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Sentencia CP-271-13 — Registro 8068

Resumen

En primer instancia se condenó al imputado por el delito de robo agravado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1) Denunció el recurrente que la Sentencia que se impugna, adolece de la firma de uno de los jueces lo cual provoca su anulabilidad, consignando como precepto autorizante el artículo 362 numeral 7 del Código Procesal Penal. Expresó el censor que es evidente que en la sentencia solo aparecen las firmas de dos jueces de sentencia, faltando la del juez integrante A. G. L. L.. El artículo 145 del Código Procesal Penal establece que en estos casos, puede ser subsanada por un acta complementaria en la que el Juez acepte haber participado del acto y asuma su contenido, pero en el caso subjudice dicha acta completaría no aparece, lo que sí se encuentra es una constancia emitida por la Secretaría del Tribunal en la que se acredita que no fue posible ubicar al abogado L. L. pues ya no labora para el Poder Judicial. 2) Siendo que la sección sexta del artículo 338 del Código Procesal Penal manda la consignación de la firma de los miembros del Tribunal de Sentencia, el vicio se constituirá cuando alguna de las firmas no aparezcan en el documento de la sentencia, salvo, como lo indica el motivo, en los casos citados en el artículo 145 del mismo código y que se refiere a la subsanación de la falta de firma de alguno de los jueces mediante acta de complementaria en la que dicho funcionario indique que participó en la deliberación, votación y asume el contenido de la sentencia. Debe de considerarse al respecto lo señalado en el párrafo tercero de este último artículo[1]. (Es decir en el caso que se deba a fallecimiento o una incapacidad surgida después de la deliberación y votación). 3) Resulta totalmente claro para esta Sala de lo Penal el vicio denunciado por el recurrente, así como la postura de la parte recurrida, pues definitivamente estos casos no ocurrirían si se constase en todos los Tribunales de Sentencia de la República, con un cuarto Juez que pueda salvaguardar con su presencia todas las actuaciones que realicen los jueces integrantes, pero que, lastimosamente situaciones presupuestarias impiden poder realizar el nombramiento de dichos togados. Es evidente el error denunciado, pues al revisar el fallo recurrido se puede determinar que en efecto no aparece la firma de uno de los jueces integrantes abogado A. G. L. L., quien participó tanto en el debate o juicio oral, en la deliberación y votación e incluso en la audiencia de individualización de la pena según acta que aparece agregada a folio 136 de la primera pieza del expediente judicial. La firma en todo escrito, es un signo único y personal, que estampado es signo de autoría del contenido del documento, de asunción del mensaje y que en las resoluciones judiciales además representa el ejercicio del poder público que ha sido confiado a una persona natural, con el mismo efecto legal que el pronunciamiento de las resoluciones a viva voz en las audiencias judiciales. El primer párrafo del artículo 145 del Código Procesal Penal ordena, que toda resolución judicial que deba de ser emitida por escrito finalizará con la calza de las firmas de los Jueces de Sentencia que intervinieron en su adopción, advirtiendo que de no ser así, la resolución carecerá de validez. Ahora bien la propia ley no desconoce que existe la posibilidad material de que aun cuando un Juez o Jueza de Sentencia haya acordado, votado y emitido una resolución por escrito, pueda acontecer alguna causa que impida que firme la misma, en tales casos es procedente acatar lo señalado en el segundo párrafo del artículo 145 ya referido y subsidiariamente lo señalado en el párrafo tercero del mismo artículo, el que tiene relación directa con artículos 191.2 y 191.3 del Código Procesal Civil, a saber: a) Todas las resoluciones por escrito deberán de ser firmadas una vez que hayan sido acordadas, votadas y redactadas, agregándolas al expediente de manera inmediata, sin que posteriormente exista la posibilidad de poder ser cambiadas. En teoría ninguna resolución debería de ser agregada y dada a conocer al público sino hasta que haya sido firmada por todos los que la suscribieron, sin embargo ello puede ocurrir, es decir, puede darse la situación en donde una resolución haya sido agregada al expediente y ser expuesta al público sin que haya sido firmada aún por alguno de los jueces y/o Juezas de sentencia, la consecuencia jurídica es que dicha resolución no tiene validez alguna, es decir no puede ser notificada, mucho menos ejecutada. El legislador previendo que sería redundante obligar a los jueces emitir una nueva e idéntica resolución, determinó que es un mejor proceder que los jueces y juezas que no hayan firmado, suscriban un acta complementaria en donde manifiesten haber intervenido en la decisión y que adoptan la misma como propia o, en su caso, de haber intervenido en votación, que la reconocen como válida pero que no concuerdan con lo resuelto por la mayoría, puntualizando las razones, la resolución entonces adquiriría validez, pudiendo ser notificada y ejecutada a partir de ese momento; b) El último párrafo del artículo 145 del CPP, señala que no se procederá a agregar acta complementaria en caso de que la razón de la falta de firma sea porque el juez o la jueza ha fallecido o porque le ha sobrevenido una incapacidad después de haber deliberado y votado la resolución. En esos casos lo procedente es acatar lo ordenado en los artículos 191.2 y 191.3 del Código Procesal Civil, de modo que el Juez o Jueza de Sentencia que haya presidido la audiencia firmará por el Juez o Jueza Ausente, expresando el nombre del juez o jueza por quien firma,  haciendo constar que el Juez o Jueza ausente votó y explicando el porqué no pudo firmar. En los casos donde el Juez o Jueza ausente sea precisamente el que haya presidido la audiencia, firmará por el Juez o Jueza que le siga conforme el orden de prelación de la audiencia. 4) En el caso subjudice, la situación se plantea conforme el numeral (a) que hemos explicado, pues no nos encontramos ante el fallecimiento o incapacidad de un Juez, sino que, a la imposibilidad de poder localizar al togado, pues ya no labora mas para el Poder Judicial, en tal sentido, si bien los dos jueces restantes firmaron la sentencia, la misma no tiene ninguna validez pues el Tribunal de Sentencia es un órgano colegiado y sus resoluciones deben ser dictadas en ese mismo sentido, por lo tanto, lo procedente es declarar ha lugar el presente recurso de casación, se ordena  anular el debate celebrado y la sentencia dictada, así como la celebración de un nuevo juicio con jueces diferentes a los que participaron en el juicio anulado. Para esta Sala de lo Penal es necesario que dichos errores no sigan ocurriendo, pues se hace evidente que el profesional del derecho Abogado G. L. L., puedo haber incurrido en alguna falta o infracción a sus deberes cuando ostentaba como Juez de Sentencia, le cual devenía en la obligación de dejar concluidos todos aquellos expedientes, juicios o resoluciones que conoció durante se encontraba en funciones; por lo que se instruye a la autoridad correspondiente, realizar las investigaciones del caso para deducir la posible responsabilidad administrativa, civil o penal  que el caso amerite. V. DECISIÓN Declarar con lugar el recurso de casación que por quebrantamiento de forma interpusiera la defensa privada del imputado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta días del mes de enero del año dos mil diecisiete, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el Recurso de Casación SP 271-2013 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha doce de junio de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló: 1) Condenando al señor A. L. P. V., a la pena de nueve (9) años seis (6) meses de reclusión, por el delito de Robo Agravado, en perjuicio de C. G. M.. 2) Condenando al imputado A. L. P. V. a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. 3) Declaró la responsabilidad civil del condenado A. L. P. V.. No condenó a dicho procesado al pago de costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma, el abogado O. L. L., en su condición de Defensor Privado del señor A. L. P. V.. Son Partes: El abogado O. L. L., en su condición antes indicada como recurrente y la abogada M. E. G., en su calidad de representante del Ministerio Público como recurrida. II HECHOS PROBADOS PRIMERO: El día 7 de agosto del año 2007, a eso de las 4:00 de la tarde, en el Barrio Buenos Aires, sector noroeste de esta ciudad de San Pedro Sula, el señor C. G. M., se encontraba junto a su vecino O. P., observando una práctica de fútbol en un campo cercano a su casa, cuando el señor C. G. M., advirtió la presencia de un vehículo marca Hiunday sin placas que circulaba por el lugar, a pocos metros después de pasar el vehículo da vueltas y regresó al mismo lugar, de repente el vehículo se estacionó frente a ellos, y se bajaron dos individuos y un tercero identificado como A. L. P. V., los esperaba dentro del vehículo, descrito como una persona de color trigueño, y estaba a unos 8 metros del lugar donde se encontraban los señores C. G. M. y O. P., uno de los que se bajo es identificado por el señor C. G. M. como un chelito, con un arma de fuego lo encañonó y lo tiró al suelo, y despojó al señor C. G. M. de una cadena de oro y de una navaja que portaba, posteriormente los individuos abordaron el vehículo y huyeron a rápida velocidad del lugar, se intentó detenerlos, en su huída por parte de los policías de la posta del sector del roble, sin embargo no obedecieron la señal y continuaron su rumbo, colisionando posteriormente en el vehículo que huían con un poste en la entrada de la colonia Santa Martha, en donde se les dio captura y fueron puestos a la orden de las autoridades, y fueron identificados por el señor C. G. M., como las personas que minutos antes lo habían despojado de sus pertenencias.” III. RECURSO DE CASACIÓN “El recurrente abogado O. L. L., en su condición de Defensor Privado del señor A. L. P. V., procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA.UNICO MOTIVO: Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia, salvo en los casos previstos en el artículo 145, PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 numeral 7 del Código Procesal Penal. Además del precepto penal adjetivo que se invoca como infringido, también se robustece con otras del mismo cuerpo de normas como ser el artículo 145 que manda: Artículo 145: “Firma de las resoluciones.-Las resoluciones… La falta de la firma del Juez o de la de uno o más miembros del Tribunal de Sentencia, provocara la invalidez del acto, a menos que tal omisión sea subsanada por acta complementaría en la que dicho juez o miembro del Tribunal reconozcan haber intervenido en el acto y asuma su contenido. - Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable si la falta de la firma de un miembro del Tribunal de Sentencia se debe a su fallecimiento o a una incapacidad surgida después de su participación en la liberación y en la votación. ES CONVENIENTE aclarar para los efectos sucesivos, que el planteamiento se dirige a demostrar que el Tribunal de Sentencia recurrido en primer lugar: Me notificó la Sentencia que se recurre en fecha cuatro de abril del año en curso (04-04-13) la cual firma de uno de los Jueces de Sentencia; en segundo lugar: que este vicio provoca la invalidez del acto. EXPLICACION DEL MOTIVO PRIMERO: Es evidente al revisar la Sentencia que se recurre, que al final de la misma solamente aparecen la firmas de dos Jueces de Sentencia la del Juez Presidente S. O. L. C. y la del Juez Ponente R. E. B., faltando la del Juez Integrante A. G. L. L.. Lo anterior es fundamental en lo que exige la norma 362 en su numeral 7, misma que utilizamos para fundamentar el vicio señalado “Que falte la firma de uno de los miembros del Tribunal de Sentencia”. SEGUNDO: Además la norma señala el artículo 145, donde se encuentran los casos en que no tendrá valor el vicio de la falta de la firma de uno de los miembros del Tribunal, estos casos son siguientes: 1. Que la omisión sea subsanada por acta complementaria en la dicho Juez o miembro del Tribunal reconozcan haber intervenido en el acto y asuma su contenido”. Al revisar el expediente de mérito NO ENCONTRAMOS ACTA COMPLEMENTARIA en la que el Abogado A. G. L. L. reconozca haber intervenido en el Acto o Juicio Oral y Público, asumiendo su contenido; es más si se encuentra una Constancia que asegura que el Abogado A. G. no labora para ese Tribunal de Sentencia. 2. El otro caso es que no será aplicable lo anterior, si la falta de la firma del miembro del Tribunal se debe a su fallecimiento o a una incapacidad surgida después de su participación en la deliberación y en la votación. De todos es sabido que NO EXISTE noticia de que el Abogado A. G. haya fallecido, así como tampoco, que haya o se encuentre padeciendo alguna enfermedad que lo incapacitara después de concluido el Juicio Oral y Público. Como podemos observar Honorables Magistrados, se cumple en un cien por ciento (100%) lo que establece la norma 362 numeral 7, la falta de firma de uno de los miembros del Tribunal de Sentencia; de igual manera no fue subsanada la falta de la firma por el Abogado L. L. con un Acta Complementaria, de igual manera no ha fallecido y tiene incapacidad alguna. APLICACION PRETENDIDA. Honorables Magistrados es de Recibo este Motivo Único de Casación, al haber infringido el artículo 362 numeral 7 al haber hecho falta la firma de uno de los miembros del Tribunal de Sentencia recurrido; una vez reconocido este vicio se proceda a la nulidad del fallo condenatorio.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1) Denunció el recurrente que la Sentencia que se impugna, adolece de la firma de uno de los jueces lo cual provoca su anulabilidad, consignando como precepto autorizante el artículo 362 numeral 7 del Código Procesal Penal. Expresó el censor que es evidente que en la sentencia solo aparecen las firmas de dos jueces de sentencia, faltando la del juez integrante A. G. L. L.. El artículo 145 del Código Procesal Penal establece que en estos casos, puede ser subsanada por un acta complementaria en la que el Juez acepte haber participado del acto y asuma su contenido, pero en el caso subjudice dicha acta completaría no aparece, lo que sí se encuentra es una constancia emitida por la Secretaría del Tribunal en la que se acredita que no fue posible ubicar al abogado L. L. pues ya no labora para el Poder Judicial. 2) Siendo que la sección sexta del artículo 338 del Código Procesal Penal manda la consignación de la firma de los miembros del Tribunal de Sentencia, el vicio se constituirá cuando alguna de las firmas no aparezcan en el documento de la sentencia, salvo, como lo indica el motivo, en los casos citados en el artículo 145 del mismo código y que se refiere a la subsanación de la falta de firma de alguno de los jueces mediante acta de complementaria en la que dicho funcionario indique que participó en la deliberación, votación y asume el contenido de la sentencia. Debe de considerarse al respecto lo señalado en el párrafo tercero de este último artículo[1]. (Es decir en el caso que se deba a fallecimiento o una incapacidad surgida después de la deliberación y votación). 3) Resulta totalmente claro para esta Sala de lo Penal el vicio denunciado por el recurrente, así como la postura de la parte recurrida, pues definitivamente estos casos no ocurrirían si se constase en todos los Tribunales de Sentencia de la República, con un cuarto Juez que pueda salvaguardar con su presencia todas las actuaciones que realicen los jueces integrantes, pero que, lastimosamente situaciones presupuestarias impiden poder realizar el nombramiento de dichos togados. Es evidente el error denunciado, pues al revisar el fallo recurrido se puede determinar que en efecto no aparece la firma de uno de los jueces integrantes abogado A. G. L. L., quien participó tanto en el debate o juicio oral, en la deliberación y votación e incluso en la audiencia de individualización de la pena según acta que aparece agregada a folio 136 de la primera pieza del expediente judicial. La firma en todo escrito, es un signo único y personal, que estampado es signo de autoría del contenido del documento, de asunción del mensaje y que en las resoluciones judiciales además representa el ejercicio del poder público que ha sido confiado a una persona natural, con el mismo efecto legal que el pronunciamiento de las resoluciones a viva voz en las audiencias judiciales. El primer párrafo del artículo 145 del Código Procesal Penal ordena, que toda resolución judicial que deba de ser emitida por escrito finalizará con la calza de las firmas de los Jueces de Sentencia que intervinieron en su adopción, advirtiendo que de no ser así, la resolución carecerá de validez. Ahora bien la propia ley no desconoce que existe la posibilidad material de que aun cuando un Juez o Jueza de Sentencia haya acordado, votado y emitido una resolución por escrito, pueda acontecer alguna causa que impida que firme la misma, en tales casos es procedente acatar lo señalado en el segundo párrafo del artículo 145 ya referido y subsidiariamente lo señalado en el párrafo tercero del mismo artículo, el que tiene relación directa con artículos 191.2 y 191.3 del Código Procesal Civil, a saber: a) Todas las resoluciones por escrito deberán de ser firmadas una vez que hayan sido acordadas, votadas y redactadas, agregándolas al expediente de manera inmediata, sin que posteriormente exista la posibilidad de poder ser cambiadas. En teoría ninguna resolución debería de ser agregada y dada a conocer al público sino hasta que haya sido firmada por todos los que la suscribieron, sin embargo ello puede ocurrir, es decir, puede darse