceptos de sueldos y salarios antes referidos de los señores F. E. G. P. Y K. Y. G. V., ascienden a un total anual consolidado para el año 2004 de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS (Lps.224,000.00) durante el período comprendido de los meses de septiembre a diciembre de ese año; ya para los años 2005, 2006, 2007, 2008, y 2009 sus ingresos en conjunto ascendieron a un total SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL LEMPIRAS (Lps.672,000) por año y finalmente para el año 2010 bajaron a QUINIENTOS CUATRO MIL LEMPIRAS (Lps.504,000.00) habiendo laborado de enero a noviembre de dicho año, todo 1o cual, hace un gran total de CUATRO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS (Lps.4,088,000.00), percibidos en conceptos de sueldos y salarios como empleados de la empresa “PRECOSA”. TERCERO: Simultáneamente a la actividad laboral desarrollada en la Empresa PRECOSA tanto por K. Y. G. V. como por F. G., ambos se dedicaban a la intermediación de venta de granos como ser pimienta, cacao y café, el cual comercializaban en bodegas de granos básicos del Barrio Medina de esta ciudad, comenzando con dicha actividad en el año 2003 hasta el mes de noviembre del 2010, generando un ingreso consolidado de CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (Lps. 5,349,385.96) cantidad que fue declarada a la Dirección Ejecutiva de Ingresos hasta el año dos mil once, dado que no habían podido realizar la declaración conjunta tanto de la actividad económica formal como la informal por las razones anteriormente relacionadas. CUARTO: Asimismo la pareja constituida por los señores K. Y. G. V. y F. E. G. P. cuentan a la fecha del dos de diciembre del año 2010 con los siguientes activos: Cuenta Numero XXXXXXXXX en el Banco HSBC a nombre de K. Y. G. V., la cual a la fecha treinta de noviembre del 2010 tiene un saldo de SESENTA LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS (Lps.60.14); cuenta NoXXXXXXXXXXX con un saldo a la fecha del tres de diciembre del 2010 de SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON UN CENTAVO (Lps.64,248.01); cuenta N° XXXXXXXXXXXXXX del Banco Citibank a nombre de K. Y. G. V., con un saldo a la fecha de treinta y uno de septiembre del 2012 de CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (Lps.133,680.55); certificado de depósito en el Banco Citibank a nombre de la señora K. Y. G. V. con numero No. 634DPH100000042 por un monto de DOS MIL NOVECIENTOS DOLARES CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR ($ 2,900.59); cuenta No. en el Banco Bac Credomatic a nombre de señora K. Y. G. V. con un saldo a la fecha del ocho de noviembre del 2010 de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (Lps.143,706.88), cuenta No. 142213384 de Banco Ficohsa a nombre de la señora K. Y. G. V. con un saldo a la fecha del tres de diciembre del 2010 de MIL SEISCIENTOS OCHENTA DOLARES CON SESENTA CENTAVOS DE DÓLAR ($ 1680.60); cuenta No. 282037387 de Ficohsa a nombre K. Y. G. V. con un saldo a la fecha del tres de diciembre del 2010 de CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (Lps.150,226.45); cuenta N°. 28232/1257 de Ficohsa a nombre K. Y. G. V., con un saldo a la fecha del tres de diciembre del 2010 de CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (Lps.117,316.69); Lote de joyas constituido por ciento dos piezas de diferentes tipos de alhajas en oro, plata y fantasía cuyo valor a la fecha del mes de diciembre del 2010 es de VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CON CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR ($21,353.50); aparatos electrónicos adquiridos en la empresa Jetstereo, por un valor de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (Lps.277,000.66); un generador eléctrico por el valor de TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (Lps.311,860.60); un transfer con un valor de VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (Lps. 28,389.72); Un vehículo Marca Toyota tipo turismo, color blanco, Modelo Yaris, modelo 2007, placa PCE-6199 con un precio de DOSCIENTOS VEINTE MIL LEMPIRAS (Lps.220,000.00), además de un menaje doméstico y una motocicleta marca Honda, Placa MPB 8848 año 2008, de los cuales no se tienen datos contables; sin embargo de los activos que si se tiene registro contable anteriormente relacionados hacen un total de UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (Lps.1,446,489.60) Y VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR ($.25,934.09), equivalentes estos últimos a la cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON QUINCE CENTAVOS (Lps. 493,537.15), utilizando como factor de cambio 19.03 lempiras por dólar. QUINTO: Por otra parte el matrimonio G. G. contaba con un pasivo constituido por: Pago de educación de sus menores hijos, en un monto DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS. (Lps. 255,877.00); un pago a la Asociación Hondureño Árabe por un total de TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NUEVE CENTAVOS (Lps. 39,699.09); un pago por alojamiento en el hotel Holiday In por TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS (Lps.3,330.00); pagos de impuestos por sus ingresos percibidos y declarados ante la Dirección Ejecutiva de Ingresos por la cantidad de UN MILLON OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS. (Lps. 1,083,559.79); transferencias internacionales a diferentes países y personas por un monto total de DIECISEIS MIL CIENTO DIEZ DOLARES ($ 16,110.00); asimismo contaban con las siguientes tarjetas de crédito: 1)XXXXXXXXXXXXXX a nombre de K. Y. G. V. del banco BacBamer, a la cual abonó de los consumos totales registrados la cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (Lps.329,509.53) Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON SEIS CENTAVOS ($ 5,681.06); Tarjeta de crédito No. XXXXXXXXXXXX del Banco BacBamer a nombre de K. Y. G. V. en la cual llegó a pagar un total de consumo de CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (Lps. 59,410.94) Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA DOLARES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 4,970.85); tarjeta de crédito No.XXXXXXXXXXXXX del Banco Ficohsa, a nombre de K. Y. G. V., en la cual llegó a abonar por los consumos realizados las cantidades de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON UN CENTAVO (Lps.466,388.01) Y DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 10,346.63); tarjeta de crédito No.XXXXXXXXXXX del banco Citybank a nombre de K. Y. G. V., en la cual llegó a abonar la cantidad de TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (Lps.320,182.48) Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO DOLARES ($4,504.00), en algunas de las cuales el señor F. E. G. P. contaba con tarjeta adicional; asimismo realizaron diferentes viajes de turismo a países como Colombia, Guatemala, Panamá y Estados Unidos cuyos gastos de alojamiento y desplazamiento no se encuentran documentados contablemente, razón por la cual resulta imposible establecer cuantificación alguna sobre este aspecto; los pasivos anteriormente descritos de los que si hay registro contable ascienden a un total de DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (Lps.2,557,956.50) Y CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DOCE DOLARES CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR ($41,612.54), equivalentes a SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (Lps.791,886.63), utilizando como factor de conversión el anteriormente citado; por lo tanto el matrimonio G. G. contaba con un excedente de CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (Lp.4,147,986.70), para haberlo dispuesto en otros gastos, una vez hecho el desglose de su capacidad adquisitiva proveniente de sus ingresos, menos sus activos adquiridos y pasivos registrados. SEXTO: En fecha veintidós de noviembre del año 2010, Agentes de la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico reciben una información anónima en las cuales mencionaban a diversas personas de nacionalidad Hondureña, Colombiana, Mexicana y Venezolana, entre los cuales no figuraba el matrimonio G. G., estaban constituidos en una asociación delictiva dedicada a la narcoactividad y lavado de activos proporcionándoles varias direcciones de viviendas ubicadas en la Colonia Moderna y Serón de esta Ciudad, por lo cual se organizaron vigilancias para constatar dicha información entre ellas, a la vivienda ubicada en la Colonia Moderna veinte calle, veinte avenida “A” la cual estaba siendo habitada en esos momentos por el matrimonio G. G., mediante contrato de arrendamiento de fecha dieciocho de diciembre del 2009, suscrito entre el propietario de la vivienda M. E. R. y la señora E. V. DE M., madre de la señora K. Y. G. V., resultando de dichas vigilancias que solo lograron observar a la pareja en una ocasión a cada uno cuando iban a dejar a sus menores hijos a las escuelas; no obstante la Fiscalía del Ministerio Público solicitó autorización de ingresos a diferentes viviendas y negocios con ocasión de la investigación en curso, entre ellas la vivienda ocupada por el matrimonio G. G., realizándose dicho allanamiento en fecha dos de diciembre del año 2010, comenzando el mismo a las diez de la mañana encontrándose a los señores F. E. G. P. Y K. Y. G. V., procediéndose a hacer un registro minucioso de la casa, encontrando entre otras evidencias en un desagüe de aguas negras una bolsa de tela con la leyenda Louis Vuiton la cual contenía varios empaques plásticos de diferentes formas y tamaños, los cuales estaban vacíos, mismos a los que se les practicó una prueba colorimétrica a efecto de determinar la existencia de residuos de alucinógenos, resultando esta presuntivamente positiva, sin que al mismo material se le haya practicado una prueba confirmatoria, además se encontraron varios teléfonos celulares entre ellos el Marca Samsung con imei 011563001086320 del cual salieron varias llamadas a países como Colombia y Panamá sin establecerse las personas que se comunicaron y el contenido de las conversaciones; además se encontraron dentro de un sótano un mapa de coordenadas, un visor nocturno, dos teléfonos satelitales de los cuales no hay información de haber recibido o hecho llamadas, la cantidad de VEINTIOCHO MIL LEMPIRAS EN EFECTIVO (Lps. 28,000.00) Y TRESCIENTOS VEINTICINCO DOLARES ($.325.00), así como el menaje de la referida vivienda y diversa joyería.” III. RECURSO DE CASACIÓN 1) Los recurrentes abogados O. A. C. y R. L. M. Z., en su condición de Fiscales del Ministerio Público, procedieron a formalizar su recurso de casación por quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “1. POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: “MOTIVO UNO: Que se base en medios o elementos probatorios no Incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 2, del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Para establecer la causal de este motivo es menester referirnos a establecer que el proceso penal Hondureño esta rE.do, es decir que si bien a las partes procesales les asisten una serie de derechos y obligaciones, estos pueden y deben ser ejercitados en el tiempo y la forma señalados para hacerlos efectivos, lo que se conoce como el debido proceso, de tal suerte que el artículo 333 de Código Procesal Penal establece: “Durante el juicio, solamente podrán evacuarse los medios de prueba oportunamente propuestos por las partes” en este orden de ideas existen dos momentos regulares para que las partes propongan los elementos de prueba, Estos momentos procesales son: La primera oportunidad para proponer es la audiencia de proposición de pruebas; el Código Procesal Penal establece: “Para que las partes presenten la lista de los testigos y peritos con indicación de sus nombres y apellidos, profesión u oficio y dirección exacta y señalarán los hechos sobre los cuales deberán ser examinados durante el debate. En la misma audiencia propondrán, asimismo, los documentos y demás medios que sirvan para probar las pretensiones deducidas en el juicio y señalarán, en su caso, el lugar en que se encuentran. Los medios de prueba serán propuestos con indicación de los hechos o circunstancias que se pretenda probar”. (Artículo 317 CPP). La segunda oportunidad es la etapa de incidentes “Podrán también las partes proponer nuevos medios de prueba, siempre que puedan practicarse sin necesidad de suspender las sesiones del juicio” (Artículo 32 CPP), Finalmente el artículo 333 CPP anteriormente referido y de manera extraordinaria mediante un auto para mejor proveer, “El Tribunal podrá, sin embargo, a petición de parte o de oficio, ordenar que se practiquen otras pruebas si durante el juicio se ha puesto de manifiesto la omisión de un elemento de prueba importante antes no conocido». Como vemos en cada una de estas etapas que: «Los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto del proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio, aunque no esté expresamente regulado en este Código, siempre que sean objetivamente confiables Los medios de prueba serán admitidos sólo si son pertinentes y se refieren, directa o indirectamente, al objeto de la investigación; resultan útiles para la averiguación de la verdad; y no son desproporcionados, ni manifiestamente excesivos en relación con el resultado que se pretende conseguir. (Artículo 199 CPP). Resulta Honorable Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que en fecha 27 de J. de 2012, se celebró la audiencia de proposición en donde la defensa de los imputados ofertó para probar su pretensión, prueba documental, testifical y pericial. Este último medio probatorio ofertado consistía en que el perito M. de J. S. R. realizara su análisis financiero-patrimonial. En ese momento procesal la defensa no propuso ningún documento de sustento para la constatación real y a su vez que sirviera para la realización de esta pericia, siendo así que en el instante de la juramentación se instruyó al perito para que el día Lunes 25 de Septiembre de 2012 presentara por escrito el dictamen pericial para el cual fue investido, hecho que no fue cumplido por este perito. Asimismo la vista pública de la causa se señaló para el día Lunes 01 de Octubre de 2012 fue en ese momento en que se le concedió a la defensa su turno para incidentes al tenor de lo que dispone el artículo 320 del Código Procesal Penal, pero de igual manera, la defensa a fin de corregir su yerro de la audiencia de proposición de pruebas, tampoco hizo uso de esta bondad del Código Procesal Penal y no propuso prueba documental que respaldara el dictamen pericial que había ofertado y que realizaría el perito M. de J. S. R., por lo que para sorpresa de esta representación fiscal, hasta que se solicitó a la Secretaría de la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia fue que el Ministerio Público se entera que el dictamen ofertado y ya materializado se componía de dos Tomos de aproximadamente 1,000 folio (Léase bien: más de mil folios). Este dictamen estaba acompañado de una enorme cantidad de copias autenticadas y que se referían a documentos privados que no fueron propuestos y que pese al reclamo del Ministerio Público para que no se evacuaran debido a que no eran parte del proceso fueron ilegalmente incorporados al juicio y con la agravante de que fueron valorados por el Tribunal, pues su fallo dado después de la deliberación como en la sentencia misma, sirvieron para tomar decisión de este caso. Estos documentos no propuestos, pero si incorporado y valorados son: 1. Actas Notariales elaboradas por la Notario Público I. Y. C. G. quien en compañía del perito M. de J. S. R. compareció ante las oficinas de atención al público de las siguientes instituciones bancarias: Banco del País, City Bank, BAC, HSBC. (El perito realizó labores de investigación, lo cual es incongruente don su nombramiento artículo 241 numeral 3 CPP). 2. Planillas de empleados de la empresa Prefabricados de la Construcción en donde supuestamente laboraban los imputados y justifican parte de los activos de los cuales han estado en posesión. 