Sentencia CP-273-15 — Registro 8071
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por violencia intrafamiliar.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Para esta Sala de lo Penal, en el cuadro fáctico anteriormente relacionado no se dan los elementos que configuran del delito de violencia intrafamiliar, ya que del mismo no se desprende que el acusado haya empleado actos de fuerza e intimidación en perjuicio de la supuesta víctima con la finalidad de causarle daños emocionales, ni la concurrencia de actos tendientes a intimidar, menospreciar ó atemorizar a la víctima, existiendo entre los hechos declarados probados en la sentencia y la calificación jurídica de Violencia Intrafamiliar, aplicación indebida de dicho precepto penal, ya que las conductas descritas en el factum no son subsumibles en los elementos objetivos del tipo penal mencionado"
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
I. SENTENCIA
EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, A LOS VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017).- El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de Coordinador, Alma Consuelo Guzmán García, y José Olivio Rodríguez Vásquez ha pronunciado:
EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS,
LA SENTENCIA en el Recurso de Casación SP 273-2015 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de abril del dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de F. Morazán, mediante la cual falló: 1) Condenando al señor F. A. H. P., a la pena de UN (01) AÑO DE RELUSIÓN, por el delito de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, en perjuicio de G. M. G. D.; - 2) Condenando al señor F. A. H. P., a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo que dure la condena principal; -3) Declarando la responsabilidad civil del condenado F. A. H. P.- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, por el Abogado I. A. V. M., en su condición de Apoderado Defensor del señor F. A. H. P.
Son partes: el Abogado I. A. V. M., actuando en su condición de Defensor del señor F. A. H. P. y recurrente. Y la Abogada Y. M. M. L.
, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y recurrido.
II. HECHO PROBADO
“PRIMERO: Los señores F. H. P. y la Señora G. G. después de mantener una relación de amistad llevaron una relación de pareja entre los años dos mil cuatro y dos mil siete, cuando ella era casada pero separada y en trámites de divorcio con una anterior pareja. Ello les permitía convivir y llevar una relación de familiaridad, y a pesar de que ambos tenían sus respectivas casas de habitación, decidieron vivir juntos en un apartamento en el Trapiche, Tegucigalpa, M.D.C., lugar donde pasaban la mayor parte del tiempo libre de que ambos disponían, que se vio reforzada cuando en diciembre del año 2005 el señor H. P. y la señora C. G. y los hijos de esta H. A., A. C. y M. A. todos de apellidos H. G., cuya principal finalidad era la comercialización de servicios de telecomunicaciones en la cual la señora C. G. entró a laborar en el año dos mil siete. SEGUNDO: Posteriormente, se dio por terminada la relación de pareja y a partir de entonces el señor F. H. P. limitaba la presencia y acciones de la referida señora H. G. en la mencionada empresa. Una vez finalizada la relación sentimental entre H. M. y F. A., este último contrajo nupcias en noviembre del 2007, siendo sancionado por el Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica, en fecha 19 de noviembre del 2008, a la prestación de servicios comunitarios por el término de dos meses, a raíz de denuncia de violencia doméstica interpuesta en su contra por la señora H. M. G. TERCERO: En ese contexto, llegó a expresar frases y a realizar actitudes en las que el señor F. H. P. le elevaba la voz, en una ocasión golpeó el escritorio al hablar con la señora H. G. viendo esta disminuida su activa participación como socia de la empresa Inversiones Géminis, todo lo cual sobrepasó el ámbito societario cuando en el afán de que fuese despedida o sancionada, el señor F. H. P. durante el año dos mil ocho interpuso denuncias ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y ante la Unión de Notarios de Honduras en contra de la señora H. M. G. D., y en febrero del 2011 en la Fiscalía Especial Contra la Corrupción, siendo las tres acciones desestimadas por las referidas instituciones, provocando el comportamiento mostrado por F. A. en H. M. una enfermedad psicológica, denominada depresión moderada”.
