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Sentencia CP-301-14 — Registro 8084

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado del delito de posesión ilegal de arma comercial, en perjuicio de la Salud de La Población del Estado de Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"..Lo anterior, dado que por el principio de intangibilidad del cuadro fáctico de la sentencia dictada por el Juzgador, no le es posible al tribunal de casación alterar o modificar los hechos probados de la sentencia, sino solo analizar concretamente si la conducta desplegada por el autor se encuadra o no en una norma concreta del Código Penal. Por lo anterior, esta Sala declara sin lugar el motivo de casación de Infracción de Ley invocado por el recurrente."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.SENTENCIA Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de Enero de dos mil diecisiete, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los MAGISTRADOS JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, quien actúa como Coordinador, RAFAEL BUSTILLO ROMERO Y ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, la siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP- 301-2014 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha seis (06) de Diciembre de dos mil Trece (2013), dictada por el Tribunal de Sentencia de Danlí, Departamento de El Paraíso, mediante la cual falló: PRIMERO: ABSOLVIENDO al acusado F. A. B., del delito de FACILITACION DE LOCAL PARA EL TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS; SEGUNDO: CONDENANDO al Señor F. A. B., por el delito de POSESION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de TRES (03) AÑOS DE RECLUSION; así mismo lo condenó las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL e INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure las condenas principales.- NO CONDENO en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, el Abogado H. F. P., actuando en su condición de Apoderado Defensor del señor F. A. B.. SON PARTES: El Abogado H. F. P., Apoderado Defensor del acusado F. A. B., como parte recurrente; y el Abogado N. L. F., Fiscal en representación del Ministerio Público, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS PRIMERO: Que en fecha catorce (14) de Julio del año dos mil doce (2012) Agentes de la Unidad de Análisis de la Policía Nacional Preventiva, se desplazaron hasta el lugar conocido como Aldea Empalme a Trojes, localizada en el Valle de Jamastrán de este Municipio de Danlí, llegando específicamente a la casa del señor F. A. B., con el objeto de cumplir una orden de allanamiento girada por el Ministerio Público, la cual efectuaron e ingresaron a la casa de habitación del acusado encontrando en una de sus piezas una bolsa plástica transparente anudada de acuerdo al análisis del laboratorio químico toxicológico, tiene un peso neto de 0,3 g (cero coma tres gramos), no estableciéndose las conclusiones de dicho dictamen a que sustancia corresponde la semilla encontrada. SEGUNDO: Que en la misma habitación antes referida se encontró en una esquina de la pieza sobre una canasta de ropa, un arma de fuego con las siguientes características: Tipo Fusil marca Beretta, calibre 22 LR, Serie L38137, del cual se solicitó la documentación al señor F. A. B., quien no pudo acreditar la posesión legal de dicha arma de fuego.” III. ADMISION El Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por el Abogado H. F. P., actuando en su condición de Apoderado Defensor del señor F. A. B.; reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. IV. RECURSO DE CASACIÓN “EL RECURRENTE ABOGADO H. F. P., EN SU CONDICION DE APODERADO DEFENSOR, DEL ENCAUSADO F. A. B., PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY, DE LA MANERA SIGUIENTE: “MOTIVO UNICO: Infracción por aplicación indebida del artículo 332 B del Código Penal, en el fragmento que a la letra se lee así: “Quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use… Incurre en el delito de fabricación y Tráfico de armas de fuego. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO. En el cuadro fáctico del fallo que se esta impugnando, el Tribunal de Sentencia declaró probado expresa y terminantemente los hechos que se transcriben a continuación: SEGUNDO: Que en la misma habitación antes referida se encontró en una esquina de la pieza sobre una canasta con ropa, un arma de fuego con las siguientes características: Tipo fusil, marca Beretta, calibre 22 LR, serie L3 8137, del cual se solicito la documentación al señor F. A. B., quien no pudo acreditar la posesión legal de dicha arma de fuego. Si confrontamos los hechos declarados probados con el artículo 332.B del Código Penal, veremos que es imposible subsumir la conducta que en esos hechos se hace consistir en el indicado precepto penal. Ya que en ningún momento mi representado estaba en posesión del arma de fuego encontrada, ya que en la vivienda habitan más personas, y no se pudo determinar a quien pertenece esa arma de uso comercial; Si analizamos los hechos probados Honorables Magistrados, veremos que el tribunal a condenado injustamente a mi defendido, porque en la casa que vive, habitan más personas, y no se le puede achacar a él ese delito, por lo que le beneficia la duda articulo 339 del Código Procesal Penal; Llegados hasta acá, preguntémonos si las acciones declaradas probadas en la sentencia, comprendidas, como se ha demostrado, en la definición del artículo 332.B del Código Penal, tienen relevancia jurídico penal, la respuesta no puede ser otra que si bien es cierto que mi defendido le hicieron un allanamiento, no es menos cierto que el arma de fuego comercial, no se la decomisaron a él, la misma estaba en cuarto de la casa, pero reitero allí habitan más personas. En conclusión las acciones contenidas en la declaración de hechos probados de la sentencia que se está impugnando, no constituye delito, ni pueden ser sancionadas como si lo fueran. Resulta indiscutible de lo antes expresado, que al haber condenado al señor F. A. B., por el delito de POSESION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, se ha infringido la ley por la aplicación indebida del artículo 332.B del Código Penal.” V. FUNDAMENTACION JURIDICA “Artículo 332-B del Código Penal. El artículo 332-B del Código Penal establece como título del delito la “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales”, sin embargo al remitirnos al contenido del tipo penal, al supuesto elegido por el legislador y que es objeto de reproche, no se habla de armas comerciales, sino de armas personales, armas de defensa, armas deportivas y de explosivos comerciales (no armas comerciales), por lo tanto hay una discrepancia entre el título del tipo penal y su contenido, debiendo asirnos al contenido, puesto que éste es el ámbito situacional que sanciona el legislador.- Señala el tipo penal: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas.- Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.”. El tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas. El problema con esta enumeración es que las armas de uso personal pueden ser para propósitos de defensa o para propósitos deportivos, por lo que la clasificación hecha por el legislador es incorrecta al hacer diferencia entre armas de uso personal y armas deportivas cuando las últimas son parte del conjunto que integran las primeras.- Es importante también acotar que la remisión a una ley especial convierte a la norma en un tipo penal en blanco, sin embargo al no mencionar a que ley especial se refiere, debemos entender que puede ser cualquier ley que regule las conductas relacionadas con las armas de fuego, ello incluye los Tratados y Convenios Internacionales que forman parte del derecho interno hondureño. Por otro lado es de subrayar que en el segundo párrafo se habla de armas de defensa, mismo que no es parte del supuesto que contempla el primer párrafo como objeto del delito.- Para efectos diferenciadores, debemos entender como arma de uso personal todas aquellas destinadas para un fin distinto a la guerra y que ya hemos enumerado en el apartado anterior.- Como se ha señalado ya, las armas de uso personal pueden tener propósitos de defensa o propósitos deportivos (cacería). Entre las armas de uso personal están aquellas de comercio lícito o aquellas de comercio ilícito, siendo las primeras objeto de permiso mientras que las segundas no. Las armas de uso personal de comercio lícito están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Además se consideran armas de uso personal de comercio ilícito las descritas en los numerales 1 (Armas automáticas), 2 (Armas de Fabricación Casera o Artesanal) y 5 (Armas de Fantasía) del artículo 8 de la Ley de armas, mismas que no podemos considerar armas de guerra, dada su naturaleza y poder ofensivo, pero que si son proscritas por el peligro que representan: a) Las armas automáticas como consecuencia del mecanismo de disparo; b) Las armas de fabricación casera o artesanal, por la imposibilidad del Estado de Honduras de llevar su registro y control; c) Las armas de fantasía, al tener una apariencia inocua que pueden hacerlas pasar inadvertidas. Incurrirán en el delito tipificado en el artículo 332-B, las personas que fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando: a) no se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito; b) Se trate de armas de comercio ilícito, del que en ningún caso se podrá contar con autorización de autoridad competente. La sanción a imponer a las personas responsables será de tres (3) a seis (6) años.” [1] VI. RESUMEN Alega el recurrente como motivo de Casación de Infracción de Ley la aplicación indebida del artículo 332 B del Código Penal, que a la letra dice: “Quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use… Incurre en el delito de fabricación y Tráfico de armas de fuego. Argumenta que en el cuadro fáctico del fallo impugnando, el A Quo declaró probado expresa y terminantemente, lo siguiente: “SEGUNDO: Que en la misma habitación antes referida se encontró en una esquina de la pieza sobre una canasta con ropa, un arma de fuego con las siguientes características: Tipo fusil, marca Beretta, calibre 22 LR, serie L3 8137, del cual se solicito la documentación al señor F. A. B., quien no pudo acreditar la posesión legal de dicha arma de fuego”. Considera que si se confronta los hechos declarados probados con el artículo 332 B del Código Penal, estima que no es posible subsumir la conducta del acusado en dicho precepto penal, en virtud que en ningún momento el acusado estaba en posesión del arma de fuego encontrada, porque en la vivienda habitan más personas, y no se determina a quien pertenece esa arma de uso comercial. Estima que el A Quo condena injustamente al acusado, porque en la casa en que vive, habitan más personas, y no se le puede achacar a él ese delito, por lo que le beneficia la duda, establecida en el articulo 339 del Código Procesal Penal, y que si bien hicieron un allanamiento, el arma de fuego comercial no se la decomisaron al acusado, dado que la misma estaba en un cuarto de la casa, en la que habitan más personas. Por lo anterior concluye que al haber condenado a F. A. B., por el delito de POSESION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, se ha infringido la ley por la aplicación indebida del artículo 332 B del Código Penal. VII. DECISIÓN Esta Sala de lo Penal, reitera que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia, a diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, y que corresponde a la Sala actuar como mero contralor de la aplicación de la ley sustantiva. En este sentido el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Esta Sala observa que en el presente caso, el A Quo declara terminantemente probados los hechos siguientes:”PRIMERO: Que en fecha catorce (14) de Julio del año dos mil doce (2012) Agentes de la Unidad de Análisis de la Policía Nacional Preventiva, se desplazaron hasta el lugar conocido como Aldea Empalme a Trojes, localizada en el Valle de Jamastrán de este Municipio de Danlí, llegando específicamente a la casa del señor F. A. B., con el objeto de cumplir una orden de allanamiento girada por el Ministerio Público, la cual efectuaron e ingresaron a la casa de habitación del acusado encontrando en una de sus piezas una bolsa plástica transparente anudada de acuerdo al análisis del laboratorio químico toxicológico, tiene un peso neto de 0,3 g (cero coma tres gramos), no estableciéndose las conclusiones de dicho dictamen a que sustancia corresponde la semilla encontrada. SEGUNDO: Que en la misma habitación antes referida se encontró en una esquina de la pieza sobre una canasta de ropa, un arma de fuego con las siguientes características: Tipo Fusil marca Beretta, calibre 22 LR, Serie L38137, del cual se solicitó la documentación al señor F. A. quien no pudo acreditar la posesión legal de dicha arma de fuego.” El A Quo ha declarado probado que mediante diligencias de allanamiento de morada llevadas a cabo por orden de autoridad competente en la casa de habitación del imputado, se ha encontrado en su interior un arma de fuego de tipo comercial, sin que el acusado haya podido probar su tenencia o portación legal. Tales hechos declarados probados por el A Quo se subsumen perfectamente en el contenido del artículo 332 B del Código Penal que literalmente dice: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas.- Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.”. Lo anterior, dado que por el principio de intangibilidad del cuadro fáctico de la sentencia dictada por el Juzgador, no le es posible al tribunal de casación alterar o modificar los hechos probados de la sentencia, sino solo analizar concretamente si la conducta desplegada por el autor se encuadra o no en una norma concreta del Código Penal. Por lo anterior, esta Sala declara sin lugar el motivo de casación de Infracción de Ley invocado por el recurrente. VIII. RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los Artículos 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 del Código Procesal Penal FALLA: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de ley Sustantiva, en su único motivo, interpuesto por interpuesto por el Abogado H. F. P., Apoderado Defensor del acusado F. A. B. contra la sentencia de fecha seis (06) de Diciembre de dos mil Trece (2013), dictada por el Tribunal de Sentencia de Danlí, Departamento de El Paraíso.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remiten las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha veintisiete días del mes de enero del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-301-2014.

JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

[1] Dictamen: “armas de fabricación casera o artesanal (tipificación)”. Por: abogado m. e. g. v.. Magistrado Corte de Apelaciones La Ceiba, Atlántida. Máster en Administración de Justicia Penal. Especialista en Derecho Penal. Notario Público.