Sentencia CP-334-13 — Registro 9157
Resumen
Se condena al imputado por el delito de homicidio simple
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplia vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo, la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un tribunal superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, mas el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores. La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. 2. La misión de la Sala de lo Penal, en cuanto a la salvaguarda de los derechos individuales de “estado de inocencia y debido proceso”, no es la de valorar nuevamente la prueba practicada, o de revisar críticamente la valoración efectuada por el A quo, sino que lo que corresponde es comprobar y verificar si en la audiencia de juicio en la que se apreció la prueba, se dispuso en la misma del mínimo de actividad probatoria, llevada a cabo con las debidas garantías constitucionales y procesales, pues una vez acreditada tal probanza, la valoración es de exclusiva competencia del juzgado de instancia. El estado de inocencia reconocido en la Constitución de la República en su artículo 89, no permite que se trate como culpable a una persona que se le imputa un delito, cualquiera que sea el grado de apariencia de la acusación, hasta tanto el Estado a través de los órganos jurisdiccionales no pronuncie sentencia penal firme que declare la culpabilidad del acusado, lo cual se vincula con el “juicio previo” que precisamente para declarar culpabilidad exige el artículo 94 constitucional. Por ello se afirma que, juicio previo y estado de inocencia son dos caras de una misma moneda, destacándose como garantías básicas del proceso penal. A partir de ellas se estructura la protección jurídico-política, frente al poder punitivo del Estado. La construcción de culpabilidad exige precisión, que implica certeza, pues caso contrario se preserva la no culpabilidad del acusado y con ello su estado de inocencia; al convencimiento de que un acusado es culpable se puede llegar, no sólo por la inexistencia de dudas, sino también por su superación, pero ciertamente la superación de las posibles dudas, no obedece a la pura voluntad subjetiva del juez, sino que debe surgir con el razonamiento coherente que solo se logra con la consideración racional de las pruebas que acreditan la culpabilidad del acusado y con ello la disipación de las posibles dudas si las hubiese. 3. En el caso examiné, el tribunal sentenciador deduce de forma correcta, que G. E. R., luego de ingresar al cuarto de habitación de A. A. Z. A. conversó con éste y luego le colocó una faja en el cuello procediendo a darle muerte mediante asfixia; seguidamente se dirigió a la sala de dicha casa donde se encontraba D. N. A. G. a quien también le coloca una extensión de cable eléctrico alrededor del cuello y le dio muerte mediante asfixia, procediendo G. E. R. a retirarse del lugar, llevándose consigo unos tenis marca All Star propiedad de A. A. Z. A.. Conclusión que es producto de la prueba evacuada en el debate, consistente en las declaraciones testificales de A. J. F. (folio 210v), S. M. A. A. (folio No. 211f), testigo protegido “A” (folio 211f), testigo protegido “fresa” (folio 211v) y testigo protegido “peyton” (folio 211v), quienes establecen que el procesado G. y A. (ofendido) se encontraban junto a sus amigos en una reunión, luego A. se fue y G. lo andaba buscando; asimismo establecen la manera en que G. ingresó a la casa de sus víctimas, provocando la muerte de los ofendidos y la forma en que el acusado sale de la casa y cuenta lo sucedido, siendo encontrado en posesión de los tenis All Star, que eran propiedad de A. A. Z. A.. Asimismo, fue evacuada prueba pericial consistente en dictámenes de autopsia de las víctimas D. N. A. G. y A. A. Z. A. (folios 184 y 195), prueba documental consistente en actas de levantamiento de cadáver (folios 8, 9 y 10), álbum fotográfico y croquis de la escena del crimen (folios 171 al 183). Como se aprecia, el Juez A quo concluye de forma razonable ya que funda la responsabilidad del procesado G. E. R. en prueba que vincula al encausado con el hecho declarado probado. Evidenciándose que en la audiencia de juicio se dispuso del mínimo de prueba legalmente evacuada, que sirviese para fundar una declaración de responsabilidad del sindicado y dichas pruebas son suficientes para vulnerar su estado de inocencia. Es por lo anterior que esta Sala de lo Penal, considera que en el fallo recurrido no se ha violado el derecho individual del “estado de inocencia”, consagrado en la Constitución de la República al estar probada la responsabilidad del procesado, al no existir vacío probatorio que imposibilite sustentar una declaración de culpabilidad; no existiendo violación a la Presunción de Inocencia, al haber existido una suficiente actividad probatoria"
