Sentencia CP-275-14 — Registro 8072
Resumen
La Sala Penal falla declarando ha lugar el recurso interpuesto por el Ministerio Público, en un caso en el que se absolvió al acusado (padrastro) en primer instancia de los delitos de violación especial y actos de lujuria en perjuicio de las dos menores de edad (hijastras), considerando que se debió de aplicar con mayor peso el interés superior del niño, permitiendo con ello la admisión y evacuación de las declaraciones que rindieron las menores víctimas en el proceso como prueba anticipada y dejar a un lado su dispensa, de tal forma que, de haberse permitido dicha incorporación y llevarla al plano de valoración probatoria, el resultado del juicio hubiese sido diferente, declarando la nulidad del debate y de la sentencia y manda que se repita el debate con un tribunal integrado por jueces distintos a los que conocieron el juicio anulado.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Hito
"..en el caso subjudice considera esta Sala de lo Penal, que entre el Derecho a abstenerse a declarar por razón de parentesco (Artículo 88 de la Constitución de la República) y la Tutela Judicial Efectiva conformada en este caso por el Interés Superior del Niño (Artículo 119 de la Constitución de la República), sin duda alguna tiene mayor peso la salvaguarda de los derechos y garantías de los menores que han sufrido algún abuso sexual, pues el fin que persigue dicho derecho es darle a los niños y las niñas, la posibilidad de desarrollarse de manera normal, en un ambiente familiar, sano y adecuada a sus necesidades, resulta aun más grave que nuestros niños y niñas sean afectados tan gravemente con abusos sexuales que marcan por siempre su vida y que los mismos ocurran precisamente en el seno familiar y por las personas con quienes tienen algún nivel de confianza. 8) El principio del Interés Superior del Niño y Niña, también conocido como el interés superior del menor, es un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible a niñas y niños. Se trata de una garantía de que las niñas y los niños tienen derecho a que, antes de tomar una medida respecto de ellos, se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las que los conculquen. Así, se tratan de superar dos posiciones extremas: el autoritarismo o abuso del poder que ocurre cuando se toman decisiones referidas a los niños y niñas, por un lado, y el paternalismo de las autoridades por otro. El interés superior del niño es un concepto triple; es un derecho, es un principio y es una norma de procedimiento. Se trata del derecho del niño y la niña a que su interés superior sea una consideración que se prime al sopesar distintos intereses para decidir sobre una cuestión que le afecta. Es un principio porque, si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Y es una norma de procedimiento, siempre que se deba tomar una decisión que afecte el interés de niñas y/o niños, el proceso deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones de esa toma de decisión en los intereses de las niñas y niños. La evaluación y determinación de su interés superior requerirá garantías procesales. Así la cosas, vemos que en el caso en concreto, se debió considerar con mayor peso el interés superior del niño, permitiendo por tanto la admisión y evacuación de las declaraciones que rindieron las menores ofendida como prueba anticipada y en vista que ser menores de edad, dejar a un lado su dispensa, de tal forma que, de haberse permitido dicha incorporación y llevarla al plano de valoración probatorio, el resultado del juicio hubiese sido muy diferente, en consecuencia, consideramos procedente estimar con lugar el presente recurso de casación, anular el debate y la sentencia recurrida, ordenando la celebración de un nuevo juicio con togados distintos a los que participaron en el anterior debate. V. DECISIÓN Por todas las consideraciones expuestas se declara con lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por el ente fiscal. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 88, 90, 119, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 228, 311, 338, 359, 362 y 369 del Código Procesal Penal; 2 del Código de la Niñez y la Adolescencia; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
éste que se encuentra vulnerado cuando en audiencia de debate el ente acusador solicitó se incorporara como lectura autorizada conforme lo establece el artículo 311 numeral 1 del Código Procesal Penal, las declaraciones rendidas con las formalidades de la prueba anticipada por las menores C. D. H. P. y N. S. U. P., y que además de ser incorporadas se valoraran al momento de emitir el fallo, en virtud que a criterio del sentenciador, “Esta situación no solo es inaceptable sino que violenta el principio de contradicción en vista que ya tuvimos a los dos testigos que si bien es cierto pudieron haber sido objeto de alguna situación. No está comprobada ante este Tribunal y los presupuestos que establece el 277 como ya mencione fue para la procedencia o no de que el juez de garantías tome dichas declaraciones en una etapa antes del juicio oral... No consideramos ni procedente ni aceptable el hecho de incorporar prueba mediante lectura, la cual pudo haber sido evacuada de viva voz y de acuerdo a la situación lamentable en que están las dos testigos...”