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Sentencia CP-374-13 — Registro 9558

Resumen

En primera instancia se condena al imputado por los delitos de homicidio en su grado de ejecución de tentativa, Robo agravado en su grado de ejecución de tentativa y Portación ilegal de armas, se declara sin lugar el recurso de casaciòn interpuesto por la defensa del imputado.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."EL PRIMER Y SEGUNDO MOTIVO NO ES DE RECIBO.- Para dar una respuesta a la Censora se requiere partir de los hechos que no fueron objeto de controversia entre las partes y sus respectivas posturas. Es de considerar en primer término la propia declaración del acusado: El Señor N. A. M. A., explicó que entro de último a la vivienda, que las personas que andaban con él ya habían entrado, éstos eran J. y W., quienes andaban armados; Que ingreso por la puerta principal y las personas de la casa ya estaban amarradas; Que cuando ingreso ya estaba “la tirazón”; Que se fue para la parte de atrás del muro donde lo capturo la policía, quienes le pusieron un arma; Que decide saltar al otro lado cuando comenzó “la tirazón”; Que la policía lo detuvo como a eso de las 10:40 a.m., que en ese momento le pusieron unas bolsas en las manos y que como a las 08:00 p.m. le pusieron unos hisopos. La versión del acusado, no controvertida, permite deducir que el día 21 de Noviembre de 2010, junto con tres personas más, ingresaron a una vivienda ubicada en la cuarta calle, tercera avenida del barrio Barandillas de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes; en donde todos ellos (cuatro personas), fueron aprehendidos después de darse un tiroteo dentro del inmueble.- En cuanto el propósito del ingreso de la vivienda, es claro que éste fue el de apoderarse de bienes muebles ajenos mediante intimidación y violencia, así determinado por el Tribunal de Sentencia mediante las declaraciones testificales de los Señores J. C C y M.R. J., quienes se encontraban en el interior de la vivienda, sometidos mediante armas de fuego, llevados a la sala donde fueron amarrados de sus manos, siendo vigilados por dos de los invasores mientras que otros dos recolectaban objetos de valor dentro de la vivienda.- El acusado señala que cuando ingreso ya estaban las personas amarradas, lo cual es una versión a la cual no puede darse crédito, pues se trata de cuatro personas que de manera sorpresiva ingresan a la vivienda, neutralizando a sus ocupantes, repartiéndose funciones entre vigilancia y búsqueda, lo que denota un plan previamente concebido para su ejecución, asumiendo todos y cada uno de ellos, las acciones de los otros y en definitiva el resultado final (COAUTORIA); El acusado señala que cuando ingreso ya estaba “la tirazón”, lo que riñe con las máximas de la psicología, pues una persona que es ajena a los hechos no decidirá entrar a un lugar donde su vida está en riesgo, sino que optara por alejarse para resguarda su integridad; El acusado se contradice cuando señala que decide saltar el muro de atrás de la vivienda cuando inicio “la tirazón”, auncuando momentos había señalado que había ingresado cuando éste inicio.- Por lo expresado concuerda esta Sala de lo Penal con el Iudex, al señala que la declaración del acusado no es tal que haga descargo a la prueba aportada (f. 188 v.). Así las cosas, presenta la Censora como primer motivo de casación la violación del Principio Lógico de Tercero Excluido, pues es del criterio que la sentencia encierra dos proposiciones contrapuestas hechas por los Juzgadores, lo cual es incorrecto, debido a: 1. En los hechos declarados probados los juzgadores declaran que fue el acusado N. M., quien disparó al ofendido J. C C (f. 184 v.), sin que exista en la Valoración Probatoria afirmación que el acusado J. C C haya respondido a tales disparos usando el arma de fuego que había arrebatado a uno de sus agresores.- Se aprecia en el título “Valoraciónde la Prueba” la descripción que hacen los Juzgadores de lo dicho por el Testigo C, el cual señala que respondió a los disparos que se le hacían (F. 185), más los Juzgadores no asumieron esta parte de la declaración, pues en su valoración no hacen relación alguna a tal hecho (f. 186); 2. En el supuesto de queCensora, éstas no transgredirían el principio lógico de tercero excluido, pues no constituyen afirmaciones contradictorias y excluyentes entre sí; En una de ellas se describe que el acusado disparó al ofendido, y en la segunda (inexistente) se denuncia que el ofendido respondió a los disparos del acusado, lo que no son verdades distintas, sino que sería la segunda declaración más especifica que la primera, en caso de haber existido; La segunda manifestación se subsumiría en la primera, dejando entrever que ningún hecho es distinto, sino que en una de ellas se describiría lo que ocurrió a continuación de lo que manifiesta la otra; y 3. No existe perjuicio para el acusado en lo alegado en el primer motivo de casación, pues: primero no existe una declaración del órgano jurisdiccional hecha en la Valoración probatoria de que el ofendido haya respondido los disparos que se le hacían disparando a su vez con el arma que había arrebatado, y; segundo de haber sido así, de haber los Juzgadores declarado tal hecho, ello no se traduce en un perjuicio material pues lo relevante es que el acusado se encontraba en la vivienda, con el propósito de robar, portando un arma de fuego con la cual amenazó a las personas que encontró en el interior y que además uso contra el acusado cuando éste escapó de su aprisionamiento, lo que fue calificado por los Juzgadores como Homicidio Tentado, sin que el hecho de haber respondido a los disparos tuviese alguna incidencia en dicha calificación penal. En su segundo motivo la Censora hace reconocimiento que la presencia del acusado N.A. M., obedecía a un propósito de robo, más niega que éste haya realizado disparos en contra del ofendido J. C C; Ello corrobora que se trata de una coautoría, donde los cuatro aprehendidos, obedeciendo un plan previamente concebido, tenían como objetivo apropiarse de bienes ajenos que se encontraban en la vivienda, y al haber ingresado portando armas de fuego todos ellos o alguno de ellos, asumieron la eventual circunstancia de usar dicha/s arma/s para contrarrestar la defensa de los ocupantes, por lo que este hecho es parte de lo presupuestado y debe de ser imputado a todos ellos, aun cuando hubiese sido solo uno quien ejecutó la conducta (Teoría de la Co autoría), lo que efectivamente ocurrió, pues la totalidad de las personas que declararon (J. C C, M. J. H., N. Z. A, y el acusado N. M. A.), señalan que se dio varias detonaciones de armas de fuego (una tirazón según indicó el acusado), lo que únicamente pudieron haber hecho el acusado y sus acompañantes (todos ellos “ladrones” según indica la Censora).- Ahora bien específicamente sobre el reclamo, la Censora señala que el arma incautada al acusado no es compatible con los casquillos encontrados en el escenario del crimen y que por ello no puede afirmarse que éste haya disparado, lo que es un argumento que no toma en cuenta el tipo de arma que fue incautada a su representado: arma de fuego tipo revolver, calibre .38, misma que tiene un tambor con seis alveolos que alojan los cartuchos sin percutir y que mantienen los ya percutidos, a diferencia de las pistolas, conocidas popularmente como escuadras, las que de manera automática expulsan los cartuchos percutidos; es pues que los cartuchos percutidos de los disparos hechos por el acusado no cayeron al suelo y por ende no podrían ser encontrados en el escenario del hecho, sino que se encontraron en el arma, los que al ser analizados por el Perito en Balística se concluyó que efectivamente fueron disparados por ésta (f. 147), dando paso a afirmar que el acusado estaba en poder de un arma de fuego que había sido disparada en seis ocasiones a contar el número de cartuchos percutidos encontrados en ésta, derivando que dichos disparos fueron hechos por el acusado pues las máximas de la experiencia nos indica que ninguna persona optara por realizar un robo usando un arma de fuego con cartuchos percutidos, sumado el hecho de que los testigos identifican al acusado como una de las personas que disparo y en específico que disparo en contra del ofendido J. C C.