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “IA SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días de marzo del dos mil diecisiete, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero Vásquez, en su calidad de Coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez ha pronunciado EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La sentencia, en el Recurso de Casación SP 334-2013 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiséis de junio de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Condenando al Señor G. E. R., por el delito de homicidio simple, en perjuicio de D. N. A. G. y A. A. Z. A., a la pena de dieciséis años de reclusión por cada uno, haciendo un total de treinta y dos años de reclusión; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil.- No condenando al encausado en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, la Abogada G. Dubois, actuando en su condición de Defensora Pública del señor G. E. R.. SON PARTES: La Abogada A. R. P., en su condición de de Defensora del señor G. E. R., como parte recurrente y la Abogada M. E. G. P., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II. HECHO PROBADO “PRIMERO: El siete de enero del año dos mil diez, en horas de la madrugada los jóvenes A. A. Z. A. y D. N. A. G. se encontraban en su casa de habitación ubicada en el barrio chile atrás de la escuela Manuel Bonilla de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, lugar hasta donde llegó G. E. R., quien después de ingresar al cuarto de habitación de A. A. Z. A. conversa con este y luego le coloca una faja en el cuello procediendo a darle muerte mediante asfixia, seguidamente se dirige a la sala de dicha casa donde se encuentra D. N. A. G. a quien también le coloca una extensión de cable eléctrica alrededor del cuello y le da muerte mediante asfixia, procediendo G. E. R. a retirarse del lugar, llevándose consigo unos tenis All Star propiedad de A. A. Z. A.”. III. RECURSO DE CASACIÓN “RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, DE LA MANERA SIGUIENTE: EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR PRECEPTO CONSTITUCIONAL. “MOTIVO: Infracción del Precepto Constitucional contenido en los artículo 89 y 90 en relación al artículo 1 y 2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO. PRIMERO: Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República que dicen: Artículo 89, Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente. Artículo 90 Nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que dice: Artículo 1. Juicio Previo. Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente código y con respeto estricto de los derechos del imputado. Artículo 2. Estado de inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el Órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este código. SEGUNDO: En el Acápite Valoración de la prueba numeral Segundo de la Sentencia recurrida el sentenciador establece, que con la declaración de A. J. F., S. M. A. A., Testigo protegido A, Testigo Protegido Fresa, Testigo protegido Peyton, se constituye plena prueba y le da certeza al juzgador de que el imputado G. E. R., es la persona que cometió el delito de HOMICIDIO, sin embargo, dicho razonamiento lo hace en una clara violación al principio de inocencia y al debido proceso, cuyas deposiciones no pueden ser corroboradas por ninguna otra prueba periférica que establezca que sus dichos son ciertos. TERCERO: El sentenciador establece en su valoración conjunta la concurrencia de tres momento para acreditar la participación del procesado G. E. R.: El Primer momento lo aducen los testigos protegido A y Testigo protegido Fresa, cuando el procesado señor G. y A. (víctima) se encontraban junto a sus amigos en una reunión, así como el ingreso de G. a la casa de sus víctimas. El testigo Protegido A dice en su declaración que estaba afuera y escuchó una reunión de personas, sintió que fumaron marihuana y bebieron que escuchó que G. preguntó por A. y luego salió de casa como a las dos y media de la mañana y que estaban en las afueras de la escuela Manuel Bonilla, a unos veinte metros por lo que tenía buena visibilidad. Con lo expresado por este testigo es cierto que G. andaba buscando a A., pero en ningún momento lo vio entrar a la casa de A.. Dice que salió de su casa a las dos y medias, pero de la casa donde él vivía. En cuanto a la declaración del Testigo protegido Fresa manifiesta que estaba cerca de una casa y escuchó una gente que estaba tomando como a las once de la noche vieron pasar a G. después lo vieron entrar de nuevo pero raro, agitado, después se volvió a ir, con esta declaración tampoco se prueba que el señor G. haya entrado a la casa del señor A. (víctima). En ambas declaraciones se puede constatar que ninguno de los testigos estaba en el mismo lugar donde se encontraba G.. Entonces cómo es posible que hayan estado tan atentos a lo que hacía o no hacía el imputado. En relación al Segundo momento de los hechos sigue manifestando el sentenciador, que todos los testigos fueron contestes al indicar que A. A. Z. A. y D. N. A. G., fueron encontrados muertos, el primero en su cuarto de habitación y el segundo