Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-361-13 — Registro 9167

Resumen

De oficio declara invalida la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal por adolecer de manera manifiesta de vicios in procedendo que dan lugar al Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que la Sentencia de fecha tres (3) de Diciembre de dos mil diez (2010) dictada por la entonces Corte de Apelaciones Penal de la sección judicial de San Pedro Sula departamento de Cortés, manifiestamente adolece de vicios in procedendo, que se enmarcan en el supuesto del artículo 416.2 del Código de Procedimientos Penales, por lo que en base al artículo 956 del Código de Procedimientos Comunes, en relación con el artículo 420 del Código de Procedimientos Penales, procede declarar su invalidez. CONSIDERANDO: Al proceder esta Sala de lo Penal a anular la sentencia dictada en fecha cinco de septiembre del dos mil trece, por la Corte de Apelaciones Penal de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en respeto a la logicidad y coherencia que debe guardar toda Sentencia Penal, debe invalidar de igual manera, la decisión de absolución  que dicha Corte de Apelaciones había decretado a favor de los acusados J. A. C. L., E. M. G. M. y R. M. S., a pesar que los recurrentes no han presentado impugnación contra éstos. Debemos recordar que, uno de los efectos de la nulidad es retrotraer el proceso, al hecho, actuación o procedimiento en que se produjo el vicio, por tanto, resultaría contradictorio anular un fallo y al mismo tiempo dejarlo vigente para ciertos procesados; esta decisión en ningún momento se traduce en infracción a la Prohibición de Reforma Peyorita (Non Reformatio in Pejus), pues esta Suprema Corte no está resolviendo en sí el fondo del recurso presentado, sino que ha procedido a anular el fallo por defectos procesales que deben ser rectificados..."

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA las sentencias que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de enero del año dos mil diecisiete. La Sala de lo Penal, integrada por los Magistrados: Rafael Bustillo Romero en su calidad de Coordinador, José Olivio Rodríguez Vásquez y Reyna Auxiliadora Hércules Rosa quien integra por excusa justificada de la Magistrada Alma Consuelo Guzmán García, resuelve: VISTO: Para dictar sentencia los Recursos de Casación por Infracción de Ley, formalizados ante este Tribunal el doce de noviembre de dos mil trece, por la abogada K. M. M. M., en su carácter de Fiscal del Ministerio Público, en fecha doce de noviembre de dos mil trece y la abogado L. C. V., mayor de edad, hondureña del domicilio de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, actuando en su condición de Acusadora Privada en representación de la señora S. F. L., en fecha veintiséis de noviembre de dos mil trece, en relación a la acusación interpuesta en fecha cuatro de septiembre del año dos mil, ante el entonces Juzgado de Letras Cuarto de lo Criminal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por el abogado J. A. C. A., mayor de edad, soltero, con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, quien actúa en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en contra de los señores: R. E. M. S., R. D. E., L. T. B. B., A. M. M., F. G. P. G. y M. E. M. F. , mayores de edad, hondureños, Médicos Especialistas del domicilio de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por el delito de Homicidio Culposo en perjuicio de K. J. L. F.. Los Recursos de Casación se interpusieron en contra del fallo emitido en fecha cinco de septiembre de dos mil trece por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que declaró sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la abogada D. A. E. F., en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la abogada L. C. en su condición de Acusadora Privada , contra la sentencia definitiva absolutoria de fecha doce de enero de dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras Penal de la sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de la manera siguiente: “Falla: Absolviendo de toda Responsabilidad Penal a los ciudadanos R. D. E., L. T. B. B., F. G. P. G., A. M. M., M. E. M. F., E. M. G. M., R. E. M. S. Y J. A. C. L.” CONSIDERANDO: Que en sentencia de fecha cinco de septiembre de dos mil trece, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortés, REFORMÓ los hechos estimados declarados y probados por el A-Quo, redactándolos de la siguiente forma: PRIMERO: El día trece de mayo del año 2000, aproximadamente a las cuatro de la tarde, la menor K. J. L. F., fue ingresada a emergencia del Hospital Centro Médico Sampedrano Sociedad Anónima (CEMESA) de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, presentando lesión severa del tobillo derecho y como consecuencia una lesión vascular con fractura expuesta, lesión en la cara con pérdida de siete piezas dentarias, con fractura expuesta a nivel de la mandíbula, y una lesión craneoencefálica leve producida por un accidente de tránsito ocurrido alrededor de las tres y media de la tarde, de esa misma fecha cuando se conducía junto con tres acompañantes en el vehículo conducido por su madre señora S. F. de L.. SEGUNDO: Las atenciones médicas de urgencia qué recibió K. J. L. F. inicialmente le fueron brindadas por la médico residente general, E. M. G. M., quien luego de una evaluación preliminar y de tomar decisiones de urgencia (ordenes médicas) consistentes en exámenes generales físico y laboratoriales asimismo, exámenes radiológicos interpretados por el radiólogo C. A.P. H.; llamó al Doctor R. D. E., especialista en Neurocirugía, para que evaluase neurológicamente a las pacientes accidentadas, incluyendo a la joven K. J. L. F.. Llegando también a emergencia, un equipo de especialistas, en neurocirugía, ortopedia, cirugía reconstructiva, anestesiología, entre ellos, el doctor R. E. M. S. especialista en medicina interna quien se encargó de coordinar las acciones medicas a realizar en relación a todas las personas accidentadas, de conformidad a las normas internacionales del manejo del paciente politraumatizado descritas en el ATLS. TERCERO: En orden de atención a la paciente, a las 5:30 de la tarde de la fecha ya citada, interviene el doctor R. D. E., especialista en neurocirugía, quien al realizarle examen neurológico del tamaño de las pupilas y, de los reflejos pupilares a la joven K. J. L. F., estableció que dicha joven presentaba politraumatismo con trauma encéfalo craneano, hablaba coherentemente, su estado mental neurológico, y del nivel de conciencia era de 14/15 que conforme la escala de G. indicaba un riesgo bajo de lesión cerebral, indicándole la práctica de una tomografía axial computarizada cerebral y de columna cervical, luego del manejo inmediato de ortopedia y cirugía plástica de preferencia previo a la cirugía, sin especificar en su orden médica la preeminencia del TAC (tomografía axial computarizada) aludido como resultado del examen neurológico, por lo que de manera inmediata, se decide someterla a una intervención quirúrgica de urgencia para evitarle a K. J. L. F. una tromboembolia pulmonar, o una bronco aspiración, que le produjera asfixia, dado que sangraba bastante del área de la mandíbula y cara y la intervención quirúrgica de las lesiones visibles que presentaba en ese momento consistentes en fractura expuesta de tobillo y mandíbula, siendo los médicos tratantes en ese momento, el Doctor L. T. B. B., especialista en traumatología, el Doctor F. G. P. G., especialista en cirugía plástica y reconstructiva, junto con los especialistas en anestesiología M. E. M. F. y A. M. M., saliendo la joven K. J. L. F. estable de la misma, y recibió todos los cuidados postoperatorios del médico J. A. C. L., especialista en cuidados intensivos (intensivista). CUARTO: Las prácticas médicas realizadas por los médicos encausados anteriormente mencionados resultaron en tratamientos apegados a las normas y prácticas de la lex artis en el ámbito de la medicina. Sin embargo, K. J. L. F., fue presentando al paso de las horas del día siguiente deterioro progresivo de su estado neurológico, falleciendo en fecha diecinueve de mayo del año dos mil por Politraumatismo, trauma cráneo cerebral difuso, paro cardiaco y muerte cerebral.” CONSIDERANDO: Que en fecha doce de noviembre de dos mil trece, compareció ante este Tribunal la Abogada K. M. M. M., de generales y condición ya expresados, formalizando su Recurso de Casación de la siguiente manera: “EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. MOTIVO ÚNICO: “Haber incurrido la Corte de Apelaciones en Error de hecho en la Apreciación de la Prueba que resulta de Actos o Documentos Auténticos” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el numeral 2 del artículo 412 del Código de Procedimientos Penales. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Partiendo de los antecedentes antes señalados, evidenciamos que nuestro recurso de casación se centra específicamente en que en la causa de mérito, el Juzgador ha emitido un fallo absolutorio, sin embargo del análisis de las referencias procesales supra-mencionadas y específicamente de la motivación fáctica de la sentencia que ahora impugnamos, esta Oficina del Ministerio Público es del criterio que la misma se torna injusta en lo que corresponde a la absolución de los señores R. D. E., A. M. M., M. E. M. F., L. T. B. B. y G. P. G., ya que estima el representante de la sociedad que al haber arribado a esta conclusión el ente jurisdiccional inobservó el andamiaje probatorio de cargo evacuado en el proceso, pues de las resultas de la probanza incorporada, efectivamente se acreditó que la manera de muerte de la joven K. J. L. F. se produjo como consecuencia de una negligencia médica en la cual los procesados en cuestión tenían la posición de garante en cuanto a mantener su integridad dada su condición de médicos tratantes. En tal sentido y siendo que el Ad-quem se limitó a confirmar el fallo de primera instancia en lo relativo a la situación planteada, éste al igual que el primero ha incurrido en error de hecho en la apreciación de la prueba, específicamente de las conclusiones que emanaron de la inspección realizada sobre el expediente clínico de la paciente K. J. L. que se encontraba en el Hospital Cemesa, inspección que fue llevada a cabo por la Juez asociada de la secretaría de actuaciones, de los peritos nombrados Doctor M. F. P. y M. E. S. ambos de Medicina Forense, la fiscal y apoderados defensores; acto auténtico éste del cual se derivó el dictamen 1101-2001 emitido por Medicina Forense así como su ampliación, que fueron desvalorados por el Tribunal de Alzada, pese a que el mismo constituye un acto cuyo contenido es producto de un acto de carácter auténtico, al revestir los requisitos esenciales de: 1) Extrínseco: Por haber sido autorizado y ejecutado por Funcionarios Públicos en el ejercicio de sus funciones.2) Intrínseco: en virtud que la prueba que se deriva de la inspección (dictamen de Medicina Forense) fue efectuado por funcionarios investidos como peritos por el mismo ente juzgador a efecto que rindiesen la pericia y quienes han consignado elementos objetivamente confiables, por no apreciarse ningún tipo de parcialidad hacia alguna de las partes involucradas (acusador privado, defensa de los imputados). Partiendo de la supra indicada probanza que constituye el acto o documento auténtico que ha sido desvalorado por el juzgador, es que procedemos a desarrollar el presente recurso de Casación, donde la probanza en mención (inspección judicial que deriva en pericia forense) resulta válida y suficiente para determinar que los profesionales de la medicina R. D. E. (Neurocirujano); A. M. M. Y M. E. M. F. (Anestesióloqos); L. T. B. B. (Ortopeda) y G. P. G. (Cirujano Reconstructivo) son responsables de la muerte de K. J. L. F., en virtud que durante el desempeño de los mencionados imputados como Médicos Tratantes de la ahora fallecida, cada uno en el ámbito de su especialidad, crearon situaciones penalmente relevantes que pusieron en situación de riesgo grave la vida de la Joven L. F., mismas que se exponen a continuación y que son el resultado de la inspección practicada al expediente clínico manejado en el Hospital CEMESA y que se exponen a continuación: Los hechos sometidos al escrutinio judicial se resumen de la siguiente manera: 1.- El día 13 de mayo del 2000 antes de las cuatro de la tarde, la joven K. J. L. F., fue víctima de un accidente de tránsito del cual resultó con múltiples lesiones. 2.- Ese mismo día y aproximadamente a las cuatro de la tarde, K. J. L. F. fue ingresada a emergencia del Hospital Centro Médico Sampedrano Sociedad Anónima (CEMESA), siendo en ese momento atendida por la médico de Turno, Dra. E. M. G., quien en declaración rendida en sede judicial, afirmó haber brindado los primeros auxilios a la paciente y haber requerido de los servicios del Dr. R. D. E. (Médico Especialista en Neurología), en virtud que la paciente además de presentar evidente lesión grave en el tobillo y la muñeca, también presentaba fractura expuesta en la cara con pérdida de piezas dentales, lo cual devenía en la imperiosa necesidad de que la paciente fuese examinada por un experto en Neurología tomando en cuenta la ubicación y magnitud de éstas últimas lesiones. 3.- Por su parte el Dr. R. D. E. (Neurólogo), convalida lo dicho por la Dra. G., y además refiere que efectivamente aproximadamente a las 05:15 de la tarde del día 13 de mayo del 2000, le practicó examen neurológico de emergencia a la paciente K. J. L. F., quien al momento de la evaluación presentaba un rango de 14 de nivel de conciencia según la escala de G., y que también le hizo evaluación del tamaño de las pupilas y de los reflejos pupilares; que en sus órdenes médicas indicó tomografía cerebral y de columna cervical de preferencia previo a cirugía; y que luego la paciente quedó con otros médicos tratantes mientras el atendía a la paciente más grave que era Lucía de Franco. 4. A pesar de que se había indicado ejecutar una tomografía cerebral a la menor K. L. para verificar su estado neurológico, la orden no fue cumplida y aún desconociéndose el extremo antes señalado, la paciente a las 05:15 de la tarde de ese mismo día, fue sometida a una cirugía (de ortopedia y cirugía plástica) que duró cinco horas, que ameritó el uso de anestesia general, suministrada por los Ores. A. M. M. y M. E. M. F. (ambos especialistas en Anestesiología). 5.- La paciente K. L., salió del quirófano a las once de la noche, es decir, siete horas y media después del trauma (accidente), que según refirió el Dr. Jesús C. (Médico Intensivista), que la atendió en el post operatorio (cuidados intensivos) en ese momento la menor salió muy deteriorada de su cerebro al grado tal, que el especialista inicialmente consideró que no reaccionaba por los efectos de los anestésicos, pero que al practicarle un TAC (Tomografía Cerebral) que ordenó aproximadamente a la 01:00 de la mañana (9 horas después del trauma), se pudo verificar que presentaba “EDEMA CEREBRAL POSTRAUMATICO MASIVO FOCALIZADO EN EL HEMISFERIO DERECHO”, lo cual generó una daño cerebral irreversible en la paciente. 6.- El 15 de mayo de 2000 a las 08:45 de la mañana se declara a la menor K. L. clínicamente con muerte cerebral. 7.- El 19 de mayo de ese mismo año, a las 07:30 se produce la muerte de la menor L., según refiere el expediente clínico y el acta de defunción al efecto emitida, a consecuencia de politraumatismo, trauma cráneo cerebral difuso.- Muerte cerebral, paro cardiaco respiratorio. La inspección ocular en manifiesto y documentada a través del acta respectiva, tiene respaldo en las declaraciones de los médicos involucrados, del dictamen 1101- 2001 emitido por Medicina Forense y que a su efecto ordenó el juzgador como consecuencia de dicha inspección; así como todas las demás pericias incorporadas al proceso; probanza de la cual se logra concluir que si bien es cierto, este Ente Acusador tiene claro que el trauma (accidente) que sufrió la paciente y que le provocó un edema cerebral postraumático masivo no fue provocado por los Doctores R. D. E. (especialista en Neurología), A. M. M. y M. E. M. F. (Anestesiólogos), L. T. B. B. (Ortopeda) y G. P. G. (Cirujano Reconstructivo), pero no menos cierto es, que el nexo causal del delito investigado se produce por las acciones y omisiones producidas por ellos, ya que en el caso del Doctor D. E., él recibió a la paciente inicialmente en su condición de médico especialista en la materia de la Neurología dado que el estado neurológico de la paciente así lo requería de manera urgente (tal como lo afirmó la Dra. G.); asumiendo dicho galeno desde ese momento la figura de médico tratante, en virtud que fue él mismo quién ordenó la práctica de una Tomografía Cerebral y Cervical antes de cualquier cirugía; extremo que se desprende de la inspección realizada por los peritos forenses al expediente clínico, es así que era él quien devenía en la obligación de asegurarse de que dicho examen se ejecutase de acuerdo a los parámetros por el mismo establecido, para así certificar que la paciente estaba en capacidad optima de soportar un grado de anestesia general, para corregir el daño físico que en éste caso era considerado secundario y no emitir criterios no determinantes como “preferiblemente antes de la cirugía” y referir a la vez que en su experiencia personal siempre lo indica antes, pues al hacerlo así, actúa de manera negligente. Es por ello que la omisión y acción del acusado si tiene un nexo causal con la producción del resultado, la cual se traduce en que se abstuvo de practicar un TAC para descartar daños cerebrales y permitir que la paciente fuese sometida a una operación quirúrgica aún y cuando no existía seguridad de que el cerebro de la paciente era estable, es así que con su conducta creó una emergencia que no correspondía al caso respecto al objeto de la cirugía en relación con el daño cerebral preexistente en la paciente, lo cual provocó por su tardío descubrimiento (post operatorio) un daño neurológico irreversible en la víctima que finalmente le cobró la vida; y es precisamente esta conducta por parte del Dr. D. E. la que se reprocha penalmente, pues obró de forma negligente en su condición de médico tratante al no prestar la diligencia necesaria para atender el cuadro clínico que se le presentó y sin que existiera causa de justificación alguna que le impidiese accionar de la manera que se espera de un médico especialista en el área de la Neurología para lo cual había sido requerido su servicio, lo que conllevó en que se tomasen decisiones que no eran las idóneas provocando un desenlace fatal. Con la misma probanza en comento, también resultó acreditado que los Doctores A. M. M. y M. E. M. F., se encuentran en la misma condición que el Dr. D., pues si bien a éste se le reprocha lo referido en los acápites que anteceden, a éstos últimos, se les recrimina que dada la especialidad de anestesiología que ostentan y habiendo compartido la posición de garante sobre la paciente L. ex ante de la cirugía junto con el Dr. D., e inclusive estos últimos durante la cirugía, por lo tanto devenían en la obligación por ser esto parte de la materia que tratan, el de asegurarse que la paciente K. L. se encontrará en idóneas condiciones físicas para soportar que en idóneas condiciones físicas para soportar que ellos le suministraran sustancias que la mantendrían en un estado de inconsciencia absoluta por varias horas que no permitiría advertir a simple vista al equipo médico que participó en la cirugía, la evolución neurológica de la paciente y así poder detectar a tiempo su deterioro neurológico y progresivo, y que si bien es cierto que ellos no ordenaron la intervención quirúrgica, tampoco es menos cierto, que no lo impidieron por no haber actuado diligentemente, en virtud de aceptar que la misma se realizara existiendo una nota pre operatoria de parte del Neurólogo que preferiblemente se practicara la tomografía antes de la cirugía de ortopedia y cirugía plástica, es decir ya habían advertido que a la paciente no se le había examinado la parte neurológica mediante una Tomografía de cerebro y continuaron con el procedimiento[1]; circunstancia que incluso se evidencia en el acto auténtico diligenciado por el Juzgador (inspección ocular al expediente clínico de la paciente) y que no fue valorado por la Corte de Apelaciones, en el que se pudo verificar que los propios doctores M. dejaron constancia en la nota de valoración pre anestésica firmada por ellos mismos y que consta en el expediente clínico inspeccionado, que la paciente al examen físico realizado por ellos previo a la anestesia “estaba desorientada y lenta en la respuesta motriz”, y que pese a estas condiciones y a la orden no cumplida de que se le practicase una Tomografía “preferiblemente antes de la cirugía” estos médicos optaron por someterla a anestesia general, justificándose los médicos anestesiólogos que su actuar fue correcto, (Según se desprende de la declaración indagatoria del Dr. A. M. que obra a folios 931 al 935 del tomo y de la primera pieza del expediente judicial) porque “de la lectura del expediente clínico y la nota escrita por el Dr. D. E., él de ninguna forma contraindicaba la realización de la cirugía, ya que de manera opcional puso de que se realizase el TAC previo a la cirugía”, afirmación ésta que falta a la verdad, porque si bien en la nota del Dr. D., no se contraindicaba la cirugía, tampoco es cierto que allí se expresase que la realización del TAC a la paciente era de manera opcional previó a la cirugía, en consecuencia si los anestesiólogos deciden intervenir como en efecto lo hicieron en la cirugía y optaron por anestesiar desconociendo el verdadero estado neurológico de la paciente por abstenerse de esperar a que previo a ello se cumpliese la orden emanada del neurólogo, fueron ellos quienes contribuyeron a que se crease una situación de riesgo grave en detrimento de la favorable restitución de la salud a la paciente L. y por ende asumen desde ese momento los resultados de su decisión. Bajo esos mismos parámetros se determina la responsabilidad de los doctores L. T. B. B. (Ortopeda) y G. P. G. (Cirujano Reconstructivo), pues todos los médicos tratantes de la víctima conocían de la tomografía ordenada por el Neurólogo co-imputado y de la nota colocada por los anestesiólogos, de manera que debieron asegurarse de realizar la tomografía para evitar que la ofendida sufriera consecuencias que pudieron ser predecibles, ya que incluso se desprende del dictamen de medicina forense que no es más que el resultado de la inspección judicial, que constituye el acto o documento auténtico del caso subjudice, que el propio traumatólogo B. B. describió en su diagnostico clínico la siguiente nota: “traumatismo craneano encefálico cerrado”, de manera que reconoce la existencia del TEC y aún así lleva a cabo la cirugía. Sin ánimo de desnaturalizar el recurso de Casación y atendiendo a que el mismo se ha apartado de los meros formalismos que han impedido una correcta administración de justicia, nos atrevemos a hacer mención de lo declarado por el Ortopeda imputado, que aunque no constituye un acto auténtico sirve para confirmar que su cirugía no era de emergencia, al expresar, se inmovilizó a la víctima de las lesiones del tobillo y de la muñeca cubriendo las heridas y lesiones del medio ambiente. Y es que en el caso que nos ocupa toda la estrategia defensiva de los imputados versa en que la falta de ejecución de una Tomografía cerebral y cervical a la paciente no resultaba “imprescindible” previo a la cirugía de ortopedia y de cirugía plástica, porque la paciente a la simple vista del especialista en neurología al momento de su evaluación en la emergencia del hospital, presentaba dentro de la escala de G. un nivel de conciencia de 14, lo cual la colocaba en una diagnostico de “Lesión craneoencefálica leve”[2] y que por ello su actuar fue diligente respecto al cuadro clínico que enfrentaban. Posición que es compartida por los órganos jurisdiccionales de instancia quienes para decidir absolver, únicamente otorgan valor probatorio a los dictámenes aportados por las partes defensoras, y restándole absoluto valor probatorio a la prueba de cargo, pues estiman que el dictamen de Medicina Forense que no obstante fue ordenado por el propio Juzgador a efecto que diese explicación médico legal al acto auténtico de inspección al expediente clínico de la Víctima, ha resultado inconsistente con la línea de investigación de los hechos, por cuanto se desacreditó la pericia denominada Dictamen 1101-2001, por estimar que los peritos de Medicina Forense no contaban con la capacidad para desvirtuar las conclusiones emitidas por los expertos nombrados por la defensa, dado que éstos si son especialistas en las materias a tratar. Partiendo de esta valoración, nos atrevemos a sostener que el Dictamen 1101- 2001 fue desvalorado por cuestiones atinentes a la aptitud de los peritos y no de las cuestiones contenidas en el expediente clínico, lo cual sin duda alguna provocó que el Ad-quem incurriera en error de hecho en la valoración de la prueba, pues el Sentenciador olvidó que los Peritos en Medicina Legal, por cuestiones de la materia que tratan, poseen conocimientos amplios en las demás áreas de la medicina que les permiten emitir conclusiones afines a éstas y que es precisamente por ello que su intervención es demandada en todas las áreas de la investigación criminal, lo cual incluyen las malas praxis, y es sobre la base de sus dictámenes que se han emitido múltiples fallos condenatorios que esa misma Sala ha confirmado en casación por estimar que fueron dictadas conforme a derecho. Por otro lado, el hecho de que un dictamen sea emitido por un especialista en determinada área de l medicina, no es suficiente argumento para estimar que por ello este provista de “verdad absoluta”, pues el perito de perito como dice la misma sentencia que recurrimos es el Juzgador, es entonces éste quien debe tomar en cuenta distintas circunstancias para otorgar validez a una pericia, como ser entre otras: quién propone la prueba y el interés que tenga en el proceso, pues estas circunstancias también declinan en función de la opinión que emiten los peritos privados. Y con ello no queremos decir que los peritos de la defensa, no actuaron conforme a la ética, pero si es necesario acotar, que contra los dichos de éstos, hubo prueba en contrario, como ser ¡a prueba de cargo producida en el mismo juicio, y que uno de los deberes del Sentenciador es dar razón del porqué un dictamen le merece credibilidad y otro no, pero en el caso que nos ocupa como antes referimos, a nuestra prueba se le desacredita, por la especialidad de los peritos y no por las opiniones médicas que éstos emitieron dada su experiencia. A manera de ilustración nos permitimos incorporar lo siguiente: El Instituto Superior de Medicina Militar “Dr. L. D. Soto” en su artículo “Comando Volumen de la Tomografía Axial Computarizada para el Pronóstico y Tratamiento del Hematoma Intracraneal Postraumático”, publicado en la Revista Cubana Med. Militar 2001; 30(1):15-20. Pág. 18., informa que en estudios realizados a 35 pacientes que presentaban lesión intracraneal postraumático, diagnosticado mediante TAC, 10 de ellos no presentaba puntuación por debajo de 10 dentro de la Escala de G.; es por ello que la misma doctrina informa que éste tipo de evaluación debe aplicarse en repetidas exploraciones para realizar un seguimiento de estado neurológico; vistas así las cosas y aplicándolo al caso de marras, en apariencia la versión exculpatoria de los imputados tendría razón respecto a que la menor no ameritaba la evaluación por TAC, sin embargo hay que distinguir tres situaciones que la desacreditan y la aniquilan de validez y son: la primera, que la menor no hubiese presentado una lesión neurológica grave y aún sin practicársele un TAC hubiese sido sometida a una operación quirúrgica de segundo grado considerada de “urgencia”, lo cual no hubiese desembocado en un resultado adverso a las causas de su ingreso al hospital; segundo: Que aún y cuando el nivel de conciencia que presentaba la acusada a su ingreso al hospital superaba los puntos para estimar que su condición neurológica se podía colocar en la calificación de “lesión leve”, un diligente médico Neurólogo en su eficaz faena de lograr éxito, debió hacer uso de la practica de métodos (TAC) aptos existentes y disponibles hoy en día en la ciudad donde se desarrollaron los hechos, cuyos datos que arrojan son precisos para detectar y diagnosticar lesiones cerebrales, y que van más allá de “la opinión que un médico pueda brindar como producto de una exploración a simple vista y mera apreciación” para así autorizar o no la practica de cirugía alguna; y tercero: Quedó acreditado que la única razón por la cual se justificaba que la paciente debía ser sometida a anestesia general al menos en el momento en que se efectuó, debió ser para un manejo neuroquirúrgico, lo cual se obvió como producto de la negligencia de los médicos tratantes en comento. En resumen, quedó establecido a través de la prueba supra-mencionada que si bien la omisión de practicar un TAC a la paciente y la anestesia suministrada no fueron en sí los causantes del trauma cerebral que presentaba la menor K. L. al momento en que los acusados asumieron la condición de médicos tratantes, pues ha quedado demostrado que esto es producto de un accidente vehicular; pero sí la conducta omisiva de los doctores R. D. E. (Neurólogo) A. M. M. y M. E. M. F., (Anestesiólogos); L. T. B. B. (Ortopeda) y G. P. G. (Cirujano Reconstructivo) es la causante de su detección clínica y radiológicamente tardía, lo que en consecuencia impidió que se tomasen medidas terapéuticas oportunas que permitieran monitorear la condición neurológica de la paciente y así tomar las medidas adecuadas, pues es claro que la anestesia ocultó los síntomas y encubrió la evolución de la lesión cerebral y que en consecuencia se del resultado muerte pudiendo éste ser evitado si los acusados hubiesen actuado con la diligencia que se espera de médicos especialistas en las áreas que ellos ostentan; razón por la cual el Ministerio Público estima, que las resoluciones proferidas por los juzgadores de primera y segunda instancia, son equivocas, al haber incurrido el Ad quem en un error de hecho en la apreciación de la prueba en comento siendo que la misma constituye un acto autentico que una vez relacionada con la demás probanza también citada, evidencia en tal sentido la concurrencia del vicio casacional por el cual recurrimos; por lo que procede declarar con lugar el presente recurso y en consecuencia casar la sentencia impugnada.” CONSIDERANDO: Que mediante proveído de fecha doce de noviembre de dos mil trece, se tuvo por formalizado en tiempo el recurso de Casación por parte de la Abogada K. M. M. M., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en consecuencia se omitió el traslado de los autos al Fiscal del Despacho en virtud de ser el recurrente. CONSIDERANDO: Que en fecha veintiséis de noviembre de dos mil trece, compareció ante este Tribunal la abogada L. C. V., en su condición de Acusadora Privada y de generales ya expresadas, formalizando su demanda y expresando el siguiente motivo de casación:”EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. MOTIVO ÚNICO: Infracción de Ley por error de hecho en la apreciación de la prueba resultante de documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación del juzgador, y no estuviesen desvirtuados por otras pruebas. Precepto Autorizante: Numeral 2 del artículo 412 del Código de Procedimientos Penales. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACION. 1. Esencia del motivo de casación. Encuadre fáctico determinado por la sentencia impugnada. Este motivo de casación, bajo el presente supuesto, trae como consecuencia necesaria un ataque a los hechos probados establecidos en el fallo impugnado; en este caso la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, puesto que los mismos han sido generados de la incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juzgador, irregularidad que debe ser demostrable. En otras, palabras la casación que se procede a desarrollar se dirige al ataque del tema de la valoración probatoria del Tribunal recurrido, al haber en la actividad intelectiva vicios de apreciación probatoria que son demostrables por documentos o actos auténticos que precisamente evidencien el fracaso probatorio del Juzgador. Al existir esa anomalía probatoria, su efecto se refleja, en consecuencia, en la redacción de los hechos probados del fallo; o al menos en los más esenciales que derivan posteriormente en una incorrecta aplicación del derecho en la resolución de la litis penal. De esa forma, el encuadre fáctico del Tribunal recurrido, es el siguiente: “PRIMERO: El día trece de mayo del año 2000, aproximadamente a las cuatro de la tarde, la menor K. J. L. F., fue ingresada a emergencia del Hospital Centro Médico Sampedrano Sociedad Anónima (CEMESA) de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, presentando lesión severa del tobillo derecho y como consecuencia una lesión vascular con fractura expuesta a nivel de la mandíbula, y una lesión craneoencefálica producida por un accidente de tránsito ocurrido alrededor de las tres y media de la tarde, de esa misma fecha cuando se conducía junto con tres acompañantes en el vehículo conducido por su madre señora S. F. de L.. SEGUNDO: Las atenciones médicas de urgencia que recibió K. J. L. F. inicialmente le fueron brindadas por el médico residente general E. M. G. M., quien luego de una evaluación preliminar y de tomar decisiones de urgencia (órdenes medicas) consistentes en exámenes físicos y laboratoriales, asimismo, exámenes radiológicos interpretados por el radiólogo C. A. P. H.: llamó al doctor R. D. E., especialista en neurocirugía, para que evaluase neurológicamente a las pacientes accidentadas, incluyendo a la joven K. J. L..- Llegando también a emergencia, un equipo de especialistas, en neurocirugía, ortopedia, cirugía reconstructiva, anestesiología, entre ellos el doctor R. E. M. S. especialista en medicina interna quien se encargó de coordinar las acciones medicas a realizar en relación a todas las personas accidentadas, de conformidad a las normas internacionales del manejo del paciente poli-traumatizado descritas en el ATLS. TERCERO: En el orden de atención a la paciente, a las 5:30 de la tarde de la fecha ya citada, interviene el doctor R. C. E., especialista en neurocirugía, quien al realizarle examen neurológico del tamaño de las pupilas y de los reflejos pupilares a la joven K. J. L. F., estableció que dicha joven presentaba politraumatismo con trauma encéfalo craneano, hablaba coherentemente, su estado mental neurológico, y del nivel de conciencia era de 14/15 que conforme la escala de G. indicaba un riesgo bajo de lesión cerebral, indicándole la práctica de una tomografía axial computarizada cerebral y de columna cervical, luego del manejo inmediato de ortopedia y cirugía plástica de preferencia previo a la cirugía, sin especificar en su orden médica la preeminencia del TAC (tomografía axial computarizada) aludido como resultado del examen neurológico, por lo que de manera inmediata, se decide someterla a una intervención quirúrgica de urgencia para evitarle a K. J. L. una tromboembolia pulmonar o una bronco aspiración, que le produjera asfixia, dado que sangraba bastante del área de la mandíbula y cara y la intervención quirúrgica de las lesiones visibles que presentaba en ese momento consistentes en fractura expuesta de tobillo y mandíbula, siendo los médicos tratantes en ese momento, el doctor L. T. B. B., especialista en traumatología, el Doctor G. P. G., especialista en cirugía plástica y reconstructiva, junto con los especialistas en anestesiología M. E. M. F. Y A. M. M., saliendo la joven K. J. L. F. de la misma, y recibió todos los cuidados postoperatorios del médico J. A. C. L., especialista en cuidados intensivos (intensivista).CUARTO: Las prácticas médicas realizadas por los médicos encausados anteriormente mencionados resultaron en tratamientos apegados a las normas y prácticas de la lex artis en el ámbito de la medicina. - Sin embargo, K. J. L. F., fue representando al paso de las horas del día siguiente deterioro progresivo de su estado neurológico, falleciendo en fecha diez y nueve de mayo del año dos mil por politraumatismo, trauma, cráneo cerebral difuso, paro cardiaco y muerte cerebral”. De manera sucinta los hechos probados, enseñan los siguientes puntos: a. Que la paciente K. J. L. F., presentaba tres tipos de lesiones: una en el tobillo, otra en su cabeza a la altura de su cara y otra en su cabeza en la zona del cráneo, última que es catalogada como “leve”. Es decir que los hechos probados reconocen que la joven accidentada presentaba un trauma encéfalo craneano. b. Que en la atención médica que la joven L. F., recibió en el Centro Médico CEMESA, el médico R. C. E., quien es especialista en neurocirugía, estableció que dicha joven presentaba politraumatismo con trauma encéfalo; que hablaba coherentemente; su estado mental neurológico y del nivel de conciencia era de 14/15, lo cual indicaba un riesgo bajo de lesión cerebral. Indicándole la práctica de una tomografía axial computarizada cerebral y de columna cervical luego del manejo inmediato de ortopedia y cirugía plástica de preferencia previo a la cirugía, sin especificar en su orden medica la preeminencia del TAC (tomografía axial computarizada). Según la sentencia recurrida, la prescripción dada por el neurocirujano no indicaba en qué momento había que hacer dicho estudio (a pesar que la nota dice luego del manejo inmediato de ortopedia y cirugía plástica pero antes de iniciar el proceso quirúrgico). Además, la sentencia señala como único acto de prescripción u orden médica la nota puesta por el neurólogo R. C. E., no otra indicación que pudiera ser constatable. c. Como resultado del examen neurológico, de manera inmediata, se decide someterla a una intervención quirúrgica de urgencia, intervención que estuvo a cargo de los médicos L. T. B. B., especialista en traumatología, el Doctor G. P. G., especialista en cirugía plástica y reconstructiva, junto con los especialistas en anestesiología M. E. M. F. y A. M. M., para atenderle sus lesiones de fracturas expuestas en el tobillo y en mandíbula. En esta situación estimada como probada, la sentencia recurrida afirma que la cirugía se produjo por la evaluación del neurocirujano, a pesar que éste indicó que al Tomografía Axial Computarizada debía efectuarse previo a la cirugía. Reconoce, por otro lado, quiénes participaron y dirigieron el proceso de la cirugía, siendo los médicos referidos en este literal. d. Que las prácticas médicas realizadas por los médicos encausados anteriormente mencionados resultaron en tratamientos apegados a las normas y prácticas de la lex artis en el ámbito de la medicina. Ello a pesar que el neurocirujano había prescrito que se le practicar la Tomografía Axial Computarizada previo a la cirugía. La sentencia determina que no hubo ningún acto u omisión que de forma innecesaria sometiera a K. J. L. F. a un riesgo a su salud o en su propia vida. Da por válida la decisión de operarle de pie y boca, sin haber atendido la orden médica de realizar la Tomografía Axial Computarizada de cerebro, en una paciente que presentaba un Trauma Encéfalo Craneano. e. Que la joven paciente, K. J. L. F., fue representando al paso de las horas del día siguiente deterioro progresivo de su estado neurológico, falleciendo en fecha diez y nueve de mayo del año dos mil por politraumatismo, trauma, cráneo cerebral difuso, paro cardiaco y muerte cerebral. La sentencia reconoce que la mayor afectación que presentaba la joven víctima fue en su estado neurológico, es decir por afectación a su cráneo; la zona del cuerpo que no recibió la atención debida, y que aún y cuando se había ordenado una Tomografía a su cerebro, la misma no fue practicada. La afectación que tenía en su cerebro, fue la que le condujo de forma progresiva a la muerte de la paciente. A la Corte de Apelaciones le resulta comprobado que la paciente falleció por un deterioro progresivo de su estado neurológico provocado por un trauma cráneo cerebral difuso, por lo que al estar definida por ese Tribunal cuál fue la complicación médica que derivó en la muerte de K. J. L. F., y de reconocer que los doctores L. T. B. B., G. P. G., M. E. M. F. y A. M. M., fueron los encargados de la cirugía de pie y boca, debe determinarse probatoriamente ante esa afectación en su cráneo, si la misma debió ser advertida por el personal médico que la atendió en el Centro Médico CEMESA; y si es así, concluir que hubo una falta de deber de cuidado objetivo por no haberle tratado convenientemente y así evitar la evolución del deterioro que sufrió en su salud, particularmente en su cerebro. Si eso resulta de un documento o acto auténtico quedará en evidencia el vicio de casación por el cual se ha recurrido. 2. El documento o acto auténtico que evidencia el error de hecho en la valoración de la prueba: El Expediente Clínico del Centro Médico CEMESA, documentado mediante Inspección Judicial. El presente caso, se trata de la atención médica de una joven paciente, que luego de sufrir un accidente de tránsito junto con otras acompañantes (incluida su madre), es trasladada al centro hospitalario de CEMESA, y desde su ingreso los médicos que se encargaron de su manejo asumieron una posición de garante sobre la atención de sus lesiones y la recuperación de su salud para no comprometer su vida. La paciente K. J. L. F., presentaba un importante trauma en su cráneo (TEC Cerrado), que mostraba todavía más evidencias al presentar una fractura en su mandíbula que le había provocado la pérdida de siete piezas dentales producto del fuerte impacto que había sufrido, y que ante la magnitud de dicha lesión ameritaba evaluar las consecuencias o el impacto que el trauma había generado en la zona más sensible, delicada y vital de su cabeza, como lo es su cerebro. Ante el fuerte impacto que había recibido en su cabeza, era meritoria la atención en el trauma en su cráneo. Sin embargo, a pesar que el especialista en neurocirugía, doctor R. C. E., estableció en su nota médica aparecida en el expediente clínico que debía practicársele antes de la cirugía, una tomografía Axial Computarizada (TAC) en cerebro y columna cervical, especialistas en ortopedia y cirugía plástica, L. T. B., G. P. G., con los anestesiólogos M. E. M. y A. M. M., omitieron tal prescripción médica, descuidando la atención al miembro vital y principalmente afectado: su cabeza, lo que a la postre significó una falta de atención al trauma que presentaba en su cerebro, el que derivó finalmente en su muerte. El error de hecho en la valoración de la prueba proviene del propio expediente clínico emitido por el propio Centro Médico CEMESA, el cual muestra claramente cuál fue la condición en la que ingresó K. J. L. F. al hospital; qué indicación dio el neurocirujano R. C. E. y otros especialistas para tener un diagnóstico completo del estado del trauma en la cabeza de la paciente; la omisión a dicha indicación por los médicos encargados de la intervención quirúrgica de ella y su enfoque en procedimientos quirúrgicos secundarios; y, cómo la afectación más grave que tenía (del cerebro la cual no fue atendida en el oportunamente) fue la que al final derivó en un grave deterioro de sus salud, hasta producir su fallecimiento. Y dicho expediente adquiere la condición de documento auténtico porque su emisión es una exigencia legal para los médicos y las instituciones hospitalarias cuando se trate del tratamiento de pacientes; lo que da relevancia legal y obligatoria al contenido del expediente clínico; y a la vez, porque su real y fidedigna existencia, fue acreditada mediante INSPECCION JUDICIAL realizada por la Señora Juez de Letras de lo Penal, asociada de su Secretaria de Actuaciones; diligencia judicial que se documenta de folios 373 al 375; lo que hace que el expediente clínico se convierta en un acto indubitable dentro del proceso. Y la evidencia de la errada valoración del expediente clínico de la atención médica brindada a la paciente K. J. L. F. (folios 238 al 303), resulta de su propio contenido, del que de forma sucinta, se rescata lo siguiente: Nota del Traumatólogo L. T. B.. 5:15 p.m. del 13 de mayo de 2000. “… ingresada con los siguientes diagnósticos: Politraumatismo, Fx expuesta con luxación de tobillo derecho, Fx de muñeca izquierda, Fx maxilar inferior derecho con pérdida de piezas dentarias... TEC Cerrado, se pide valoración de neurocirugía y Cirugía Reconstructiva, se pasa a sala de operaciones Nota del Neurocirujano R. C. E.. 5:30 p.m. del 13 de mayo de 2000. “Hace dos horas accidente automovilístico con pérdida del conocimiento momentáneo. Paciente consciente, somnolienta. G. de 14/15. Pupilas simétricas, reactivas, moviliza sus extremidades (Hay trauma facial, tórax, miembro inferior derecho a nivel de tobillo). Diagnóstico Politraumatizado. Luego del manejo inmediato de ortopedia y cirugía plástica se hará TAC Cerebral y Columna Cervical. De Preferencia previo a la Cirugía. Nota del Especialista en Medicina Interna e Intensivista J. A. C. L.. 00:15, del 14 de mayo de 2000. “... Aproximadamente a las 16:OOhrs sufrió traumatismos importantes a nivel de cara, con lesión de maxilar derecho, trauma de mejilla con pérdida de al menos 3-4 piezas superiores y una inferior, trauma nasal del puente y una herida de oreja izquierda... Su estado de consciencia desde el ingreso con G. de 14, se observó respuesta lenta a las preguntas... Se realiza Tac de cabeza, cerebro ambos para definir compromiso cerebral” Nota del Neurocirujano R. C. E.. 2:00 a.m. del 14 de mayo de 2000. “... TAC (Tomografía Axial Computarizada) con edema cerebral difuso que predomina en el hemisferio derecho...”. Nota del Especialista en Medicina Interna e Intensivista J. A. C. L.. 02:30, del 14 de mayo de 2000. “02:30. Puede deteriorarse en las próximas horas”. Nota del Neurocirujano R. C. E.. 05:25 del 14 de mayo de 2000. “... Es posible que el ligero aumento de la presión arterial sea por edema cerebral”. Nota del Neurocirujano R. C. E. y del Especialista en Medicina Interna e Intensivista J. A. C. L.. 11:00 a.m., del 14 de mayo de 2000. “Paciente se ha agravado su estado neurológico, pupilas midiátrica levemente reactivas, persisten los reflejos cornéales... y se indica TAC o IRM de emergencia”. Nota de Doctor M. S. 14 de mayo de 2000. “.... Resonancia magnética del momento: edema difuso predominio hemisférico derecho. Lesión cortical extensa en casi todo hemisferio derecho y putamen derecho... Nota del Neurocirujano R. C. E.. 03:00 p.m., del 14 de mayo de 2000. “... El estudio de Resonancia Magnética muestra edema aumentado especialmente en hemisferio derecho...” Nota del Especialista en Medicina Interna e Intensivista J. A. C. L.. 20:30, del 14 de mayo de 2000. “.. Severo aumento de la presión intracraneal en aumento presión cerebral menor a 15...”. Nota del Doctor C.. 23:50., del 14 de mayo de 2000. “Persiste igual. Presión Intracraneal 65.8...” Nota de Doctor M. S. 5:50 p.m., 14 de mayo de 2000. “.. Lo que demuestra que la situación es muy desfavorable, es preocupante el hecho que el edema pueda progresar todavía más...” Nota Conjunta de Neurólogo, Neurocirugía, Intensivista. 11:00 p.m., 14 de mayo 2000. “.. se determina que la paciente presenta daño encefálico difuso, de carácter irreversible con severa elevación persistente de la presión intra craneana y presión de la perfusión baja... Tal situación se le transmite a sus familiares y consideramos que han asimilado toda la información...“. Nota del Neurocirujano R. C. E.. 00:45 a.m., del 15 de mayo de 2000. “Paciente continúa con G. 3 no hay ningún reflejo, no hay autonomía respiratoria, presión arterial de E.L. Presión Intercerebral: 62. Tiene pendiente Electroencefalograma para decidir pendiente autorización de los familiares de la conducta a seguir” Nota del Neurocirujano R. C. E.. 07:00 a.m., del 15 de mayo de 2000.”… clínicamente muerte cerebral, se hará potenciales marcados para confirmar...” Nota del Especialista en Medicina Interna e Intensivista J. A. C. L.. 09:00 hrs, del 15 de mayo de 2000. “.. Evolución sin cambios desde ayer aproximadamente 6 pm en que fue evidente la desaparición de signos de vitalidad, que aunque primitivos aún conservados... “. Nota de Doctor M. S. 9:20 a.m., 15 de mayo de 2000. “… G. 3/15 ausencia de total respuesta refleja, sin automatismo respiratorio...” Nota de Doctor M. S. 7:150 p.m., 15 de mayo de 2000. o “Sin cambios, misma signología neurológica. En reunión con familiares solicitan continuar medidas de apoyo” Nota del Especialista en Medicina Interna e Intensivista J. A. C. L.. 08:05 hrs, del 16 de mayo de 2000. “Aproximadamente 40 hrs sin datos de neurological con compromiso hemodinámico, por hipertensión arterial pese al uso de dopamina, manteniendo diuresis. Se conservan medidas de apoyo a solicitud de la familia con el fin de tener tiempo para explicar a la madre de los hechos…”. Nota del Especialista en Medicina Interna e Intensivista J. A. C. L.. 22:00 hrs, del 16 de mayo de 2000. “Sin cambios en evolución” Nota de Doctora V. G. 23:25. “Paciente igual, Sin cambios neurológicos”. Nota del Especialista en Medicina Interna e Intensivista J. A. C. L. 9:30, del 17 de mayo de 2000. “Aproximadamente 63 horas de datos de muerte cerebral, que se ha comprobado posteriormente por medios electro fisiológicos. La familia solicita continuar con el manejo de apoyo en líquidos y ventilación mecánica, preocupa que empieza pronto a tener problemas en relación a las heridas y daños del trauma en MPD. La familia conoce las complicaciones del momento actual, pero abriga esperanzas. Hay deterioro hemodinámico severo diuresis disminuidas notablemente en últimas horas...” Nota del Neurocirujano R. C. E.. 17 de mayo de 2000. “Los familiares solicitan un nuevo EEG el cual ya se ordenó”. Nota de Doctor M. S. 11:25 a.m., 17 de mayo de 2000. Mismo estado neurológico. Criterio de muerte cerebral enterado de acertadas consideraciones del Dr. C. pendiente de EEG a solicitud de familiares” Nota de Doctor M. S. 8:00 p.m. 17 de mayo de 2000. ”Mayor deterioro, el compromiso hemodinámico muy general P.A 60/27... Continúa con medidas de apoyo” Nota de Doctor P.. 18 de mayo de 2000. “…El Dr. B., médico ortopeda tratante nos solicitó que valoremos curso, pues se encuentra incapacitado”. Nota de Doctor M, S. 11:00 a.m. 18 de mayo de 2000. “Continúa con deterioro progresivo. Anurica. Hipotensa sin ninguna actividad cerebral detectable... Sigue dependiendo de medidas de apoyo “. Nota del Especialista en Medicina Interna e Intensivista J. A. C. L.. 02:40, del 18 de mayo de 2000.”….La disminución de presión intra-cerebral es por daño tipo reblandecimiento del cerebro. Neurológicamente sin cambios desde el día 14 a las 17 hrs aproximadamente...” Nota de Doctora V. G. 6:30. 19 de mayo de 2000. “Paciente presenta paro cardíaco. Se avisa a médico tratante”. Nota del Especialista en Medicina Interna e Intensivista J. A. C. L.. 07:20, del 19 de mayo de 2000. “A las 06:30 desapareció pulso y PA. Se comunica a familiares y médicos tratantes. Se retira ventilador” Más aún, en el expediente clínico, aparece también la ORDEN MEDICA indicada a las 5:30 p.m., de la misma fecha del accidente, 13 de mayo de 2000, en la cual se ordena: 1)Ingreso. 2) Hemograma. 3) Glicemia. 4) Tipo-Rh 5) Solicitar dos unidades de sangre. 6) Suero mixto 0.9 1000cc cada 12 horas. 7) TAC CEREBRAL. 8) TAC de Columna Cervical Total 9) Collar cervical blando. 10) Rx de tórax. 11) Rx de tobillo y pie derecho.12) Manejo de ortopedia y cirugía plástica” También, dentro del expediente, aparece la nota pre-anestésica, concretamente consignada en el apartado intitulado VALORACION PREANESTESICA, en la que se consignó: “Estado mental: Desorientada-Lenta en respuesta motriz”. Es decir que antes de aplicarle la anestesia general para la operación los anestesiólogos supieron de esa condición de la paciente. Asimismo, en el expediente clínico aparece el INFORME MEDICO, emitido por los Doctores especialistas en ortopedia y traumatología, L. T. B. (quien operó a K. J. L. F.) y J. R. P. V., el cual consta de dos páginas (puede ser apreciado también en folios 238 y 239) en el cual, se expresa lo siguiente: “… presentando los siguientes diagnósticos: 1. Poli-traumatizada 2. Tec cerrado (es decir Traumatismo encefalocraneano cerrado). 3. Fractura de mandíbula con pérdida de piezas dentarias. 4. Luxofractura expuesta grado III-C de tobillo derecho. 5. Neumotórax derecho. 6. Fractura muñeca izquierda... “. “A las 16:00 horas la paciente fue evaluada por el Neurocirujano Dr. Roberto D. E., Medicina Interna Dr. R. Martínez, quienes solicitaron U.S de abdomen, laboratorio, rayos X. tac de cerebro y cuello, paciente con G. 13, hemodinámicamente estable” “A las 16:30 horas se discute el caso con el radiólogo Dr. C. P. quien descarta sangrado abdominal por ultrasonido y recomienda tac de cerebro, G. 13, hemodinámicamente estable”. “A las 17:30 horas se autoriza a Dr. G. P. C., Cirujano Reconstructivo, Dr. T. B., Cirujano Ortopeda, para Osteosíntesis de Fractura de Mandíbula y limpieza de luxofractura expuestas de tobillo derecho. Tiempo quirúrgico maxilofacial fue de 18:30 a 20:30 horas. Tiempo quirúrgico cirugía ortopédica fue de 1 7.30 a 22:00 horas”. “A las 20:30 horas se solicita la presencia del Dr. J. R. P. para asistir al Dr. L. T. B. en lavado y estabilización de Ortopedia, duración de las 22:00 a 23:00 horas”. “.... El trans-operatorio concluyó sin presentarse incidente ni accidentes quirúrgicos, siendo trasladada a las sala de recuperaciones donde es recibida y atendida por el equipo de médicos participantes del caso para continuar atención integral”: “Cirujanos traumatológicos Dr. L. T. B., Dr. J. R. P., Cirujano plástico Dr. G. P. C.. Anestesiólogo Dr. A. M. M. y Dra. M. E. M.”: El expediente clínico es el documento legal que debe ser llenado en la atención del paciente. Es el documento que precisa la historia de tratamiento que una persona recibe por parte del módico o por el cuidado que se le brinda dentro de un centro hospitalario o una clínica. La exigencia legal de formación del expediente clínico aparece prescrita en el Artículo 7 del Reglamento Interno del Colegio Médico de Honduras, que dispone: “Son deberes de los colegiados los consignados en el Artículo 7 de la Ley Orgánica del Colegio Médico de Honduras. Todo médico debe llevar un expediente clínico de cada paciente, tanto en su práctica privada como hospitalaria”: Establecido que el expediente clínico no sólo es una exigencia legal, sino que es el documento que informa del tratamiento dado a un paciente, en el caso de la joven K. J. L. F., el expediente clínico sin lugar a dudas muestra, que al ser evaluada a su ingreso al Centro Médico CEMESA, fue examinada por un Módico Internista (R. E. M. S.) y un Médico Neurocirujano (R. C. E.), quienes solicitaron se le practicara un TAC (Tomografía Axial Computarizada) de cerebro y cuello, teniendo como base para ello la exploración clínica de la paciente y un reporte de G. de 14 (la hora de esa orden fue las 16:00 hrs, es decir antes de ser sometida la paciente a cirugía), situación que aparece reconocida por el propio imputado L. T. B., quien con el módico J. R. P., suscriben el INFORME MEDICO. A la vez evidencia que, a pesar que esa prescripción fue dada para cumplirla de forma inmediata, y previa a cualquier procedimiento de cirugía, la misma no fue atendida por los médicos que se hicieron cargo de la paciente para someterla al proceso de cirugía, siendo efectuado tal examen hasta el 14 de mayo (fecha posterior al accidente), a pesar de haber sido de las primeras órdenes médicas a ejecutarse. Inclusive, para dar mayor énfasis en su cumplimiento. en la nota médica de realización del TAC emitida por el Neurocirujano R. C. E., la misma había sido subrayada por él para garantizar su realización y, por si fuera poco, consignó en dicha nota médica que la paciente había manifestado pérdida del conocimiento momentáneo y se mostraba somnolienta, lo que era indicativo también de una alteración en sus facultades neurológicas, y ello fue del conocimiento del equipo médico. Inclusive esa condición fue evidenciada por los anestesiólogos al consignarse en la evolución pre-anestésica que su estado mental era desorientada-lenta en la respuesta motriz, lo que era indicativo del daño cerebral importante que presentaba; a pesar de esa condición, contrario a la atención de su cerebro, se optó por la cirugía de tobillo y boca. Nótese, además, la claridad de la ORDEN MEDICA, la cual sin lugar a dudas especifica el nombre de la paciente “CRISTEL L.”, y de forma precisa y terminante ordena la realización del TAC (Tomografía axial computarizada) CEREBRAL y el TAC de Columna Cervical, con lo cual los médicos encargados de la cirugía no podían desconocer tal prescripción y por tanto muestra la ignorancia de ellos a la misma, en su afán de realizar las cirugías de pie y boca. La orden médica del TAC atendía a una urgencia médica, y contribuía especialmente para abordar convenientemente el estado de salud de K. J. L. F., la que lamentablemente fue negada por el equipo de especialistas encargados de realizar la cirugía plástica y ortopédica, compuesto por los Doctores L. T. B. (ortopeda), G. P. G. (cirujano plástico), A. M. M. (anestesiólogo) y M. E. M. (anestesióloga), a pesar de conocer las prescripciones dadas por el primer grupo evaluador del Hospital CEMESA, y de conocer las características del accidente, especialmente la importante afectación que K. J. manifestaba en su cabeza, como receptora de un importante trauma producido por el accidente de tránsito, que mostraba la pérdida de sus piezas dentales, afectación en su nariz y demás golpes en su rostro; lo que conjugado con 18 esa orden médica de realización del TAC en cerebro y cuello, era indicativo de la acción de urgencia que debía tomarse en su cabeza, principalmente en su cerebro, una vez que se estabilizaran sus heridas en pie y boca más aún cuando en pacientes con este traumas se convierte el TAC en un examen de rutina obligatoria. Por ello la consignación de la nota médica del Neurocirujano R. C. E., de “Luego del manejo inmediato de ortopedia y cirugía plástica se hará TAC Cerebral y Columna Vertical. De Preferencia previo a la Cirugía”, se refería a la inmediata estabilización de sus afectaciones en pie y boca, para que luego se realizara la TAC cerebral, no haciendo alusión a ningún proceso quirúrgico previo, por ello ratifico que dicha TAC fuera previo a la cirugía. A pesar de ese panorama de urgencia de atención en su cabeza, el equipo de especialistas, compuesto por los Doctores L. T. B. (ortopeda) G. P. G. (cirujano plástico), A. M. M. (anestesiólogo) y M. E. M. (anestesióloga), no atendió la orden de realización del TAC referido, sino que decidió, y por ello se procedió, a operar a K. J. L. F., de pie y de mandíbula, aún sin los estudios de la situación cerebral que presentaba, que es nada menos y nada más la estructura anatómica más importante en el cuerpo humano, restando atención a la evolución y tratamiento del trauma que la paciente presentaba en su cráneo y que afectó al final de cuentas su cerebro con el edema que en él se desarrolló y que a la postre condujo a su muerte. Y resulta, a la vez claro el conocimiento que el equipo de cirugía antes referido conocía tanto de la PRESCRIPCION DADA por el Neurocirujano