III. RECURSO DE CASACIÓN
“RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY, DE LA SIGUIENTE MANERA: “MOTIVO DE CASACION UNICO PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN: POR INFRACCIÓN DE LEY: ERROR EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA.- Al amparo del artículo 360 del Código Procesal Penal, se denuncia el error padecido por el Tribunal sentenciador al afirmar en Apartado SEGUNDO del fallo: ...El ente acusador ha acreditado efectivamente la comisión de un hecho Típico... a) A su vez, y en conexión con lo anterior, se denuncia el error cometido en la Sentencia recurrida al afirmar en su apartado SEGUNDO último párrafo que las acciones ejecutadas por el acusado F. A. H. configuran plenamente en la comisión del tipo penal de Violencia Intrafamiliar. Al referirnos también a los hechos probados durante la Audiencia de Juicio Oral y Público señalados por error en la Sentencia como elementos de prueba indirecta para acreditar que el acusado le sigue el mismo tipo penal por el Testimonio de la Sra. H. G. D., su hija H. A. y también su yerno Juan Carlos. Pues bien, las anteriores premisas fácticas de las que parte la resolución recurrida para alcanzar su fallo erróneo en materia legal por ser condenatorio según se demuestran al apreciar la legalidad de los documentos obrantes en las actuaciones y que no resultan contradichos por ningún otro elemento probatorio, documentos de los que se deduce inevitablemente que las denuncias empleadas por F. A. H. P. no se subsumen legalmente como hechos, acciones o concurrencia de eventos que sean requisitos para concluir que existe Violencia Intrafamiliar. Todo porque la concreta materialización del hecho delictivo no surge clara y tal cual es la situación que no alcanza a los presupuestos exigidos para ampliar el radio de punibilidad de la figura delictiva de “Violencia Intrafamiliar”.- Todo ciudadano tiene el derecho de Petición constituido en el artículo 80 de La Constitución de la República por lo tanto con o sin razón puede personarse de forma natural o mediante apoderado legal para impulsar acciones administrativas— judiciales aún y cuando no logren buen puerto a sus pretensiones. La Absurda Calificación de la presentación de denuncias administrativas y demandas civiles en litigios aparte sostenido entre el acusado y la parte actora no deben ser considerados como elementos tipo penal y de orden psicológico para dejar como conclusión inexacta que las denuncias ante el Poder Judicial y La Contraloría de Notariado son motivo de DOLO PENAL e intención criminal en materia de Violencia Intrafamiliar.- Ninguna de esas circunstancias -incluso Ponderadas en conjunto- demuestran inequívocamente el comienzo de ejecución del agravio sexual imputado, pues no constituyen acciones directamente identificadas con el núcleo del tipo penal del artículo 179-A del Código Penal ni tampoco otras que se vinculen necesariamente con aquél; ergo, no cabe al respecto formular reproche penal. b) El cargo de la Casación estriba en que el Tribunal de Sentencia dentro del Apartado segundo de sus Fundamentos Jurídicos de la sentencia se limita solo a analizar la naturaleza de las denuncias administrativas sostenidas por el acusado en contra de la parte actora en la sede del Ministerio Público, La Inspectoría General de Tribunales y la Contraloría del Notariado como PERSECUCION QUE DENOTA FRIALDAD sin verificar que el Sr. F. A. H. P. tiene todo el derecho a presentar por si o en representación de la sociedad mercantil “Inversiones Géminis S. de R.L.” imputaciones contra cualquier persona e incluso un tercero. En efecto, no se ha logrado acreditar de un modo eficaz la imputación dirigida contra el procesado F. A. H. P. con el grado de certeza que requiere un pronunciamiento condenatorio, y en tal sentido no se logró lacerar es Estado de Inocencia que goza el imputado y por ende no cabe sino afirmar que la acusación no ha podido ser probada en legal forma respecto de los hechos de “violencia intrafamiliar” presuntamente ocurridos por varias denuncias admitidas en sede Fiscal y en otras entidades de Derecho Público. Ello así, el relato brindado en el juicio oral difirió sustancialmente del que constituyera el Requerimiento en cuya virtud el imputado fue traído a juicio por demandas civiles, acciones administrativas y denuncias notariales, de manera que dar por equivalentes a “agresiones sexuales” los actos de denuncia en todas las distintas versiones que de estos hechos brindó la denunciante, y que el Fiscal denominó razones de “DEPRESION MODERADA” producto del miedo que afectaría de modo intolerable el principio de congruencia, en correlación con la garantía constitucional de la Inviolabilidad de la defensa en juicio (articulo 82 de La Constitución de La República). c) Tampoco