Sentencia CP-27-14 — Registro 14280
Resumen
Se declara parcialmente con lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa de los imputados, contra la sentencia de primer instancia que los condena por el delito de secuestro
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El Recurso no es de Recibo.- El Recurso carece de contenido; El Censor señala que la sentencia violenta el artículo 82 de la Constitución que reconoce el derecho fundamental a la Defensa, y el artículo 90 del mismo cuerpo legal que reconoce el derecho fundamental a un debido proceso penal, sin explicar los alcances de dichos derechos ni como su violación se ve materializada en la sentencia, pues solo refiere a un erróneo ejercicio de valoración por parte del A-Quo (vicio que es más propia su discusión mediante un recurso de casación por quebrantamiento de forma por violación a las reglas de la sana crítica). Es de tener presente que una adecuada técnica recursiva obliga al recurrente, no solamente a identificar debidamente el recurso que interpone, el motivo en que se basa y el concepto de la infracción o vicio que se alega, sino que además un debido desarrollo argumentativo que explique dicho vicio con claridad y precisión: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato en aspectos ajenos al vicio que se ha identificado.- Sumado a lo anterior, el Censor debe hacer la debida comprobación de la existencia del vicio, haciendo la confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir como considera el Recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. En el recurso que ahora se resuelve, nada de lo anterior es aportado por el Censor, pues en un lacónico planteamiento, se limita a señalar que fueron violentados los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, sin explicar en concreto cual es el vicio, como fue supuestamente producido, cuáles fueron las consecuencias de éste y cuál es el remedio procesal que se pretende; La sola mención de que la prueba presentada en el debate fue indebidamente valorada no satisface los requerimientos necesarios de claridad y precisión expuestos, debiendo por tanto declararse sin lugar el recurso.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El Primer Motivo no es de Recibo.- De inicio, es importante advertir la confusión del Censor respecto al concepto de los motivos expuestos, pues constituyen vicios diferentes: i) La incorporación de un medio de prueba a la audiencia de debate de manera indebida y ii) La exclusión indebida de un medio de prueba de valor decisivo: 1. La incorporación indebida se da cuando se ha evacuado un objeto/sujeto de prueba sin nominación previa o mediante un medio de prueba impropio o inobservando las normas que estipula el Código Procesal Penal para su evacuación; y 2. La Exclusión de un medio de prueba es cuando habiendo sido oportunamente ofertado, admitido por el Tribunal de Sentencia y evacuado debidamente en la audiencia de debate, le fue negado valor probatorio sin señalar las razones en las que se basa o, en su caso, con base en un erróneo criterio sobre legalidad o licitud probatoria. En atención a lo alegado por el Censor es claro para este Tribunal que el motivo alegado es por una supuesta indebida incorporación de dos medios de prueba documental, que según alega, no eran los mismos que habían sido inicialmente propuestos y admitidos en la etapa de preparación del debate, punto en el que se centrará esta Sala de lo Penal para dar una respuesta. Conforme el acumulado judicial, la audiencia de proposición de medios de prueba fue celebrada el 28 de enero de 2011, en donde el Ministerio Público ofertó, entre otros, los medios de prueba documental: Acta de Allanamiento, practicada en la Aldea Piedra Parada, Departamento de La Paz, con su respectiva convalidación por parte del Juzgado de Letras Seccional de La Paz, y el Acta de Inspección Ocular en la Aldea Piedra Parada, Departamento de La Paz, ambos documentos a ratificar en la audiencia de debate por el Agente de la entonces Dirección Nacional de Investigación Criminal: Edy Cruz. Sin embargo, en la etapa de incidentes de la audiencia de debate, el Ministerio Público planteó al Tribunal una modificación en el sentido de que el acta de allanamiento sería ratificada no por el señor Edy Cruz, sino por el señor Bayron Munguía, por ser la persona que la había elaborado, lo cual fue admitido por el A-quo, sin oposición de la defensa de los acusados; posteriormente, en la audiencia de debate, se llamó a la audiencia al señor Edy Gerardo Cruz Velásquez (f. 907), quien ratificó el Acta de Inspección Ocular (f. 68), señalando que no había sido él quien la elaboró pero que estaba allí cuando tal diligencia se realizó acompañando a la persona que después elaboraría el documento; de igual forma fue ratificada en debate el documento cuya suma dice “Acta de Inspección Ocular”, que registra los hallazgos tras el ingreso a la vivienda ubicada en la Aldea Piedra Parada, Municipio de Cabañas, Departamento de La Paz (f. 81 al 84), y que se identificó por el Ministerio Público como Acta de Allanamiento, ratificada por el Señor Bayron Munguía, según consta en la sentencia de mérito (F. 220 v.) y conforme lo afirma el propio Recurrente, es importante anotar que en el acta de debate no aparece reflejado que fue evacuado el medio de prueba documental in comento, ni tampoco su ratificación. Igualmente se evacuó como medio de prueba la resolución emitida por el Juzgado de Letras Seccional de La Paz, de fecha 07 de junio de 2009, en la cual se convalidó el allanamiento practicado al bien inmueble (f. 89). En conclusión, el vicio alegado por el Censor es inexistente por cuanto: a) En relación al medio de prueba documental “Inspección”, éste fue debidamente propuesto en el momento oportuno (audiencia de proposición de medios de prueba) y evacuado durante el debate, presentado para ratificación a la persona que previamente se había nominado para tal efecto: el señor Edy Cruz Velásquez; ello con independencia a la respuesta que haya dado dicha persona a la consulta de si reconocía el documento y con independencia al valor probatorio que le fue asignado al documento, ergo la denuncia hecha por el Censor de que el señor Cruz Velásquez ratificó en juicio un documento distinto a aquel que había sido propuesto es improcedente; b) En relación al medio de prueba ofertado como “Acta de Allanamiento”, es evidente que se trató de una errónea nominación al documento, el cual tiene como suma la leyenda “Acta de inspección ocular”, pues el contenido coincide en relación a la propuesta, que es registrar los hallazgos tras el ingreso a la vivienda, mismo que fue ratificado en la audiencia de debate por el señor Bayron Munguía, ello como consecuencia de un cambio en la proposición de ratificación hecho por el Ministerio Público en la fase de incidentes de debate, sin que exista registro en el acta respectiva de oposición a ello por parte de la defensa..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El medio de prueba pericial no permite derivar que los números de teléfono mencionados tengan vinculación con aquel utilizado por los agresores para realizar llamadas a la familia Arévalo, exigiendo la entrega de una cantidad de dinero para la liberación del ofendido; tampoco es posible vincular los números de teléfono con los aparatos celulares que fueron encontrados en la vivienda de la Aldea Piedra Parada, pues el “Acta de Allanamiento” no hace descripción precisa de ellos, limitándose a mencionar que fueron encontrados 8 celulares (y no fueron presentadas como medios de prueba las actas de incautación de objetos). Igualmente no es posible vincular los números de teléfono analizados con los aparatos celulares presentados como evidencia en la audiencia de debate, pues en estos últimos solo se registra el número de Imei y no el número de teléfono con que funcionaban los chips. Finalmente no se vincularon los números telefónicos analizados en la pericia, ni los aparatos celulares encontrados en el allanamiento, ni los aparatos celulares presentados como evidencia en la audiencia de debate con alguna de las personas acusadas.