. (ver acta de debate pág. 10 y 11). En virtud de lo anterior el Fiscal interpuso recurso de Reposición, argumentando que si bien las víctimas no declararon, en virtud del derecho que les asiste por la relación de parentesco que tienen con el imputado, pero al momento de rendir su declaración con las formalidades de la prueba anticipada describen los abusos de los que fueron objeto por parte del encausado, por lo que lo dicho en aquel momento debe tomarse en cuenta para emitir la sentencia; de lo anterior el Tribunal resolvió denegar el recurso planteado por el Fiscal señalando que no pueden ir más allá de lo que establece el artículo 311 porque se vulnera el debido proceso y derecho de igualdad de armas con que cuentan ambas partes procesales (ver acta de debate paq.12) resolución que vulnera el Debido Proceso en virtud que la norma procesal penal en el artículo 311 numeral 1 del Código Procesal Penal, señala: “Excepcionalmente podrán ser incorporados al juicio por lectura que hará el Secretario. 1) Los testimonios o pericias que se hayan recibido antes del debate, conforme a las reglas de la prueba anticipada y que resulten imposible reproducir en el acto del juicio;.. por lo que en aplicación irrestricta de lo que establece dicha norma procesal, es obligación del Tribunal incorporar por lectura durante la audiencia de juicio oral, todos aquellos testimonios que se hayan recibido conforme a las reglas de la prueba anticipada, máxime cuando dichas testigos a pesar de haber comparecido a la vista de debate, se abstuvo de declarar, tal y como ocurrió con la joven N. S. U., y más aún en el caso de la joven C. D. H. P., quien se retractó de lo dicho en las etapas anteriores del proceso. Al no obtenerse las declaraciones testificales de la víctima, no fue posible en juicio obtener una concatenación de hechos que aporte el enlace necesario entre un hecho y otro, ello a consecuencia de la inobservancia del procedimiento que establece la ley para incorporar por lectura aquellos testimonios que resulte imposible reproducir en el acto de juicio, omisión que ahora ha causado perjuicio y que se ve reflejada en la sentencia absolutoria. De igual forma la denegatoria por parte del Tribunal de no incorporar las declaraciones de las víctimas las cuales se rindieron con las formalidades de la prueba anticipada causó perjuicio a la sociedad al quebrantarse el artículo 82 de la Constitución de la República el cual establece que “El Derecho de Defensa es inviolable” el cual tiene entre sus alcances el Derecho a un proceso con todas las garantías dentro de las que se destacan a) “El Derecho a la igualdad de armas procesales”
Legislación citada
- Código de la Niñez y de la Adolescencia, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención sobre los Derechos del Niño, art. 3 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 362 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República de Honduras, art. 80 (Decreto)
Jerarquía: Hito
"..en el caso subjudice considera esta Sala de lo Penal, que entre el Derecho a abstenerse a declarar por razón de parentesco (Artículo 88 de la Constitución de la República) y la Tutela Judicial Efectiva conformada en este caso por el Interés Superior del Niño (Artículo 119 de la Constitución de la República), sin duda alguna tiene mayor peso la salvaguarda de los derechos y garantías de los menores que han sufrido algún abuso sexual, pues el fin que persigue dicho derecho es darle a los niños y las niñas, la posibilidad de desarrollarse de manera normal, en un ambiente familiar, sano y adecuada a sus necesidades, resulta aun más grave que nuestros niños y niñas sean afectados tan gravemente con abusos sexuales que marcan por siempre su vida y que los mismos ocurran precisamente en el seno familiar y por las personas con quienes tienen algún nivel de confianza. 8) El principio del Interés Superior del Niño y Niña, también conocido como el interés superior del menor, es un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible a niñas y niños. Se trata de una garantía de que las niñas y los niños tienen derecho a que, antes de tomar una medida respecto de ellos, se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las que los conculquen. Así, se tratan de superar dos posiciones extremas: el autoritarismo o abuso del poder que ocurre cuando se toman decisiones referidas a los niños y niñas, por un lado, y el paternalismo de las autoridades por otro. El interés superior del niño es un concepto triple; es un derecho, es un principio y es una norma de procedimiento. Se trata del derecho del niño y la niña a que su interés superior sea una consideración que se prime al sopesar distintos intereses para decidir sobre una cuestión que le afecta. Es un principio porque, si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Y es una norma de procedimiento, siempre que se deba tomar una decisión que afecte el interés de niñas y/o niños, el proceso deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones de esa toma de decisión en los intereses de las niñas y niños. La evaluación y determinación de su interés superior requerirá garantías procesales. Así la cosas, vemos que en el caso en concreto, se debió considerar con mayor peso el interés superior del niño, permitiendo por tanto la admisión y evacuación de las declaraciones que rindieron las menores ofendida como prueba anticipada y en vista que ser menores de edad, dejar a un lado su dispensa, de tal forma que, de haberse permitido dicha incorporación y llevarla al plano de valoración probatorio, el resultado del juicio hubiese sido muy diferente, en consecuencia, consideramos procedente estimar con lugar el presente recurso de casación, anular el debate y la sentencia recurrida, ordenando la celebración de un nuevo juicio con togados distintos a los que participaron en el anterior debate. V. DECISIÓN Por todas las consideraciones expuestas se declara con lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por el ente fiscal. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 88, 90, 119, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 228, 311, 338, 359, 362 y 369 del Código Procesal Penal; 2 del Código de la Niñez y la Adolescencia; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
éste que se encuentra vulnerado cuando en audiencia de debate el ente acusador solicitó se incorporara como lectura autorizada conforme lo establece el artículo 311 numeral 1 del Código Procesal Penal, las declaraciones rendidas con las formalidades de la prueba anticipada por las menores C. D. H. P. y N. S. U. P., y que además de ser incorporadas se valoraran al momento de emitir el fallo, en virtud que a criterio del sentenciador, “Esta situación no solo es inaceptable sino que violenta el principio de contradicción en vista que ya tuvimos a los dos testigos que si bien es cierto pudieron haber sido objeto de alguna situación. No está comprobada ante este Tribunal y los presupuestos que establece el 277 como ya mencione fue para la procedencia o no de que el juez de garantías tome dichas declaraciones en una etapa antes del juicio oral... No consideramos ni procedente ni aceptable el hecho de incorporar prueba mediante lectura, la cual pudo haber sido evacuada de viva voz y de acuerdo a la situación lamentable en que están las dos testigos...”. (ver acta de debate pág. 10 y 11). En virtud de lo anterior el Fiscal interpuso recurso de Reposición, argumentando que si bien las víctimas no declararon, en virtud del derecho que les asiste por la relación de parentesco que tienen con el imputado, pero al momento de rendir su declaración con las formalidades de la prueba anticipada describen los abusos de los que fueron objeto por parte del encausado, por lo que lo dicho en aquel momento debe tomarse en cuenta para emitir la sentencia; de lo anterior el Tribunal resolvió denegar el recurso planteado por el Fiscal señalando que no pueden ir más allá de lo que establece el artículo 311 porque se vulnera el debido proceso y derecho de igualdad de armas con que cuentan ambas partes procesales (ver acta de debate paq.12) resolución que vulnera el Debido Proceso en virtud que la norma procesal penal en el artículo 311 numeral 1 del Código Procesal Penal, señala: “Excepcionalmente podrán ser incorporados al juicio por lectura que hará el Secretario. 1) Los testimonios o pericias que se hayan recibido antes del debate, conforme a las reglas de la prueba anticipada y que resulten imposible reproducir en el acto del juicio;.. por lo que en aplicación irrestricta de lo que establece dicha norma procesal, es obligación del Tribunal incorporar por lectura durante la audiencia de juicio oral, todos aquellos testimonios que se hayan recibido conforme a las reglas de la prueba anticipada, máxime cuando dichas testigos a pesar de haber comparecido a la vista de debate, se abstuvo de declarar, tal y como ocurrió con la joven N. S. U., y más aún en el caso de la joven C. D. H. P., quien se retractó de lo dicho en las etapas anteriores del proceso. Al no obtenerse las declaraciones testificales de la víctima, no fue posible en juicio obtener una concatenación de hechos que aporte el enlace necesario entre un hecho y otro, ello a consecuencia de la inobservancia del procedimiento que establece la ley para incorporar por lectura aquellos testimonios que resulte imposible reproducir en el acto de juicio, omisión que ahora ha causado perjuicio y que se ve reflejada en la sentencia absolutoria. De igual forma la denegatoria por parte del Tribunal de no incorporar las declaraciones de las víctimas las cuales se rindieron con las formalidades de la prueba anticipada causó perjuicio a la sociedad al quebrantarse el artículo 82 de la Constitución de la República el cual establece que “El Derecho de Defensa es inviolable” el cual tiene entre sus alcances el Derecho a un proceso con todas las garantías dentro de las que se destacan a) “El Derecho a la igualdad de armas procesales”
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 80 (Decreto)