es cierto, o al menos no se lo acreditó, que las denuncias y acciones promovidas ante el Poder Judicial contra H. M. G. D. se basaran legalmente en una relación desigual de poder, o que la denunciante estuviera colocada en un lugar de clara desventaja y discriminación con relación al imputado como conducta calificada en tipo penal. Dicho de otro modo, no se acreditó la situación preexistente de “violencia familiar o de género”, ni mucho menos se probó en concreto el hecho de amenazas. Lamentablemente, no se observa en general en los jueces del Tribunal de Sentencia ningún esfuerzo en este sentido, sino que se contentan con citar la convención “Belem do Pará” y otras normas de similar tenor, al momento de solicitar condenas, como si esas normas internacionales pudieran reemplazar por sí solas todo el trabajo sostenido en la “Legislación Penal Hondureña”. Esto significa que la imputación por denuncia administrativa o Demanda civil según el Tribunal de Sentencia es un acto calificado con tipo penal y la intención es dolosa en contravención del Artículo 13 del Código Penal.- Por tanto no es verdadera la intención de “violencia de género” al denunciar o demandar; no importa dos o más veces ante cualquier órgano con jurisdicción. Para que una agresión, una lesión, una amenaza, o cualquier otro delito queden comprendidos en la regla de la “relajación del estándar probatorio”, puesto que ciertos hechos de esta naturaleza suceden “puertas adentro” y son “silenciosos”, se deben extremar los esfuerzos valorativos del cuadro probatorio, en ausencia de prueba directa y especialmente cuando la única o la principal prueba con la que se cuenta es de tipo personal, antes debió probarse por medios autónomos e independientes, donde regirán amplísimas reglas de producción, que los hechos del caso: a. tuvieron lugar basados en “su género”; b. que se basaron en una relación desigual de poder; c. que la mujer vivía sujeta a prácticas sistemáticas que la Ponían en desventaja respecto del varón; d. en definitiva deben probarse en el juicio los extremos que dan sustento al entramado jurídico de esos cuerpos legales, que usualmente pretenden ser utilizados para omitir todo esfuerzo razonable y concreto para probar, en legal forma, las acusaciones que se formulan contra personas que, huelga repetirlo, “son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario”. Si se insiste en proceder de otro modo, se corre el peligro concreto de fomentar las denuncias como actos criminales o ilícitos penales. Estas actuaciones no pueden encuadrarse dentro del tipo penal para que se estructure el delito de “Violencia Intrafamiliar”, pues, de acuerdo con esta forma de ver las cosas, no sólo desconoce que la propia convención de “Belem do para “ estatuye en su artículo 14 que “Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como restricción o limitación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos...”, y que por ende no puede echarse por tierra lo dispuesto en los artículos 8.2 y 24 de aquélla, sino que se pierde de vista que no todo conflicto entre un hombre y una mujer es “violencia de género”. Interpretar así las relaciones humanas no sólo no supera un umbral mínimo de razonabilidad en sentido constitucional, sino que genera el serio peligro de tender a una total administración de denuncia y judicialización de la vida privada y a la judicialización de toda desavenencia de género, con las nefastas consecuencias que ello puede acarrear para el objeto mismo que se está queriendo tutelar, y viola flagrantemente el principio de “ultima —ratio” que debe regir la actuación del poder penal. d) Siendo correcto casar el estudio legal de las probanzas de la causa dentro del contenido del sentido del fallo, a lo sumo, se acreditan solo actos administrativos y algunos judicial izados que aún declarados Sin Lugar fueron admitidos desde un principio para reclamar sanciones administrativas en contra de la Abogada H. M. G. D. No es creíble que: “ una mujer profesional del Derecho no sea capaz de sobrellevar dos denuncias administrativas y sentir agravio sexual y a su vez lograr clasificar a diversos puestos dentro y fuera del Poder Judicial para manifestar de manera psicológica una DEPRESION”. Esto deja mucho en evidencia entonces que el Poder Judicial nombra empleados y funcionarios evaluados de forma psicológica pero que hoy sorprendentemente se puede catalogar como “Abogados Depresivos”. e) Efectivamente, al contrario de lo que afirma la sentencia recurrida, es lo cierto que de los documentos que a continuación se mencionan, se deduce inevitablemente: 1. La existencia REAL Y NO SIMULADA de actos administrativos consistentes en Denuncias de carácter administrativo que no pueden ser valorados como prueba penal de incriminación u ofensa. 