- En conclusión el medio de prueba no aporta elemento de participación en contra de ninguno de los acusados. Concuerda esta Sala de lo Penal con los Jueces de Sentencia que existe razón suficiente para derivar que los acusados Isidro Ulloa y Maria Lucia Maldonado han tenido participación en la comisión del delito de secuestro, en perjuicio del joven H. A. F., pues los medios de prueba arrojan suficientes indicios que permiten derivar a ello. El Censor plantea como teoría de descargo que los acusados estaban en el lugar en tarea de evangelización, más al debate no se presentó ningún medio de prueba de descargo de este hecho o de que tuviesen su domicilio en otro lugar distinto, quedando sin ataque la prueba que determinó que éstos tenían su residencia en el lugar donde estuvo en cautiverio el ofendido. Ahora bien, le asiste la razón al Censor respecto a las acusadas Ada Linett Ulloa Maldonado e Iris Yolani Ulloa Maldonado, pues en principio el ofendido habla que solo dos señoritas eran las que le daban de comer durante los 7 u 8 días que estuvo en la aldea Piedra Parada, pero en el lugar vivían tres hermanas apellido Ulloa Maldonado (hijas todas ellas de Isidro Ulloa y Maria Maldonado y por tanto todas ellas podían tratar de Padre y Mamá a éstos), ergo se colige que una de ellas no realizó conducta de cooperación con el delito, sin que se pueda identificar cuál de las tres es la que debe ser excluida, pues como se explicó no se realizó ningún reconocimiento en rueda de personas, ningún reconocimiento fotográfico, o cuando menos análisis de parte del A-quo en relación a las características físicas descritas por el ofendido y las que se podían observar en la audiencia de debate a las acusadas. Así pues, el requerimiento fiscal explica que el día 6 de junio de 2009, fueron aprehendidas las jóvenes Ada Linett Ulloa Maldonado, Iris Yolani Ulloa Maldonado e Irma Areli Ulloa Maldonado, lo que tiene como respaldo probatorio la declaración testifical del señor Wilian Alexander Ruiz Lagos, el que refirió que en el lugar del allanamiento fueron aprehendidas un total de seis personas, cinco de ellas de sexo femenino que responderían a: la acusada María Lucía Maldonado, la acusada María Martina Laínez Amaya y las tres hermanas Ulloa Maldonado: Ada Linett, Iris Yolani e Irma Areli; En conclusión, no es posible derivar con la individualización de la joven U. M. que no participó en el delito, pudiendo ser cualquiera de las tres que fueron aprehendidas en el lugar, en cuenta las ahora acusadas Ada Linett e Iris Yolani de apellidos Ulloa Maldonado..".
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO PENAL En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticinco días del mes de septiembre de dos mil diecisiete. El pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su condición de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP027-2014 por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: 1) Condenando a los señores Isidro Ulloa, María Lucía Maldonado (autores) y Ada Linett Ulloa Maldonado e Iris Yolani Ulloa Maldonado (cómplices), por el delito de Secuestro, en perjuicio de H. A. F., a la pena de veinte años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil.- 2) Absolver a la señora Maria Martina Laínez Ayala, del delito de Secuestro, en perjuicio de H. A. F.; 3) No Condenó a los encausados en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, el Abogado Oscar Luna Zúniga, actuando en su condición de apoderado defensor de Isidro Ulloa, Iris Yolani Ulloa, Ada Linett Ulloa y María Lucía Maldonado. SON PARTES: El Abogado Oscar Luna Zúniga, defensor privado, en su condición de Recurrente y el Abogado Salvador Cuestas, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrido. I. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Primero: En fecha 06 de junio del año 2009, Isidro Ulloa, María Lucia Maldonado, Ada Lineth Ulloa Maldonado e Iris Yolani Ulloa, se encontraban en su casa de habitación, ubicada en la calle principal de la aldea Piedra Parada, departamento de La Paz, custodiando al joven H. A.; quien se encontraba privado de su libertad en una bodega de la parte trasera de la misma casa; los señores Isidro Ulloa y María Lucia Maldonado, se dedicaban a custodiarlo, mientras las jóvenes A. L. U. M. e I. Y. U. M., ayudaban a sus padres; brindándole los alimentos a H. A. durante el tiempo que estuvo privado de libertad. SEGUNDO: En esa misma fecha, los agentes de antisecuestros procedieron a trasladarse con varios elementos hasta el lugar indicado y al estar en inmediaciones del mismo, observaron una familia compuesta por Isidro Ulloa, María Lucia Maldonado, Ada Lineth Ulloa Maldonado, Iris Yolani Ulloa los cuales habitaban en ese lugar, la señora María Lucia Maldonado, realizaba varias llamadas, cuando procedieron a acercarse, observaron que otros hombres que se encontraban armados se percataron de su presencia y procedieron a responder con disparos de armas de fuego observando que de la parte trasera de la casa salían en veloz carrera hacia la cima de un predio elevado, uno de los cuales era H.A. y al acercarse el agente Bryan Munguía Boquín, se percató que el mismo se encontraba vendado y le manifestó que él era la persona que se encontraba secuestrada, logrando darse a la fuga, los dos hombre que se encontraban armados, y les repelían con disparos de armas de fuego para no ser detenidos, por lo que momentos después se trasladaron a la casa donde permaneció detenido contra su voluntad H. A., desde el diez de mayo del mismo año, cuando se conducía con sus hermanas en inmediaciones de la aldea de Zambrano y el vehículo en que se trasladaba, fuera interceptado por un carro turismo color ocre, marca Honda Civic y un Carro Toyota Tacoma del cual se bajaron dos personas con armas de fuego, sacando a H. A., subiéndolo al vehículo marca Toyota con rumbo desconocido; llamando después al teléfono celular de su madre Delia Flores; exigiéndole el pago de dinero a cambio de la libertad de su hijo H. A., monto que después de varias negociaciones se acordó en la cantidad de un millón doscientos mil lempiras, dinero que en fecha 25 de mayo del mismo año; fue a dejar un empleado de confianza del señor H. A.; llamado Carlos a la comunidad de Bonito Oriental, tal como se lo indicaban quienes se comunicaban con él por teléfono móvil, sin que H. A. recobra su libertad hasta que se efectuó su rescate, en la comunidad de Piedra Parada, en la cual se dio detención a Isidro Ulloa, María Lucía Maldonado, Ada Lineth Ulloa Maldonado, Iris Yolani Ulloa Maldonado y María Martina Laínez Amaya.”. II. RECURSO DE CASACIÓN.- MOTIVOS Y ARGUMENTOS “Primer Motivo De Casación: Por Infracción De Precepto Constitucional previstos en los artículos 82 “El derecho a la Defensa es Inviolable, los Habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la Forma que señalan las leyes” y 90 “Nadie puede ser juzgado si no por juez o tribunal competente con las Formalidades, derechos y garantías que la ley establece…” Ambos de la Constitución de la República. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal “En todos los casos en que, con arreglo a este Código, pueda interponerse recurso de casación contra una resolución judicial, será suficiente para fundamentarlo, la Infracción de precepto constitucional”. Explicación Del Motivo: Considerando la acepción idónea el proceso penal es el instrumento para actuar o ejecutar o procesar el Derecho penal positivo, al que han de someterse tanto las personas naturales como jurídicas. Frente al derecho a la acusación, el ordenamiento jurídico inevitablemente ha de reconocer un derecho de signo contrario: el derecho del sujeto pasivo del proceso, del acusado o del imputado, a obtener también la tutela efectiva por medio de una adecuada defensa, derecho a repeler esta agresión que pone en cuestión sus bienes jurídicos más importantes, entre ellos, su libertad. El derecho de defensa, reconocido como derecho fundamental exige un presupuesto básico: la audiencia del imputado, la contradicción procesal, con objeto de articular su adecuada intervención en el proceso, para lo que es requisito imprescindible conocer la acusación formulada contra él. El titular del derecho de defensa, derecho fundamental e inalienable, es el propio imputado, aunque su ejercicio puede llevarse a cabo tanto por él mismo como por su defensor técnico, y a tal fin se reconoce el derecho a hacerse asistir de un Abogado. En el caso de autos efectivamente mis representados contaron con una defensa técnica misma que es tutelada por el ordenamiento jurídico y a su vez por el Tribunal sentenciador el cual está en el ineludible compromiso que se materialice aunado a la obligación de valorar todos aquellos elementos que sean de beneficio (defensa) para la situación jurídica del encartado, El Tribunal de Sentencia de la sala primera de Francisco Morazán, dictó fallo condenatorio en evidente transgresión a lo previsto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República en vista que la sentencia que se recurre viola el derecho a la defensa de mis representados mismo que fue limitado por dicha sala al no discurrir y valorar los elementos probatorios de cargo y descargo de manera objetiva sino que desde un plano muy subjetivo violentando con ello su derecho a un debido proceso siendo evidente la infracción constitucional que efectuó el Tribunal sentenciador al debido proceso que ampara a mis poderdantes partiendo que la sentencia recurrida no se encuentra en concordancia a estos preceptos jurídicos constitucionales.