- Código de la Niñez y de la Adolescencia, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención sobre los Derechos del Niño, art. 3 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete días del mes de Enero del año dos mil diecisiete, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el Recurso de Casación SP 275-2014 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual absolvió al señor J. H. C. F., del delito de Violación Especial, en perjuicio de la menor N. S. U. P.. Asimismo lo Absolvió del delito de Actos de Lujuria Agravados, en perjuicio de la menor C. D. H. P.. No procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el recurso de casación por infracción de precepto constitucional la abogada A. G. Z. F., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Son Partes: La abogada K. M. A. en su condición de representante del Ministerio Público como recurrente y la abogada M. L. A. R. en su calidad de Defensora Pública del imputado, como recurrida. II. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: El treinta de octubre del año dos mil doce, a las 5:50 y 6:20 horas de la tarde, las niñas N. S. U. P. Y C. D. H. P., fueron evaluadas por la doctora M. O. U., perito oficial del Ministerio Público. En el examen físico, la niña N. S. U. P., presentaba un himen con rupturas antiguas, mayores de diez días y borramiento de pliegues en el área anal y la niña C. D. H. P., presentaba un himen íntegro, enrojecimiento en sus labios mayores y borramiento de pliegues en el área rectal. Ambas, no muestran evidencias las lesiones en las áreas para-genital y extra-genital.- SEGUNDO: El señor H. C. F., fue detenido y sometido a proceso penal.” III. RECURSO DE CASACIÓN La recurrente abogada A. G. Z. F., formalizó su recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN I. POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: MOTIVO ÚNICO: “Por violación de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 277 y 311 del Código Procesal Penal”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO El derecho al Debido Proceso, el cual se encuentra regulado en el artículo 90 de la Constitución de la República, establece que “nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; el cual requiere mínimamente, la fijación legal de un programa de carácter legal e inalterable para la investigación y juzgamiento de delitos en el que se resguarde la observancia de formas relacionadas con la acusación, defensa, prueba, sentencia y recursos; derecho éste que se encuentra vulnerado cuando en audiencia de debate el ente acusador solicitó se incorporara como lectura autorizada conforme lo establece el artículo 311 numeral 1 del Código Procesal Penal, las declaraciones rendidas con las formalidades de la prueba anticipada por las menores C. D. H. P. y N. S. U. P., y que además de ser incorporadas se valoraran al momento de emitir el fallo, en virtud que a criterio del sentenciador, “Esta situación no solo es inaceptable sino que violenta el principio de contradicción en vista que ya tuvimos a los dos testigos que si bien es cierto pudieron haber sido objeto de alguna situación. No está comprobada ante este Tribunal y los presupuestos que establece el 277 como ya mencione fue para la procedencia o no de que el juez de garantías tome dichas declaraciones en una etapa antes del juicio oral... No consideramos ni procedente ni aceptable el hecho de incorporar prueba mediante lectura, la cual pudo haber sido evacuada de viva voz y de acuerdo a la situación lamentable en que están las dos testigos...”. (ver acta de debate pág. 10 y 11). En virtud de lo anterior el Fiscal interpuso recurso de Reposición, argumentando que si bien las víctimas no declararon, en virtud del derecho que les asiste por la relación de parentesco que tienen con el imputado, pero al momento de rendir su declaración con las formalidades de la prueba anticipada describen los abusos de los que fueron objeto por parte del encausado, por lo que lo dicho en aquel momento debe tomarse en cuenta para emitir la sentencia; de lo anterior el Tribunal resolvió denegar el recurso planteado por el Fiscal señalando que no pueden ir más allá de lo que establece el artículo 311 porque se vulnera el debido proceso y derecho de igualdad de armas con que cuentan ambas partes procesales (ver acta de debate paq.12) resolución que vulnera el Debido Proceso en virtud que la norma procesal penal en el artículo 311 numeral 1 del Código Procesal Penal, señala: “Excepcionalmente podrán ser incorporados al juicio por lectura que hará el Secretario. 