R. C. E., como de la ORDEN MEDICA indicada, COMO DEL TRAUMA ENCEFALO CRANEANO CERRADO QUE HABIA SUFRIDO, puesto que en la HOJA DE EVOLUCIÓN redactada el Doctor L. T. B. (ortopeda) el mismo día del accidente, consignó que la paciente presentaba un TEC Cerrado (Traumatismo Encefálico Craneano Cerrado). Conocimiento que indubitablemente aparece ratificado con el INFORME MEDICO redactado por el mismo Doctor L. T. B. y el Doctor J. R. P., en el cual con absoluta claridad establecen dentro del diagnóstico de la joven L. F., entre otros aspectos: el “Tec cerrado (Traumatismo encéfalo craneano cerrado)”, refiriendo en dicho informe que las 16:00 horas la paciente fue evaluada por el Neurocirujano Dr. ROBERTO C. E., y Medicina Interna Dr. R. M., quienes solicitaron U.S de abdomen, laboratorio, rayos X., TAC DE CEREBRO Y CUELLO; y que las 16:30 horas se discutió el caso con el radiólogo Dr. C. P. quien descarta sangrado abdominal por ultrasonido y recomienda TAC DE CEREBRO. Ese diagnóstico, más las prescripciones y órdenes médicas referidas (reconocidas por el equipo médico encargado de la cirugía) brindan suficientes elementos de prueba que sin duda acreditan que los especialistas a cargo de atender la emergencia que presentaba la paciente, supieran qué ruta de evaluación y tratamiento debían tomar; sin embargo a pesar del conocimiento suficiente del trauma encéfalo craneano cerrado que presentaba y de las órdenes dadas de practicar de forma inmediata una Tomografía axial computarizada de cerebro y cuello, el equipo médico compuesto por los imputados hizo caso omiso de esas prescripciones haciendo prevalecer proceso quirúrgicos menores a la atención del trauma en el cráneo de K. J. L. F.N, y por tanto se alejaron del bienestar de la propia paciente dejando de atender lo más importante y urgente para preservar su vida, cuando asumían con su intervención la posición de garantes de su vida y recuperación de sus salud. Y el resultado de ese descuido se tradujo en que por falta de atención inmediata a su cerebro, al día siguiente el médico internista J. C. L. ordena la realización del TAC (cuando habían ocurrido más de 10 horas desde el ingreso de la paciente a Clínicas Médicas CEMESA), con el resultado que la paciente presentaba un edema en el hemisferio derecho del cerebro que de poco en poco se fue aumentando, generando una presión intracraneal con daño encefálico difuso, de carácter irreversible, lo que a la larga produjo une muerte cerebral de la paciente, con el ulterior y definitivo resultado de sufrir un paro cardíaco, con su consecuente fallecimiento. Toda esa secuencia descendente en la salud de la joven L. F., fue provocado por la falta de atención temprana de los imputados L. T. B., G. P. G., A. M. M. y M. E. M. para obtener un mejor diagnóstico del estado de su cerebro, cuando a pesar del notorio trauma en su cabeza que presentaba y de la existencia de las órdenes médicas en realizar el TAC por parte de los especialistas R. C. E. (Neurocirujano), C. P. (Radiólogo) y R. M. S. (Médico Internista), y que eran del conocimiento de los imputados, dicha atención fue rechazada por ellos por el ánimo apresurado en realizar la cirugía, descuidando lo más relevante y que al final permitiera poder abordar el padecimiento cerebral que la paciente presentaba, procurando su estabilización, y así poderle salvar su vida. Y por duro que resulte decirlo, se evidencia que con ello prevaleció un interés personal de los acusados en llevar a cabo sus procedimientos que al final de cuentas les iba a significar la remuneración por su intervención (,por ello la premura con que actuaron), que atender convenientemente a la paciente para abordar con mayor eficacia su condición de salud. A pesar de esa contundencia probatoria, la Corte de Apelaciones recurrida consigna como probado que luego de hacer la evaluación en la paciente el doctor R. C. E., especialista en neurocirugía, indicó la práctica de una tomografía axial computarizada cerebral y de columna cervical, luego del manejo inmediato de ortopedia y cirugía plástica de preferencia previo a la cirugía, sin especificar en su orden médica la preeminencia del TAC (tomografía axial computarizada), por lo que de manera inmediata, se decide someterla a K. J. L. F. a una intervención quirúrgica de urgencia para evitarle una tromboembolia pulmonar o una bronco aspiración, que le produjera asfixia dado que sangraba bastante del área de la mandíbula y cara y la intervención quirúrgica de las lesiones visibles que presentaba en ese momento consistentes en fractura expuesta de tobillo y mandíbula. Y que las prácticas médicas realizadas por los médicos encausados resultaron en tratamientos apegados a las normas y prácticas de la lex artis en el ámbito de la medicina. Cuando el documento auténtico, como lo es el expediente clínico, muestra no sólo con la nota médica del doctor C. E., de 5:30 p.m. que la Tomografía Axial Computarizada debía ser realizada antes del proceso cualquier intervención quirúrgica (inclusive subrayó esa indicación del TAC era antes de la cirugía), sino que existe senda ORDEN MEDICA en la que aparece la indicación del mismo examen con hora de 17:30, lo cual es indicativo que no era una cuestión discrecional de los médicos de hacer el TAC antes de la operación, sino que por las circunstancias en que K. J. había ingresado, de forma protocolar era un estudio que debía efectuarse antes de someterla a la operación. La Corte de Apelaciones, con esa conclusión de hecho, omite considerar que los imputados Doctores L. T. B. (ortopeda), G. P. G. (cirujano plástico), A. M. M. (anestesiólogo) y M. E. M. (anestesióloga), son profesionales de la medicina no se trata de un personal administrativo que simplemente cumule órdenes de los galenos sino que tienen el criterio y formación médica para diagnosticar o interpretar la sintomatología de un paciente pudiendo a partir de ello y de las prescripciones que se les formulen decidir la ruta crítica del tratamiento de su salud. Así, las circunstancias del hecho (accidente de tránsito), las lesiones que tenía la joven L. F., la sintomatología que mostraba y las órdenes médicas de realización de TAC, colocaban a estos profesionales en una posición ineludible de seguir esa prescripción, y quién mejor que ellos para estimar esa urgencia antes del inicio de una cirugía. Más aún cuando en la relación médico- paciente -por asumir una protección de un bien jurídico (la vida y la salud del paciente)- asumen una posición de garantes sobre su bienestar. Pero también la Corte de Apelaciones incurre en el error de hecho en la valoración del expediente clínico, en vista que no extrae ninguna inferencia probatoria de la propia nota médica del doctor L. T. B., de las 5:15 p.m., en la que consigna -y por ello reconoce- que K. J. presentaba un “TEC Cerrado, se pide valoración de neurocirugía y cirugía reconstructiva, se pasa a sala de operaciones”; es decir, que la sentencia desconoce que el propio imputado, y el resto del equipo médico que actuó con él, sabía que la joven presentaba un Trauma Encéfalo Craneano Cerrado y por ello no sólo sabían de la necesidad del TAC, sino que todavía consigna L. T. B. en la nota médica que atenderá la valoración de neurocirugía, es decir, la prescripción dada por el Doctor R. C. E., ordenada antes de la cirugía. Pero también yerra el Tribunal recurrido en esa conclusión probatoria al no considerar o ignorar el INFORME MEDICO, emitido por los doctores L. T. B. y J. R. P., que aparece en el mismo expediente clínico, y en el cual consignan que a las 16:00 la paciente había sido evaluada por los Doctores R. C. E. y R. M., quienes solicitaron TAC de cerebro y cuello; así como el apunte que a 16:30 horas emitió el Doctor C. P. (H.), quien recomendó el TAC de cerebro; todo ello, antes de la realización de la cirugía. Con esa información, la Corte recurrida jamás debió estimar que la orden de realizar el TAC en cerebro, era una prescripción no obligatoria de los imputados, es decir discrecional, porque no sólo ellos sabían de su necesidad, sino que también consignan que fue indicada por tres especialistas diferentes. De esa forma, si hubiese resultado una correcta interpretación probatoria de estos documentos, la Corte de Apelaciones hubiese concluido que hubo una negligencia médica por parte de los médicos encargados de la cirugías a K. J. L. F. en no proceder previo a las mismas a realizar el estudio de tomografía referido, lo que privó realizar el tratamiento médico para atender a la real situación médica de la paciente, y enfocar los esfuerzos en evitar una grave afectación al cerebro, como efectivamente la hubo, por no atender esa condición a tiempo. De no haber incurrido la Corte de Apelaciones en ese error de hecho en la valoración de estas pruebas, el Tribunal hubiese podido ligar el deterioro progresivo del estado neurológico de K. J. L. F., a esa falta de atención oportuna a su cerebro producto, y por ende de una negligencia e imprudencia médica; y así hubiese concluido que su muerte cerebral y posterior paro cardíaco estaba ligado al edema cerebral que desarrolló por esa falta de atención médica a tiempo. Y es meritorio mencionar que en todo el juicio no hay un medio de prueba que desvirtúe el contenido del expediente clínico; no hay otro documento de igual peso legal que describa situaciones distintas a las mostradas por dicho documento, tal como lo exige el recurso de casación que por el presente motivo se ha planteado. 3. La constatación probatoria de los documentos auténticos .Esos documentos o actos auténticos referidos, que se encuentran en el expediente clínico de Clínicas Médicas CEMESA y los cuales son claros y terminantes en la demostración de la falta de deber de cuidado de los imputados, encuentran correspondencia con otros medios de prueba que avalan la información que prueban. De esa forma, es conveniente hacer referencia a ellos, para evidenciar aún más el error de hecho en que incurrió la Corte de Apelaciones recurrida. a. Dictamen del Doctor D. C. B. Especialista en Medicina Legal (folios 216-237). Del mismo, se recogen algunas de sus aseveraciones: Que el edema cerebral es una causa fundamental de muerte. Que el diagnóstico temprano, a través de la evaluación clínica oportuna y con el auxilio de las técnicas modernas de diagnóstico (Rx de cráneo, seguido de Tomografía Axial Computarizada, y estudios de Imagen de Resonancia Magnética, entre otros), es determinante en la evolución en la mayoría de los casos. Que se recomienda la supervisión de la presión intracraneal cuando hay signos de edema cerebral en la TAC o cuando la evaluación en G. está en franca disminución. El daño traumático del contenido de la bóveda craneana a causa de la aceleración y desaceleración rápida del cerebro es una consecuencia de los hechos traumáticos de los accidentes de tránsito; el edema cerebral actúa como una fuerza expansiva dentro se la bóveda craneana causando aumento de la presión intra-craneana. Que obviamente el edema cerebral es una consecuencia grave de los hechos traumáticos craneales y pulmonares; y generalmente va acompañado de heridas y fracturas localizadas en la misma bóveda craneana, tal como en el caso que nos ocupa en donde las heridas estaban en zonas periféricas a los pabellones auriculares las cuales, por la historia (médica), fueron de origen contuso (golpe), y en la zona mandibular la fractura encontrada con pérdida de 7 piezas dentales confirma la acción de contusión. En los casos de traumatismos importantes con aceleración y desaceleración de la cabeza, suele estar presente el edema cerebral, el cual es de instalación lenta pero progresiva, por ello de la importancia del diagnóstico temprano para el establecimiento de la terapia pronta y expedita. Recordemos que el edema cerebral sea cual sea el originen, es de lento y progresivo establecimiento, y así es su marcha hacia el desenlace fatal. Este establecimiento causa un franco y progresivo deterioro neurológico, llegando al coma irreversible y profundo que lleva a la muerte, tal como en el presente caso ha ocurrido. Que en el caso de K. L., el accidente automovilístico ocurrió a las 15:30 hrs y fue ingresada al Hospital CEMESA al ser las 16:20 hrs del mismo día, estableciéndose que la joven fue evaluada por un Médico Internista y por un Médico Neurocirujano, quienes solicitaron en la inmediatez de la primera evaluación que se le practicara a la joven un TAC de Cerebro y Cuello, teniendo como base la exploración clínica y un reporte de G. de 14.Lo anterior no fue debidamente apreciado por el Médico Ortopeda y el Cirujano Plástico, lejos de ello y obviamente conociendo del expediente las órdenes del grupo evaluador priM. de entrada del Hospital Cemesa, así como las características del accidente, procedieron a operar a la joven L., del pie y la mandíbula, aún sin los estudios de la situación cerebral, que es la estructura anatómica más importante en el cuerpo humano. Es más, en la folio 24 “hoja de evolución” del Dr. B., claramente establece que él conocía de la presencia de un TEC CERRADO (Traumatismo Encéfalo Craneano Cerrado) y del Neumotórax (colapso de una parte del pulmón derecho) que lo catalogó como “mínimo”. El perito califica el actuar de los médicos encargados de llevar a cabo la cirugía en K. J. L. F. como imprudente, en vista que a pesar de existir un diagnóstico de politraumatismo con TEC cerrado en forma temprana, se decidió realizar un acto quirúrgico secundario, y además porque se inició un proceso quirúrgico ortopédico, sin los exámenes urgentes indicados de TAC cerebral y resonancia magnética que ofrecerían un estado correcto y diagnóstico de la situación real de la paciente; es decir un diagnóstico completo que permitiría un tratamiento oportuno. Asimismo, porque existió una innecesaria labor anestésica ante la decisión de intervención quirúrgica, y en consecuencia horas de evaluación de síntomas clínicos permanecieron sin su respectiva evaluación oportuna. A la vez cataloga el actuar de los médicos referidos como negligente, ya que la evaluación de la condición cerebral de la paciente era de primerísimo orden y esto fue dejado para segunda oportunidad, y en vista que el examen neurológico cerebral por TAC fue realizado arriba de las diez horas posteriores al accidente. Señala que el diagnóstico temprano, oportuno y confirmado por estudios de gabinete no fue la característica en el presente caso. Fue un diagnóstico no confirmado en forma temprana sino al contrario, tardíamente. Ello perjudicó el desenvolvimiento de la paciente. En este caso, no se diagnosticó el cuadro cerebral en forma temprana, sino hasta horas después, horas que fueron primerísimamente importantes para el desenlace conocido, ya que así también se estableció la terapia en forma tardía. Por esas razones apuntadas por el perito, califica el actuar de los médicos referidos como un caso de mal praxis médica por existir una evidente omisión del parte médico de prestar apropiadamente sus servicios en su relación profesión. b. Dictamen de Doctores R. Y. P. (especialista en medicina intensiva) y JORGE EDUARDO ORTEGA C. (especialista en neurocirugía); quienes fueron nombrados y juramentados en la fase de plenario (Folios 1539 al 1541). Estos peritos, al evaluar también el expediente clínico de Clínicas Médicas CEMESA, ratifican su contenido, en cuanto a los hechos que del mismo se derivan. Así, afirman respecto a la nota de prescripción indicada por el Doctor R. C. E., que es bien entendido en el lenguaje módico que al referirse dicho Doctor al manejo inmediato de la paciente, correspondía a la estabilización de su estado hemodinámico y la inmovilización de sus fracturas. Es más, refiere el dictamen, que el neurocirujano establece que de preferencia el TAC de cerebro se hiciera antes de la cirugía, por lo que a juicio de los expertos sí estaba establecido de forma clara el momento en que debía realizarse la tomografía, es decir antes de la cirugía y no después. Establecen, que quedó claramente establecido “que no se cumplió con la recomendación del neurocirujano” en el sentido de que “Luego del manejo por ortopedia y cirugía plástica se haría TAC Cerebral y columna cervical, de preferencia previo a la cirugía c. Dictamen emitido por el Médico Internista HENOCH RIVERA RIOS; quien fue nombrado y juramentado en la fase de plenario (Folios 1543 al 1544). En este dictamen se consigna con claridad meriD. que al ser examinada en el hospital, la joven K. J. L. F. se mostraba somnolienta, con antecedentes de accidente automovilístico y pérdida del conocimiento por tiempo no precisado. Que se ordenó un TAC, siendo evidente que no se realizó, pues no existe tal estudio ni hay reporte del mismo, y en esas condiciones se perdió el valor de un estudio tan importante como ser la evidencia imagenológica del cerebro, que de haberle dado continuidad al proceso diagnóstico por el médico tratante, se hubiera podido detectar la ausencia en el cumplimiento de dicha indicación, y lógicamente la visualización del estado cerebral hubiera cambiado la ruta terapéutica, dándole prioridad a lo realmente necesario como lo dicta la normatización del ATLS. Sin embargo se sometió a la paciente a un acto quirúrgico, ignorante de la gravedad, de la prioridad terapéutica y lógicamente de las consecuencias transoperatorias del uso de anestésicos que por otro lado modificarían en negativo los hallazgos de la exploración neurológica, más aún en una doble cirugía que duró 4 horas, de las 6 p.m. a las 10 p.m. Agrega el perito que las evaluaciones preoperatorias contemplan el manejo prioritario responsabilizando al médico tratante o cualquier otro médico asignado, pero el anestesista participa en la responsabilidad al detectar síntomas de alto riesgo y debe de suspender de inmediato la operación hasta que el médico tratante, conozca, interprete y decida, con la propiedad cognoscitiva la conducta a seguir de acuerdo a las prioridades de vida. Que postergar una operación ortopédica o de cirugía plástica se debe a la seguridad vital de las personas de acuerdo a la gravedad del caso. Por lo tanto, las intervenciones quirúrgicas realizadas por la cirugía plástica y por ortopedia debieron esperar el dictamen definitivo con el resultado de la TAC de cerebro, no encontrándose en el expediente una autorización quirúrgica que respalde la realización de una operación apresurada por parte de ortopedia y cirugía plástica, ya que estaba en curso, un planteamiento que incluía la TAC cerebral, que no fue seguido, cuyo objetivo era de evaluar prioridades conductuales. Que el neurocirujano, en el proceso diagnóstico, ordenó la TAC de cerebro a las 5:30 p.m. del 13 de mayo de 2000, lo cual no fue cumplido oportunamente, sino hasta después de las cirugías plástica y ortopédica por lo cual es evidente que el tratamiento neurológico fue tardío, causándole perjuicio a la paciente. d. Dictamen del Doctor especialista en medicina crítica (intensiva) O. E. C. P.; quien fue nombrado y juramentado en la fase de plenario (Folios 1536 al 1537). Este dictamen, aunque se refiere al actuar del doctor J. A. C. L., ofrece algunos datos que hacen confirmar la información del expediente clínico y que son coherentes con los pareceres periciales anteriores. Así, el perito refiere que a las 2:30 a.m. del 14 de mayo de 2000, la paciente K. J. L. F., presentaba un edema cerebral hemisférico con ligera desviación de la línea media y colapso del cuerno ventricular derecho; en otras palabras una inflamación cerebral importante. Que la paciente se encontraba en condición grave con evidencia de deterioro neurológico al momento de ser solicitada la intervención médica del Doctor Jesús C. L.. e. Certificación médica extendida por médicos C. A. L. M. (Cirujano) y C. P. O. (Neurocirujana). (Folios 1288 al 1289). En este documento, los especialistas referidos señalan lo siguiente. Que al momento de su ingreso al Centro Médico CEMESA, a K. L., se le había diagnosticado entre otros aspectos que detallan- lo siguiente: Traumatismo Encéfalo Craneano Cerrado más contusión cerebral leve; Trauma facial con fractura mandibular. Que desde su ingreso, se estableció la relación médico-paciente. Que hubo una indicación precisa por el especialista en neurocirugía de la necesidad real y urgente de una tomografía cerebral computarizada (TAC Cerebral), que es la examinación con instrumental especializado de las condiciones del cerebro; la cual no se cumplió, haciendo caso omiso de la advertencia del diagnóstico de ingreso (Trauma encéfalo craneano cerrado), que era una condición prioritaria, y se le sometió a cirugías que no eran en ese momento urgentes. La paciente se deterioró neurológicamente (el cerebro y sus componentes), y fue sometida a un período prolongado de anestesia. En el monitoreo de la paciente en su condición neurológica no fue realizado a cabalidad por el sometimiento a anestesia general lo que ocultó la signología original. Y basado en su análisis concluyen: que el caso de la paciente en referencia lamentablemente no tuvo el manejo que la ciencia neurológica y neuroquirúrgica obligan para la búsqueda del restablecimiento de la salud, lejos de eso hubo acciones y omisiones médicas como las señaladas que llevaron irremediablemente a las consecuencias en la paciente ya conocidas: la muerte. Relación probatoria con el documento auténtico. Con estos medios de prueba se ratifica el contenido probatorio del expediente clínico, más aún cuando estos medios de prueba parten de un análisis del mismo. Al unísono estos medios de prueba determinan: Que al momento de su ingreso al Centro Médico CEMESA y ser examinada, K. L. se mostraba somnolienta, con antecedentes de accidente automovilístico y pérdida del conocimiento por tiempo no precisado; Que fue diagnosticada con un Traumatismo Encéfalo Craneano Cerrado más una contusión cerebral; Que hubo una indicación precisa por el especialista en neurocirugía de la necesidad real y urgente de una tomografía cerebral computarizada (TAC Cerebral), que es la examinación especializada para revisar las condiciones del cerebro, la cual no se cumplió por los médicos participantes en la cirugía que se le practicó, haciendo caso omiso de la advertencia del diagnóstico de ingreso (Trauma encéfalo craneano cerrado), que era una condición prioritaria, prefiriéndose someterla a cirugías que no eran en ese momento urgentes; Que en esas condiciones, se perdió el valor de un estudio tan importante como ser la evidencia imagenológica del cerebro, que de haberle dado continuidad al proceso diagnóstico por el médico tratante, se hubiera cambiado la ruta terapéutica, dándole prioridad a lo realmente necesario. Sin embargo se sometió a la paciente a un acto quirúrgico, ignorante de la gravedad que presentaba en cuanto estado neurológico; Más aun el equipo de anestesia participa en la responsabilidad al detectar síntomas de alto riesgo (paciente desorientada y lenta en la respuesta motriz), y ante ello debió suspender de inmediato la operación hasta que los médicos tratantes (a cargo de la cirugía) decidieran la conducta a seguir de acuerdo a las prioridades de vida; y, Que a pesar que el neurocirujano, en el proceso diagnóstico, ordenó la TAC de cerebro a las 5:30 p.m. del 13 de mayo de 2000, la misma no fue cumplida por imputado, sino hasta después de las cirugías plástica y ortopédica, por iniciativa propia del Doctor Intensivista J. A. C. L., por lo cual es evidente que el tratamiento neurológico fue tardío, causándole perjuicio a la paciente. Por ello, la paciente se deterioró neurológicamente (el cerebro y sus componentes) y fue sometida a un período prolongado de anestesia. Lamentablemente el caso no tuvo el manejo que la ciencia neurológica y neuroquirúrgica obligan para la búsqueda del restablecimiento de la salud, lejos de eso hubo acciones y omisiones médicas como las referidas que llevaron irremediablemente a la paciente a la muerte. Esta evidencia probatoria de mal praxis médica también queda de manifiesto con algunas declaraciones rendidas en el mismo juicio. Así, con la Declaración Indagatoria dada por el médico R. C. E. (Folios 573-580), se confirma que: Que indicó una Tomografía Cerebral y de Columna Cervical luego del manejo inmediato por ortopedia y cirugía plástica es decir inmovilizar las fracturas y cubrir las heridas pero antes del proceso de cirugía; que luego de hacer esa indicación, la joven K. J. L. F. quedó bajo la responsabilidad de sus médicos tratantes, no teniendo noticias de ella sino hasta las dos de la mañana de día siguiente al del accidente, en que luego de hacerse la indicada tomografía, se evidenció un edema cerebral post- traumático en el hemisferio derecho de su cerebro. Agrega que el Doctor L. T. B. se presentó al Hospital CEMESA como médico designado por la familia de la paciente para hacerse cargo de su tratamiento, y desde ese momento quedó bajo su responsabilidad; siendo él quien le indicó a la Doctora G. quien hacía la guardia ese día en el Hospital que solicitara la sala de operaciones y que llamara al cirujano plástico, Doctor P. G.. Estima que el Doctor L. T. B. debió llamar a un médico intensivista para estabilizar a la paciente antes de llevarla precipitadamente a la sala de operaciones. Pero lo más importante, a su juicio, es que el Doctor B. desde el momento que vio a la paciente poli-traumatizada, que aunque se encontraba consciente, con el trauma facial que presentaba con fractura de la mandíbula, era de esperarse que pudiera tener una lesión cerebral, y se debió llamar a un neurocirujano, lo cual no hizo, no siguiendo el protocolo del tratamiento de una paciente con trauma múltiple. Asimismo indica que una vez en sala de operaciones, los anestesiólogos (A. M. M. y M. E. M.), por su vasta experiencia, debieron suspender la cirugía dado que había órdenes expresas en el expediente clínico de realizar la tomografía cerebral, y además porque observaron a la paciente somnolienta y con respuesta lenta. Afirma que la causa de la muerte de la paciente fue un edema cerebral post traumático irreversible. Que, como en este caso, él siempre indica la tomografía porque había pérdida momentánea de la conciencia, lo que conduce a pensar que el paciente pueda tener un hematoma epidural o bien un foco de contusión cerebral. Sobre la prescripción que dio, explica que él indicó la tomografía cerebral y de columna cervical, según consta en las órdenes del expediente médico, las cuales debieron ser cumplidas; que el manejo inmediato que consignó en su nota médica se refería a la estabilización de la fractura y cubrir las heridas, luego menciona que la Tomografía de cerebro y columna cervical debía realizarse preferentemente previo a la cirugía, y lo subrayó para que así se entendiera. Que en su opinión, la tomografía era lo que tenía que hacerse antes de cualquier otra cosa, dado que es un examen de rutina en todo paciente de trauma; y si su orden y recomendación no fue atendida por otros colegas, ello no puede ser su responsabilidad. Si se hubiera hecho la tomografía, es probable que se hubiera mostrado cambio de edema cerebral y se hubiera alertado para un manejo más prudente del caso, tanto por los médicos privados como por los anestesiólogos. Que en el caso de la paciente LUCIA E. DE FRANCO, quien era una de las accidentadas que acompañaba a la víctima en el mismo vehículo, establece que a ella se le diagnosticó el edema cerebral por la tomografía que se le practicó, y luego de ese diagnóstico, fue ingresada de forma inmediata a la unidad de cuidados intensivos, conectada a un ventilador de volumen en el momento adecuado y recibiendo el tratamiento adecuado para el edema cerebral (por ello es que a esta paciente se le pudo salvar su vida, cosa que no ocurrió en el caso de la ofendida).Declaración Indagatoria rendida por la doctora E. M. G. M. (Folios 843-844), quien era la Doctora de Turno en el Centro Médico CEMESA. En ella se destaca 1 siguiente: Que al hacer la búsqueda de qué cirujanos estaban disponibles, apareció el Doctor L. T. B., quien le dijo que era el Doctor de la familia, por lo que le dejó en sus manos a la joven K. J. L. Que dicho Doctor tenía la responsabilidad sobre la paciente. Dice que a la paciente LUCIA E. DE FRANCO, sí le hizo la Tomografía Axial Computarizada (cuando a K. J., que venía del mismo accidente y tenía trauma encéfalo craneano no se le practicó). Que a la ofendida se le estaban practicando los exámenes ordenados, cuando llegó el Doctor L. T. B.. Declaración Indagatoria rendida por el doctor J. A. C. L. (Folios 1006-1012), quien fue el médico intensivista que recibió a la ofendida en la Sala de Cuidados Intensivos una vez que saliera de la cirugía de boca y tobillo. De ella, se recoge: Que al realizarle a K. J. L. F. el examen de Tomografía al cerebro, se estableció la presencia de edema cerebral, ordenada por el declarante. Que a las diez de la mañana del 14 de mayo de 2000, comprobó con el Doctor C. E. que la paciente mostraba un compromiso neurológico muy serio; los mecanismos de producción de edema cerebral habían avanzado rápidamente. Que el estado de la paciente no se modificó y se estableció muerte cerebral. Que en las evaluaciones de urgencia que se practican en un paciente poli-traumatizado (como en el caso de la ofendida), la valoración inicial conlleva a tener una imagen general de la condición del paciente y brindarles ayuda inmediata si lo requiere, incluyendo la estabilización de sus signos vitales. Que al final se concluye en el compromiso general del paciente sus prioridades y las vías que seguirá para su tratamiento. Que recuerda que se revisó el expediente el cual mostraba leves alteraciones neurológicas de la ofendida a su ingreso al hospital. Que en el caso de una paciente poli-traumatizada en área de cráneo facial y fractura de tobillo el área que urge de atención es el área cráneo-facial porque la paciente puede tener complicaciones cerebrales que no sean visibles en ese momento. Declaración del testigo C. N. L. L. (Folios 132- 135), quien es el padre de la víctima fallecida, K. J. L. F.. De su declaración, entre otros aspectos, se recoge. Que no entiende por qué a todas las examinadas en Centro Médico CEMESA, les hicieron la Tomografía, con excepción de K. J. L. F., a quien desde su ingreso se le había diagnosticado un Trauma Encéfalo Craneal. A todas ellas, con excepción de su hija, para hacerles ese examen las trasladaron a escasos 200 metros de la sala de emergencia de CEMESA. Que fue hasta dos horas después de la operación a que fue sometida su hija (en la madrugada del día siguiente al del accidente) en que a ella se le hicieron las Tomografías que se habían ordenado por varios médicos previo a la cirugía de mandíbula y pie. Y que al ser realizadas a destiempo mostraron que el cerebro de ella estaba en un proceso de inflamación a niveles preocupantes, lo que avizoraba en desenlace fatal, como efectivamente ocurrió. Que luego de consultas que hizo con otros especialistas en el exterior, se enteró que el procedimiento aplicado a su hija no había sido el correcto, ya que lo que primero se atiende es la cabeza y no las fracturas. Que en el informe médico elaborado por los Doctores L. T. B. y J. R. P., se evidencia que también el Doctor C. P. H. recomendó una TAC de cerebro, previo a la cirugía. Que también recomendó la realización de la TAC de forma previa a la cirugía el Doctor R. C. E.. Declaración de la testigo Z. F. L. (Folios 42 1-422), quien es la madre de la víctima fallecida, K. J. L. F., y que también sufrió el accidente de tránsito. En esencia dice: Que a todas las accidentas que llegaron al Centro Médico CEMESA, las condujeron a efectuarse examen de Tomografía, menos a su hija K. J. L. F., a pesar que el doctor C. P. H. la había ordenado. En contra de ello, más bien la condujeron a sala de operaciones. Declaración de los testigos O. M. B. P. y W. L. L. (Folios 1329-1334). Ambos son los padres de la joven acompañante de la víctima, de nombre L. E. DE F.. En esencia, de sus declaraciones se destaca lo siguiente: Que no entienden por qué a K. J. L. F. no se le realizó la Tomografía, ya que se había ordenado la misma. • Que los Doctores que se hicieron cargo de la joven fallecida una vez que el Doctor C. E. ordenó la Tomografía, fueron el Doctor L. T. B. y el Doctor P. G., quienes señalaban que la ingresarían a cirugía. Que a la hija de ellos L. E. DE F. B., sí se le practico la TAC (Tomografía Axial Computarizada). Que los Doctores que tomaron la decisión de operar a K. J., fueron los Doctores R. M., L. T. B. y G. P. G.. Que el examen del TAC se lo realizaron a las pacientes N., S. L. (madre de K. J. L.) y a su hija L. E. DE F. B.. Con estas declaraciones, se confirma la realización de un acto de mal praxis médica por parte del equipo encargado de la realización de las cirugías de pie y mandíbula de K. J. L. F., al evidenciarse que dicho equipo no tomó en cuenta las diversas indicaciones de realizarle la Tomografía Axial de Cerebro, como estudio previo a la realización de la cirugía; optando dicho equipo por realizar el acto quirúrgico de forma anticipada. Asimismo, confirma la intervención del Doctor L. T. B. como el profesional de la medicina que se presentó al Hospital para hacerse cargo de la paciente por ser el médico designado por la familia de ella, siendo él quien convocó al cirujano plástico G. P. G. para que se hiciera cargo de la cirugía plástica en mandíbula. Se confirma, a la vez, la circunstancia que los médicos anestesiólogos pudieron haber detenido el proceso quirúrgico, en vista de observar las órdenes de realización del TAC en cerebro y por la misma sintomatología que mostraba la paciente y que ellos inclusive anotaron en el expediente clínico. Se revela que las demás acompañantes del K. J. L. F., sí fueron sometidas al TAC de cerebro por las características de politraumatismo que presentaban, misma situación que evidenciaba K. J., y a pesar de ello, y de ser diagnosticada a su ingreso con un Traumatismo Encéfalo Craneal Cerrado, sus médicos tratantes y que integraban el equipo a cargo de las cirugías negó la posibilidad de su realización. Estudio que se efectuó cuatro horas después de salir de la cirugía por iniciativa del Doctor J. A. C. L., y que mostró de forma inmediata el edema cerebral que al final le condujo a su muerte. 