Sentencia CP-348-13 — Registro 7650
Resumen
En primer instancia se condenó al imputado por el delito de violación de los deberes de los funcionarios.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1)Denunció la censora que el Tribunal Sentenciador incurrió en transgresión a los artículos 89 y 90 de la Constitucional de la República, en relación a los artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal; señalando como norma que le faculta la interposición del recurso, en el artículo 361 del mismo instrumento legal. Explicó la censora que las normas que se violentaron gravemente son la Presunción de Inocencia y el Debido Proceso, pues al dictar una sentencia condenatoria contra el imputado Julio Cesar Pinto Martinez sin existir un mínima actividad probatoria, se incurrió en dicho quebranto. Expresó la Censora que fue en la valoración probatoria, en donde el Juzgador flagrantemente viola la presunción de inocencia y el debido proceso, pues a las declaraciones de los testigos Egla Ivette Padgett Lopez y Norman Edy Valeriano, les concede total valor probatorio, cuando estas son de carácter subjetivo y además no las concatenó con ningún otro medio de prueba. 2)El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denunciar a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro. La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. 3) Encuentra esta Sala de lo Penal, que la censora no ha utilizado la técnica recursiva adecuada para desarrollar su recurso, pues si bien plantea como normas constitucionales violentadas, a la Presunción de Inocencia y al Debido Proceso, no es capaz de señalar cómo es que el Juzgador incurre en dicha transgresión, pues no basta con señalarlas, sino que es necesario que el censor explique la forma en que dichas garantías se vieron comprometidas. En su explicación la censora estableció que el ente Fiscal no presentó si quiera, una mínima activad probatoria con la que acreditara la participación del acusado en los hechos investigados, contrario a su argumento, esta Sala de lo Penal analizó la Sentencia recurrida, y pudo comprobar que se presentaron diferentes medios probatorios, entre ellos las declaraciones de Egla Ivetth Padgett Lopez, Norman Edy Valerio, Miguel Ramon Salgado Zepeda; además de pruebas documentales como, Memorándum DEI-AT-72-2006, Informe 017-2006 e Informe de Análisis de la DUA C-44687; Circular DEI-SNPL-088-2002, Memorando DEI-ARACS-042-02, Circular SNPL-24-2003, Manual de Puestos de la DEI, el acuerdo numero 1075-2002 y una Constancia de capacitaciones. De dichos medios de prueba el Sentenciador ha realizado una valoración conjunta, extensa y clara en la que ha concluido, en otorgarles credibilidad a los testigos de cargo, pues han sido congruentes entre sí y de forma muy explícita han referido que conocieron de los hechos en virtud de las funciones que desempeñaron como auditores externos. Fue cuestionado por la defensa el hecho de que éstos testigos de cargo no fueran presentados como peritos, sin embargo el Juzgador explicó dicha situación diciendo que, el artículo 240 del Código Procesal Penal establece que aquellas personas que no hayan sido nombradas como peritos por autoridad competente, pero que hayan tomado conocimiento de un hecho sometido a investigación criminal, deberán rendir declaración como testigo y no como peritos; tal como ocurrió en la presente causa. Estableció también el Juzgador, que los testimonios de los testigos de cargo se han visto reforzado por el Oficio DS 143-2006 de fecha 21 de noviembre del 2016, sus declaraciones sirvieron para aclarar cuáles son las funciones, deberes y responsabilidad de un oficial de aduana en el procedimiento para tramitación de importaciones, sobre la revisión y control de documentación exigida por la legislación aduanera y especialmente sobre la declaración únicas aduaneras (DUAS) procedentes de Panamá; recalcó el Sentenciador, que con la deposición de los testigos de cargo se demostró sus amplios conocimientos sobre las funciones de un oficial de aduanas, además se acreditó queel informe 17/2003 lo realizaron de forma imparcial y objetiva, no existe ningún indicio que revele que los testigos fueron influenciados por motivos espurios, pues manifestaron que habían conocido al acusado en el día del juicio. Concluyó el Tribunal Sentenciador, que el testimonio de los testigos Egla Ivetth Padgett Lopez, Norman Edy Valerio, Miguel Ramon Salgado Zepeda, permitió adquirir certeza de que el señor Julio Cesar Pinto Martinez, durante se desempeñó como oficial de aduanas en la Aduana de Toncontín, efectuó liquidación irregular de 24 declaraciones únicas aduaneras, permitiendo la subvaluación de la mercancía amparada en la declaración aduanera C-44687, realizó el señalamiento arbitrario de las garantías para el desaduanaje de mercancías al considerar rangos bajo su criterio, no aplicó las leyes, reglamentos y circulares al no levantar inventario físico de 14 DUAS con declaraciones con movimiento comercial consignado a diferentes proveedores y la factura que se adjunta corresponde a otra empresa. 