la situación en donde una resolución haya sido agregada al expediente y ser expuesta al público sin que haya sido firmada aún por alguno de los jueces y/o Juezas de sentencia, la consecuencia jurídica es que dicha resolución no tiene validez alguna, es decir no puede ser notificada, mucho menos ejecutada. El legislador previendo que sería redundante obligar a los jueces emitir una nueva e idéntica resolución, determinó que es un mejor proceder que los jueces y juezas que no hayan firmado, suscriban un acta complementaria en donde manifiesten haber intervenido en la decisión y que adoptan la misma como propia o, en su caso, de haber intervenido en votación, que la reconocen como válida pero que no concuerdan con lo resuelto por la mayoría, puntualizando las razones, la resolución entonces adquiriría validez, pudiendo ser notificada y ejecutada a partir de ese momento; b) El último párrafo del artículo 145 del CPP, señala que no se procederá a agregar acta complementaria en caso de que la razón de la falta de firma sea porque el juez o la jueza ha fallecido o porque le ha sobrevenido una incapacidad después de haber deliberado y votado la resolución. En esos casos lo procedente es acatar lo ordenado en los artículos 191.2 y 191.3 del Código Procesal Civil, de modo que el Juez o Jueza de Sentencia que haya presidido la audiencia firmará por el Juez o Jueza Ausente, expresando el nombre del juez o jueza por quien firma, haciendo constar que el Juez o Jueza ausente votó y explicando el porqué no pudo firmar. En los casos donde el Juez o Jueza ausente sea precisamente el que haya presidido la audiencia, firmará por el Juez o Jueza que le siga conforme el orden de prelación de la audiencia. 4) En el caso subjudice, la situación se plantea conforme el numeral (a) que hemos explicado, pues no nos encontramos ante el fallecimiento o incapacidad de un Juez, sino que, a la imposibilidad de poder localizar al togado, pues ya no labora mas para el Poder Judicial, en tal sentido, si bien los dos jueces restantes firmaron la sentencia, la misma no tiene ninguna validez pues el Tribunal de Sentencia es un órgano colegiado y sus resoluciones deben ser dictadas en ese mismo sentido, por lo tanto, lo procedente es declarar ha lugar el presente recurso de casación, se ordena anular el debate celebrado y la sentencia dictada, así como la celebración de un nuevo juicio con jueces diferentes a los que participaron en el juicio anulado. Para esta Sala de lo Penal es necesario que dichos errores no sigan ocurriendo, pues se hace evidente que el profesional del derecho Abogado G. L. L., puedo haber incurrido en alguna falta o infracción a sus deberes cuando ostentaba como Juez de Sentencia, le cual devenía en la obligación de dejar concluidos todos aquellos expedientes, juicios o resoluciones que conoció durante se encontraba en funciones; por lo que se instruye a la autoridad correspondiente, realizar las investigaciones del caso para deducir la posible responsabilidad administrativa, civil o penal que el caso amerite. V. DECISIÓN Declarar con lugar el recurso de casación que por quebrantamiento de forma interpusiera la defensa privada del imputado. VI. RESOLUCION: POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 191 numerales 2 y 3 del Código Procesal Civil; 145, 202, 338, 359, 362.7 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declarando con lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su Único Motivo interpuesto por el abogado O. L. L., en su condición de Defensor Privado del señor A. L. P. V., a quien se le sigue proceso por el delito de Robo Agravado, en perjuicio de C. G. M.. Segundo: Casa la sentencia. TERCERO: Declara la nulidad del debate y de la sentencia de fecha doce de junio del dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Y MANDA: I.- Que se repita el debate con un Tribunal integrado por Jueces distintos a los que conocieron el juicio anulado. II. Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado Coordinador.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha treinta de enero del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-271-2013.

JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO SALA DE LO PENAL

[1] Cuellar Cruz, Rigoberto. Fernández Entralgo, Jesús. Gomez Colomer, Juan Luis y otros. Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico Práctico) Agencia Española de Cooperación Internacional. Tegucigalpa, Honduras. Septiembre del 2004. Página 602