4. La valoración intelectiva de la sentencia: evidencia del error de hecho en la valoración de la prueba. Y para terminar con el argumento de ataque a la errada valoración de la prueba por parte de la Corte de Apelaciones, y su ignorancia al documento auténtico como ser el expediente clínico de la atención a la ofendida K. J. L. F., en la motivación probatoria efectuada por ese Tribunal se muestran sus enormes desaciertos valorativos, que lastimosamente le conducen a decidir a absolver a los imputados L. T. B., G. P. G., A. M. M. y M. E. M.. A manera de muestra, se exponen algunos desaciertos: Por un lado, en este apartado de la sentencia, la misma dice que las declaraciones de los encausados son coherentes en los datos proporcionados y mantienen la misma línea de información en cuanto al punto núcleo del presente juicio. Cuando ello no es cierto, ya que de las declaraciones de los doctores R. C. E., E. M. G. M. y J. A. C. L., más bien se advierte la responsabilidad penal en que incurrieron los imputados L. T. B., G. P. G., A. M. M. y M. E. M., con el desarrollo de un procedimiento quirúrgico no acorde con el protocolo a seguir; por lo cual esas declaraciones indagatorias no son coincidentes entre sí, y más bien son incriminatorias en la forma antes dicha. De forma poco específica, la sentencia expresa que los imputados se basaron en el Principio de Confianza donde cada uno de los especialistas y la módico general aportaron sus conocimientos especializados y experiencia en la atención de la paciente, y señalaron de forma clara el rol que desemP.ron en su tratamiento, lo que denota que actuaron como un equipo multidisciplinario, conforme a las anotaciones médicas que aparecen en el expediente clínico. Sobre este punto, tal principio fue roto por los imputados L. T. B., G. P. G., A. M. M. y M. E. M., en vista que no siguieron las órdenes de tres especialistas que indicaron la realización de la TAC de cerebro en la ofendida. En todo caso, los médicos que prescribieron la realización de ese examen, sí pensaron que los médicos tratantes efectivamente cumplirían con esa indicación; de tal manera que dicho principio que es fundamento de la Teoría de la Imputación Objetiva, al menos en el caso de los imputados no es aplicable, ya que debían haber practicado el examen antes de proceder a realizar las cirugías. Dice la sentencia que luego de valorarse el estado en que ingresó la paciente, con traumas severos en cara y pie, y de evaluar su estado neurológico, se decide su intervención a fin de salvarle la vida. Cuando el estado de valoración que se estableció de ella desde el ingreso consistía en una paciente que presentaba un Trauma Encéfalo Craneano, siendo esta la condición anotada y reconocida por el Doctor L. T. B., lo que sumado a la evaluación neurológica, en la cual se indica la realización del TAC previo a la realización de la cirugía (por tres especialistas distintos), contradice más bien lo aseverado por el Tribunal recurrido, puesto que de esos hallazgos lo que se determina es que de la condición médica que mostraba, para salvarle la vida era su tratamiento médico a su cerebro, y por ello la necesidad de realizar la Tomografía apuntada. Y ello era del conocimiento de los médicos imputados que irresponsablemente decidieron someterla a cirugías para tratar su boca y pie (cuyo estado de las heridas según la prueba referida podía ser estabilizado) descuidando la parte del cuerpo de la paciente que merecía atención prioritaria: su cerebro. Y muestra de ese descuido es el desenvolvimiento que este órgano tuvo con el desarrollo del edema cerebral que a la postre marcó la ruta descendente del estado de salud de K. J. hasta conducirla a su muerte. Resultando insólito y a la vez absurdo que la Corte de Apelaciones establezca que no se precisa cuál es la causa de muerte de la ofendida, en vista que no se le practicó el examen de autopsia, ya que lo que sí sobra en este caso es información médica documentada en un expediente clínico que acredita con solvencia cuál fue el evento que de poco a poco degradó el estado de salud de K. J. L.: el edema cerebral en su hemisferio derecho, que de poco a poco le generó mayor presión intra-craneana hasta desembocar en una muerte cerebral que derivo en un paro cardíaco que le produjo la muerte. Y esta causa de muerte, no sólo consta del expediente clínico, sino de otros medios de prueba que respaldan esa condición (dictámenes periciales y declaraciones). Esa aseveración de la Corte recurrida, resulta contradictoria con su propia interpretación probatoria, ya que el CUARTO HECHO PROBADO de la sentencia, el Tribunal claramente determina dicha causa de su muerte, al decir: “Sin embargo, K. J. L. F., fue presentando al paso de las horas del día siguiente deterioro progresivo de su estado neurológico, falleciendo en fecha diez y nueve de mayo del año dos mil por politraumatismo, trauma cráneo cerebral difuso, paro cardiaco y muerte cerebral”. Nótese que en este hecho probado sí tiene bien definido la causa de la muerte. Respecto a la anotación del Neurocirujano R. C. E., y que la Corte de Apelaciones inclusive reproduce, relativo a que debía practicarse la Tomografía Axial Computarizada de Cerebro y Columna Cervical, luego del manejo inmediato de ortopedia y cirugía plástica de preferencia previo a la cirugía; en primer lugar, ignora la Corte recurrida que la paciente había sido diagnosticada a su ingreso a CEMESA de sufrir un trauma encéfalo craneano; que el mismo Doctor C. E. había señalado que ella había tenido una pérdida momentánea del conocimiento y que se mostraba somnolienta, pero más allá de ello, la indicación es clara y él lo ratifica en su declaración: la tomografía se haría una vez que de forma inmediata se estabilizaran las lesiones que tenía en pie y boca y de forma previa a la cirugía. También ignora la sentencia, que otros documentos que aparecen en el expediente clínico revelan que había otra orden médica que exigía la realización de la Tomografía; incluso en el Informe elaborado por los Doctores L. T. B. y J. R. P., se indica que antes de la cirugía recibieron la indicación de los Doctores R. M. S. y C. P. H. para que dicha evaluación se realizara. Y no se debe menospreciar, como de fondo quiere hacerlo la sentencia, que los imputados aún y cuando ostentaban sus propias especialidades no afines al campo de la neurología o neurocirugía, podían ignorar el propio estado de la paciente, cuando evidenciaba semejante impacto en su cabeza, que le había significado la pérdida de siete piezas dentales; porque antes de ser especialistas, son médicos y por tanto estaban obligados a saberlo. Ante tan importante trauma era obvio que debía atenderse y verificar el estado actual de su cerebro, para que con esa información se estableciera la ruta de tratamiento a seguir. En todo caso, la recomendación médica del Doctor C. E. ubica claramente el momento de realización de la Tomografía al Cerebro: después de la atención inmediata de ortopedia y cirugía plástica, pero antes de realización de las cirugías respectivas. Ante tanta claridad de hechos, nos resulta inexplicable que la Corte de Apelaciones piense que era discrecional como acto médico la no realización de tan vital examen. Existe un desprecio a la motivación al momento de analizar el expediente clínico por parte de la Corte recurrida, en vista que sólo se dice que muestra los diferentes sucesos ocurridos en el tratamiento de la ofendida; que en él consta los resultados de la Tomografía Axial y el IRM practicados a ella y que fueron realizados por un profesional de la rama de la radiología. Omitiendo señalar que en dicho expediente clínico aparece la condición de diagnóstico efectuado a la joven L. F. cual era un politraumatismo, con un Trauma Encéfalo Craneano; que la anotación de neurólogo es que se realizara la TAC de cerebro antes de cualquier proceso de cirugía, con el apunte que había perdido momentáneamente su conocimiento; que hay órdenes médicas que indican también la realización de esta examen; que existe un Informe elaborado por el mismo L. T. B., en el que se reconoce que no sólo el Neurólogo indicó la TAC de cerebro, sino que otros especialistas, indicaciones que fueron todas ellas consignadas antes de llevar a la niña al quirófano; que el expediente muestra que ese vital examen no se hizo sino varias horas después de salir de las cirugías a pesar de su indicación, del diagnóstico dado en la paciente en cuanto a sufrir un trauma en su cerebro, siendo esta la omisión del deber de cuidado en que incurrieron los imputados por someterla a operaciones que no eran las indicadas en ese momento, sino la atención y tratamiento a su situación neurológica; que inclusive la sintomatología de tener una afectación cerebral fue advertida por los anestesiólogos que participaron en la cirugía, al punto de describirla por escrito; que el resultado obvio de descuido se manifiesta al realizársele 10 horas después de su ingreso al hospital la Tomografía en su cerebro, que reveló la presencia de un edema, que fue precisamente la causa que derivó en su muerte, con lo cual se ratifica más la necesidad y cuidado de los médicos tratantes -y hoy imputados- en haber atendido la condición de su cerebro antes de cualquier otra necesidad médica. Esta evaluación de necesidad y oportunidad médica, no aparece en la pobre explicación probatoria que hace la Corte de Apelaciones al expediente clínico, y la razón de ello es que ante la solidez que la información probatoria revela, la Corte no tiene otra salida que dar explicaciones mínimas o periféricas, no de fondo del contenido de tan vital medio de prueba. Es decir, la escasa explicación de la sentencia sobre este documento auténtico, deja entrever la escasa posibilidad del Tribunal recurrido en extraer de él estas circunstancias fácticas de sencilla extracción; y ese desprecio, lo ha hecho con el afán de restar responsabilidad penal a los imputados. Y como un acto de fraude de ley procesal por parte de la sentencia, con el único propósito de intentar fundamentar la decisión de absolución, la resolución valora formalmente como prueba documental, pero como un claro dictamen pericial, un “DICTAMEN MEDICO”, emitido por una Comisión Ad Hoc nombrada no por el Juzgado de Letras de primera instancia, sino por la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras, que no es autoridad judicial para hacer tal designación de expertos. De esa forma, en una clara violación a los Arts. 289, 290 y 295 del Código de Procedimientos Penales, la Corte de Apelaciones valora ilegítimamente como pericia un medio de prueba documental disfrazándolo de pericial, cuando se refiere a un parecer que requiere de conocimientos especializados. Basado en su contenido, la Corte recurrida estima que en el examen neurológico indicado a la paciente L. F., no se contraindicaba el tratamiento quirúrgico de las lesiones (de tobillo y mandíbula); incurriendo con ello en un error de la prueba, porque en efecto el examen neurológico no prohibía la realización de la cirugía, sino más bien la condicionó al resultado previo de la Tomografía Axial Computarizada de cerebro y columna cervical. Además, resulta incomprensible que la Corte recurrida le conceda valor probatorio al Dictamen-Documento, en vista que le concede valor de convicción únicamente por el hecho de haber sido un equipo multidisciplinario en medicina, sin analizar su contenido. Otra evidencia, de la desacertada valoración probatoria opuesta al contenido del expediente clínico. 5. Constatación de la comisión del ilícito. Con toda esa información comprobada, proveniente del expediente clínico y ratificado por otros medios de prueba, se constata no sólo el grave error de hecho en que incurrió la Corte de Apelaciones, sino la injusticia derivada de él al considerar que los imputados L. T. B., G. P. G., A. M. M. y M. E. M. no incurrieron en el tipo penal de Homicidio Culposo, regulado en el Art. 121 del Código Penal. La Corte de Apelaciones con su decisión muestra su desmedido interés en exculpar de responsabilidad penal a los imputados, cuando con sólo el expediente clínico (no digamos de su relación con los restantes medios de prueba referidos) se acredita que los indiciados incurrieron en la infracción objetiva de una norma de cuidado, como ser, desde su posición de profesionales de la medicina procurar, según las circunstancias del caso que atendían de K. J. L. F., la aplicación de la ruta clínica adecuada para la atención urgente de su padecimiento mayor; más por el contrario, ignoraron la sintomatología que ella presentaba; ignoraron el diagnóstico médico establecido respecto de ella; ignoraron las indicaciones y órdenes médicas señaladas para antes de ser sometida a un proceso de cirugía, a pesar que esos elementos ya les guiaban para decidir cuál era el tratamiento adecuado que esta paciente de cuidado merecía para salvaguardar su salud y propiciar su recuperación. Lejos de ello, optaron por la atención en lesiones secundarias de boca y tobillo descuidando el estado de su cerebro, que por la historia clínica del caso y las circunstancias especificadas, merecía una atención inmediata para determinar el grado de afectación que tenía, y de ello establecer cuál era el tratamiento que debía ser aplicado para priorizar en la preservación de su vida; cosa a la cual, como se ha establecido, renunciaron por completo. Y con esa conducta hicieron hacer prevalecer su interés, en aprovechar una oportunidad de intervenir apresuradamente a una paciente que requería otro tipo de cuidados, incumpliendo con ello las obligaciones que como médicos debían observar en preservar el mayor bienestar de salud a su paciente. Así, en el presente caso a pesar que la Corte recurrida se resista a ello la conducta de los indiciados es propia del Art. 121, citado, en relación al Art. 13, párrafo tercero, del mismo Código. En este caso, los imputados no quisieron cometer un hecho típico, pero lo realizaron con infracción de una norma de cuidado, como ser la no realización de la TAC cerebral, advirtiendo la posibilidad de afectación a la salud de K. por la no realización del examen indicado de forma oportuna, y a pesar de ese conocimiento decidieron omitir su realización. Ante ello, nos encontramos ante un caso claro de CULPA CONSCIENTE, ya que no se quiso causar la lesión al bien jurídico vida, pero se advirtió su posibilidad y sin embargo se actuó (se decidió por los imputados operar sin los resultados de la TAC cerebral). Así, estos médicos, con esa omisión objetiva de su deber de cuidado, que constituye el tipo imprudente, faltaron a su deber ético impuesto en el Art. 31 del Código de Ética del Colegio Médico de Honduras, que dispone: “El médico deberá prestar al paciente los cuidados que le dicte su conocimiento y conciencia profesional...” resultando en el presente caso que los imputados hicieron valer su interés personal a la aplicación de su conciencia profesional que correspondía al estado que manifestaba K. J. L. F., haciendo a la vez, caso omiso de la aplicación de sus conocimientos en una paciente que a todas luces presentaba un importante trauma encéfalo craneano y que requería otra ruta en su tratamiento. Por el hecho de no considerar la Sentencia recurrida la responsabilidad penal de los imputados, se ha causado graves daños a los intereses y derechos de la víctima (los familiares de (K. J. L. F.), puesto que habiendo prueba suficiente que quebrantaba el estado de inocente de los imputados, no se les condenó por el delito imputado; siendo por ello el recurso de casación desarrollado el remedio procesal previsto por la ley para poder corregir la tremenda injusticia que con la sentencia impugnada se ha producido, y que a la vez genera impunidad con relación a hechos tan claros de mal praxis médica. De toda esta exposición del presente motivo de casación, resulta que de forma objetiva procede declarar la responsabilidad penal de los imputados L. T. B., G. P. G., A. M. M. y M. E. M.N, no formalizándose, en consecuencia el presente recurso en contra de los restantes acusados.” CONSIDERANDO: Que mediante proveído de fecha veintiséis de noviembre de dos mil trece, se tuvo por formalizado en tiempo el recurso de Casación interpuesto por parte de la abogada L. C. V., asimismo se le sustituyó poder al abogado E. J. L. Z., con las facultades a él conferidas, en consecuencia se omitió el traslado de los autos al Fiscal del Despacho en virtud de ser recurrente. CONSIDERANDO: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de merito. CONSIDERANDO: Que la formalización del Recurso de Casación por Infracción de Ley, en sus Único Motivos reúne todos los requisitos legales, por lo que es procedente su admisión, debiendo oportunamente dictar Sentencia sobre la procedencia o improcedencia del mismo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre de la República de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 410, 411, 412 numeral 1) y 2), 418, 420 del Código de Procedimientos Penales; 915, 919 No. 2), 921 del Código de Procedimientos Civiles de 1906; y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Falla: Declarar ha lugar la admisión de los Recursos de Casación por Infracción de Ley en sus únicos motivos interpuestos por la abogada K. M. M. M., en su carácter de Fiscal del Ministerio Público, y la abogada L. C. V., actuando en su condición de Acusadora Privada en representación de la señora S. F. L., en la causa instruida contra los señores R. E. M. S., R. D. E., L. T. B. B., A. M. M., F. G. P. G., M. E. M. F., E. M. G. M. y J. A. C. L., por suponerlos responsables del delito de HOMICIDIO CULPOSO en perjuicio de K. J. L. F., contra la Sentencia Condenatoria dictada en fecha cinco de septiembre de dos mil trece por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Y MANDA: Que oportunamente se dicte la Sentencia sobre la procedencia o improcedencia de los recursos de casación presentado.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO.- REYNA AUXILIADORA HERCULES ROSA.-MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRUZ F..- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, uno de de marzo del año dos mil diecisiete. La Sala de lo Penal, integrada por los Magistrados: Rafael Bustillo Romero en su calidad de Coordinador, José Olivio Rodríguez Vásquez y Reyna Auxiliadora Hércules Rosa quien integra por excusa justificada de la Magistrada Alma Consuelo Guzmán García, resuelve: VISTO: Para dictar sentencia los Recursos de Casación por Infracción de Ley, formalizados ante este Tribunal el doce de noviembre de dos mil trece, por la abogada K. M. M. M., en su carácter de Fiscal del Ministerio Público, en fecha doce de noviembre de dos mil trece y la abogado L. C. V., mayor de edad, hondureña del domicilio de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, actuando en su condición de Acusadora Privada en representación de la señora S. F. L., en fecha veintiséis de noviembre de dos mil trece, en relación a la acusación interpuesta en fecha cuatro de septiembre del año dos mil, ante el entonces Juzgado de Letras Cuarto de lo Criminal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por el abogado J. A. C. A., mayor de edad, soltero, con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, quien actúa en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en contra de los señores R. E. M. S., R. D. E., L. T. B. B., A. M. M., F. G. P. G. y M. E. M. F. , mayores de edad, hondureños, Médicos Especialistas del domicilio de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por el delito de Homicidio Culposo en perjuicio de K. J. L. F.. Los Recursos de Casación se interpusieron en contra del fallo emitido en fecha cinco de septiembre de dos mil trece por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que declaró sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la abogada D. A. E. F., en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la abogada L. C. en su condición de Acusadora Privada , contra la sentencia definitiva absolutoria de fecha doce de enero de dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras Penal de la sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de la manera siguiente: “Falla: Absolviendo de toda Responsabilidad Penal a los ciudadanos R. C. E., L. T. B. B., F. G. P. G., A. M. M., M. E. M. F., E. M. G. M., R. E. M. S. Y J. A. C. L.” CONSIDERANDO: Que en sentencia de fecha cinco de septiembre de dos mil trece, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortés, REFORMÓ los hechos estimados declarados y probados por el A-Quo, redactándolos de la siguiente forma: PRIMERO: El día trece de mayo del año 2000, aproximadamente a las cuatro de la tarde, la menor K. J. L. F., fue ingresada a emergencia del Hospital Centro Médico Sampedrano Sociedad Anónima (CEMESA) de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, presentando lesión severa del tobillo derecho y como consecuencia una lesión vascular con fractura expuesta, lesión en la cara con pérdida de siete piezas dentarias, con fractura expuesta a nivel de la mandíbula, y una lesión craneoencefálica leve producida por un accidente de tránsito ocurrido alrededor de las tres y media de la tarde, de esa misma fecha cuando se conducía junto con tres acompañantes en el vehículo conducido por su madre señora S. F. de L.. SEGUNDO: Las atenciones médicas de urgencia qué recibió K. J. L. F. inicialmente le fueron brindadas por la médico residente general, E. M. G. M., quien luego de una evaluación preliminar y de tomar decisiones de urgencia (ordenes médicas) consistentes en exámenes generales físico y laboratoriales asimismo, exámenes radiológicos interpretados por el radiólogo C. A. P. H.; llamó al Doctor R. D. E., especialista en Neurocirugía, para que evaluase neurológicamente a las pacientes accidentadas, incluyendo a la joven K. J. L. F.. Llegando también a emergencia, un equipo de especialistas, en neurocirugía, ortopedia, cirugía reconstructiva, anestesiología, entre ellos, el doctor R. E. M. S. especialista en medicina interna quien se encargó de coordinar las acciones medicas a realizar en relación a todas las personas accidentadas, de conformidad a las normas internacionales del manejo del paciente politraumatizado descritas en el ATLS. TERCERO: En orden de atención a la paciente, a las 5:30 de la tarde de la fecha ya citada, interviene el doctor R. D. E., especialista en neurocirugía, quien al realizarle examen neurológico del tamaño de las pupilas y, de los reflejos pupilares a la joven K. J. L. F., estableció que dicha joven presentaba politraumatismo con trauma encéfalo craneano, hablaba coherentemente, su estado mental neurológico, y del nivel de conciencia era de 14/15 que conforme la escala de G. indicaba un riesgo bajo de lesión cerebral, indicándole la práctica de una tomografía axial computarizada cerebral y de columna cervical, luego del manejo inmediato de ortopedia y cirugía plástica de preferencia previo a la cirugía, sin especificar en su orden médica la preeminencia del TAC (tomografía axial computarizada) aludido como resultado del examen neurológico, por lo que de manera inmediata, se decide someterla a una intervención quirúrgica de urgencia para evitarle a K. J. L. F. una tromboembolia pulmonar, o una bronco aspiración, que le produjera asfixia, dado que sangraba bastante del área de la mandíbula y cara y la intervención quirúrgica de las lesiones visibles que presentaba en ese momento consistentes en fractura expuesta de tobillo y mandíbula, siendo los médicos tratantes en ese momento, el Doctor L. T. B. B., especialista en traumatología, el Doctor F. G. P. G., especialista en cirugía plástica y reconstructiva, junto con los especialistas en anestesiología M. E. M. F. y A. M. M., saliendo la joven K. J. L. F. estable de la misma, y recibió todos los cuidados postoperatorios del médico Jesús A. C. L., especialista en cuidados intensivos (intensivista). CUARTO: Las prácticas médicas realizadas por los médicos encausados anteriormente mencionados resultaron en tratamientos apegados a las normas y prácticas de la lex artis en el ámbito de la medicina. Sin embargo, K. J. L. F., fue presentando al paso de las horas del día siguiente deterioro progresivo de su estado neurológico, falleciendo en fecha diecinueve de mayo del año dos mil por Politraumatismo, trauma cráneo cerebral difuso, paro cardiaco y muerte cerebral.” CONSIDERANDO: Que en fecha doce de noviembre de dos mil trece, compareció ante este Tribunal la Abogada K. M. M. M., de generales y condición ya expresados, formalizando su Recurso de Casación de la siguiente manera: “EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. MOTIVO ÚNICO: “Haber incurrido la Corte de Apelaciones en Error de hecho en la Apreciación de la Prueba que resulta de Actos o Documentos Auténticos” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el numeral 2 del artículo 412 del Código de Procedimientos Penales. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Partiendo de los antecedentes antes señalados, evidenciamos que nuestro recurso de casación se centra específicamente en que en la causa de mérito, el Juzgador ha emitido un fallo absolutorio, sin embargo del análisis de las referencias procesales supra-mencionadas y específicamente de la motivación fáctica de la sentencia que ahora impugnamos, esta Oficina del Ministerio Público es del criterio que la misma se torna injusta en lo que corresponde a la absolución de los señores R. D. E., A. M. M., M. E. M. F., L. T. B. B. y G. P. G., ya que estima el representante de la sociedad que al haber arribado a esta conclusión el ente jurisdiccional inobservó el andamiaje probatorio de cargo evacuado en el proceso, pues de las resultas de la probanza incorporada, efectivamente se acreditó que la manera de muerte de la joven K. J. L. F. se produjo como consecuencia de una negligencia médica en la cual los procesados en cuestión tenían la posición de garante en cuanto a mantener su integridad dada su condición de médicos tratantes. En tal sentido y siendo que el Ad-quem se limitó a confirmar el fallo de primera instancia en lo relativo a la situación planteada, éste al igual que el primero ha incurrido en error de hecho en la apreciación de la prueba, específicamente de las conclusiones que emanaron de la inspección realizada sobre el expediente clínico de la paciente K. J. L. que se encontraba en el Hospital Cemesa, inspección que fue llevada a cabo por la Juez asociada de la secretaría de actuaciones, de los peritos nombrados Doctor M. F. P. y M. E. S. ambos de Medicina Forense, la fiscal y apoderados defensores; acto auténtico éste del cual se derivó el dictamen 1101-2001 emitido por Medicina Forense así como su ampliación, que fueron desvalorados por el Tribunal de Alzada, pese a que el mismo constituye un acto cuyo contenido es producto de un acto de carácter auténtico, al revestir los requisitos esenciales de: 1) Extrínseco: Por haber sido autorizado y ejecutado por Funcionarios Públicos en el ejercicio de sus funciones.2) Intrínseco: en virtud que la prueba que se deriva de la inspección (dictamen de Medicina Forense) fue efectuado por funcionarios investidos como peritos por el mismo ente juzgador a efecto que rindiesen la pericia y quienes han consignado elementos objetivamente confiables, por no apreciarse ningún tipo de parcialidad hacia alguna de las partes involucradas (acusador privado, defensa de los imputados). Partiendo de la supra indicada probanza que constituye el acto o documento auténtico que ha sido desvalorado por el juzgador, es que procedemos a desarrollar el presente recurso de Casación, donde la probanza en mención (inspección judicial que deriva en pericia forense) resulta válida y suficiente para determinar que los profesionales de la medicina R. D. E. (Neurocirujano); A. M. M. Y M. E. M. F. (Anestesióloqos); L. T. B. B. (Ortopeda) y G. P. G. (Cirujano Reconstructivo) son responsables de la muerte de K. J. L. F., en virtud que durante el desempeño de los mencionados imputados como Médicos Tratantes de la ahora fallecida, cada uno en el ámbito de su especialidad, crearon situaciones penalmente relevantes que pusieron en situación de riesgo grave la vida de la Joven L. F., mismas que se exponen a continuación y que son el resultado de la inspección practicada al expediente clínico manejado en el Hospital CEMESA y que se exponen a continuación: Los hechos sometidos al escrutinio judicial se resumen de la siguiente manera: 1.- El día 13 de mayo del 2000 antes de las cuatro de la tarde, la joven K. J. L. F., fue víctima de un accidente de tránsito del cual resultó con múltiples lesiones. 2.- Ese mismo día y aproximadamente a las cuatro de la tarde, K. J. L. F. fue ingresada a emergencia del Hospital Centro Médico Sampedrano Sociedad Anónima (CEMESA), siendo en ese momento atendida por la médico de Turno, Dra. E. M. G., quien en declaración rendida en sede judicial, afirmó haber brindado los primeros auxilios a la paciente y haber requerido de los servicios del Dr. R. D. E. (Médico Especialista en Neurología), en virtud que la paciente además de presentar evidente lesión grave en el tobillo y la muñeca, también presentaba fractura expuesta en la cara con pérdida de piezas dentales, lo cual devenía en la imperiosa necesidad de que la paciente fuese examinada por un experto en Neurología tomando en cuenta la ubicación y magnitud de éstas últimas lesiones. 3.- Por su parte el Dr. R. D. E. (Neurólogo), convalida lo dicho por la Dra. G., y además refiere que efectivamente aproximadamente a las 05:15 de la tarde del día 13 de mayo del 2000, le practicó examen neurológico de emergencia a la paciente K. J. L. F., quien al momento de la evaluación presentaba un rango de 14 de nivel de conciencia según la escala de G., y que también le hizo evaluación del tamaño de las pupilas y de los reflejos pupilares; que en sus órdenes médicas indicó tomografía cerebral y de columna cervical de preferencia previo a cirugía; y que luego la paciente quedó con otros médicos tratantes mientras el atendía a la paciente más grave que era Lucía de Franco. 4. A pesar de que se había indicado ejecutar una tomografía cerebral a la menor K. L. para verificar su estado neurológico, la orden no fue cumplida y aún desconociéndose el extremo antes señalado, la paciente a las 05:15 de la tarde de ese mismo día, fue sometida a una cirugía (de ortopedia y cirugía plástica) que duró cinco horas, que ameritó el uso de anestesia general, suministrada por los Ores. A. M. M. y M. E. M. F. (ambos especialistas en Anestesiología). 5.- La paciente K. L., salió del quirófano a las once de la noche, es decir, siete horas y media después del trauma (accidente), que según refirió el Dr. Jesús C. (Médico Intensivista), que la atendió en el post operatorio (cuidados intensivos) en ese momento la menor salió muy deteriorada de su cerebro al grado tal, que el especialista inicialmente consideró que no reaccionaba por los efectos de los anestésicos, pero que al practicarle un TAC (Tomografía Cerebral) que ordenó aproximadamente a la 01:00 de la mañana (9 horas después del trauma), se pudo verificar que presentaba “EDEMA CEREBRAL POSTRAUMATICO MASIVO FOCALIZADO EN EL HEMISFERIO DERECHO”, lo cual generó una daño cerebral irreversible en la paciente. 6.- El 15 de mayo de 2000 a las 08:45 de la mañana se declara a la menor K. L. clínicamente con muerte cerebral. 7.- El 19 de mayo de ese mismo año, a las 07:30 se produce la muerte de la menor L., según refiere el expediente clínico y el acta de defunción al efecto emitida, a consecuencia de politraumatismo, trauma cráneo cerebral difuso.- Muerte cerebral, paro cardiaco respiratorio. La inspección ocular en manifiesto y documentada a través del acta respectiva, tiene respaldo en las declaraciones de los médicos involucrados, del dictamen 1101- 2001 emitido por Medicina Forense y que a su efecto ordenó el juzgador como consecuencia de dicha inspección; así como todas las demás pericias incorporadas al proceso; probanza de la cual se logra concluir que si bien es cierto, este Ente Acusador tiene claro que el trauma (accidente) que sufrió la paciente y que le provocó un edema cerebral postraumático masivo no fue provocado por los Doctores R. D. E. (especialista en Neurología), A. M. M. y M. E. M. F. (Anestesiólogos), L. T. B. B. (Ortopeda) y G. P. G. (Cirujano Reconstructivo), pero no menos cierto es, que el nexo causal del delito investigado se produce por las acciones y omisiones producidas por ellos, ya que en el caso del Doctor D. E., él recibió a la paciente inicialmente en su condición de médico especialista en la materia de la Neurología dado que el estado neurológico de la paciente así lo requería de manera urgente (tal como lo afirmó la Dra. G.); asumiendo dicho galeno desde ese momento la figura de médico tratante, en virtud que fue él mismo quién ordenó la práctica de una Tomografía Cerebral y Cervical antes de cualquier cirugía; extremo que se desprende de la inspección realizada por los peritos forenses al expediente clínico, es así que era él quien devenía en la obligación de asegurarse de que dicho examen se ejecutase de acuerdo a los parámetros por el mismo establecido, para así certificar que la paciente estaba en capacidad optima de soportar un grado de anestesia general, para corregir el daño físico que en éste caso era considerado secundario y no emitir criterios no determinantes como “preferiblemente antes de la cirugía” y referir a la vez que en su experiencia personal siempre lo indica antes, pues al hacerlo así, actúa de manera negligente. Es por ello que la omisión y acción del acusado si tiene un nexo causal con la producción del resultado, la cual se traduce en que se abstuvo de practicar un TAC para descartar daños cerebrales y permitir que la paciente fuese sometida a una operación quirúrgica aún y cuando no existía seguridad de que el cerebro de la paciente era estable, es así que con su conducta creó una emergencia que no correspondía al caso respecto al objeto de la cirugía en relación con el daño cerebral preexistente en la paciente, lo cual provocó por su tardío descubrimiento (post operatorio) un daño neurológico irreversible en la víctima que finalmente le cobró la vida; y es precisamente esta conducta por parte del Dr. D. E. la que se reprocha penalmente, pues obró de forma negligente en su condición de médico tratante al no prestar la diligencia necesaria para atender el cuadro clínico que se le presentó y sin que existiera causa de justificación alguna que le impidiese accionar de la manera que se espera de un médico especialista en el área de la Neurología para lo cual había sido requerido su servicio, lo que conllevó en que se tomasen decisiones que no eran las idóneas provocando un desenlace fatal. Con la misma probanza en comento, también resultó acreditado que los Doctores A. M. M. y M. E. M. F., se encuentran en la misma condición que el Dr. D., pues si bien a éste se le reprocha lo referido en los acápites que anteceden, a éstos últimos, se les recrimina que dada la especialidad de anestesiología que ostentan y habiendo compartido la posición de garante sobre la paciente L. ex ante de la cirugía junto con el Dr. D., e inclusive estos últimos durante la cirugía, por lo tanto devenían en la obligación por ser esto parte de la materia que tratan, el de asegurarse que la paciente K. L. se encontrará en idóneas condiciones físicas para soportar que en idóneas condiciones físicas para soportar que ellos le suministraran sustancias que la mantendrían en un estado de inconsciencia absoluta por varias horas que no permitiría advertir a simple vista al equipo médico que participó en la cirugía, la evolución neurológica de la paciente y así poder detectar a tiempo su deterioro neurológico y progresivo, y que si bien es cierto que ellos no ordenaron la intervención quirúrgica, tampoco es menos cierto, que no lo impidieron por no haber actuado diligentemente, en virtud de aceptar que la misma se realizara existiendo una nota pre operatoria de parte del Neurólogo que preferiblemente se practicara la tomografía antes de la cirugía de ortopedia y cirugía plástica, es decir ya habían advertido que a la paciente no se le había examinado la parte neurológica mediante una Tomografía de cerebro y continuaron con el procedimiento[3]; circunstancia que incluso se evidencia en el acto auténtico diligenciado por el Juzgador (inspección ocular al expediente clínico de la paciente) y que no fue valorado por la Corte de Apelaciones, en el que se pudo verificar que los propios doctores M. dejaron constancia en la nota de valoración pre anestésica firmada por ellos mismos y que consta en el expediente clínico inspeccionado, que la paciente al examen físico realizado por ellos previo a la anestesia “estaba desorientada y lenta en la respuesta motriz”, y que pese a estas condiciones y a la orden no cumplida de que se le practicase una Tomografía “preferiblemente antes de la cirugía” estos médicos optaron por someterla a anestesia general, justificándose los médicos anestesiólogos que su actuar fue correcto, (Según se desprende de la declaración indagatoria del Dr. A. M. que obra a folios 931 al 935 del tomo y de la primera pieza del expediente judicial) porque “de la lectura del expediente clínico y la nota escrita por el Dr. D. E., él de ninguna forma contraindicaba la realización de la cirugía, ya que de manera opcional puso de que se realizase el TAC previo a la cirugía”, afirmación ésta que falta a la verdad, porque si bien en la nota del Dr. D., no se contraindicaba la cirugía, tampoco es cierto que allí se expresase que la realización del TAC a la paciente era de manera opcional previó a la cirugía, en consecuencia si los anestesiólogos deciden intervenir como en efecto lo hicieron en la cirugía y optaron por anestesiar desconociendo el verdadero estado neurológico de la paciente por abstenerse de esperar a que previo a ello se cumpliese la orden emanada del neurólogo, fueron ellos quienes contribuyeron a que se crease una situación de riesgo grave en detrimento de la favorable restitución de la salud a la paciente L. y por ende asumen desde ese momento los resultados de su decisión. Bajo esos mismos parámetros se determina la responsabilidad de los doctores L. T. B. B. (Ortopeda) y G. P. G. (Cirujano Reconstructivo), pues todos los médicos tratantes de la víctima conocían de la tomografía ordenada por el Neurólogo co-imputado y de la nota colocada por los anestesiólogos, de manera que debieron asegurarse de realizar la tomografía para evitar que la ofendida sufriera consecuencias que pudieron ser predecibles, ya que incluso se desprende del dictamen de medicina forense que no es más que el resultado de la inspección judicial, que constituye el acto o documento auténtico del caso subjudice, que el propio traumatólogo B. B. describió en su diagnostico clínico la siguiente nota: “traumatismo craneano encefálico cerrado”, de manera que reconoce la existencia del TEC y aún así lleva a cabo la cirugía. Sin ánimo de desnaturalizar el recurso de Casación y atendiendo a que el mismo se ha apartado de los meros formalismos que han impedido una correcta administración de justicia, nos atrevemos a hacer mención de lo declarado por el Ortopeda imputado, que aunque no constituye un acto auténtico sirve para confirmar que su cirugía no era de emergencia, al expresar, se inmovilizó a la víctima de las lesiones del tobillo y de la muñeca cubriendo las heridas y lesiones del medio ambiente. Y es que en el caso que nos ocupa toda la estrategia defensiva de los imputados versa en que la falta de ejecución de una Tomografía cerebral y cervical a la paciente no resultaba “imprescindible” previo a la cirugía de ortopedia y de cirugía plástica, porque la paciente a la simple vista del especialista en neurología al momento de su evaluación en la emergencia del hospital, presentaba dentro de la escala de G. un nivel de conciencia de 14, lo cual la colocaba en una diagnostico de “Lesión craneoencefálica leve”[4] y que por ello su actuar fue diligente respecto al cuadro clínico que enfrentaban. Posición que es compartida por los órganos jurisdiccionales de instancia quienes para decidir absolver, únicamente otorgan valor probatorio a los dictámenes aportados por las partes defensoras, y restándole absoluto valor probatorio a la prueba de cargo, pues estiman que el dictamen de Medicina Forense que no obstante fue ordenado por el propio Juzgador a efecto que diese explicación médico legal al acto auténtico de inspección al expediente clínico de la Víctima, ha resultado inconsistente con la línea de investigación de los hechos, por cuanto se desacreditó la pericia denominada Dictamen 1101-2001, por estimar que los peritos de Medicina Forense no contaban con la capacidad para desvirtuar las conclusiones emitidas por los expertos nombrados por la defensa, dado que éstos si son especialistas en las materias a tratar. Partiendo de esta valoración, nos atrevemos a sostener que el Dictamen 1101- 2001 fue desvalorado por cuestiones atinentes a la aptitud de los peritos y no de las cuestiones contenidas en el expediente clínico, lo cual sin duda alguna provocó que el Ad-quem incurriera en error de hecho en la valoración de la prueba, pues el Sentenciador olvidó que los Peritos en Medicina Legal, por cuestiones de la materia que tratan, poseen conocimientos amplios en las demás áreas de la medicina que les permiten emitir conclusiones afines a éstas y que es precisamente por ello que su intervención es demandada en todas las áreas de la investigación criminal, lo cual incluyen las malas praxis, y es sobre la base de sus dictámenes que se han emitido múltiples fallos condenatorios que esa misma Sala ha confirmado en casación por estimar que fueron dictadas conforme a derecho. Por otro lado, el hecho de que un dictamen sea emitido por un especialista en determinada área de l medicina, no es suficiente argumento para estimar que por ello este provista de “verdad absoluta”, pues el perito de perito como dice la misma sentencia que recurrimos es el Juzgador, es entonces éste quien debe tomar en cuenta distintas circunstancias para otorgar validez a una pericia, como ser entre otras: quién propone la prueba y el interés que tenga en el proceso, pues estas circunstancias también declinan en función de la opinión que emiten los peritos privados. Y con ello no queremos decir que los peritos de la defensa, no actuaron conforme a la ética, pero si es necesario acotar, que contra los dichos de éstos, hubo prueba en contrario, como ser ¡a prueba de cargo producida en el mismo juicio, y que uno de los deberes del Sentenciador es dar razón del porqué un dictamen le merece credibilidad y otro no, pero en el caso que nos ocupa como antes referimos, a nuestra prueba se le desacredita, por la especialidad de los peritos y no por las opiniones médicas que éstos emitieron dada su experiencia. A manera de ilustración nos permitimos incorporar lo siguiente: El Instituto Superior de Medicina Militar “Dr. L. D. Soto” en su artículo “Comando Volumen de la Tomografía Axial Computarizada para el Pronóstico y Tratamiento del Hematoma Intracraneal Postraumático”, publicado en la Revista Cubana Med. Militar 2001; 30(1):15-20. Pág. 18., informa que en estudios realizados a 35 pacientes que presentaban lesión intracraneal postraumático, diagnosticado mediante TAC, 10 de ellos no presentaba puntuación por debajo de 10 dentro de la Escala de G.; es por ello que la misma doctrina informa que éste tipo de evaluación debe aplicarse en repetidas exploraciones para realizar un seguimiento de estado neurológico; vistas así las cosas y aplicándolo al caso de marras, en apariencia la versión exculpatoria de los imputados tendría razón respecto a que la menor no ameritaba la evaluación por TAC, sin embargo hay que distinguir tres situaciones que la desacreditan y la aniquilan de validez y son: la primera, que la menor no hubiese presentado una lesión neurológica grave y aún sin practicársele un TAC hubiese sido sometida a una operación quirúrgica de segundo grado considerada de “urgencia”, lo cual no hubiese desembocado en un resultado adverso a las causas de su ingreso al hospital; segundo: Que aún y cuando el nivel de conciencia que presentaba la acusada a su ingreso al hospital superaba los puntos para estimar que su condición neurológica se podía colocar en la calificación de “lesión leve”, un diligente médico Neurólogo en su eficaz faena de lograr éxito, debió hacer uso de la practica de métodos (TAC) aptos existentes y disponibles hoy en día en la ciudad donde se desarrollaron los hechos, cuyos datos que arrojan son precisos para detectar y diagnosticar lesiones cerebrales, y que van más allá de “la opinión que un médico pueda brindar como producto de una exploración a simple vista y mera apreciación” para así autorizar o no la practica de cirugía alguna; y tercero: Quedó acreditado que la única razón por la cual se justificaba que la paciente debía ser sometida a anestesia general al menos en el momento en que se efectuó, debió ser para un manejo neuroquirúrgico, lo cual se obvió como producto de la negligencia de los médicos tratantes en comento. En resumen, quedó establecido a través de la prueba supra-mencionada que si bien la omisión de practicar un TAC a la paciente y la anestesia suministrada no fueron en sí los causantes del trauma cerebral que presentaba la menor K. L. al momento en que los acusados asumieron la condición de médicos tratantes, pues ha quedado demostrado que esto es producto de un accidente vehicular; pero sí la conducta omisiva de los doctores R. D. E. (Neurólogo) A. M. M. y M. E. M. F., (Anestesiólogos); L. T. B. B. (Ortopeda) y G. P. G. (Cirujano Reconstructivo) es la causante de su detección clínica y radiológicamente tardía, lo que en consecuencia impidió que se tomasen medidas terapéuticas oportunas que permitieran monitorear la condición neurológica de la paciente y así tomar las medidas adecuadas, pues es claro que la anestesia ocultó los síntomas y encubrió la evolución de la lesión cerebral y que en consecuencia se del resultado muerte pudiendo éste ser evitado si los acusados hubiesen actuado con la diligencia que se espera de médicos especialistas en las áreas que ellos ostentan; razón por la cual el Ministerio Público estima, que las resoluciones proferidas por los juzgadores de primera y segunda instancia, son equivocas, al haber incurrido el Ad quem en un error de hecho en la apreciación de la prueba en comento siendo que la misma constituye un acto autentico que una vez relacionada con la demás probanza también citada, evidencia en tal sentido la concurrencia del vicio casacional por el cual recurrimos; por lo que procede declarar con lugar el presente recurso y en consecuencia casar la sentencia impugnada.” CONSIDERANDO: Que mediante proveído de fecha doce de noviembre de dos mil trece, se tuvo por formalizado en tiempo el recurso de Casación por parte de la Abogada K. M. M. M., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en consecuencia se omitió el traslado de los autos al Fiscal del Despacho en virtud de ser el recurrente. CONSIDERANDO: Que en fecha veintiséis de noviembre de dos mil trece, compareció ante este Tribunal la abogada L. C. V., de generales y condición ya expresadas, formalizando su demanda y expresando el siguiente motivo de casación:”EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. MOTIVO ÚNICO: Infracción de Ley por error de hecho en la apreciación de la prueba resultante de documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación del juzgador, y no estuviesen desvirtuados por otras pruebas. Precepto Autorizante: Numeral 2 del artículo 412 del Código de Procedimientos Penales. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACION. 1. Esencia del motivo de casación. Encuadre fáctico determinado por la sentencia impugnada. Este motivo de casación, bajo el presente supuesto, trae como consecuencia necesaria un ataque a los hechos probados establecidos en el fallo impugnado; en este caso la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, puesto que los mismos han sido generados de la incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juzgador, irregularidad que debe ser demostrable. En otras, palabras la casación que se procede a desarrollar se dirige al ataque del tema de la valoración probatoria del Tribunal recurrido, al haber en la actividad intelectiva vicios de apreciación probatoria que son demostrables por documentos o actos auténticos que precisamente evidencien el fracaso probatorio del Juzgador. Al existir esa anomalía probatoria, su efecto se refleja, en consecuencia, en la redacción de los hechos probados del fallo; o al menos en los más esenciales que derivan posteriormente en una incorrecta aplicación del derecho en la resolución de la litis penal. De esa forma, el encuadre fáctico del Tribunal recurrido, es el siguiente: “PRIMERO: El día trece de mayo del año 2000, aproximadamente a las cuatro de la tarde, la menor K. J. L. F., fue ingresada a emergencia del Hospital Centro Médico Sampedrano Sociedad Anónima (CEMESA) de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, presentando lesión severa del tobillo derecho y como consecuencia una lesión vascular con fractura expuesta a nivel de la mandíbula, y una lesión craneoencefálica producida por un accidente de tránsito ocurrido alrededor de las tres y media de la tarde, de esa misma fecha cuando se conducía junto con tres acompañantes en el vehículo conducido por su madre señora S. F. de L.. SEGUNDO: Las atenciones médicas de urgencia que recibió K. J. L. F. inicialmente le fueron brindadas por el médico residente general E. M. G. M., quien luego de una evaluación preliminar y de tomar decisiones de urgencia (órdenes medicas) consistentes en exámenes físicos y laboratoriales, asimismo, exámenes radiológicos interpretados por el radiólogo C. A. P. H.: llamó al doctor R. D. E., especialista en neurocirugía, para que evaluase neurológicamente a las pacientes accidentadas, incluyendo a la joven K. J. L..-Llegando también a emergencia, un equipo de especialistas, en neurocirugía, ortopedia, cirugía reconstructiva, anestesiología, entre ellos el doctor R. E. M. S. especialista en medicina interna quien se encargó de coordinar las acciones medicas a realizar en relación a todas las personas accidentadas, de conformidad a las normas internacionales del manejo del paciente poli-traumatizado descritas en el ATLS. TERCERO: En el orden de atención a la paciente, a las 5:30 de la tarde de la fecha ya citada, interviene el doctor R. C. E., especialista en neurocirugía, quien al realizarle examen neurológico del tamaño de las pupilas y de los reflejos pupilares a la joven K. J. L. CH F., estableció que dicha joven presentaba politraumatismo con trauma encéfalo craneano, hablaba coherentemente, su estado mental neurológico, y del nivel de conciencia era de 14/15 que conforme la escala de G. indicaba un riesgo bajo de lesión cerebral, indicándole la práctica de una tomografía axial computarizada cerebral y de columna cervical, luego del manejo inmediato de ortopedia y cirugía plástica de preferencia previo a la cirugía, sin especificar en su orden médica la preeminencia del TAC (tomografía axial computarizada) aludido como resultado del examen neurológico, por lo que de manera inmediata, se decide someterla a una intervención quirúrgica de urgencia para evitarle a K. J. L. una tromboembolia pulmonar o una bronco aspiración, que le produjera asfixia, dado que sangraba bastante del área de la mandíbula y cara y la intervención quirúrgica de las lesiones visibles que presentaba en ese momento consistentes en fractura expuesta de tobillo y mandíbula, siendo los médicos tratantes en ese momento, el doctor L. T. B. B., especialista en traumatología, el Doctor G. P. G., especialista en cirugía plástica y reconstructiva, junto con los especialistas en anestesiología M. E. M. F. Y A. M. M., saliendo la joven K. J. L. F. de la misma, y recibió todos los cuidados postoperatorios del médico J. A. C. L., especialista en cuidados intensivos (intensivista).CUARTO: Las prácticas médicas realizadas por los médicos encausados anteriormente mencionados resultaron en tratamientos apegados a las normas y prácticas de la lex artis en el ámbito de la medicina. - Sin embargo, K. J. L. F., fue representando al paso de las horas del día siguiente deterioro progresivo de su estado neurológico, falleciendo en fecha diez y nueve de mayo del año dos mil por politraumatismo, trauma, cráneo cerebral difuso, paro cardiaco y muerte cerebral”. De manera sucinta los hechos probados, enseñan los siguientes puntos: a. Que la paciente K. J. L. F., presentaba tres tipos de lesiones: una en el tobillo, otra en su cabeza a la altura de su cara y otra en su cabeza en la zona del cráneo, última que es catalogada como “leve”. Es decir que los hechos probados reconocen que la joven accidentada presentaba un trauma encéfalo craneano. b. Que en la atención médica que la joven L. F., recibió en el Centro Médico CEMESA, el médico R. C. E., quien es especialista en neurocirugía, estableció que dicha joven presentaba politraumatismo con trauma encéfalo; que hablaba coherentemente; su estado mental neurológico y del nivel de conciencia era de 14/15, lo cual indicaba un riesgo bajo de lesión cerebral. Indicándole la práctica de una tomografía axial computarizada cerebral y de columna cervical luego del manejo inmediato de ortopedia y cirugía plástica de preferencia previo a la cirugía, sin especificar en su orden medica la preeminencia del TAC (tomografía axial computarizada). Según la sentencia recurrida, la prescripción dada por el neurocirujano no indicaba en qué momento había que hacer dicho estudio (a pesar que la nota dice luego del manejo inmediato de ortopedia y cirugía plástica pero antes de iniciar el proceso quirúrgico). Además, la sentencia señala como único acto de prescripción u orden médica la nota puesta por el neurólogo R. C. E., no otra indicación que pudiera ser constatable. c. Como resultado del examen neurológico, de manera inmediata, se decide someterla a una intervención quirúrgica de urgencia, intervención que estuvo a cargo de los médicos L. T. B. B., especialista en traumatología, el Doctor G. P. G., especialista en cirugía plástica y reconstructiva, junto con los especialistas en anestesiología M. E. M. F. y A. M. M., para atenderle sus lesiones de fracturas expuestas en el tobillo y en mandíbula. En esta situación estimada como probada, la sentencia recurrida afirma que la cirugía se produjo por la evaluación del neurocirujano, a pesar que éste indicó que al Tomografía Axial Computarizada debía efectuarse previo a la cirugía. Reconoce, por otro lado, quiénes participaron y dirigieron el proceso de la cirugía, siendo los médicos referidos en este literal. d. Que las prácticas médicas realizadas por los médicos encausados anteriormente mencionados resultaron en tratamientos apegados a las normas y prácticas de la lex artis en el ámbito de la medicina. Ello a pesar que el neurocirujano había prescrito que se le practicar la Tomografía Axial Computarizada previo a la cirugía. La sentencia determina que no hubo ningún acto u omisión que de forma innecesaria sometiera a K. J. L. F. a un riesgo a su salud o en su propia vida. Da por válida la decisión de operarle de pie y boca, sin haber atendido la orden médica de realizar la Tomografía Axial Computarizada de cerebro, en una paciente que presentaba un Trauma Encéfalo Craneano. e. Que la joven paciente, K. J. L. F., fue representando al paso de las horas del día siguiente deterioro progresivo de su estado neurológico, falleciendo en fecha diez y nueve de mayo del año dos mil por politraumatismo, trauma, cráneo cerebral difuso, paro cardiaco y muerte cerebral. La sentencia reconoce que la mayor afectación que presentaba la joven víctima fue en su estado neurológico, es decir por afectación a su cráneo; la zona del cuerpo que no recibió la atención debida, y que aún y cuando se había ordenado una Tomografía a su cerebro, la misma no fue practicada. La afectación que tenía en su cerebro, fue la que le condujo de forma progresiva a la muerte de la paciente. A la Corte de Apelaciones le resulta comprobado que la paciente falleció por un deterioro progresivo de su estado neurológico provocado por un trauma cráneo cerebral difuso, por lo que al estar definida por ese Tribunal cuál fue la complicación médica que derivó en la muerte de K. J. L. F., y de reconocer que los doctores L. T. B. B., G. P. G., M. E. M. F. y A. M. M., fueron los encargados de la cirugía de pie y boca, debe determinarse probatoriamente ante esa afectación en su cráneo, si la misma debió ser advertida por el personal médico que la atendió en el Centro Médico CEMESA; y si es así, concluir que hubo una falta de deber de cuidado objetivo por no haberle tratado convenientemente y así evitar la evolución del deterioro que sufrió en su salud, particularmente en su cerebro. Si eso resulta de un documento o acto auténtico quedará en evidencia el vicio de casación por el cual se ha recurrido. 