4) Para este Supremo Tribunal, el Sentenciador a externado amplios razonamientos sobre las pruebas evacuadas en el Juicio y aunque el legajo probatorio consistió en 3 testigos y varias pruebas documentales, pudo extraer de ellos la certeza necesariade culpabilidad del acusado Julio Cesar Pinto Martinez, valoraciones que consideramos adecuadas y conformes a las reglas de la Sana Crítica; todas esos razonamientos y conclusiones a los que arribó el Sentenciador, hizo que la presunción de inocencia que goza todo acusado se viera comprometida ante la certeza que se adquirió para establecer la culpabilidad del acusado; razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. V. DECISIÓN Por las razones expuestas se declara sin lugar el presente Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la Defensa Pública
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 89 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Jerarquía: Reiterativa
..."IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1)Denunció la censora que el Tribunal Sentenciador incurrió en transgresión a los artículos 89 y 90 de la Constitucional de la República, en relación a los artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal; señalando como norma que le faculta la interposición del recurso, en el artículo 361 del mismo instrumento legal. Explicó la censora que las normas que se violentaron gravemente son la Presunción de Inocencia y el Debido Proceso, pues al dictar una sentencia condenatoria contra el imputado Julio Cesar Pinto Martinez sin existir un mínima actividad probatoria, se incurrió en dicho quebranto. Expresó la Censora que fue en la valoración probatoria, en donde el Juzgador flagrantemente viola la presunción de inocencia y el debido proceso, pues a las declaraciones de los testigos Egla Ivette Padgett Lopez y Norman Edy Valeriano, les concede total valor probatorio, cuando estas son de carácter subjetivo y además no las concatenó con ningún otro medio de prueba. 2)El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denunciar a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro. La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. 3) Encuentra esta Sala de lo Penal, que la censora no ha utilizado la técnica recursiva adecuada para desarrollar su recurso, pues si bien plantea como normas constitucionales violentadas, a la Presunción de Inocencia y al Debido Proceso, no es capaz de señalar cómo es que el Juzgador incurre en dicha transgresión, pues no basta con señalarlas, sino que es necesario que el censor explique la forma en que dichas garantías se vieron comprometidas. En su explicación la censora estableció que el ente Fiscal no presentó si quiera, una mínima activad probatoria con la que acreditara la participación del acusado en los hechos investigados, contrario a su argumento, esta Sala de lo Penal analizó la Sentencia recurrida, y pudo comprobar que se presentaron diferentes medios probatorios, entre ellos las declaraciones de Egla Ivetth Padgett Lopez, Norman Edy Valerio, Miguel Ramon Salgado Zepeda; además de pruebas documentales como, Memorándum DEI-AT-72-2006, Informe 017-2006 e Informe de Análisis de la DUA C-44687; Circular DEI-SNPL-088-2002, Memorando DEI-ARACS-042-02, Circular SNPL-24-2003, Manual de Puestos de la DEI, el acuerdo numero 1075-2002 y una Constancia de capacitaciones. De dichos medios de prueba el Sentenciador ha realizado una valoración conjunta, extensa y clara en la que ha concluido, en otorgarles credibilidad a los testigos de cargo, pues han sido congruentes entre sí y de forma muy explícita han referido que conocieron de los hechos en virtud de las funciones que desempeñaron como auditores externos. Fue cuestionado por la defensa el hecho de que éstos testigos de cargo no fueran presentados como peritos, sin embargo el Juzgador