2. La ofendida en sus declaraciones rendidas ante el Ministerio Público y El Juzgado Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa determinan claramente la intención de convertir las denuncias administrativas y demandas en juicios civiles, más las denuncias ante la Inspectora de Tribunales como acciones de intimidación y amenazas a muerte por parte del acusado. 3. La INVALIDEZ del Requerimiento Fiscal, Auto de Prisión y encausamiento: “La palabra violencia gramaticalmente significa “fuerza extremada, intensidad, abuso de la fuerza” siendo este un concepto cotidiano en la actualidad” Diccionario Práctico Larousse pág. 619. De tal manera que esto se suma el hecho que la mujer debe sufrir malos tratos que “son un reflejo de los mecanismos de poder existentes en la sociedad, que a través de los procesos educacionales y de creación de hábitos culturales y sociales llegan a ser asumidos no sólo por los hombres sino también por las propias mujeres, quienes con su conducta en algunos casos ayudan a la perpetuación de tales situaciones”. Dando lugar con ello a la violencia familiar, cuyas principales víctimas son las mujeres, niños y ancianos. En el presente caso las Demandas Civiles, las Acciones de Denuncia Administrativa contra la magistrada y la intención del imputado en cada acción mediante la que contrató u Abogado y la víctima tuvo su defensa en JUICIO CIVIL NO PUEDEN SER TENIDOS COMO ACTOS VIOLENTOS. No existe un desequilibrio, falta de balance o superioridad por parte del acusado por que la Abogada sabe que tiene a su lado el Derecho de la Defensa, la contrata de un apoderado Defensor, los Recursos y a acudir a la instancia por lo que se concluye que no son estas conductas TIPOS PENALES para condenar al Sr. F. A. H. P.. En los delitos sexuales, para medir la Intención debe existir UNA EVIDENCIA DE ESTADO DE FUERZA O APROVECHAMIENTO DE ESTATUS (JEFE, ESPOSO, DIRECTOR O DEPENDENCIA ECONOMICA) que determine el principio o reiteración del Acto Violento. Es de fácil conclusión que la Abogada jamás se encontró en estado de control psicológico, inferioridad y que como Abogada no puede temer acciones legales que ventila todos los días como Funcionaria acostumbrada a procesos legales. “La declaración sobre la eliminación de la Violencia contra las Mujeres, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 establece en su artículo primero que la violencia contra las mujeres “supone cualquier acto de violencia basado en el sexo, que dé lugar o pueda dar lugar a un perjuicio de sufrimiento físico, sexual o psicológico de las mujeres, incluidas las amenazas de tales actos, la coerción o las privaciones arbitrarias de libertad, ya ocurran en la vida pública o en la privada”; definiendo la violencia más por sus consecuencias que por su origen y estructura”. La inexistencia de ánimo alguno de persecución o fuerza desaparece. Ante estas circunstancias, mi patroC.do acuerda proseguir con sus denuncias y demandas civiles a su nombre y a favor de Inversiones Géminis S de R.L. de C.V. porque existen litigios civiles inter— partes que son prueba suficiente para que una persona no pueda ser seleccionada como Magistrada o Funcionaria Pública.- Tanto es que nadie puede solicitar su Exequátur de Notario si tiene promovidas en contra demandas o juicios pendientes. A su vez, y existiendo la posibilidad de triunfo en materia patrimonial no puede concluirse que las demandas son motivo de delito penal por que la intención de acudir a un Tribunal Civil no es para lesionar bienes protegidos en materia del Código Penal. Que en el “sub judice” la prueba no sugiere un cuadro fáctico de agresión contra la integridad física y moral de la supuesta víctima y de daño a su integridad y no puede afirmarse categóricamente que haya mediado un ataque contra su integridad sexual, existiendo, por el contrario, indicios suficientes de que ambas partes mantienen litigios civiles y administrativos. Lo anterior no resulta contradicho por ningún otro de los elementos probatorios de que disponía la Audiencia sino que, al contrario, vienen a corroborarlo en todos los documentos que son demandas y denuncias ante el Poder Judicial que no deben ser apreciados como conductas de orden criminal. Entender estas acciones administrativas en la Inspectora General del Poder Judicial más las Demandas Civiles como un actos simulados que esconden agresiones sexuales o violentas por parte del acusado hacen formar un yerro dentro de la sentencia definitiva. El maltrato psicológico solo suele manifestarse como un “largo proceso en donde la víctima aprecia cómo el agresor vulnera sus derechos, cómo le falta el respeto, la humilla y la víctima va progresivamente perdiendo autoestima y seguridad en sí misma; los malos tratos se manifiestan de forma notable en la