3. Copias autenticadas de recibos de pagos de planillas. (Es importante señalar que se presentaron copias como una estrategia de la defensa y así evitar que estas fueran cuestionadas pericialmente en relación a la fecha de su elaboración, extremos que perfectamente pueden ser verificados por un perito en la materia, pues fue evidente y esa Honorable sala lo puede apreciar que se nota claramente en los documentos que pese a que trascurrieron más de 7 años desde el primer recibo hasta el último las firmas de los imputados parecen idénticas, con lo que un perito podría indicar que con el transcurrir del tiempo las firmas sufren algunos cambios, por esta razón se evitó presentar los originales o así como también se evitó indicar el lugar en donde se encuentran los mismos). 4. Documento de adquisición de bienes muebles. 5. Inventario del menaje incautado que se encuentro en de casa de los imputados. 6. Constancias de gastos escolares de los hijos de los imputados. 7. Constancia de la Bodega “Ayala” firmada por D. J. A. M. quien manifiesta que el imputado le vendió Cacao y Pimienta. 8. Constancia de la Bodega “Flores” firmada por Sebastián Flores quien manifiesta que la imputada le vendió Café. (Estas dos constancias tienen la particularidad que tienen el mismo diseño gráfico y para su elaboración ha sido utilizado el mismo tipo de letra). Estos documentos han servido al Tribunal en la Sentencia para que en la resolución impetrada considere como hechos probados el Segundo y Tercero, así como la acreditación del origen de los bienes de los imputados, documentos que reitero fueron ilegalmente incorporados al juicio, pues como queda evidenciado en las grabaciones de las sesiones de la vista pública de la causa, que su incorporación se realizó en contra de los principios del Código Procesal Penal y la oposición del Ministerio Público. La incorporación y valoración de estos documentos justificó la opinión de los juzgadores para dictar una sentencia absolutoria a favor de los imputados. Pese a que la sentencia fue fundamentada en estos documentos en el listado de prueba documental aportada por la defensa en el párrafo segundo del apartado “Medios de Prueba de la Defensa” páginas 81, 82 y 83 en sus numerales del 1 al 11 no aparece reflejados los documentos en que se fundamenta el injusto fallo. Entre tanto en la prueba pericial (Página 85 a la 88) se dice que se evacuo un informe patrimonial y análisis financiero junto a su documentación soporte de los imputados ratificado por el perito M. de J. S. R., en este apartado se establece que estamos ante un perito-investigador, es aquí donde se dice por parte del Tribual de Sentencia que esta pericia está fundamentada en la documentación presentada (misma que no fue propuesta). Aquí queda en evidencia la valoración realizada por el Tribual a medios de prueba que en ningún momento procesal se propusieron, extremo del cual esa Honorable Corte Suprema, solamente basta que se remita al listado de los medios de prueba que ofertó la defensa y podrá corroborar estos extremos. En ese sentido este es un razonamiento jurídico para que se justifique que se debe de conceder este recurso por este motivo alegado, donde el Tribunal de Sentencia fue completamente excesivo en tratar de crear o elaborar una razón para emitir un fallo de carácter absolutorio.” 2) Continúan manifestando los recurrentes, en su recurso de casación por quebrantamiento de forma. MOTIVO DOS: “La inobservancia de las leyes establecidas en el presente Código para la realización del juicio Oral y Público. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 5, del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: El artículo 326 del Código Procesal penal establece la forma en que se ha de rendir el peritaje: “Una vez identificados, los peritos serán juramentados y advertidos de las consecuencias legales de sus actos, si faltan a la verdad. Rendirán sus dictámenes en forma verbal y, mientras cumplen sus funciones, podrán consultar documentos de cualquier clase. Si el dictamen pericial se ha rendido por escrito, se leerá durante la audiencia, a efectos de su ratificación y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo tercero de este Artículo”. En relación a la deposición de los testigos, aplicable a los peritos el artículo 328 del Código Procesal Penal manda: “Los testigos propuestos por el Fiscal y las partes, rendirán sus declaraciones en el orden que determine el Presidente del Tribunal. Los testigos no podrán comunicarse entre sí ni con terceras personas antes de rendir sus declaraciones. Tampoco podrán estar presentes en la audiencia mientras cualquiera de ellos rinde su deposición ni ser, directa o indirectamente, informados de lo que hayan manifestado otros testigos”. Esto para evitar contaminaciones y condicionamientos de un testigo relacionado a lo dicho por el otro y así posibilitar la inmediatez, que en este caso consiste en escuchar de viva voz y apegado a la verdad los percibido por el perito o testigo mediante su experiencia u operación pericial realizada. Honorable Magistrados de la Corte Suprema de Justicia el 27 de J. de 2012, se celebró la audiencia de proposición en donde la defensa de los imputados propuso como perito a C. S. M. a fin de que realizara una repericia sobre los envoltorios que en forma de billetes y paquetes de droga encontrados el ente investigador, ante esta pretensión de la defensa el Ministerio Público se opuso en vista que se intentaba que se hiciera entrega de la evidencia al perito de la defensa, por lo que se ordenó a petición del Ministerio Público y en aras de salvaguardar la legalidad e integridad de la evidencia por parte del Tribunal de Sentencia que este peritaje propuesto por la defensa se realizara de manera conjunta con el perito propuesto por el Ministerio Público quien ya había realizado su pericia, en este caso el Doctor C. R. P. quien emitió el dictamen QT-1490-2012 en donde se estableció que los envoltorios incautados se detectó la presencia de residuos de cocaína. En síntesis si bien es cierto la pericia versa sobre los mismos indicios, no se trata de una prueba en conjunto, se trata de dictámenes diferentes emitidos por profesionales diferentes, la violación las leyes del juicio Oral y Público surge al momento en que el Tribunal de Sentencia violenta estas leyes ordenando que los peritos emitan su dictamen en presencia uno del otro, es decir entraron a la sala al mismo tiempo, y lo que decía uno de ellos era escuchado por el otro, en otras palabras fue la reproducción de un careo pero de peritos, procediendo C. S. M. a emitir su repericia en presencia del Doctor C. R. P., desfigurando con ello esta diligencia tan importante y transformándose de esta manera en un careo de peritos, pues al tenor de los principios del Proceso Penal Hondureño lo pertinente es que cada uno de los peritos, testigos e intérpretes realicen su deposición de manera individual, una vez que se haya realizado la misma si surgieran contradicciones entre ambas se puede solicitar un auto para mejor proveer. Sin embargo el Tribunal erróneamente manifestó que contra esta práctica no existe ninguna normativa que la prohíba.” 3) Continúan manifestando los recurrentes, en su recurso de casación por quebrantamiento de forma. MOTIVO TRES: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las E. s. de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Será, de utilidad para la mayor comprensión del presente recurso establecer lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal. Según el Artículo 202 del Código Procesal Penal el sentenciador formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la sana crítica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la E. Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Este sistema de valoración, que implementa la reforma procesal penal, le permite al sentenciador cierta libertad en su estimación de pruebas que determinen su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta con las leyes de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados: Para ampliar sobre la definición de prueba indiciaria el Abogado O. A. C. en su libro “Comentario a la Ley Contra El Delito de Lavado de Activos. Segunda Edición Revisada”, Expresa lo siguiente: “Como el medio probatorio que permite al Juez a través de un proceso inductivo pasar de un hecho conocido (circunstancial indiciante) a un hecho desconocido de importancia para el tema probatorio. El indicio es un hecho conocido, del cual a través de un juicio lógico se puede argumentar la existencia de otro hecho desconocido que constituye el «THEMA PROBAMDUM”. En general el indicio es todo rastro, vestigio, huella, circunstancia y en general todo hecho conocido o mejor dicho susceptible de llevamos por vía de inferencia al conocimiento de otro hecho. Según la etimología más exacta INDICIUM se deriva de INDICERE que significa hacer saber o manifestar. Otros hacen referencia que INDICERE toma su origen de la contracción de INDICERE que denotaría la transformación del indicio inerte o estático en la argumentación lógica conjetural constitutiva de Prueba. Cabe decir que la diferencia entre determinar que un indicio es prueba y no un objeto de prueba, se debe a que este último (el objeto de prueba) es lo que se pretende probar y se puede llegar por vía indiciaria. La prueba indiciaria tiene tres elementos a saber: 1. Elemento circunstancial (o sea el hecho conocido). 2. Las máximas de la experiencia: que se refiere en todo caso al criterio abstracto general que subsiste y es verdadero por sí mismo: puede aplicarse al caso concreto pero es independiente de él. 3. Conclusión: El análisis continúa y se establece que la prueba indiciaria reúne las características de: variedad, gravedad, precisión, concordancia, estableciéndose que si los indicios deben ser vanos, graves, precisos y concordantes, son circunstancias eminentemente valorativas que serán establecidas por el juzgador según sea cada caso en particular. Los indicios como prueba, para su valoración deben reunir ciertos requisitos: 1. Pluralidad de indicios (hechos base), 2. Que sean acreditados por prueba directa, 3. Que exista Interrelación entre estos, 4. Univocidad incriminatoria, 5. Enlace preciso y directo con el hecho consecuencia según las leyes de la lógica, de la experiencia y del criterio humano o sea con el sistema de valoración de la sana crítica. En mi opinión, esta prueba desde todo punto de vista es idónea y útil, ya que sirve para sustituir la ausencia de la prueba directa que si es fundamental en delito convencional, por la facilidad de encontrarla, no ocurriendo de igual manera en lavado de activo y en otras actividades criminales relacionadas con la delincuencia organizada.- Desde el punto de vista legal no habrá obstáculo alguno para condenar a un ciudadano, con prueba indiciaria, tomando en consideración que no se vulnera el Estado de inocencia del imputado, pues el Código Procesal de Honduras y que también así lo disponen otras legislaciones de otros países permite un sistema de Libertad Probatoria para establecer la verdad de los hechos, por cualquier medio siempre que sea objetivamente confiable (Artículo 199 del Código Procesal Penal), que se relaciona con el sistema de valoración la sana crítica, que permite al Juez valorar las pruebas con libertad y lo obliga a que respete los principios de la recta razón, es decir las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. De pronto, prescindir de la prueba indiciaria en materia de criminalidad organizada llevará en la mayoría de las ocasiones a la impunidad lo que provocaría una grave indefensión social y haría efectiva todas las leyes que acerca de esta materia surjan cada día.” En similares términos se pronuncia el jurista J. J. quien lo define de la siguiente manera. “Por indicio debe entenderse todo hecho, comportamiento o cosa distinta de aquel que debe ser probado pero que es relevante en relación al hecho a probar. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo define expresando que, indicio es equivalente a “fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”, y pone como ejemplo “la fuga del sospechoso fue indicio de su culpa”. En definitiva la esencia de la prueba indirecta es la existencia de un juicio de inferencia entendido como paso lógico que desde unos datos acreditados, permite llegar al hecho a probar jurídicamente relevante. Precisamente la especial relación entre el indicio y el hecho a probar es lo que se diferencia el indicio de la mera conjetura. O sea que las conjeturas se diferencian de los indicios en que las conjeturas no tienen la fuerza necesaria como para excluir otras opciones. Finalmente, la prueba indiciaria no se basa en un juicio de valor, sino en un juicio o razonamiento lógico-inductivo. (“La Prueba Indiciaria en el Delito de Lavado de Activos. Perspectiva del Juez-J. J., Magistrado, Sala Penal, Tribunal Supremo, España, Septiembre 2006”). Durante la vista pública de la causa el Ministerio Público considera que ha quedado demostrada la existencia de una organización criminal dedicada al Tráfico Ilícito De Drogas y al delito de Lavado de Activos misma que está integrada por personas de origen Colombianos, Mexicanos, Guatemaltecos, Hondureños entre ellos los imputados F. E. G. P. y K. Y. G. V., determinándose en la vida de estos la ausencia o carencia de actividades comerciales legales generadoras de ingresos concordantes con el nivel de vida que ostentaban; quienes sin tener actividad económica conocida ya que con los medios de prueba aportados por esta representación Fiscal los imputados permanecían la mayor parte del tiempo en su casa, no trabajaban, ni compraban café, pimienta o cacao, lo cual es corroborado porque en la casa no se les encontró evidencia alguna de estas actividades comerciales, por lo menos una factura de venta de cacao o pimienta a los bodegueros que vinieron a declarar a favor de ellos, lo que sí ha quedado demostrado que tanto los imputados como demás miembros de la organización criminal le tenían temor al sistema financiero. Pese a esto los imputados realizaron viajes a diversos países del mundo como turistas, compras suntuosas, gastos incurridos en llamadas al extranjero (Colombia, Venezuela, Guatemala, Estados Unidos, Panamá u otros países) renta de vehículos, adquisición de vehículos de lujo (LandRover y Toyota LandCruiser) y otros vehículos (Mazda BT5O, Toyota Yaris y Honda Civic). El modus operandi para lavar los activos se realizó a través de darle apariencia de legalidad, mediante la utilización, la posesión, la ocultación o el impedimento de la naturaleza o el origen ilícito de los bienes o que estos no tienen una justificación económica legal de la procedencia. Durante el juicio quedó evidenciado que el imputado F. E. G. P. se conducía en vehículos con seguridad personal con quienes se trasladaba a los lugares donde se realizaron reuniones con otros miembros de la organización; estas personas por supuesto que no eran cafetaleros o con personas que vende cacao o pimienta sino con sujetos de otras nacionalidades, lo cual se determina por las placas de los vehículos en que estos se transportaban. Con los allanamientos según consta en actas se encontró un cúmulo de evidencia o indicios que acredita las actividades ilegales a las cuales se dedicaba esta organización criminal entre ellos los imputados F. E. G. P. y K. Y. G. V.. En el presente proceso con la finalidad de acreditar los hechos y la no valoración adecuada siguiendo las leyes de la sana crítica de los medios de prueba evacuados durante el juicio, se deta la prueba testimonial, documental, pericial y evidencia física. PRUEBA TESTIFICAL. Los testigos F. D. R. F., E. M. A. C. y A. D. H. P.; El testigo F. D. R. F. en su testimonio dijo que efectivamente antes de los allanamientos donde se detuvo a los imputados existió una denuncia anónima sobre L. V. M., (Colombiano,) J. L. M. V., J. A. y L. G. (Mexicanos) M. R. M. A. (Guatemalteco) quienes se reunían en la casa de la Colonia Moderna 22 avenida, 2 calle no frente al Restaurante “Hasta la Pasta”. Señaló que al momento de realizar las vigilancia y seguimientos a la casa denunciada en donde se comprobó que en ella Vivian los imputados, se logró determinar que F. E. G. P. se conducía en un vehículo Tipo camioneta, marca LandRover, color blanco, sin placa, este extremo es efectivamente es cierto, pues con la pericia realizada por el ana1ista L. D. S. T. que consistió la extracción de la información contenida en las computadoras incautadas en la casa del imputado se encontró un documento de fecha 1 de Septiembre del 2010 donde Antonio Tavel en su condición de Gerente General de la empresa Euro Autos Honduras S.A. de C.V., distribuidor exclusivo de la marca LandRover en Honduras, solicita a los Agentes de tránsito permitir circular sin placa a F. G. (de quien se puede inferir es propietario del mismo) a quien se ha hecho entrega de un vehículo nuevo, Marca LandRover, Color Blanco Alaska, Año 2010 aduciendo que el permiso para circular sin placas está en trámite. Señaló que en la casa donde se detuvo a los imputados se encontró un vehículo Marca Toyota, Color Azul, Placa PP-21094 registrado a nombre de Rentadora Euro American Renta Car, este vehículo fue alquilado por E. A. A. R. quien junto a su hermano A. R. A. R. son los propietarios del Taller San A., lugar en el que se encontró la copia de un testimonio de escritura pública a nombre de B. P., dueña del predio que se ubica frente a la casa de habitación de los imputados, (Los trabajadores que realizaban mejoras en este lote ingresaban frecuentemente a la casa de los imputados). Refirió que durante las vigilancias realizadas en ningún momento se observó que los imputados realizar alguna labor de trabajo o comercio, únicamente se vio que los imputados cuando iban a dejar a los hijos a la escuela y que el imputado F. E. G. P. frecuentaba la casa ubicada en la colonia Zeron, donde se reunía con personas que se conducían en vehículos con placas extranjeras, cuando se daban estas reuniones sacaba al guardia de seguridad para que no escuchara los temas que se trataban en estas reuniones, estableció además que a la casa habitada por los imputados frecuentemente llegaban vehículos de lujo y hasta esta llegaban además los dueños del Taller “San Antonio”. Los testigos E. M. A. C. y A. D. P. establecieron que ellos consultaron y obtuvieron información sobre pagos que realizaron los imputados para la celebración de cumpleaños, pagos de hospedaje, pagos que realizaron en casas comerciales para la adquisición de electrodomésticos, compra de joyas, gastos de colegiación, gastos de tratamiento médico y otros gastos. Estos testigos en calidad de investigadores consultaron la base de datos de registro de comercios encontrando que los imputados no se encuentran registrados como comerciantes individuales o sociales en tal virtud no se estableció que realizaran actividad legal alguna, esto en consonancia a las consultas que realizaron a las oficinas tributarias locales (Alcaldía) y nacionales (Dirección Ejecutiva de Ingresos) se determinó que ellos no enteraron al fisco impuestos que acreditaran algún tipo de actividad de licito Z. comercio. PRUEBA PERICIAL. Los peritos J. C. R., E. E. R., L. D. S. T., P.; El perito J. C. R., quien es experto en joyas con experiencia de más de 60 años realizó avalúo de las joyas encontradas en la casa de los imputados cuyo valor a la fecha del decomiso (Diciembre 2010) según el experto es de US$21,353.50. Para la valoración de las mismas se tomó en cuenta el peso de la joya, la elaboración de las mismas y la casa elaboradora. El perito E. E. Z. R., realizó la prueba pericial consistente en la extracción de información de teléfonos decomisados en la casa de los imputados. Indico que del teléfono marca Samsung encontrado en el bunker oculto de la casa de los imputados se realizaron llamadas a Colombia a distintos números, a Panamá. Que significa que desde su casa los imputados de manera oculta realizaban llamadas, estas se realizaban el mismo día desde tempranas horas de la mañana hasta altas horas de la noche; ¿Qué es lo que coordinaban?, ¿Por qué razón?, ¿Sería que estaban coordinando la exportación y/o importación de pimienta, de cacao o de café a Colombia? Que por cierto es uno de los países mayores exportador de estos rubros, sin embargo estas negociaciones se descartan pues al juicio oral trajeron a los supuestos compradores de pimienta, café y cacao. ¡Qué cosas más raras!. Desde teléfonos relacionados a los imputados se realizaron llamadas a Colombia, Venezuela, Panamá, Guatemala, países considerados como la ruta del narcotráfico. En el teléfono móvil marca BlackBerry se encontraron fotos de la casa donde residían los imputados que muestran el ostentoso estilo de vida y lujos que ostentaban tanto los imputados como los demás miembros de su familia. El perito L. D. S. T., realizo la prueba pericial consistente en la extracción de información en las computadoras y demás dispositivos de almacenamiento electrónico incautados en la casa de los imputados, en su informe pericial y explicación del mismo dejó claramente establecido que extrajo de la información más de 4,000 fotografías, de estas hizo separación e hizo separación de las fotos en familiares, sociales, turismo (Nacional e internacional), es de resaltar que en estas fotografías no aparece que en algún momento hayan estado realizando labores de trabajo, no parecen bodegas, vehículos de trabajo (Pick Up, Camiones) lo que es muy raro que habiéndose tomado más de 4 mil fotos que reseñan prácticamente la vida de los imputados y su familia no hayan tomado una mientras están trabajando. La respuesta es muy simple. No Trabajaban. Existe gran cantidad de fotografías de viajes de turismo nacionales a Puerto Cortés, Tela y otros lugares de Honduras. Pese a no trabajar los imputados tenían una vasta capacidad económica para hacer turismo interno y externo, en las fotografías se pueden observar los viajes a Venecia, Roma (Según los registros de los movimientos migratorios este viaje duró casi tres meses; salieron vía Panamá el 10 de agosto del 2007 y regresaron a Honduras el 16 de octubre del 2007 lo que significa que el viaje duro 67 días, en él además de los imputados participaron los padres e hijos de estos, durante este viaje los imputados no realizaron pagos mediante tarjeta de crédito, tampoco obtuvieron préstamos para realizarlo, en conclusión todos LOS PAGOS LOS HICIERON EN EFECTIVO, ¿ De dónde salió el dinero?), Guatemala, Panamá, Colombia; por lo que cabe preguntarse ¿Cuánto es el valor de cada viaje por persona? También viajaron a Colombia, Panamá, Guatemala, países considerados como la ruta del narcotráfico a donde de igual manera se realizaron llamadas telefónicas. Solo hay una conclusión a esta situación: La capacidad económica es la que permite realizar estos viajes, ¿Pero cómo explicar que los imputados sin trabajar pudieran hacerlo? ¿Es tan rentable no realizar nada, que permite tener el estilo de vida llevado a cabo por los imputados? El perito R. S. A. G., realizó la prueba pericial consistente en el análisis de la información respecto al listado de llamadas entrantes y salientes proporcionados por la empresas de telefonía móvil TIGO, CLARO y HONDUTEL, información extraída de los aparatos telefónicos incautados a los imputados y otros miembros de la organización criminal, evidencias estableciendo que los imputados mantenían comunicación vía telefónica con personas en Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México, Estados Unidos y España. Se aprecia en el dictamen que del teléfono XXXXXXXX se hicieron 242 llamadas a Colombia a un solo número XXXXXXXXXX-XXXXXX en el mes de Septiembre y tres llamadas a Colombia al mismo número en el mes de octubre del 2010, a Venezuela XXXXXXXXXX este mismo número realizó 33 llamadas en SEPTIEMBRE del 2010 y 17 llamadas al mismo número en el mes de Octubre del 2010. Del número XXXXXXXX realizó 271 llamadas a Colombia al número XXXXXXXXXX en septiembre del 2010 y realizó este mismo numero 65 llamadas a Colombia en el mes de octubre al mismo número XXXXXXXXXX. Mientras que del XXXX-XXXXXX se llamó a Colombia 29 llamadas a otro número en septiembre y 9 nueve en octubre y 160 a Venezuela. En la casa de los imputados de la Moderna habitada por los imputados se encontró el recibo de la línea telefónica a nombre de D. F. V. con el número 553-3605, línea telefónica instalada en la casa de la Colonia Zeron, en donde el imputado F. E. G. P., se reunía con personas que se conducían en vehículos con placas extranjeras, esta dirección es la que proporcionaban los imputados en la información financiera y en la escuela Seran, señalando en esos documentos que ellos eran los propietarios de esa casa, confirmándose lo expuesto en las vigilancia que los imputados ejercían animo de dueños. Finalmente el peritaje es concluyente que existió una relación indirecta entre todas las líneas. El perito C. R. P., realizó la prueba pericial consistente en el análisis de los indicios encontrados en la casa de habitación de los imputados estos indicios son envoltorios de plásticos en forma de paquetes en donde normalmente se almacena droga y otros envoltorios en forma de paquetes de billetes, mismos que estaban escondidos en la pila de registro de aguas negras localizada en el patio de la casa. En cada uno de estos indicios mediante la prueba científica se determinó que tenían residuos de Cocaína, esta pericia es la más adecuada para este tipo de análisis, esto fue realizado por el perito de la defensa C. S.M. quien manifestó que este tipo de prueba son normales, prueba presuntiva que indica la presencia de droga en la evidencia periciada, hecho significativo que deberán llevar al Juzgador a la conclusión de que efectivamente en estos envoltorios se transportó droga, pues tienen la forma de paquetes, indicio que es reforzado con los demás indicios recolectados durante el allanamiento como ser: Visores nocturnos, teléfonos satelitales, mapas de navegación aérea de la Zona de la Mosquitia Hondureña, balanza, se encontró un teléfono que realizó varias llamadas a Colombia, finalmente hemos de decir tal como consta en el acta de allanamiento que durante la inspección los Agentes de la autoridad fueron auxiliados por el canino “Doli” que dio alerta de presencia de residuos de droga en el sótano oculto (Bunker), que se encontraba en la casa de los imputados, por lo que si bien es cierto la prueba realizada por el perito es una prueba presuntiva y que no se puede determinar la cantidad droga, lo cierto es que otros medios de prueba que deben de ser analizados en su conjunto nos llevan a la conclusión que los imputados se dedican al Tráfico Ilícito de Drogas que es efectivamente el origen de activos de los cuales han estado en posesión. Llama la atención que el tribunal de Sentencia al momento de valorar la prueba pericial propuesta por el Ministerio Público no le da ninguna valoración, al punto tal que no se refiere a esta pericia. Se hace referencia a esta pericia valorándola de manera conjunta con una pericia ofertada por la defensa de los imputados y de manera sumamente errada, al parecer debido a que estaban más pendientes de chatear mediante los BlackBerry, no les permitió que estuvieran atentas a lo dicho por C. R. P. quien efectivamente dijo que se trata de una prueba presuntiva que consiste en aplicar reactivos que una vez en contacto con el alcaloide, en este caso cocaína dan coloración azul, como efectivamente sucedió; es decir se determinó que efectivamente los envoltorios tenían residuos de cocaína, lo que si indico tal y como fue la postura del Ministerio Público desde la audiencia de proposición de pruebas en donde la defensa propuso una repericia sobre los envoltorios incautados, que sobre estos no se puede realizar un nuevo análisis. El perito además indicó que estas pruebas deben de ser sustentadas con otros indicios que le corresponden al Agente Fiscal acreditar. Sin embargo es claro con la resolución dictada que las Juzgadoras estaban más atentas a sus “BB” que a los que estaba ocurriendo en la sala, ya que plasmaron en su resolución que el perito dijo: “Que no se determinó la presencia de droga en los envoltorios” cosa que es totalmente alejada de la realidad, bastará ver el dictamen QT-3079-2011 y el audio de lo depuesto por el perito. El perito M. Á. C. A., realizó la prueba pericial consistente en el análisis Financiero-Patrimonial con la cual se acreditó con lo expuesto que los imputados no tienen capacidad económica para poseer el dinero del cual han hecho uso durante los años 2003 al 2010 años, por ello han incurrido en delito de Lavado de Activos. Resalto en sus conclusiones que los imputados estaban dedicados lógicamente a actividades ilícitas, esta tesis fue reforzadas por lo que a preguntas del consultor técnico de la defensa que en todo momento quisieron hacer creer en la trampa que se trataba de una Auditoria Fiscal de la DEI en donde se toman en cuenta el período anterior de cinco años, olvidándose que a efecto probatorio en materia de Lavado de Activos se realizó el dictamen financiero-patrimonial que debe reflejo el esquema económico de la vida de los imputados, se determinó cuales fueron sus ingresos y cuantos sus gastos, se señaló que los imputados solamente y simplemente gastaban dinero sin tener ingresos legales conocidos que le permitió tener un alto nivel de vida. Quedó evidenciado que para pretender establecer una capacidad económica y por ello como dijo el perito maquillaron unas declaraciones de impuesto falsas que logaron “sorprender” que las creyó a ojos cerrados, es así que en el año 2011 después que los imputados se encontraban con la medida cautelar de prisión preventiva realizan declaraciones de impuesto sobre la renta de años anteriores y pagan impuestos como si efectivamente tuvieran actividades que les generan esos recursos, esta acción de acuerdo al perito C. A. esta acción constituye un maquillaje financiero para ocultar el origen del dinero, fue tan desafortunada la participación del consultor de la defensa que en sus conclusiones expresó que las declaraciones se hacían de forma estimada, algo tan burdo que fue creído por el Tribunal. En el caso del imputado F. E. G. P. siendo un “Prospero” comerciante de granos además de empleado de una “sólida” empresa dedicada a la construcción, pero extrañamente no tiene productos bancarios (Tarjetas de crédito; cuentas de ahorro, préstamos. etc.) cabe mencionar que el imputado al inicio del proceso y con documentación aportada al proceso alegó que trabaja para su papá F.S. G., sin embargo durante el juicio Oral y Público cambió de estrategia y dijo que laboraba para empresa Prefabricados de la Construcción S.A. (Precosa) sin embargo no se incorporó ningún documento (Sin embargo el Tribunal valoró documentos que no formaron parte del acervo probatorio del proceso, torciendo de esta manera el proceso en favor de los imputados) que así lo estableciera, alegó que se dedicaba a otras actividades ventas de cacao, café y pimienta mismas que no fueron acreditadas en la forma adecuada. En definitiva quedó de manifiesto que todos sus ingresos no pasaron por el sistema financiero y de esta manera evitar dejar rastro del origen del dinero, para evitar ser descubierto vinieron a declarar en su favor D. J. A. M., S. F. B., S. O. D. B., quienes dejaron ver claramente su intención de favorecer con sus dichos a los imputados y dijeron que todos sus pagos los realizaron en efectivo, sumas que al paso de los años fueron millonarias; cabe entonces preguntarse: Si los imputados recibían sus pagos en efectivo, ¿Dónde estaba todo ese dinero en efectivo? Ya que el Tribunal se atrevió a decir que los imputados tenían una disponibilidad de más de cuatro millones de Lempiras. Respecto a la imputada K. Y. G. V. durante esta pericia se determinó que en el sistema financiero posee productos financieros pero esto la compromete mucho más porque el negocio que supuestamente tiene “Novedades K.” solamente en una ocasión reportó en la Alcaldía de San Pedro Sula tener ingresos por 50,000 Lempiras, con la particularidad que este negocio físicamente no existe, (Empresa de maletín que son empresas que existen solamente en documentos, sin ningún tipo de participación en la actividad comercial que reza en sus documentos de constitución), no existan más declaraciones de ingresos, solamente en diversas actividades que realizó la imputada dijo ser propietaria de estos negocios y que de allí provenían sus ingresos. Pero los testigos propuestos por la defensa y que obviamente vinieron a mentir declararan que junto al otro imputado F. E. G. P. tenían como actividad comercial la compra de pimienta, cacao y café, de lo cual no existe rastro legal pues no existen declaraciones fiscales (pago de impuestos) tampoco existe rastro de estos ingresos en el sistema financiero (Curiosamente las sumas millonarias que recibieron en concepto de pagos en efectivo nunca ingresaron al sistema financiero), sin embargo adujo el consultor de la defensa en sus conclusiones que muchos negocios entre el de los imputados no están en la obligación de registrarse, otro error tremendo ya que todo comerciante (Individual y Social) está en la obligación legal de realizar una inscripción legal en la oficina correspondiente de la Municipalidad y la Dirección Ejecutiva de Ingresos y así proceder a realizar las tributaciones que le corresponden, de igual forma de todos es conocido que esto trae credibilidad a un comerciante que lo vuelve sujeto de crédito y confianza de parte de clientes y proveedores. Con esta pericia también se dejó clara la situación financiera de E. V. madre de la imputada quien supuestamente se hacía cargo de pagar la renta de la lujosa casa en donde habitaban los imputados, se observó que esta persona lejos de enviar dinero a Honduras (reside es Estados Unidos) más bien ella fue beneficiaria de trasferencias de dinero que le realizó la imputada. ¿Entonces cuál es la forma en que E. V. traía el dinero para pagar renta mensual de la casa a M. E. R. P. supuesto propietario? Supuestamente ella venía mensualmente y de manera personal a pagar la renta, lo que resulta poco creíble pues cada mes tendría que pagar el pasaje de avión, resultando de esta manera sumamente caro en comparación a realizar una transferencia bancaria, pero tampoco vino al país mensualmente porque los movimientos migratorios que se evacuaron indican que esta persona en muy pocas ocasiones vino a Honduras. Referente a la renta de la casa hemos de decir que sobre la renta de este inmueble no existe un contrato firmado entre E. V. y M. E. R. P. en donde se estableciera que el precio de la renta es dos mil dólares, pero en la información financiera se refleja que ni la imputada K. Y. G. V., ni su madre E. V. y mucho menos el imputado F. E. G. P. realizaran transferencias bancarias en concepto de pago de renta a al imputado M. E. R. P., más bien encontramos que este realizó transferencias bancarias a la imputada K. Y. G. V. o sea que los supuestos arrendadores le pagaban al arrendatario, que raro esta eso. Siendo que durante el proceso se incorporaron documentos en donde el imputado manifestó que trabajaba para su padre F. S. G. H. dueño de Autos y Llantas “La Popular” sin embargo no se refleja en el sistema financiero que el padre del imputado a título personal o nombre de su empresa haya realizado transferencia a éste por el pago de servicios; ¿Acaso también le hacía los pagos en efectivo?, lo que se vuelve una constante en los miembros de esta organización criminal. Es notorio en este peritaje que los imputados sin realizar ningún tipo de actividades legales que les permitiera tener millonarios ingresos realizaron viajes de placer a muchos países, llevando incluso a sus familiares, por lo que cabe la pregunta ¿De dónde sacaron el dinero para costearse esos viajes? La respuesta es sencilla todo este dinero tuvo una procedencia del Tráfico ilícito de Drogas, por ende no tiene una justificación legal. Si las pruebas evacuadas durante el proceso se hubieran evacuado en apego al sistema de valoración que manda nuestro ordenamiento jurídico se hubiera llegado a la única conclusión que con este dictamen pericial Financiero-Patrimonial se acreditó la ilicitud del origen de los fondos con que los imputados hacían enormes gastos y que estos por ende no tienen justificación económica legal. PRUEBA DOCUMENTAL. El Artículo 332 del Código Procesal Penal manda que: “Las pruebas documentales serán exhibidas en la audiencia, con indicación de su origen y leídas por el Secretario”. Sin embargo durante la vista pública de causa causó un enorme agravio a las miembros del Tribunal de Sentencia quienes ante la solicitud del Ministerio Público que se hiciera de esta manera; es decir leídas por la Secretaría de despacho, entraron en desacuerdo y ante esta situación mostraron un abierto desinterés en el contenido de los documentos que se estaban evacuando mediante de lectura, a tal grado que pusieron mayor atención a sus teléfonos móviles, en un abierto irrespeto no solo a los allí presentes, sino a su investidura que les da facultad de impartir justicia, esto tuvo como consecuencia el dictar un fallo no conforme a derecho, ya que al no tener la inmediatez de escuchar el contenido de los documentos y al no realizar una lectura posterior de los mismos, no se realizó una valoración adecuada de estas pruebas, por lo que procede realizar una enunciación de las mismas y su valor probatorio. 1. Acta de allanamiento levantada por Detectives de la Dirección de Lucha Contra El Narcotráfico al momento de realizar el ingreso y posterior registro a la vivienda, ubicada en la Colonia Moderna, 2da. Calle entre 20 v 20 “A”, avenidas N.O. lugar en donde se detuvo a los imputados K. Y. G. V. y F. E. G. P., fue ratificada por la investigadora profesional J. L. J. quien fue nombrada como juez ejecutor. Con este documento se probó la forma en que se cumplió con el mandato judicial, la forma en que realizó el registro, se describe cada uno de los indicios recolectados, la forma en que el can “dolí” dio alerta de presencia de drogas en varias parte de la casa, los resultados de las pruebas de Scott conocidas como practicados por el doctor C. R. P. sobre los envoltorios plásticos en forma de paquetes de drogas unos y en forma de paquetes de billetes los otros, determinándose en estos paquetes la presencia de Cocaína, se levantaron muestras para la práctica de scanner de iones, importantes que durante esta diligencia judicial estuvieron presentes los apoderados legales de los imputados, es decir ellos estuvieron velando por que se les respetaran todos los derechos a su representados, por lo que no pueden decir que se cometió alguna violación a los derechos de los imputados. 2. Informe fotográfico de los indicios levantados al momento de realizar el registro en la casa de la Colonia Moderna, 2da. calle a entre 20 y 20 “A”, avenidas N.O. en donde residen y fueron detenidos los imputados K. Y. G. V. y F. E. G. P.; este documento fue ratificado por la detective D. Z., con este documento se probó la forma en que fueron encontrados y levantados cada uno de los indicios encontrados, como ser: envoltorio en forma de paquetes de droga y paquetes de billetes, visores nocturnos, armas de fuego, teléfonos celulares, mapas de navegación aérea, joyas y otros indicios relacionados al tráfico ilícito de drogas. 3. Acta de levantada por Detectives de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico al momento de ingresar y posterior registro a la vivienda ubicada en 22 avenida, 2da.calle N.O., de la colonia moderna, esta acta fue ratificada por la detective Y. E. V. quien fue nombrada Como juez ejecutor. Con este documento se probó la forma en que se cumplió con el mandato judicial, la forma en que realizó el registro, se describe cada uno de los indicios recolectados. 4. Informe fotográfico de las evidencias recolectadas durante el registro del A.amiento de las vivienda ubicada en 22 avenida, 2da.calle N.O., Colonia Moderna. Este documento fue ratificado por la por la detective S. H. quien realizó la recolección de los indicios encontrados, con este documento se probó la forma en que fueron encontrados y levantados cada uno de los indicios encontrados. 5. Acta de A.amiento levantada por Detectives de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico al momento de ingresar y posterior registro a la vivienda ubicada en la Colonia Z., calle 9a, ave. 22 N.O., este documento fue ratificado por el detective L. J. R., quien realizó labores de juez ejecutor, en este documento se consignaron los indicios encontrados y recolectados entre otros documentos a nombre de la imputada K. Y. G. V. al igual que documentos con números telefónicos relacionados con esta organización criminal. 6. Acta de registro levantada por Detectives de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico al momento de ingresar y posterior registro al Taller “San Antonio”, ubicado en la 12 calle entre tercera y cuarta avenida, Barrio Medina, en este documento se describieron cada uno de los indicios recolectados al momento del registro, este documento fue elaborado y ratificado por la detective L. M .a C., entre otros indicios se encontró copia del testimonio de Instrumento Público número 503 otorgada por Colombia E. A. y G.S A. E. Campo a favor de B. P. del lote de terreno ubicado en la Colonia Moderna frente a la casa en donde fueron detenidos los imputados, se encontró además envoltorios plásticos del mismo tipo de los encontrados en casa de los imputados. 7. Acta de registro levantada por Detectives de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico al momento de ingresar y posterior registro al Car Wash “Lubrisula”, ubicado en el Barrio Suyapa, 15 avenida, 9 calle, frente a restaurante Jalapeños, zona viva, en este documento se describieron cada uno de los indicios recolectados al momento del registro, este documento fue elaborado y ratificado por el detective C. L. C. 8. Listado de llamadas entrantes y salientes proporcionados por las empresas de telefonía móvil TIGO (Celtel), CLARO (Megatel) Y HONDUTEL respecto a números de telefonía encontrados en documentos levantados como indicios durante los A amientos a las viviendas relacionadas a los imputados F. E. G. P. Y K. Y. G. V. Con estos documentos se acreditó la existencia de llamadas realizadas de los diferentes números, que finalmente con el peritaje se estableció que los mismos estaban directamente e indirectamente relacionados tanto con llamadas nacionales como internacionales, reflejó además el enorme gasto que incurrieron los imputados en el pago por la realización de estas llamadas. 9. Oficio número 0883-SR-l1 de fecha 08 de Noviembre de 2011 emitido por la Dirección General De Migración y Extranjería que contiene el listado de movimientos migratorios de J. L. M. V., J. A. y L. G. (Mexicanos), L. V. M. (Colombiano) y M. R. M. A. (Guatemalteco) en donde se establece las ocasiones, formas (aéreo), motivo y domicilio que estas personas han ingresado al país. Con este documento se estableció que estas personas investigadas efectivamente estuvieron en el país en el tiempo que indicaba la denuncia, por otro lado coincidentemente estos señalaban que se hospedarían en hoteles en donde aparece que la imputada K. Y. G. V. ha realizado pagos, ¿Acaso estos pagos correspondieron a las estadías de estas personas? 10. Oficio número 0900-SR-11 de fecha 11 de Noviembre de 2011 emitido por la Dirección General De Migración y Extranjería que contiene el lisiado de movimientos migratorios de los imputados F. E. G. P. y K. Y. G. V., con este documento se establece los países que estos visitaron, ha quedado establecido que estos realizaron múltiples viajes a diferentes países con motivo de turismo, inclusive aparece registrado, uno que duro 67 días entre el 10 de agosto de 2007 y el 16 de octubre al 2007, tiempo en el cual “aprovecharon” para ir a Europa. Otro punto importante es que en estos movimientos migratorios en algunas ocasiones salieron para un destino, sin embargo su regreso se encuentra registrado desde otro país. Finalmente hemos de denotar que la defensa ha querido negar que la imputada ha viajado a los Estados Unidos, sin embargo este documento refleja que si ha realizado varios viajes, en ese documento además se estableció que la madre de la imputada E. V. quien adujo que venía cada mes a pagar la renta de la casa de hija, sin embargo no ocurrió porque en los últimos 5 años apenas vino unas pocas veces. 11. Constancia emitida por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés en donde se estableció que no poseen información sobre los imputados F. E. G. P. y K. Y. G. V., esto indica que estas personas no se encuentran registrados en esa oficina como comerciantes sociales o individuales, no tienen actividades como novedades “Karch”, ni como socios de prefabricados de la Construcción (precosa). 12. Constancia emitida por el División de Catastro Municipal de la ciudad de San Pedro Sula que indica que los imputados F. E. G. P. y K. Y. G. V., no poseen bienes muebles registrados a su favor, es decir no tenían vivienda propia pese a su alto estilo de vida, sin embargo al momento de matricular a su hijo en la escuela “Serán” manifestaron que son propietarios de la vivienda ubicada en la Colonia Zeron, calle A, ave. 22 N.O., propiedad que además ha sido ratificada por otros medios de prueba, en donde además se encontraron documentos (estados de cuenta) a nombre de la imputada K. Y. G. V. además el guardia que cuidaba la casa manifestó que el dueño de la casa es propiedad del imputado F. E. G. P. en este lugar se reunía con personas que se conducían en vehículos con placas extranjeras, esto es una técnica de Lavado de Activos, conocida con Testaferrato, es decir inscribir los bienes a nombre de una persona diferente al verdadero propietario. 13. Constancia emitida por el Departamento Administrativo de Inquilinato de la ciudad de San Pedro Sula que indica que los imputados F. E. G. P. y K. Y. G. V. no poseen contratos registrados en esa oficina. Con esto se demostró que los imputados no tenían ninguna relación en esta materia con los propietarios de las viviendas que ocupaban tanto en la Colonia Moderna como en la Colonia Zeron, lo que indica que estos en realidad eran propietarios de los mismos. 14. Constancia emitida por maternal “Los Castorcitos” en donde se encuentra matriculado el menor F. E. G. G. hijo de los imputados, se establece el monto que estos han pagado durante los meses de septiembre a noviembre de 2010, esto indica parte de los gastos que los imputados realizaban en el desarrollo de su alto estilo de vida, cabe resaltar que estos gastos no fueron reflejados por el analista financiero-patrimonial propuesto por la defensa en donde únicamente y con el fin de favorecer a los imputados únicamente incluyo ingresos, dejando por fuera los gastos y así dar la apariencia de fuertes sumas de dinero. 15. Constancia emitida por la Sociedad Educativa De Rendimiento Y Aprendizaje del Niño (Serán) en donde se encuentra matriculado el menor F. S. G. G. hijo de los imputados, se establece el monto que estos han pagado durante los años 2009 al 2012. Esto indica parte de los gastos que los imputados realizaban en el desarrollo de su alto estilo de vida, cabe resaltar que estos gastos no fueron reflejados por el analista financiero-patrimonial propuesto por la defensa, por otro lado queda establecido que los imputados han manifestado ser propietarios la casa ubicada en la Colonia Zeron, calle 9A, Ave. 22 N.O., propiedad que además ha sido ratificada por otros medios de prueba. 16. Oficios emitidos por el Gerente Financiero de la Casa Comercial Mathews S.A. en donde se establecen las compras y el monto de las mismas que ha realizado el imputado F. E. G. P. en dicha casa comercial durante los años 2009 al 2010 que ascienden a más de Trescientos Mil Lempiras. Sobre este documento existen dos elementos a destacar. Primero; el oneroso gasto realizado por el imputado en la compra de este generador eléctrico para ser instalado en un inmueble que no es de su propiedad, es oneroso además porque ni siquiera tenía para pagar la renta, pues esta la pagaba la suegra. En segundo lugar compró el generador eléctrico para una casa que ni siquiera había rentado, cuatro meses, pues el contrato se firmó el 18 de diciembre de 2012 entre la suegra del imputado y el supuesto propietario de la vivienda. 17. MEMORANDO 230-11-2011-OABI firmado por el Abogado O. H. Z. en su condición de Director Gerente de la Oficina Administrativa de Bienes Incautados (En ese momento dependencia del Ministerio Público) en donde se remite el inventario levantado al momento de tomar posesión de bienes, los bienes muebles incautados a los imputados, este documento fue redactado por personal de la OABI. Con este documento se comprobó el amplio menaje que tenían los imputados en los inmuebles que les fueron incautados en los cuales estaban en posesión. Es importante manifestar que dentro de este inventario se establece la existencia de varias pantallas de televisión con tecnología LED, esto es indicativo que este menaje no es del año 2006 como manifiesta el analista financiero-patrimonial de la defensa, pues esta tecnología salió al mercado entre los años 2009-2010, por otro lado en este inventario de dice de muchos objetos que están nuevos. 18. Información remitida por la Unidad de Información Financiera dependencia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros referente a los imputados F. E. G. P. y K. Y. G. V.; esta documentación sirvió de base para realizar el análisis financiero-patrimonial, es importante resaltar que quedó evidenciado que únicamente la imputada mantenía productos financieros (Cuentas de banco y tarjetas de crédito), que la imputada al momento de aperturar sus cuentas bancarias manifestó que sus ingresos procedían de un negocio de su propiedad denominado “Novedades K.”, en ningún momento dijo que se dedicaba a la intermediación en la venta de café, cacao y pimienta, tampoco dijo que era socia de la empresa Prefabricados de la Construcción (Precosa), si quedó manifiestamente establecido que su madre E. V., lejos de pagarle la renta de su casa, más bien necesitaba que le enviara dinero, le giró alrededor de Seis mil Dólares. Por otro lado quedó evidenciado que el imputado en ningún momento ha hecho uso del sistema financiero nacional, ya que no posee ningún producto financiero, llama la atención que de lo último que existe referencia en el sistema financiero nacional son las múltiples transferencias de dinero que realizó a Colombia, ¿Será esto por el pago del café, cacao y pimienta del cual realizaba intermediación? seguramente no. En esta información financiera se establece que M. R. supuesto propietario de la casa en lugar de recibir dinero de parte de los imputados o E. V. en pago del alquiler de su vivienda, más bien realizó depósitos en la cuenta de la imputada K. Y. G. V. Se determina con esta información que M. R. fue quien realizó los pagos a Colombia E. A. y G. A. Estrada Campo quienes vendieron a B. P. el solar baldío que se encuentra frente a la casa en donde se detuvo a los imputados, cuyos trabajadores entraban a la casa de los imputados y la copia de la escritura se encontró en el taller San Antonio, negocio altamente relacionado con el imputado, pues sus propietarios rentaban carros para este. 19. Álbum fotográfico elaborado por el Detective de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico con placa 95, con el cual se fijó por medio de fotografías las distintas vigilancias que se realizaron a la casa en donde residían los imputados F. E. G. P. y K. Y. G. V., durante estas vigilancias se determinó que el imputado utilizaba un vehículo LandRover, Color Blanco, sin placas, que el imputado había obtenido en euro autos, se estableció y la imputada utilizaba para transportarse un vehículo Marca Toyota, Color Negro, Placas PCI-1883, de este vehículo también hay fotografías en uno de los teléfonos decomisados en la casa de los imputados. Finalmente se determinó durante estas vigilancias que los imputados no realizan ningún tipo de actividad laboral, pues permanecía la mayor parte del tiempo en su casa. 20. Álbum fotográfico elaborado por el Detective de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico con placa 95, con el cual consta de fotografías que reflejan el injustificado estilo de vida de los imputados F. E. G. P. y K. Y. G. V., con este documento se estableció además que las casas ubicadas en la Colonia Moderna y la Colonia Zeron tienen iguales características de diseño, aunado a esto se encontró en ambas casa documentación relacionada a los imputados. 21. Álbum fotográfico elaborado por el Detective de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico con placa 95, con el cual consta de fotografías que fueron tomadas durante el registro practicado al taller “San Antonio” ubicado en el Barrio Medina, este negocio se encuentra relacionado con los imputados F. E. G. P. y K. Y. G. V., con estas fotografías se documenta fotográficamente las evidencias encontradas. 22. Dictamen número QT-3049 de fecha 06 de Diciembre de 20 10 elaborado por el doctor C. R. P. en su condición de perito oficial del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de la Dirección Regional de Medicina Forense en donde establece que se realizó análisis de tres paquetes de papel con cinta para sellar cajas con tape, color café en forma de billetes, además realizó pericia en envoltorios plásticos incautados en la casa de los imputados F. E. G. P. y K. Y. G. V., en todos ellos se detectó presencia de cocaína, estos hallazgos están íntimamente relacionados a las alertas que durante el registro de la vivienda dio el can “doli” esto es indicativo que en el interior de la casa en algún momento hubo droga, que según otras evidencias que se descubrieron los imputados se dedican al tráfico de drogas. EVIDENCIA FISICA. Llama poderosamente la atención que al momento de valorar la evidencia física específicamente la evidencia 28 consistente en: “28. Un saquito de tela color beige con la leyenda LOUIS VUITTON conteniendo en su interior varios envoltorios forrados con cinta adhesiva unos color plateado otros color verde y otros color negro algunos envoltorios en plástico transparente, estas envoltorios con forma rectangular, dos bolsas plásticas una color negro y otra color blanco con la leyenda parrillas wan, las que contienen residuos de supuesta cocaína”. Que las miembros Tribunal de Sentencia al momento de realizar la correspondiente valoración ha sido cuidadosas en no mencionar que en estos paquetes se encontraron residuos de cocaína y más sorprendente aun es que no mencionaron y mucho menos valoraron que estos envoltorios plásticos tienen forma de paquetes de cocaína y otros en forma de paquetes de billetes. Evidencia que valorada en su conjunto con las evidencias con numerales 7 (teléfonos celulares y visores nocturnos) y 13 que son unos mapas de navegación aérea de la Mosquitia Hondureña, indica cuales que los imputados se dedican a las actividades de narcotráfico. ANALISIS DE LAS CONDUCTAS EN QUE INCURRIERON LOS IMPUTADOS. Es preciso decir que en lo que concierne al Tráfico ilícito de Drogas este tipo penal se enmarca en las conductas de y el delito de lavado de activos, este constituye un tipo de actividad ilícita donde se utiliza el mecanismo a través del cual los bienes, productos o instrumentos que tienen una procedencia ilícita (En este caso Tráfico Ilícito de Drogas) o sin justificación económica legal, de los cuales los imputados estaban en posesión realizando además la utilización, ocultación o impidiendo la determinación de la naturaleza real del origen de bienes, buscan los mecanismos de diversas formas para ser ingresados en el sistema económico, con el propósito de dones una apariencia legal, eso es lo que hacían los imputados. Asimismo el Lavado de Activos se acreditó en este caso con una serie de pruebas indiciarias, para ir concatenando cada uno de los hechos hasta llegar al origen del dinero, cuya posesión, utilización, ocultación o impedimento de la naturaleza real del origen como en este caso se ve establecido con prueba directa, pues existen elementos probatorios que corroboraron acerca estos verbos rectores. Bajo esta perspectiva es indudable que el delito de Lavado de Activos, no es un delito convencional o tradicional, que se acredita únicamente con prueba directa, sino que este delito también se acredita con prueba indiciaria o prueba indirecta o circunstancial debido a que en esta clase de actividad criminal, los imputados tratan de dar apariencia legal (Como en este caso hicieron creer al Tribunal que un análisis financiero patrimonial es sinónimo a una auditoria), pero que al final no resulta ser así, pues no obstante que los imputados utilizan un sistema o mecanismo legal este tiene como Finalidad lograr el ocultamiento del dinero que ha sido obtenido de manera ilícita, lo que significa que el uso del sistema financiero no es ilegal, ni tampoco es ilegal no hacer uso del sistema financiero, lo ilegal es el origen del dinero con el cual se hace la operación y eso significa que tanto el mecanismo que utiliza el lavador de dinero o de activos como de igual forma la persona honrada son los mismos mecanismos, lo ilegal está en el origen ilícito del dinero, que brinda la apariencia de licitud, da la posibilidad a los imputados de realizar la transferencia o a proporcionar la capacidad económica para adquirir bienes y/o pagar servicios, para el pago de abogados por lo que en el presente juicio. Durante la vista pública de la causa se ha podido demostrar con un cúmulo de elementos probatorios que debieron llevar a los juzgadores a la convicción sobre la comisión del delito de Lavado de Activos y la participación que en la comisión de este han tenido los imputados F. E. G. P. y K. Y. G. V.. Conducta de los Imputados. Tráfico Ilícito De Drogas Agravado. Los artículos 5 numeral 34 en relación al artículo 18 de la Ley Contra El Tráfico Ilícito De Drogas y Sustancias Psicotrópicas establecen: “Para los efectos de la presente ley, salvo indicación expresa en contrario, se entiende por: 1.-… 34.-tráfico ilícito: todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título, de sustancias controladas, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente ley o de otras normas jurídicas”. En relación al artículo 18.- “El que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas, será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de lempiras.” Lavado de Activos. Es oportuno en vista del lato desconocimiento que sobre la materia mostró el Honorable Tribunal de Sentencia compuesta por las Honorables Juristas I A. M. L., B. L. L. H. y W. C. E. C. que en el fallo hoy impetrado se limitaron a realizar una serie de operaciones matemáticas sin acompañar a este el razonamiento jurídico que corresponde, por lo que resulta imprescindible preguntarse y responder: ¿Qué es Lavado de Activos? El artículo 2.9 del decreto 45-2002, define el Lavado De Activos como… “Actividad encaminada a legitimar ingresos o activos provenientes de actividades ilícitas o carentes de fundamento económico o soporte legal para su posesión”. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) considera el Lavado de Dinero o Activos como “El procesamiento de ingresos delictivos a fin de encubrir su origen ilegal”. Mientras que La Red Contra Delitos Financieros (PINCEN) Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América señala que: El Lavado de Dinero implica el encubrimiento de activos financieros de modo que ellos puedan ser usados sin que se detecte la actividad ilegal que los produce”, también agregan que “A través de este proceder la delincuencia transforma los ingresos económicos derivados de actividades criminales en fondos de fuente aparentemente legal. Ante estos conceptos, es indudable que el Ministerio Público como ente acusador ha logrado establecer que la conducta de los imputados F. E. G. P. y K. Y. G. V. se adecua con lo previsto en el artículo 3 de La Ley Contra el Delito de Lavado de Activos y que se refiere al que posea, utilice, oculte, o impida la determinación de origen de bienes provenientes de una actividad ilícita o que no tengan causa o justificación económica o legal de su procedencia. El aspecto subjetivo de la tipicidad del delito de Lavado de Activos, se encuentra integrado por la voluntad dañosa con las que los imputados F.E. G. P. y K. Y. G. V. realizaron la conducta, al conocer el hecho punible y lo llevaron a cabo con conciencia y voluntad de alcanzar el resultado deseado; de lo cual se deduce que los imputados llevaron a cabo un comportamiento con conciencia y voluntad de infringir la ley, tal como el Ministerio Público lo ha probado, razón por lo que ante la naturaleza de la autonomía del delito de Lavado de Activos, según el artículo 6 decreto 45-2002 se debió condenar por la actividad delictiva con el ánimo de concurrir con sus conductas en los elementos objetivos y subjetivos que conforman el tipo penal y ha quedado demostrado que la conducta de los imputados F. E. G. P. y K. Y. G. V. se subsume en lo que establece el artículo 3 del decreto 45-2002 relacionados con el artículo 32 del Código Penal Vigente, pues incurrieron en las conductas comitivas de poseer, utilizar ,ocultar, o impedir la determinación del origen de bienes provenientes de una actividad ilícita o sin justificación económica legal. Es preciso mencionar honorables Magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que el delito de Lavado de Activos es una conducta típica de naturaleza compleja, tanto de contenido como de demostración, es por ello que en la actualidad se ha ido desarrollando jurisprudencia y doctrina que se han constituido en reiterativas al señalar: 1.- La actividad en el delito de Lavado de Activos, está constituida por un sin número de operaciones efectuadas por miembros de organizaciones criminales con el fin específico de encubrir el origen ilícito de los bienes, producto e instrumentos, con el objetivo de dar una apariencia legal, y así incorporarlos a la economía sin causar una leve sospecha acerca de su origen. 2.- El delito de Lavado de Activos se debe acreditar mediante la existencia de una pluralidad de indicios concatenados entre sí que lleven a la convicción al juzgador que los bienes legalizados son el producto de una actividad delincuencial, pues debe recordarse que los individuos tal como en este caso, para poder lograr que los bienes, productos e instrumentos adquieren una apariencia de legalidad, buscan esconder la procedencia de estos, lo cual significa que no va a ocultar el bien en forma indefinida ya que tendrán la necesidad de ostentar una posesión para poder disfrutar de los mismos, es así que tiene forzosamente que llevar a cabo actuaciones que son realizadas haciendo uso de los mismos mecanismos que utiliza una persona honrada, extremo que los lleva cambiar con una facilidad completa la versión que deben presentar ante las autoridades, en el caso que nos ocupa inicialmente los imputados manifestaron que su ostentoso estilo de vida provenía de la ayuda que les proporcionaban sus padres (F. S. G. H.; padre del imputado y E. V., madre de la imputada), sin embargo al quedar evidenciado que los supuestos benefactores en realidad no tienen capacidad económica, cambiaron su versión y dicen que son empresarios de café, cacao y pimienta actividad que como se ha repetido no han acreditado y (tampoco aparece reflejada en las distintas investigaciones que ha realizado el Ministerio Publico, pretendiendo justificar de una u otra manera la actuación ilícita realizada previamente (En el caso que hoy se juzga la actividad generadora es el narcotráfico). No deberá de olvidarse que el delito de Lavado de Activos se lleva a cabo mediante el dolo directo lo cual da la posibilidad de realizarlo a través de dolo eventual respecto al conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes, así lo ha expresado la sentencia 29-09-O1 (PN J. V.), consecuentemente, puede afirmarse “Que hay conocimiento cuando el autor ha podido representarse la posibilidad de procedencia ilícita, sin que deba exigirse una concreta calificación, siendo bastante un conocimiento genérico de la naturaleza delictiva del hecho, en otras palabras basta con un conocimiento de las circunstancias del hecho y de su significación social” (STS l 5-02-O3, PN.M. Arriete). La jurisprudencia del Tribunal Supremo Español (SSTS, DE 7-12-96, 23-5-97, 15-4-98, 28-12-99, 10-1-2000, 31-03-2000, 28-7-2001, 18-9-2001, 29-9-2OO1, 14-04-2003, 29-11-2003, Y 19-12-2003, sentencia del Tribunal Supremo Español número 356/1998 del 15 de Abril de 1998, entre otras han consagrado la construcción del tipo penal de Lavado de Activos sobre tres pilares esenciales o elemento, manifiestamente reveladores de la importancia y trascendencia de la prueba de indicios: 1.-Incrementos patrimoniales injustificados u operaciones financieras anómalas. 2.-Inexistencia de actividades económicas o comerciales legales. 3.-Vinculación con actividades de Tráfico Ilícito de Estupefacientes o con otras actividades delictivas. La sentencia del STS de 25-2-2004 recuerda que la prueba de la existencia de las actividades económicas o comerciales legales le corresponde al acusado, finalmente debo decir que la sentencia del 31 de octubre del 2000 dictada por el Juzgado Central de lo Penal Español (Señor V. H.) dictó sentencia condenatoria contra el imputado, condenó además a su hermano que era su apoderado legal en una empresa, finalmente condenó a la co-titular en una cuenta bancaria que era su compañera de hogar, rechazando el órgano sentenciador la coartada, que tales cantidades de dinero depositadas en la cuenta procedían de préstamos, porque el ente juzgador entendió que un mecanismo de lavar activos es a través de préstamos, pues estos se cancelan con dinero ilícito, este mecanismo fue el utilizado por los imputado F. E. G. P. y K. Y. G. V., en este caso el imputado no tenía productos financieros de manera directa, sin embargo fue beneficiario de tarjeta adicional de la imputada, se denota en análisis financiero-patrimonial los altísimos gastos que realizaron los imputados a través de tarjetas de crédito, los cuales posteriormente eran pagado con dinero que no tuvo una procedencia legal, pues de haberla tenido no hubieran tenido ocultos en su casa envoltorios plásticos en forma de paquetes de billetes, forma típica en que los narcotraficantes almacenan y transportan el dinero producto de sus actividades ilícitas. Asimismo la sentencia del STS español de 25 de febrero del 2004 (PN Martin Pallin) menciona aspectos fundamentales: Se acuerda el comiso de una finca de alto valor, cuyo comiso ha sido emblemático en la lucha contra el Lavado de Activos y Narcotráfico, al declarar probado que fue adquirida con dinero de procedencia criminal aplicando para ello la doctrina del levantamiento del velo mediante la atribución en la realidad histórica-judicial de la propiedad y dominio de la finca no es de quien ostenta la titularidad documental formal, sino a quien detenta la disponibilidad real. La aplicación de a la ya conocida jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la prueba indiciaria en el delito de blanqueo de capitales: en la sentencia se expresa que las elevadísimas cantidades de dinero que fueron utilizadas para la adquisición de la finca, ante la ausencia en el proceso de una actividad mercantil legal que las justifique, por exclusión solo pueden tener su origen en la ejecución de determinadas actividades delictivas, entre las cuales según las E.s de la experiencia el narcotráfico ocupa un lugar preferente.” 4) Continúan manifestando los recurrentes, en su recurso de casación por quebrantamiento de forma. MOTIVO CUATRO: “La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de la partes. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 6, del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Al realizar un estudio de la sentencia hoy impetrada encontramos que hay una serie de incongruencias entre las pretensiones cada una de ellas, pues como ha quedado evidenciado durante este proceso una serie de violaciones al debido proceso que han continuado en la sentencia definitiva. 1. En el párrafo primero del apartado que en la Sentencia de denomina Fundamentos Jurídicos (Páginas 93 y 94) y que pese a que en estos aspectos se fundamenta el fallo absolutoria no fueron incluidos en la parte resolutiva, sin embargo el Tribunal para sorpresa de las partes declara con lugar dos incidentes de nulidad que la defensa nunca pidió, pues si se hubiese tratado de un incidente de nulidad, el Ministerio Público entonces tenía el derecho a argumentar este aspecto y por ende a replicar sobre el mismo , pero no fue así y únicamente en la exposición de la defensa de los imputados, hizo referencia a la violación del derecho de la inviolabilidad y secreto de las comunicaciones, en especial de las postales y violación al derecho de defensa , sin embargo pese a lo manifestado por el Tribunal en su sentencia, estos incidentes reitero jamás fueron planteados por la defensa, que si bien hicieron manifestaciones de supuestas violaciones a los derechos de sus representados, en ningún momento estos fueron formalmente planteados y peticionados, motivo por el cual jamás fueron admitidos por el Tribunal de Sentencia, en consecuencia no se le dio traslado al Ministerio Público para que contestara el supuesto incidente, es decir en ningún momento fue planteado por los apoderados legales de los imputado, por lo que se colige que no existió la pretensión anulatoria de estas pruebas por parte de la defensa (artículos 166, 167, 168 del Código procesal Penal) sin embargo esto denota la poca atención que las Honorables miembros del tribunal de sentencia durante el desarrollo de la audiencia de juicio Oral y Público, estuvieron más pendientes de sus teléfonos móviles que de dar una resolución conforme a derecho. Siendo que en relación a estos incidentes le violentó al Ministerio Público en particular y a la sociedad en general el derecho a la defensa y debido proceso, utilizaremos este espacio para expresarnos en relación a supuesta violación al derecho a la defensa en relación al hallazgo, levantamiento y la pric1iea de los análisis sobre los envoltorios plásticos en forma de paquetes de cocaína y paquetes de billetes, tenemos que decir que expresamente fue dicho por el perito C. R. P. que estos análisis los realizó en el lugar en que esta evidencia fue recolectada, tal y como reza en el acta de A.amiento evacuada como prueba documental número 1 en donde estableciéndose con estos medios de pruebas que los análisis fueron realizadas en ese lugar y que los resultados indicaron que eran positivo a cocaína, por otro lado la defensa estuvo presente durante los A.amientos, y durante el perito C. R. P. realizó la diligencia, por lo que no pudo alegar que hubo una violación que en primer lugar no existió y en segundo lugar de haber existido la defensa lo permitió, esto lo vuelve inhábil para solicitarla, ya que no puede alegar una nulidad quien la permitió (Artículo 168 último párrafo del Código procesal Penal). Pero el Tribunal se pronunció decretando la nulidad, sin que nuevamente la defensa haya plateado un incidente, sino que solamente hizo mera manifestaciones, y la razón de no hacerlo con las formalidades que señala el Código Procesal Penal y es que de esta forma sorprendían al juzgador pues quedaría en evidencia que ellos estuvieron presentes, por tanto no podían interponer el incidente. 2. Por otro lado en el tercer apartado del párrafo tercero del título denominado Fundamentos Jurídicos (Páginas 97 y 98) resuelve decretar el desaseguramiento de cuentas a nombre de Colombia E. A., este aspecto no fue consignado en la parte resolutiva del fallo, cuentas que en primer lugar nunca fueron puestas a la orden del Tribunal de Sentencia, por otro lado esta persona no fue parte en el juicio Oral y Público, ni siquiera figuró en momento alguno de la investigación como imputada. Por lo que de acuerdo al artículo 83 último párrafo del Código Procesal Penal únicamente se consideran partes en el proceso el imputado (Debiendo entere como tal aquel contra quien se ha presentado requerimiento fiscal, artículo 100 del Código Procesal penal), condición que no ostenta esta persona, tampoco la de víctima. El Ministerio Público, ni la defensa de los imputados planteó en juicio solicitud de desaseguramiento sobre estas cuentas, por lo que no procedía pronunciamiento en este fallo, pero si el tribunal actuó de oficio: ¿Por qué el Tribunal no decretó el desaseguramiento de las otras cuentas que igualmente se encuentran aseguradas? 3. Por otro lado en el cuarto apartado del párrafo tercero de] título denominado Fundamentos Jurídicos (Página 98) resuelve decretar el desaseguramiento de los siguientes inmuebles: 1.- ubicado en la Colonia Moderna, 22 Avenida, segunda calle, N.O. a nombre de K. I. T. C.; 2.- ubicado en la Colonia Zerón, 9 calle, 22 avenida, N.O. propiedad de R. A. R. S.; 3.-Lote de terreno ubicado en la Colonia Moderna frente a la casa en donde fueron detenidos los imputados. Referente a esta postura tenemos que decir que estos bienes ninguno fue puesto a la orden, el desconocimiento del Tribunal no solamente es jurídico en relación a los delitos objeto de este proceso, más grave aún es que no utilizaron el tiempo necesario para ver cuáles eran los bienes que estaban con medidas de aseguramiento en el caso de los numerales 1 y 3 en ningún momento el Ministerio Público solicitó que el órgano jurisdiccional decretara alguna medida de aseguramiento, por lo tanto ni las partes, ni ninguna persona puede solicitar el cese de esta medidas de aseguramiento, por una sencilla razón, no existen, pero extrañamente el Tribunal decretó el cese de estas medidas. En relación al inmueble con numeral 2 que en primer lugar nunca fueron puestas a la orden del Tribunal de Sentencia, por otro lado esta persona no fue parte en el juicio Oral y Público, ni siquiera figuró en momento alguno de la investigación como imputada. Por lo que de acuerdo al artículo 83 último párrafo del Código Procesal Penal únicamente se consideran partes en el proceso el imputado (Debiendo entender como tal aquel contra quien se ha presentado requerimiento fiscal, artículo 100 del Código Procesal penal), condición que no ostenta esta persona. Sin embargo la solicitud de devolución de esta persona se resolvió en una audiencia Ad Roe (Que no está contemplada en Código Procesal Penal), por tanto allí se debió resolver y emitir la resolución, pues la sentencia es exclusivo para los asuntos que sean controvertidos en juicio. Este cuarto motivo viene a denotar la forma en que la sala cuarta del tribunal de sentencia esta “reformando” el Código Procesal Penal y los principios que rigen el juicio Oral y Público, a grado tal que realiza declaraciones de peritos en forma de careo y en los fallos se pronuncia sobre aspectos que no han sido sometidos a su consideración. Y valora prueba que nunca fue propuesta. De continuar esta práctica por parte de los abogados que integraron la sala que emitió el fallo, es indudable que la impunidad seguirá siendo el pilar fundamental que regirá los destinos en materia de justicia, no porque se den actos de corrupción sino por la desidia, deslealtad y ausencia de respeto al momento en que se desarrolla un juicio. REDACCIÓN, LECTURA Y NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA EXTEMPORANEAMENTE. El artículo 340 del Código Procesal Penal manda que “La sentencia absolutoria será redactada y firmada tan pronto como haya sido votada. Cumplido lo anterior, el Tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencias y, después de asegurarse de la presencia de las partes, dará a conocer verbalmente lo resuelto por medio de su Presidente. Acto seguido, el Secretario entregará a las partes, o a sus apoderados, fotocopia de la sentencia, lo que equivaldrá a la notificación de ésta. Con todo, si por razones de tiempo o por la complejidad de los asuntos no pueda cumplirse lo anterior, la redacción y firma deberá hacerse dentro de los cinco (5) días siguientes. En tal caso, el Presidente del Tribunal señalará la fecha y hora en que se celebrará la audiencia de notificación. Si alguna de las partes se hallare ausente, la notificación se le hará en la forma prevista en el Capítulo IV del Título IV del Libro Primero de este Código”. Pese a este mandamiento legal en donde se establece un plazo dentro del cual se debe de redactar la sentencia y notificarla a las partes, inicialmente las partes fueron citadas audiencia para este fin, sin embargo intempestivamente y sin notificación previa fue suspendida, celebrándose en esa fecha una audiencia Ad Hoc para resolver una solicitud de devolución de un bien inmueble, sin embargo no se Señala nueva fecha para la lectura y notificación de la sentencia, fue hasta transcurridos tres meses (12 de Octubre de 2012) después que dictó el fallo de manera verbal y a solicitud del Ministerio Público Léase bien) fue que se señaló fecha para la lectura de sentencia para el día Miércoles 16 de Enero de 2013, violentando esto y sin justificación legal alguna infringió el cumplimiento de los plazos señalados en el Código Procesal Penal que de acuerdo al artículo 8 establece: “La finalidad del proceso será la realización pronta y efectiva de la justicia penal” en relación al artículo 160 que manda: “Los actos procesales, serán cumplidos dentro de los plazos establecidos por la ley o por los tribunales de justicia” esta inobservancia se realizó en perjuicio de las partes procesales en particular y a la sociedad en general.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Primer Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma 1) Expresaron los impetrantes que la sentencia recurrida se basa en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio; consignando como norma autorizante el artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. Explicaron los recurrentes que en la audiencia de proposición de pruebas la defensa de los imputados ofertó prueba pericial realizada por el señor M. de J. S. R., para que realizara un análisis financiero patrimonial de los acusados, en ese momento la defensa no propuso los documentos de sustento para la constatación real y que a su vez sirviera para la realización de esta pericia; el Tribunal procedió a admitir dicho medio probatorio, se juramentó el perito y se le dio fecha para la presentación del referido dictamen, fecha que no cumplió, pues dicho dictamen fue presentado en el momento del juicio oral y el cual contenía dos tomos de aproximadamente mil folios, con una enorme cantidad de fotocopias autenticadas, los cuales no pudieron ser revisados detenidamente por el ente acusador; en el momento de los incidentes la parte defensora tampoco propuso dichos documentos como pruebas, sin embargo éstos fueron valorados y tomados en cuenta por el Juzgador para fundamentar el fallo absolutorio, a pesar que los mismos fueron incorporados de forma irregular al debate. 2) Como criterio jurisprudencial esta Sala ha establecido, que la sentencia se base en medios de prueba no incorporados legalmente al juicio refiere a que, el artículo 338 sección cuarta numeral 2 del Código Procesal Penal, indica, en el apartado “Valoración de la Prueba”, que el tribunal deberá consignar las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados los hechos. El vicio ocurriría entonces, cuando el juzgador fundamente su decisión en prueba incorporadas al juicio vulnerando las rE.s legalmente establecidas, como sucedería si los elementos de convicción se hubieran practicado violentando los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción que rigen en el proceso penal en la actividad probatoria. Asimismo, se observaría el vicio cuando el tribunal utilice como elemento de convicción alguno no incorporado en el acto del debate, puesto que legalmente éste es el momento en que desfilarán ante los ojos del juzgador y las partes los elementos de convicción, de tal suerte que se infringirían el artículo 336, primer párrafo del Código Procesal Penal, que demanda que los jueces de juicio, sólo tendrán en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate. Ante esas situaciones, resulta incuestionableque se produciría un estado de indefensión en perjuicio de la parte afectada por el fallo basado en elementos de prueba no incorporados legalmente al juicio, lo que a su vez generaría una vulneración al principio acusatorio, puesto que ubicaría al órgano jurisdiccional en una posición de interés con dicha incorporación de prueba[1]. 3) En el proceso penal la actividad probatoria constituye la fase más trascendental, ya que la función jurisdiccional se asemeja en tal área o ámbito a la historiográfica, pues el Juez lo mismo que el historiador, está llamado a indagar sobre hechos del pasado y averiguar su real existencia estando por ello obligado a realizar no una labor de construir una ficción, sino una obra de elección y construcción sobre datos preexistentes. La prueba pericial ha sido definida como aquélla que se realiza para aportar al proceso las máximas de la experiencia que el juez no posee o puede no poseer y por facilitar la percepción y la apreciación de hechos concretos objeto del debate. También ha sido definida como el medio de prueba consistente en la declaración de conocimiento que emite una persona que no sea sujeto necesario del proceso acerca de los hechos, circunstancias o condiciones personales inherentes al hecho punible, conocidos dentro del proceso y dirigida al fin de la prueba, para la que es necesario poseer determinados conocimientos científicos, artísticos y prácticos. El acto pericial comprende el reconocimiento o percepción del objeto a periciar, la realización de las operaciones necesarias de carácter técnico o de análisis, y la deliberación y redacción de conclusiones. El reconocimiento o percepción del objeto a periciar consiste en la descripción de la persona o cosa que sea objeto del mismo, el estado o del modo en que se halle. Las operaciones técnicas o el análisis a realizar por el o los peritos son todas aquellas actividades especializadas, propias de la profesión, ciencia, arte o práctica del perito o los peritos actuantes, que permiten unas apreciaciones o valoraciones específicas, que ayudan al juzgador en su labor enjuiciadora. La deliberación y la redacción de conclusiones es la consecuencia final de todo lo anterior, y supone una exposición racional e inteligible de los resultados derivados de los análisis y operaciones realizadas por los peritos conforme a los principios y rE.s de su ciencia o arte. Finalmente, el informe pericial no es otra cosa que la formalización por escrito de todo lo anterior. La división del informe pericial en las tres etapas referenciadas (reconocimiento, análisis y conclusiones) evidencia que el mismo se estructura silogísticamente (en un silogismo fundamental que, a su vez, se descompone en otros múltiples silogismos), constituyendo la premisa mayor el conjunto de conocimientos técnicos del perito, estando conformada la premisa menor por el conjunto de hechos o sucesos sobre los que se efectúa el peritaje, y siendo la conclusión lógica el dictamen técnico final. Los dictámenes periciales son opiniones o pareceres de los técnicos en la materia, como reflejo de actos puramente personales. Más como tales opiniones, han de estar sometidos, al igual que el resto de los medios probatorios utilizados en el proceso, al principio de la libre valoración de la prueba que demanda, prioritariamente, una conjunta valoración sin conceder “a priori” valor superior a un medio sobre otro. Si respecto a un tema concreto se hubieren llevado a cabo distintas pruebas, además de la pericial, con resultado diferente, claro es que entonces se reconoce al órgano judicial la facultad de llevar a cabo esa conjunta valoración de la prueba, que permite estimar que la verdad del hecho no es la que aparece expuesta por la prueba pericial sino la que ofrecen otros medios probatorios, también cuando los Jueces razonablemente discrepen de todo o de parte del contenido pericial[2]. 4) En el caso de autos, el recurrente considera como yerro de casación, el hecho de que la defensa haya propuesto un dictamen pericial para verificar la situación financiera y patrimonial de los acusados y que al ser presentado al debate se haya acompañado de varios documentos que sirvieron de soporte y base para el referido dictamen, es importante mencionar que esta misma prueba fue propuesta por el ente acusador pero con un perito oficial del Ministerio Público. Al tratarse la referida pericia de un análisis financiero patrimonial, era lógico que debía ser acompañada por los documentos que sirvieron de soporte y base al dictamen, indudablemente dicha documentación forma parte del dictamen pericial pues constituyen un todo armónico, ya que, las conclusiones a las que arribó el perito deben estar respaldadas por los documentos adjuntos, de tal forma que no es correcta la apreciación del recurrente al pretender que la parte defensora presentara como prueba documental la documentación base del dictamen pericial, pues dichos documentos forman parte del dictamen en sí y por tanto ya había sido previamente admitidos para ser evacuados en el juicio oral. El artículo 326 del Código Procesal Penal claramente establece que los peritos podrán consultar documentos de cualquier clase, precisamente porque el análisis que realizan requiere de estudios especializados y para cumplir cabalmente con su misión pueden hacerse acompañar de toda la documentación que sirva de soporte a sus conclusiones, pues de no hacerlo así su dictamen carecería de cimiento legal para sustentarlo, por tales razones considera errado el planteamiento del censor y determina declarar sin lugar el presente motivo de casación. Segundo Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma. 1) Exponen los recurrentes que el Juzgador incurrió en inobservancia a las rE.s establecidas en el Código Procesal Penal para la realización del Juicio Oral, consignando como norma autorizante el artículo 362 numeral 5 de la ley procesal hondureña. Denunció el impetrante que el artículo 328 del Código Procesal Penal regula que los testigos propuestos por las partes rendirán sus declaraciones en el orden que determine el presidente del Tribunal, así como, que no podrán comunicarse entre sí y estar presentes en la audiencia mientras cualquiera rinde su deposición. Para los recurrentes dicha rE. se vio violentada, cuando el Tribunal de Sentencia permitiera que los peritos propuestos por el ente acusador y la defensa, para realizar una pericia sobre los envoltorios que en forma de billetes y paquetes de drogas que se habían encontrado, emitieran su dictamen en presencia uno del otro, es decir entraran a la sala al mismo tiempo y lo que decía uno de ellos era escuchado por el otro, en otras palabras fue la reproducción de un careo pero de peritos, procediendo C. S. M. a emitir su re-pericia en presencia del Dr. C. R. P., desfigurando con ello esta diligencia pericial. 2) En este motivo debe considerarse las rE.s esenciales para el desarrollo de la parte más importante del juicio: el debate; por lo cual esas rE.s deben referirse a los principios sobre los cuales descansa esta etapa de juicio: Oralidad, publicidad, inmediación, contradicción y concentración. De ello se desprende que el vicio no era constituido por una simple infracción a una norma procesal relativa a la forma en que se debe desarrollar un acto particular de la fase de juicio, sino que se refiere a la infracción de una norma de tanta incidencia, que su violación afecte el proceso. Las normas que informan la manera de desarrollar el debate están comprendidas del artículo 304 al 346 del Código Procesal Penal. Tendrá validez la invocación del vicio, cuando se trate de una infracción a una de estas normas, pero esencialmente de aquellas fundamentales, es decir la que desarrollan los principios apuntados. Más no es suficiente la existencia del vicio procesal, se hace necesario el formal reclamo del acto irregularmente desarrollado a efecto que pueda ser subsanado, por exigirlo así el párrafo tercero del artículo 363 del Código Procesal Penal, en relación al numeral 6 del artículo 346 del mismo cuerpo legal[3]. 3) Ante los cuestionamientos de los censores, se ha revisado el acta de debate del Juicio Oral y Público de la presente causa y se puede confirmar que el ente acusador manifestó su inconformidad con la decisión del Tribunal de permitir que ambos peritos emitieran su dictamen uno en presencia del otro; sin embargo no encontramos ninguna disposición legal que impidiera que ambos peritos rindieran su dictamen de manera conjunta, todo lo contrario,el conocido jurista español J. F. E., en la obra Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico) y al referirse en la pagina 504 al informe o dictamen pericial, establece que pueden rendirse en el acto del juicio oral y de ser varios los peritos que han de informar sobre un mismo extremo, será útil su comparecencia simultánea, que facilitará la confrontación o careo en caso de divergencia; en ese sentido, considera esta Sala de lo Penal que el Sentenciador actuó de forma correcta al permitir que ambos peritos rindieran su dictamen de forma simultánea, pues precisamente se trataba de una pericia sobre un mismo objeto y las conclusiones de ambos peritos ayudarían al Tribunal para tomar una decisión. Lejos de ir en contra de las rE.s establecidas para la celebración del juicio oral, es el medio idóneo para dar cabal cumplimiento al principio de oralidad, contradicción e inmediación, pues el Juzgador y las partes observaron la presentación que hiciesen los peritos uno en presencia del otro, sin tener la posibilidad de maquillar sus informes o darles otro sentido, pues sabían que otro profesional con la misma experticia podía cuestionar sus conclusiones, en tal sentido consideramos correcta la decisión del Tribunal, pues en ningún momento se vieron afectadas las rE.s para la celebración del juicio oral que regula nuestra ley procesal, razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación. Tercero Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma 1) Denunciaron losdemandantes que el Sentenciador incurrió en violación a las rE.s de la sana crítica, consignando como precepto autorizante el artículo 362.3 del Código Procesal Penal. Explicaron los censores que la prueba indiciaria es aquel medio probatorio que permite al Juez a través de un proceso inductivo pasar de un hecho conocido a un hecho desconocido de importancia para el tema probatorio; por lo que desde el punto de vista legal no habrá obstáculo alguno para condenar a un ciudadano con prueba indiciaria, tomando en consideración que no se vulnera el Estado de Inocencia del imputado, pues el Código Procesal Penal e instrumentos internacionales de Derechos Humanos, establece la libertad probatoria por cualquier medio probatorio siempre que sea objetivamente confiable y respete los principios de recta razón. Estableció además que prescindir de la prueba indiciaria en materia de criminalidad organizada llevará en la mayoría de los casos a la impunidad, lo que provocaría la indefensión social; manifestando la recurrente que tal como ocurrió en la presente causa, durante la vista pública el ente acusador, demostró la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, misma que de acuerdo a lo que plasman en su escrito los censores, está integrada por los imputados F. E. G. P. y K. Y. G. V., aduciendo que se probó la ausencia o carencia de actividades comerciales legales generadoras de ingresos concordantes con el alto nivel de vida que ostentaban. Expresaron los recurrentes que dicho error de valoración se observa al analizar las declaraciones testificales de F. D. R. F., E. M. A. C. y A. D. P., todos agentes de investigación, quienes participaron en el allanamiento a la vivienda de los encartados, formaron parte del grupo de policías que montó vigilancia a los acusados y observaron de manera directa que los acusados no se dedicaban a ninguna actividad de trabajo o de comercio. Consideraron además, que el quebranto a las leyes de la sana crítica, ocurre al momento de valorar la prueba pericial de: a) J. C. R., experto en joyas y quien determinó el valor en metálico de las joyas encontradas; b) E. E. Z. R., quien realizó la pericia de extracción de información de los teléfonos celulares decomisados en la casa de los imputados; c) L. D. S. T., quien realizó la pericia de extracción de información de las computadoras y dispositivos de almacenamiento electrónico encontrados: d) R. S. A. G., quien realizó la pericia de las llamadas entrantes y salientes de las empresa Tigo, Claro y Hondutel; e) C. R. P., realizó la pericia de análisis de indicios encontrados en la casa de habitación de los encartados, que envoltorios de plásticos en donde normalmente se almacena droga; f) M. Á. C. A., quien realizó la pericia de análisis financiero patrimonial con la que se acreditó que los acusados no tiene capacidad económica para poseer el dinero del cual han hecho uso durante los años 2003 al 2010. De igual manera, los censores denunciaron que hubo una errónea valoración del Tribunal Sentenciador en relación con la prueba documental aportada en el proceso consistente en actas de allanamiento, informe fotográfico, acta de ingreso a la vivienda, acta de allanamiento, acta de registro, listado de llamadas entrantes y salientes de las empresas Tigo, Claro y Hondutel, oficios de la dirección de Migración y Extranjería, Constancia emitida por la Cámara de Comercio, Constancia emitida por la División de Catastro Municipal; Constancia del Departamento Administrativo de Inquilinato, Constancias de centros de estudios y maternales entre otros; así como la evidencia física aportada en el juicio; con todos estos elementos probatorios debieron llevar a los juzgadores a la convicción sobre la comisión del delito de lavado de activos de los imputados. 2) La Jurisprudencia de la Sala ha establecido, que el proceso lógico seguido por el juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas, está sujeto al control a través del examen casacional. En consecuencia, al realizar un estudio sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el código procesal penal hondureño, se custodia la aplicación de las leyes de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Significa que siendo libre el A-quo en la apreciación de las pruebas que le generen su convicción, su juicio de valoración deber ser razonable, es decir sujetarse a las leyes que gobiernan el correcto pensamiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuales falsos. Así la motivación lógica deberá responder a las características de: a) Coherencia, es decir que la motivación estará constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, para ello deberá ser: i) Congruente: las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas. ii) No Contradictoria: que no se empleen en la motivación juicios contrastes que entre si se anulen. iii) Inequívoca: los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones que determinan. b) Derivación, el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que por ella se vayan formando. 3) Resulta evidente para esta Sala de lo Penal, la inadecuada técnica recursiva de los denunciantesal momento de desarrollar su recurso por quebrantamiento de forma, pues si bien señalan las leyes de la Sana Crítica como violentadas, no fueron capaces de establecer de manera puntual, cuáles fueron los razonamientos erróneos de los Juzgadores y que se vieran comprometidos por la falta de aplicación de dichas normas; de igual forma los recurrentes omitieron puntualizar cuál rE. del recto entendimiento humano se vio vulnerada (lógica, experiencia, psicología), incumpliendo así con lo regulado en el artículo 363 de la ley procesal penal hondureña. Erróneamente los censores realizan una revaloración del material probatorio, expresando mediante criterios subjetivos qué valor debió darle el Tribunal Sentenciador a la prueba, ejercicio mental que no es permitido en casación, pues dicha tarea compete al Juez quien por la inmediación, ha tenido contacto directo con la prueba y su desarrollo, por tanto es al único que le compete la valoración del legajo probatorio. Ahora bien, en aras del Derecho de Defensa que ostenta el Ministerio Público como representante de la Sociedad y en respeto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos que regula el derecho a recurrir el fallo, así como en obediencia al control de Convencionalidad que ha establecido la Corte Interamericana de Derecho Humanos, a pesar de los yerros de los recurrentes, este Tribunal de Casación procede a revisar los juicios de valor de los sentenciadores, para determinar si los mismos fueron efectuados teniendo como base las leyes de la sana crítica o por el contrario fueron conformados en ausencia de dichas normas reguladoras del recto entendimiento humano. 