2. El documento o acto auténtico que evidencia el error de hecho en la valoración de la prueba: El Expediente Clínico del Centro Médico CEMESA, documentado mediante Inspección Judicial. El presente caso, se trata de la atención médica de una joven paciente, que luego de sufrir un accidente de tránsito junto con otras acompañantes (incluida su madre), es trasladada al centro hospitalario de CEMESA, y desde su ingreso los médicos que se encargaron de su manejo asumieron una posición de garante sobre la atención de sus lesiones y la recuperación de su salud para no comprometer su vida. La paciente K. J. L. F., presentaba un importante trauma en su cráneo (TEC Cerrado), que mostraba todavía más evidencias al presentar una fractura en su mandíbula que le había provocado la pérdida de siete piezas dentales producto del fuerte impacto que había sufrido, y que ante la magnitud de dicha lesión ameritaba evaluar las consecuencias o el impacto que el trauma había generado en la zona más sensible, delicada y vital de su cabeza, como lo es su cerebro. Ante el fuerte impacto que había recibido en su cabeza, era meritoria la atención en el trauma en su cráneo. Sin embargo, a pesar que el especialista en neurocirugía, doctor R. C. E., estableció en su nota médica aparecida en el expediente clínico que debía practicársele antes de la cirugía, una tomografía Axial Computarizada (TAC) en cerebro y columna cervical, especialistas en ortopedia y cirugía plástica, L. T. B., G. P. G., con los anestesiólogos M. E. M. y A. M. M., omitieron tal prescripción médica, descuidando la atención al miembro vital y principalmente afectado: su cabeza, lo que a la postre significó una falta de atención al trauma que presentaba en su cerebro, el que derivó finalmente en su muerte. El error de hecho en la valoración de la prueba proviene del propio expediente clínico emitido por el propio Centro Médico CEMESA, el cual muestra claramente cuál fue la condición en la que ingresó K. J. L. F. al hospital; qué indicación dio el neurocirujano R. C. E. y otros especialistas para tener un diagnóstico completo del estado del trauma en la cabeza de la paciente; la omisión a dicha indicación por los médicos encargados de la intervención quirúrgica de ella y su enfoque en procedimientos quirúrgicos secundarios; y, cómo la afectación más grave que tenía (del cerebro la cual no fue atendida en el oportunamente) fue la que al final derivó en un grave deterioro de sus salud, hasta producir su fallecimiento. Y dicho expediente adquiere la condición de documento auténtico porque su emisión es una exigencia legal para los médicos y las instituciones hospitalarias cuando se trate del tratamiento de pacientes; lo que da relevancia legal y obligatoria al contenido del expediente clínico; y a la vez, porque su real y fidedigna existencia, fue acreditada mediante INSPECCION JUDICIAL realizada por la Señora Juez de Letras de lo Penal, asociada de su Secretaria de Actuaciones; diligencia judicial que se documenta de folios 373 al 375; lo que hace que el expediente clínico se convierta en un acto indubitable dentro del proceso. Y la evidencia de la errada valoración del expediente clínico de la atención médica brindada a la paciente K. J. L. F. (folios 238 al 303), resulta de su propio contenido, del que de forma sucinta, se rescata lo siguiente: Nota del Traumatólogo L. T. B.. 5:15 p.m. del 13 de mayo de 2000. “… ingresada con los siguientes diagnósticos: Politraumatismo, Fx expuesta con luxación de tobillo derecho, Fx de muñeca izquierda, Fx maxilar inferior derecho con pérdida de piezas dentarias... TEC Cerrado, se pide valoración de neurocirugía y Cirugía Reconstructiva, se pasa a sala de operaciones Nota del Neurocirujano R. C. E.. 5:30 p.m. del 13 de mayo de 2000. “Hace dos horas accidente automovilístico con pérdida del conocimiento momentáneo. Paciente consciente, somnolienta. G. de 14/15. Pupilas simétricas, reactivas, moviliza sus extremidades (Hay trauma facial, tórax, miembro inferior derecho a nivel de tobillo). Diagnóstico Politraumatizado. Luego del manejo inmediato de ortopedia y cirugía plástica se hará TAC Cerebral y Columna Cervical. De Preferencia previo a la Cirugía. Nota del Especialista en Medicina Interna e Intensivista J. A. C. L.. 00:15, del 14 de mayo de 2000. “... Aproximadamente a las 16:OOhrs sufrió traumatismos importantes a nivel de cara, con lesión de maxilar derecho, trauma de mejilla con pérdida de al menos 3-4 piezas superiores y una inferior, trauma nasal del puente y una herida de oreja izquierda... Su estado de consciencia desde el ingreso con G. de 14, se observó respuesta lenta a las preguntas... Se realiza Tac de cabeza, cerebro ambos para definir compromiso cerebral” Nota del Neurocirujano R. C. E.. 2:00 a.m. del 14 de mayo de 2000. “... TAC (Tomografía Axial Computarizada) con edema cerebral difuso que predomina en el hemisferio derecho...”. Nota del Especialista en Medicina Interna e Intensivista J. A. C. L.. 02:30, del 14 de mayo de 2000. “02:30. Puede deteriorarse en las próximas horas”. Nota del Neurocirujano R. C. E.. 05:25 del 14 de mayo de 2000. “... Es posible que el ligero aumento de la presión arterial sea por edema cerebral”. Nota del Neurocirujano R. C. E. y del Especialista en Medicina Interna e Intensivista J. A. C. L.. 11:00 a.m., del 14 de mayo de 2000. “Paciente se ha agravado su estado neurológico, pupilas midiátrica levemente reactivas, persisten los reflejos cornéales... y se indica TAC o IRM de emergencia”. Nota de Doctor M. S. 14 de mayo de 2000. “.... Resonancia magnética del momento: edema difuso predominio hemisférico derecho. Lesión cortical extensa en casi todo hemisferio derecho y putamen derecho... Nota del Neurocirujano R. C. E.. 03:00 p.m., del 14 de mayo de 2000. “... El estudio de Resonancia Magnética muestra edema aumentado especialmente en hemisferio derecho...” Nota del Especialista en Medicina Interna e Intensivista J. A. C. L.. 20:30, del 14 de mayo de 2000. “.. Severo aumento de la presión intracraneal en aumento presión cerebral menor a 15...”. Nota del Doctor C. 23:50., del 14 de mayo de 2000. “Persiste igual. Presión Intracraneal 65.8...” Nota de Doctor M. S. 5:50 p.m., 14 de mayo de 2000. “.. Lo que demuestra que la situación es muy desfavorable, es preocupante el hecho que el edema pueda progresar todavía más...” Nota Conjunta de Neurólogo, Neurocirugía, Intensivista. 11:00 p.m., 14 de mayo 2000. “.. se determina que la paciente presenta daño encefálico difuso, de carácter irreversible con severa elevación persistente de la presión intra craneana y presión de la perfusión baja... Tal situación se le transmite a sus familiares y consideramos que han asimilado toda la información...“. Nota del Neurocirujano R. C. E.. 00:45 a.m., del 15 de mayo de 2000. “Paciente continúa con G. 3 no hay ningún reflejo, no hay autonomía respiratoria, presión arterial de E.L. Presión Intercerebral: 62. Tiene pendiente Electroencefalograma para decidir pendiente autorización de los familiares de la conducta a seguir” Nota del Neurocirujano R. C. E.. 07:00 a.m., del 15 de mayo de 2000.”… clínicamente muerte cerebral, se hará potenciales marcados para confirmar...” Nota del Especialista en Medicina Interna e Intensivista J. A. C. L.. 09:00 hrs, del 15 de mayo de 2000. “.. Evolución sin cambios desde ayer aproximadamente 6 pm en que fue evidente la desaparición de signos de vitalidad, que aunque primitivos aún conservados... “. Nota de Doctor M. S. 9:20 a.m., 15 de mayo de 2000. “… G. 3/15 ausencia de total respuesta refleja, sin automatismo respiratorio...” Nota de Doctor M. S. 7:150 p.m., 15 de mayo de 2000. o “Sin cambios, misma signología neurológica. En reunión con familiares solicitan continuar medidas de apoyo” Nota del Especialista en Medicina Interna e Intensivista J. A. C. L.. 08:05 hrs, del 16 de mayo de 2000. “Aproximadamente 40 hrs sin datos de neurological con compromiso hemodinámico, por hipertensión arterial pese al uso de dopamina, manteniendo diuresis. Se conservan medidas de apoyo a solicitud de la familia con el fin de tener tiempo para explicar a la madre de los hechos…”. Nota del Especialista en Medicina Interna e Intensivista J. A. C. L.. 22:00 hrs, del 16 de mayo de 2000. “Sin cambios en evolución” Nota de Doctora V. G. 23:25. “Paciente igual, Sin cambios neurológicos”. Nota del Especialista en Medicina Interna e Intensivista J. A. C. L.. 9:30, del 17 de mayo de 2000. “Aproximadamente 63 horas de datos de muerte cerebral, que se ha comprobado posteriormente por medios electro fisiológicos. La familia solicita continuar con el manejo de apoyo en líquidos y ventilación mecánica, preocupa que empieza pronto a tener problemas en relación a las heridas y daños del trauma en MPD. La familia conoce las complicaciones del momento actual, pero abriga esperanzas. Hay deterioro hemodinámico severo diuresis disminuidas notablemente en últimas horas...” Nota del Neurocirujano R. C. E.. 17 de mayo de 2000. “Los familiares solicitan un nuevo EEG el cual ya se ordenó”. Nota de Doctor M. S. 11:25 a.m., 17 de mayo de 2000. Mismo estado neurológico. Criterio de muerte cerebral enterado de acertadas consideraciones del Dr. C. pendiente de EEG a solicitud de familiares” Nota de Doctor M. S. 8:00 p.m. 17 de mayo de 2000. ”Mayor deterioro, el compromiso hemodinámico muy general P.A 60/27... Continúa con medidas de apoyo” Nota de Doctor P.. 18 de mayo de 2000. “…El Dr. B., médico ortopeda tratante nos solicitó que valoremos curso, pues se encuentra incapacitado”. Nota de Doctor M, SUAZO. 11:00 a.m. 18 de mayo de 2000. “Continúa con deterioro progresivo. Anurica. Hipotensa sin ninguna actividad cerebral detectable... Sigue dependiendo de medidas de apoyo “. Nota del Especialista en Medicina Interna e Intensivista JESÚS A. C. L.. 02:40, del 18 de mayo de 2000.”….La disminución de presión intra-cerebral es por daño tipo reblandecimiento del cerebro. Neurológicamente sin cambios desde el día 14 a las 17 hrs aproximadamente...” Nota de Doctora V. G. 6:30. 19 de mayo de 2000. “Paciente presenta paro cardíaco. Se avisa a médico tratante”. Nota del Especialista en Medicina Interna e Intensivista J. A. C. L.. 07:20, del 19 de mayo de 2000. “A las 06:30 desapareció pulso y PA. Se comunica a familiares y médicos tratantes. Se retira ventilador” Más aún, en el expediente clínico, aparece también la ORDEN MEDICA indicada a las 5:30 p.m., de la misma fecha del accidente, 13 de mayo de 2000, en la cual se ordena: 1)Ingreso. 2) Hemograma. 3) Glicemia. 4) Tipo-Rh 5) Solicitar dos unidades de sangre. 6) Suero mixto 0.9 1000cc cada 12 horas. 7) TAC CEREBRAL. 8) TAC de Columna Cervical Total 9) Collar cervical blando. 10) Rx de tórax. 11) Rx de tobillo y pie derecho.12) Manejo de ortopedia y cirugía plástica” También, dentro del expediente, aparece la nota pre-anestésica, concretamente consignada en el apartado intitulado VALORACION PREANESTESICA, en la que se consignó: “Estado mental: Desorientada-Lenta en respuesta motriz”. Es decir que antes de aplicarle la anestesia general para la operación los anestesiólogos supieron de esa condición de la paciente. Asimismo, en el expediente clínico aparece el INFORME MEDICO, emitido por los Doctores especialistas en ortopedia y traumatología, L. T. B. (quien operó a K. J. L. F.) y J. R. P. V., el cual consta de dos páginas (puede ser apreciado también en folios 238 y 239) en el cual, se expresa lo siguiente: “… presentando los siguientes diagnósticos: 1. Poli-traumatizada 2. Tec cerrado (es decir Traumatismo encefalocraneano cerrado). 3. Fractura de mandíbula con pérdida de piezas dentarias. 4. Luxofractura expuesta grado III-C de tobillo derecho. 5. Neumotórax derecho. 6. Fractura muñeca izquierda... “. “A las 16:00 horas la paciente fue evaluada por el Neurocirujano Dr. Roberto D. E., Medicina Interna Dr. R. Martínez, quienes solicitaron U.S de abdomen, laboratorio, rayos X. tac de cerebro y cuello, paciente con G. 13, hemodinámicamente estable” “A las 16:30 horas se discute el caso con el radiólogo Dr. C. P. quien descarta sangrado abdominal por ultrasonido y recomienda tac de cerebro, G. 13, hemodinámicamente estable”. “A las 17:30 horas se autoriza a Dr. G. P. C., Cirujano Reconstructivo, Dr. T. B., Cirujano Ortopeda, para Osteosíntesis de Fractura de Mandíbula y limpieza de luxofractura expuestas de tobillo derecho. Tiempo quirúrgico maxilofacial fue de 18:30 a 20:30 horas. Tiempo quirúrgico cirugía ortopédica fue de 1 7.30 a 22:00 horas”. “A las 20:30 horas se solicita la presencia del Dr. J. R. P. para asistir al Dr. L. T. B. en lavado y estabilización de Ortopedia, duración de las 22:00 a 23:00 horas”. “.... El trans-operatorio concluyó sin presentarse incidente ni accidentes quirúrgicos, siendo trasladada a las sala de recuperaciones donde es recibida y atendida por el equipo de médicos participantes del caso para continuar atención integral”: “Cirujanos traumatológicos Dr. L. T. B., Dr. J. R. P., Cirujano plástico Dr. G. P. C.. Anestesiólogo Dr. A. M. M. y Dra. M. E. M.”: El expediente clínico es el documento legal que debe ser llenado en la atención del paciente. Es el documento que precisa la historia de tratamiento que una persona recibe por parte del módico o por el cuidado que se le brinda dentro de un centro hospitalario o una clínica. La exigencia legal de formación del expediente clínico aparece prescrita en el Artículo 7 del Reglamento Interno del Colegio Médico de Honduras, que dispone: “Son deberes de los colegiados los consignados en el Artículo 7 de la Ley Orgánica del Colegio Médico de Honduras. Todo médico debe llevar un expediente clínico de cada paciente, tanto en su práctica privada como hospitalaria”: Establecido que el expediente clínico no sólo es una exigencia legal, sino que es el documento que informa del tratamiento dado a un paciente, en el caso de la joven K. J. L. F., el expediente clínico sin lugar a dudas muestra, que al ser evaluada a su ingreso al Centro Médico CEMESA, fue examinada por un Módico Internista (R. E. M. S.) y un Médico Neurocirujano (R. C. E.), quienes solicitaron se le practicara un TAC (Tomografía Axial Computarizada) de cerebro y cuello, teniendo como base para ello la exploración clínica de la paciente y un reporte de G. de 14 (la hora de esa orden fue las 16:00 hrs, es decir antes de ser sometida la paciente a cirugía), situación que aparece reconocida por el propio imputado L. T. B., quien con el módico J. R. P., suscriben el INFORME MEDICO. A la vez evidencia que, a pesar que esa prescripción fue dada para cumplirla de forma inmediata, y previa a cualquier procedimiento de cirugía, la misma no fue atendida por los médicos que se hicieron cargo de la paciente para someterla al proceso de cirugía, siendo efectuado tal examen hasta el 14 de mayo (fecha posterior al accidente), a pesar de haber sido de las primeras órdenes médicas a ejecutarse. Inclusive, para dar mayor énfasis en su cumplimiento. en la nota médica de realización del TAC emitida por el Neurocirujano R. C. E., la misma había sido subrayada por él para garantizar su realización y, por si fuera poco, consignó en dicha nota médica que la paciente había manifestado pérdida del conocimiento momentáneo y se mostraba somnolienta, lo que era indicativo también de una alteración en sus facultades neurológicas, y ello fue del conocimiento del equipo médico. Inclusive esa condición fue evidenciada por los anestesiólogos al consignarse en la evolución pre-anestésica que su estado mental era desorientada-lenta en la respuesta motriz, lo que era indicativo del daño cerebral importante que presentaba; a pesar de esa condición, contrario a la atención de su cerebro, se optó por la cirugía de tobillo y boca. Nótese, además, la claridad de la ORDEN MEDICA, la cual sin lugar a dudas especifica el nombre de la paciente “CRISTEL L.”, y de forma precisa y terminante ordena la realización del TAC (Tomografía axial computarizada) CEREBRAL y el TAC de Columna Cervical, con lo cual los médicos encargados de la cirugía no podían desconocer tal prescripción y por tanto muestra la ignorancia de ellos a la misma, en su afán de realizar las cirugías de pie y boca. La orden médica del TAC atendía a una urgencia médica, y contribuía especialmente para abordar convenientemente el estado de salud de K. J. L. F., la que lamentablemente fue negada por el equipo de especialistas encargados de realizar la cirugía plástica y ortopédica, compuesto por los Doctores L. T. B. (ortopeda), G. P. G. (cirujano plástico), A. M. M. (anestesiólogo) y M. E. M. (anestesióloga), a pesar de conocer las prescripciones dadas por el primer grupo evaluador del Hospital CEMESA, y de conocer las características del accidente, especialmente la importante afectación que K. J. manifestaba en su cabeza, como receptora de un importante trauma producido por el accidente de tránsito, que mostraba la pérdida de sus piezas dentales, afectación en su nariz y demás golpes en su rostro; lo que conjugado con 18 esa orden médica de realización del TAC en cerebro y cuello, era indicativo de la acción de urgencia que debía tomarse en su cabeza, principalmente en su cerebro, una vez que se estabilizaran sus heridas en pie y boca más aún cuando en pacientes con este traumas se convierte el TAC en un examen de rutina obligatoria. Por ello la consignación de la nota médica del Neurocirujano R. C. E., de “Luego del manejo inmediato de ortopedia y cirugía plástica se hará TAC Cerebral y Columna Vertical. De Preferencia previo a la Cirugía”, se refería a la inmediata estabilización de sus afectaciones en pie y boca, para que luego se realizara la TAC cerebral, no haciendo alusión a ningún proceso quirúrgico previo, por ello ratifico que dicha TAC fuera previo a la cirugía. A pesar de ese panorama de urgencia de atención en su cabeza, el equipo de especialistas, compuesto por los Doctores L. T. B. (ortopeda) G. P. G. (cirujano plástico), A. M. M. (anestesiólogo) y M. E. M. (anestesióloga), no atendió la orden de realización del TAC referido, sino que decidió, y por ello se procedió, a operar a K. J. L. F., de pie y de mandíbula, aún sin los estudios de la situación cerebral que presentaba, que es nada menos y nada más la estructura anatómica más importante en el cuerpo humano, restando atención a la evolución y tratamiento del trauma que la paciente presentaba en su cráneo y que afectó al final de cuentas su cerebro con el edema que en él se desarrolló y que a la postre condujo a su muerte. Y resulta, a la vez claro el conocimiento que el equipo de cirugía antes referido conocía tanto de la PRESCRIPCION DADA por el Neurocirujano R. C. E., como de la ORDEN MEDICA indicada, COMO DEL TRAUMA ENCEFALO CRANEANO CERRADO QUE HABIA SUFRIDO, puesto que en la HOJA DE EVOLUCIÓN redactada el Doctor L. T. B. (ortopeda) el mismo día del accidente, consignó que la paciente presentaba un TEC Cerrado (Traumatismo Encefálico Craneano Cerrado). Conocimiento que indubitablemente aparece ratificado con el INFORME MEDICO redactado por el mismo Doctor L. T. B. y el Doctor J. R. P., en el cual con absoluta claridad establecen dentro del diagnóstico de la joven L. F., entre otros aspectos: el “Tec cerrado (Traumatismo encéfalo craneano cerrado)”, refiriendo en dicho informe que las 16:00 horas la paciente fue evaluada por el Neurocirujano Dr. ROBERTO C. E., y Medicina Interna Dr. R. M., quienes solicitaron U.S de abdomen, laboratorio, rayos X., TAC DE CEREBRO Y CUELLO; y que las 16:30 horas se discutió el caso con el radiólogo Dr. C. P. quien descarta sangrado abdominal por ultrasonido y recomienda TAC DE CEREBRO. Ese diagnóstico, más las prescripciones y órdenes médicas referidas (reconocidas por el equipo médico encargado de la cirugía) brindan suficientes elementos de prueba que sin duda acreditan que los especialistas a cargo de atender la emergencia que presentaba la paciente, supieran qué ruta de evaluación y tratamiento debían tomar; sin embargo a pesar del conocimiento suficiente del trauma encéfalo craneano cerrado que presentaba y de las órdenes dadas de practicar de forma inmediata una Tomografía axial computarizada de cerebro y cuello, el equipo médico compuesto por los imputados hizo caso omiso de esas prescripciones haciendo prevalecer proceso quirúrgicos menores a la atención del trauma en el cráneo de K. J. L. F.N, y por tanto se alejaron del bienestar de la propia paciente dejando de atender lo más importante y urgente para preservar su vida, cuando asumían con su intervención la posición de garantes de su vida y recuperación de sus salud. Y el resultado de ese descuido se tradujo en que por falta de atención inmediata a su cerebro, al día siguiente el médico internista J. C. L. ordena la realización del TAC (cuando habían ocurrido más de 10 horas desde el ingreso de la paciente a Clínicas Médicas CEMESA), con el resultado que la paciente presentaba un edema en el hemisferio derecho del cerebro que de poco en poco se fue aumentando, generando una presión intracraneal con daño encefálico difuso, de carácter irreversible, lo que a la larga produjo une muerte cerebral de la paciente, con el ulterior y definitivo resultado de sufrir un paro cardíaco, con su consecuente fallecimiento. Toda esa secuencia descendente en la salud de la joven L. F., fue provocado por la falta de atención temprana de los imputados L. T. B., G. P. G., A. M. M. y M. E. M. para obtener un mejor diagnóstico del estado de su cerebro, cuando a pesar del notorio trauma en su cabeza que presentaba y de la existencia de las órdenes médicas en realizar el TAC por parte de los especialistas R. C. E. (Neurocirujano), C. P. (Radiólogo) y R. M. S. (Médico Internista), y que eran del conocimiento de los imputados, dicha atención fue rechazada por ellos por el ánimo apresurado en realizar la cirugía, descuidando lo más relevante y que al final permitiera poder abordar el padecimiento cerebral que la paciente presentaba, procurando su estabilización, y así poderle salvar su vida. Y por duro que resulte decirlo, se evidencia que con ello prevaleció un interés personal de los acusados en llevar a cabo sus procedimientos que al final de cuentas les iba a significar la remuneración por su intervención (,por ello la premura con que actuaron), que atender convenientemente a la paciente para abordar con mayor eficacia su condición de salud. A pesar de esa contundencia probatoria, la Corte de Apelaciones recurrida consigna como probado que luego de hacer la evaluación en la paciente el doctor R. C. E., especialista en neurocirugía, indicó la práctica de una tomografía axial computarizada cerebral y de columna cervical, luego del manejo inmediato de ortopedia y cirugía plástica de preferencia previo a la cirugía, sin especificar en su orden médica la preeminencia del TAC (tomografía axial computarizada), por lo que de manera inmediata, se decide someterla a K. J. L. F. a una intervención quirúrgica de urgencia para evitarle una tromboembolia pulmonar o una bronco aspiración, que le produjera asfixia dado que sangraba bastante del área de la mandíbula y cara y la intervención quirúrgica de las lesiones visibles que presentaba en ese momento consistentes en fractura expuesta de tobillo y mandíbula. Y que las prácticas médicas realizadas por los médicos encausados resultaron en tratamientos apegados a las normas y prácticas de la lex artis en el ámbito de la medicina. Cuando el documento auténtico, como lo es el expediente clínico, muestra no sólo con la nota médica del doctor C. E., de 5:30 p.m. que la Tomografía Axial Computarizada debía ser realizada antes del proceso cualquier intervención quirúrgica (inclusive subrayó esa indicación del TAC era antes de la cirugía), sino que existe senda ORDEN MEDICA en la que aparece la indicación del mismo examen con hora de 17:30, lo cual es indicativo que no era una cuestión discrecional de los médicos de hacer el TAC antes de la operación, sino que por las circunstancias en que K. J. había ingresado, de forma protocolar era un estudio que debía efectuarse antes de someterla a la operación. La Corte de Apelaciones, con esa conclusión de hecho, omite considerar que los imputados Doctores L. T. B. (ortopeda), G. P. G. (cirujano plástico), A. M. M. (anestesiólogo) y M. E. M. (anestesióloga), son profesionales de la medicina no se trata de un personal administrativo que simplemente cumule órdenes de los galenos sino que tienen el criterio y formación médica para diagnosticar o interpretar la sintomatología de un paciente pudiendo a partir de ello y de las prescripciones que se les formulen decidir la ruta crítica del tratamiento de su salud. Así, las circunstancias del hecho (accidente de tránsito), las lesiones que tenía la joven L. F., la sintomatología que mostraba y las órdenes médicas de realización de TAC, colocaban a estos profesionales en una posición ineludible de seguir esa prescripción, y quién mejor que ellos para estimar esa urgencia antes del inicio de una cirugía. Más aún cuando en la relación médico- paciente -por asumir una protección de un bien jurídico (la vida y la salud del paciente)- asumen una posición de garantes sobre su bienestar. Pero también la Corte de Apelaciones incurre en el error de hecho en la valoración del expediente clínico, en vista que no extrae ninguna inferencia probatoria de la propia nota médica del doctor L. T. B., de las 5:15 p.m., en la que consigna -y por ello reconoce- que K. J. presentaba un “TEC Cerrado, se pide valoración de neurocirugía y cirugía reconstructiva, se pasa a sala de operaciones”; es decir, que la sentencia desconoce que el propio imputado, y el resto del equipo médico que actuó con él, sabía que la joven presentaba un Trauma Encéfalo Craneano Cerrado y por ello no sólo sabían de la necesidad del TAC, sino que todavía consigna L. T. B. en la nota médica que atenderá la valoración de neurocirugía, es decir, la prescripción dada por el Doctor R. C. E., ordenada antes de la cirugía. Pero también yerra el Tribunal recurrido en esa conclusión probatoria al no considerar o ignorar el INFORME MEDICO, emitido por los doctores L. T. B. y J. R. P., que aparece en el mismo expediente clínico, y en el cual consignan que a las 16:00 la paciente había sido evaluada por los Doctores R. C. E. y R. M., quienes solicitaron TAC de cerebro y cuello; así como el apunte que a 16:30 horas emitió el Doctor C. P. (H.), quien recomendó el TAC de cerebro; todo ello, antes de la realización de la cirugía. Con esa información, la Corte recurrida jamás debió estimar que la orden de realizar el TAC en cerebro, era una prescripción no obligatoria de los imputados, es decir discrecional, porque no sólo ellos sabían de su necesidad, sino que también consignan que fue indicada por tres especialistas diferentes. De esa forma, si hubiese resultado una correcta interpretación probatoria de estos documentos, la Corte de Apelaciones hubiese concluido que hubo una negligencia médica por parte de los médicos encargados de la cirugías a K. J. L. F. en no proceder previo a las mismas a realizar el estudio de tomografía referido, lo que privó realizar el tratamiento médico para atender a la real situación médica de la paciente, y enfocar los esfuerzos en evitar una grave afectación al cerebro, como efectivamente la hubo, por no atender esa condición a tiempo. De no haber incurrido la Corte de Apelaciones en ese error de hecho en la valoración de estas pruebas, el Tribunal hubiese podido ligar el deterioro progresivo del estado neurológico de K. J. L. F., a esa falta de atención oportuna a su cerebro producto, y por ende de una negligencia e imprudencia médica; y así hubiese concluido que su muerte cerebral y posterior paro cardíaco estaba ligado al edema cerebral que desarrolló por esa falta de atención médica a tiempo. Y es meritorio mencionar que en todo el juicio no hay un medio de prueba que desvirtúe el contenido del expediente clínico; no hay otro documento de igual peso legal que describa situaciones distintas a las mostradas por dicho documento, tal como lo exige el recurso de casación que por el presente motivo se ha planteado. 