1) Los testimonios o pericias que se hayan recibido antes del debate, conforme a las reglas de la prueba anticipada y que resulten imposible reproducir en el acto del juicio;.. por lo que en aplicación irrestricta de lo que establece dicha norma procesal, es obligación del Tribunal incorporar por lectura durante la audiencia de juicio oral, todos aquellos testimonios que se hayan recibido conforme a las reglas de la prueba anticipada, máxime cuando dichas testigos a pesar de haber comparecido a la vista de debate, se abstuvo de declarar, tal y como ocurrió con la joven N. S. U., y más aún en el caso de la joven C. D. H. P., quien se retractó de lo dicho en las etapas anteriores del proceso. Al no obtenerse las declaraciones testificales de la víctima, no fue posible en juicio obtener una concatenación de hechos que aporte el enlace necesario entre un hecho y otro, ello a consecuencia de la inobservancia del procedimiento que establece la ley para incorporar por lectura aquellos testimonios que resulte imposible reproducir en el acto de juicio, omisión que ahora ha causado perjuicio y que se ve reflejada en la sentencia absolutoria. De igual forma la denegatoria por parte del Tribunal de no incorporar las declaraciones de las víctimas las cuales se rindieron con las formalidades de la prueba anticipada causó perjuicio a la sociedad al quebrantarse el artículo 82 de la Constitución de la República el cual establece que “El Derecho de Defensa es inviolable” el cual tiene entre sus alcances el Derecho a un proceso con todas las garantías dentro de las que se destacan a) “El Derecho a la igualdad de armas procesales” entendiéndose por ésta, tal y como lo desarrolla (Junio Joan Pico 1. las garantías constitucionales del Proceso. Editor Barcelona, 1997, página 132) “como aquella exigencia de que las partes cuenten con medios parejos de ataque y defensa, para evitar el desequilibrio entre ellas, por lo que resulta necesario que ambas dispongan de las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación, es decir tiene por objeto evitar la situación de privilegio o supremacía de una de las partes, garantizando así la igualdad efectiva de las posibilidades y cargas del actor y del demandado en la alegación y prueba de los hechos controvertidos para lograr la plenitud del resultado probatorio”. Sobre este último aspecto, si bien es cierto el Tribunal tiene que fundar un juicio de certeza respecto de la circunstancia que amerite la eficacia de la prueba, o bien constatar su inutilidad probatoria o ilegalidad; en el caso que nos ocupa no sucedieron ninguna de las dos, considerando que el Tribunal en la audiencia de debate pudo apreciar las condiciones emocionales de las ofendidas en donde era fácilmente perceptible que éstas no iban a rendir su testimonio, el cual era de vital importancia para poder concatenarlas con la prueba pericial evacuada. Por lo que al no permitírsele al ente acusador hacer uso del medio de prueba relacionado, ha violentado el derecho al Debido Proceso, y consecuentemente el derecho de Defensa, que incluye la prueba que apoye fácticamente sus pretensiones en juicio ante el respectivo Tribunal. En virtud de lo anterior solicitamos que el presente motivo sea declarado con lugar, a fin de restituir al defensor de la sociedad hacer uso del instrumento probatorio necesario que le permita correctamente perseguir su finalidad en igualdad de armas”. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1) Denunció la recurrente la violación a los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República en relación a los artículos 277 y 311 del Código Procesal Penal; consignando como norma autorizante el artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicó la censora que el derecho al Debido Proceso fue vulnerado en la audiencia de debate, cuando el ente acusador solicitó se incorporara como lectura autorizada conforme lo establece el artículo 311 numeral 1 de la ley procesal, las declaraciones rendidas con las formalidades de prueba anticipada por las menores C. D. H. y N. S. U. P. y que al ser incorporadas, se valoraran en el fallo; pero el Sentenciador consideró: “Esta situación no solo es inaceptable sino que violenta el principio de contradicción en vista que ya tuvimos a los dos testigos que si bien pudieron ser objeto de alguna situación, no está comprobado ante este Tribunal los presupuestos que establece el 277”. Cuestiona la reclamante que si bien las víctimas no declararon, en virtud del derecho que les asiste por la relación de parentesco que tiene con el imputado, pero al momento de rendir su declaración anticipada describen los abusos de los que fueron objeto por parte del encausado; estas acciones efectuadas por el Juzgador violentaron el Debido Proceso y el Derecho de Defensa. 2) Esta Sala de lo Penal ha establecido como criterio jurisprudencia, que el artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica, el peticionario debe de echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores[1]. 