- Por otra parte respecto a la prueba toxicológica (absorción atómica para detectar pólvora a detectar en manos del acusado), el Tribunal de Sentencia ha hecho relación que el acusado fue aprehendido alrededor de las 10:40 a.m., entretanto el hisopado fue realizado entre 07:00pm a 08:00 pm, según la propia versión del acusado, es decir una diferencia de 8:20 a 09:20 horas entre el hecho y la toma de las muestras, por lo que el resultado no puede ser calificado de confiable a considerar que durante dicho tiempo los residuos de pólvora pudieron desaparecer de las manos del acusado por efecto de lavado de manos, roce con ropa, sudor, etc., lo que convierte el resultado negativo no concluyente, reflexionando el Tribunal de Sentencia que la prueba testifical le merece confianza, desprendiendo de ésta que efectivamente fue el acusado quien disparó en contra del ofendido con plena intención de causarle muerte, descartando entonces la existencia de violación al Principio Lógico de derivación denunciado por la Censora.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."EL TERCER MOTIVO NO ES DE RECIBO.- Los documentos que aduce la Censora fueron indebidamente excluidos de valoración por parte del Tribunal de Sentencia, no tuvieron la calidad de medios probatorios y por tanto no podían ser objeto de valoración, ya que de hacerlo constituiría quebranto de lo mandado por el artículo 333 y 338 del Código Procesal Penal. Para dar respuesta es necesario hacer un análisis del artículo 311 del Código Procesal Penal que contempla, en su mayoría, las excepciones al Principio de Oralidad en el proceso penal.- De inicio es importante señalar que dicho precepto contempla cuatro supuestos (numerales del 1 al 4), mediante los cuales es permitido, de manera excepcional, la introducción por lectura de medios de prueba para efectos de ser valorados por el Tribunal de Sentencia; Cada uno de los supuestos establece que tipo de medio de prueba y las condiciones materiales que deben de presentarse para que dicha introducción sea válida.- En el caso de los numerales cinco(5) y seis (6), si bien está contenido en el mismo artículo, no constituyen excepciones a la oralidad, sino herramientas de valoración de prueba; Indican los numerales citados que apetición de parte interesada, el Tribunal de Sentencia ordenara la introducción por lectura de tres (3) tipos de medios de prueba: 1).- Los informes periciales realizados durante la etapa preparatoria; 2) las declaraciones que antes de la audiencia de debate haya rendido la persona acusada; y 3).- Las declaraciones testificales rendidas en etapas previas al debate; El objeto es hacer una comparación entre la declaración previa dada por el perito, acusado/a, perito o testigo con la hecha en la audiencia de debate y confrontar al compareciente para que explique sobre alguna contradicción en la que haya incurrido; Significa que son requisitos para que tal confrontación se realice: 1).- Que el perito, imputado/a o testigo se encuentre en la audiencia de debate deponiendo; 2).- Que haya rendido informe en el caso del perito, o declaración en el caso de testigos eimputado, de manera previa en una etapa anterior al proceso; y 3).- Que entre la información dada previamente por el compareciente con la dicha en el acto del debate se adviertan contradicciones de importancia para el caso que se Juzga y que sea necesario que sean aclaradas. La confrontación permite a los Juzgadores poder tener un trebejo más para valorar la credibilidad del testimonio que está presenciando en el debate; La información o declaración introducida por lectura no constituye medio de prueba, no puede ser objeto de valoración independiente, puesto que ésta solo es para efectos de confrontación, siendo la declaración que el compareciente realiza en la audiencia de debate y, en específico, las explicaciones que dé respecto a las contradicciones incurridas, lo que debe de ser analizado y valorado por el Tribunal de Sentencia. En el caso de marras consta en el acta que documenta la audiencia de debate que la defensa privada, al finalizar el interrogatorio de la testigo R. J. H., advirtió supuestas contradicciones con lo que había declarado anteriormente en la audiencia inicial, por lo que solicitó la introducción por lectura de aquella declaración para efectos de evidenciarlas; Este hecho la Censora lo ha confundido con la introducción de un nuevo medio probatorio, dando un alcance distinto al artículo 311.6 del Código Procesal Penal del que se ha explicado en el párrafo anterior, pues supone que la declaración introducida por lectura constituye otro medio de prueba independiente que debe de ser valorado, no siendo así, pues la introducción por lectura es solo para efectos de “que las partes puedan interrogar […] al testigo, sobre la contradicción apreciada entre ambas manifestaciones sucesivas”,es decir hacer la confrontación sobre dichos contradictorios y exigir del testigo explicación de ello, debiendo valorar el Tribunal de Sentencia si dichas explicaciones son satisfactorias o no, más nunca asumir que lo que se haya introducido por lectura es otro medio de prueba, pues éste no fue ofertado como tal por las partes en los momentos oportunos ni admitido como tal por el órgano jurisdiccional. Similar situación ocurre en cuanto al reclamo de inadmisión de la lectura de la declaración administrativa del Testigo J. C C, pues en principio no puede hablarse de exclusión de un medio de prueba cuando el documento que se pretende sea valorado nunca fue medio de prueba, dado que no fue propuesto así por ninguna de las partes en los momentos procesales oportunos ni admitido como tal por el Órgano Jurisdiccional; y además porque en el supuesto caso de haberse admitido tal lectura, ésta hubiese sido en el marco del artículo 311.6 cpp, es decir solo para efectos de contradicción y no para valoración independiente..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL A LOS VEINTISIETE (27) DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017).- El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán Garcíay José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncia: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, LA SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-374-2013 por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diez de enero de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló: Condenando al Señor N. A. M. A., por los delitos de: 1) homicidio en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de J. C C, a la pena de diez (10) años de reclusión; 2) Robo agravado en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de K. V. B. H., a la pena de cuatro (04) años cinco (05) meses y diez (10) días de reclusión; 3) Portación ilegal de armas, en perjuicio de la seguridad interior del estado de honduras, a la pena de tres (03) años de reclusión, así mismo lo condenó las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure las condenas principales.