3. La constatación probatoria de los documentos auténticos .Esos documentos o actos auténticos referidos, que se encuentran en el expediente clínico de Clínicas Médicas CEMESA y los cuales son claros y terminantes en la demostración de la falta de deber de cuidado de los imputados, encuentran correspondencia con otros medios de prueba que avalan la información que prueban. De esa forma, es conveniente hacer referencia a ellos, para evidenciar aún más el error de hecho en que incurrió la Corte de Apelaciones recurrida. a. Dictamen del Doctor D. C. B. Especialista en Medicina Legal (folios 216-237). Del mismo, se recogen algunas de sus aseveraciones: Que el edema cerebral es una causa fundamental de muerte. Que el diagnóstico temprano, a través de la evaluación clínica oportuna y con el auxilio de las técnicas modernas de diagnóstico (Rx de cráneo, seguido de Tomografía Axial Computarizada, y estudios de Imagen de Resonancia Magnética, entre otros), es determinante en la evolución en la mayoría de los casos. Que se recomienda la supervisión de la presión intracraneal cuando hay signos de edema cerebral en la TAC o cuando la evaluación en G. está en franca disminución. El daño traumático del contenido de la bóveda craneana a causa de la aceleración y desaceleración rápida del cerebro es una consecuencia de los hechos traumáticos de los accidentes de tránsito; el edema cerebral actúa como una fuerza expansiva dentro se la bóveda craneana causando aumento de la presión intra-craneana. Que obviamente el edema cerebral es una consecuencia grave de los hechos traumáticos craneales y pulmonares; y generalmente va acompañado de heridas y fracturas localizadas en la misma bóveda craneana, tal como en el caso que nos ocupa en donde las heridas estaban en zonas periféricas a los pabellones auriculares las cuales, por la historia (médica), fueron de origen contuso (golpe), y en la zona mandibular la fractura encontrada con pérdida de 7 piezas dentales confirma la acción de contusión. En los casos de traumatismos importantes con aceleración y desaceleración de la cabeza, suele estar presente el edema cerebral, el cual es de instalación lenta pero progresiva, por ello de la importancia del diagnóstico temprano para el establecimiento de la terapia pronta y expedita. Recordemos que el edema cerebral sea cual sea el originen, es de lento y progresivo establecimiento, y así es su marcha hacia el desenlace fatal. Este establecimiento causa un franco y progresivo deterioro neurológico, llegando al coma irreversible y profundo que lleva a la muerte, tal como en el presente caso ha ocurrido. Que en el caso de K. L., el accidente automovilístico ocurrió a las 15:30 hrs y fue ingresada al Hospital CEMESA al ser las 16:20 hrs del mismo día, estableciéndose que la joven fue evaluada por un Médico Internista y por un Médico Neurocirujano, quienes solicitaron en la inmediatez de la primera evaluación que se le practicara a la joven un TAC de Cerebro y Cuello, teniendo como base la exploración clínica y un reporte de G. de 14.Lo anterior no fue debidamente apreciado por el Médico Ortopeda y el Cirujano Plástico, lejos de ello y obviamente conociendo del expediente las órdenes del grupo evaluador priM. de entrada del Hospital Cemesa, así como las características del accidente, procedieron a operar a la joven L., del pie y la mandíbula, aún sin los estudios de la situación cerebral, que es la estructura anatómica más importante en el cuerpo humano. Es más, en la folio 24 “hoja de evolución” del Dr. B., claramente establece que él conocía de la presencia de un TEC CERRADO (Traumatismo Encéfalo Craneano Cerrado) y del Neumotórax (colapso de una parte del pulmón derecho) que lo catalogó como “mínimo”. El perito califica el actuar de los médicos encargados de llevar a cabo la cirugía en K. J. L. F. como imprudente, en vista que a pesar de existir un diagnóstico de politraumatismo con TEC cerrado en forma temprana, se decidió realizar un acto quirúrgico secundario, y además porque se inició un proceso quirúrgico ortopédico, sin los exámenes urgentes indicados de TAC cerebral y resonancia magnética que ofrecerían un estado correcto y diagnóstico de la situación real de la paciente; es decir un diagnóstico completo que permitiría un tratamiento oportuno. Asimismo, porque existió una innecesaria labor anestésica ante la decisión de intervención quirúrgica, y en consecuencia horas de evaluación de síntomas clínicos permanecieron sin su respectiva evaluación oportuna. A la vez cataloga el actuar de los médicos referidos como negligente, ya que la evaluación de la condición cerebral de la paciente era de primerísimo orden y esto fue dejado para segunda oportunidad, y en vista que el examen neurológico cerebral por TAC fue realizado arriba de las diez horas posteriores al accidente. Señala que el diagnóstico temprano, oportuno y confirmado por estudios de gabinete no fue la característica en el presente caso. Fue un diagnóstico no confirmado en forma temprana sino al contrario, tardíamente. Ello perjudicó el desenvolvimiento de la paciente. En este caso, no se diagnosticó el cuadro cerebral en forma temprana, sino hasta horas después, horas que fueron primerísimamente importantes para el desenlace conocido, ya que así también se estableció la terapia en forma tardía. Por esas razones apuntadas por el perito, califica el actuar de los médicos referidos como un caso de mal praxis médica por existir una evidente omisión del parte médico de prestar apropiadamente sus servicios en su relación profesión. b. Dictamen de Doctores R. Y. P. (especialista en medicina intensiva) y J. E. O. C. (especialista en neurocirugía); quienes fueron nombrados y juramentados en la fase de plenario (Folios 1539 al 1541). Estos peritos, al evaluar también el expediente clínico de Clínicas Médicas CEMESA, ratifican su contenido, en cuanto a los hechos que del mismo se derivan. Así, afirman respecto a la nota de prescripción indicada por el Doctor R. C. E., que es bien entendido en el lenguaje módico que al referirse dicho Doctor al manejo inmediato de la paciente, correspondía a la estabilización de su estado hemodinámico y la inmovilización de sus fracturas. Es más, refiere el dictamen, que el neurocirujano establece que de preferencia el TAC de cerebro se hiciera antes de la cirugía, por lo que a juicio de los expertos sí estaba establecido de forma clara el momento en que debía realizarse la tomografía, es decir antes de la cirugía y no después. Establecen, que quedó claramente establecido “que no se cumplió con la recomendación del neurocirujano” en el sentido de que “Luego del manejo por ortopedia y cirugía plástica se haría TAC Cerebral y columna cervical, de preferencia previo a la cirugía c. Dictamen emitido por el Médico Internista HENOCH RIVERA RIOS; quien fue nombrado y juramentado en la fase de plenario (Folios 1543 al 1544). En este dictamen se consigna con claridad meriD. que al ser examinada en el hospital, la joven K. J. L. F. se mostraba somnolienta, con antecedentes de accidente automovilístico y pérdida del conocimiento por tiempo no precisado. Que se ordenó un TAC, siendo evidente que no se realizó, pues no existe tal estudio ni hay reporte del mismo, y en esas condiciones se perdió el valor de un estudio tan importante como ser la evidencia imagenológica del cerebro, que de haberle dado continuidad al proceso diagnóstico por el médico tratante, se hubiera podido detectar la ausencia en el cumplimiento de dicha indicación, y lógicamente la visualización del estado cerebral hubiera cambiado la ruta terapéutica, dándole prioridad a lo realmente necesario como lo dicta la normatización del ATLS. Sin embargo se sometió a la paciente a un acto quirúrgico, ignorante de la gravedad, de la prioridad terapéutica y lógicamente de las consecuencias transoperatorias del uso de anestésicos que por otro lado modificarían en negativo los hallazgos de la exploración neurológica, más aún en una doble cirugía que duró 4 horas, de las 6 p.m. a las 10 p.m. Agrega el perito que las evaluaciones preoperatorias contemplan el manejo prioritario responsabilizando al médico tratante o cualquier otro médico asignado, pero el anestesista participa en la responsabilidad al detectar síntomas de alto riesgo y debe de suspender de inmediato la operación hasta que el médico tratante, conozca, interprete y decida, con la propiedad cognoscitiva la conducta a seguir de acuerdo a las prioridades de vida. Que postergar una operación ortopédica o de cirugía plástica se debe a la seguridad vital de las personas de acuerdo a la gravedad del caso. Por lo tanto, las intervenciones quirúrgicas realizadas por la cirugía plástica y por ortopedia debieron esperar el dictamen definitivo con el resultado de la TAC de cerebro, no encontrándose en el expediente una autorización quirúrgica que respalde la realización de una operación apresurada por parte de ortopedia y cirugía plástica, ya que estaba en curso, un planteamiento que incluía la TAC cerebral, que no fue seguido, cuyo objetivo era de evaluar prioridades conductuales. Que el neurocirujano, en el proceso diagnóstico, ordenó la TAC de cerebro a las 5:30 p.m. del 13 de mayo de 2000, lo cual no fue cumplido oportunamente, sino hasta después de las cirugías plástica y ortopédica por lo cual es evidente que el tratamiento neurológico fue tardío, causándole perjuicio a la paciente. d. Dictamen del Doctor especialista en medicina crítica (intensiva) OSCAR EDUARDO C. P.; quien fue nombrado y juramentado en la fase de plenario (Folios 1536 al 1537). Este dictamen, aunque se refiere al actuar del doctor J. A. C. L., ofrece algunos datos que hacen confirmar la información del expediente clínico y que son coherentes con los pareceres periciales anteriores. Así, el perito refiere que a las 2:30 a.m. del 14 de mayo de 2000, la paciente K. J. L. F., presentaba un edema cerebral hemisférico con ligera desviación de la línea media y colapso del cuerno ventricular derecho; en otras palabras una inflamación cerebral importante. Que la paciente se encontraba en condición grave con evidencia de deterioro neurológico al momento de ser solicitada la intervención médica del Doctor Jesús C. L.. e. Certificación médica extendida por médicos C. A. LAINEZ M. (Cirujano) y CARLA PATRICIA OCHOA (Neurocirujana). (Folios 1288 al 1289). En este documento, los especialistas referidos señalan lo siguiente. Que al momento de su ingreso al Centro Médico CEMESA, a K. L., se le había diagnosticado entre otros aspectos que detallan- lo siguiente: Traumatismo Encéfalo Craneano Cerrado más contusión cerebral leve; Trauma facial con fractura mandibular. Que desde su ingreso, se estableció la relación médico-paciente. Que hubo una indicación precisa por el especialista en neurocirugía de la necesidad real y urgente de una tomografía cerebral computarizada (TAC Cerebral), que es la examinación con instrumental especializado de las condiciones del cerebro; la cual no se cumplió, haciendo caso omiso de la advertencia del diagnóstico de ingreso (Trauma encéfalo craneano cerrado), que era una condición prioritaria, y se le sometió a cirugías que no eran en ese momento urgentes. La paciente se deterioró neurológicamente (el cerebro y sus componentes), y fue sometida a un período prolongado de anestesia. En el monitoreo de la paciente en su condición neurológica no fue realizado a cabalidad por el sometimiento a anestesia general lo que ocultó la signología original. Y basado en su análisis concluyen: que el caso de la paciente en referencia lamentablemente no tuvo el manejo que la ciencia neurológica y neuroquirúrgica obligan para la búsqueda del restablecimiento de la salud, lejos de eso hubo acciones y omisiones médicas como las señaladas que llevaron irremediablemente a las consecuencias en la paciente ya conocidas: la muerte. Relación probatoria con el documento auténtico. Con estos medios de prueba se ratifica el contenido probatorio del expediente clínico, más aún cuando estos medios de prueba parten de un análisis del mismo. Al unísono estos medios de prueba determinan: Que al momento de su ingreso al Centro Médico CEMESA y ser examinada, K. L. se mostraba somnolienta, con antecedentes de accidente automovilístico y pérdida del conocimiento por tiempo no precisado; Que fue diagnosticada con un Traumatismo Encéfalo Craneano Cerrado más una contusión cerebral; Que hubo una indicación precisa por el especialista en neurocirugía de la necesidad real y urgente de una tomografía cerebral computarizada (TAC Cerebral), que es la examinación especializada para revisar las condiciones del cerebro, la cual no se cumplió por los médicos participantes en la cirugía que se le practicó, haciendo caso omiso de la advertencia del diagnóstico de ingreso (Trauma encéfalo craneano cerrado), que era una condición prioritaria, prefiriéndose someterla a cirugías que no eran en ese momento urgentes; Que en esas condiciones, se perdió el valor de un estudio tan importante como ser la evidencia imagenológica del cerebro, que de haberle dado continuidad al proceso diagnóstico por el médico tratante, se hubiera cambiado la ruta terapéutica, dándole prioridad a lo realmente necesario. Sin embargo se sometió a la paciente a un acto quirúrgico, ignorante de la gravedad que presentaba en cuanto estado neurológico; Más aun el equipo de anestesia participa en la responsabilidad al detectar síntomas de alto riesgo (paciente desorientada y lenta en la respuesta motriz), y ante ello debió suspender de inmediato la operación hasta que los médicos tratantes (a cargo de la cirugía) decidieran la conducta a seguir de acuerdo a las prioridades de vida; y, Que a pesar que el neurocirujano, en el proceso diagnóstico, ordenó la TAC de cerebro a las 5:30 p.m. del 13 de mayo de 2000, la misma no fue cumplida por imputado, sino hasta después de las cirugías plástica y ortopédica, por iniciativa propia del Doctor Intensivista J. A. CHICHILLA L., por lo cual es evidente que el tratamiento neurológico fue tardío, causándole perjuicio a la paciente. Por ello, la paciente se deterioró neurológicamente (el cerebro y sus componentes) y fue sometida a un período prolongado de anestesia. Lamentablemente el caso no tuvo el manejo que la ciencia neurológica y neuroquirúrgica obligan para la búsqueda del restablecimiento de la salud, lejos de eso hubo acciones y omisiones médicas como las referidas que llevaron irremediablemente a la paciente a la muerte. Esta evidencia probatoria de mal praxis médica también queda de manifiesto con algunas declaraciones rendidas en el mismo juicio. Así, con la Declaración Indagatoria dada por el médico R. C. E. (Folios 573-580), se confirma que: Que indicó una Tomografía Cerebral y de Columna Cervical luego del manejo inmediato por ortopedia y cirugía plástica es decir inmovilizar las fracturas y cubrir las heridas pero antes del proceso de cirugía; que luego de hacer esa indicación, la joven K. J. L. F. quedó bajo la responsabilidad de sus médicos tratantes, no teniendo noticias de ella sino hasta las dos de la mañana de día siguiente al del accidente, en que luego de hacerse la indicada tomografía, se evidenció un edema cerebral post- traumático en el hemisferio derecho de su cerebro. Agrega que el Doctor L. T. B. se presentó al Hospital CEMESA como médico designado por la familia de la paciente para hacerse cargo de su tratamiento, y desde ese momento quedó bajo su responsabilidad; siendo él quien le indicó a la Doctora G. quien hacía la guardia ese día en el Hospital que solicitara la sala de operaciones y que llamara al cirujano plástico, Doctor P. G. Estima que el Doctor L. T. B. debió llamar a un médico intensivista para estabilizar a la paciente antes de llevarla precipitadamente a la sala de operaciones. Pero lo más importante, a su juicio, es que el Doctor B. desde el momento que vio a la paciente poli-traumatizada, que aunque se encontraba consciente, con el trauma facial que presentaba con fractura de la mandíbula, era de esperarse que pudiera tener una lesión cerebral, y se debió llamar a un neurocirujano, lo cual no hizo, no siguiendo el protocolo del tratamiento de una paciente con trauma múltiple. Asimismo indica que una vez en sala de operaciones, los anestesiólogos (A. M. M. y M. E. M.), por su vasta experiencia, debieron suspender la cirugía dado que había órdenes expresas en el expediente clínico de realizar la tomografía cerebral, y además porque observaron a la paciente somnolienta y con respuesta lenta. Afirma que la causa de la muerte de la paciente fue un edema cerebral post traumático irreversible. Que, como en este caso, él siempre indica la tomografía porque había pérdida momentánea de la conciencia, lo que conduce a pensar que el paciente pueda tener un hematoma epidural o bien un foco de contusión cerebral. Sobre la prescripción que dio, explica que él indicó la tomografía cerebral y de columna cervical, según consta en las órdenes del expediente médico, las cuales debieron ser cumplidas; que el manejo inmediato que consignó en su nota médica se refería a la estabilización de la fractura y cubrir las heridas, luego menciona que la Tomografía de cerebro y columna cervical debía realizarse preferentemente previo a la cirugía, y lo subrayó para que así se entendiera. Que en su opinión, la tomografía era lo que tenía que hacerse antes de cualquier otra cosa, dado que es un examen de rutina en todo paciente de trauma; y si su orden y recomendación no fue atendida por otros colegas, ello no puede ser su responsabilidad. Si se hubiera hecho la tomografía, es probable que se hubiera mostrado cambio de edema cerebral y se hubiera alertado para un manejo más prudente del caso, tanto por los médicos privados como por los anestesiólogos. Que en el caso de la paciente LUCIA E. DE FRANCO, quien era una de las accidentadas que acompañaba a la víctima en el mismo vehículo, establece que a ella se le diagnosticó el edema cerebral por la tomografía que se le practicó, y luego de ese diagnóstico, fue ingresada de forma inmediata a la unidad de cuidados intensivos, conectada a un ventilador de volumen en el momento adecuado y recibiendo el tratamiento adecuado para el edema cerebral (por ello es que a esta paciente se le pudo salvar su vida, cosa que no ocurrió en el caso de la ofendida).Declaración Indagatoria rendida por la doctora E. M. G. M. (Folios 843-844), quien era la Doctora de Turno en el Centro Médico CEMESA. En ella se destaca 1 siguiente: Que al hacer la búsqueda de qué cirujanos estaban disponibles, apareció el Doctor L. T. B., quien le dijo que era el Doctor de la familia, por lo que le dejó en sus manos a la joven K. J. L.. Que dicho Doctor tenía la responsabilidad sobre la paciente. Dice que a la paciente LUCIA E. DE FRANCO, sí le hizo la Tomografía Axial Computarizada (cuando a K. J., que venía del mismo accidente y tenía trauma encéfalo craneano no se le practicó). Que a la ofendida se le estaban practicando los exámenes ordenados, cuando llegó el Doctor L. T. B.. Declaración Indagatoria rendida por el doctor J. A. C. L. (Folios 1006-1012), quien fue el médico intensivista que recibió a la ofendida en la Sala de Cuidados Intensivos una vez que saliera de la cirugía de boca y tobillo. De ella, se recoge: Que al realizarle a K. J. L. F. el examen de Tomografía al cerebro, se estableció la presencia de edema cerebral, ordenada por el declarante. Que a las diez de la mañana del 14 de mayo de 2000, comprobó con el Doctor C. E. que la paciente mostraba un compromiso neurológico muy serio; los mecanismos de producción de edema cerebral habían avanzado rápidamente. Que el estado de la paciente no se modificó y se estableció muerte cerebral. Que en las evaluaciones de urgencia que se practican en un paciente poli-traumatizado (como en el caso de la ofendida), la valoración inicial conlleva a tener una imagen general de la condición del paciente y brindarles ayuda inmediata si lo requiere, incluyendo la estabilización de sus signos vitales. Que al final se concluye en el compromiso general del paciente sus prioridades y las vías que seguirá para su tratamiento. Que recuerda que se revisó el expediente el cual mostraba leves alteraciones neurológicas de la ofendida a su ingreso al hospital. Que en el caso de una paciente poli-traumatizada en área de cráneo facial y fractura de tobillo el área que urge de atención es el área cráneo-facial porque la paciente puede tener complicaciones cerebrales que no sean visibles en ese momento. Declaración del testigo C. N. L. L. (Folios 132- 135), quien es el padre de la víctima fallecida, K. J. L. F.. De su declaración, entre otros aspectos, se recoge. Que no entiende por qué a todas las examinadas en Centro Médico CEMESA, les hicieron la Tomografía, con excepción de K. J. L. F., a quien desde su ingreso se le había diagnosticado un Trauma Encéfalo Craneal. A todas ellas, con excepción de su hija, para hacerles ese examen las trasladaron a escasos 200 metros de la sala de emergencia de CEMESA. Que fue hasta dos horas después de la operación a que fue sometida su hija (en la madrugada del día siguiente al del accidente) en que a ella se le hicieron las Tomografías que se habían ordenado por varios médicos previo a la cirugía de mandíbula y pie. Y que al ser realizadas a destiempo mostraron que el cerebro de ella estaba en un proceso de inflamación a niveles preocupantes, lo que avizoraba en desenlace fatal, como efectivamente ocurrió. Que luego de consultas que hizo con otros especialistas en el exterior, se enteró que el procedimiento aplicado a su hija no había sido el correcto, ya que lo que primero se atiende es la cabeza y no las fracturas. Que en el informe médico elaborado por los Doctores L. T. B. y J. R. P., se evidencia que también el Doctor C. P. H. recomendó una TAC de cerebro, previo a la cirugía. Que también recomendó la realización de la TAC de forma previa a la cirugía el Doctor R. C. E.. Declaración de la testigo Z. F. L. (Folios 42 1-422), quien es la madre de la víctima fallecida, K. J. L. F., y que también sufrió el accidente de tránsito. En esencia dice: Que a todas las accidentas que llegaron al Centro Médico CEMESA, las condujeron a efectuarse examen de Tomografía, menos a su hija K. J. L. F., a pesar que el doctor C. P. H. la había ordenado. En contra de ello, más bien la condujeron a sala de operaciones. Declaración de los testigos O. M. B. P. y W. L. L. (Folios 1329-1334). Ambos son los padres de la joven acompañante de la víctima, de nombre L. E. DE F. En esencia, de sus declaraciones se destaca lo siguiente: Que no entienden por qué a K. J. L. F. no se le realizó la Tomografía, ya que se había ordenado la misma. • Que los Doctores que se hicieron cargo de la joven fallecida una vez que el Doctor C. E. ordenó la Tomografía, fueron el Doctor L. T. B. y el Doctor P. G., quienes señalaban que la ingresarían a cirugía. Que a la hija de ellos L. E. DE F. B., sí se le practico la TAC (Tomografía Axial Computarizada). Que los Doctores que tomaron la decisión de operar a K. J., fueron los Doctores R. M., L. T. B. y G. P. G.. Que el examen del TAC se lo realizaron a las pacientes N., S. L. (madre de K. J. L.) y a su hija L. E. DE F. B.. Con estas declaraciones, se confirma la realización de un acto de mal praxis médica por parte del equipo encargado de la realización de las cirugías de pie y mandíbula de K. J. L. F., al evidenciarse que dicho equipo no tomó en cuenta las diversas indicaciones de realizarle la Tomografía Axial de Cerebro, como estudio previo a la realización de la cirugía; optando dicho equipo por realizar el acto quirúrgico de forma anticipada. Asimismo, confirma la intervención del Doctor L. T. B. como el profesional de la medicina que se presentó al Hospital para hacerse cargo de la paciente por ser el médico designado por la familia de ella, siendo él quien convocó al cirujano plástico G. P. G. para que se hiciera cargo de la cirugía plástica en mandíbula. Se confirma, a la vez, la circunstancia que los médicos anestesiólogos pudieron haber detenido el proceso quirúrgico, en vista de observar las órdenes de realización del TAC en cerebro y por la misma sintomatología que mostraba la paciente y que ellos inclusive anotaron en el expediente clínico. Se revela que las demás acompañantes del K. J. L. F., sí fueron sometidas al TAC de cerebro por las características de politraumatismo que presentaban, misma situación que evidenciaba K. J., y a pesar de ello, y de ser diagnosticada a su ingreso con un Traumatismo Encéfalo Craneal Cerrado, sus médicos tratantes y que integraban el equipo a cargo de las cirugías negó la posibilidad de su realización. Estudio que se efectuó cuatro horas después de salir de la cirugía por iniciativa del Doctor J. A. C. L., y que mostró de forma inmediata el edema cerebral que al final le condujo a su muerte. 4. La valoración intelectiva de la sentencia: evidencia del error de hecho en la valoración de la prueba. Y para terminar con el argumento de ataque a la errada valoración de la prueba por parte de la Corte de Apelaciones, y su ignorancia al documento auténtico como ser el expediente clínico de la atención a la ofendida K. J. L. F., en la motivación probatoria efectuada por ese Tribunal se muestran sus enormes desaciertos valorativos, que lastimosamente le conducen a decidir a absolver a los imputados L. T. B., G. P. G., A. M. M. y M. E. M.. A manera de muestra, se exponen algunos desaciertos: Por un lado, en este apartado de la sentencia, la misma dice que las declaraciones de los encausados son coherentes en los datos proporcionados y mantienen la misma línea de información en cuanto al punto núcleo del presente juicio. Cuando ello no es cierto, ya que de las declaraciones de los doctores R. C. E., E. M. G. M. y J. A. C. L., más bien se advierte la responsabilidad penal en que incurrieron los imputados L. T. B., G. P. G., A. M. M. y M. E. M., con el desarrollo de un procedimiento quirúrgico no acorde con el protocolo a seguir; por lo cual esas declaraciones indagatorias no son coincidentes entre sí, y más bien son incriminatorias en la forma antes dicha. De forma poco específica, la sentencia expresa que los imputados se basaron en el Principio de Confianza donde cada uno de los especialistas y la módico general aportaron sus conocimientos especializados y experiencia en la atención de la paciente, y señalaron de forma clara el rol que desemP.ron en su tratamiento, lo que denota que actuaron como un equipo multidisciplinario, conforme a las anotaciones médicas que aparecen en el expediente clínico. Sobre este punto, tal principio fue roto por los imputados L. T. B., G. P. G., A. M. M. y M. E. M., en vista que no siguieron las órdenes de tres especialistas que indicaron la realización de la TAC de cerebro en la ofendida. En todo caso, los médicos que prescribieron la realización de ese examen, sí pensaron que los médicos tratantes efectivamente cumplirían con esa indicación; de tal manera que dicho principio que es fundamento de la Teoría de la Imputación Objetiva, al menos en el caso de los imputados no es aplicable, ya que debían haber practicado el examen antes de proceder a realizar las cirugías. Dice la sentencia que luego de valorarse el estado en que ingresó la paciente, con traumas severos en cara y pie, y de evaluar su estado neurológico, se decide su intervención a fin de salvarle la vida. Cuando el estado de valoración que se estableció de ella desde el ingreso consistía en una paciente que presentaba un Trauma Encéfalo Craneano, siendo esta la condición anotada y reconocida por el Doctor L. T. B., lo que sumado a la evaluación neurológica, en la cual se indica la realización del TAC previo a la realización de la cirugía (por tres especialistas distintos), contradice más bien lo aseverado por el Tribunal recurrido, puesto que de esos hallazgos lo que se determina es que de la condición médica que mostraba, para salvarle la vida era su tratamiento médico a su cerebro, y por ello la necesidad de realizar la Tomografía apuntada. Y ello era del conocimiento de los médicos imputados que irresponsablemente decidieron someterla a cirugías para tratar su boca y pie (cuyo estado de las heridas según la prueba referida podía ser estabilizado) descuidando la parte del cuerpo de la paciente que merecía atención prioritaria: su cerebro. Y muestra de ese descuido es el desenvolvimiento que este órgano tuvo con el desarrollo del edema cerebral que a la postre marcó la ruta descendente del estado de salud de K. J. hasta conducirla a su muerte. Resultando insólito y a la vez absurdo que la Corte de Apelaciones establezca que no se precisa cuál es la causa de muerte de la ofendida, en vista que no se le practicó el examen de autopsia, ya que lo que sí sobra en este caso es información médica documentada en un expediente clínico que acredita con solvencia cuál fue el evento que de poco a poco degradó el estado de salud de K. J. L.: el edema cerebral en su hemisferio derecho, que de poco a poco le generó mayor presión intra-craneana hasta desembocar en una muerte cerebral que derivo en un paro cardíaco que le produjo la muerte. Y esta causa de muerte, no sólo consta del expediente clínico, sino de otros medios de prueba que respaldan esa condición (dictámenes periciales y declaraciones). Esa aseveración de la Corte recurrida, resulta contradictoria con su propia interpretación probatoria, ya que el CUARTO HECHO PROBADO de la sentencia, el Tribunal claramente determina dicha causa de su muerte, al decir: “Sin embargo, K. J. L. F., fue presentando al paso de las horas del día siguiente deterioro progresivo de su estado neurológico, falleciendo en fecha diez y nueve de mayo del año dos