explicó dicha situación diciendo que, el artículo 240 del Código Procesal Penal establece que aquellas personas que no hayan sido nombradas como peritos por autoridad competente, pero que hayan tomado conocimiento de un hecho sometido a investigación criminal, deberán rendir declaración como testigo y no como peritos; tal como ocurrió en la presente causa. Estableció también el Juzgador, que los testimonios de los testigos de cargo se han visto reforzado por el Oficio DS 143-2006 de fecha 21 de noviembre del 2016, sus declaraciones sirvieron para aclarar cuáles son las funciones, deberes y responsabilidad de un oficial de aduana en el procedimiento para tramitación de importaciones, sobre la revisión y control de documentación exigida por la legislación aduanera y especialmente sobre la declaración únicas aduaneras (DUAS) procedentes de Panamá; recalcó el Sentenciador, que con la deposición de los testigos de cargo se demostró sus amplios conocimientos sobre las funciones de un oficial de aduanas, además se acreditó queel informe 17/2003 lo realizaron de forma imparcial y objetiva, no existe ningún indicio que revele que los testigos fueron influenciados por motivos espurios, pues manifestaron que habían conocido al acusado en el día del juicio. Concluyó el Tribunal Sentenciador, que el testimonio de los testigos Egla Ivetth Padgett Lopez, Norman Edy Valerio, Miguel Ramon Salgado Zepeda, permitió adquirir certeza de que el señor Julio Cesar Pinto Martinez, durante se desempeñó como oficial de aduanas en la Aduana de Toncontín, efectuó liquidación irregular de 24 declaraciones únicas aduaneras, permitiendo la subvaluación de la mercancía amparada en la declaración aduanera C-44687, realizó el señalamiento arbitrario de las garantías para el desaduanaje de mercancías al considerar rangos bajo su criterio, no aplicó las leyes, reglamentos y circulares al no levantar inventario físico de 14 DUAS con declaraciones con movimiento comercial consignado a diferentes proveedores y la factura que se adjunta corresponde a otra empresa. 4) Para este Supremo Tribunal, el Sentenciador a externado amplios razonamientos sobre las pruebas evacuadas en el Juicio y aunque el legajo probatorio consistió en 3 testigos y varias pruebas documentales, pudo extraer de ellos la certeza necesariade culpabilidad del acusado Julio Cesar Pinto Martinez, valoraciones que consideramos adecuadas y conformes a las reglas de la Sana Crítica; todas esos razonamientos y conclusiones a los que arribó el Sentenciador, hizo que la presunción de inocencia que goza todo acusado se viera comprometida ante la certeza que se adquirió para establecer la culpabilidad del acusado; razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. V. DECISIÓN Por las razones expuestas se declara sin lugar el presente Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la Defensa Pública
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL A LOS VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017).- El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán Garcíay José Olivio Rodríguez Vásquez, ha pronunciado: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, LA SENTENCIA en el Recurso de Casación SP348-2013 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha dos de septiembre de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló:1) Condenando al señor J. C. P. M., a la pena de Cinco (5) Años de reclusión por el delito de Violación de los Deberes de Funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública. 2) Condenando al señor J. C. P. M., a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil.3) Declaró la responsabilidad civil del imputado J. C. P. M.. 4) No Condenó a dicho imputado en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional la abogada V. M., en su condición de Defensora Pública del señor J. C. P. M.. Son Partes: La abogada R. P., en su condición de Defensora Pública del imputado, como recurrente y la abogada M. E. G., en su calidad de Fiscal del Ministerio Público como recurrida. II. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: Mediante Acuerdo número 1075/2012 de fecha 19 de Septiembre de 2002, el acusado J. C. P. M. fue nombrado como oficial en la Aduana de Toncontín, cuyas funciones eran las de revisar declaraciones aduaneras, liquidar, ajustar, clasificar y valorar la mercancía importada y exportada, con el fin de evitar la defraudación fiscal. SEGUNDO: Entre los meses de Mayo y Octubre del año dos mil cinco, le fueron asignadas al acusado J. C. P. para su liquidación, las Declaraciones únicas aduaneras números C-25329, C17885, C25480, C-23404, C-38628, c-29663, en cada una impuso multas que sumadas hacen un total de 25,490.44, cuyos montos resultaron ser menores a los que correspondía imponer conforme lo establecía la legislación vigente en esas fechas, pues acorde a la misma el señor P. debió imponer multas por un valor total de L.156,276.66. En los meses comprendidos de junio a Noviembre de ese mismo año, le fueron asignadas al señor P. las declaraciones únicas aduaneras C-23404, C-29662, C-36421, C-36752, C-36948, C-38383, C-38675, C-38628, C-39378, C-39393, C-39628, las que eran consideradas susceptibles por lo que les fue seleccionado el código denominado canal rojo que obligaba al acusado J. C. P. a efectuar la revisión física de toda la mercancía, no obstante ello, liquidó las DUAS sin levantar inventario de la mercadería, la cual ascendía a la suma de L.2.176,314.28. TERCERO: En fecha siete de Diciembre de dos mil cinco, le fue reasignada al acusado J. C. P. para su liquidación, la Declaración Unica Aduanera (DUA) número C-44887, para la importación definitiva al país de ropa de mujer, hombre y niño, zapatos, tenis y chancletas de hule; mercadería que ingresó por la Aduana de Las Manos provenientes de la zona Colón Panamá, seleccionándola para canal rojo. El Agente aduanero adjunto a la DUA presentó al acusado J. C. P. una factura comercial con datos inexactos, por cuanto el valor de la mercancía era menor al valor real, no se especificaban sus cantidades y la clasificación no correspondía a la de las mercancías; datos declarados por el importador y que fueron aceptados por el acusado como autoridad aduanera; quien dejó de efectuar los ajustes pertinentes a dicha importación, fijó una garantía más baja que la que correspondía, y no impuso la sanción determinada en el Código Tributario; permitiendo que el importador enterase al fisco una suma menor en relación a los impuestos que debía de pagar. Posteriormente al efectuarse una auditoria a la DUA número C-44887, las autoridades de la Dirección Ejecutiva de Ingresos determinaron en su liquidación, una pérdida para el Estado, por la suma de un millón doscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve Lempiras con veinte centavos (L.1,249,459.20).” III. RECURSO DE CASACIÓN “La recurrente abogada V. M., en su condición de Defensora Pública del señor J. C. P. M., procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: “EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO ÚNICO: Infracción de los preceptos Constitucionales contenidos en los artículo 89, 90 en relación con los artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO. PRIMERO: Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República que dicen: Artículo 89. “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Artículo 90: “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece “. Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que dice: Artículo 1. “Juicio Previo: Ninguna personas podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente código y con respeto estricto de los derechos del imputado”. Artículo 2. “Estado de inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este código. SEGUNDO: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra del señor J. C. P. M., por el delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, infringe gravemente los fundamentales derechos referidos en el numeral anterior, afectando con ello la presunción de inocencia y al debido proceso que le asisten al imputado por mandato constitucional, porque el ente acusador no obstante estar obligado a demostrar, fuera de toda duda, la imputación en contra del señor J. C. P. M., produjo un mínimo de actividad probatoria. TERCERO: Al analizar el contenido de los motivos se observa que se evacuó como prueba de cargo en el caso subjudice, los testimonios de los señores: E. I. P. L., N. E. V., Prueba documental consistente en el informe 0 17-2006, que se refiere a la Investigación especial realizada al acusado J. C. P. M., Circular DEI-SNPL-088-2002, dirigido a los Administradores de Aduana de toda la República, en cuanto se instruye sobre el cumplimiento obligatorio a la correcta presentación y aceptación de la factura comercial de importación, Memorando DEI-ARACS-042-02 dirigido a los Administradores donde se instruye sobre la obligatoriedad