en la sala de dicha casa, en este momento no todos los testigos pueden declarar como fueron encontrados los occisos, ya que en dicha casa solo estaba la testigo S. M. A. A., y en cuanto a que ratifican que la faja que se encuentra a la par del cadáver de A. A. Z. A., no se acreditó fehacientemente que tal objeto perteneciera a G. E. R.. Y sobre que la testigo S. M. A. A. escuchara hablar a su hermano con el señor G., este punto no es creíble, pues ni siquiera lo vio ella y ninguna otra persona, y él estaba viendo televisión, pues de hecho hacía unos minutos antes él había ido al cuarto a pedirle el control del tele, pudo ser que las voces que escuchó hayan sido del televisor, pues en ningún momento la testigo S. M. A., vio al señor G., que era la hermana que vivía en la misma casa con el occiso, contiguo a su dormitorio. El tercer momento para el Tribunal se da cuando G. E. R., abandona la casa de A. A. Z. A. y D. N. A. G., llega el testigo protegido peyton y le cuenta lo sucedido. Declaración que nunca debió ser tomada en consideración ya que solo hará prueba la declaración rendida ante juez competente, y toda declaración obtenida con infracción es nula, y la posibilidad de declarar subsiste hasta el momento en que tome intervención la Autoridad judicial. CUARTO: Con las declaraciones de estos testigos, resulta imposible quebrantar la presunción de inocencia, por lo que el sentenciador violenta en la sentencia recurrida, esa norma constitucional, así como es el debido proceso, por no seguir el juicio de nuestro representado conforme a las normas y procesos que la ley establece. En el caso de nuestro representado G. E. R., no existe ninguna otra prueba que lo ligue con la muerte de los señores D. N. A. G. Y A. A. Z. A., como ser pruebas de ADN, en la evidencia consistente en una extensión eléctrica color blanco y una faja de color negro, que supuestamente fueron los objetos con los cuales se le produjo la muerte a las víctimas. En consecuencia sus dichos no pueden corroborarse por ningún otro medio de prueba, volviéndose sus deposiciones unos leves indicios. Violentando también con ello el debido proceso, en donde el acusado debe ser llevado a juicio con todas las garantías que establece la ley, es decir una valoración conforme a las reglas del correcto entendimiento humano. En tal sentido la reconocida jurista españolas M. F. T. A. en su obra manual de Derecho Constitucional, página 34, inciso 7 establece “se configura como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válida”, tal como ocurre en el caso del imputado G. E. R., que no existen pruebas directas, ni indirectas que acrediten a manera de certeza la culpabilidad en el delito condenado, sigue diciéndonos la jurista Tena Aragón “Por tanto solo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carentes de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración o finalmente cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado”. QUINTO: En el caso subjudice el razonamiento del sentenciador resulta ilógico e insuficiente, ya que con las pruebas presentadas en juicio se condena a mi representado en una clara violación a la Presunción de inocencia y al debido proceso, por una insuficiente actividad probatoria, continua manifestando la jurista: “A falta de prueba directa la prueba de cargo puede ser indiciaria, siempre que se cumplan los siguientes requisitos, que permitan distinguirla de las simples sospechas: Que parta de hechos plenamente probados y que los hechos constitutivos de delitos se deduzcan de esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas de criterio humano. En la sentencia recurrida el sentenciador no cumple con los requisitos de prueba indiciaria, ya que las declaraciones de los testigos no parten de hechos plenamente probados, ya que sus dichos no son corroborados por otras pruebas, además de que el razonamiento hecho por el sentenciador, fue en una clara violación a las reglas del correcto entendimiento humano. En consecuencia se le condenó a mi representado con una escasa actividad probatoria. En virtud de lo anteriormente expresado y que mi representado fuera condenado en un clara violación a la presunción de inocencia y el debido proceso, ya que el sentenciador no contaba con la suficiente prueba para adquirir certeza de culpabilidad, lo procedente en este caso, es que la sala penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, declare con lugar el presente motivo y dicte una nueva sentencia, mediante la cual absuelva de toda responsabilidad a mi representado”. VI. FUNDAMENTACIÓN JURIDICA 1. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplia vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo, la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un tribunal superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, mas el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores. La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. 