mil por politraumatismo, trauma cráneo cerebral difuso, paro cardiaco y muerte cerebral”. Nótese que en este hecho probado sí tiene bien definido la causa de la muerte. Respecto a la anotación del Neurocirujano R. C. E., y que la Corte de Apelaciones inclusive reproduce, relativo a que debía practicarse la Tomografía Axial Computarizada de Cerebro y Columna Cervical, luego del manejo inmediato de ortopedia y cirugía plástica de preferencia previo a la cirugía; en primer lugar, ignora la Corte recurrida que la paciente había sido diagnosticada a su ingreso a CEMESA de sufrir un trauma encéfalo craneano; que el mismo Doctor C. E. había señalado que ella había tenido una pérdida momentánea del conocimiento y que se mostraba somnolienta, pero más allá de ello, la indicación es clara y él lo ratifica en su declaración: la tomografía se haría una vez que de forma inmediata se estabilizaran las lesiones que tenía en pie y boca y de forma previa a la cirugía. También ignora la sentencia, que otros documentos que aparecen en el expediente clínico revelan que había otra orden médica que exigía la realización de la Tomografía; incluso en el Informe elaborado por los Doctores L. T. B. y J. R. P., se indica que antes de la cirugía recibieron la indicación de los Doctores R. M. S. y C. P. H. para que dicha evaluación se realizara. Y no se debe menospreciar, como de fondo quiere hacerlo la sentencia, que los imputados aún y cuando ostentaban sus propias especialidades no afines al campo de la neurología o neurocirugía, podían ignorar el propio estado de la paciente, cuando evidenciaba semejante impacto en su cabeza, que le había significado la pérdida de siete piezas dentales; porque antes de ser especialistas, son médicos y por tanto estaban obligados a saberlo. Ante tan importante trauma era obvio que debía atenderse y verificar el estado actual de su cerebro, para que con esa información se estableciera la ruta de tratamiento a seguir. En todo caso, la recomendación médica del Doctor C. E. ubica claramente el momento de realización de la Tomografía al Cerebro: después de la atención inmediata de ortopedia y cirugía plástica, pero antes de realización de las cirugías respectivas. Ante tanta claridad de hechos, nos resulta inexplicable que la Corte de Apelaciones piense que era discrecional como acto médico la no realización de tan vital examen. Existe un desprecio a la motivación al momento de analizar el expediente clínico por parte de la Corte recurrida, en vista que sólo se dice que muestra los diferentes sucesos ocurridos en el tratamiento de la ofendida; que en él consta los resultados de la Tomografía Axial y el IRM practicados a ella y que fueron realizados por un profesional de la rama de la radiología. Omitiendo señalar que en dicho expediente clínico aparece la condición de diagnóstico efectuado a la joven L. F. cual era un politraumatismo, con un Trauma Encéfalo Craneano; que la anotación de neurólogo es que se realizara la TAC de cerebro antes de cualquier proceso de cirugía, con el apunte que había perdido momentáneamente su conocimiento; que hay órdenes médicas que indican también la realización de esta examen; que existe un Informe elaborado por el mismo L. T. B., en el que se reconoce que no sólo el Neurólogo indicó la TAC de cerebro, sino que otros especialistas, indicaciones que fueron todas ellas consignadas antes de llevar a la niña al quirófano; que el expediente muestra que ese vital examen no se hizo sino varias horas después de salir de las cirugías a pesar de su indicación, del diagnóstico dado en la paciente en cuanto a sufrir un trauma en su cerebro, siendo esta la omisión del deber de cuidado en que incurrieron los imputados por someterla a operaciones que no eran las indicadas en ese momento, sino la atención y tratamiento a su situación neurológica; que inclusive la sintomatología de tener una afectación cerebral fue advertida por los anestesiólogos que participaron en la cirugía, al punto de describirla por escrito; que el resultado obvio de descuido se manifiesta al realizársele 10 horas después de su ingreso al hospital la Tomografía en su cerebro, que reveló la presencia de un edema, que fue precisamente la causa que derivó en su muerte, con lo cual se ratifica más la necesidad y cuidado de los médicos tratantes -y hoy imputados- en haber atendido la condición de su cerebro antes de cualquier otra necesidad médica. Esta evaluación de necesidad y oportunidad médica, no aparece en la pobre explicación probatoria que hace la Corte de Apelaciones al expediente clínico, y la razón de ello es que ante la solidez que la información probatoria revela, la Corte no tiene otra salida que dar explicaciones mínimas o periféricas, no de fondo del contenido de tan vital medio de prueba. Es decir, la escasa explicación de la sentencia sobre este documento auténtico, deja entrever la escasa posibilidad del Tribunal recurrido en extraer de él estas circunstancias fácticas de sencilla extracción; y ese desprecio, lo ha hecho con el afán de restar responsabilidad penal a los imputados. Y como un acto de fraude de ley procesal por parte de la sentencia, con el único propósito de intentar fundamentar la decisión de absolución, la resolución valora formalmente como prueba documental, pero como un claro dictamen pericial, un “DICTAMEN MEDICO”, emitido por una Comisión Ad Hoc nombrada no por el Juzgado de Letras de primera instancia, sino por la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras, que no es autoridad judicial para hacer tal designación de expertos. De esa forma, en una clara violación a los Arts. 289, 290 y 295 del Código de Procedimientos Penales, la Corte de Apelaciones valora ilegítimamente como pericia un medio de prueba documental disfrazándolo de pericial, cuando se refiere a un parecer que requiere de conocimientos especializados. Basado en su contenido, la Corte recurrida estima que en el examen neurológico indicado a la paciente L. F., no se contraindicaba el tratamiento quirúrgico de las lesiones (de tobillo y mandíbula); incurriendo con ello en un error de la prueba, porque en efecto el examen neurológico no prohibía la realización de la cirugía, sino más bien la condicionó al resultado previo de la Tomografía Axial Computarizada de cerebro y columna cervical. Además, resulta incomprensible que la Corte recurrida le conceda valor probatorio al Dictamen-Documento, en vista que le concede valor de convicción únicamente por el hecho de haber sido un equipo multidisciplinario en medicina, sin analizar su contenido. Otra evidencia, de la desacertada valoración probatoria opuesta al contenido del expediente clínico. 5. Constatación de la comisión del ilícito. Con toda esa información comprobada, proveniente del expediente clínico y ratificado por otros medios de prueba, se constata no sólo el grave error de hecho en que incurrió la Corte de Apelaciones, sino la injusticia derivada de él al considerar que los imputados L. T. B., G. P. G., A. M. M. y M. E. M. no incurrieron en el tipo penal de Homicidio Culposo, regulado en el Art. 121 del Código Penal. La Corte de Apelaciones con su decisión muestra su desmedido interés en exculpar de responsabilidad penal a los imputados, cuando con sólo el expediente clínico (no digamos de su relación con los restantes medios de prueba referidos) se acredita que los indiciados incurrieron en la infracción objetiva de una norma de cuidado, como ser, desde su posición de profesionales de la medicina procurar, según las circunstancias del caso que atendían de K. J. L. F., la aplicación de la ruta clínica adecuada para la atención urgente de su padecimiento mayor; más por el contrario, ignoraron la sintomatología que ella presentaba; ignoraron el diagnóstico médico establecido respecto de ella; ignoraron las indicaciones y órdenes médicas señaladas para antes de ser sometida a un proceso de cirugía, a pesar que esos elementos ya les guiaban para decidir cuál era el tratamiento adecuado que esta paciente de cuidado merecía para salvaguardar su salud y propiciar su recuperación. Lejos de ello, optaron por la atención en lesiones secundarias de boca y tobillo descuidando el estado de su cerebro, que por la historia clínica del caso y las circunstancias especificadas, merecía una atención inmediata para determinar el grado de afectación que tenía, y de ello establecer cuál era el tratamiento que debía ser aplicado para priorizar en la preservación de su vida; cosa a la cual, como se ha establecido, renunciaron por completo. Y con esa conducta hicieron hacer prevalecer su interés, en aprovechar una oportunidad de intervenir apresuradamente a una paciente que requería otro tipo de cuidados, incumpliendo con ello las obligaciones que como médicos debían observar en preservar el mayor bienestar de salud a su paciente. Así, en el presente caso a pesar que la Corte recurrida se resista a ello la conducta de los indiciados es propia del Art. 121, citado, en relación al Art. 13, párrafo tercero, del mismo Código. En este caso, los imputados no quisieron cometer un hecho típico, pero lo realizaron con infracción de una norma de cuidado, como ser la no realización de la TAC cerebral, advirtiendo la posibilidad de afectación a la salud de K. por la no realización del examen indicado de forma oportuna, y a pesar de ese conocimiento decidieron omitir su realización. Ante ello, nos encontramos ante un caso claro de CULPA CONSCIENTE, ya que no se quiso causar la lesión al bien jurídico vida, pero se advirtió su posibilidad y sin embargo se actuó (se decidió por los imputados operar sin los resultados de la TAC cerebral). Así, estos médicos, con esa omisión objetiva de su deber de cuidado, que constituye el tipo imprudente, faltaron a su deber ético impuesto en el Art. 31 del Código de Ética del Colegio Médico de Honduras, que dispone: “El médico deberá prestar al paciente los cuidados que le dicte su conocimiento y conciencia profesional...” resultando en el presente caso que los imputados hicieron valer su interés personal a la aplicación de su conciencia profesional que correspondía al estado que manifestaba K. J. L. F., haciendo a la vez, caso omiso de la aplicación de sus conocimientos en una paciente que a todas luces presentaba un importante trauma encéfalo craneano y que requería otra ruta en su tratamiento. Por el hecho de no considerar la Sentencia recurrida la responsabilidad penal de los imputados, se ha causado graves daños a los intereses y derechos de la víctima (los familiares de (K. J. L. F.), puesto que habiendo prueba suficiente que quebrantaba el estado de inocente de los imputados, no se les condenó por el delito imputado; siendo por ello el recurso de casación desarrollado el remedio procesal previsto por la ley para poder corregir la tremenda injusticia que con la sentencia impugnada se ha producido, y que a la vez genera impunidad con relación a hechos tan claros de mal praxis médica. De toda esta exposición del presente motivo de casación, resulta que de forma objetiva procede declarar la responsabilidad penal de los imputados L. T. B., F. G. P. G., A. M. M. y M. E. M., no formalizándose, en consecuencia el presente recurso en contra de los restantes acusados.” CONSIDERANDO: Que mediante proveído de fecha veintiséis de noviembre de dos mil trece, se tuvo por formalizado en tiempo el recurso de Casación interpuesto por parte de la abogada L. C. V., asimismo se le sustituyó poder al abogado E. J. L. Z., con las facultades a él conferidas, en consecuencia se omitió el traslado de los autos al Fiscal del Despacho en virtud de ser recurrente. CONSIDERANDO: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la admisión del recurso de mérito. CONSIDERANDO: Que nos ocupa en el presente caso el Recurso de Casación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia absolutoria dictada por la Corte de Apelaciones de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, a favor de los señores: R. D. E. (Neurocirujano), L. T. B. B. (Traumatólogo), F. G. P. G. (Cirujano Plástico y en Reconstrucción), A. M. M. (Anestesiólogo) y M. E. M. F. (Anestesióloga), y además el Recurso de Casación interpuesto por la abogada L. C. V., en su condición de Acusadora particular en representación de la señora S. F. L., madre de la ofendida K. J. L. F., interpuesto en contra de la Sentencia Absolutoria dictada en contra de los procesado: L. T. B. B. (Traumatólogo), F. G. P. G. (Cirujano Plástico y en Reconstrucción), A. M. M. (Anestesiólogo) y M. E. M. F. (Anestesióloga). Ambos recursos, si bien se basan en argumentaciones propias, tienen en común que fueron interpuestos por el cauce procesal del artículo 412 del Código de Procedimientos Penales de 1984, es decir por Infracción de Ley; de igual forma ambos recursos son interpuestos planteando un único motivo: Error de Hecho en la apreciación de la prueba resultante de un documento auténtico y ambos recursos citan un mismo documento como aquel de carácter auténtico que demuestra la equivocación del juzgador, es decir el expediente clínico que se formó en el Hospital "CEMESA" con ocasión de la atención en sala de emergencia que se realizó a la joven K. J. L. F. (F 238 al 303). Por lo anterior, y ante la coincidencia de elementos esenciales en los Recursos de Casación que han interpuesto tanto el Ministerio Público como la representación de la acusación privada, ésta Sala de lo Penal procederá a realizar el análisis y resolución de éstos en un solo pronunciamiento. CONSIDERANDO: El artículo 412 del Código de Procedimientos Penales dispone: "Se entenderá que ha sido infringida una ley para el efecto de que puede interponerse el recurso de casación: l... 2. Cuando en la apreciación de las pruebas haya habido errores de hecho, si esto resulta de documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación del juzgador y no estuvieron desvirtuados por otras pruebas". El objetivo del motivo es la rectificación de afirmaciones de hecho realizado en el relato histórico de la sentencia (Hechos Probados), que se demuestren erradas por el contenido de un documento que haya formado parte de la carga probatoria debidamente admitida y evacuada en el proceso y que tenga el carácter auténtico y que además no haya sido desvirtuado por otros medios de prueba. Para efectos casacionales, el documento auténtico debe de reunir los siguientes requisitos: a) Se trate de un documento, es pues que debe de ser una representación gráfica de pensamiento como manifestación humana, atribuible a una persona o personas identificadas o identificables, contenido en un soporte (papel, piedra , archivo electrónico, video, imágenes audio, Etc.), comprensible de acuerdo con el uso social (idioma), de carácter original o copia autenticada y que éste destinado al tráfico jurídico; b) Que se trate de documentos ajenos al proceso, es decir que no se trate de actos procesales documentados, como lo son las inspecciones oculares, la declaraciones de testigos o peritos, etc., c) Se trate de un documento que forme parte de la carga probatoria, propuesto y admitido debidamente, y evacuado en el proceso durante el periodo correspondiente; d) Que sea un documento de carácter auténtico para efectos casacionales, determinado así por su forma extrínseca e intrínseca. Por su formalidad extrínseca: Expedido siguiendo las formas legales que regulan su confección, en el tiempo, lugar, forma y por las personas llamadas a hacerlo. Por su formalidad intrínseca: Que por sí solo constituye la demostración indestructible de la certeza de los hechos que en el mismo se contenga, sin que esta certeza se derive de una simple manifestación de conocimiento o voluntad. El documento debe de contener una verdad independiente y necesaria, ajena a cualquier interpretación o valoración, ajena a cualquier deducción o inferencia[5]. CONSIDERANDO: Esta Corte Suprema de Justicia, ya ha explicado el contenido del numeral 2 del artículo 412 del Código de Procedimientos Penales, así en el fallo del expediente 520-04, de fecha 12 de octubre del 2004, se enumeró sus elementos: 1) Que en la valoración de la prueba haya habido error de hecho. El error de hecho se demuestra con una simple comparación objetiva, sin hacer relación a las disposiciones legales que regulan los distintos medios de prueba. 2) Que el error resulte de documento o acto autentico que demuestre la equivocación del juzgador. Es decir, que si al comparar lo que ha sido declarado probado en la sentencia con un documento auténtico, se vea claramente que el Juzgador se equivocó, porque la motivación fáctica no corresponde al contenido de tal documento. ( ... ) Pero, debe tratarse de documentos o actos realmente auténticos, que intrínsecamente y por si solos encierren verdades irrebatibles, que haya producido fuera del proceso e incorporados, de manera legal, al mismo. 3) El contenido de los documentos o actos realmente auténticos, no debe haber sido desvirtuado por los otros medios de prueba" (Lo resaltado es nuestro). Igualmente este Supremo Tribunal, ha definido que lo que debe entenderse como documento auténtico, así, en el fallo del expediente 1642-04, de fecha 04 de octubre del 2005, se indicó: " no son documentos auténticos aquellos que simplemente presenten una extensión de autenticidad innegable, sino los que además constituyen por sí y por la fuerza misma de su contenido, una expresión de verdad manifiesta y notoriamente irresistible. CONSIDERANDO: El artículo 956 del Código de Procedimientos Comunes señala, que el Tribunal de Casación podrá de oficio invalidar la Sentencia recurrida cuando en ella aparezcan de manera manifiesta cualquiera de los vicios que den lugar al Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mismos que están enumerados taxativamente en el artículo 416 del Código de Procedimientos Penales. CONSIDERANDO: En el caso en estudio concurren de manera manifiesta la causal del numeral 3 del artículo 416 del Código de Procedimientos Penales que dan lugar al recurso de casación por quebrantamiento de forma, cuando en la sentencia no se den respuesta a todos los aspectos debatidos que hayan sido planteados en la acusación o/como argumento de defensa. En el presente caso la Corte de Apelaciones señala que las declaraciones de los acusados fueron coherentes entre sí (f. 93), sin dar respuesta a la acusación respecto a las divergencias entre las declaraciones, mismas que señalamos: 1) El imputado R. D. E., establece que ordenó la práctica de la Tomografía Axial Computarizada, la cual creyó importante y que por eso la subrayo (f. 774), refiriendo que tenía conocimiento del antecedente de pérdida de conciencia de la paciente, puntualizando que no es su responsabilidad la práctica de los exámenes, además de señalar que existió mal procedimiento por parte del Doctor L. T. B. B., a quien acusó de haber alterado la secuencia cronológica de las anotaciones en el expediente clínico (f. 77), asegurando que como traumatólogo y al ver el trauma facial de la paciente en la mandíbula se debía esperar la existencia de una lesión cerebral, siendo llevada a cirugía sin seguir el protocolo de un trauma múltiple, es decir de manera apresurada. Igualmente aquejó el procedimiento de los imputados A. M. y M. E. M. F., ambos anestesiólogos, de quienes opinó que debieron suspender la cirugía al haber visto la orden del examen de Tomografía Cerebral (f. 776). La Corte de Apelaciones nada señala sobre las aseveraciones de cargo que realiza el imputado D. E. en contra de L. T. B. B., A. M. M. y M. E. M. F.. Por otra parte la Corte de Apelaciones tampoco refiere respecto a las contradicciones manifiestas del acusado E. D. en su propia declaración al referir por una parte que ordenó el TAC por considerarlo necesario, ya que su experiencia le indica que los casos de politraumatismo, en especial donde exista compromiso de la cabeza, es necesario descartar daño cerebral, pero por otra se constató que la orden del examen puesta por él en el expediente clínico fue redactada sin consignar la prioridad de su práctica, sino que por el contrario se estableció la posibilidad de intervención quirúrgica de manera previa a la realización de la misma. Finalmente no existe manifestación de parte del Tribunal respecto al nivel de cuidado que se le puede exigir al acusado, ya que si bien se indica que se cumplió con el protocolo determinado por el ATS (Programa de Apoyo Vital Avanzado), no se hace análisis si a éste le era exigible un grado más de cuidado y diligencia, partiendo de su propia declaración al hacer acopio de que la experiencia le ha enseñado que aun y cuando un paciente presente un resultado de 14 en la medición de G. (Escala diseñada para evaluar de manera práctica el nivel de conciencia en los seres humanos), es recomendable la práctica del TAC en pacientes que han sufrido poli-traumatismo, en especial con compromiso de la cabeza y con antecedentes de pérdida de conciencia (f. 777 v), como resultó ser el caso que nos ocupa en donde la Ofendida K. J. L. Foste, presentó al ingreso a la sala de emergencia un G. de 14, descubriéndose después la existencia de un Edema Cerebral en un momento donde el daño era ya irreversible. 2) Por otra parte existe silencio de la Corte de Apelaciones en cuanto a lo manifestado por el acusado L. T. B. B. en su declaración indagatoria, quien manifestó no ser la persona que ordenó el traslado de la ofendida K. Larah a cirugía, señalando que él se incorporó a ésta cuando ya había iniciado (F 870), contrario a lo que refirió la testigo E. M. G. M., quien refirió que a la llegada del imputado L. T. B. B., éste refirió hacerse cargo de la paciente (f. 385) y del imputado D. E., quien indicó que fue el Doctor L. T. B. B. quien de manera apresurada ordenó el ingreso de la paciente a cirugía. 3) Existe silencio en la sentencia en cuanto a lo señalado por el imputado F. G. P. G., quien en su declaración indagatoria refirió haber ingresado a cirugía a intervenir a la ofendida K. L. sin haber leído de manera previa el expediente clínico, enterándose de las condiciones pre-operatorias por referencias verbales de terceros (f. 885 v. y 886), y si ésta circunstancia obedece o no al debido cuidado que un profesional de la medicina debe de seguir en esas circunstancias particulares. 4) La Corte de Apelaciones, sin profundidad, analiza el principio de confianza que debe de imperar en los procedimientos médicos, sin dar respuesta individualizada a la acusación en cuanto a si las respectivas especialidades de los acusados L. T. B. B. (Traumatólogo) A. M. M. y M. E. M. F., (Anestesiólogos), sumado a la información del expediente clínico, en especial la recomendación del TAC previo a la cirugía de la paciente y las condiciones poli-traumáticas que ésta presentaba en la cabeza, les era exigible modificar la ruta crítica de atención, decantándose por la práctica de dicho examen o si, con pronunciamientos individualizados, tal situación no les era exigible conforme al Principio de Confianza. 5) Finalmente la sentencia no da respuesta al agravio de la parte acusatoria (f. 54) respecto a si el Dictamen Médico elaborado por la Comisión Ad-Hoc, nombrada por la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras, constituye una prueba válida, no en relación a la experticia de aquellos que conformaron dicha comisión, punto objeto de la valoración del Tribunal (F. 113), sino en relación a las reglas procesales que determinan la designación, nombramiento y juramentación de peritos. CONSIDERANDO: Que se aprecia contradicción en la sentencia entre la declaración de los hechos probados y la motivación probatoria; la Corte de Apelaciones en el numeral cuarto del Factum determina como un hecho verificado que la causa de muerte de la joven K. J. L. F. fue trauma cráneo- cerebral, muerte cerebral y paro cardiáco, causado por politraumatismo (f. 89), pero en la valoración probatoria refiere que no preciso cual fue la causa real de la muerte, debido a la falta de dictamen de autopsia (f. 94). CONSIDERANDO: Que la Sentencia de fecha tres (3) de Diciembre de dos mil diez (2010) dictada por la entonces Corte de Apelaciones Penal de la sección judicial de San Pedro Sula departamento de Cortés, manifiestamente adolece de vicios in procedendo, que se enmarcan en el supuesto del artículo 416.2 del Código de Procedimientos Penales, por lo que en base al artículo 956 del Código de Procedimientos Comunes, en relación con el artículo 420 del Código de Procedimientos Penales, procede declarar su invalidez. CONSIDERANDO: Al proceder esta Sala de lo Penal a anular la sentencia dictada en fecha cinco de septiembre del dos mil trece, por la Corte de Apelaciones Penal de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en respeto a la logicidad y coherencia que debe guardar toda Sentencia Penal, debe invalidar de igual manera, la decisión de absolución que dicha Corte de Apelaciones había decretado a favor de los acusados J. A. C. L., E. M. G. M. y R. M. S., a pesar que los recurrentes no han presentado impugnación contra éstos. Debemos recordar que, uno de los efectos de la nulidad es retrotraer el proceso, al hecho, actuación o procedimiento en que se produjo el vicio, por tanto, resultaría contradictorio anular un fallo y al mismo tiempo dejarlo vigente para ciertos procesados; esta decisión en ningún momento se traduce en infracción a la Prohibición de Reforma Peyorita (Non Reformatio in Pejus), pues esta Suprema Corte no está resolviendo en sí el fondo del recurso presentado, sino que ha procedido a anular el fallo por defectos procesales que deben ser rectificados. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y haciendo aplicación de los artículos: 303, 304, 313 atribución 5, reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 No. 1 de la Ley de Organización y Atribuciones, de los Tribunales, 412, 413, 416, 418 y 420 del Código de Procedimientos Penales de 1984; 956 del Código de Procedimientos Civiles. FALLA: Primero: Declarando NO HA LUGAR los Recursos de Casación por Infracción de Ley, en sus Únicos Motivos interpuestos por el Ministerio Público y la Acusación Privada. Segundo: De oficio declara INVÁLIDA la Sentencia de fecha cinco (5) de Septiembre del dos mil trece (2013) dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes, por adolecer de manera manifiesta de vicios in procedendo que dan lugar al Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en la causa instruida contra los señores: R. C. E., L. T. B. B., F. G. P. G., A. M. M., M. E. M. F., E. M. G. M., R. E. M. S. Y J. A. C. L. por el delito de HOMIDICIO CULPOSO en perjuicio de K. J. L. F.. Y MANDA: Que con certificación de este fallo, se devuelvan los antecedentes a la Corte de Apelaciones Penal de la sección judicial de San Pedro Sula departamento de Cortes, a efecto de que procedan de manera inmediata a dictar sentencia en el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 12 de enero del 2011, dictada por el Juzgado de Letras Penal de la sección Judicial de San Pedro Sula departamento de Cortés. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO.- REYNA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRUZ F..- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.- Certificación de las sentencias de fechas treinta de enero y uno de marzo del año dos mil diecisiete, recaídas en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-361-2013.

JOSÉ RAMÓN CRUZ F.

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

[1] Según el Instituto Superior de Medicina Militar “Dr. Luís Díaz Soto” en su artículo “Comando Volumen de la Tomografía Axial Computarizada para el Pronóstico y Tratamiento del Hematoma Intracraneal Postraumático”, publicado en la Revista Cubana Med. Militar 2001;30(l):15-20: “Wilheln, Conrad Roenigen descubrió los rayos X en 1895, lo que constituyó un hito en el desarrollo del estudio de las enfermedades neurológicas; pero la aparición de la Tomografía Axial Computarizada (TAC) en 1972 constituyó un cambio revolucionario en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con hematomas intracraneales, que permite un estudio rápido, preciso y no invasivo. Ella brinda no sólo la localización exacta del hematoma, sino también de las fracturas del foco de contusión, de la magnitud del edema y del volumen del hematoma…. es el método que brinda los datos más precisos para el diagnóstico y una mayor seguridad para la ejecución del acto quirúrgico en los casos que así lo requieran; en ello radica su gran utilidad”.

[2] Según el apartado denominado Primero de los hechos probados dictados por el Ad Quen en la Sentencia recurrida.

[3] Según el Instituto Superior de Medicina Militar “Dr. Luís Díaz Soto” en su artículo “Comando Volumen de la Tomografía Axial Computarizada para el Pronóstico y Tratamiento del Hematoma Intracraneal Postraumático”, publicado en la Revista Cubana Med. Militar 2001;30(l):15-20: “Wilheln, Conrad Roenigen descubrió los rayos X en 1895, lo que constituyó un hito en el desarrollo del estudio de las enfermedades neurológicas; pero la aparición de la Tomografía Axial Computarizada (TAC) en 1972 constituyó un cambio revolucionario en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con hematomas intracraneales, que permite un estudio rápido, preciso y no invasivo. Ella brinda no sólo la localización exacta del hematoma, sino también de las fracturas del foco de contusión, de la magnitud del edema y del volumen del hematoma…. es el método que brinda los datos más precisos para el diagnóstico y una mayor seguridad para la ejecución del acto quirúrgico en los casos que así lo requieran; en ello radica su gran utilidad”.

[4] Según el apartado denominado Primero de los hechos probados dictados por el Ad Quen en la Sentencia recurrida.

[5] Al respecto ver a Luzón Cuesta, José María, en "El Recurso de Casación Penal", 2da Edición, Editorial Colex, Madrid, año 2000, pago 74 a 89