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Sentencia CP-34-14 — Registro 14282

Resumen

Se declara con lugar parcialmente el recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado contra la sentencia de primera instancia que lo condena por los delitos de Actos De Lujuria y Hostigamiento Sexual

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."EL RECURSO ES DE RECIBO PARCIALMENTE.- En principio es necesario hacer acotación que la imputación formulada por el Ministerio Público es por dos delitos diferentes: por un delito de Hostigamiento Sexual, basado en hechos reiterados y sistemáticos ocurridos entre los años 2008 y 2009 y por un delito de actos de lujuria (en su momento calificado como Violación Sexual tentada) basado, según la acusación, por un hecho ocurrido el 19 de septiembre de 2009.- Así las cosas esta Sala de lo Penal identifica que el vicio denunciado por los Censores solo atañe a la acusación por el delito de Actos de Lujuria y no a la de Hostigamiento Sexual, pues la inclusión de hechos hecha por los juzgadores en la sentencia impugnada es referente a aquel delito. Ha revisado esta Sala de lo Penal el acumulado judicial, advirtiendo que la presente causa inicio mediante requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público en fecha 30 de Noviembre de 2010; En este documento el Ministerio Público solicita intimar al acusado, entre otras cosas, por unos hechos ocurridos en fecha 19 de Septiembre de 2009 (f. 03), en el interior de una de las oficinas de la Estación de Policía Metropolitana Uno, teniendo como sujeto activo al acusado Carlos Roberto Barrientos Valle y como sujeto pasivo a la ofendida N. S. H..- Posteriormente, en audiencia preliminar de fecha 30 de enero de 2013 (f. 156), el Ministerio Público formalizó los cargos en contra del acusado por un delito consumado de Actos de Lujuria, indicando que los hechos base de tal imputación eran aquellos que fueron expuestos en la audiencia inicial, sin darse a la tarea de exponerlos debidamente en la audiencia preliminar que tiene precisamente como objetivo tal exposición, como manda el artículo 301 del Código Procesal Penal, lo cual es altamente preocupante no solo por el incumplimiento del deber del Fiscal actuante, sino por la falta de oposición por la Defensa Privada y la actitud permisiva del órgano jurisdiccional; Aun con ello y no siendo éste el motivo del recurso de casación, lo ocurrido en la audiencia preliminar obliga a este Tribunal de Casación a remitirse a la audiencia inicial celebrada en fecha 22 de febrero de 2011 (f. 54), para poder definir cuáles fueron los hechos imputados en la formalización de cargos, comprobando que éstos se referían a supuestos actos de tocamiento corporal con fines libidinosos hechos por el acusado en perjuicio de la ofendida en una de las oficinas de estación policial Metro 1 el día 19 de septiembre de 2009. Teniendo como base la acusación formalizada en la audiencia preliminar (de manera indebida), las partes llegaron a la audiencia de proposición de pruebas el 07 de agosto de 2013 (f. 202) a fin de ofertar aquellos medios de prueba que apuntalarían sus respectivas teorías del caso; En particular a la Defensa Privada le fueron admitidos por el A-quo los roles de turno de servicio del acusado y de la ofendida, de los meses de septiembre a diciembre de 2009 (f. 243 a 255), con el fin de acreditar la imposibilidad del hecho supuestamente ocurrido el 19 de septiembre de ese año, sustento de la acusación del delito de actos de lujuria.- En fecha 10 de Octubre de 2013 (F. 256) se da inicio a la audiencia de debate, en la cual no existió ampliación o modificación de la acusación por parte del Ministerio Público, por el contrario reprodujo la acusación formalizada, insistiendo que el delito de actos de lujuria tuvo lugar el 19 de septiembre de 2009, lo cual reitero en la etapa de conclusiones al momento de hacer su respectiva exposición (F. 261), siendo contra estos hechos que la defensa privada propuso su prueba previamente, presentó sus alegatos de apertura al inicio del debate, desarrollo su teoría del caso, orientó el contradictorio y expuso sus alegatos de cierre.- Sin embargo y en perjuicio de lo anterior, el Tribunal de Sentencia hace juzgamiento no sobre la veracidad de la acusación sobre un hecho ocurrido el 19 de septiembre de 2009, sino que juzga un hecho que señala haber ocurrido en un día no determinado del mes de agosto de 2009 (hecho probado cuarto de la sentencia, f. 270), es decir sobre un hecho del cual el acusado no ha sido oído y contra el cual en general Defensa Privada no ha tenido oportunidad de defenderse; Los Censores, acertadamente, señalan que lo hecho por los Juzgadores acarrea perjuicio material de defensa, pues no se tuvo la oportunidad de poder controvertir si el hecho ocurrió o no en el mes que señala el A-quo, en particular la posibilidad por ejemplo de proponer como medios de prueba roles de turno de servicios del acusado y de la ofendida para dicho mes a fin de comprobar o descartar la posibilidad del acaecimiento del hecho imputado. Como consecuencia esta Sala de lo Penal declara que el Tribunal de Sentencia ha violentado el Principio de correlación de la sentencia con la acusación, provocando quebranto al debido proceso y, con ello violación al derecho de defensa del acusado Carlos Roberto Barrientos Valle, en relación a la imputación por el delito de Actos de Lujuria. Ahora bien, no es atendible la petición de los Censores en cuanto a que la sentencia imputada sea revocada y en su lugar se dicte una sentencia absolutoria a favor del acusado, pues el defecto denunciado y comprobado no es de fondo sino de forma, (precisamente al derecho fundamental a un debido proceso legal), lo que ocasiona como consecuencia la nulidad de la sentencia y de aquellasactuaciones que hayan provocado el vicio denunciado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós (22) días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán Garcíay José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, LA SENTENCIA EN EL RECURSO DE CASACIÓN SP 034-2014POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: 1) Condenando al Señor Carlos Roberto Barrientos Valle, por los delitos de Actos De Lujuria y Hostigamiento Sexual, en perjuicio de N. S. H., a la pena de seis (06) años de reclusión por el primero, y dos (02) años de reclusión por el segundo, haciendo un total de ocho (08) años de reclusión, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta E Interdicción Civil.- 2) No Condeno al encausadoen costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, los Abogados Celvin Antonio Ruiz Lobo Y Jacobo Noel Reyes Matute, actuando en su condición de Defensores Públicos del señor Carlos Roberto Barrientos Valle. SON PARTES: El Abogado Mario Reniery Amador, Defensor Público, en su condición de Recurrente y el Abogado Salvador Cuestas, Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrido. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Primero: En el año dos mil ocho, la señora N. S. H., quien era miembro de la policía preventiva, fue trasladada desde las oficinas de Casamata hasta Jefatura Metropolitana Número 1, ubicadas en la Ciudad de Tegucigalpa, donde en ese tiempo se desempeñaba como jefe de Recursos Humanos el Sub Comisario de Policía Carlos Roberto Barrientos Valle, a quien ella había conocido con anterioridad. Segundo: Entre la fecha de su llegada a la Jefatura Metropolitana Número 1 y el mes de Agosto del año dos mil nueve, el señor Carlos Roberto Barrientos Valle le decía en reiteradas ocasiones a la señora N. S. H. que se masturbaba en nombre de ella, que le indicara el color de blúmer que andaba y trataba de besarla pero tales acciones fueron rechazadas por la señora N. S. H., diciéndole que ambos estaban casados y que buscara las cosas de Dios. Ante tal actitud, el señor Carlos Roberto Barrientos Valle ya que era el Jefe de Recursos Humanos de la unidad y por tanto tenía un mando superior que debía ser obedecido por la señora N. S. H., empezó a ordenarle a la señora N. que se quedara en la jefatura durante la noche con salida de un día de por medio, a pesar que en ese momento la señora N. tenía un puesto administrativo que no requería que permaneciera en la jefatura en horas de la noche. Tercero: Debido a toda esta situación y las constantes solicitudes de índole sexual que le hacía el señor Barrientos Valle, la señora N. logró que se solicitara su traslado a la Unidad De Genero en fecha catorce de Julio de dos mil nueve, no obstante el señor Barrientos Valle le indicó que dicho traslado no había sido autorizado por el Jefe de la Jefatura Metropolitana No.1, por lo que no se hizo el mismo. Cuarto: Finalmente un día del mes de Agosto del año dos mil nueve, la señora N. S. H. llegó a la oficina del señor Carlos Roberto Barrientos Valle y al quedar ambos solos, el señor Barrientos Valle procedió a bajarle el pantalón y el blúmer, procediendo a tocarle la vulva, pero en ese momento sonó el celular de N. S. y esta aprovechó la oportunidad para salir corriendo. Luego de ello, N. S. procedió a contar la situación a una amiga y finalmente interpuso una denuncia verbal ante el señor José Ventura Flores Maradiaga, quien en ese entonces se desempeñaba como Jefe de la Jefatura Metropolitana No.1 y quien le indicó que procediera como considerara, siendo así como finalmente la señora N. presentó una denuncia en fecha veinticinco de Agosto del año dos mil nueve.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOSY ARGUMENTOS “Recurso De Casación Por Infracción De Precepto Constitucional: “Motivo Único: Infracción de los preceptos constitucionales contenidos en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.Explicación Del Motivo. Primero: Las normas constitucionales que se denuncian como infringidas, en lo conducente disponen lo siguiente: El derecho de defensa es inviolable y nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Segundo: Los derechos de defensa y del debido proceso constituyen dos de los Principales resguardos judiciales que ofrecen a los individuos la oportunidad de ser oídos con las debidas garantías permitiéndoles hacer valer sus razones y argumentos, controvertir, contradecir y objetar la prueba contraria, solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables. El ejercicio de los derechos de defensa y del debido proceso, tienen como finalidad impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar condenas injustas. Tercero: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra del señor Carlos Roberto Barrientos Valle, por los delitos de Hostigamiento Sexual Y Actos De Lujuria en perjuicio de la señora N. S. H., viola gravemente los fundamentales derechos de defensa en juicio y el debido proceso que le asisten a dicho imputado. Cuarto: La violación a los referidos derechos se produce desde que el Juzgador, por mayoría de votos, tuvo por acreditados unos hechos a pesar de que la prueba aportada por la defensa del imputado, hizo evidente la imposibilidad de su realización, pues durante todas las etapas del proceso la estrategia del Ministerio Público fue acreditar uno de los hechos denunciados y desde esa confirmación derivar el resto de la imputación, para ello situó ese hecho ilícito principal en un espacio y en un momento determinado siendo ellos, las oficinas del señor Carlos Roberto Barrientos Valle y el día 19 de septiembre de 2009, evento que de manera reiterada fue sostenido tanto por la ofendida como por la representación del Ministerio Público, por ello el imputado junto con su defensa técnica preparó su estrategia para demostrar que el hecho denunciado nunca se produjo, para ello propuso y fueron evacuadas las pruebas de descargo consistentes en: Roles de turnos del personal de servicio, oficiales y suboficiales de la Jefatura Metropolitana Número Uno que laboró el día 19 de septiembre de 2009 y la declaración del testigo José Ventura Flores, los que acreditan que ese día ni el imputado ni la ofendida estuvieron en el lugar en el que supuestamente la señora N. S. H. habría sufrido el abuso sexual por ella denunciado, primero porque no aparecen registrados en los roles de turnos del personal de la Jefatura Metropolitana Número Uno y segundo porque al tratarse de un hecho artificioso no se percataron que el día 19 de septiembre de 2009 fue un día sábado, es decir, un día inhábil, sin embargo, el Juzgador al momento de dictar el fallo impugnado, en una decisión dividida, a pesar de reconocer la imposibilidad de que el hecho hubiera podido ocurrir el día fijado por la supuesta ofendida y en abierta violación al derecho de defensa del imputado, de manera oficiosa lo sitúa en un momento diferente e incierto en el mes de agosto, arbitraria decisión que deja al imputado sin posibilidades de defenderse al modificarle, sustancialmente, la base fáctica de la imputación en una etapa procesal en la que ya no le era posible ejercer un verdadero contradictorio ni presentar prueba de descargo para hacerle frente a la mutación fáctica, suscitada al momento de dictar el fallo condenatorio, infringiendo con ello los fundamentales derechos de defensa y del debido proceso contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República y 14 del Código Procesal Penal. Quinto: El anterior motivo de impugnación es compartido por el Juez disidente, quien en su voto particular es del criterio que el fallo debió ser absolutorio, porque considera que no se puede dar por acreditados los hechos declarados probados en la sentencia impugnada, ya que tanto en la formalización de la acusación como a lo largo del debate y en sus conclusiones, el interés del Ministerio Público fue lograr una condena por hechos sucedidos el 19 de septiembre de 2009, por lo que al señalarse en el cuarto acápite de los hechos probados que estos sucedieron en agosto de 2009, se viola el principio de congruencia reconocido en el artículo 337 del Código Procesal Penal, principio que es un elemento fundamental para que se respete la inviolabilidad de la defensa, misma que durante el debate estuvo enfocada en defenderse de la imputación fijada por el Ministerio Público en el día 19 de septiembre de 2009, por lo que el Tribunal al hacer, por mayoría de votos y de oficio, una corrección en la fecha en que habría ocurrido el hecho denunciado y cambiarlo del 19 de septiembre de 2009 a un día indeterminado del mes de agosto de ese mismo año, además de imposibilitar la defensa del imputado tanto en su estrategia y actividad probatoria al no permitirle aportar pruebas en torno a agosto por estar ya cerrado el debate, constituye un daño en el equilibrio de fuerzas que debe existir en todo proceso penal entre el acusador, defensor y órgano judicial y que este último carece de iniciativa para actuar de oficio a favor de una de las partes porque está concebido como un tercero imparcial, por lo que al atribuirse la facultad de modificar los hechos de la acusación al momento de la deliberación tal como ha sucedido en el presente caso se convierte en una parte a favor de los intereses de la acusación y por tanto se trata de un proceso en el cual hubo dos partes acusadoras contra una sola defensa, actuación judicial que es violatoria del derecho de defensa y del debido proceso contenidos en los artículo 82 y 90 de la constitución de la República. Pretensión Impugnativa Conscientes estamos de que al Tribunal de casación no le es permitido realizar una valoración probatoria alternativa, sin embargo, de las constancias que obran en el presente caso y sin necesidad de desarrollar una nueva valoración probatoria se hace evidente el vicio denunciado, por lo que resulta justo y procedente declarar la nulidad de la parte resolutiva del fallo impugnado y en su lugar el dictado directo de una sentencia absolutoria a favor del señor Carlos Roberto Barrientos Valle, por el hecho real y evidente de una violación a los derechos de defensa y al debido proceso.”. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA IV.I.- Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica recursiva, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que(Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. IV.II- Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por los Abogados Celvin Antonio Ruiz Lobo y Jacobo Noel Reyes Matute, apoderados defensores del acusado Carlos Roberto Barrientos Valle.- Motivo Único. Precepto Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 82 y 90 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 14 y 337 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: Violación al debido proceso y al derecho de defensa al considerar el Tribunal de Sentencia otros hechos distintos a los que comprendieron la acusación; Pretensión: Revocar la Sentencia impugnada y dictar en su lugar una sentencia absolutoria. Los Censores denuncian que el Tribunal de Sentencia violento gravemente los derechos fundamentales de defensa y de debido proceso en perjuicio del acusado; Explica que desde el inicio del proceso penal el Ministerio Público definición el espacio y momento en que supuestamente ocurrieron los hechos: el 19 de septiembre de 2009, en la oficina del acusado Carlos Roberto Barrientos, y que por ello la defensa privada prepara su estrategia para demostrar que dicho hecho no ocurrió, por lo que para ello se propuso los rones de turno del personal de servicio de oficiales y suboficiales del día 19 de septiembre de 2009 a fin de acreditar que ni el acusado ni la ofendida se encontraban en servicio ese día y que por ende el delito no pudo haberse producido, sin embargo el Tribunal de Sentencia, de manera oficiosa, declara que el hecho ocurrió en el mes de agosto, dejando al acusado imposibilitado de defenderse, de presentar prueba ante la mutación de la acusación; Insiste los Censores que en el presente caso la defensa se preparó para hacer frente a uso hechos que fueron fijados por el Ministerio Público en el día 19 de septiembre de 2009, pero el Tribunal de Sentencia juzgo unos hechos ocurridos en un día indeterminado del mes de agosto de 2009, sin la posibilidad de la defensa de aportar prueba en torno a ese tiempo al haberse cerrado el debate. IV.III- Del Debido Proceso Legal La Garantía del debido Proceso, invocada por los Censores como aquella que ha sufrido inobservancia por el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza).-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de Febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan Garcia, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra.- Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii.-derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii.-a un juez/a predeterminado por la ley; iv.-a la imparcialidad e independencia del juez/a; v.- derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi.-a la igualdad de armas procesales; vii.-a un proceso público sin dilaciones indebidas; viii.- respeto al principio de presunción de inocencia; ix.-posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x.- derecho a ser oído en un plazo razonable; xi.-deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii.-el derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii.-a una justicia gratuita; En fin el derechoa un debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido Proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. Con conclusión la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. IV.IV- Del Derecho a la Defensa Particularmente y por referencia al recurso interpuesto, en relación al Derecho de defensa la Sala de lo Penal enSentencia de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 342-09, ha señalado que: “... uno de los requisitos Constitucionales del Proceso Penal, lo constituye el Derecho de Defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (Véase Pavón Gómez German. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.”. Además esta Sala de lo Penal ha establecido que: “…el Derecho de Defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…” (En fallo de fecha 22 de Septiembre del 2011, contenido en el Expediente 390-09).- El Derecho de Defensa está definido en términos generales desde el ámbito penal, como la oportunidad que tiene la parte acusadora y la parte imputada de amparar, proteger y accionar a favor de sus propios intereses subjetivos.- El Derecho de defensa es una reacción a la acción penal del Estado, vincula a las partes litigantes en contienda, quienes deberán enmarcar sus actuaciones con respeto de este derecho, en especial la encargada de sostener la acción acusadora, entretanto que el órgano jurisdiccional, reclamada su intervención, velará estrictamente por su cumplimiento, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia.- El Derecho General a la Defensa está compuesto por varias garantías como ser: Intimación, imputación, audiencia, contradicción, motivación, doble instancia y el libre ejercicio de la defensa material y la defensa técnica letrada. Así las cosas, el derecho de defensa es una reacción a la acción penal y se ejerce desde el momento en que se adquiere la calidad de imputado/a, definido por el artículo 101 del Código Procesal penal como la persona a la que se atribuye participación en la comisión de un delito o falta por parte de los órganos encargados de la persecución penal, llámese Policía Nacional, Ministerio Público o Procuraduría General de la República en su caso, con independencia de que se encuentre privada de su libertad o en el ejercicio de ésta. La calidad de imputado/a comienza a partir de la intimación, (Art. 84 último párrafo de la Constitución Política y Art. 101, 282.6 y 287.1 del CPP), que se produce cuando a la persona se le informa por parte del Estado sobre los hechos delictivos en los que se le considera partícipe. La Intimación viabiliza el ejercicio de la defensa –Técnica y Material- y por ello constituye un deber para los Órganos Persecutores a cumplir cuando la persona sindicada es llamada a responder por el hecho delictivo, como producto de una citación a declarar o en el acto de la aprehensión, pero además la intimación es un derecho, que posibilita que cualquier persona que tenga conocimiento de estar siendo inculpada de la comisión de un delito comparezca voluntariamente (Art. 276 del CPP) ante el órgano persecutor (Policía, Ministerio Público, Procuraduría General de la República u Órgano Jurisdiccional), para ser informada de manera clara y sencilla sobre los hechos que se consideran delito (Art. 101.11 segundo párrafo del CPP). – En el caso López Álvarez vs Honduras, la Corte IDH, mediante sentencia del 01 de febrero de 2006, determinó: “149.- El artículo 8.2.b de la Convención Americana ordena a las autoridades judiciales competentes notificar al inculpado la acusación formulada en su contra, susrazones y los delitos o faltas por las cuales se le pretende atribuir responsabilidad.- Para que este derecho opere en plenitud y satisfaga los fines que le son inherentes, es necesario que esa notificación ocurra antes de que el inculpado rinda su primera declaración.- Esta garantía es esencial para el ejercicio efectivo del derecho a la defensa.”.(En el mismo sentido la sentencia de la Corte IDH de fecha 07 de septiembre de 2004, en el caso Tibi vs Ecuador). Como consecuencia de la intimación nace la relación jurídico procesal, dando paso a que la ahora persona imputada pueda ejercer el conjunto de derechos procesales que reconocen las normas constitucionales y las normas procesales. En este punto es importante aclarar que no implica que previo al acto de Intimación al sospechoso/a no le asista derecho alguno ya que ello no es así, éste por su condición humana comparte con las demás personas los derechos reconocidos en la Constitución y las leyes, (Inviolabilidad del domicilio, de las comunicaciones, de la libertad ambulatoria, etc.), empero, es a partir de la Intimación que la persona adquiere la calidad de imputada y con ella un conjunto de derechos particulares que se ejercen con ocasión del proceso penal (Art. 15 y 101 CPP), por ello en el acto de intimación el Estado tiene la obligación adicional de informar a la persona imputada el conjunto de derechos que le asisten en el proceso penal, posibilitando al mismo tiempo su ejercicio material, puesto que informar sobre derechos sin permitir su ejercicio comporta burlar a la dignidad humana. Componen el derecho de defensa el derecho de conocer el contenido de la acusación, primero, eventualmente, como la razón por la cual se aprehende a la persona y justificante de la privación de la libertad, aun cuando sea momentánea, después como el fundamento para la presentación de una acción penal (hechos del requerimiento fiscal) que convierten a la persona en imputado/a, y finalmente como el fundamento para someter a la persona acusada a un juicio oral y público.- Ahora bien en la primera etapa del proceso los hechos pueden ser modificados, ampliados o desistidos por la parte actora (en caso de ampliación que constituya nuevo delito, conllevaría a la celebración de una nueva audiencia de declaración de imputado); situación que se mantiene así hasta el final de la etapa intermedia (formalización de la acusación), a partir de lo cual el ente acusador fija los hechos por los cuales deberá de juzgarse a la persona acusada y de los cuales podrá defenderse, ello conlleva: 1. Imposibilidad de mutación de dichos hechos pues de ocurrir implicaría violación al derecho de defensa, pues la persona imputada no tendría oportunidad de prepararse, proponer prueba y presentar alegatos respecto a los hechos mutados en pleno debate. La construcción del proceso penal gravita en torno a posibilitar el ejercicio de la defensa, por ello se dispone que en la etapa intermedia se celebre una audiencia preliminar en donde se fijen los hechos que serán objeto de juzgamiento en la etapa de debate (Art. 301 cpp); El espacio en la audiencia de debate para que las partes puedan examinar el proceso y poder sanear cualquier vicio que imposibilite la celebración del debate (Art. 316 cpp); La oportunidad de las partes, en particular de la persona acusada, de proponer toda la prueba que tenga a bien a efecto de controvertir la acusación y/o de poder hacer valer su propia teoría del caso (Art. 317 cpp); El tiempo legal para la preparación de la defensa, disponiendo la ley procesal de que el debate no podrá celebrarse antes de 10 días (Art. 318 cpp) y la propia celebración de la audiencia de debate en donde se materializa el contradictorio y la presentación de la prueba (Art. 312 cpp); y 2. Obligación del tribunal de sentencia de emitir una decisión final que tenga correspondencia a dicha acusación (Principio de correlación de la sentencia con la acusación, art. 337 cpp), pues, de nuevo, la consideración de los Jueces/zas sentenciadores de hechos distintos imposibilitaría a la persona acusada de defenderse de ellos (tiempo de preparación para la defensa, proposición de pruebas, presentación de argumentos de defensa, etc.). IV.V. Principio de Congruencia de la Sentencia con la Acusación El Proceso Penal vigente se basa en el Principio Acusatorio donde la acción penal (pública o privada) es ejercida por un sujeto procesal distinto al que Juzga, al que le deviene la tarea de definir los hechos constitutivos de delitos, individualizar a las personas que considere responsable y sostener en el proceso tales aseveraciones a través de la prueba recabada en una fase de investigación previa, en contra posición el Juzgador se ve obligado a respetar los extremos objetivos y subjetivos contemplados y señalados por el ente acusador. El Principio Acusatorio da paso al Derecho de defensa, permitiendo que el imputado sea intimado de los hechos que se le atribuyen con suficiente antelación que le permitan controvertirlos, incluso aportando prueba para ello, así pues nace la contradicción entre partes con posiciones e intereses subjetivos antagónicos: por una parte el acusador expone claramente el contenido de la acción penal de manera previa, obligado a probar su teoría, y por otra parte el imputado/a quien tiene el derecho a que le sea oída su respuesta a la acusación, de defenderse de la misma, lo cual solo es posible si puede conocer la totalidad de su contenido de manera previa.- En relación, la Corte IDH, en sentencia del 17 de noviembre de 2009, en el caso Barreto Leiva vs. Venezuela, dispuso: “54.- Uno de los derechos fundamentales es el derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, previsto en el artículo 8.2 de la Convención, que obliga al Estado a permitir el acceso del inculpado al conocimiento del expediente llevado en su contra.- Asimismo, se debe respetar el principio del contradictorio, que garantiza la intervención de aquel en el análisis de la prueba.”. (En el mismo sentido ver la Sentencia de la Corte IDH de 26 de Noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México). El destinatario de lo que acontece en la duela jurídica es el Juzgador a quien corresponde decidir sobre la procedencia de la acción penal conforme al mérito probado, viéndose vinculado a la acusación a la que tendrá como límite máximo la expectativa punitiva planteada, no pudiendo sobrepasar la misma o apreciar hechos o circunstancias distintas a las presentadas en ella, a ello se le conoce como Principio de Congruencia de la Sentencia con la Acusación. (Ver Sentencia de la Sala de lo Penal de 11 de agosto de 2009 en el Exp 322-2007). El Principio de Congruencia exige una debida vinculación entre la sentencia que emita el Tribunal de Sentencia tras celebrarse la audiencia de debate y el contenido de la acusación, fijado en la audiencia de formalización de cargos celebrada durante la etapa intermedia del proceso penal, que prohíbe al Juzgador distraerse de los elementos objetivos y subjetivos de la acusación: 1. Elemento Objetivo: Prohíbe al juzgador incorporar en la sentencia hechos punibles no derivados de la formalización de la acusación, ya que de hacerlo incidiría en el derecho de defensa del imputado, quien podría resultar condenado por hecho punible del que no ha tenido oportunidad de defenderse, al no haber sido previamente oído, al no haberse podido oponer y al no haber tenido la oportunidad de ofrecer prueba de descargo; 2. Elemento Subjetivo: Prohíbe al Juzgador extender el ius puniendi contra persona o personas distintas determinadas en la formalización de la acusación. En resumen el sentido del Principio de Congruencia de la Sentencia con la acusación exige que la sentencia debe versar únicamente sobre hechos o circunstancias contemplados en la acusación, es decir que debe mediar identidad entre los hechos que se informa al inculpado y aquellos por los que se le procesa, acusa y sentencia (En ese sentido ver las Sentencias de la Corte IDH de 20 de Junio de 2005 en el caso Fermín Ramirez vs Guatemala, párrafos 67 y 68 y de 17 de noviembre de 2009, en el caso Barreto Leiva vs. Venezuela, párrafo 47), permitiendo que la persona imputada conozca oportunamente el alcance y el contenido de la acusación que le permita ejercer defensa de ésta y no ser condenada por hechos de los que nunca se le dio oportunidad ser oída, por ello el objeto del proceso no puede ser alterado por el Tribunal de forma que se configure un delito diferente al que fue objeto de debate procesal; El derecho a ser informado de la acusación exige su conocimiento completo, con el objeto de evitar un proceso penal inquisitivo.(Ver en ese sentido las Sentenciasde la Sala de lo Penal de 20 de junio de 2012 en Exp 308-2009 y de 18 de octubre de 2012, en Exp 065-2010).-La Corte IDH, en el caso Tibi vs Ecuador, señaló que: “28.- … el Estado debe informar al interesado no solamente de la causa de la acusación, esto es, las acciones y omisiones que se le imputan, sino también las razones que llevan al Estado a formular la imputación, los fundamentos probatorios de ésta y la caracterización legal que se da a esos hechos.[Esta información debe ser] expresa, clara, integral y suficientemente detallada para permitir al acusado que ejerza plenamente su derecho a la defensa y muestre al Juez[a] su versión de los hechos.”. Con todo, no debe de entenderse que el Juzgador se encuentra atado al contenido de la acusación, tal cual que su respuesta solo pueda ser positiva o negativa a lo planteado en la acusación, el Principio de Congruencia, no limita al actor o al Tribunal de Sentencia a calificar los hechos contenidos en la acusación de una manera diferente a la planteada en la acusación.- La Corte IDH ha advertido que la calificación jurídica de los hechos que se le imputan a una persona puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los mismos hechos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación (Ver sentencia del caso Fermín Ramirez vs Guatemala, op. ci.t, párrafo 67 y 68).- En consecuencia la modificación de la calificación jurídica solo podrá realizarse cuando: 1. El nuevo delito o falta calificado se desprenda de los hechos intimados en la formalización de la acusación; 2. En el factum declarado probado no se incluyan hechos o circunstancias diferentes a las que se fijaron en la formalización de la acusación, que hayan sido objeto de contradictorio y finalmente probados en el debate; y 3. El delito apreciado por el Tribunal de Sentencia no supere las expectativas punitivas del ente acusador, por tanto no podría reprochar penalmente un delito que conlleve una pena más grave, más si uno de igual o menor gravedad o incluso una falta (Art. 334 párrafo 5to, cpp). Ahora bien, como regla general el principio de Congruencia vincula la sentencia con el contenido de la formalización de cargos realizada en la audiencia preliminar de la etapa intermedia del proceso, en donde el acusador estatal o privado debe de calificar los hechos acusados en una de las figuras penales vigentes, pudiendo realizar calificaciones alternativas y subsidiarias en caso de prever que la definición dependerá del resultado del debate (Art. 301.3 del Código Procesal Penal).- Como excepción el artículo 337 del Código Procesal Penal advierte que además de la formalización de cargos, la sentencia podría verse vinculada con el auto de apertura a juicio, con la ampliación de la acusación o con las conclusiones de las partes en el debate, en los casos y formas siguientes: 1. Hechos fijados en el Auto de Apertura a Juicio: La Fase intermedia del Proceso es una etapa crítica sobre las conclusiones de la investigación preparatoria, tiene por objeto el control concreto y previo sobre la validez formal y la seriedad material de la acusación. Lo que se busca con esta etapa procesal es racionalizar la administración de justicia, evitando someter inútilmente a un ciudadano a los rigores del juicio oral. La etapa intermedia se compone por: Formalización de la acusación, Contestación de Cargos y Auto de Apertura a juicio (Art. 265 cpp).- El Juez o Jueza de Letras, siempre a la sombra del principio Indubio Pro Accusatione, evaluara si la acusación presentada en la audiencia preliminar tienen apariencia de poder sustentarse en la audiencia de debate, lo cual se conoce como presupuesto objetivo material, pero además verificará si dentro de la acusación se individualiza la persona o personas a las que se le atribuye los hechos imputados, lo cual se denomina presupuesto subjetivo material; Es muy importante resaltar que el Juez/a de la Etapa Intermedia no le corresponde examina la calificación jurídica de la acusación, de hecho el Código Procesal Penal no determina que en el auto de apertura a juicio deba existir por parte del Juzgador una calificación penal de los hechos que contienen la acusación, ya que su tarea exclusiva es verificar la existencia de los presupuestos objetivos y subjetivos antes explicados (Art. 302 del Código Procesal Penal).- En caso de que la acusación no supere el examen del Juez/a de la etapa intermedia, dictara un sobreseimiento provisional o definitivo, el cual puede afectar total o parcialmente el contenido de la formalización de la acusación; En caso de una afectación parcial (sea porque se dictó sobreseimiento provisional o definitivo a favor de uno de los imputados o en relación a uno de los delitos por estar sustentados en un hecho especifico que se prevé no podrá ser sustentado en juicio), el debate se celebrará sobre los aspectos de la acusación que si superaron el examen de los presupuestos objetivos y subjetivos, los que deberán de ser definidos en el auto de apertura a juicio y por ello en estos casos la sentencia, además de la formalización de cargos, también estaría vinculada con el auto de apertura a juicio. 2. Ampliación de la Acusación: Determina el artículo 321 del Código Procesal Penal que la parte actora, durante el juicio, podrá solicitar que se consideren en el debate circunstancias o hechos antes no conocidos, distintos a los fijados en la formalización de la acusación, con el fin de: a.- Modificar la calificación jurídica de los hechos fijados en la formalización de la acusación; y b.- Modificar la pena del delito calificado en la formalización de la acusación.-Para tal modificación, se requiere: i.- Se trate de hechos nuevos o de hechos antes no conocidos; y ii.- Que los hechos no se encuentren mencionados en la formalización de la acusación.- Señala el precepto legal que reunidos los requisitos mencionados, el defensor tendrá derecho a solicitar la suspensión del debate, al amparo del artículo 312.7 del Código Procesal Penal, para efectos de ajustar la teoría de la defensa a los nuevos hechos, pudiendo inclusive proponer nuevos medios de prueba o solicitar que el imputado/a sea escuchado nuevamente respecto a la ampliación o modificación. Finalmente la norma procesal señala que no constituye ampliación de la acusación: a.- La corrección de errores materiales; b.- La inclusión de circunstancias que no modifiquen la calificación jurídica del delito o la pena que pudiese ser impuesta; y c.- La Introducción de hechos nuevos, ya que sean independientes o conexos con los fijados en la formalización de la acusación, que puedan constituir delitos diferentes; En estos casos dispone el Código de Rito que se deberá de proceder por aparte respecto a estos nuevos hechos, en un proceso penal diferente, ello en aras de garantizar el derecho de defensa. 3. Las Conclusiones del Debate: En una inclusión reciente, por reforma al artículo 337 del Código Procesal Penal, el legislador dispuso que las conclusiones de las partes en la audiencia del debate vinculaban al Tribunal de Sentencia respecto a las decisiones que deba tomar en la sentencia. Es importante advertir que las conclusiones son el último acto procesal que realizan los/as apoderados/as legales de las partes en el proceso penal previo a la decisión de fondo, en el cual dan a conocer sus pretensiones basadas en la actividad probatoria que ha tenido lugar; Además es de tener en cuenta que lo señalado en las conclusiones no puede ser objeto de ulterior contradictorio, mucho menos de prueba o contra prueba, pues con esta actuación se da por finalizada la audiencia de debate. Por lo anterior el derecho de defensa no permite como admisible la modificación de la acusación por parte del Ministerio Público que conlleve un agravamiento de la situación jurídica por la que se había estado defendiendo el acusado/a, mucho menos la imputación de nuevos delitos o la inclusión en la acción penal de personas distintas al imputado, pues si no es permisible en la ampliación de la acusación que se hace al inicio del debate, mucho menos podría serlo en la etapa de conclusiones. a. Por lo anterior se considerará vinculante para el Tribunal en la etapa de conclusiones: b. La renuncia de la acción penal por parte del Ministerio Público, la que conforme al artículo 44 del Código Procesal Penal favorecería no solo a la persona imputada sino a todos los involucrados en la acción penal; c. La modificación (sin que sea permisible la inclusión) de las calificaciones penales, siempre que no implique modificación de los hechos imputados en los términos señalados por la Corte IDH en la sentencia del caso Fermín Ramirez vs Guatemala (op. cit.); y d. El planteamiento de calificaciones de delitos alternativos sobre los mismos hechos que fueron objeto de debate, en base a la especialidad o subsidiariedad entre unos y otros. No será vinculante el allanamiento por la representación legal del acusado/a sobre los hechos objeto de imputación, pues deberá ser precisamente definido por el mérito de la prueba, más si puede ser objeto de valoración la aceptación de los hechos que haga el acusado/a en su última intervención previo a declarar cerrado el debate, valoración que se realizara de manera conjunta con la prueba evacuada. En conclusión la sentencia estaría vinculada no solo con la formalización de cargos, sino además con el auto de apertura a juicio, la ampliación de cargos realizada en la audiencia de debate y con las conclusiones hechas en la audiencia de debate, siempre que se ajuste a lo señalado en este apartado. IV.VI.- De la Procedencia del Recurso EL RECURSO ES DE RECIBO PARCIALMENTE.- En principio es necesario hacer acotación que la imputación formulada por el Ministerio Público es por dos delitos diferentes: por un delito de Hostigamiento Sexual, basado en hechos reiterados y sistemáticos ocurridos entre los años 2008 y 2009 y por un delito de actos de lujuria (en su momento calificado como Violación Sexual tentada) basado, según la acusación, por un hecho ocurrido el 19 de septiembre de 2009.- Así las cosas esta Sala de lo Penal identifica que el vicio denunciado por los Censores solo atañe a la acusación por el delito de Actos de Lujuria y no a la de Hostigamiento Sexual, pues la inclusión de hechos hecha por los juzgadores en la sentencia impugnada es referente a aquel delito. Ha revisado esta Sala de lo Penal el acumulado judicial, advirtiendo que la presente causa inicio mediante requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público en fecha 30 de Noviembre de 2010; En este documento el Ministerio Público solicita intimar al acusado, entre otras cosas, por unos hechos ocurridos en fecha 19 de Septiembre de 2009 (f. 03), en el interior de una de las oficinas de la Estación de Policía Metropolitana Uno, teniendo como sujeto activo al acusado Carlos Roberto Barrientos Valle y como sujeto pasivo a la ofendida N. S. H..