2. La misión de la Sala de lo Penal, en cuanto a la salvaguarda de los derechos individuales de “estado de inocencia y debido proceso”, no es la de valorar nuevamente la prueba practicada, o de revisar críticamente la valoración efectuada por el A quo, sino que lo que corresponde es comprobar y verificar si en la audiencia de juicio en la que se apreció la prueba, se dispuso en la misma del mínimo de actividad probatoria, llevada a cabo con las debidas garantías constitucionales y procesales, pues una vez acreditada tal probanza, la valoración es de exclusiva competencia del juzgado de instancia. El estado de inocencia reconocido en la Constitución de la República en su artículo 89, no permite que se trate como culpable a una persona que se le imputa un delito, cualquiera que sea el grado de apariencia de la acusación, hasta tanto el Estado a través de los órganos jurisdiccionales no pronuncie sentencia penal firme que declare la culpabilidad del acusado, lo cual se vincula con el “juicio previo” que precisamente para declarar culpabilidad exige el artículo 94 constitucional. Por ello se afirma que, juicio previo y estado de inocencia son dos caras de una misma moneda, destacándose como garantías básicas del proceso penal. A partir de ellas se estructura la protección jurídico-política, frente al poder punitivo del Estado. La construcción de culpabilidad exige precisión, que implica certeza, pues caso contrario se preserva la no culpabilidad del acusado y con ello su estado de inocencia; al convencimiento de que un acusado es culpable se puede llegar, no sólo por la inexistencia de dudas, sino también por su superación, pero ciertamente la superación de las posibles dudas, no obedece a la pura voluntad subjetiva del juez, sino que debe surgir con el razonamiento coherente que solo se logra con la consideración racional de las pruebas que acreditan la culpabilidad del acusado y con ello la disipación de las posibles dudas si las hubiese. 3. En el caso examiné, el tribunal sentenciador deduce de forma correcta, que G. E. R., luego de ingresar al cuarto de habitación de A. A. Z. A. conversó con éste y luego le colocó una faja en el cuello procediendo a darle muerte mediante asfixia; seguidamente se dirigió a la sala de dicha casa donde se encontraba D. N. A. G. a quien también le coloca una extensión de cable eléctrico alrededor del cuello y le dio muerte mediante asfixia, procediendo G. E. R. a retirarse del lugar, llevándose consigo unos tenis marca All Star propiedad de A. A. Z. A.. Conclusión que es producto de la prueba evacuada en el debate, consistente en las declaraciones testificales de A. J. F. (folio 210v), S. M. A. A. (folio No. 211f), testigo protegido “A” (folio 211f), testigo protegido “fresa” (folio 211v) y testigo protegido “peyton” (folio 211v), quienes establecen que el procesado G. y A. (ofendido) se encontraban junto a sus amigos en una reunión, luego A. se fue y G. lo andaba buscando; asimismo establecen la manera en que G. ingresó a la casa de sus víctimas, provocando la muerte de los ofendidos y la forma en que el acusado sale de la casa y cuenta lo sucedido, siendo encontrado en posesión de los tenis All Star, que eran propiedad de A. A. Z. A.. Asimismo, fue evacuada prueba pericial consistente en dictámenes de autopsia de las víctimas D. N. A. G. y A. A. Z. A. (folios 184 y 195), prueba documental consistente en actas de levantamiento de cadáver (folios 8, 9 y 10), álbum fotográfico y croquis de la escena del crimen (folios 171 al 183). Como se aprecia, el Juez A quo concluye de forma razonable ya que funda la responsabilidad del procesado G. E. R. en prueba que vincula al encausado con el hecho declarado probado. Evidenciándose que en la audiencia de juicio se dispuso del mínimo de prueba legalmente evacuada, que sirviese para fundar una declaración de responsabilidad del sindicado y dichas pruebas son suficientes para vulnerar su estado de inocencia. Es por lo anterior que esta Sala de lo Penal, considera que en el fallo recurrido no se ha violado el derecho individual del “estado de inocencia”, consagrado en la Constitución de la República al estar probada la responsabilidad del procesado, al no existir vacío probatorio que imposibilite sustentar una declaración de culpabilidad; no existiendo violación a la Presunción de Inocencia, al haber existido una suficiente actividad probatoria. V. DECISIÓN El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por la apoderada legal del señor G. E. R. debe ser desestimado. VI. RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 361 del Código Procesal Penal. FALLA: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por la apoderada legal del señor G. E. R..- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes.-NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado Coordinador.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha veintinueve de marzo del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-334-2013.
JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
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