- No Condeno al encausadoen costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, la Abogada N. E. F. Q., actuando en su condición de Apoderada Defensora del señor N. A. M. A.. SON PARTES: La Abogada N. E. F. Q., Apoderada defensora privada del acusado N. A. M. A., en su condición de Recurrente y la Abogada E. P. B., agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrida. II.- HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA Primero: El veintitrés de Noviembre del año dos mil diez, siendo aproximadamente las diez de la mañana, mientras los señores J. C C Y O.A.R, pintaban la casa de la señora K. V. B., ubicada en la cuarta calle, tercera avenida, casa número 312, barrio barandillas de esta ciudad, ingresaron abruptamente por el portón principal de la citada casa cuatro sujetos, entre ellos N.A. M. A., y con armas de fuego los amenazaron, levándolos por la fuerza al interior de la vivienda, donde los amarraron de las manos, así como también a la señora M. R. J. H., empleada de la señora K. V. B. H., para recolectar todos los objetos de valor de la casa, momento en que el señor J. C C, logra desatarse de manos, y empujando a uno de los cuatro sujetos, logra arrebatarle el arma de fuego al ser visto por N.A. M.A., éste dispara contra la humanidad de J. C C, quien logra salir del lugar herido a la altura de la región supra clavicular y en la cara, siendo auxiliando por una patrulla de la policía que pasaba por el lugar de los hechos al escuchar las detonaciones de los disparos. Segundo: Al llegar los agentes policiales a la casa, encuentran varios artículos valiosos dispuestos para ser llevados por el señor N.A. M. A. y sus acompañantes, quienes se hallaban escondidos en una de las habitaciones de la vivienda, por lo que fueron capturados por la policía, encontrando en poder de N.A. M. A., una arma de fuego, revólver, calibre 38mm, marca amscor, serie A1053301, pavón color negro, cacha de plástico color negro y seis cartuchos percutidos, de lo cual no tenía permiso de la autoridad correspondiente para portarla.”. III.- RECURSO DE CASACIÓN.- MOTIVOS Y ARGUMENTOS Recurso De Casación Quebrantamiento De Forma. “Primer Motivo: Violación A Las Normas De La Sana Crítica En La Valoración De La Prueba. Infracción De Las Leyes De La Lógica. Principio Del Tercero Excluido. Precepto Autorizante: ART. 362.3 del Código Procesal Penal. Desarrollo Del Recurso. El contexto es un robo a hogar en la cual los perpetres amarran a los empleados del hogar. Así la impetración resulta de la dinámica de los hechos que declara la sentencia, en su título “hecho probado” que uno de los empleados doméstico, J. C C, desató el haz de sus manos, arrebató un arma a uno de los perpetres, pero que el imputado, N.A. M., le disparó con arma de fuego. Conclusión: Disparos en un solo sentido, imputado a víctima. Sin embargo, luego, la misma sentencia, título “valoración de la prueba”, punto “A”, abona plena credibilidad al testimonio a la víctima de los disparos, J. C C, que trastorna la dinámica del hecho probado ya dicta que sí devolvió fuego con el arma que arrebató. Así son ciertas dos versiones distintas Fuego en un solo sentido y fuego cruzado. Rescato el que la víctima disparó consiste en un acto autónomo de que el imputado haya disparado contra ella. Aquello no implica la ocurrencia de esto, ni viceversa. Por tanto, no hay una relación de derivación, conclusión-indicio, entre la sucesión del hecho probado (Disparos Imputados a Víctima) y el acto abonado en la valoración de la prueba (Fuego cruzado). Lo anterior se adolece para considerar los hechos decretados probados en la valoración de la prueba como complementos del hecho probado. (Art. 338 numeral 2 del código procesal penal). Así, lo que resta son versiones distintas entre el hecho probado y la valoración de la prueba. Enfatizo que pudo haber ocurrido el evento investigado de ambas maneras u de otras, pero el sentenciador debe ungir una como la cierta y desarrollarla unívocamente, tanto en el hecho probado, como en la valoración de la prueba. No puede ser cierto la versión que sólo el imputado disparó contra la víctima (hecho probado), y también que la víctima respondió el fuego (valoración de prueba). Ello constituye un quebranto de la sana crítica, en su forma de ley de la lógica del tercero excluido, también conocido como principio de contradicción. Me apoyo en el iter lógico del precedente sentado por ésta Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia: “El principio de tercero excluido sugiere que de dos proposiciones que se niegan entre sí, una es necesariamente falsa, por lo que la otra es necesariamente verdadera, de ahí que deba existir una congruencia entre los hechos probados y la prueba que lo respalda, en tal sentido, al estimar el Tribunal de sentencia que se da credibilidad al testigo C.F.F.H. quien en sus evaluaciones estimó que no es factible que el imputado se haya disparado él mismo, por la dinámica sugerida de la escena y habiendo el juzgador dado credibilidad a esta declaración, resulta contradictorio que luego exprese que no probó la acusación ese extremo, para luego reflejar un hecho probado contradictorio en donde se establece que la víctima sostenía el arma cuando la imputada la apartó y esta se disparó.[1]” (Lo resaltado es mío) La trascendencia de lo anterior, además de la agresión dicha, resulta que reduce la facultad recursiva que goza todo imputado. La defensa siempre debe circunstanciarse según la acusación. En una impugnación, según cuál sea la versión de la resolución, se determinará si cabe ataque, y de qué manera aplica. Si la sentencia certifica dos versiones distintas, el recurrente no conoce cuál prevalece, lo deberá figurar. Lo cual resulta en una indefensión ilegal.-Segundo Motivo: “Infracción A La Sana Crítica, Principio De Derivación. En su forma valoración aislada de medios de prueba, lo cual contraría el principio de derivación de la sana crítica. Precepto Autorizante: ART. 362.3 del código procesal penal. Desarrollo: El sentenciador falla la culpabilidad de mi representado en el delito de homicidio en su grado de tentativa, al fiarse en la versión de la prueba de los testigos M. J. Y. J. C. C, que versaron en tal sentido en juicio. Como motivo para abonar credibilidad, el sentenciador acusa que dicha versión no es contradicha por otra prueba. Esto es ficticio ya que existe evidencia objetiva que rebate lo dicho por los testigos, las cuales el tribunal no apreció y por tanto no confrontó a la versión testimonial. Estas pruebas las muestro en seguida. Primero, que el arma decomisada al acusado de tentativa de homicidio, no es del calibre de los casquillos hallados en la escena. Según los testigos en mención, la víctima recibe impactos de bala precisamente en la sala de la casa. Así según el acta no. 2092-2010, los casquillos hallados en el área de sala familiar son 45mm (Ver folio 43) y la pistola decomisada a mi representado es de .38 mm. Este dato, que se extrae de la prueba allegada, fue excluido de la valoración probatoria de la sentencia. La sentencia, en su análisis del acta de inspección referida, limita a explicar la existencia de casquillos en la escena del crimen, para corroborar la ocurrencia del delito. Sin embargo, aísla de su ejercicio estimativo, el calibre de estos en relación con el calibre del arma hallada a mi representado. Segundo, existe una prueba de absorción atómica tomada de las manos de N.A. M. con resultados negativos, lo cual también contrarresta la versión testimonial. Este medio de prueba sí fue sujeto a valoración por el tribunal, pero una