de adjuntar a la DUA, copia del Inventario que se levanta al momento de la revisión de la mercadería. Es en la valoración de dicha prueba en donde el Juzgador flagrantemente viola la presunción de inocencia y el debido proceso en perjuicio del señor J. C. P. M., pues al valorar las declaraciones de los testigos, les otorga plena credibilidad, siendo estas de carácter subjetivo, aun cuando no ha concatenado con ningún otro medio de prueba, como podría ser un nombramiento de perito o sea un criterio técnico en ciencia, arte, para acreditar el daño causado, por medio de operaciones contables y esto se realiza por medio de un Perito Auditor, si bien es cierto los testigos de cargo son expertos en la materia dentro del ente estatal, pero como bien lo dice el artículo 240 del código Procesal Penal, si toman conocimiento de un hecho sometido a investigación criminal y deben rendir declaración, lo harán en su condición de testigos y no de peritos. En cuanto a la prueba documental lo que refleja es un informe administrativo que no conlleva la responsabilidad de un perito técnico que haya venido a ratificar el mismo. En consecuencia ni se demostró la operación científica que se llevo a cabo para cumplir con el informe. CUARTO: De lo antes expuesto y que siendo que es en el juicio oral y público donde los medios de prueba de cargo deben dotar al Tribunal de sentencia de la certeza de la existencia de un hecho, dentro del cual se enmarquen todos los elementos de tipificación legal de un delito, así como la participación del acusado, si esto no se logra con la práctica de dicha prueba solamente procede dictar sentencia absolutoria, porque no existe prueba de cargo válida para condenar al imputado. El derecho fundamental a la presunción de inocencia, además de encontrarse reconocido en nuestra constitución y normas legales secundarias, también lo está en instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado de Honduras, como son entre otras, la Declaración Universal de los Derechos Humanos art. 11.1, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966 (art. 14.2). De todo lo anterior, concluyo que en el presente caso el Ministerio Publico no presentó elementos probatorios suficientes y contundentes o pruebas de cargo válidas, para lograr enervar el estado de inocencia de mí representado, por lo que solicitamos se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa penal citada.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1)Denunció la censora que el Tribunal Sentenciador incurrió en transgresión a los artículos 89 y 90 de la Constitucional de la República, en relación a los artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal; señalando como norma que le faculta la interposición del recurso, en el artículo 361 del mismo instrumento legal. Explicó la censora que las normas que se violentaron gravemente son la Presunción de Inocencia y el Debido Proceso, pues al dictar una sentencia condenatoria contra el imputado J. C. P. M. sin existir un mínima actividad probatoria, se incurrió en dicho quebranto. Expresó la Censora que fue en la valoración probatoria, en donde el Juzgador flagrantemente viola la presunción de inocencia y el debido proceso, pues a las declaraciones de los testigos E. I. P. L. y N. E. V., les concede total valor probatorio, cuando estas son de carácter subjetivo y además no las concatenó con ningún otro medio de prueba. 2) El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denunciar a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro. La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. 3) Encuentra esta Sala de lo Penal, que la censora no ha utilizado la técnica recursiva adecuada para desarrollar su recurso, pues si bien plantea como normas constitucionales violentadas, a la Presunción de Inocencia y al Debido Proceso, no es capaz de señalar cómo es que el Juzgador incurre en dicha transgresión, pues no basta con señalarlas, sino que es neC.io que el censor explique la forma en que dichas garantías se vieron comprometidas. En su explicación la censora estableció que el ente Fiscal no presentó si quiera, una mínima activad probatoria con la que acreditara la participación del acusado en los hechos investigados, contrario a su argumento, esta Sala de lo Penal analizó la Sentencia recurrida, y pudo comprobar que se presentaron diferentes medios probatorios, entre ellos las declaraciones de E. I. P. L., N. E. V., M. R. S. Z.; además de