- El debido proceso presenta dos dimensiones: una procesal, que es aquella que engloba las instituciones jurídicas necesarias para obtener un proceso formalmente válido; y otra sustancial la cual se vincula directamente con el principio de razonabilidad y proporcionalidad de los actos de poder, y por tanto determina la prohibición de cualquier decisión arbitraria. Finalmente se hace referencia al debido proceso como una realidad sustantiva, material, necesaria para el recto ejercicio de la función jurisdiccional y el logro de la tutela judicial efectiva misma que en el presente caso no se materializo al condenar a los señores Isidro Ulloa, Iris Yolani Ulloa, Ada Linett Ulloa Y Maria Lucia Maldonado, por el delito de Secuestro en perjuicio de H. A. F., estimando que el debido proceso implica la puesta en práctica de las garantías contenidas en las leyes procesales plenamente comprometidas con la realidad Constitucional, situación que fue ajena en el caso que nos ocupa en vista que el A-quo determinó fallar condenando a mis representados en oposición a nuestra carta magna. Segundo Motivo De Casación: Por Quebrantamiento De Forma “Que Se Base En Medios O Elementos Probatorios No Incorporados Legalmente Al Juicio O Incorporados Por Su Lectura En Violación De Las Normas Contenidas En El Título Iv Del Libro Segundo De Este Código O Excluya O Deje De Considerar Alguna Prueba De Valor Decisivo”. El Tribunal de Sentencia de la sala primera de Francisco Morazán, dictó sentencia condenatoria siendo evidente que al momento de pronunciar la misma y resolver condenando a los señores Isidro Ulloa, Iris Yolani Ulloa, Ada LinettUlloa Y Maria Lucia Maldonado, Se basó en medios de prueba no incorporados legalmente y excluyendo otros medios de prueba de valor decisivo. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 # 2 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: Primero: Estimando el contexto de la sentencia recurrida al momento de valorar la prueba y resolver condenando a los señores Isidro Ulloa, Iris Yolani Ulloa, Ada Linett Ulloa Y Maria Lucia Maldonado, el tribunal sentenciador, no observó las reglas contempladas en el título IV del Libro segundo de nuestra ley penal adjetiva en lo que respecta a la Sustanciación del Juicio concerniente específicamente lo comprendido para la evacuación de los medios de prueba en vista que en su Segundo Apartado de la Valoración de la Prueba en la Sentencia Condenatoria que hoy se recurre al analizar detenidamente dicho acápite el Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán en su sala Primera tomó en consideración y le dio validez a un medio probatorio documental que fue introducido en contraposición a lo establecido en el Código Procesal Penal, ya que en el momento que fue propuesto por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente entendiéndose la Proposición de medios de Prueba según lo previsto en el artículo 317 de nuestra normativa procesal penal se indicó que serían evacuados los documentos denominados 1) “Acta de Allanamiento” efectuada en la aldea de Piedra Parada, departamento de La Paz señalando los folios 80 y 89 y 2) “Acta de Inspección Ocular” realizada en la aldea de Piedra Parada, Departamento de La Paz la cual se encontraba visible a folio 68 del expediente judicial, ambos documentos serian ratificados por el señor Edy Gerardo Cruz Velásquez quien es Técnico de Inspecciones Oculares de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), como observaran así fue propuesto y admitido por el A-quo en su momento procesal oportuno. Sin embargo al momento de iniciar el juicio oral el Ministerio Público no hizo ninguna observación en la etapa incidental con respecto a efectuar alguna aclaración o proposición de nuevos medios probatorio permitido acorde a lo contemplado en el artículo 320 de nuestra ley penal adjetiva, excepto por la ratificación de Bayron MunguíaBoquín, pero en el desarrollo del juicio al momento de evacuar la prueba documental anteriormente descrita misma que sería ratificada por el señor Edy Gerardo Cruz Velásqueztal y como fue admitida por el A-quo, hasta ese instante en que se procede a evacuar el elemento probatorio el Ministerio Público Interviene aduciendo que el señor Cruz Velásquezlo que ratificaría es otro documento que corría agregado a folio distinto de los señalados aun cuando se formuló la protesta correspondiente por parte del suscrito el A-quo procede a evacuarlo, medio de prueba que no estaba admitido en transgresión al procedimiento (art. 251 y 317 y 332 del Código Procesal Penal) según resolución de fecha 28 de enero del 2011 argumentando el ente Acusador que el documento era el mismo solo que había equivocación en el folio siendo avalados lamentablemente por el A-quo, pero del análisis de las actuaciones se desprende que no es así en vista que el señor Edy Gerardo Cruz Velásquezratificaría dos documentos distintos anteriormente descritos. Segundo: Al momento de su comparecencia el A-quo le pone a la vista al señor Eddy Gerardo Cruz Velásquez otro documento que no realizó, consecuentemente No podía ratificarlo y que ha preguntas del suscrito en el contra interrogatorio el señor Cruz Velásquez respondió que no efectuó el documento que “estaba ratificando” como puede apreciarse en el acta de debate (hoja # 24) circunstancia que nos preocupa en vista que el A-quo le dio valor probatorio a un documento cuyo autor original NO compareció a juicio por tanto no correspondía al señor Cruz Velásquez dar fe de un documento que NO redacto, ¿nos preguntamos qué documento iba a ratificar, los documentos para lo cual fue propuesto o un documento que transcribió otro funcionario? que irónicamente es tasado en el Segundo Apartado de la valoración de la Prueba indicando en el mismo que le dan entera credibilidad a la ratificación volviéndola inicua, preguntándonos nuevamente ¿qué fue lo que ratificó, si no lo hizo?, Si lo que valoró prácticamente el A-quo fue la declaración testifical del señor Cruz Velásquez misma que fue parcializada aunado que los miembros del propio tribunal efectuaron preguntas que valga la aclaración están facultados para realizarlas pero que estaban fuera del contexto del Documento que erróneamente ratifica por un acto permisivo del Tribunal Sentenciador el señor EDY Gerardo Cruz Velásquez, por lo tanto no era legal desde el punto de vista jurídico/procesal que el tribunal accediera a incorporar a juicio un documento que no estaba propuesto como tal y que tampoco debía ser ratificado por persona distinta del que lo efectuó, considerando que el señor Cruz Velásquez únicamente fue propuesto para ratificar dos documentos que fueron “Excluidos del juicio como ser el acta de allanamiento y una acta de Inspección agregados a folios 68, 80 y 89 tal como fue admitido y realizados aparentemente por el señor Cruz Velásquez, valorando que la prueba debe de ser pertinente y practicable en vista que se trataba de un documento de procedencia humana, comprensible y que había entrado en el tráfico jurídico, sin embargo se procedió a ratificar de forma irrisoria un documento que no le correspondía siendo introducido a juicio antijurídicamente” por lo anteriormente expuesto era contraproducente en el entendido que se desarrollara dicha prueba ya que no tenía consonancia con lo preceptuado en Código Procesal Penal para su validez.- Estimando que el Tribunal Sentenciador formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida como lo ordena la ley penal adjetiva basados en el principio de legalidad que protege a las personas sometidas al proceso penal de cualquier tipo de arbitrariedad que vaya en menoscabo de sus derechos por parte de los órganos encargados de la administración de Justicia, emprendiendo de la premisa que antecede razonamos que el Tribunal Sentenciador con lo permitido en contravención a nuestra normativa procesal obtuvo como resultado la desnaturalización de la finalidad probatoria del elemento documental causando agravio al derecho de defensa y debido proceso de mis representados, otorgándole eficacia probatoria al expresar el Tribunal Sentenciador que tiene consonancia con los demás elementos de prueba de cargo ya que describen el hallazgo de ciertos indicios o evidencias y que determina que mis representados habitaban la vivienda que cabe señalar el Propio Tribunal Admite en dicho Apartado de la Valoración de la Prueba que la casa de Habitación donde supuestamente tenían cautivo a H. A. F. pertenece al señor Mauro Gómezpersona distinta de los Imputados, constituyendo lo anterior severas contradicciones en relación a la prueba evacuada y la exclusión de medios probatorios los cuales no fueron evacuados de la forma que se propusieron y admitieron por el A-quo mucho menos ratificados por las personas autorizadas, evidenciando con el argumento precedente la violación a las normas esenciales del procedimiento aunado a las garantías constitucionales excluyendo medios de prueba Documentales que habían sido propuestos y admitidos en su momento procesal oportuno y que eran de interés para el esclarecimiento de los hechos.” Casación Por Quebrantamiento De Forma: “Motivaciones Insuficientes O Contradictorias, Inobservancia De Las Reglas De La Sana Critica En La Valoración De La Prueba”. El Tribunal de Sentencia de la sala primera de Francisco Morazán dictó sentencia condenatoria siendo evidente que al momento de valorar la prueba y resolver condenando a los señores Isidro Ulloa, Iris Yolani Ulloa, Ada Linett Ulloa Y Maria Lucia Maldonado, por el delito de Secuestro, en perjuicio de H. A. F., no observó las reglas contempladas de la sana crítica para valorar la prueba desarrollada en la audiencia de juicio oral y público y su posterior Fallo en relación a la valoración lógica de las pruebas en su conjunto. Precepto Autorizante: Este Motivo de Casación invocado como infringido por Quebrantamiento de Forma, está comprendido en el artículo 362 en su numeral 3 del Código Procesal Penal que dice… “Que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica”. Exposición Del Segundo Motivo De Casación Primero: Al analizar lo expuesto en la sentencia y estimando que se invoca la inobservancia de las reglas establecidas para la aplicación de la sana crítica en lo que implica la valoración de la prueba en la presente causa ya que para el recurrente no se determinó con certeza que mis representados fueran las personas que habitaban la vivienda donde en apariencia estuvo cautivo o privado de libertad H. A. F. por no contar con prueba directa que vinculara a mis representados con los captores y el lugar donde fue encontrado, desdichadamente como resultado de la valoración impropia el Tribunal de Sentencia los condena por estimar que en efecto si hubo dolo ya que estos participaron de forma directa conforme sus estipulaciones resultando que sin su intervención el delito no se hubiera consumado, apreciando el suscrito recurrente que dicha valoración de los elementos probatorios desarrollados en juicio reflejan serias contradicciones aunado el quebrantamiento de las reglas de la sana crítica convirtiendo dicha sentencia en una serie de contravenciones como: • La sentencia no obedece las reglas de la lógica. • Sus razonamientos no obedecen las reglas de la deducción lógica formal. • Que con las premisas propuestas es imposible llegar a la conclusión y consecutiva convicción de culpabilidad de los imputados. • Que el tribunal forma hechos pre-constituidos para apoyar su teoría. • Que las conclusiones de la sentencia obedecen al pensamiento natural e inductivo y no lógico deductivo. • Sus enunciados son de orden especulativo. Por lo anterior se puede determinar que en el análisis de dicha prueba desarrollada en la audiencia de juicio oral y público no fueron tomados en cuenta muchos aspectos que a criterio muy propio eran de suma importancia a la hora de deliberar por parte del tribunal sentenciador, mismo que estaba en la obligación de observar dichas reglas con el único fin de aplicar justicia, ya que al analizar su apartado “Valoración de la Prueba” no es preciso ni tiene el más mínimo concepto de “certeza” la cual es necesaria para justificar la afirmación de culpabilidad de los acusados como referencia elemental a la clasificación de las pruebas de acuerdo al fin a que están destinadas. Todos los señalamientos anteriores originan un error en la estructuración del fallo pues en la motivación se decretan irrazonables conclusiones, ya que el tribunal sentenciador estaba en la ineludible obligación o en fiel cumplimiento de lo establecido en el artículo 338 del CPP de valorar los actos del debate conforme a las reglas de la sana crítica racional, el razonamiento utilizado para obtener sus conclusiones, sustentando la sentencia mediante el estudio minucioso deductivo de la prueba haciendo uso de las leyes de la Lógica, De La Sicología Y Las Máximas De La Experiencia Común, tal y como lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal el cual establece que las reglas de la sana crítica deben observarse en la sentencia con relación a los medios o elementos de prueba de valor decisivo, lo que significa que estas reglas rigen en lo concerniente a la interpretación y valoración o sea que en virtud de ella el juez va formando su convicción acerca del acontecimiento sometido a su discernimiento y va impactando en la conciencia generando distintos estados de conocimiento cuya proyección en el proceso tendrá distintos alcances. Segundo: En relación a las reglas de la Lógica podemos establecer que la misma es la ciencia que estudia el razonamiento humano y uno de los primeros requisitos que se exige es que la lógica le impone al lenguaje, es que este sea claro y que evite la ambigüedad, además la noción de demostración debe de hacer precisa la idea de “validez deductiva” o sea que el argumento es deductivamente correcto si y solo si hay una demostración, siendo esta una secuencia finita de pasos en donde el último es el teorema, aunado a que cuando se pretende demostrar la participación de una persona en la comisión de un delito es imperativo el uso de la lógica formal debido a que un sencillo error puede desencadenar una sentencia errónea como la que nos ocupa.- Para la lógica formal las conclusiones están cimentadas sobre premisas o presupuestos que se dividen a su vez en premisas o presupuestos válidos y premisas o presupuestos verdaderos; Valido es lo preferido, una premisa valida es aquélla que obedece a la voluntad del que la construye concluyendo en un razonamiento sin restricción y construido a la medida del autor; Verdadero es lo infalible, lo auténtico, lo indiscutible por lo que una premisa verdadera exige ser comprobada y científica, excluye valoraciones fingidas.- Por lo tanto la construcción de una conclusión, juicio o dictamen basado en premisas válidas pero no en premisas verdaderas se denomina Inferencia O Derivación, así es que la verdad, se busca a través del uso de la Lógica Deductiva. Tercero: Acorde a lo anteriormente expuesto con respecto a la inadecuada valoración que se le dio a la prueba desarrollada en juicio en su Primer Apartado denominado Valoración De La Prueba en donde se consideró subjetivamente toda la prueba expresando que mis representados eran responsables de la comisión del delito Secuestro en perjuicio de H. A. nunca hubo desavenencia en relación al lugar y la hora en que sucedieron los hechos concernientes a la recuperación del supuesto ofendido, no menos cierto es que si había desavenencia con los testimonios de los testigos de cargo, ya que estos no fueron contestes en sus declaraciones dejando entrever la falta de congruencia entre sus dichos y la falta de precisión sobre los datos o las circunstancias referentes a la participación de los señores Isidro Ulloa, Iris Yolani Ulloa, Ada Linett Ulloa Y Maria Lucia Maldonado y su presencia en el lugar denominado Piedra Parada, departamento de La Paz, en vista que ninguno de ellos aseguraron que estos fueran los habitantes de la vivienda donde estuvo privado de su libertad H. A. F. la cual en reiteradas ocasiones el A-quo pronuncia que es del señor Mauro Gómez en su sentencia, sin embargo afirma de forma temeraria que sus habitantes eran mis representados lo cual es incongruente con la prueba practicada restándole valor a todas las inconsistencias que se suscitaron en el desarrollo del juicio, como por ejemplo la declaración del supuesto ofendido del cual no discurriremos en relación a la fecha, día y hora en que fue privado de libertad ya que no es un punto controvertido ni quienes fueron sus participantes en ese momento porque hasta la fecha actual se desconoce, pero si es debatido los señalamientos que éste realizó después de haber transcurrido dos años de haberse suscitados los hechos por los cuales se le dio detención a mis representados y que efectuó en juicio rindiendo una declaración que más de ser orientada fue practicada y con el ánimo de responsabilizar a los imputados argumentando que “pretendía que se hiciera justicia” ofertando datos inexactos ya que habla de diferentes circunstancias que se contradicen con su testimonio rendido como prueba anticipada en fecha 10 de junio del año 2009, como por ejemplo este menciona inequívocamente que fue raptado contra su voluntad por varios sujetos jóvenes del sexo masculino que inmediatamente procuraron evitar que H. A. F. tuviese contacto visual de ellos llevándolo a un lugar desconocido bajo condiciones que inhabilitaban su visión y movimiento corporal, indicando que estuvo primero en un lugar que no precisó ya que no podía observar por la imposibilidad visual, posteriormente es trasladado a otro sitio del cual también desconocía pero que sin embargo lo alimentaban dos veces siendo de Importancia preguntarnos ¿Quién lo alimentaba en ese segundo lugar, que personas se encargaban de la labor de proporcionarle lo necesario en vista que nunca lo mencionó?, ulteriormente manifiesta que lo trasladan por tercera ocasión en la noche “expresando que vio a un señor al cual curiosamente le decían papá” (como era posible si estaba vendado y cada vez que lo trasladaban sus captores era de noches según sus relatos por tanto no permitían que tuviera contacto visual con ellos) razonamiento que no tienen sentido ya que son contradictorios desde todo punto de vista Lógico, al tenor de la continuación de su Testimonio el supuesto ofendido expresa que llegó a un tercer lugar siempre de noche y con los ojos vendados con su propia camisa, sitio donde habían algunos elementos que destaco omitiendo revelar los de los sitios anteriores, en vista que nunca expresó en qué condiciones se encontraban en los dos lugares que precedieron al último donde manifestó que había una colchoneta y que escuchaba Voces de varias personas entre Hombres y Mujeres agregando que estas lo alimentaban y que en una ocasión nuevamente de noche lo sacaron y observó el rostro de uno de ellos y que a preguntas del Ministerio Público este expresa que en un par de ocasiones, que en el último lugar donde permaneció pudo Observar al señor “pero nos llama la curiosidad cómo fue posible tal situación si paso restringido del uso de su sentido visual”, posteriormente en el interrogatorio del Ministerio Público se le preguntó si volvió a ver el lugar donde estuvo cautivo respondiendo “que sí, refiriéndose a una casa de Adobe, preguntándole nuevamente el Ministerio Público si había vuelto a ver a las personas que había descrito anteriormente a lo que respondió “Que no” manifestación que contradice sus dichos ya que Nunca más volvió a observar a estas personas según relato, sin embarco dos años después testifica y describe a las mismas como que si el día previo al juicio hubiesen sucedido los hechos, por lo anterior se le solicitó al A-quo amparados en lo establecido en el artículo 311 del Código Procesal Penal en su numeral 6 se diera lectura a la declaración rendida por H. A. F. en fecha 10 de junio del año 2009 ante el juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán con el propósito que nos aclarara la “Enorme nebulosa” formada por el mismo ya que consonantemente a este testimonio entro en contradicción de considerables dimensiones como por ejemplo en folio 57 vuelto jamás expresó que alguno de los involucrados le llamara “papa” a otro, posteriormente a folio 59 manifestó que siempre estuvo vendado y que al momento que lo sacan donde lo tienen iba en esa condición todavía ya que así permaneció todo el tiempo que estuvo cautivo (renglón 25, 26, 27 y 28), en el Interrogatorio del Ministerio Público a folio 60 respondió que no logró identificar más voces (renglón 4), continuamente en el mismo folio a preguntas de la defensa responde que “Todo El Tiempo Estuvo Vendado Y Que No Pudo Identificar A Nadie Aunado No Declaro Escuchar Que Alguna Otra Persona Se Dirigiera A Otro En Sentido Materno O Paterno” (renglón 24, 25 y 26), otro dato curioso de su declaración en juicio es otra contradicción ya que la Juez que presidía le preguntó según consta en el acta de debate a páginas 15 “que si en el último lugar había permanecido sin “vendaje” a lo que contestó que sí, casi todo el tiempo lo que nuevamente pone en reprobación su testimonio, todos estos señalamientos anteriores restan credibilidad a esta persona en vista de No Ser Conteste ya que contrasta con lo expresado en las páginas 13 y 14 del acta de debate procurando como deducimos salvaguardar su declaración en juicio habiendo sido debidamente instruido conforme al Testimonio rendido el cual contrasta inexorablemente en relación a la Lectura Autorizada que se llevó a cabo en el desarrollo del juicio, observando lamentablemente que este falto a la verdad a manera de iniciar su proceso incriminatorio excusándose en que en ese entonces se encontraba nervioso por las amenazas sufridas cuando aplicando las máximas de psicología y la experiencia es el momento justo para que una persona exprese la verdad considerando que no será absoluta ya que una persona sometida a situaciones como la expresada muy difícilmente estará “tan atento de todo lo que ocurre por el grado de afectación sicológica y emocional en la que se encuentra sometido”, claro con la intención de lograr un propósito meditado por el Ministerio Público con respecto a lograr que condenaran a mis representados, otorgándole el A-quo valor o credibilidad al testimonio de H. A. F. sin tan siquiera detenerse a razonar adecuadamente conforme lo establecido en el artículo 202 del Código Procesal Penal y evaluar las contradicciones anteriormente expuestas entre la declaración rendida 4 días después de su recuperación en donde expresó que Nunca Identifico a nadie, que quienes lo alimentaban en el último lugar eran dos mujeres (siendo cuatro las personas de sexo femenino imputadas) y la rendida dos años después precisando datos que JAMAS brindo en la primera ocasión. Cuarto: Continuando el estudio de la Valoración de la prueba de la sentencia que se recurre el Tribunal A-quo al pronunciarse sobre las declaraciones de las señoras M. J. A. F. Y Maria Dilia Flores hermana y madre respectivamente de H. A. F. agregadas a páginas 16, 17 y 18 del acta de debate, el A-quo les da valor probatorio en relación a los hechos acaecidos en fecha 06 de junio del año 2009 los cuales no han sido aspectos controvertidos por la defensa, pero si estimamos relevantes algunos datos por ejemplo la primera manifestó que las personas que los interceptaron eran hombres jóvenes adicionando que desconocía si se pagó rescate y el monto del mismo; Por su parte la segunda manifestó que recibió llamadas a su número 95160504 en donde solicitaban un monto de dinero por la Libertad de su Hijo H. A. F. provenientes del número 9826-3322 y del 9969-9418 razón por la cual decidieron auxiliarse de dos personas para que los apoyaran en las negociaciones con los supuestos plagiarios quienes NO comparecieron en juicio para determinar tal extremo siendo válida la aclaración que los sujetos que llamaban solicitando dinero eran Hombres como lo afirmó Maria Dilia Flores, resultando sumamente interesante su manifestación en el sentido que las personas que llamaban le daban datos precisos de su persona lo que nos hace razonar que los posibles Autores eran personas allegadas a esta familia tal como se puede apreciar en la página 17, posteriormente manifestó que se pagó un rescate sin embargo no dio mayor detalle del mismo desacertando en el monto porque al preguntársele por cuanto respondió que Lps. 1,400,000.00 cuando el Ministerio Público manejó una cantidad distinta en contraste con su afirmación de haberlo visto, pero no se determinó fehacientemente de donde se obtuvo el dinero, quien lo proporcionó y quien fue la persona que lo entregó en la comunidad de Bonito Oriental en el departamento de Colon tal y como se manejó durante el juicio, ya que solo se vincula a un empleado del papá de H. A. F. pero éste no compareció a juicio cuyo testimonio hubiese afianzado este extremo tan especial, ya que si bien es cierto para que se configure el delito de Secuestro solo basta la solicitud acorde a lo previsto en el artículo 192 del Título VI, capítulo 1 del Código Penal Vigente aun cuando No logre su propósito el o los responsables a cambio de la Libertad personal de un Individuo, no menos cierto es que se deba probar el grado de participación de los imputados, por las razones anteriormente expuestas estimamos que la única relación que se puede apreciar es en torno a la Privación de libertad de H. A. F. y la solicitud de pago por su libertad por personas desconocidas, No así en relación a la Incriminación de mis representados en la comisión del delito de Secuestro ya que no existe relación de causalidad (necesidad de concurrencia de dos variables implicando además que guarden una correlación positiva) por tanto estos testimonios no son atribuibles a un grado de participación de mis representados en el delito precitado aunado a la inconsistencia desproporcional al pago de cantidad de dinero alguna a cambio de la Libertad de H. A. F.. Quinto: Prosiguiendo con el examen de la improcedente valoración de la Prueba realizada por el A-quo en su Primer Apartado en relación a los testimonios de los señores William Alexander Ruiz Y Bayron MunguíaBoquín estás guardan relación en torno como obtuvieron conocimiento de la privación de Libertad de H. A. F. como a su hallazgo, los que expresaron que ellos intervinieron hasta que la familia de este último había “pagado supuestamente un rescate de un Lps. 1,200,000.00 en la comunidad de Bonito Oriental, Departamento de Colon” situación que no les constó (obsérvese renglones 12-17, página 11 del acta de debate) ya que como manifestaron en sus testimonios visibles en las páginas 8, 9, 10, 11 y 12 del acta de debate, a partir de que la familia les permite iniciar las investigaciones comienzan a recabar información sobre los hechos acaecidos en fecha 10 de mayo del 2009 expresando que aparentemente estaban involucrados unos mareros indicando unos nombres que no tienen ninguna relación con mis representados, posteriormente según sus dichos reciben una llamada anónima en donde les informan que supuestamente H. A. F. estaba en la casa de Mauro Gómez ubicada en la comunidad de Piedra Parada, departamento de La Paz, por lo que dispusieron efectuar diligencias para indagar trasladándose a dicho lugar en fecha 06 de junio del 2009, por lo que al llegar al lugar en vista que es una montaña acorde a sus relatos todo el grupo que iba se distribuyeron funciones siendo la de estos dos testigos la búsqueda precisa de H. A. F., exteriorizan que al llegar vieron a una señora a lo largo sin embargo no describen características solo manifiestan que una señora (cuando se detuvo a cinco mujeres) y que observaron que por unos cafetales iban varios sujetos de los cuales uno iba amarrado y vendado llevándolo a empujones según lo que se aprecia en los primeros 4 renglones de la página 9 del acta de debate (circunstancia que vuelve a contradecir el Testimonio de H. A. quien expresó lo contrario); William Alexander Ruiz manifestó que logró identificar a uno de los que le disparó ya que al ingresar a la casa observó un retrato que habla señalado que se llamaba Isidro extremo que es contradictorio porque el único con ese nombre es el señor Isidro Ulloa y no es un joven porque al momento de los hechos contaba con 53 años de edad volviéndonos a encontrar con severas contradicciones, pero es de importancia figurar que la persona que le dispara se llama Ercilio Romero quien no guarda ninguna relación con mis representados, continuando con sus testimonios indican que el supuesto ofendido les manifestó que quien lo atendía “era una Mujer, entiéndase en sentido Singular”, al ser interrogado por el Ministerio Público respondió que había un compañero de ellos que había sido nombrado para efectuar las escuchas y que era el que le pasaba la Información, sin embargo jamás expresó que las llamadas provenían de la comunidad de Piedra Parada. departamento de La Paz solicitando dinero a cambio de la Libertad personal de H. A. F. (observar renglones 22-27 del acta de debate) si no al contrario que provenían de la zona de Támara (renglones 37-39 del acta de debate) al continuar William Alexander Ruiz Lagos quien con anterioridad respondió que él se concentró en los captores y el ofendido (renglón 23 y 24 de la página 10 del acta de debate), responde a Interrogatorio del Ministerio Público que sus demás compañeros procedieron a las detenciones, que fueron detenidas 5 mujeres y un señor, declarando que la señora estaba afuera realizando una llamada cuando en los primeros 3 renglones de la página 10 del acta de debate manifiesta que “la casa queda en alto y a uno lo ven venir desde largo” situación contradictoria, agregando a pregunta del Ministerio Público que H. A. F. les contó que quien lo alimentaban eran mujeres sin dar mayor detalle punto que si coincide con la primera declaración rendida como prueba anticipada por este último ya que no identificó a nadie tal como quedó de manifiesto en el desarrollo del juicio; Posteriormente al ser interrogado por la defensa al preguntársele “si encontraron algún tipo de evidencia que relacionara a los imputados con el delito de Secuestro respondió Que No Recordaba sumamente extraño, pero claro es que no encontraron nada y que no convenía expresarlo, imprudentemente permitiéndolo el A-quo comienza a efectuar conclusiones al preguntarle que si tenía conocimiento porque detuvieron a los imputados manifestando que “como era posible que ellos no iban a saber, “cuando es de preguntarnos como llegó a ese razonamiento” si nunca determinaron a quien pertenecía la casa de habitación allanada y quienes eran sus moradores partiendo únicamente de Hipótesis (obsérvese página 12 del acta de debate en sus renglones 1-5) el testigo William Alexander Ruiz Lagos al preguntársele por un miembro del tribunal “si antes o después de lo actuado realizaron alguna diligencia investigativa en aras de determinar quién o quienes habitaban la vivienda o quien era su propietario a lo que respondió que NO, pero que según el informante la casa era de Mauro Gómez. Sexto: En la Evacuación de la Prueba documental misma que fue valorada en el último párrafo del Acápite Primero Y Segundo De La Valoración De La Prueba observamos que el Tribunal Sentenciador le da valor probatorio a documentos cuya autenticidad fue puesta en duda y evidenciada su manipulación durante los hechos los que fueron ratificados como por ejemplo uno de ellos en contravención de las normas procedimentales del cual nos referimos en otro motivo de Casación precedente, los documentos que fueron merecedores de credibilidad para el A-quo fueron: 1) Un acta de allanamiento visible a folio 80 la que ratificó el señor Bayron MunguíaBoquín la cual no prueba nada más que la transgresión a lo previsto en los artículos 212 y 214 del Código Procesal Penal por no cumplir ni los requisitos mínimos para su eficacia ya que el documento referido únicamente hace reseña a las personas que participaron y los detenidos no consignando ninguna otra Información valiosa que se desprendiera del allanamiento realizado, sin embargo en la valoración que le adjudicó se indica que en ella se consignó la evidencia decomisada como ser un arma de fuego, municiones, un pasamontañas, binoculares y teléfonos celulares, pero a la simple lectura de dicho medio probatorio se observa que no hay absolutamente nada de ellos consignado por tanto estimamos que no adquiría validez probatoria en correlación a la finalidad para la cual fue propuesto por el Ministerio Público con los otros medios de prueba documentales mucho menos que estos fuesen vinculantes con algún grado de participación de mis representados.- 2) Acta de Inspección la cual únicamente verifica los Indicios recabados en el lugar del allanamiento la vivienda de Mauro Gómez haciendo una descripción de los mismos por parte del señor Edy Gerardo Cruz Velásquez quien es de importante observancia NO realizó el documento que ratificó, el aludido documento no menciona ningún tipo de indicio que relacione a los señores Isidro Ulloa, Iris Yolani Ulloa, Ada Linett Ulloa Y Maria Lucia Maldonado como participantes de los hechos enjuiciados, mucho menos que estos fueran los habitantes de la vivienda allanada Ya Que No Se Encontraron Efectos Personales u otro tipo de elementos comunes de uso particular de Hombre o Mujer o Documentos que evidenciara a mis representados o los vinculara de forma directa y recíproca con otros medios probatorios como Los Habitantes de la vivienda allanada o en su caso encontrarlos en posesión de dinero que tuviera como origen el pago del rescate que supuestamente entregó la familia de H. A. F. estimando que los billetes fueron seriados discrepando con lo argüido por el A-quo en relación a la apreciación que le otorgó sin consonancia alguna con las reglas de la sana crítica desechando las observaciones oportunas con respecto a los medios de prueba antepuestos ya que no tenían correspondencia y menos relación con los señores Isidro Ulloa, Iris Yolani Ulloa, Ada Linett Ulloa Y Maria Lucia Maldonado quienes tenían su domicilio en lugar distinto del allanado. Séptimo: En relación a los medios de prueba Periciales brevemente nos referiremos porque en su evacuación los dos peritos Carlos Jose Cruz Y Dinora Reyes en sus técnicas NO conectan a mis representados como los sujetos que llamaron a la familia de H. A. F. solicitando a cambio de su libertad personal dinero y que las llamadas salieron de los teléfonos decomisados en la vivienda de Mauro Gómez los cuales vale la pena señalar se desconoce a quien o quienes le fueron decomisados tal y como se observara en el acta de Inspección la cual hace referencia que estos aparatos fueron descubiertos en un “SOFA” desconociendo consecuentemente a quien pertenecían, este razonamiento tiene origen por varias motivaciones como ser el señor Carlos Jose Cruz únicamente se circunscribió a su pericia visible a página 18 del acta de debate quien manifestara sobre la forma en que los sujetos llamaban a la familia de H. A. F. solicitando dinero a cambio de su libertad, declarando que era un hombre el que realizaba las llamadas y que dos personas mediaron como negociadores, precisando que el número celular de la familia era el 9516-0504 y los números del cual llamaban los sospechosos era en un principio 9826-3322 posteriormente utilizaron 9969-9418, agregando que se encargó de seriar los billetes consignándolos en