valoración de manera aislada, toma a cuenta cierto dato y excluye otro. Se invalidó la prueba ya transcurren más de dos horas entre la toma de muestras (hisopado) y el disparo. La perito manifestó que esto entraña riesgo de que por roce de las manos en la superficie de prendas, o lavado de estas, se remueva los residuos de pólvora que pudieron generar un resultado positivo. A la vez, el sentenciador da por cierto que pasaron las dos horas, tomando ello de la declaración del imputado. Lo que excluyen es que según esa misma fuente, la declaración del imputado, a éste le arroparon las manos en bolsas de papel inmediatamente luego de su detención (ocurrida a su vez, inmediatamente luego del delito). Así toda posibilidad de roce o lavado (las contingencias que podrían invalidar la prueba, según la perito) queda impedida. Por ello, si se toma en cuenta esto último, no había mérito para invalidar de plano la prueba de absorción atómica. Sin embargo el sentenciador considera como veraz el paso de dos horas, sin embargo no recaba ni comenta sobre la circunstancia que las manos del examinado se mantuvieron envueltas en dicho lapso. Mediante tal valoración aislada concluyó la invalidez de la prueba de absorción atómica. Por otra parte, otra prueba cuyo contenido no fue incluido en la valoración, fue el acta de toma de muestras de la prueba de absorción. La sentencia dejó de apreciarla por revestirle el carácter de “prueba procesal” sin embargo, más allá de ese ambiguo concepto, el acta corrobora que cuando se realizó el hisopado, las manos de N.A. M. se hallan cubiertas en bolsas de papel. Esta información, luciente a partir de prueba válida, no fue siquiera objeto de remembranza en la sentencia. Entonces parangono el ejercicio estimativo que ejerció el A Quo y he puesto en manifiesto a la luz de la definición vía doctrina que ésta Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha marcado de infracción del principio lógico de la derivación: “En el presente caso, esta Sala estima que se ha puesto de manifiesto que el juzgador para llegar a dicha conclusión ha partido de una valoración aislada e incompleta de la prueba, así como de interpretaciones incongruentes y subjetivas. Por lo expuesto, esta Sala concluye que el Juzgador al valorar la prueba no ha aplicado correctamente las normas que sistematizan el debido razonamiento humano, específicamente de la regla lógica de derivación, que requiere de razón suficiente, al no haber logrado alcanzar fuerza de convicción incriminatoria de la prueba que ha sido legalmente incorporada al juicio.”[2] Resulta claro que el vicio doctrinal que la cita alude concurre también en el caso presente, en cada uno de los estimaciones que he puntualizado en éste motivo, ya que en ellas el A QUO hace una selección entre qué datos va a contabilizar para formular su ánimo de convicción, y que datos va a excluir. En fiel cumplimiento a las exigencias doctrinales de ésta Sala Penal de la CSJ, quien ha dictado, en cuanto al recurso de derivación lógica: “Es incompleta la censura sí se arguye violación a la regla de la lógica y dentro de esta el principio de derivación, si no se explica y se demuestra cual debió ser el razonamiento intelectivo apropiado para concluir que debió condenarse al imputado.[3]” Entonces, paso a revisión del acervo probatorio, y cómo la correcta interpretación incide sobre el sentido del fallo en término global. Primero, una valoración íntegra de la declaración del imputado, considerando el estado encubierto de sus manos, hubiera hecho que el resultado negativo no se invalide de plano, sino que al menos se coteje con la demás prueba. En tal orden, la primera prueba de apoyo de credibilidad es el acta de toma de muestras, que confirma el estado encubierto en que se halla las manos. Segundo, al sumarse la prueba con el hecho que no se halló casquillo u ojivo alguna de la pistola del acusado en la escena del crimen, le otorgaría vigor a la absorción atómica. Más importante, estas piezas de convicción, la absorción atómica y el resultado de la inspección de la escena del crimen, confluyen sobre la tesitura de la defensa, que no era N.A. quien disparó contra la víctima, sino uno de los otros ladrones que andaban también armados. (Cabe recordar que según el mismo hecho probado, eran cuatro los ladrones y también estaban armados). Y a ello súmase lo aludido en el tercer motivo del presente recurso por quebrantamiento de forma, que en audiencia inicial la testigo M. J. y J. C C (Ofendido), ambos habían rendido declaración previo al debate en el sentido que era otro de los ladrones, no mi representado, quien le disparó a J. C C. (Esto lo dirimo en el tercer motivo, pero lo menciono porque confluye con los vicios presentes en su incidencia sobre el fallo). Ello varía el sentido del fallo, dado que el propio sentenciador precisa que abonó credibilidad a estas versiones testimoniales por dos factores: Su coherencia y su carácter no rebatido. He desnudado que no hay coherencia, dado que los testigos mencionados que acusaron en juicio a mi representado, habían rendido declaración previa apuntando a otra persona distinta. A la vez su recuente está frontalmente rebatido por el acta de inspección de la escena del crimen y la prueba de absorción atómica. Así, los caracteres que generaron convicción al sentenciador, según la propia justificación de éste, están desvirtuados. Asimismo, una correcta valoración de la prueba que se mal estimo, provoca que la versión testimonial de cargo repruebe el estándar que vuestra Honorable Sala Corte Suprema de Justicia fija como referencia para abonar credibilidad a la prueba testimonial: “En cuanto a la credibilidad general ha de precisarse en primer término, si existe, o no algunas de las causas generales que la supriman: la mitomanía o tendencia a mentir, la ausencia de lucidez mental, la falta de serenidad para declarar. En cuanto a la credibilidad especial, el juez ha de basarse en las reglas generales de la sana crítica, en los antecedentes del testigo y sobre todo, en la correlación de los testimonios con las demás pruebas.”[4] (Énfasis propio) En el caso sub-lite, la versión testifical que señala a N.A. como autor de tentativa de homicidio no pasa uno de los dos rigores, ni goza coherencia interna, dado que uno de los testigos (M. J.) había en audiencia inicial dictado que otra persona por tanto. Y sobre todo, esta postura es rebatida por los hallazgos en la escena del delito (acta de inspección ocular) y la prueba de absorción atómica. Sin prejuzgar la causa, está claro que la versión testimonial rendida en juicio no bastaría para llegar a una sentencia condenatoria. Por ello la valoración aislada del motivo tercero incide de manera trascendental en el sentido del fallo, en cuanto a la tentativa de homicidio. Esta evidente, que sin ánimo de propiciar a una interpretación alternativa de la prueba, un correcto ejercicio valorativo sobre la prueba allegada goza de amplia probabilidad de revertir el fallo condenatorio.” “Tercer Motivo: Exclusión de Material Probatorio de Valor Decisivo Precepto Autorizante: Art. 362.2 y .3 del Código Procesal Penal. Desarrollo Del Tercer Motivo. La sentencia omite mención, dentro del inventario de prueba que cataloga como allegada, el acta de audiencia inicial del juicio que corre a folio 17 de los obrantes, la cual se incorporó al debate mediante lectura autorizada, en virtud del art. 311.6 del Procesal Penal, en tanto la declaración de la testigo M. J. resultó contradictoria a que dijo en debate, como consta la cuarta hoja del acta de juicio oral y público. La contradicción está constituida