- Posteriormente, en audiencia preliminar de fecha 30 de enero de 2013 (f. 156), el Ministerio Público formalizó los cargos en contra del acusado por un delito consumado de Actos de Lujuria, indicando que los hechos base de tal imputación eran aquellos que fueron expuestos en la audiencia inicial, sin darse a la tarea de exponerlos debidamente en la audiencia preliminar que tiene precisamente como objetivo tal exposición, como manda el artículo 301 del Código Procesal Penal, lo cual es altamente preocupante no solo por el incumplimiento del deber del Fiscal actuante, sino por la falta de oposición por la Defensa Privada y la actitud permisiva del órgano jurisdiccional; Aun con ello y no siendo éste el motivo del recurso de casación, lo ocurrido en la audiencia preliminar obliga a este Tribunal de Casación a remitirse a la audiencia inicial celebrada en fecha 22 de febrero de 2011 (f. 54), para poder definir cuáles fueron los hechos imputados en la formalización de cargos, comprobando que éstos se referían a supuestos actos de tocamiento corporal con fines libidinosos hechos por el acusado en perjuicio de la ofendida en una de las oficinas de estación policial Metro 1 el día 19 de septiembre de 2009. Teniendo como base la acusación formalizada en la audiencia preliminar (de manera indebida), las partes llegaron a la audiencia de proposición de pruebas el 07 de agosto de 2013 (f. 202) a fin de ofertar aquellos medios de prueba que apuntalarían sus respectivas teorías del caso; En particular a la Defensa Privada le fueron admitidos por el A-quo los roles de turno de servicio del acusado y de la ofendida, de los meses de septiembre a diciembre de 2009 (f. 243 a 255), con el fin de acreditar la imposibilidad del hecho supuestamente ocurrido el 19 de septiembre de ese año, sustento de la acusación del delito de actos de lujuria.- En fecha 10 de Octubre de 2013 (F. 256) se da inicio a la audiencia de debate, en la cual no existió ampliación o modificación de la acusación por parte del Ministerio Público, por el contrario reprodujo la acusación formalizada, insistiendo que el delito de actos de lujuria tuvo lugar el 19 de septiembre de 2009, lo cual reitero en la etapa de conclusiones al momento de hacer su respectiva exposición (F. 261), siendo contra estos hechos que la defensa privada propuso su prueba previamente, presentó sus alegatos de apertura al inicio del debate, desarrollo su teoría del caso, orientó el contradictorio y expuso sus alegatos de cierre.- Sin embargo y en perjuicio de lo anterior, el Tribunal de Sentencia hace juzgamiento no sobre la veracidad de la acusación sobre un hecho ocurrido el 19 de septiembre de 2009, sino que juzga un hecho que señala haber ocurrido en un día no determinado del mes de agosto de 2009 (hecho probado cuarto de la sentencia, f. 270), es decir sobre un hecho del cual el acusado no ha sido oído y contra el cual en general Defensa Privada no ha tenido oportunidad de defenderse; Los Censores, acertadamente, señalan que lo hecho por los Juzgadores acarrea perjuicio material de defensa, pues no se tuvo la oportunidad de poder controvertir si el hecho ocurrió o no en el mes que señala el A-quo, en particular la posibilidad por ejemplo de proponer como medios de prueba roles de turno de servicios del acusado y de la ofendida para dicho mes a fin de comprobar o descartar la posibilidad del acaecimiento del hecho imputado. Como consecuencia esta Sala de lo Penal declara que el Tribunal de Sentencia ha violentado el Principio de correlación de la sentencia con la acusación, provocando quebranto al debido proceso y, con ello violación al derecho de defensa del acusado Carlos Roberto Barrientos Valle, en relación a la imputación por el delito de Actos de Lujuria. Ahora bien, no es atendible la petición de los Censores en cuanto a que la sentencia imputada sea revocada y en su lugar se dicte una sentencia absolutoria a favor del acusado, pues el defecto denunciado y comprobado no es de fondo sino de forma, (precisamente al derecho fundamental a un debido proceso legal), lo que ocasiona como consecuencia la nulidad de la sentencia y de aquellas actuaciones que hayan provocado el vicio denunciado. V. DECISIÓN Ha Lugar Parcialmente el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. VI. POR TANTO LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 del Código Procesal Penal.- DECIDE: PRIMERO: Declarar HA LUGAR PARCIALMENTE el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por los Abogados Celvin Antonio Ruiz Lobo y Jacobo Noel Reyes Matute.- SEGUNDO: Se declara la NULIDAD PARCIAL de la sentencia de fecha veintiocho (28) de Noviembre del año dos mil trece (2013) (f. 369) dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, así como la nulidad parcial de la audiencia de debate de fecha diez (10) de Octubre del mismo año, en lo referente al pronunciamiento condenatorio en contra del Señor Carlos Roberto Barrientos Valle, como supuesto autor responsable de un delito consumado de Actos de Lujuria, en perjuicio de la Señora N. S. H..- TERCERO: Declarar FIRME Y EJECUTABLE la sentencia de fecha veintiocho (28) de Noviembre del año dos mil trece (2013) (f. 369), en la cual se declara la responsabilidad penal del Señor Carlos Roberto Barrientos Valle, como autor responsable de un delito consumado de Hostigamiento Sexual, en perjuicio dela Señora N. S. H..- Y MANDA: PRIMERO.- Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, proceda a celebrar un nuevo debate para resolver la acusación penal incoada por el Ministerio Público en contra del Señor Carlos Roberto Barrientos Valle, por suponerlo responsable a título de autor de un delito consumado de Actos de Lujuria, en perjuicio de la Señora N. S. H., en el cual deberán de participar Jueces de Sentencia distintos a los que concurrieron a emitir la sentencia de fecha veintiocho (28) de Noviembre del año dos mil trece (2013).- SEGUNDO: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado Coordinador.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil dieciocho.- Certificación de la sentencia de fecha veintidós de noviembre del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-34-2014.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.