salud mental de la persona maltratada que no puede laborar o clasificar a cargo alguno. El abuso psicológico solo se define como el que incluye aislamiento, amenazas y degradación; la agresión psicológica se refiere a conductas verbales como insultos y conductas no verbales que no van dirigidas al cuerpo de la pareja, por ejemplo golpear puertas, destrozar objetos, etc. El maltrato psicológico no tiene que ver con una situación concreta de denuncia administrativa en papel o demanda civil; siempre es una situación reiterada y continuada, donde el que arremete siempre es la misma persona y la víctima también es la misma; entonces no se genera una especie de círculo cerrado, donde el agresor trata de una manera determinada y la víctima se acostumbra a ese trato bajo superioridad; normalmente todas las personas que viven en una situación de malos tratos, ambas, el agresor y la víctima, tienen la autoestima muy baja. En el caso concreto de autos está plenamente establecido, por versión de la agraviada que los hechos surgen por denuncias entonces dicho comportamiento no es un patrón de conducta contra la agraviada, más aún cuando la agraviada vive sola, separada de su esposo y clasificada en exámenes psicométricos para trabajar en el Poder Judicial; situación que no se puede atribuir como maltrato psicológico” Yerra el Tribunal de Sentencia al calificar los hechos que declara probados como constitutivos de un delito de Violencia Intrafamiliar, por lo que ha de ser casada la misma, de forma que, la Sala declare la indebida aplicación del artículo 179—A del Código Penal y, por consiguiente, absuelva a mí patroC.do, con todos los pronunciamientos favorables, del delito por el que ha sido condenado. NULIDAD SUBSIDIARIA AL RECURSO DE CASACION POR DESCONOCERSE AL PROCESADO EL DERECHO AL JUICIO CIVIL, A LA DENUNCIA ANTE EL PODER JUDICIAL Y AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO EN MATERIA DE INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES. 1. Se suscitó en el trámite procesal la remisión y conocimiento de asuntos de conocimiento en competencia entre las jurisdicciones Administrativa de la judicatura y Civil ordinaria. Antes de dictarse la sentencia y en el Requerimiento Fiscal se hace referencia a la existencia de Demandas Civiles como medios probatorios acompañados con un Dictamen Psicológico del Ministerio Público. De este lado se aportaron la razones legales en virtud de las que se reclama el uso de documentos, demandas civiles más las denuncias ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia, La Inspectora General de Tribunales contra la Sra. H. M. G. D. como materia del conocimiento del asunto penal por parte del Tribunal de Sentencia para resolver este conflicto a favor de la parte actora en la justicia penal ordinaria. 2. A la Corte Suprema de Justicia, a la Inspectoría general de Tribunales y a la Contraloría del Notariado se les atribuye la facultad por competencia respectivamente de cada denuncia planteada de forma equivocada como VALORACION DE LP PRUEBA DE CARGO contra el Sr. F. A. H. P. tal como aparece en la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de F. Morazán. Cada órgano señalado mantiene su competencia relativa pero el Tribunal considera estas acciones como una ofensiva persecutoria y materia de conocimiento por delito de “Violencia Intrafamiliar”. Esto es un pleno desconocimiento de la asignación contenida por las atribuciones disciplinarias que tiene la Corte Suprema de Justicia y en Especial La Vigilancia judicial de la Inspectoría General de Tribunales más la potestad disciplinaria de la Contraloría del notariado que no pueden ser utilizadas en juicio penal para incriminar al procesado. De ser cierto el planteamiento del Tribunal de Sentencia entonces al denunciar en materia de judicatura o notariado nos auto— incriminamos en materia penal frente al denunciado. — Este criterio es violatorio al párrafo segundo del artículo 88 de La Constitución de la República. Procede el amparo a la nulidad de actuaciones conforme al numeral 7) del artículo 166 del Código Procesal Penal; por que las denuncias en materia administrativa— judicial más las demandas civiles promovidas contra la Sra. H. G. D. NO DEBEN SER TENIDAS COMO PRUEBA EN CONTRA del mismo denunciante Sr. F. H. P..— Esto equivale a concluir que por el hecho de presentar denuncias está condenado por violencia intrafamiliar. También el Fallo es arbitrario e intimidatorio por que se priva al condenado a volver a denunciar porque según ese error judicial cada denuncia es una acción o agresión sexual siendo lo contrario porque cada denuncia fue Admitida y la parte denunciada tiene derecho a su traslado.