porque en el acta de audiencia inicial, M. J. señala a un menor de edad, de ropas distintas a la que usaba mi representado, como el autor de la tentativa de homicidio: “Después que J. C logró escapar, el menor ladrón disparó a J. C, ahí fue cuando iniciaron la gran tirazón los ladrones” Sin embargo, en juicio oral y público, dado que los menores de edad ya se han liberado y por tanto N.A. afronta el juicio solo, la testigo modifica a que era esto último el autor de la tentativa de homicidio. El acta de audiencia inicial, que plasmó la primera versión, no figura en la prueba vista según la sentencia, por tanto queda figurada la exclusión de medio de prueba que había sido debidamente incorporado en debate. (Reglón noveno, cuarta página del acta de juicio oral y público). El haber admitido la excepcional incorporación por lectura de testimonio manifiesto en acta, bajo el amparo del art. 311.6, muestra que el sentenciador en efecto apreció una contradicción entre lo plasmado en el acta excluida y la versión dicha en juicio por la misma testigo. Caso contrario hubiese rechazado la pretensión de admisión al amparo de tal artículo. Así queda manifiesto la existencia de la contradicción, aún a juicio del sentenciador. A la vez, se intentó incorporar al debate el acta de declaración en sede administrativa de la víctima, J. C. C, que describe “Uno era trigueño alto que andaba en camisa negra con un dibujo a rallas, él fue quien me disparó” (fol.47). Ello lo propusimos al tenor del art. 311.6, dado que resulta contradictorio, ya que la víctima en debate inculpa a mi representado, que es delgado y de tez blanca, de estatura baja, pelo castaño claro. Por tal contradicción pretendimos la inclusión, sin embargo el tribunal sentenciador dictaminó inadmisible a la causa en vista que no es declaración en sede jurisdiccional, por tanto carece credibilidad. Tal juicio hace una aplicación inversa de la Doctrina de esta Sala. La cual cito para su recta apreciación: “Con respecto a la incorporación por lectura al debate de declaraciones rendidas en sede administrativa, si bien el Código Procesal Penal establece que ello es posible, lo cierto es que estas declaraciones al ofrecerse sin la presencia de un defensor y al carecer de control jurisdiccional, coloca al indiciado en estado tal de vulnerabilidad de sus derechos, que no permite al momento de llegar al juicio oral y público, el grado de convicción de que las mismas han sido tomadas con la objetividad e imparcialidad que garanticen la defensa en juicio además de no garantizar el derecho a la igualdad y de controvertido, tanto es el estado de incertidumbre que representan tales declaraciones que la Constitución de la República les coloca un coto drástico al establecer en el artículo 88 que solo hará prueba la declaración rendida ante juez competente, en consecuencia, ante la dicotomía ofrecida entre la norma procesal y la Constitucional, destaca la supremacía de la primera,[5]” Denota la cita que su intención es proteger el derecho de defensa de contradicción y objetividad de la prueba. El valor es salvaguardar al imputado de que se le sojuzgue con un testimonio del cual no pudo defenderse. Sin embargo, estos carece de sentido cuando es la propia defensa la que busca incorporar la declaración en sede administrativa, como es el caso sub lite. La contradicción la ejerce la defensa contra la prueba de cargo, sin embargo cuando más bien ésta solicita que la prueba se incorpore, queda claro que el ejercicio de defensa técnica, contrario anteponer un contradictorio para desmentir el contenido, pretende poner de manifiesto el contenido de éste. Por tanto, no existen problemas de menoscabo a la defensa por no haber contradicción, ya que ésta más bien no interesaba a su postura. Por tanto carece de sentido tener como inadmisible la prueba por tal rigor, el dictarlo por ejercicio autómata de la doctrina. Así mismo, la ausencia de credibilidad, por falta de control jurisdiccional, es algo pertinente silo aqueja la contraparte, lo que sería la defensa contra las pruebas administrativas del Ministerio Público. En sentido también carece de sentido que el ministerio público sufra perjuicio porque se incorporó prueba que acusa de no creíble, cuando fue él mismo quien confecciona y allega al expediente dicha prueba. Tal coyuntura más bien entraña una deslealtad procesal: La parte acusa de poca credibilidad la prueba que ella misma valió. A la vez, la incorporación no implica per sé que el tribunal abona credibilidad a la declaración administrativa. Aún el mismo testigo, que está presente en el juicio, podría negar, aclarar o conciliar esa versión administrativa. Así el juez tomará de insumo toda ésta información, lo conjunta con la demás prueba, para así formular su ánimo de convicción sobre la credibilidad del testimonio. Por tanto, las preocupaciones de perjuicio a la defensa por ausencia de credibilidad no existen en el caso. Así el sentenciador, aplicó una línea doctrina de vuestra Sala Penal de CSJ, ordenada con motivo expreso de proteger el derecho de defensa, a la inversa: Se la aplicó en contra de la defensa. Esto dado que es obvio, que el hecho que la víctima cayó en contradicción en relación a la persona que acusa resulta vital para su posición de defensa. Así el sentenciador se valió de una doctrina que existe para cuidar a la defensa, más bien para amordazar el medio de prueba angular de ésta. Así sistemáticamente dejó en indefensión a alguien que está acusado de manera tendenciosa. Todo ello suma a que el acta de testimonio rendido en sede administrativa por el señor J. C. C debió ser admitida, ya que resultaba útil para llegar a la verdad material del caso, y por otro lado no hubo motivo sensato para excluirlo. Por tanto se figura una inadmisión ilegal de éste medio de prueba. Lo anterior resulta incidente en el fallo, dado que el sentenciador dictó probado la autoría de mi representado en la tentativa de homicidio por fiarse del testimonio de M. J. en conjunto con el de la víctima (J. C). Para a su vez justificar esta apreciación, el sentenciador hace énfasis en la coherencia de ambos testigos (Párrafo segundo, acápite C, título-valoración de la prueba, en la sentencia). Sin embargo, los vicios aquí expuestos, (la indebida exclusión del análisis del acta de audiencia inicial y la inadmisión ilegítima de la declaración del ofendido en sede administrativa,) desvirtúan esa alabada coherencia. Así que el elemento que el propio tribunal señaló como clave para haberse fiado de los testigos, la coherencia, resulta ser ficticia, producto de haber excluido de audiencia inicial incorporada al juicio oral. A ello aunase lo dicho en el motivo anterior, que existe un acta de inspección ocular cuyos hallazgos de casquillos no computan con el arma que portaba mi representado, y que la prueba de absorción atómica tomada de éste mismo, es válida y a la vez resultó negativa. Ante ello queda claro, que la suma de estos vicios fue lo que incidió en el fallo condenatorio por tentativa de homicidio, y al contrario, una correcta valoración deja latente la revocación de tal fallo. Medida Correctiva.- Dado que el vicio procesal de exclusión probatoria se manifiesta ex novo en la sentencia, no dispongo de medio correctivo sino el presente recurso. Medio De Prueba Con motivo que la sentencia muestra inconsistencias en relación con lo evacuado en debate, y a la vez se ha excluido un medio de prueba cuyo contenido es vital (defecto en procedimiento), propongo los siguientes medios probatorios, ambos obrantes en autos, al amparo del art. 368 del procesal penal: 1- Acta de Juicio Oral y Público, etapa debate.- Motivo Probatorio.- Mostrar la incorporación del acta de audiencia inicial mediante lectura autorizada, la cual no fue analizada ni mencionada en la sentencia recurrida. 2- Acta de declaración de Ofendido en Sede Administrativa, fol. 47.- Motivo.- Mostrar la contradicción que manifiesta en relación con la declaración rendida en debate, y por la cual se pidió y debió ser incorporada al juicio oral y público.”. IV.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

IV.I.- Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez debe de estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. IV.II.- Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la Abogada N.E.F.Q., apoderada defensora privada del acusado N. A. M. A..- Primer y Segundo Motivo. Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: No determinado por los Censores; Concepto de la Infracción: Violación de las Normas de la Sana Critica por: i).- Infracción al Principio Lógico del Tercero Excluido; e ii).- Infracción al Principio Lógico de Derivación; Acciones de saneamiento presentadas: Imposibilidad como consecuencia de que el vicio procesal se manifiesta en la sentencia; Pretensión: Revocar el fallo condenatorio. La Censora plantea dos motivos de casación en los que formula una misma clase de denuncia: la violación a las reglas de la sana critica, que rige el sistema de valoración probatoria conforme manda el Código Procesal Penal; Ante tales denuncia corresponde hacer un solo pronunciamiento que dé respuestaa los dos motivos que se han expuesto. En el primer motivo señala la Censora que existe infracción en la ley lógica de tercero excluido al haber formulado dos afirmaciones contradictorias; Explica que en el hecho probado se describe que J. C. C se desato de los amarres de sus manos para luego arrebatar el arma de fuego que uno de los perpetres portaba, lo que al ser visto por el acusado N. A. M, reacciona disparando a J. C. C, sin embargo en el apartado de Valoración de la Prueba, los Juzgadores describen que J. C. C disparó el arma de fuego que había obtenido hacia instantes por arrebato; Concluye la Censora que entonces se plantean dos verdades: en una de ellas los disparos son en un solo sentido (el acusado al ofendido), mientras que en otra describe un fuego cruzado (el acusado y ofendido recíprocamente).- Para la Censora lo anterior constituye un vicio relevante pues ante dos versiones distintas el recurrente (entendiéndose que se refiere a la persona acusada), no conoce cual prevalece, lo que le provoca indefensión. En segundo motivo, la Censora asevera que los Juzgadores infringieron el Principio de Derivación al declarar responsable al acusado de un delito de Homicidio Tentado, basado en las declaraciones de los testigos M. J. y J. C C, calificándolos como fiables y libres de contradicción, más ello no es así pues si existe prueba que rebate lo que aquellos informaron, siendo ésta: 1. Los Casquillos encontrados en el escenario del delito son de distinto calibre al arma incautada al acusado; y 2. La prueba de absorción atómica tomada de las manos del acusado N. A. M., arrojó un resultado negativo. Para la Censora la prueba rebate lo dicho por los testigos y demuestra que no fue el acusado quien disparo en contra del Señor J. C. C, “sino uno de los otros ladrones que andaban también armados”; Agrega que tanto la testigo M. J. como el testigo J. C C habían rendido declaración previa al debate, donde indicaron que “era otro de los ladrones” y no el acusado quien disparo al segundo. IV.II.I.- De las Reglas de la Sana Crítica Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”.- Al respecto, se ha señalado que “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la sana crítica; es éste último el que debe de observar el Juzgador Penal Hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala de lo Penal, en los fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, del Exp 194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011, contenido en el Exp 297-09, de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011 que resuelve el caso del Exp 125-2010, componen la Sana Crítica: 1).- Reglas de la Experiencia Común: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el Juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se Juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el Juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él por qué lo considera así; 2).- Las reglas de la Psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3).- Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando. Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. IV.II.II.- De la Procedencia del Primer y Segundo Motivo El Primer y Segundo Motivo No es de Recibo.- Para dar una respuesta a la Censora se requiere partir de los hechos que no fueron objeto de controversia entre las partes y sus respectivas posturas. Es de considerar en primer término la propia declaración del acusado: El Señor N. A. M. A., explicó que entro de último a la vivienda, que las personas que andaban con él ya habían entrado, éstos eran J. y W., quienes andaban armados; Que ingreso por la puerta principal y las personas de la casa ya estaban amarradas; Que cuando ingreso ya estaba “la tirazón”; Que se fue para la parte de atrás del muro donde lo capturo la policía, quienes le pusieron un arma; Que decide saltar al otro lado cuando comenzó “la tirazón”; Que la policía lo detuvo como a eso de las 10:40 a.m., que en ese momento le pusieron unas bolsas en las manos y que como a las 08:00 p.m. le pusieron unos hisopos. La versión del acusado, no controvertida, permite deducir que el día 21 de Noviembre de 2010, junto con tres personas más, ingresaron a una vivienda ubicada en la cuarta calle, tercera avenida del barrio Barandillas de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes; en donde todos ellos (cuatro personas), fueron aprehendidos después de darse un tiroteo dentro del inmueble.- En cuanto el propósito del ingreso de la vivienda, es claro que éste fue el de apoderarse de bienes muebles ajenos mediante intimidación y violencia, así determinado por el Tribunal de Sentencia mediante las declaraciones testificales de los Señores J. C C y M.R. J., quienes se encontraban en el interior de la vivienda, sometidos mediante armas de fuego, llevados a la sala donde fueron amarrados de sus manos, siendo vigilados por dos de los invasores mientras que otros dos recolectaban objetos de valor dentro de la vivienda.- El acusado señala que cuando ingreso ya estaban las personas amarradas, lo cual es una versión a la cual no puede darse crédito, pues se trata de cuatro personas que de manera sorpresiva ingresan a la vivienda, neutralizando a sus ocupantes, repartiéndose funciones entre vigilancia y búsqueda, lo que denota un plan previamente concebido para su ejecución, asumiendo todos y cada uno de ellos, las acciones de los otros y en definitiva el resultado final (COAUTORIA); El acusado señala que cuando ingreso ya estaba “la tirazón”, lo que riñe con las máximas de la psicología, pues una persona que es ajena a los hechos no decidirá entrar a un lugar donde su vida está en riesgo, sino que optara por alejarse para resguarda su integridad; El acusado se contradice cuando señala que decide saltar el muro de atrás de la vivienda cuando inicio “la tirazón”, auncuando momentos había señalado que había ingresado cuando éste inicio.