acta Diligencia Que Estaba Fuera Del Contexto De Su Pericia. “Acta la cual nunca se hizo llegar al Tribunal Sentenciador como elemento de prueba incuestionable en relación al pago de rescate por la liberación de H. A. F.” quien al ser preguntado por un miembro del Tribunal respondió que el solo estaba juramentado para realizar las escuchas y vincular los números utilizados, que había transcrito las escuchas pero que NO las entregó porque no se lo solicitaron “concluimos que credibilidad se le puede conceder a este medio probatorio si no hay respaldo que avale lo manifestado por el señor Carlos José Cruz en torno al pago de rescate alguno y el monto, aunado a que los numero que señala en su peritaje no tiene vínculo con mis representados. Al proseguir con la Perito DINORA REYES según página 23 del acta de debate esta no brindó detalle alguno que fuera vinculante entre su técnica efectuada con los señores Isidro Ulloa, Ada Linett Ulloa, Iris Yolani Ulloa Y Maria Lucia Maldonado ya que al preguntársele si recibió algún aparato telefónico para la práctica de su diligencia expresó que no, ya que lo que había recibido eran los reportes telefónicos brindados por CELTEL solicitados por vía judicial y que los números de teléfonos encontrados en la vivienda allanada propiedad de Mauro Gómez no tenían relación alguna con los numero 9516- 0504 (Familia Arévalo Flores) Y 9969-9418 (Sospechosos) lo que motivó a que el Ministerio Público Ni siquiera preguntara absolutamente nada en vista que tenían conocimiento que no había prueba indiciaria en relación a esta pericia que vinculara a mis representados con los sospechosos de privar de libertad a H. A. F. y sus solicitudes, siendo otro elemento más que favorecía a los encartados pero que lamentablemente el A-quo en su sentencia valoró inicuamente infiriendo juicios negativos que buscaban adecuar sus equivocadas valoraciones en la sentencia que hoy se recurre prueba de ello es que al final del Tercer Apartado especulan que del número 9516-0504 se llamó a la joven M. J. A. F. para indagar si habían pagado el rescate, cuando al observar detenidamente el peritaje ese número es el que pertenecía a la familia Arévalo Flores aunado a lo expuesto por Carlos José Cruz este fue el numero al cual Los Sospechosos llamaban solicitando dinero, lo anterior es el fiel reflejo del análisis menesteroso del A-quo buscando la forma de ajustar sus juicios inciertos y poco probables a la sentencia condenatoria. Octavo: Al momento de evacuar la prueba denominada evidencia se pudieron percatar todas las partes intervinientes que dos Evidencias que venían embaladas no coincidían con la cadena de custodia ni con su descripción en la parte frontal del Embalaje, consistiendo esta evidencia en dos aparatos telefónicos que se desconoce de dónde se obtuvieron y mucho menos que relación guardaban con la evidencia levantada por el Técnico de la DNIC y mucho menos con los señores Isidro Ulloa, Ada Linett Ulloa, Iris Yolani Ulloa Y Maria Lucia Maldonado, Sin embargo a pesar de haber el A-quo percibido esta situación proceden a darle valor probatorio forzadamente procuran enlazar prueba en aras de hacer prevalecer su erróneo juicio valorativo. Al momento de otorgar valor probatorio a la prueba de la Defensa el A-quo en su Cuarto Apartado Subestimo como ser las declaraciones de los señores Jose De Jesús Pacheco Y Dimer Adony Castillo visibles a páginas 20, 21, 22 y 23 del acta de debate aduciendo que estos procuraron descartar que los señores Isidro Ulloa, Ada Linett Ulloa, Iris Yolani Ulloa Y Maria Lucia Maldonado ejercían su domicilio en la vivienda allanada volviendo nuevamente de forma Inicua entrelazar a estos con la evidencia encontrada, lo que nos hace meditar preguntándonos otra vez ¿Qué evidencia fue encontrada que relacionara directamente a mis representados con la vivienda allanada? Cuando en reiteradas oportunidades nos hemos pronunciado en el presente Recurso sobre dicho aspecto concluyendo Que No Hay prueba que los ligue a una casa de habitación que el propio A-quo ha afirmado una y otra vez en la sentencia que se recurre que era propiedad de Mauro Gómez lo que fue afianzado con los testimonios de cargo y descargo; Los testigos referidos son vecinos de la comunidad de Piedra Parada la cual como indicaron está conformada por varias aldeas o caseríos como ser Coyolito, San Rafael, Pacheco y “El Astillero” lugar donde si tenían su domicilio mis representados, refiriendo el señor Jose De Jesús Claros quien fue Conteste manifestó que en la época de los acontecimientos observó sujetos extraños a la zona a los cuales les puso atención por ser miembro del comité de vigilancia de la zona, quienes se llevaban entre sí, pensando que eran personas que andaban trabajando en el corte de Café ya que esa zona es productora, precisando que en ningún momento los observó en compañía de alguno de mis representados, declarando que tenía 20 años de conocer a los señores Isidro Ulloa, Ada Linett Ulloa, Iris Yolani Ulloa Y Maria Lucia Maldonado quienes se dedican a la Agricultura y que el día de los hechos que resulta ser interesante fue un día sábado que es comúnmente utilizado por las personas que se congregan en ciertos templos religiosos para realizar sus prácticas religiosas, tenían una campaña de Evangelización actividad en la cual andaban ese día la que se desarrolla visitando a los vecinos e invitándoles a que asistan a la Iglesia a congregarse, quien al interrogarlo expresó que mis representados pertenecen al Ministerio Internacional el cual con mucha lógica está ubicado en la aldea donde Vivian estos “El Astillero”, siendo el motivo por el cual se encontraban desdichadamente en el lugar y momento equivocado, “pero que nos llama la atención si fue un considerando dentro de los juicios de valor para absolver a Maria Martina Laínez según el Quinto Apartado de la valoración de la prueba” pero no para mis representados, Así mismo el señor Dimer Adony Castillo relató lo que conocía de los hechos coincidiendo con la declaración del señor José de Jesús Claros en relación al conocimiento de los imputados, su domicilio y las actividades que andaban realizando ese día, por lo anterior infiramos quien mejor que un vecino de la zona para determinar a donde tenían su domicilio los imputados y que actividades andaban desarrollando el día de los hechos, sin embargo no fueron de credibilidad para el A-quo en su desvalorativos juicios. Contradicciones como estas son las que se pueden apreciar en la valoración de la prueba que no son congruentes ya que como se ha explicado ampliamente se deben de cumplir los elementos del tipo penal y determinar el grado de participación, los cuales No se constituyeron en ningún momento, por tanto es contrario a derecho Estimar una conducta que no está debidamente probada la cual no es tarea del Tribunal por el contrario la hace contraria a las funciones que le delega la ley, o sea, que la acción cometida por un extraño sería sancionada o penada en un sujeto distinto al que cometió una infracción, lo que rebasa la lógica, y la acción punitiva del estado, pues las sanciones no pueden imponerse más que a las personas que son responsables directas de sus acciones. Y que por lo tanto, el Tribunal estaba en la obligación de establecer premisas verdaderas ya que es lo infalible, auténtico, indiscutible que excluye las valoraciones fingidas o acomodadas como el caso que nos ocupa en ningún momento se desprende cuáles fueron las Acciones cometidas por mis representados, acomodando funciones que No están fehacientemente demostradas ante las inconsistencias permanentes de H. A. F., los testigos de cargo y los peritos. Por lo que la imprecisión, insuficiencia u oscuridad en la identificación del responsable trae como consecuencia lógica, una sentencia de carácter absolutoria, contrariu sensu el A-quo dispuso fallar Condenando a los señores Isidro Ulloa, Ada Linett Ulloa, Iris Yolani Ulloa Y Maria Lucia Maldonado (qui versatur in re ilicita respondit etiam procasu”- “El que ejecute un delito responde de todas sus consecuencias, incluso las no queridas, ni previstas”). Aplicación Pretendida: Del análisis anterior realizado a la sentencia se han violentado en primer lugar preceptos de orden constitucional que transgreden los derechos fundamentales de mis representados por tanto debe restablecérseles los mismos o en su defecto enmendar mediante reenvió el fallo recurrido por las consideraciones anteriormente expuestas en relación a la Valoración de la Prueba.”. III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplia vía de impugnación; mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido, en la resolución atacada, un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general, toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica recursiva, el peticionario debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por el Abogado Oscar A. Luna Zuniga, Apoderado Defensor de los señores Isidro Ulloa, Iris Yolani Ulloa, Ada Linett Ulloa y María Lucia Maldonado.