- De tal modo que no se cae en una conducta de abuso o superioridad. Es claro, entonces, que cada acción de denuncia ocurrido por acción del procesado antes del proceso penal entre la jurisdicción ordinaria penal, civil y administrativa de judicatura lo resolvió el Tribunal de Sentencia como conducta de agresión sexual en contra del artículo 800 de la Constitución de La República que sostiene el derecho de petición. Cabe señalar, sin embargo, como paso necesario para anular el juicio Penal que procede el pronunciamiento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por la forma en que se llevó este caso como asunto “sexual o de género”, si la decisión de cada denuncia corresP.de a la Corte Suprema de Justicia, a la Inspectoría General de Tribunales, al Consejo Superior de la Judicatura y a la Contraloría del Notariado por la cual se atribuye cada conocimiento respectivamente. Entonces es susceptible de invalidarse el desarrollo del proceso por nulidad subsidiaria en este recurso extraordinario de casación por que puede suceder que los ámbitos generen resoluciones judiciales o administrativas contradictorias.— Verbigracia un Juicio Civil de éxito pero un caso penal condenatorio. 2. “habiendo sido el aspecto sustancial de la competencia tramitado y resuelto en cada denuncia por quien tenía facultad funcional para decidirlo, no puede aspirarse a que sea de nuevo el punto considerado, por el Tribunal de Sentencia como Hecho Probado de sindicación sexual aun cuando se le quiera dar al expediente administrativo o civil sin resultados favorables al Sr. F. A. H. P. como materia de juicio penal por Violencia Intrafamiliar. Cada Denuncia formada en cada materia adquirió seguridad jurídica en cada institución frente a todos a quienes en él intervinieron, mostrando conformidad o disconformidad a través de los recursos”.— Nadie debe ser perseguido penalmente por que la parte actora también hizo comparecencias en cada denuncia. La ley ha establecido la manera de decidir éstas (denuncias) señalando los distintos órganos que pueden conocer y decidir con carácter obligatorio sobre esta cuestión. Así, una vez se ha resuelto el conflicto y definida la competencia en un funcionario determinado, por quien tiene la facultad para ello, no puede presentarse, en otras instancias, nueva discusión sobre la observancia de este presupuesto procesal, por cuanto el mismo ya ha sido objeto de examen y decisión, razón por la que la jurisprudencia y la doctrina han coincidido en señalar que el fallo que decide esta clase de conflictos se convierte en ley del proceso de obligatorio cumplimiento, y, como tal, no puede ser discutido ni desconocido por las partes o funcionario judicial alguno...” 3. Señaló la Nulidad a Ruego de la Sala y Específicamente por que no puede afirmarse que la definición de acciones en otras instancias de otras competencias por la autoridad a la que la Constitución o la Ley le haya asignado esa atribución, sea un tema intocable en juicio de casación, pues en ese caso habría que reconocer dos situaciones: una, que el juicio de casación no es comprensivo de manera absoluta, sino solo relativa, dando lugar a otra clase de acciones extraordinarias encaminadas a la reparación de agravios fundamentales; y, dos, el concepto de ‘nulidad por vía de casación’ estaría por fuera del ordenamiento jurídico, pues no podría abordarse por la autoridad que tiene tal función dentro de la sede que justamente verifica que no haya sido violentado, esto es, reconocerle a aquél supremacía sobre la Constitución y la Ley”. 4. En conclusión: Procede Anular todo el proceso penal desde el Requerimiento Fiscal porque en el desarrollo del recurso de casación penal la Sala ejerce el control constitucional y legal de las sentencias del Tribunal de Sentencia, inclusive de oficio.— Nada en el trámite procesal puede estar exento de examen. La resolución de un asunto ventilado antes del proceso penal en competencias administrativas y/o en la jurisdicción civil dentro de la actuación, en particular, no es un tema extraño al objeto de la impugnación extraordinaria. Esa determinación, por tanto, debe decirse claramente, no cierra de manera definitiva una fase procesal y si bien es cierto soluciona una diferencia en su curso, no es intocable para el Tribunal de casación. Es pertinente, pues, juzgar la anulación de la sentencia emanada el 30 de Abril de 2014 mediante la cual el Tribunal de Sentencia se atribuyó el conocimiento de las denuncias administrativas, demandas civiles y acciones en el Poder Judicial como actos de agresión o persecución en Violencia Intrafamiliar según presente caso.- Ello con la finalidad de establecer que en la misma se vulneró al procesado el derecho a la no auto incriminación y al Derecho de Petición más la infracción al derecho del procesado para asistir a cada fuero o instancia que considere correcta a sus pretensiones”.
IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
1.- La Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que por medio del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, y que corresP.de a la Sala actuar como mero contralor de la aplicación de la ley sustantiva. En este sentido el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresP.de aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma.
2.- En el caso concreto que ahora nos ocupa, los hechos declarados probados por el A Quo expresan que: “PRIMERO: Los señores F. H. P. y la Señora H. G. después de mantener una relación de amistad llevaron una relación de pareja entre los años dos mil cuatro y dos mil siete, cuando ella era casada pero separada y en tramites de divorcio con una anterior pareja. Ello les permitía convivir y llevar una relación de familiaridad, y a pesar de que ambos tenían sus respectivas casas de habitación, decidieron vivir juntos en un apartamento en el Trapiche, Tegucigalpa, M.D.C., lugar donde pasaban la mayor parte del tiempo libre de que ambos disponían, que se vio reforzada cuando en diciembre del año 2005 el señor H. P. y la señora H. G. y los hijos de esta H. A., A. C. y M. A. todos de apellidos H. G., cuya principal finalidad era la comercialización de servicios de telecomunicaciones en la cual la señora H. G. entró a laborar en el año dos mil siete. SEGUNDO: Posteriormente, se dio por terminada la relación de pareja y a partir de entonces el señor F. H. P. limitaba la presencia y acciones de la referida señora H. G. en la mencionada empresa. Una vez finalizada la relación sentimental entre H. M. y F. A., este último contrajo nupcias en noviembre del 2007, siendo sancionado por el Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica, en fecha 19 de noviembre del 2008, a la prestación de servicios comunitarios por el término de dos meses, a raíz de denuncia de violencia doméstica interpuesta en su contra por la señora H. M. G.. TERCERO: En ese contexto, llegó a expresar frases y a realizar actitudes en las que el señor F. H. P. le elevaba la voz, en una ocasión golpeó el escritorio al hablar con la señora H. G. viendo esta disminuida su activa participación como socia de la empresa Inversiones Géminis, todo lo cual sobrepasó el ámbito societario cuando en el afán de que fuese despedida o sancionada, el señor F. H. P. durante el año dos mil ocho interpuso denuncias ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y ante la Unión de Notarios de Honduras en contra de la señora H. M. G. D., y en febrero del 2011 en la Fiscalía Especial Contra la Corrupción, siendo las tres acciones desestimadas por las referidas instituciones, provocando el comportamiento mostrado por F. A. en H. M. una enfermedad psicológica, denominada depresión moderada”.
3.- Para esta Sala de lo Penal, en el cuadro fáctico anteriormente relacionado no se dan los elementos que configuran del delito de violencia intrafamiliar, ya que del mismo no se desprende que el acusado haya empleado actos de fuerza e intimidación en perjuicio de la supuesta victima con la finalidad de causarle daños emocionales, ni la concurrencia de actos tendientes a intimidar, menospreciar ó atemorizar a la víctima, existiendo entre los hechos declarados probados en la sentencia y la calificación jurídica de Violencia Intrafamiliar, aplicación indebida de dicho precepto penal, ya que las conductas descritas en el factum no son subsumibles en los elementos objetivos del tipo penal mencionado.
V. DECISIÓN
El Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el Abogado I. A. V. M., actuando en su condición de Defensor del señor F. A. H. P. debe ser estimado.
VI. RESOLUCIÓN
POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del ESTADO DE HONDURAS, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360 del Código Procesal Penal. FALLA: Declarar HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley Sustantiva en su Único Motivo, interpuesto por el apoderado legal del procesado F. A. H. P.. En consecuencia, casa la sentencia de la siguiente manera: PRIMERO: Absolviendo, de toda responsabilidad penal al Señor F. A. H. P., como autor responsable de un delito consumado de violencia intrafamiliar en perjuicio de H. M. N. D. SEGUNDO: SE REVOCAN las medidas cautelares impuestas al acusado F. A. H. P., con ocasión del presente proceso criminal.-Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remiten las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes.-NOTIFÍQUESE.
RAFAEL BUSTILLO ROMERO
Magistrado Coordinador
ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA
Magistrada
JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ
Magistrado
SP 273-2015