- Por lo expresado concuerda esta Sala de lo Penal con el Iudex, al señala que la declaración del acusado no es tal que haga descargo a la prueba aportada (f. 188 v.). Así las cosas, presenta la Censora como primer motivo de casación la violación del Principio Lógico de Tercero Excluido, pues es del criterio que la sentencia encierra dos proposiciones contrapuestas hechas por los Juzgadores, lo cual es incorrecto, debido a: 1. En los hechos declarados probados los juzgadores declaran que fue el acusado N. M., quien disparó al ofendido J. C C (f. 184 v.), sin que exista en la Valoración Probatoria afirmación que el acusado J. C C haya respondido a tales disparos usando el arma de fuego que había arrebatado a uno de sus agresores.- Se aprecia en el título “Valoraciónde la Prueba” la descripción que hacen los Juzgadores de lo dicho por el Testigo C, el cual señala que respondió a los disparos que se le hacían (F. 185), más los Juzgadores no asumieron esta parte de la declaración, pues en su valoración no hacen relación alguna a tal hecho (f. 186); 2. En el supuesto de que ambas declaraciones existiesen, tal y como lo denuncia la Censora, éstas no transgredirían el principio lógico de tercero excluido, pues no constituyen afirmaciones contradictorias y excluyentes entre sí; En una de ellas se describe que el acusado disparó al ofendido, y en la segunda (inexistente) se denuncia que el ofendido respondió a los disparos del acusado, lo que no son verdades distintas, sino que sería la segunda declaración más especifica que la primera, en caso de haber existido; La segunda manifestación se subsumiría en la primera, dejando entrever que ningún hecho es distinto, sino que en una de ellas se describiría lo que ocurrió a continuación de lo que manifiesta la otra; y 3. No existe perjuicio para el acusado en lo alegado en el primer motivo de casación, pues: primero no existe una declaración del órgano jurisdiccional hecha en la Valoración probatoria de que el ofendido haya respondido los disparos que se le hacían disparando a su vez con el arma que había arrebatado, y; segundo de haber sido así, de haber los Juzgadores declarado tal hecho, ello no se traduce en un perjuicio material pues lo relevante es que el acusado se encontraba en la vivienda, con el propósito de robar, portando un arma de fuego con la cual amenazó a las personas que encontró en el interior y que además uso contra el acusado cuando éste escapó de su aprisionamiento, lo que fue calificado por los Juzgadores como Homicidio Tentado, sin que el hecho de haber respondido a los disparos tuviese alguna incidencia en dicha calificación penal. En su segundo motivo la Censora hace reconocimiento que la presencia del acusado N.A. M., obedecía a un propósito de robo, más niega que éste haya realizado disparos en contra del ofendido J. C C; Ello corrobora que se trata de una coautoría, donde los cuatro aprehendidos, obedeciendo un plan previamente concebido, tenían como objetivo apropiarse de bienes ajenos que se encontraban en la vivienda, y al haber ingresado portando armas de fuego todos ellos o alguno de ellos, asumieron la eventual circunstancia de usar dicha/s arma/s para contrarrestar la defensa de los ocupantes, por lo que este hecho es parte de lo presupuestado y debe de ser imputado a todos ellos, aun cuando hubiese sido solo uno quien ejecutó la conducta (Teoría de la Co autoría), lo que efectivamente ocurrió, pues la totalidad de las personas que declararon (J. C C, M. J. H., N. Z. A, y el acusado N. M. A.), señalan que se dio varias detonaciones de armas de fuego (una tirazón según indicó el acusado), lo que únicamente pudieron haber hecho el acusado y sus acompañantes (todos ellos “ladrones” según indica la Censora).- Ahora bien específicamente sobre el reclamo, la Censora señala que el arma incautada al acusado no es compatible con los casquillos encontrados en el escenario del crimen y que por ello no puede afirmarse que éste haya disparado, lo que es un argumento que no toma en cuenta el tipo de arma que fue incautada a su representado: arma de fuego tipo revolver, calibre .38, misma que tiene un tambor con seis alveolos que alojan los cartuchos sin percutir y que mantienen los ya percutidos, a diferencia de las pistolas, conocidas popularmente como escuadras, las que de manera automática expulsan los cartuchos percutidos; es pues que los cartuchos percutidos de los disparos hechos por el acusado no cayeron al suelo y por ende no podrían ser encontrados en el escenario del hecho, sino que se encontraron en el arma, los que al ser analizados por el Perito en Balística se concluyó que efectivamente fueron disparados por ésta (f. 147), dando paso a afirmar que el acusado estaba en poder de un arma de fuego que había sido disparada en seis ocasiones a contar el número de cartuchos percutidos encontrados en ésta, derivando que dichos disparos fueron hechos por el acusado pues las máximas de la experiencia nos indica que ninguna persona optara por realizar un robo usando un arma de fuego con cartuchos percutidos, sumado el hecho de que los testigos identifican al acusado como una de las personas que disparo y en específico que disparo en contra del ofendido J. C C.- Por otra parte respecto a la prueba toxicológica (absorción atómica para detectar pólvora a detectar en manos del acusado), el Tribunal de Sentencia ha hecho relación que el acusado fue aprehendido alrededor de las 10:40 a.m., entretanto el hisopado fue realizado entre 07:00pm a 08:00 pm, según la propia versión del acusado, es decir una diferencia de 8:20 a 09:20 horas entre el hecho y la toma de las muestras, por lo que el resultado no puede ser calificado de confiable a considerar que durante dicho tiempo los residuos de pólvora pudieron desaparecer de las manos del acusado por efecto de lavado de manos, roce con ropa, sudor, etc., lo que convierte el resultado negativo no concluyente, reflexionando el Tribunal de Sentencia que la prueba testifical le merece confianza, desprendiendo de ésta que efectivamente fue el acusado quien disparó en contra del ofendido con plena intención de causarle muerte, descartando entonces la existencia de violación al Principio Lógico de derivación denunciado por la Censora. IV.III.- Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la Abogada N. E. F. Q., apoderada defensora privada del acusado N. A. M. A..- Tercer Motivo. Normas Autorizantes Citadas por los Censores: Artículo 362 numeral 2 y 3 del Código Procesal Penal; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: No determinado por los Censores; Concepto de la Infracción: Exclusión de Material Probatorio de Valor Decisivo; Acciones de saneamiento presentadas: Imposibilidad como consecuencia de que el vicio procesal se manifiesta en la sentencia; Pretensión: Que se revoque la sentencia recurrida. Señala la Censora que la sentencia omite hacer mención del acta de la audiencia inicial que se incorporó al debate mediante lectura autorizada al amparo del artículo 311.6, que evidencia la contradicciones en que incurrió la testigo M. J., al señalar que fue una persona distinta al acusado la que disparó al Señor J. C C, más en la audiencia de debate señalo que había sido el acusado dicha persona.- Agrega que se intentó incorporar además la declaración administrativa del ofendido J. C C, donde declara algo distinto a lo señalado en la audiencia de debate, más la solicitud fue denegada por el Tribunal de Sentencia. IV.III.I.