pruebas documentales como, Memorándum DEI-AT-72-2006, Informe 017-2006 e Informe de Análisis de la DUA C-44687; Circular DEI-SNPL-088-2002, Memorando DEI-ARACS-042-02, Circular SNPL-24-2003, Manual de Puestos de la DEI, el acuerdo numero 1075-2002 y una Constancia de capacitaciones. De dichos medios de prueba el Sentenciador ha realizado una valoración conjunta, extensa y clara en la que ha concluido, en otorgarles credibilidad a los testigos de cargo, pues han sido congruentes entre sí y de forma muy explícita han referido que conocieron de los hechos en virtud de las funciones que desempeñaron como auditores externos. Fue cuestionado por la defensa el hecho de que éstos testigos de cargo no fueran presentados como peritos, sin embargo el Juzgador explicó dicha situación diciendo que, el artículo 240 del Código Procesal Penal establece que aquellas personas que no hayan sido nombradas como peritos por autoridad competente, pero que hayan tomado conocimiento de un hecho sometido a investigación criminal, deberán rendir declaración como testigo y no como peritos; tal como ocurrió en la presente causa. Estableció también el Juzgador, que los testimonios de los testigos de cargo se han visto reforzado por el Oficio DS 143-2006 de fecha 21 de noviembre del 2016, sus declaraciones sirvieron para aclarar cuáles son las funciones, deberes y responsabilidad de un oficial de aduana en el procedimiento para tramitación de importaciones, sobre la revisión y control de documentación exigida por la legislación aduanera y especialmente sobre la declaración únicas aduaneras (DUAS) procedentes de Panamá; recalcó el Sentenciador, que con la deposición de los testigos de cargo se demostró sus amplios conocimientos sobre las funciones de un oficial de aduanas, además se acreditó queel informe 17/2003 lo realizaron de forma imparcial y objetiva, no existe ningún indicio que revele que los testigos fueron influenciados por motivos espurios, pues manifestaron que habían conocido al acusado en el día del juicio. Concluyó el Tribunal Sentenciador, que el testimonio de los testigos E. I. P. L., N. E. V., M. R. S. Z., permitió adquirir certeza de que el señor J. C. P. M., durante se desempeñó como oficial de aduanas en la Aduana de Toncontín, efectuó liquidación irregular de 24 declaraciones únicas aduaneras, permitiendo la subvaluación de la mercancía amparada en la declaración aduanera C-44687, realizó el señalamiento arbitrario de las garantías para el desaduanaje de mercancías al considerar rangos bajo su criterio, no aplicó las leyes, reglamentos y circulares al no levantar inventario físico de 14 DUAS con declaraciones con movimiento comercial consignado a diferentes proveedores y la factura que se adjunta corresponde a otra empresa. 4) Para este Supremo Tribunal, el Sentenciador a externado amplios razonamientos sobre las pruebas evacuadas en el Juicio y aunque el legajo probatorio consistió en 3 testigos y varias pruebas documentales, pudo extraer de ellos la certeza neC.iade culpabilidad del acusado J. C. P. M., valoraciones que consideramos adecuadas y conformes a las reglas de la Sana Crítica; todas esos razonamientos y conclusiones a los que arribó el Sentenciador, hizo que la presunción de inocencia que goza todo acusado se viera comprometida ante la certeza que se adquirió para establecer la culpabilidad del acusado; razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. V. DECISIÓN Por las razones expuestas se declara sin lugar el presente Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la Defensa Pública. VI. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del ESTADO DE HONDURAS, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penaly en aplicación de los artículos 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 361 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Único: Declarandono ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por la abogadaV. M., en su condición de Defensora Publicadel señor J. C. P. M. a quien se le condenó por el delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios en perjuicio de La Administración Pública. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para que se proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado Coordinador.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha veintinueve de marzo del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-348-2013.
JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL