Sentencia CP-292-13 — Registro 8077
Resumen
En primera instancia se condeno a imputado por el delito de tortura. resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Sala de lo Penal concluye que tal violación denunciada es tanto improcedente como inexistente, en base a las siguientes consideraciones: 1).-En el proceso procesal penal rige el PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN, entendido como la perdida de la oportunidad de las partes para la presentación de peticiones o para la realización de actuaciones como consecuencia de haberse superado un momento procesal determinado, y que tiene como objeto mantener el orden de consecución del proceso y su pronta realización. Es por ello que el Artículo 167 del Código Procesal Penal establece los momentos procesales en que debe de denunciarse vicios procesales, entre ellos cualquier afectación al ejercicio de la defensa (Art. 166.6 cpp), por lo que una vez superado dicho momento procesal, el vicio se considera subsanado por la falta de reclamación (Art. 170.1 cpp).- Invoca el debido proceso el Censor pretendiendo una sentencia absolutoria a favor de su represe4ntado, pero lo cierto es que acceder a tal petición sería desconocer dicho principio, pues la defensa de éste nada alego, ni nada denuncio en la audiencia de declaración de imputados celebrada en fecha 12 de Febrero de 2009 (02 meses con 15 días después), (F. 19), por lo que el derecho a presentar algún argumento al respecto le precluyó desde aquella fecha."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 167 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 166, N.6 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 170, N.1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I SENTENCIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL A LOS VEINTISIETE (27) DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017).- El pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados en su calidad de coordinador Rafael Bustillo Romero, Alma Consuelo Guzmán G. y J. Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncia: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, LA SENTENCIA en el Expediente 292-2013, conociendo de los Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha uno de agosto del año dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual condenó al señor O. F. U. E., como autor responsable del delito de Tortura, en perjuicio del señor M. E. C. C., a la pena de cinco (5) años de reclusión, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal.- Asimismo se le declara la responsabilidad del condenado O. F. U. E..- No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados en el juicio.-Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, El Abogado C. A. R., actuando en su condición de Apoderado Defensor del señor O. F. U.. Son Partes: El Abogado C. A. R. T., apoderado defensor privado del acusado O. F. U. E., en su condición de Recurrente y la Abogada M. E. G., agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrida. II.- HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA Primero.- El trece de diciembre de dos mil siete, el señor M. E. C. C., laboraba como receptor de valores de la empresa Proval, y cuando se ocupaba de esta actividad en el banco Lafise, ubicado en la avenida circunvalación de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, donde debía recibir once bolsas conteniendo dinero, se percató que faltaba una de ellas, por lo que informó de esto al cajero respectivo. Segundo.- Al día siguiente, el señor C. C. y un representante de dicha empresa, interpusieron la denuncia relacionada con el extravío de la bolsa en cuestión, ante la Dirección Nacional de Investigación Criminal, asignándoles a los agentes de policía O. F. U. E. y J. A. A. G., como encargados de las investigaciones. Tercero.- El veintisiete de diciembre del mismo año, el señor O. F. U. como parte de las investigaciones que tenía a su cargo, llamó al señor A. J. M., en su condición de supervisor de seguridad de la empresa proval, para que hiciera llegar a las oficinas de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, ubicada en el barrio la guardia de esta ciudad, al joven M. E. C. C., con la finalidad de recibirle su declaración, lo cual hizo así, siendo recibido el señor C. C., por el agente U., quien lo introdujo en las oficinas de la unidad anti asalto y le mostró un video donde se observaba a una persona llevando la bolsa de valores que él reportó como extraviada, consultándole acerca de la identidad de dicha persona y que participación había tenido él en esos hechos, expresándole que si no ofrecía la información requerida, procedería legalmente contra él, y ante la respuesta negativa de éste, le expresó que si no hablaba por la buena, lo haría por las malas, enseguida, lo despojó de su camisa, lo ató con unas fajillas plásticas de sus manos y pies y lo lanzó al piso, procediendo a colocarle un pedazo de tela en su cara y un hule que le obstruían la respiración. Seguidamente ingresaron otras personas y junto al señor U., continuaron interrogándolo, propinándole golpes y a la vez le halaban el hule de forma intermitente y cada vez que cesaba dicho procedimiento le interrogaban acerca de las incidencias relacionadas con el extravío de la bolsa en mención. Acto seguido, el señor U. y sus acompañantes se retiraron del lugar e ingresó otro agentes de investigación, J. A. A. G., quien lo desató de las ligaduras y procedió a recibirle la declaración por la cual originalmente fue citado a dicho lugar.”. III.- RECURSO DE CASACIÓN.- MOTIVOSY ARGUMENTOS III.I.-Exposición De Motivos Por Infracción Del Precepto Constitucional Primer Motivo: Haberse producido infracción de Precepto Constitucional en el Desarrollo del Proceso. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Art. 361 del Código Procesal Penal (en adelante “CPP”).Explicación Del Motivo. El precepto constitucional que se invoca como infringido, prescribe: Art. 90 de la Constitución de la República: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.”El Concepto De La Infracción La Explico De La Siguiente Manera: El Derecho al Debido Proceso, forma parte de la gama de derechos individuales que regula la parte dogmática de la Constitución de la República; el cual se constituye en un instrumento de protección frente al Poder Estatal (IusPuniendi) para garantizar a los ciudadanos la correcta administración de justicia enmarcada dentro del principio de legalidad (art.321 de la Constitución de la República) y el derecho a la defensa (art.82 de la Constitución de la Republica; como nos dice Luigi Ferrajolien su libro Derecho Y Razónpágina 32 “...el ejercicio de la autoridad no otorga licencia para quebrantar la ley, ni aún con el pretexto de combatir el crimen o la violencia...” su afectación legal, en consecuencia, sólo es posible producirla en las situaciones reguladas por la misma Constitución de la República, y por delegación de ésta, por la legislación secundaria, a la cual se le asigna la función de establecer los casos, condiciones y formalidades que deben respetarse en el caso que sea necesaria la afectación de los derechos individuales de cada persona. De esa forma, y en consonancia estricta con la Constitución, el Código Procesal Penal es la norma autorizada por el Legislador Constitucional para establecer las condiciones y formalidades a seguirse cuando al Poder Estatal le resulte necesaria la vulneración de una garantía constitucional, de ahí que el derecho penal y en esta caso el derecho procesal penal sea reconocido por la doctrina como derecho constitucional aplicado.- De esa forma, en el presente caso que ha representado el enjuiciamiento y condena del ciudadano O. F. U., en el cual se ha producido una evidente violación a su Derecho Constitucional Al Debido Proceso, principio de Legalidad, y derecho a la Defensa, al ocurrir las siguientes anomalías: Basta observar el acta que corre a folio 39 a la cual el ente acusador denomino Declaración De Investigado de fecha Veintisiete De Noviembre Del Año Dos Mil Ocho, la defensa considera que al tenor del artículo 101 del CCP, ese era el momento para que al señor U. se le leyeran todos sus derechos de la manera y con el formalismo exigido por la ley, nótese el último párrafo del art. 101 del CCP claramente manifiesta “...La policía nacional, el Ministerio Público y los jueces, harán saber, de manera inmediata y comprensible, a la persona imputada o a la que, sin serlo aún, pero siendo objeto de investigación por el Ministerio Público, comparezca ante éste para ser oída, todos los derechos a que el presente Artículo se refiere, lo cual se hará constar en acta que deberá ser firmada por la persona que ha comparecido o consignarse su negativa....” Lo que nos parece inconcebible es que sea la fiscalía especial de derechos humanos la que pretende desconocer estos derechos y garantías, haciendo incurrir en error al tribunal de sentencia cuando este desconoce el derecho de mi representado a un juicio justo mediante un debido proceso, como lo manifiesta el Dr. J. A. M. R. en su libro Derechos Humanos Y Proceso Penal (un vistazo al proceso penal hondureño página 71) “...las normas internacionales de derechos humanos enfatizan en darle un lugar privilegiado a la regulación de los derechos de las personas imputadas durante el proceso penal para que estas, al enfrentarse a la acción penal pública, gocen de todas los condiciones que le garanticen un juicio justo...” y esto es así pues estas garantías y derechos son el único freno que tienen los ciudadanos contra el poder estatal.- Lo que creemos como defensa es que el M.P. debió apegarse al principio de objetividad plasmado en el art. 93 del CCP y solicitar se absolviera a mi Representado por existir vicios de nulidad en el presente proceso, y esto debió haber sido así pues el fiscal reconoce que NO se le leyeron los derechos a mi representado. De todo lo indicado, se sigue que habiéndose irrespetado las reglas esenciales desarrollada en el Art. 101 del CPP para válidamente tomar una declaración en su condición de imputado, no puede estimarse como legítimo lo alegado por el ente acusador de que a mi representado se leyeron sus derechos en audiencia de declaración de imputado (ver folio 19 del expediente de mérito).- cuando ya se le había tomado declaración como imputado (ver folio 39 del expediente de mérito).Al no cumplirse con los requisitos y formalidades exigidas por la ley, es que, como se ha dicho, resulta violentada esta norma constitucional Contenida En El Art. 90 Constitucional. Con las graves irregularidades y abusos cometidos en los actos realizados por el Ministerio Publico y la Policía, se afectó a su vez la garantía de legalidad establecida en el Art. 321 de la Constitución de la República, según la cual, “Los servidores del Estado no tiene más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”, infracción al principio de legalidad que resulta de la no observancia de las reglas esenciales establecidas en el Art. 101 Del CPP para garantizar el derecho a la defensa que tiene derecho todo ciudadano.- La finalidad del artículo 101 del Código Procesal Penal es el cumplimiento y vigilancia de la garantía constitucional del Derecho A La Defensa mediante un Debido Proceso consistente en informar a quien se está investigando de los hechos que se le imputan para que este a su vez se haga acompañar de una defensa técnica, lo que no ocurre en el caso de autos, donde se ha incumplido el procedimiento, ya que no consta en las actas policiales la lectura de derechos a mi representado, hecho este que es aceptado por el Ministerio Público de manera expresa “...el Ministerio Público esta consiente que no se le leyeron los derechos al imputado...”(ver página uno del acta de juicio oral).- El Tribunal sentenciador al aceptar como válida el acto impugnado sin cumplir os extremos de la ley para la validez del mismo, está sustituyendo normas constitucionales y normas del Código Procesal Penal cuyo cumplimiento es obligatorio por la forma arbitraria con que actúan los funcionarios policiales y del Ministerio Publico, deja demostrado que ha infringido el precepto constitucional, artículo 90 constitucional en relación con los artículos 101 del Código Procesal Penal y art. 82 y 321 de nuestra Constitución. En cuanto a la nulidad planteada por la defensa el tribunal manifestó “...se declara sin lugar por extemporáneo de advertir el tribunal que se violentaron derechos y garantías a su representado se establecerán en la sentencia correspondiente…” al analizar la sentencia de fecha 01 de Agosto del 2012, se observa que en ningún momento el tribunal se pronunció sobre las nulidades planteadas por infracción del precepto constitucional.- Al NO pronunciase el tribunal recurrido sobre la nulidad planteada, entendemos que el mismo está aceptando los argumentos planteadas por el ministerio público como válidos.- El Tribunal Constitucional de España a partir de la sentencia 114/84 reconoció la imposibilidad de admitir en el proceso una prueba obtenida violentando un derecho fundamental o una libertad fundamental, según el cual no surtirán efecto las pruebas obtenidas directa o indirectamente violentando los derechos o libertades fundamentales...”. sin embargo en el caso que nos ocupa, hemos notado que el Tribunal De Sentencia De La Sala Segunda al No pronunciarse sobre la violación a la Constitución que se ha pretendido establecer de parte de esta defensa en la solicitud de nulidad planteada, le ha dado el carácter legal a Actos que carece de toda forma y respeto legal, como es la lectura de derechos a mi representado ya que obra a folio 19 del expediente de mérito obra declaración tomada a mi representado en su carácter de imputado y anterior a esta no consta acta de lectura de derechos al mismo, lo que ha motivado que se interponga el presente recurso de casación para que este Tribunal Supremo con criterio objetivo se pronuncie sobre dicha violación constitucional tanto a la garantía individual al debido proceso, como al efectivo derecho a la defensa que está contenido en la reclamación de nulidad que se ha planteado de parte de esta defensa.- Esa nulidad del acto que contraviene la Constitución y la Ley, como acontece el presente caso, aparece ratificado por el Art. 200 del CPP, que dispone que: “Carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales relativos a derechos humanos de los cuales Honduras forme parte; así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiera .sido posible su obtención sin la información derivada de ellos, sin perjuicio de la responsabilidad en que haya podido incurrir quien obtuvo ilícitamente la información”.- Como si fuera poco, el Art. 166.7 del CPP, establece como causa de nulidad absoluta los actos procesales realizados: “Con violación de los derechos y libertades fundamentales de la persona, consagradas por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y demás leyes” y el alcance de la nulidad del acto lesivo a los derechos fundamentales de la persona está también determinado por el Art 169 del mismo Código, cuando dispone que declarada la nulidad, carecerán de valor y efecto alguno no sólo el acto viciado, sino también todos los que se hayan realizado con posterioridad, siempre que dependan directamente de aquél. Así las cosas, y en cumplimiento estricto de las normas señaladas, al vulnerarse las normas esenciales establecidas por el legislador para realizar una correcta investigación, lo que repercute en la Violación al Derecho al debido proceso y principio de legalidad, procede ante esa infracción la declaratoria de nulidad por no existir en el expediente el acta de lectura de derechos al imputado O. F. U., pero a su vez, procede la declaratoria de nulidad y carencia de valor probatorio de los actos Dependientes de esa actuación procesal, en concreto. De esa forma, se pide que mediante la sentencia que declare su absolución, se le restituya en cierta forma del vejamen a que ha sido sometido ya que es esa la única forma de garantizar la efectividad demandada por el Art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en cuanto al sistema recursivo, como medio válido de protección a los derechos fundamentales de la persona. Finalmente, es importante señalar, que el cuestionamiento constitucional al debido proceso, fue reclamado por la defensa del señor O. F., desde el propio desarrollo del juicio oral y público; lamentablemente, en esa ocasión no se tuvo el alcance de observar la clara infracción a Art. 90 de la Constitución de la República, por lo que se hizo un eficaz reclamo en su momento oportuno; y aunque el Tribunal de sentencia no aprecio la infracción alegada, ello no es obstáculo para que en esta vía recursiva de casación se observe dicha infracción pues los tribunales conociendo por vía de apelación o casación están facultados para invalidar de oficio las sentencias que se impugnan, cuando aparezca de manifiesto en ellas algunos vicios específicamente señalados.”. III.II.-Expresión De Los Motivos De Casación Por Quebrantamiento De Forma. ”Segundo Motivo: Insuficiencia de Motivación fáctica en la Sentencia impugnada. Precepto Autorizante: El presente motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma, se encuentra comprendido en el numeral 3) del Artículo 362 del Código Procesal Penal. Norma Adjetiva Infringida: Mediante este vicio “in procedendo”, el Tribunal de Sentencia ha infringido lo dispuesto en el Articulo 338, parte Cuarta, numeral 2) del Código Procesal Penal, en cuanto ordena que toda Sentencia Definitiva deberá fundamentarse, entre otras cosas, con la Valoración de la Prueba.El Concepto De La Infracción La Explico De La Siguiente Manera: En la Sentencia Definitiva que hoy se impugna, este Tribunal de Sentencia declaró, como Tercer Hecho Probado, entre otras cosas que “...El veintisiete de diciembre del mismo año el señor F. U. como parte de la investigación que tenía a su cargo, llamó al señor A. J. M., para que le hiciera llegar a las oficinas de la Dirección Nacional de Investigación Criminal,.., al joven M. E. C. C.,.., lo cual hizo siendo recibido el señor C. C., quien lo introdujo en las oficinas....lo ató con unas fajillas plásticas de sus manos y pies propinándole golpes y a la vez le alaban el hule de forma intermitente…. el señor U. y sus acompañantes se retiraron de ese lugar e ingresó el otro agente de investigación J. A. A. G., quien lo desató de sus ligaduras y procedió a recibirle la declaración….”; y es por tales razones que se condena a mi representado O. F. U. por el delito de Torturas. Ahora bien, para, justificar o fundamentar esta aseveración de hecho que sirvió de base para emitir el fallo condenatorio en perjuicio de mi mandante, el Tribunal Sentenciador expresa su convicción de que dicho encausado golpeo al señor M. E. C. C., porque el mismo fue llevado a las oficinas de la Dirección de Investigación Criminal por solicitud del agente U.. Esa es la forma en como el Tribunal Sentenciador motiva su conclusión fáctica a la que arriba sobre la participación de mi mandante en las torturas al señor C., y dicha motivación es, a todas luces, insuficiente, pues no logra evidenciar esa conexión lógica e inequívoca entre el indicio conocido y la verdad que se quiere conocer. Se afirma que este razonamiento del Juzgador acerca de que, por haber sido el agente U. quien solicito que llevaran al señor C. C. a declarar; se traduce en una motivación insuficiente, en virtud que, a través de la misma, este tribunal de Sentencia no ha logrado armonizar los siguientes aspectos que también han sido estimados en el acápite de Valoración de la Prueba: “El dictamen 200712330- 2006 practicado a M. C. C. por la doctora M. E. S., profesional que ratifico dicho dictamen en Juicio, dictamen en el que concluye “...1.- tipo de lesión: Equimosis...” ¿Por qué el sentenciador asegura entonces que el señor M. E. C. fue golpeado? Si se sabe que la equimosis son lesiones que se producen por el rose de un objeto o cuerpo romo, y la misma doctora al ser preguntada en juicio... ¿tenía evidencia de haber sido golpeado?... A lo cual respondió contundentemente ...NO..., por lo que no se justifica como es que se llega a la conclusión de que mi representado O. F. U. golpeó a el señor M. E. C., cuando por otro lado, se nos dice que la lesión es Equimosis, además afirma el tribunal que ...le dan credibilidad a esa prueba por haber sido efectuada por una profesional con la experiencia suficiente en la materia, sin un interés particular en la causa..., pero a la hora de valorar la prueba no toma en consideración lo manifestado por esta profesional en su conjunto y extrae solamente lo que conviene a los intereses del ente acusador. Es por estas razones que se afirma que en el presente caso, el Honorable Tribunal de Sentencia, al concluir que el señor M. E. C. fue Torturado sin que exista esa conexión lógica y necesaria entre los indicios de los que parte el Sentenciador y la conclusión a la que finalmente arriba, conlleva una innegable motivación fáctica insuficiente en el fallo impugnado, pues el Sentenciador no ha podido fundamentar de manera lógica su afirmación de los hechos probados. De esta manera, se evidencia que este Tribunal de Sentencia, ha infringido el mandato estipulado en el Artículo 338, parte Cuarta, numeral 2) del Código Procesal Penal, en cuanto la Motivación fáctica del Fallo es insuficiente. Si este Honorable Tribunal de Sentencia, al momento de valorar las pruebas, hubiese fundamentado suficientemente tal valoración, obviamente hubiese llegado a una conclusión muy distinta sobre la participación de mi defendido O. F. U. en el hecho (Torturas) por el cual ha sido condenado; y por tanto, al no haberlo hecho así, amerita que la Honorable Corte Suprema de Justicia, actuando a través de su Sala de lo Penal como Tribunal de Casación, anule el fallo recurrido y devuelva los antecedentes a este Tribunal de Sentencia para que se subsanen los vicios procesales incurridos. Reclamaciones Hechas Para La Subsanación De La Falta: Por tratarse la insuficiente o defectuosa Motivación fáctica del Fallo, de un vicio in procedendoque se comete en la Sentencia Definitiva misma; contra tal vicio, por su naturaleza, no es posible intentar ningún otro recurso más que el presente.”.- Tercer Motivo: Basarse la Sentencia impugnada en elementos probatorios no incorporados legalmente al Juicio. Disposición infringida artículo 253 del Código Procesal Penal. Precepto Autorizante: El presente motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma, se encuentra autorizado en el numeral dos y cinco del Artículo 362 del Código Procesal Penal. Norma Adjetiva Infringida: Mediante este vicio in procedendoel Tribunal de Sentencia ha infringido los artículos 253 del Código Procesal Penal. El Concepto De La Infracción La Explico De La Siguiente Manera: La exposición del motivo lo hago de la manera siguiente: El precepto penal sustantivo que se invoca como violado o falta de observación procedimental son los artículos 253 del Código Procesal Penal que literalmente prescriben: artículo 253, reconocimiento de las personas en rueda. Para identificar a una persona o para establecer que quien la menciona efectivamente la conoce o la ha visto, deberá practicarse su reconocimiento, el cual se hará de la siguiente manera: 1- quien lleve a cabo el reconocimiento, describirá la persona que se trate y manifestara si después del hecho que es objeto de investigación, la ha visto de nuevo, en qué lugar, porque motivo y con qué propósito. 2- se tomaran las previsiones para que el imputado no se desfigure y se le pondrá junto a otras personas que físicamente se le parezcan. 3- se preguntara a quien lleve a cabo el reconocimiento, si entre las personas que se refiere el numeral anterior se halla el imputado y, en caso afirmativo se le invitara para que lo señale en forma precisa. 4- Finalmente quien lleve a cabo el reconocimiento, expresara las diferencias y semejanzas que observe entre el estado actual de la persona señalada y el que tenía en la época a que se refiere la declaración, el reconocimiento procederá aun sin el consentimiento del imputado cuando el imputado no pueda estar presente se podrá utilizar su fotografía u otro registro, la observación de las personas que se refieren los numerales uno y dos se practicara en un lugar en que quien hace la identificación no pueda ser visto por aquel a quien se trata de identificar .El Concepto De La Infracción Lo Explico De La Siguiente Manera: Quienes supuestamente identifican a mi representado es el testigo A. J. M. (testigo de referencia) y la supuesta víctima M. E. C. C., el primero identifica que el agente U. está en la sala respondiendo a la pregunta del fiscal...SI..., el señor C. C., responde a la pregunta del fiscal...recuerda como era F. U.?...Es Trigueño, Pelo Liso Negro, Algo Fornido.... No estamos interponiendo el recurso contra los hechos probados ni contra las pruebas testificales, ya que esto desestimaría el recurso, sino contra el mal procedimiento que se efectuó para identificar a mi representado, violentando así los artículos 253 del Código Procesal Penal. La Ley establece que la identificación de los imputados deben de hacerse en rueda y con personas que se les parezcan y los testigos que reconozcan a los imputados deben estar separados, violentando dichos principios el Tribunal de sentencia al realizar la supuesta identificación que le da el carácter de hechos probados se lleva a cabo en la Sala de Debate después de dos años y es que al lado del abogado con características física muy diferentes estaba el imputado, que solo era manifestarle a los testigos cuales eran sus características físicas y eso era todo, por lo que creemos que dicha identificación no llena los requisitos esenciales para conceptuarla como una identificación plena del imputado, al dar características generales, como ser trigueño, pelo liso negro, algo fornido, partiendo de eso afirma el señor M. E. C. C., que mi representado fue la persona que participo en los hechos acaecidos en las oficinas de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, el día 27 de Diciembre del 2007, esto es una aberración jurídica, co9siderando que en la valoración de la prueba el Tribunal Sentenciador, le dio toda la credibilidad al señor C. C. en su condición de víctima habiendo manifestado la defensa que dicho señor tenía un fundado motivo para perjudicar a mi representado. La sentencia recurrida ósea la dictada por el Tribunal de sentencia en la Sala Segunda ha violentado el Código de Procesal Penal en su artículo 253 del Código Procesal Penal. La infracción productora de este recurso se deriva precisamente de la relación de hechos probados, que en la resolución impugnada se establece por la Sala Sentenciadora ósea la Sala Segunda, no siendo licita argumentación basada en otros hechos que no sean aquellos que como probados se declaran ya que su determinación es de interpretación estricta, pues si así no fuera se atacaría la independencia que la ley otorga al Tribunal sentenciador para ser juez soberano de las pruebas (Sentencia del 28 de Octubre 1949). La declaración de hechos probados constituye el cimiento, el arranque de la sentencia penal en esa declaración deben expresarse los hechos que el Tribunal considera que han sido probados en el juicio y nada más que hechos acaecidos, obviamente, antes y fuera del proceso. Habrá de tenerse cuidado no incluir en las mismas actuaciones meramente procesales que no son realmente hechos, procederá el recurso de casación en la forma si falta esa declaración, o si no es clara, es decir que los hechos que no hayan sido expuesto sin oscuridades en una secuencia lógica fácilmente entendible aun por personas que no tengan formación jurídica y que no tengan declaraciones que digan posiblemente o casi seguro. (Código Procesal Penal, comentado, página 585).Siendo así las cosas creemos que esta Corte debe admitir el recurso de casación por quebrantamiento de forma y anular el fallo recurrido y devuelva los antecedentes a este Tribunal de Sentencia para que se subsanen los vicios procesales incurridos, en virtud de no haberse seguido el procedimiento procesal para la identificación de mi patrocinado, ameritando así que dicha sentencia debe ser anulada. Cuarto Motivo: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica”.-Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal.-Norma Adjetiva Infringida: Mediante este vicio “in procedendo”, el Tribunal de Sentencia ha infringido lo dispuesto en el Articulo 338, parte Cuarta, numeral 2) del Código Procesal Penal, en cuanto ordena que toda Sentencia Definitiva deberá fundamentarse, entre otras cosas, con la Valoración de la Prueba. El Concepto De La Infracción La Explico De La Siguiente Manera: Será de utilidad para la mayor comprensión del presente recurso establecer lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal. Según el Artículo 202 del Código Procesal Penal, el sentenciador formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la sana crítica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta con las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados: En el presente proceso con la finalidad de acreditar los hechos se desarrollaron, entre otras pruebas de cargo, las siguientes: declaraciones de M. E. C. C. (víctima), J. A. A. G. (policía), A. J. M. V. Y E.O.Z. R. (testigos de referencia); también prueba pericial rendida a través de la médico forense M. E. S.; asimismo se incorporó por lectura a).- Acta De Inspección, B).- Acta De Decomiso O Secuestro (ambas actas realizadas por N. O. en fecha siete de Enero del 2008) y Una Constancia De Trabajo.- En el transcurso del presente proceso se han confrontado dos versiones, por un lado la de cargo que señala que el señor U. han ejercido actos de Tortura en perjuicio de M. E. C. C., y por otro lado la versión de defensa que indica que no se cometieron dichos actos de tortura por lo menos no por parte del señor F. U.. El Testigo A. J. M. V., narró (Ver Página 4 Del Acta De Juicio Oral Y Publico)...que se extravió una bolsa con trescientos mil lempiras (Lps. 300,000.00)..., También declaro el señor A. M.:… en ese momento fui con mi jefe a ver unos videos y después fui a las oficinas de la DGIC en compañía de M., ya que el señor U. me pidió que lo llevara… nótese que el testigo hace referencia al día en que se extravió el dinero o sea el 13 de Diciembre del 2007, pero más interesante aun es Cuando el agente fiscal interrogo al señor M. le pregunto ...Quién recibe a M. C. cuando llegó a la DGIC?... A lo que el señor M. respondió… Habían cuatro agentes allí...,posteriormente el agente fiscal hace una serie de preguntas para que el testigo diga si conoce a mi representado, a lo que el testigo responde que efectivamente lo conoce, por lo que la defensa le pregunta...Cuándo llegó a las oficinas de la DGIC ¿estaba el agente U.?... la respuesta de este testigo que manifestó conocer a mi representado es categórica al decir...No Estaba... Mientras que el testigo J. A. A. G., relató (Ver Página 3 Del Acta De Juicio Oral Y Público) que el señor C. C. estaba en la oficina y le manifestó que lo tenían por una situación que se dio en Proval. Asimismo el señor A. sostiene que...antes de entrar al lugar salieron cuatro compañeros con pasamontañas... el agente fiscal con la intención de colocar a mi representado en el lugar de los hechos y de confundir al tribunal le interroga...recuerda donde estaba asignado F. U. en ese momento?... a lo que el testigo responde...estaba asignado en la misma sección, pero en ningún momento lo miré... El conjunto de esta prueba brinda una información que el Tribunal de Sentencia no logró extraer, incurriendo así en la violación del requisito de suficiencia que, a su vez, íntegra el postulado de razón suficiente que conforma el principio de derivación que informa la Lógica como Regla de la Sana Crítica que se debe de aplicar el Juzgador al momento de valorar la prueba. Dicho desprecio a la información que brinda la prueba tiene apariencia de logicial, en tanto que se señalan aparentes justificaciones, pero éstas no soportan un examen de valoración que le permitan afincarse como cimientos de una decisión judicial. Señalaremos con palabras del Dr. E. R. Z., Quien en su libro Manual De Derecho Penal parte general manifiesta: que la carga de la prueba representa el gravamen que recae sobre las partes para facilitar el material probatorio necesario al juez para formar su convicción sobre los hechos; este gravamen en relación al Ministerio Publico no constituye realmente una carga, sino una obligación de la que no se puede lícitamente desatender dados los motivos de su intervención.- En otras palabras esto significa que la carga de la prueba la tiene quien sostiene el alegato; es decir, en el presente caso el Ministerio Público estaba obligado a probar en primer lugar que se había cometido el delito de Torturas, y en segundo lugar también estaba obligado a probar quien o quienes eran los responsables de la comisión de dicho delito mediante una correcta individualización de las personas que según ellos habían participado en el mismo en estricto apego al principio de objetividad que la ley le exige, al no hacer esto el M.P., el tribunal se ve sorprendido. En ese sentido, y respecto al indiciado O. F. U., No se ha logrado confirmas que Sea El Responsable pues con las declaraciones antes relacionadas de los señores M. Y A. queda claro que mi representado no se encontraba en el lugar de los hechos.- Una vez afirmado ese extremo, la prueba de cargo automáticamente se convierte en prueba de descargo. Esa prueba consistió en la declaración rendida por A. J. M. y J. A. A. V., prueba que al haberla valorado el tribunal ha infringido el Principio de Derivación o del Tercero Excluido, ya que se ha extraído una información que la prueba no podía otorgar. Recordemos que los testigos M. y A. son testigos que fueron propuestos por el ente acusador y eso lo pone en situación de potencial parcialidad para con el Ministerio Publico, pero los testigos dijeron únicamente lo que sabían y sus deposiciones son favorables a los intereses de mi representado pues ambos testigos son congruentes cuando menciona que habían cuatro agentes y que ninguno de ellos era U., Por lo que esas declaraciones son fehacientemente en ese sentido.- Como hemos apreciado, el ejercicio probatorio del Ministerio Publico no tiene la consistencia para dar por acreditado los extremos que se propone al haber considerado el Sentenciador lo contrario, se ha incurrido en la infracción a las Reglas de la Sana Critica que estamos denunciando, vicio in procedendoque también se hace patente respecto al hecho de que el señor U. sea el responsable de haber causado golpes al señor M. C., es trascendente destacar que del andamiaje probatorio del Ministerio Público, no se desprende inferencia que pudiesen justificar el referido hecho, pues la Doctora perito del Ministerio Publico M. E. S., ,dejo claro que el señor M. C., solo presentaba lesiones en sus muñecas y no tenía evidencia de haber sido golpeado.- La acusación NO ha logrado confirmar que mi representado estaba en el lugar de los hechos y mucho menos que el haya golpeado al señor C., como instrumento para la participación en el delito de Torturas (pero, a pesar de que la prueba informa estos extremos el Tribunal de Sentencia no es capaz de extraer dicha información incurriendo en la vulneración al Principio de Derivación). Para efectos de dar una mejor perspectiva de los hechos, haremos una breve acotación (puede verse en las fotografías agregadas al proceso), en las que aparece el señor M. C., cual modelo de revista con las fajitas en sus manos y pies, además con moretones en la espalda, ¿Cómo es posible? Si tanto el señor C. como el testigo A. manifestaron que este último le corto las fajillas plásticas con una tijera, ¿Cómo es entonces?, en las fotografías aparecen colocadas las fajillas plásticas en los pies y las manos del señor M. C., lo que todavía es más extraño para esta defensa es que para quitarse estas fajillas es necesario cortarlas, pero el ente acusador presento como evidencia física unas fajillas plásticas intactas (que fueron decomisadas al señor C. según acta de decomiso), ¿Cómo es esto posible? Si fueron cortadas, a este la defensa hace referencia en las conclusiones (ver página número seis del acta de juicio). Es evidente que Queda así demostrado que se ha incurrido en esa doble infracción a las Reglas de la Sana Crítica, el principio de Derivación, dado a que no se extrae la información que brinda la prueba de cargo que a la vez se convierte en prueba de descargo, y el principio del Tercero Excluido, en tanto que se utiliza la prueba de cargo para extraer una información que no puede contener; el Tribunal genera la inferencia de participación del acusado en el hecho objeto del procesamiento; de tal suerte que, como se puede apreciar, las deposiciones dadas merecen total credibilidad pero no como prueba de cargo ,sino más bien como prueba de descargo y no puede ser ignoradas por el Sentenciador, sin dejar de considerar que las declaraciones nos proporcionan elementos que confirman lo manifestado por uno y otro; además de que la versión de cargo no reúne los requisitos de idoneidad necesario para fundamentar un fallo; es decir, se presentan dos versiones, de las dos, es la tesis de descargo la que resiste el examen valorativo a la sombra de la Sana Critica como para generar la certeza de NO determinar responsabilidad del imputado.- Es así que la Defensa aprecia que las pruebas de cargo no fueron valoradas con apego a las reglas de la sana crítica, ni mucho menos fueron relacionadas entre sí en todo su conjunto, como lo exigen los Artículos 202, 336 del Código Procesal Penal, como para extraer la conclusión fáctica que el imputado es el responsable del delito de Torturas en perjuicio de M. C..- Reclamaciones Hechas Para La Subsanación De La Falta: Por haberse producido el vicio in procedendodenunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.”. IV.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA IV.I.- Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica recursiva, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente F. expresa que (Llorente F. De La R., Á., en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, R. A. M., LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial.IV.II- Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por el Abogado C. A. R., Defensor privado del acusado O. F. U..- Único Motivo. Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 90 de la Constitución de la República; Concepto de la Infracción: Falta de lectura de derechos al acusado en audiencia administrativa; Remedio de Subsanación o Saneamiento Presentado contra el Vicio Denunciado: Reclamación hecha en la audiencia de debate; Pretensión: Declarar Sentencia absolutoria a favor del acusado. El Censor hace el recuento que en fecha 27 de Noviembre de 2008, le fue tomada declaración administrativa al acusado en el Ministerio Público, misma que consta a folio 39 del acumulado judicial, reprochando que en aquella oportunidad no se le hizo saber al acusado sus derechos procesales tal y como ordena el artículo 101 del Código Procesal Penal, lo que implica violación al debido proceso, al principio de legalidad y al derecho de defensa; Relaciona el Censor el artículo 200 del mismo cuerpo legal, que define la prueba ilícita. IV.II.I- Del Debido Proceso Penal La Garantía del debido Proceso, invocada por el Censor como aquella que ha sufrido inobservancia por el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, definido tradicionalmente como aquel que garantiza que nadie puede ser condenado sino tras haber sido juzgado por un Tribunal competente, bajo las formalidades previamente previstas en la ley; Sin embargo el Principio del Debido Proceso más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, como ser el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros, en fin el Principio del debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. El debido Proceso se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados.- La Sentencia debe ser el resultado de la celebración de un debate en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la sentencia se convierte en un fruto viciado; Estas reglas esenciales son los principios informadores de la fase de juicio: defensa, presunción de inocencia, contradicción, inmediación, oralidad, concentración y publicidad. (Al respecto ver fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de Noviembre del 2011 en Exp 318-2010). Particularmente y por referencia al recurso interpuesto, en relación al Derecho de defensa la Sala de lo Penal ha señalado que: “... uno de los requisitos Constitucionales del Proceso Penal, lo constituye el Derecho de Defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del iuspuniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (Véase P. G. G.. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.” (En fallo de fecha 02 de Noviembre del 2011, contenido en el expediente 342-09); Además esta Sala de lo Penal ha establecido que “…el Derecho de Defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…” (En fallo de fecha 22 de Septiembre del 2011, contenido en el Expediente 390-09).- El Derecho de Defensa de derechos subjetivos es una reacción al hecho delictivo que obliga al Estado y posibilita al perjudicado a presentar la acción penal en los casos permitidos por la ley, pero además, entablada la acción, genera el derecho de la persona acusada de oponerse a ella, por tanto vincula a todas las partes litigantes en contienda, generando el deber de los órganos jurisdiccionales de velar estrictamente por su cumplimiento, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia en el estricto equilibrio que le exige el Principio de Igualdad. IV.II.II.- De la Procedencia del Recurso EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- El Censor señala que la violación al derecho de defensa y por ende a un debido proceso, se materializó al haber el Ministerio Público tomado la declaración administrativa al acusado O. F. U. E., en fecha 27 de Noviembre de 2008, como parte de las diligencias que conformaron la Investigación Preliminar, sin informarle los derechos procesales contenidos en el artículo 101 del Código Procesal Penal, tal y como esa misma norma señala. Sin embargo habiendo pasado revista de las diligencias esta Sala de lo Penal concluye que tal violación denunciada es tanto improcedente como inexistente, en base a las siguientes consideraciones: 1).-En el proceso procesal penal rige el Principio de Preclusión, entendido como la perdida de la oportunidad de las partes para la presentación de peticiones o para la realización de actuaciones como consecuencia de haberse superado un momento procesal determinado, y que tiene como objeto mantener el orden de consecución del proceso y su pronta realización. Es por ello que el Artículo 167 del Código Procesal Penal establece los momentos procesales en que debe de denunciarse vicios procesales, entre ellos cualquier afectación al ejercicio de la defensa (Art. 166.6 cpp), por lo que una vez superado dicho momento procesal, el vicio se considera subsanado por la falta de reclamación (Art. 170.1 cpp).- Invoca el debido proceso el Censor pretendiendo una sentencia absolutoria a favor de su represe4ntado, pero lo cierto es que acceder a tal petición sería desconocer dicho principio, pues la defensa de éste nada alego, ni nada denuncio en la audiencia de declaración de imputados celebrada en fecha 12 de Febrero de 2009 (02 meses con 15 días después), (F. 19), por lo que el derecho a presentar algún argumento al respecto le precluyó desde aquella fecha. 2).- El Censor no identifica cual es el perjuicio material que le ocasionó el supuesto acto viciado que se denuncia; Específicamente se alega violación al derecho de defensa, más no explica a esta Sala de lo Penal de qué forma tal derecho se vio afectado de cara a la audiencia de debate, pues el documento contentivo a la declaración administrativa del acusado tomada por el Ministerio Público no fue prueba documental en la audiencia de debate y por tanto no fue considerada por los Juzgadores como fuente de información a valorar y considerar al momento de emitir la resolución condenatoria.- Cabe advertir que la falta de previsión de lo que señala la norma, como ser la lectura de los derechos procesales de la persona que en ese momento estaba siendo investigada, existió desde el punto de vista formal siendo un llamado de atención al Ministerio Público pues en sede fiscal le corresponde cumplir y hacer cumplir lo mandado, más en el caso de autos no se ha traducido en un perjuicio material y efectivo al derecho de defensa como se ha señalado, de tal dimensión que amerite revocar la sentencia condenatoria y dictar en su lugar una sentencia absolutoria, pues tal declaración administrativa no está vinculada a la decisión judicial final. IV.III.- Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez debe de estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. IV.IV.- Recurso de Casación por Quebrantamiento de Formainterpuesto por el Abogado C. A. R., Defensor privado del acusado O. F. U..-Primer Motivo. Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: 338.2 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: Insuficiente Motivación Fáctica; Acciones de Saneamiento o Subsanación: Imposibilidad de saneamiento, dado que el vicio está contenido en la Sentencia definitiva; Pretensión: Anular la sentencia Recurrida. Acusa el Censor de que el Dictamen Médico Forense No. 200712330-2006, fue valorado insuficientemente por los Juzgadores, pues los Juzgadores no lograron evidenciar una conexión lógica e inequívoca entre el indicio conocido y la verdad que se requiere conocer; explica que el A-Quo, afirma que el ofendido M. C. C., fue golpeado, más el dictamen médico solo refleja que éste presentaba equimosis, que son lesiones que se producen por el rose de un objeto o cuerpo romo, lo que fue confirmado por la Perito quien al ser preguntada señalo que el ofendido no fue golpeado, Concluye que el Tribunal de Sentencia afirma que el ofendido fue torturado, sin que exista conexión lógica y necesaria entre los indicios. IV.IV.I.- De la Insuficiencia de Motivación Fáctica Es claro para esta Sala de lo Penal que el Censor ha confundido el sentido del motivo planteado, pues por un lado el fundamento (precepto autorizante y normas infringidas), así como el concepto de la infracción se alega una insuficiencia motivación fáctica, en el desarrollo del contenido se denuncia una indebida valoración por violación a las reglas de la lógica. En procura de explicar más ampliamente lo señalado, es procedente conceptualizar que es motivación y cuando existe carencia o insuficiencia de ésta. El artículo 141 del Código Procesal Penal señala, que la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. El artículo citado establece como antagónico al concepto de motivación la simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o transcripción de preceptos legales. Ampliando lo anterior, la Sala de lo Penal, hace eco al Código Iberoamericano de Ética Judicial, el que en su Capítulo III de la Parte I, señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del Juez/a, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión; indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria. El Código Iberoamericano de Ética Judicial además establece, que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el Juez/a ejerza un poder discrecional; recalca que el Juez/a debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de Derecho: a) En Materia De Hechos: debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto; b) En materia de Derecho: no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe de señalar por qué una norma legal debe de regir un caso concreto. Añade además que la motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, o a las razones producidas por los jueces que hayan conocido antes del asunto, siempre que sean relevantes para la decisión a tomar. En todos los casos, señala el Código Referido, las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas. En resumen, la motivación debe de observar las siguientes características: Expresa, Clara, Completa, Legítima y Respetuosa de La Sana Critica. Ahora bien, ordena el artículo 141 del Código Procesal Penal, que las sentencias deberán de ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 338 del mismo cuerpo legal, así pues, la falta de una motivación Completa se traduce en el vicio in procedendo insuficiente motivación y la falta de una motivación Expresa, se traduce en el vicio in procedendo de Carencia de Motivación, provocando ambas situaciones la nulidad de la sentencia. (La motivación Legítima y Respetuosa de la Sana Crítica está asociado con el Motivo de Casación distinto al que se resuelve en esta oportunidad, contenido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal). Es importante recordar que las sentencias son la forma de comunicación entre el Juez/a y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas al segundo de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el Juez/a defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado, finalmente la sentencia concluye un conflicto surgido de la inobservancia de la ley, pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas –condenatoria y absolutoria- que le han presentado las partes. Con lo expresado es posible derivar cuando existe insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuando tales motivaciones son totalmente carentes: A) Carencia de Motivación Fáctica o Jurídica: Acontece cuando la sentencia no posea ninguna motivación fáctica o ninguna motivación jurídica, es decir, es la total omisión de fundamento probatorio o jurídico y con ello se produce el desconocimiento de las partes y del público en general, del por qué los juzgadores tomaron la decisión final, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario; Motivación Fáctica o Jurídica Insuficiente: Se presenta en los casos en que los Juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los Juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo. Son ejemplos de éste vicio, cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del por qué éstas están vinculadas al caso concreto y del por qué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables. La Insuficiencia de Motivación también se presenta cuando los Juzgadores, en la individualización de la pena concretan, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión (Art. 2-D del Código Penal). IV.IV.II- De la Procedencia del Primer Motivo EL PRIMER MOTIVO NO ES DE RECIBO.-Se aprecia en la sentencia que hoy se conoce vía recurso de casación, que los juzgadores, en el segundo numeral del título “Valoración de la Prueba”, realizan una motivación descriptiva del Dictamen Forense No. 2007123330-2006, consistente en el examen físico practicado al Señor M. E. C. C., por la Perito M. E. S., señalando que aquel al momento de su auscultación, presentaba escoriaciones lineales con costra hemática roja en cara anterior externa de muñeca derecha y equimosis violácea de bordes irregulares paralelas (f. 15).- Seguidamente el A-Quo, en un según párrafo de ese mismo numeral, desarrolla la motivación intelectiva, explicando que el medio de prueba científico ofrecido merece credibilidad, estableciendo “sin género de dudas que el Señor M. E. C. C., fue golpeado el 27 de diciembre de 2007, produciéndole las escoriaciones y equimosis descritas, compatibles con objeto romo, lo que encaja con lo manifestado por el Señor M. E. C. C., al rendir declaración […], ya que manifestó que fue golpeado por el policía O. F. U. E.… “. La anterior relación demuestra que el Tribunal de Sentencia se preocupó por dar a conocer las razones por las cuales le resultó creíble el medio de prueba en cuestión y además que hechos fueron los que consideró probados a través de éste y en conjunto con el resto de medios de prueba que ya había valorado en el numeral primero, no siendo atendible la denuncia del Censor, pues si existe motivación fáctica suficiente, señalando que su conclusión respecto a que el acusado fue objeto de golpes es producto de una valoración conjunta entre la declaración del propio ofendido y el dictamen pericial.- Es importante recordar que todo reclamo respecto a la logicidad de la valoración de la prueba debe de ser auditado mediante otro motivo diferente (violación a la sana critica); En el presente caso el Censor, en su argumentación, formula ataque sobre la falta de respecto de la lógica en la valoración del medio de prueba pericial, siendo éste un alegato impropio en relación al motivo elegido, pues ha confundido insuficiencia probatoria, con protesta por una supuesta inobservancia de las reglas de la sana crítica. IV.V.- Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Abogado C. A. R., Defensor privado del acusado O. F. U..- Segundo Motivo. Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numerales 2 y 5 del Código Procesal Penal; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: 253 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: Basarse la sentencia en elementos probatorios incorporados ilegalmente a juicio; Acciones de Saneamiento o Subsanación: Sin determinar por el Censor; Pretensión: Anular la Sentencia recurrida. Considera el Censor que el Tribunal de Sentencia no debió haber valorado el reconocimiento realizado por el ofendido en la audiencia de debate, quien a pregunta de una de las partes señalo al acusado como la persona que le profirió golpes en la estación de policía; para el Censor este reconocimiento de persona transgrede lo preceptuado en el artículo 253 del Código Procesal Penal. IV.V.I.- Del Reconocimiento en Rueda de Personas El antes llamado Confrontación, hoy reconocimiento de persona en rueda, es un medio de prueba reglado por el Código Procesal Penal que tiene por objeto la identificación física de una persona de interés para el proceso penal, la cual puede ser el imputado/a (Art. 102 cpp) o un testigo (Art. 176.2 cpp). Esta forma de reconocimiento de personas, no es exclusiva ni excluyente, pues puede hacerse o sumarse de otros modos diversos, apelando al Principio de Libertad Probatoria (Art. 199 cpp), como ser mediante huellas dactilares, declaración de testigos, identificación mediante fotografías, videos, retratos hablados, etc. La esencia del medio de prueba Reconocimiento de personas en rueda es la comparación de dos imágenes: 1).- La primera imagen, guardada en la memoria de recognoscente, adquirida de manera previa y accidental, y que sirve de base para la comparación; 2).- La segunda imagen, captada en el momento que se realiza el medio de prueba, al ponérsele a la vista del recognoscenteun grupo de personas para que determine si dentro de éste se encuentra aquella persona que previamente había visto.- Por ello Altavilla señala que el reconocimiento es un "juicio de identidad entre una percepción presente y pasada" (Altavilla, Enrico. PsicologíaGiudiziaria. Edit. Torino. 1948. Pág. 516. Citado por CAFFERATA NORES, J.. La Prueba… op. cit. pág. 129). El medio de prueba deberá de practicarse en determinados momentos y bajo protocolo estricto que señala el Código Procesal Penal, existiendo variantes de éste, pues no solo puede ser reconocimiento mediante rueda de personas, sino que también mediante fotografías, mediante voz, además de que la posibilidad de reconocimiento múltiple por ser más de un Recognoscente o por ser más de una de las personas a ser reconocidas; todo de lo cual no es oportuno desarrollar en la presente sentencia por no ser el objeto de impugnación. IV.V.II- De la Procedencia del Segundo Motivo El Segundo Motivo no es de Recibo.-Carece de razón el Censor en su denuncia, pues no se ha reproducido en la audiencia de debate ningún medio de prueba de Reconocimiento de Persona en Rueda, por lo que no podría hablarse de la incorporación de un medio probatorio de tal naturaleza, de manera ilegal al juicio. Erróneamente confunde el censor un medio de prueba de reconocimiento de persona en rueda, con la identificación hecha por el Señor M. E. C. C., como parte de su declaración testifical en la audiencia de debate, el que señaló al acusado como la persona que le infringió mal a efecto de que proporcionara información, y que por ser parte de dicha declaración debe de ser valorado conforme a las reglas de la sana critica por los Juzgadores. Recordemos que la declaración testifical es un acto en el cual, aprovechando la oralidad, debe de ser espontanea y libre de formalidades adicionales a las que el Código Procesal Penal exige como requisitos para su recibimiento, permitiendo que el testigo se exprese de la forma como normalmente lo hace, eso incluye el uso de modismos, locuciones particulares o malas palabras (siempre que no sea un medio de insulto para otra persona) y precisamente por ello es que la ley prohíbe el uso de documentos que guíen a la persona en lo que debe declarar; pues bien, dentro de esta espontaneidad en la declaración, el testigo podrá referirse a personas ausentes o presentes en la sala de audiencia, señalándolas si considere necesario, todo ello, insistimos, como parte de su declaración testifical que debe de ser valorada conforme a las reglas de la sana critica. Por tanto, el señalamiento del acusado hecho por el ofendido, hecho en el marco de su declaración testifical no constituye un medio de prueba independiente, sino que es parte de su declaración testifical, permitido en base al Principio de Libertad Probatoria, de obligatoria valoración por los Juzgadores en el canon de las reglas de la sana critica. IV.VI.- Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Abogado C. A. R., Defensor privado del acusado O. F. U..- Tercer Motivo. Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numerales 3 del Código Procesal Penal; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: 202 y 338 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: Violación del Principio Lógico de Razón Suficiente; Acciones de Saneamiento o Subsanación: Imposibilidad de saneamiento, al haberse producido el vicio en la sentencia definitiva; Pretensión: Anular la Sentencia recurrida. Expone el censor que la sentencia impugnada contiene grave vicio por atentar contra las reglas de la sana critica, en específico con el principio lógico de razón suficiente; explica que no se ha logrado confirmar que el acusado sea el responsable del delito imputado, pues el Señor A. J. M. señala que el acusado no se encontraba en el lugar al momento del hecho y de igual modo el Señor J. A. A. G. señaló que no miro al acusado en el lugar al momento de los hechos; por otra parte subraya que la perito médico forense que examino al ofendido concluyo que éste no tenía golpes en su cuerpo; cuestiona el medio de prueba fotográfico, pues en las imágenes aparece el ofendido con las “fajitas” de plástico en sus pies aun cuando el testigo A. A. señalo que tuvo que cortárselas con unas tijeras, además agrega que en la audiencia de debate fueron presentadas las “fajitas” de manera intacta aun cuando se supone fueron cortadas con tijera; concluye que el Ministerio Público no logro confirmar que el acusado haya estado en el lugar de los hechos, mucho menos que haya golpeado al ofendido. IV.VI.I.- De la Procedencia del Tercer Motivo EL TERCER MOTIVO NO ES DE RECIBO.-La denuncia formulada por el Censor no es atendible, pues la carga probatoria proporcionó a los Juzgadores razón suficiente para declarar al acusado O. F. U. E., responsable penalmente por una conducta que se califica como delito de tortura, en perjuicio del Señor M. E. C. C. Es de tomar en consideración que el acusado O. F. U. E., para el año 2007, se desempeñaba como Sub Oficial II de la Policía de Investigación, según informo el Señor O. M., Jefe del Departamento de Personal de San Pedro Sula en la constancia extendida en fecha 30 de abril de 2008 (f. 52); siendo éste, junto con el agente A. A., quienes eran los encargados de realizar las diligencias de investigación sobre una denuncia de robo en perjuicio de la Empresa Recolectora de Valores PROVAL, según informó el oficio de fecha 04 de marzo de 2008, firmado por el Señor J. D. A., en su condición de Sub Director Nor Occidental de la Dirección General de Investigación Criminal (f. 47). Se adiciona la declaración del Señor A. J. M. V., quien se identificó como empleado de la Empresa Proval, dándose cuenta de la perdida de una bolsa de dinero en el mes de diciembre de 2007, poniendo de conocimiento el hecho a la policía, en donde el agente de la DGIC U. le pidió que fuera a las oficinas con su compañero de trabajo M. C., lo cual hizo, encontrando en el lugar al Agente U., más se retiró al poco tiempo, quedando en el lugar su compañero de trabajo M. C.. El Ofendido M. E. C. C., explicó en su declaración (f. 121 v), que trabajando para la empresa Proval, el 13 de diciembre de 2007, se percató del robo de una bolsa de valores, por lo que puso conocimiento de ello a sus superiores, dando cuenta también a la policía, personándose al lugar el acusado F. U., siendo entonces el primer contacto entre el acusado y el ofendido, quienes pudieron identificarse mutuamente.- Siguiendo su relato explica el ofendido que posteriormente le comunicaron que debía rendir declaración, por lo que se desplazó a un lugar conocido como “La Ballena”, siendo recibido por el acusado F. U., quien como se ha relacionado estaba a cargo de las investigaciones.- Describe el ofendido que el acusado lo ingreso en una oficina, mostrándole un video del banco, cuestionándolo del porque se había robado el dinero del banco, que estaba confabulado con otros y que tenía que confesar, luego de lo cual le quito la camisa y le amarro con unas fajillas, acostándolo en el piso y poniéndole un trapo en la cabeza y un pedazo de neumático en la cara, saliendo después y regresando con otras personas, quienes les hacían preguntas halando el hule que tenía en el rostro para impedirle respirar, se pararon en un pie y después salieron; es importante advertir entonces que la inmovilización del ofendido estuvo a cargo del acusado, quien fue la persona que lo recibió y le llevo hasta la oficina, persona que estaba a cargo de las investigaciones, por lo que se descarta error en la persona responsable de los hechos, no quedando acreditado quienes fueron las demás personas que se unieron a la bochornosa y reprochable dinámica de tortura.-Cuenta el ofendido que después llego un muchacho que le pregunto lo que había pasado, y que con unas tijeras lo libero de las fajillas, el que después le tomo su declaración, luego de lo cual se fue del lugar en un vehículo de la empresa Proval. Se escuchó al testigo J. A. A. G., quien en ese entonces era agente de policía e igualmente encargado de las investigaciones en el caso de Proval, el cual en un primer momento, en una actitud reprochable trato de negar cualquier vinculación con el caso, pero luego de ser confrontado con la prueba documental, particularmente con un informe de investigación que el propio testigo elaboro es que acepta haber participado en el caso, informando al Tribunal de Sentencia que se encontró con el muchacho (refiriéndose al ofendido) en la oficina, amarrado con guías plásticas, las cuales se las quito, que antes de entrar salieron cuatro de sus compañeros con pasamontañas, quienes les dijeron que tomara la declaración de él, lo cual hizo, pero que dicha declaración se perdió; agrega que el acusado F. U. estaba asignado a la misma sección anti robo, pero que en ningún momento lo vio en el lugar.- Esta declaración fue tomada en consideración por el Tribunal de Sentencia, como respaldo a lo señalado por el ofendido, en el sentido de que efectivamente fue inmovilizado en las oficinas de la Policía de Investigación y que posteriormente fue liberado por una persona que le tomo declaración, siendo ésta persona el testigo J. A.; ahora bien el testigo, identificándose con sus pares, primero trato de desvincularse del caso al negar participación, negando falsamente que no recordaba nada, más una vez enfrentado con la prueba documental admitió que estuvo en el lugar, pero al ser preguntado por el acusado hace un nuevo esfuerzo de tergiversar la verdad tratando de desvincular aquel de los hechos; lo cierto es que para esta Corte Suprema de Justicia, es que el testigo siendo agente de investigación criminal y observando una persona inmovilizada con fajillas o guías plásticas de pies y manos por sus propios compañeros debió tener una actitud diferente, haciendo cumplir la ley a la que supuestamente estaba llamado a respetar y defender, denunciando a su vez el hecho ya sea ante sus superiores o ante otras entidades defensoras de la ley, pero en lugar de ello y decidió ignorar el asunto, tomándole declaración al testigo, misma que informó sin ningún reparo que había desaparecido.- Agrego el Testigo A. J. M., que mando a traer al Señor M. C. a las oficinas de la Policía con un motorista de la Empresa Proval, quien le informo que había le había visto triste. El Censor cuestiona que el ofendido haya sido objeto de golpes, más ello lo tuvo por acreditado el Tribunal de sentencia no solo con la pávida declaración del Señor A. J. M. V., sino con la propia del ofendido y el dictamen Médico Legal rendido por la Perito M. E. S., quien explicó la existencia de equimosis y laceraciones en las muñecas del ofendido, ello que se articula con las fotografías que se mandó a tomar el propio ofendido, el que se observa aun con las prensillas plásticas (fajas o guías); en Censor además de bateque como es posible que el A-Quo haya dado credibilidad a tales fotografías pues se supone que las prensillas fueron cortadas con tijeras por parte del Agente A. J. M., más tal valoración positiva tiene razón suficiente, pues solo basta evocar lo dicho por el ofendido de que dichas prensillas fueron usadas para inmovilizarle de pies y manos, y que fue liberado por una persona que las corto, de modo que lo que se observa en las imágenes es solo una sección de la prensilla que quedó después de haber sido cortada del extremo que sujetaba el otro pie. El Tribunal de Sentencia valoró además el Acta de Inspección realizada el 07 de enero de 2008, casi a cumplirse un mes de los hechos, en la Dirección General de Investigación Criminal, en el Barrio La Guardia, de la Ciudad de San Pedro Sula, en donde en el segundo cubículo, identificado por el ofendido como el lugar donde fue objeto de agresión, observándose en el lugar varios archivos metálicos, en uno de ellos con el nombre de F. U. y en otro se localizaron en un archivo metálico vA. fajillas de plástico (prensillas o guías), y una cinta blanca de plástico; tal hallazgo confirmó al Tribunal de Sentencia que la versión del ofendido es cierta y hace temer a esta Corte Suprema de Justicia que tales prácticas hayan sido una forma común por parte de aquellos que prometieron defender los derechos de las personas con la autoridad que el Estado les confió, siendo esto evidentemente una promesa en vano. V.- DECISIÓN 1. Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo; y 2. Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en sus tres motivos. VI. POR TANTO LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y 360 y 361 del Código Procesal Penal.- DECIDE: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Privada.- SEGUNDO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus tres motivos, interpuesto por la Defensa Privada.- TERCERO:Declarar FIRME Y EJECUTABLE la sentencia de fecha uno (1) de agosto de dos mil doce (2012) (f. 132), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en la cual declara al otrora Agente de Investigación Policial O. F. U. E., responsable penalmente, como autor responsable de un delito consumado de Torturas, en perjuicio del Ciudadano M. E. C. C..- Y MANDA: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado Coordinador.-ALMA CONSUELO GUZMÁN G..- Magistrada.- J. OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado.- FIRMA Y SELLO.- J. RAMÓN CRÚZ FERRERA.- Receptor Adscrito.- Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de abril del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-292-2013.
J. RAMÓN CRÚZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.