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Sentencia CP-370-13 — Registro 17371

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la salud de la Población del Estado de Honduras, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...Motivación Fáctica o Jurídica Insuficiente: Se presenta en los casos en que los juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo. Son ejemplos de este vicio cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del por que éstas están vinculadas al caso concreto y del por que, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables. 2.- A criterio de la censora los juzgadores no dieron a conocer de manera suficiente el por que de sus razones para emitir la decisión, sin embargo, la Sala de lo Penal, habiendo realizado un examen de la sentencia, ha podido constatar que la misma desarrolla de manera amplia los razonamientos de valoración de los medios de prueba en cuatro apartados que apoyan la decisión adoptada en la parte resolutiva consistente en la condena del señor Sergio Enrique Perdomo Leiva por la comisión de los delitos de Facilitación de Local para el Trafico Ilícito de Drogas y Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial en perjuicio de La Salud Pública y La Seguridad Interior del Estado de Honduras respectivamente. Los juzgadores no solo valoraron la prueba de manera individual, sino que en cada apartado hacen la relación de otros medios de prueba (documentales y periciales), lo que en suma constituyó una valoración conjunta, concluyéndose que existe suficiente motivación fáctica en la sentencia impugnada y por lo tanto el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo debe ser declarado sin lugar..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días de septiembre del año dos mil diecisiete. El pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de Coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez ha pronunciado EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La sentencia en el Recurso de Casación SP 370-2013 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha nueve de abril de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: 1) Absolviendo al señor SERGIO ENRIQUE PERDOMO LEIVA, del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la niñSalud de la Población del Estado de Honduras; 2) Condenando al señor SERGIO ENRIQUE PERDOMO LEIVA, por el delito de Facilitación de Local para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, a la pena de seis (06) años de reclusión, y una multa de cincuenta mil lempiras (L.50,000.00); 3) Condenando al señor SERGIO ENRIQUE PERDOMO LEIVA, por el delito de Posesión Ilegal de Armas de Fuego Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres (03) años de reclusión, mas las penas accesorias de inhabilitación absoluta, inhabilitación especial e interdicción civil.- 4) No condenando al encausado en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio.- Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma, la abogada Ada Maribel Domínguez, actuando en su condición de defensora pública del señor Sergio Enrique Perdomo Leiva. SON PARTES: La Abogada Ada Maribel Domínguez, actuando en su condición de defensora pública del señor Sergio Enrique Perdomo, como parte recurrente y la Abogada Maria Blascina Pineda Sánchez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. I. HECHO PROBADO “PRIMERO: El día cuatro de septiembre de dos mil once, como a eso de las once de la mañana, varios agentes de la Policía Preventiva y de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, que realizaban un operativo a inmediaciones de la colonia Municipal, de la ciudad de La Lima, departamento de Cortés, observaron que el señor SERGIO ENRIQUE PERDOMO LEIVA, se conducía en una motocicleta, color rojo, en dirección a ellos y al darse cuenta de la presencia policial, realizó una maniobra para eludirlos, volviendo hacia donde provenía, por lo que fue seguido por los pálidas, que lo vieron cuando ingresaba al apartamento número tres de una cuartería situada en la misma colonia Municipal, razón por la cual los policías llegaron a ese apartamento y con autorización del señor SERGIO ENRIQUE PERDOMO LEIVA, entraron al mismo apartamento, donde hallaron dos armas de fuego de uso comercial, en buen estado de funcionamiento mecánico-operativo, con capacidad de disparo, relacionadas así: una, marca Smith & Wesson, tipo revólver, calibre 5 & W .357 Magnum, con cacha de madera, serie CCV1O69, modelo 65-6 y la otra, marca Colt. tipo pistola, modelo Commander, automática, calibre .45 mm, con cacha de madera color café, serie 31809 LW, de las cuales el señor SERGIO ENRIQUE PERDOMO LEIVA, no tenía permiso de la autoridad competente para poseerlas; y un artefacto parecido a una de arma de fuego, con las siguientes características: marca Smith & Wesson, tipo revólver, con cacha de madera color café, con tambor, serie SEIE 312895, con seis proyectiles sin percutir, de la cual, no se acreditó que realmente es arma de fuego, pues no fue objeto de la pericia respectiva, dos bolsas plásticas, una color negro, conteniendo en su interior marihuana y la otra color rosado, conteniendo veintiún bolsitas plásticas con marihuana, haciendo un total de 237 gramos”. II. RECURSO DE CASACIÓN “RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, DE LA MANERA SIGUIENTE: EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. “MOTIVO ÚNICO: La sentencia carece de motivaciones fácticas suficientes que justifiquen el fallo al que el Tribunal ha llegado. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Los juzgadores al momento de emitir su sentencia, fundamentan su fallo condenatorio en hechos que resultan insuficientes para imputarle a mi representado los delitos antes enunciados. PRIMERO: Al analizarse el contenido de la sentencia, se puede concluir que a mi defendido le ha sido atribuida a su propiedad una morada que no pudo ser acreditada que le perteneciese o que alquilase dicho lugar. Por el contrario, en el juicio, el único medio probatorio que acreditó que la propiedad, donde se encontraron los elementos del delito, no era de mi defendido fue la presentada por esta Defensa. Para una mejor descripción citamos textualmente el contenido de la sentencia donde se encuentra el vicio que motiva el presente recurso de casación: “VALORACIÓN DE LA PRUEBA.- PRIMERO… SEGUNDO… TERCERO… CUARTO: Se evacuó la prueba testifical, consistente en la declaración del testigo DONIS EDILBERTO REYES SANDERS, quien manifestó que el día de los hechos, él se encontraba almorzando en el apartamento número cuatro, de la cuartería de don Joel, color blanco, ubicada en la colonia Municipal, calle principal, a mano derecha, de la ciudad de La Lima, departamento de Cortés, que era donde él vivía, cuando llegaron los policías, los que registraron todos los apartamentos de la cuartería, capturaron a SERGIO ENRIQUE PERDOMO LEIVA, a un hermano suyo, o sea del testigo, y al testigo mismo y los llevaron a la posta policial de La Lima, departamento de Cortés, además que SERGIO ENRIQUE PERDOMO LEIVA, cuando ocurrieron los hechos, no vivía en la cuartería mencionada, sino que vivía como a cuatro cuadras de la misma.- El Tribunal considera que la anterior declaración testifical no aporta nada en relación con los hechos, sólo establece que los Agentes de Policía se presentaron al apartamento del señor SERGIO ENRIQUE PERDOMO LEIVA, sin dar fe de lo ocurrido en el interior del mismo, consecuentemente de su declaración no se desprenden elementos que descarguen la responsabilidad del acusado en los hechos que le ha atribuido el Ministerio Público (lo resaltado es nuestro).” Como claramente se puede apreciar, la valoración del Tribunal con respecto al testigo de descargo es atribuir que con su declaración se desprende que el lugar de los hechos era propiedad de mi defendido cuando en realidad, el testigo indica lo contrario, que el señor SERGIO ENRIQUE PERDOMO LEIVA no vivía en ese lugar, sino cuatro cuadras atrás. De ahí que, los elementos encontrados en dicho lugar (la droga y las armas decomisadas), no pertenecen al señor SERGIO ENRIQUE PERDOMO LEIVA. Otorgamos gran importancia a este elemento pues, debido a que no hubo investigación adicional alguna para poder acreditar a quién pertenecían estos objetos, el Tribunal fundamenta la configuración de los delitos por los que se condenó a mi patrocinado, sobre la base que en el cuarto del apartamento antes referido, vivía mi representado. SEGUNDO: Agregado a lo anterior, es importante citar parte del enumerado primero de la Valoración de la Prueba que literalmente indica: CCA. Autorización de Ingreso a Vivienda, la cual acredita que el señor SERGIO ENRIQUE PERDOMO LEIVA, autorizó a los Agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, para que ingresaran y efectuaran registro en su vivienda, ubicada en el apartamento número tres, cuartería color blanco, de don Joel, colonia Municipal, calle principal, a mano derecha, de la ciudad de La Lima, departamento de Cortés.- El Tribunal confiere credibilidad al medio de prueba anterior, por haberse realizado por el Agente de investigación KEVIN TÁBORA, del que no se acreditó interés en el juicio, el cual además, no fue refutado en debate por otro medio de prueba, con el que se acredita que el señor SERGIO ENRIQUE PERDOMO LEIVA, vivía en dicho apartamento y que al haber firmado el referido documento, físicamente sí se encontraba en el mismo (lo resaltado es nuestro). Es menester, mencionar que nuestra normativa penal adjetiva, permite que este tipo de documentos sean firmados, en este caso, por el dueño del apartamento, quien habite el cuarto referido o hasta por una persona que no habite el lugar pero que se encuentre en el mismo (situación en la cual se halla el señor SERGIO ENRIQUE PERDOMO LEIVA). Por lo que, no se puede atribuir la propiedad de un local derivado de una autorización de Ingreso a Vivienda. De ahí que como correctamente indica el Tribunal, mi defendido por una situación especial, se encontraba dentro de dicha habitación, pero ésta no era de su propiedad. La situación especial se refiere al actual temor fundado y generalizado que siente la población con respecto a los Agentes Policiales, lo que aunado a la información que proporcionan los medios de comunicación, provocan que mi representado intente eludir un operativo policial, refugiándose en el lugar más cercano y disponible posible. De ahí que el señor SERGIO ENRIQUE PERDOMO LEIVA haya autorizado la entrada al apartamento a los Agentes Policiales, pues, ya que el cuarto en mención no es de su propiedad, él no conocía qué había en su interior, por lo que de buena fe les permite el ingreso. Siguiendo con el análisis del extracto citado, resaltamos que el Tribunal, sabiendo que dicho documento es demasiado débil para acreditar la propiedad de una persona, indica que le atribuye a mi representado este local porque no hay otro elemento de prueba que acredite lo contrario. Pero, como se refirió en el primer enumerado de la explicación que motiva el presente recurso de casación, efectivamente, sí se presentó otro elemento probatorio para refutar ese aspecto, consistente en la declaración testifical de uno de las personas que sí habita en estos apartamentos, quien claramente afirma que mi representado no vive en ese lugar. Por todo lo expuesto, esta Defensa considera que la sentencia carece de motivaciones fácticas suficientes que deriven en el fallo condenatorio contra mi defendido, pues como ya se detalló, no hay elementos de prueba suficientes que comprueben que el local, la droga y las armas encontradas dentro de él, perteneciesen a mi representado; es más, lo que sí se presentó y que no pudo ser desvirtuado por el Ministerio Público fue un elemento de prueba confiable, como ser una persona que efectivamente vive en el referido apartamento, que afirmó que el señor SERGIO ENRIOUE PERDOMO LEIVA no vivía ahí. Por lo que al no haber suficientes elementos probatorios, los jueces debieron ajustarse a lo que indica el artículo 339 del Código Procesal Penal, dictando un fallo absolutorio. Finalmente, aclaramos que esta Defensa no ha podido efectuar previamente reclamación alguna para la subsanación del motivo en cuestión, por haberse producido el vicio in procedendo, en el acto mismo de sentenciar. Con base a ello, respetuosamente, solicito que se case el fallo recurrido, y se proceda conforme a derecho”. III. FUNDAMENTACIÓN JURIDICA 1.