4) Al analizar el acápite “Valoración de la Prueba”, observamos que el Tribunal Sentenciador realizó una valoración conjunta y armónica de toda la prueba, expresando las razones de hecho y de derecho que consideró para darle o no credibilidad a la prueba, señalando las contradicciones incurridas en las mismas y expresando conclusiones lógicas y coherentes de todo el material probatorio, por lo cual sus juicios de valor fueron conformados y concatenados en base a las leyes de la sana crítica y lejos de vulnerarse dichas normas, las mismas fueron correctamente aplicadas en cada razonamiento y conclusión del Juzgador. Para el caso en el numeral primero, pagina 35 de la Sentencia, el tribunal razona las declaraciones testificales de F. D. R. F. quien es agente de investigación y a quien le considera verosímil de manera parcial, pues como autoridad participó en las actos e investigación previos a los allanamientos, específicamente a las vigilancias establecidas en las viviendas de los imputados y quien expresó que no participó en los allanamientos; el Juzgador establece que este testigo se contradijo con el señor L. J. R. quien ratificó la prueba documental y las actas de allanamiento y quien estableció que F. D. si participó en los allanamientos; lo único que extrajo el Sentenciador de dicha deposición es que se presentó una denuncia en la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico en contra de una Familia F. que no fue nunca capturada y que dicha denuncia no fue dirigida en ningún momento en contra de la familia de los imputados. El juzgador razonó diciendo que el testigo F. D. manifestó que de la vivienda de los imputados salían vehículos y que los acusados salían a dejar a sus hijos a la escuela, lo cual no es constitutivo de delito de tráfico de drogas o lavado de activos; además nunca se observó a los encartados en reuniones con personas nacionales o extranjeras de las que el ente acusador mencionaba como miembros del crimen organizado. En ese mismo apartado el Tribunal Sentenciador valoró las declaraciones de los testigos E. M. A. C. y A. D. H. P., quienes son agentes de investigación y quienes tuvieron a su cargo la investigación de los imputados en instituciones públicas y privadas, como la cámara de comercio y el centro Hondureño Árabe entre otros, de dichas deposiciones derivó el Juzgador que la imputada K. Y. G. A. se encontraba registrada en recaudación de impuestos de la municipalidad como comerciante y que era propietaria de Novedades K., al no encontrarse inscrita en la cámara de comercio solamente puede ser objeto de alguna sanción administrativa; sin embargo ambos testigos incurrieron en contradicción, al manifestar E. M. A. C., que en la municipalidad les había informado que dicho negocio se encontraba en la Colonia Aurora de la ciudad de San Pedro Sula, lo que fue corroborado por otros agentes, pero luego en el interrogatorio que hicieran las partes estableció que les habían dicho que el negocio se encontraba en la colonia Zerón .El testigo A. D. H. P. estableció que en la municipalidad les dijeron que el negocio de la imputada se encontraba en la colonia San Carlos y que físicamente no confirmaron si existía; y que el imputado F. E. G. se encontraba inscrito en la DEI como pequeño contribuyente y que había hecho sus declaraciones en los años 2008 al 2010 en diciembre del 2011, lo que fue apreciado a su favor por parte del Juzgador, pues al ser valoradas con las declaraciones testificales de D. J. A., S. F. B. y S. O. N, se acreditó que los imputados se dedicaban al comercio informal de venta de granos y percibían salarios en la empresa Prefabricados de la Construcción (Precosa). Concluye el Juzgador que las declaraciones de los agentes E. M. A. y A. D. H., si bien son creíbles en cuanto a las diferentes investigaciones que realizaron a los imputados (Investigación en escuelas, viajes y gastos que incurrieron los acusados), no pueden ser valoradas positivamente y no se les concede valor probatorio en vista de las contradicciones que se señalaron y pues al ser contrastadas con el resto de prueba evacuada por la defensa, como ser acta de protocolización donde se constituyen en socios de la empresa prefabricados de la construcción, así como la declaración testifical del señor S. O., en su condición de Gerente de la misma y el dictamen patrimonial presentado por la defensa realizado por el perito M. de J. S., se acreditó que los imputados tenían la capacidad económica para incurrir en todos esos gastos y más, habiéndose probado que ambos se dedicaban tanto al comercio formal como informal, eran socios y asalariados tal como se manifestó, por lo que las declaraciones de los agentes de investigación no pueden quebrantar el Estado de Inocencia de los acusados. Para este Tribunal de Casación, los razonamientos y conclusiones a los que arriba el Tribunal Sentenciador, es producto de una valoración correcta y lógica de toda la prueba, pues los recurrentes hacen referencia únicamente a la prueba de cargo, si hacer acotación alguna a la prueba de la defensa que fue abundante y certera para concluir que los acusados F. E. G. P. y K. Y. G. V., contaban con los medios económicos para llevar el estilo de vida que tienen y que sus ingresos financieros son obtenidos de forma lícita, en ese sentido, consideramos que las apreciaciones del Sentenciador están conformadas en la base de las leyes del recto entendimiento humano, lo cual se observa igualmente en el resto de la sentencia, pues en los demás apartados analiza certeramente la prueba documental y pericial presentada en el debate, sin visualizar en sus argumentos juicios contrarios a dichas leyes, razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación. Cuarto Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma 1) Establecieron los denunciantes que el Juez A-quo incurrió en incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes; consignando como precepto autorizante el artículo 362 numeral 6 del Código Procesal Penal. Explicaron los censores que en la sentencia impugnada existen incongruencias entre las pretensiones de las partes, pues se ha violentado el Debido Proceso en los siguientes puntos: a) En el párrafo primero del apartado “Fundamentos Jurídicos” (Páginas 93 y 94) el Tribunal Sentenciador declaró con lugar dos incidentes de nulidad que la defensa nunca pidió, pues si se hubieran presentado así el ente acusador tenía el derecho de argumentar y replicar sobre los mismos; el primero, respecto a una correspondencia encontrada en el allanamiento realizado a la vivienda de los acusados, las cuales la defensa nunca planteó como incidente y en donde el Tribunal Sentenciador decide resolver declarando prueba ilícita pues la documentación consistía en correspondencia que debió solicitarse su apertura a Juez competente y si era necesario abrirlo se cuestiona el porqué el ente acusador no solicitó la convalidación que establece el Código Procesal Penal, negligencia que debe investigarse y sancionarse por violentar derechos Constitucionales. Y el segundo incidente de nulidad es sobre el dictamen pericial realizado a los envoltorios plásticos encontrados en forma de cocaína y que fueron examinados por un perito oficial del Ministerio Público, que aunque no contaba con la juramentación de Juez, contaba con los conocimientos técnicos necesarios para realizar el peritaje; b) En el párrafo tercero del tercer apartado de la “Fundamentación Jurídica” (Paginas 97 y 98) resuelve decretar el desaseguramiento de cuentas a nombre de Colombia E. A., cuentas que no fueron puestas a la orden del Tribunal Sentenciador y esta persona no figuró como parte de las investigaciones ni fue parte en el Juicio Oral; c) En el párrafo tercero del acápite “Fundamentos Jurídicos” (Página 98) el Tribunal Sentenciado resuelve decretar desaseguramiento de bienes a favor de las personas K. T., R. A. R. S. y B. P., pero lo sorprendente es que, algunos de ellos no fueron puestos a disposición del Tribunal y los supuestos dueños no fueron parte del presente juicio. Denunciando además los censores, que el Tribunal de Sentencia hizo la redacción, lectura y notificación de la sentencia de forma extemporánea. 2) La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes, se refiere al caso en que la sentencia establezca otros hechos o asigne una calificación de forma distinta a como se ha concebido en la acusación, contestación de cargos, auto de apertura a juicio, o en su caso en la ampliación de la acusación que se hiciere y su respectiva contestación, siempre y cuando ese establecimiento de hechos o calificación se efectúe en perjuicio del imputado. Nos referimos entonces a la incongruencia extra petitum, puesto que la sentencia ha otorgado más de los peticionado por el acusador, tanto en el hecho como en el derecho, perjudicando, en consecuencia, al imputado. Los cabales términos de correlación entre acusación y sentencia se encuentran concebidos en el artículo 337[4]del CPP, de tal suerte que les está prohibido al juzgador rebasar los límites establecidos en la acusación, puesto que al hacerlo, por un lado genera indefensión al imputado por pronunciarse más allá de las posiciones del contendor y, por otro, vulnera el principio acusatorio, al situarse no como tercero imparcial con facultades únicas de juzgar, sino como acusador, al establecer un hecho o asignar una calificación no solicitada por el Ministerio Público o el acusador privado[5]. 3) El principio de congruencia que recoge el artículo 337 del Código Procesal Penal, constituye uno de los pilares torales del Sistema Acusatorio y que representa la ruptura de uno de los paradigmas del arbitrio judicial que imperaba en el sistema inquisitivo. El artículo 337 del Código Procesal Penal no prohíbe modificar la calificación del delito, lo que proscribe es la modificación de los hechos objeto del debate, pudiendo el juzgador calificarlos en forma distinta siempre y cuando no sea en perjuicio del imputado, vale decir, que podrá hacerse cualquier calificación siempre que no sea de mayor perjuicio que la que originalmente se venía aplicando, distinta de las actuaciones que señala dicho artículo, en otras palabras, debe mantenerse la homogeneidad del bien jurídico lesionado, por ejemplo, no puede condenarse a una persona juzgada por lesiones, por una tentativa de homicidio, ni puede absolverse a una persona por lesiones y condenársele por robo. Resulta evidente la inadecuada técnica recursiva de los censores, pues este motivo de casación se plantea en el hecho de que la supuesta incongruencia afectara al imputado, en el presente caso, los acusados se vieron beneficiados con una sentencia absolutoria, en la cual se puede verificar que se respetaron los hechos trazados en la formalización de cargos, en la contestación de éstos, así como en las conclusiones de las partes. Los acusadores han cuestionado que el Tribunal Sentenciador se haya pronunciado respecto a manifestaciones expresadas en las conclusiones por parte de los abogados defensores de los acusados, denominándolos como incidentes de nulidad, los cuales evidentemente no tuvieron dicha connotación, pues no fueron planteamos en el momento de los incidentes al inicio del debate, sino que fueron parte del alegato de conclusiones, pero que, tal como relata el Tribunal Sentenciador, devenían en la obligación de darle respuesta pues se trataba de acusaciones donde se veían comprometidos Derechos Fundamentales protegidos por instrumentos internacionales de Derechos Humanos y por nuestra carta Magna, como ser el Derecho a la inviolabilidad y secreto de las comunicaciones y el Derecho de Defensa, al proceder a abrir una correspondencia sellada encontrado en el allanamiento practicado a la casa de los imputados, sin cumplir con los procesos legales establecidos en el Código Procesal Penal, es decir contar con autorización judicial o solicitar la convalidación de dicha actuación, que denota que se puede haber incurrido en algún tipo de responsabilidad; en el segundo caso, se practicó una prueba pericial sin haber juramentado legalmente a perito y por lo tanto no se notificó a la parte defensora para que estuviese presente en el acto y diera legalidad al mismo, ante tales circunstancias considera esta Sala de lo Penal que el Juzgador actuó de manera correcta al decretar como prueba ilícita aquellas actuaciones que se ejecutaron al margen de la ley procesal y en violación a lo regulado en nuestra Constitución de la República. 4) En relación al desaseguramiento de los bienes incautados a los ciudadanos C. I. T. C., B. P. y R. A. R. S., establecida en el numeral séptimo de la sentencia recurrida, dichos ciudadanos que no fueron traídos a Debate oral y público para deducirles algún grado de responsabilidad penal, por lo tanto no fueron parte en este juicio, tal como lo advierte la Juez disidente W. C. E. en su voto particular que emitió sobre este único aspecto, por lo que, la mayoría del Tribunal erró al pronunciarse decretando el desaguramiento de bienes de personas que no fueron objeto en este proceso y que se desconoce si el ente acusador tiene aún abierta las investigaciones sobre dichos individuos; sin embargo dicha actuación del Tribunal Sentenciador no es motivo para decretar la nulidad de la Sentencia o del debate celebrado, pues esa actuación errónea de la mayoría del Tribunal no está relacionada directamente con el proceso incoado a los señores F. E. G. P. y K. Y. G. V., por tanto los efectos que conlleva una sentencia absolutoria, es decir constituirse como cosa juzgada atañe únicamente a las personas que fueron beneficiadas con dicho fallo, es decir para los acusados F. E. G. P. y K. Y. G. V.. Considera esta Sala de lo Penal que la decisión de la mayoría del Tribunal de Sentencia, al ordenar el desaseguramiento de algunos bienes cuyos propietarios no fueron objeto de proceso en este juicio, debe ser analizada e investigada por los órganos contralores para determinar si existe algún grado de responsabilidad por la que deban responder las togadas, por lo que se instruye a la Secretaria de esta Salade lo Penal enviar atento oficio a la Inspectoría de Juzgados y Tribunales, adjuntado los antecedentes del caso, para que procedan a iniciar las investigaciones respectivas. Por las razones expresadas en los numerales anteriores, considera procedente esta Sala de lo Penal, declarar sin lugar el presente motivo de casación. V. DECISIÓN Ante los argumentos expuestos, se declara sin lugar el presente recurso de casación por quebrantamiento de forma en sus cuatro motivos interpuesto por el Ministerio Público. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los Artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado todos de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362 numerales 1, 3, 5 y 6, 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Único: Declarar No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus cuatro motivos, interpuesto por los abogados O. A. C. y R. L. M. Z. en su condición de Fiscales del Ministerio Público, en la causa instruida contra los señores F. E. G. P. y K. Y. G. V., a quienes se les absolvió por los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Activos, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras y la Economía del Estado de Honduras.Y MANDA: 1) Que la Secretaria de esta Sala envíe atento oficio adjuntando los antecedentes del caso, a la Inspectoría de Juzgados y Tribunales, para que proceda conforme a derecho.2)Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO R. VÁSQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMÁN G..- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha treinta de enero del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-405-2013.
JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
[1] Cuellar Cruz, Rigoberto. Fernández Entralgo, Jesús. Gomez Colomer, Juan Luis y otros. Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico). Agencia Española de Cooperación Internacional. Tegucigalpa, Honduras septiembre del 2004. Página 596.
[2] Vid Sentencia de Casación Penal SP 131-2009 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 11 de abril del 2012.
[3] Cuellar Cruz, Rigoberto. Fernández Entralgo, Jesús. Gomez Colomer, Juan Luis y otros. Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico). Agencia Española de Cooperación Internacional. Tegucigalpa, Honduras, septiembre del 2004. Páginas 601 y 602.
[4]Mediante decreto N° 74-2013 de 08/05/2013, se reforma el artículo 337 del CPP en el sentido de agregar además “…o en las conclusiones expuestas por las partes en la audiencia de debate”.
[5] Cuellar Cruz, Rigoberto. Fernández Entralgo, Jesús. Gomez Colomer, Juan Luis y otros. Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico). Agencia Española de Cooperación Internacional. Tegucigalpa, Honduras, septiembre del 2004. Página 602