- De la Exclusión de Prueba de Valor Decisivo. El Proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido Proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del Código Procesal Penal), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del Código Procesal Penal), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben de reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del Código Procesal Penal) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del Código Procesal Penal) o como auto para mejor proveer (Segunda parte del Art. 333 del Código Procesal Penal) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictara sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe de ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del Código Procesal Penal), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de éstos vicios el previsto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando en la sentencia indebidamente se “… excluya […] alguna prueba de valor decisivo”. Existe Indebida Exclusión de Prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba indebidamente excluido posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así, el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario, aun cuando la exclusión sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. IV.III.II.- De la Procedencia del Tercer Motivo El Tercer Motivo No es de Recibo.- Los documentos que aduce la Censora fueron indebidamente excluidos de valoración por parte del Tribunal de Sentencia, no tuvieron la calidad de medios probatorios y por tanto no podían ser objeto de valoración, ya que de hacerlo constituiría quebranto de lo mandado por el artículo 333 y 338 del Código Procesal Penal. Para dar respuesta es necesario hacer un análisis del artículo 311 del Código Procesal Penal que contempla, en su mayoría, las excepciones al Principio de Oralidad en el proceso penal.- De inicio es importante señalar que dicho precepto contempla cuatro supuestos (numerales del 1 al 4), mediante los cuales es permitido, de manera excepcional, la introducción por lectura de medios de prueba para efectos de ser valorados por el Tribunal de Sentencia; Cada uno de los supuestos establece que tipo de medio de prueba y las condiciones materiales que deben de presentarse para que dicha introducción sea válida.- En el caso de los numerales cinco(5) y seis (6), si bien está contenido en el mismo artículo, no constituyen excepciones a la oralidad, sino herramientas de valoración de prueba; Indican los numerales citados que apetición de parte interesada, el Tribunal de Sentencia ordenara la introducción por lectura de tres (3) tipos de medios de prueba: 1).- Los informes periciales realizados durante la etapa preparatoria; 2) las declaraciones que antes de la audiencia de debate haya rendido la persona acusada; y 3).- Las declaraciones testificales rendidas en etapas previas al debate; El objeto es hacer una comparación entre la declaración previa dada por el perito, acusado/a, perito o testigo con la hecha en la audiencia de debate y confrontar al compareciente para que explique sobre alguna contradicción en la que haya incurrido; Significa que son requisitos para que tal confrontación se realice: 1).- Que el perito, imputado/a o testigo se encuentre en la audiencia de debate deponiendo; 2).- Que haya rendido informe en el caso del perito, o declaración en el caso de testigos eimputado, de manera previa en una etapa anterior al proceso; y 3).- Que entre la información dada previamente por el compareciente con la dicha en el acto del debate se adviertan contradicciones de importancia para el caso que se Juzga y que sea necesario que sean aclaradas. La confrontación permite a los Juzgadores poder tener un trebejo más para valorar la credibilidad del testimonio que está presenciando en el debate; La información o declaración introducida por lectura no constituye medio de prueba, no puede ser objeto de valoración independiente, puesto que ésta solo es para efectos de confrontación, siendo la declaración que el compareciente realiza en la audiencia de debate y, en específico, las explicaciones que dé respecto a las contradicciones incurridas, lo que debe de ser analizado y valorado por el Tribunal de Sentencia. En el caso de marras consta en el acta que documenta la audiencia de debate que la defensa privada, al finalizar el interrogatorio de la testigo R. J. H., advirtió supuestas contradicciones con lo que había declarado anteriormente en la audiencia inicial, por lo que solicitó la introducción por lectura de aquella declaración para efectos de evidenciarlas; Este hecho la Censora lo ha confundido con la introducción de un nuevo medio probatorio, dando un alcance distinto al artículo 311.6 del Código Procesal Penal del que se ha explicado en el párrafo anterior, pues supone que la declaración introducida por lectura constituye otro medio de prueba independiente que debe de ser valorado, no siendo así, pues la introducción por lectura es solo para efectos de “que las partes puedan interrogar […] al testigo, sobre la contradicción apreciada entre ambas manifestaciones sucesivas”,es decir hacer la confrontación sobre dichos contradictorios y exigir del testigo explicación de ello, debiendo valorar el Tribunal de Sentencia si dichas explicaciones son satisfactorias o no, más nunca asumir que lo que se haya introducido por lectura es otro medio de prueba, pues éste no fue ofertado como tal por las partes en los momentos oportunos ni admitido como tal por el órgano jurisdiccional. Similar situación ocurre en cuanto al reclamo de inadmisión de la lectura de la declaración administrativa del Testigo J. C C, pues en principio no puede hablarse de exclusión de un medio de prueba cuando el documento que se pretende sea valorado nunca fue medio de prueba, dado que no fue propuesto así por ninguna de las partes en los momentos procesales oportunos ni admitido como tal por el Órgano Jurisdiccional; y además porque en el supuesto caso de haberse admitido tal lectura, ésta hubiese sido en el marco del artículo 311.6 cpp, es decir solo para efectos de contradicción y no para valoración independiente. V.- DECISIÓN No ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus tres motivos.- VI.- POR TANTO LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, DECIDE: PRIMERO: Declara No ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en sustres Motivos, interpuesto por la Abogada N. E. F. Q., apoderada defensora privada del acusado N. A. M. A.; SEGUNDO: Declarar FIRME Y EJECUTABLE la Sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes (f. 183), de fecha diez (10) de Enero de dos mil trece (2013), en la cual se declara la responsabilidad penal del Señor N. A. M. A., como autor directo de un delito tentado de Homicidio, en perjuicio del Señor J. C C; como autor directo de un delito tentado de Robo, en perjuicio de la Señora K. V. B. H.; y como autor directo de un delito consumado de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras.- Y MANDA: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE.- FIRMA Y SELLO.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado Coordinador.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- Receptor Adscrito.- Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de abril del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-374-2013.

JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

[1]Sentencia de fecha veintidós de septiembre del año dos mil once, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal N° SP-329-2009.

[2]Sentencia de fecha veintinueve de septiembre del año dos mil once, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal N° SP-315-2010.

[3]Sentencia de fecha treinta días del mes de noviembre de dos mil once

[4]Sentencia de fecha veintinueve de septiembre de dos mil nueve, recaída en el Recurso de

[5]Sentencia de fecha dos de noviembre del año dos mil once, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal N° SP-342-2009.