3) Para dar una respuesta adecuada al recurso presentado, es importante establecer los alcances del Derecho al Debido Proceso y del Derecho de Defensa en el proceso penal. El Debido Proceso constituye un postulado básico del Estado de Derecho, traducido en la facultad del ciudadano de exigir tanto en la actuación judicial como administrativa, el respeto irrestricto de las normas y ritos propios de la actuación por parte del Estado en cada caso concreto de aplicación de la ley sustancial, al proceso o juicio conforme a las leyes pre-existentes al acto imputado, ante Juez o Tribunal competente y con observancia de las formas propias de cada juicio; así entonces, el Debido Proceso es la máxima expresión de las garantías fundamentales y cualquier vulneración a las mismas pueden ser alegadas por vía de violación al Debido Proceso en un sentido amplio, formando usualmente parte de éste: la pre-existencia de la ley penal, el Juez o Tribunal competente, el acceso a la administración de Justicia en condiciones de libertad e igualdad, la observancia y cumplimiento de las formas propias del Juicio, entendido éste último como todo el desarrollo del proceso, la aplicación de la ley penal favorable, la presunción de inocencia y sus consecuencias, la defensa técnica y material, el proceso público sin dilaciones injustificadas, el principio de contradicción, el principio de lesividad, la imparcialidad del Juez, a la doble instancia, entre otros. El Derecho de Defensa está definido desde el ámbito penal como la oportunidad que tiene la parte acusadora y la parte imputada de amparar, proteger y accionar a favor de sus propios intereses. El derecho de defensa es una reacción al hecho delictivo que obliga al Estado y posibilita al perjudicado a presentar la acción penal en los casos permitidos por la ley, pero además, entablada la acción, genera el derecho de la persona acusada de oponerse a ella, por tanto vincula a todas las partes litigantes en contienda, generando la obligación de los órganos jurisdiccionales de velar estrictamente por su tutela, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia en el estricto equilibrio que le exige el Principio de Igualdad[2]. 4) En vista de los planteamientos del recurrente, en los cuales considera violentados el Derecho de Defensa y el Debido Proceso, ante la denegatoria del Tribuna A-quo de admitir, dar lectura y valorar las declaraciones que bajo la modalidad de prueba anticipada brindaron las menores ofendidas, pues éstas se abstuvieron a rendir declaración en el acto del juicio oral, amparándose en su derecho a no declarar contra un pariente, conforme lo establece el artículo 228 numeral 1 del Código Procesal Penal, esta Sala de lo Penal considera que en la presente causa deben clarificarse dos conceptos importantes que nos ayudarán a fundamentar nuestra decisión; en primer lugar que es la prueba anticipada y cuáles son los fines para los cuales el legislador la instituyó y por otro lado los alcances de la dispensa regulada en el artículo 228 de la ley procesal. La prueba testifical anticipada se ha de practicar cuando se prevé, con la suficiente antelación, que en la probable fecha de celebración del juicio oral un determinado testigo no va a poder comparecer, bien porque es previsible que para entonces haya muerto o se halle en un estado de grave enfermedad, bien porque es razonablemente previsible que se le va a poder localizar con dificultad, bien porque se puede prever que, dada su condición de extranjero, se hallara en su país de origen[3]. En nuestro Código Procesal Penal aparece regulado en el artículo 277 del cual se pueden extraer varios supuestos: a) Es necesario que se presente mediante una petición fundada del Ministerio Público o de las partes; b) Se solicitará cuando exista peligro grave de que resulte imposible o extraordinariamente difícil su práctica en el acto de debate; c) Además cuando exista riesgo grave de fallecimiento de un testigo o perito; d) Asimismo cuando por ausencia o por cualquier otra causa, sea imposible o extraordinariamente difícil que comparezca en el acto del juicio; e) De igual forma cuando el testigo corra peligro de ser expuesto a presiones, mediante violencia, amenazas, ofertas o promesas de dinero u otros beneficios análogos. 5) En relación a la dispensa que por razón de parentesco puede ampararse un testigo para no declarar, el artículo 228 del Código Procesal Penal refiere a una serie de testigos que, bien por ser familiares del acusado, o bien por razón de su cargo o profesión, la ley les dispensa de la obligación de declarar. Se les proporciona la facultad de declarar o no en el procedimiento, e incluso es obligación del Juez o Tribunal, informarle y advertirle de esa dispensa. A tal dispensa se refiere también el artículo 88 de la Constitución de la República, cuando dispone que “nadie puede ser obligado en asunto penal… a declarar contra su cónyuge o compañero de hogar, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”. La razón de esta dispensa se funda en la consideración de que repugna a la propia naturaleza humana y a los sentimientos de piedad natural que deben mediar entre los que están unidos por vínculos estrechos del parentesco, el que mutuamente puedan perjudicarse estas personas con sus respectivas declaraciones, exponiendo por su concurso unos a otros a sufrir las graves consecuencias de las imputaciones que en su contra hubieren de hacer, de no faltar a los deberes que la obligación de declarar impone.[4] 6) Resulta muy interesante para esta Sala de lo Penal el caso sometido a estudio, pues es notorio que nos encontramos ante un conflicto de derechos protegidos por la Constitución de la República y por los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos; por una parte el derecho a una Tutela Judicial Efectiva en relación al Interés Superior del Niño y por otro el Derecho a no declarar contra un pariente. Considera esta Sala de lo Penal que para una mejor comprensión, nos referiremos en primera instancia al caso de la menor ofendida C. D. H. P., con apenas 8 años de edad, quien se presentó a declarar en el momento del Juicio, en virtud de ser menor de edad se le hizo un interrogatorio directo, al hacerle preguntas sobre su padrastro (imputado) y sobre los hechos relacionados con un abuso sexual, la menor fue cortante, guardó silencio en varias ocasiones, al preguntársele donde estaba el imputado y si él era su padre, ésta guardó silencio, al preguntarle si el encartado era bueno o malo afirmó que es bueno, al cuestionarle sobre quien tocó a Claudia respondió “a mí nunca me ha tocado mi papi”, luego al preguntarle si él era su papa contestó que no. Ante tal deposición el Ministerio Público solicitó se incorporara la declaración integra que dicha menor rindió bajo la modalidad de prueba anticipada, aduciendo varias contradicciones; petición que fue denegada por el Tribunal Sentenciador pues estableció que solo se podía incorporar aquello que resultara contradictorio; se leyeron las partes en las que la menor se estaba contradiciendo y ante la presión y el estrés provocado a la menor, ésta rompió a llorar descontrolándose y teniendo los Juzgadores que suspender por unos instantes el juicio y concluyendo así la declaración de la menor. Para este Tribunal de Casación ésta menor fue sometida a algún tipo de presión por parte de sus familiares, lo que provocó que rindieran una declaración totalmente distante de la rindieron como prueba anticipada; en este caso en particular, el Tribunal Sentenciador perfectamente pudo incorporar por lectura la declaración rendida por esta menor como prueba anticipada, pues es evidente que se cumplía con el último párrafo del artículo 277 (…De igual forma cuando el testigo corra peligro de ser expuesto a presiones, mediante violencia, amenazas, ofertas o promesas de dinero u otros beneficios análogos.), es decir que la menor fue expuesta a presiones para que no rindiera declaración contra su padrastro, lo cual se evidenció con la hostilidad que mostró al hacerle preguntas sobre el compañero de hogar de su mamá y sobre los hechos por los cuales se encontraba procesado. 7) En el caso de la menor ofendida N. S. U. P., la situación se torna aún más complicada, pues al momento de presentarse a declarar al Juicio Oral contaba con la edad de 15 años, por tanto el Juzgador devenía en la obligación de juramentarla y además hacerle la advertencia de que, al tener una relación de parentesco en primer grado de afinidad con el acusado, la ley le otorgaba dispensa para no declarar; así lo hizo el A-quo y la menor rompió a llorar, diciendo que se sentía mal y que no quería declarar. La situación radica en que, si el Tribunal Sentenciador puede, aun con dispensa, admitir como válidas las declaraciones que dicha menor rindió como prueba anticipada y es aquí donde observamos en pugna dos derechos reconocidos ambos por la Constitución de la República, por un lado el Derecho a no declarar contra su pariente y por otro el derecho a la Tutela Judicial Efectiva en relación con el Interés Superior del Niño. Para resolver este conflicto, haremos uso de un mecanismo o procedimiento utilizado en materia Constitucional denominado “Ponderación Constitucional”. La ponderación como método de resolución de controversias en sede constitucional, presupone un conflicto o una colisión entre derechos fundamentales. La ponderación es la manera de aplicar los principios y resolver las colisiones que pueden presentarse entre ellos y los principios o razones que jueguen en sentido contrario. Dworkin[5] señala que los principios están dotados de una propiedad que las reglas no conocen: el peso. Al ponderarse, se establece cual principio pesa más en el caso concreto. El principio que tenga un mayor peso será el que triunfe en la ponderación y aquel que determine la solución para el caso concreto. La ponderación es entonces, la actividad consistente en sopesar dos principios que entran en colisión en un caso concreto para determinar cuál de ellos tiene un peso mayor en las circunstancias específicas. Por ley de ponderación asumimos que: “Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro”. En relación a los límites de la ponderación, debemos señalar que no existe un criterio objetivo para determinar los valores determinantes del peso que tienen los principios en la ley de ponderación y que conforman la fórmula del peso; sin embargo debe seguirse los siguientes pasos: a) El juicio de adecuación, a través de la adecuación, la conclusión a la cual se arribe debe ser lo más ajustada posible a la finalidad de la Constitución; b) El Juicio de necesidad, el criterio de necesidad importa la ausencia de una solución más efectiva y adecuada de la que se está tomando, lo que se busca realizar a través de este juicio es elegir entre las medidas posibles, la mejor que exista; c) El juicio de proporcionalidad, con este se procura que cada solución a la cual se arribe responda a una conveniencia constitucional[6]. Aplicando el procedimiento de Ponderación antes señalada, en el caso subjudice considera esta Sala de lo Penal, que entre el Derecho a abstenerse a declarar por razón de parentesco (Artículo 88 de la Constitución de la República) y la Tutela Judicial Efectiva conformada en este caso por el Interés Superior del Niño (Artículo 119 de la Constitución de la República), sin duda alguna tiene mayor peso la salvaguarda de los derechos y garantías de los menores que han sufrido algún abuso sexual, pues el fin que persigue dicho derecho es darle a los niños y las niñas, la posibilidad de desarrollarse de manera normal, en un ambiente familiar, sano y adecuada a sus necesidades, resulta aun más grave que nuestros niños y niñas sean afectados tan gravemente con abusos sexuales que marcan por siempre su vida y que los mismos ocurran precisamente en el seno familiar y por las personas con quienes tienen algún nivel de confianza. 8) El principio del Interés Superior del Niño y Niña, también conocido como el interés superior del menor, es un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible a niñas y niños. Se trata de una garantía de que las niñas y los niños tienen derecho a que, antes de tomar una medida respecto de ellos, se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las que los conculquen. Así, se tratan de superar dos posiciones extremas: el autoritarismo o abuso del poder que ocurre cuando se toman decisiones referidas a los niños y niñas, por un lado, y el paternalismo de las autoridades por otro. El interés superior del niño es un concepto triple; es un derecho, es un principio y es una norma de procedimiento. Se trata del derecho del niño y la niña a que su interés superior sea una consideración que se prime al sopesar distintos intereses para decidir sobre una cuestión que le afecta. Es un principio porque, si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Y es una norma de procedimiento, siempre que se deba tomar una decisión que afecte el interés de niñas y/o niños, el proceso deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones de esa toma de decisión en los intereses de las niñas y niños. La evaluación y determinación de su interés superior requerirá garantías procesales. Así la cosas, vemos que en el caso en concreto, se debió considerar con mayor peso el interés superior del niño, permitiendo por tanto la admisión y evacuación de las declaraciones que rindieron las menores ofendida como prueba anticipada y en vista que ser menores de edad, dejar a un lado su dispensa, de tal forma que, de haberse permitido dicha incorporación y llevarla al plano de valoración probatorio, el resultado del juicio hubiese sido muy diferente, en consecuencia, consideramos procedente estimar con lugar el presente recurso de casación, anular el debate y la sentencia recurrida, ordenando la celebración de un nuevo juicio con togados distintos a los que participaron en el anterior debate. V. DECISIÓN Por todas las consideraciones expuestas se declara con lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por el ente fiscal. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 88, 90, 119, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 228, 311, 338, 359, 362 y 369 del Código Procesal Penal; 2 del Código de la Niñez y la Adolescencia; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. FALLA: PRIMERO: Declarando Con Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por la abogada A. G. Z. F., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra el señor J. H. C. F., por los delitos de Violación Especial y Actos de Lujuria, en perjuicio de las menores C. D. H. P. y N. S. U. P. SEGUNDO: Casa la sentencia. TERCERO: Declara la Nulidad del Debate y de la Sentencia de fecha veinticuatro de marzo del dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes. Y MANDA: I.- Que se repita el debate con un tribunal integrado por jueces distintos a los que conocieron el juicio anulado. II.- Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para que se proceda conforme a derecho. Redactó el Magistrado Bustillo Romero. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.-MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-275-2014.
JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
[1] Vid: Llorente Fernández de la Reguera, Ángel. “Los Recursos” Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano. LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115
[2] Vid Sentencia de Casación Penal N° 47-2011 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 27 de junio del 2013.
[3] Climent Durán, Carlos. La Prueba Penal. Segunda Edición, Tomo I. Editorial Tiran lo blanch. Valencia, 2005. Página 361
[4] De Diego Diez, Luis Alfredo. Los Medios de Prueba. Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”. Agencia Española de Cooperación Internacional. Tegucigalpa, Agosto del 2001. Página 135
[5] Ronald Dworkin, Filósofo del Derecho y Catedrático de Derecho Constitucional en las Universidades de Harvard, Oxford, Nueva York y Colegio de Londres.
[6] Bernal Pulido, Carlos. La Ponderación como procedimiento para interpretar los Derechos Fundamentales. Derecho Constitucional de la Academia de la Magistratura. Página 87