- En procura de dar respuesta a lo planteado, es imperativo definir que es motivación y de ello poder deducir cuando hay carencia de motivación o insuficiencia de motivación. El artículo 141 del Código Procesal Penal señala que la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. El artículo citado establece que no reemplazará a la motivación, la simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o trascripción de preceptos legales. Ampliando lo anterior, el Código Iberoamericano de Ética Judicial, en su Capítulo III de la Parte I, del Artículo 18 al 27, señala “la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del juez(a), el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales, señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión, indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria. El Código Iberoamericano de Ética Judicial además establece que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el juez(a) ejerza un poder discrecional, recalca que el juez(a) debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de Derecho: a).- En materia de hechos: debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto; b).- En materia de Derecho: no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe señalar por que una norma legal debe regir un caso concreto; Añade además que la motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, o a las razones producidas por los jueces que hayan conocido antes del asunto, siempre que sean relevantes para la decisión a tomar. En todos los casos, señala el Código referido, las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas.- En resumen indica que la motivación debe observar las siguientes características: expresa, clara, completa, legitima y respetuosa de la sana critica”. Es importante recordar que las sentencias son la forma de comunicación entre el Juez y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas a esta última de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el Juez defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado, finalmente la sentencia concluye con el conflicto surgido tras la denuncia de violación o inobservancia de la ley, pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas –condenatoria y absolutoria- que le han presentado las partes. Con lo expuesto es posible derivar cuando existe carencia de motivación fáctica o jurídica y cuando tales motivaciones son insuficientes: A) Carencia de Motivación Fáctica o Jurídica: Acontece cuando la sentencia no contiene ninguna motivación fáctica o ninguna motivación jurídica, es decir la total omisión de fundamento probatorio o jurídico y con ello se produce el desconocimiento de las partes y del público en general, del por que los juzgadores tomaron la decisión final, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario; B) Motivación Fáctica o Jurídica Insuficiente: Se presenta en los casos en que los juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo. Son ejemplos de este vicio cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del por que éstas están vinculadas al caso concreto y del por que, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables. 2.- A criterio de la censora los juzgadores no dieron a conocer de manera suficiente el por que de sus razones para emitir la decisión, sin embargo, la Sala de lo Penal, habiendo realizado un examen de la sentencia, ha podido constatar que la misma desarrolla de manera amplia los razonamientos de valoración de los medios de prueba en cuatro apartados que apoyan la decisión adoptada en la parte resolutiva consistente en la condena del señor Sergio Enrique Perdomo Leiva por la comisión de los delitos de Facilitación de Local para el Trafico Ilícito de Drogas y Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial en perjuicio de La Salud Pública y La Seguridad Interior del Estado de Honduras respectivamente. Los juzgadores no solo valoraron la prueba de manera individual, sino que en cada apartado hacen la relación de otros medios de prueba (documentales y periciales), lo que en suma constituyó una valoración conjunta, concluyéndose que existe suficiente motivación fáctica en la sentencia impugnada y por lo tanto el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo debe ser declarado sin lugar. IV. DECISIÓN El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por la defensora pública del señor Sergio Enrique Perdomo debe ser desestimado. V. RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los Artículos 303, 304, 316 párrafo segundo, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformado de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362.3 del Código Procesal Penal. FALLA: Declarar No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Defensa del procesado Sergio Enrique Perdomo. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes.-NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado Coordinador.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-370-2013.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

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