- Motivo Único. Precepto Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal Normas que se denuncian Infringidas: Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República Concepto de la Infracción: Sin definir por el Censor Remedio de Saneamiento Presentado contra el Vicio Denunciado: Sin determinar por el Censor Pretensión: Sin definir por el Censor. Señala el Censor que el Tribunal de Sentencia dictó fallo condenatorio en evidente transgresión a lo previsto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, en vista que violenta el derecho de defensa de los acusados al no valorar los elementos de cargo y descargo de manera objetiva, sino desde un plano subjetivo, violentando con ello el debido proceso. De la Procedencia del Recurso El Recurso no es de Recibo.- El Recurso carece de contenido; El Censor señala que la sentencia violenta el artículo 82 de la Constitución que reconoce el derecho fundamental a la Defensa, y el artículo 90 del mismo cuerpo legal que reconoce el derecho fundamental a un debido proceso penal, sin explicar los alcances de dichos derechos ni como su violación se ve materializada en la sentencia, pues solo refiere a un erróneo ejercicio de valoración por parte del A-Quo (vicio que es más propia su discusión mediante un recurso de casación por quebrantamiento de forma por violación a las reglas de la sana crítica). Es de tener presente que una adecuada técnica recursiva obliga al recurrente, no solamente a identificar debidamente el recurso que interpone, el motivo en que se basa y el concepto de la infracción o vicio que se alega, sino que además un debido desarrollo argumentativo que explique dicho vicio con claridad y precisión: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato en aspectos ajenos al vicio que se ha identificado.- Sumado a lo anterior, el Censor debe hacer la debida comprobación de la existencia del vicio, haciendo la confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir como considera el Recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. En el recurso que ahora se resuelve, nada de lo anterior es aportado por el Censor, pues en un lacónico planteamiento, se limita a señalar que fueron violentados los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, sin explicar en concreto cual es el vicio, como fue supuestamente producido, cuáles fueron las consecuencias de éste y cuál es el remedio procesal que se pretende; La sola mención de que la prueba presentada en el debate fue indebidamente valorada no satisface los requerimientos necesarios de claridad y precisión expuestos, debiendo por tanto declararse sin lugar el recurso. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto a las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos en la ley, y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Abogado Oscar A. Luna Zúniga, actuando en su condición de Apoderado Defensor de los señores Isidro Ulloa, Iris Yolani Ulloa, Ada Linett Ulloa y María Lucía Maldonado.- Primer Motivo. Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 251, 317 y 332 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Basarse la sentencia en medios de prueba no incorporados legalmente y excluyendo otros medios de prueba de valor decisivo. Acciones de saneamiento presentadas durante el Proceso: Sin determinar por el Censor. Pretensión: Sin determinar por el Censor. Expone el Censor que el Tribunal de Sentencia introdujo al debate y dio valor probatorio positivo a un medio de prueba en contraposición a lo dispuesto en el Código Procesal Penal; explica que fue ofertada en la audiencia de proposición de medios de prueba los documentos Acta de Allanamiento (f. 80 y 90) y Acta de Inspección Ocular (f. 68), para ser ratificados por el señor Edy Gerardo Cruz Velásquez; sin embargo en la audiencia de debate, el Ministerio Público planteo que el señor Cruz Velásquez ratificaría documentos que se encuentran en folios diferentes al propuesto; ahonda el Censor narrando que al momento del debate le fue puesto a la vista del señor Edy Gerardo Cruz Velásquez un documento que no fue elaborado por él; concluye que los documentos propuestos (acta de allanamiento y acta de inspección), fueron por tanto indebidamente excluidos. De la Procedencia del Primer Motivo El Primer Motivo no es de Recibo.- De inicio, es importante advertir la confusión del Censor respecto al concepto de los motivos expuestos, pues constituyen vicios diferentes: i) La incorporación de un medio de prueba a la audiencia de debate de manera indebida y ii) La exclusión indebida de un medio de prueba de valor decisivo: 1. La incorporación indebida se da cuando se ha evacuado un objeto/sujeto de prueba sin nominación previa o mediante un medio de prueba impropio o inobservando las normas que estipula el Código Procesal Penal para su evacuación; y 2. La Exclusión de un medio de prueba es cuando habiendo sido oportunamente ofertado, admitido por el Tribunal de Sentencia y evacuado debidamente en la audiencia de debate, le fue negado valor probatorio sin señalar las razones en las que se basa o, en su caso, con base en un erróneo criterio sobre legalidad o licitud probatoria. En atención a lo alegado por el Censor es claro para este Tribunal que el motivo alegado es por una supuesta indebida incorporación de dos medios de prueba documental, que según alega, no eran los mismos que habían sido inicialmente propuestos y admitidos en la etapa de preparación del debate, punto en el que se centrará esta Sala de lo Penal para dar una respuesta. Conforme el acumulado judicial, la audiencia de proposición de medios de prueba fue celebrada el 28 de enero de 2011, en donde el Ministerio Público ofertó, entre otros, los medios de prueba documental: Acta de Allanamiento, practicada en la Aldea Piedra Parada, Departamento de La Paz, con su respectiva convalidación por parte del Juzgado de Letras Seccional de La Paz, y el Acta de Inspección Ocular en la Aldea Piedra Parada, Departamento de La Paz, ambos documentos a ratificar en la audiencia de debate por el Agente de la entonces Dirección Nacional de Investigación Criminal: Edy Cruz. Sin embargo, en la etapa de incidentes de la audiencia de debate, el Ministerio Público planteó al Tribunal una modificación en el sentido de que el acta de allanamiento sería ratificada no por el señor Edy Cruz, sino por el señor Bayron Munguía, por ser la persona que la había elaborado, lo cual fue admitido por el A-quo, sin oposición de la defensa de los acusados; posteriormente, en la audiencia de debate, se llamó a la audiencia al señor Edy Gerardo Cruz Velásquez (f. 907), quien ratificó el Acta de Inspección Ocular (f. 68), señalando que no había sido él quien la elaboró pero que estaba allí cuando tal diligencia se realizó acompañando a la persona que después elaboraría el documento; de igual forma fue ratificada en debate el documento cuya suma dice “Acta de Inspección Ocular”, que registra los hallazgos tras el ingreso a la vivienda ubicada en la Aldea Piedra Parada, Municipio de Cabañas, Departamento de La Paz (f. 81 al 84), y que se identificó por el Ministerio Público como Acta de Allanamiento, ratificada por el Señor Bayron Munguía, según consta en la sentencia de mérito (F. 220 v.) y conforme lo afirma el propio Recurrente, es importante anotar que en el acta de debate no aparece reflejado que fue evacuado el medio de prueba documental in comento, ni tampoco su ratificación. Igualmente se evacuó como medio de prueba la resolución emitida por el Juzgado de Letras Seccional de La Paz, de fecha 07 de junio de 2009, en la cual se convalidó el allanamiento practicado al bien inmueble (f. 89). En conclusión, el vicio alegado por el Censor es inexistente por cuanto: a) En relación al medio de prueba documental “Inspección”, éste fue debidamente propuesto en el momento oportuno (audiencia de proposición de medios de prueba) y evacuado durante el debate, presentado para ratificación a la persona que previamente se había nominado para tal efecto: el señor Edy Cruz Velásquez; ello con independencia a la respuesta que haya dado dicha persona a la consulta de si reconocía el documento y con independencia al valor probatorio que le fue asignado al documento, ergo la denuncia hecha por el Censor de que el señor Cruz Velásquez ratificó en juicio un documento distinto a aquel que había sido propuesto es improcedente; b) En relación al medio de prueba ofertado como “Acta de Allanamiento”, es evidente que se trató de una errónea nominación al documento, el cual tiene como suma la leyenda “Acta de inspección ocular”, pues el contenido coincide en relación a la propuesta, que es registrar los hallazgos tras el ingreso a la vivienda, mismo que fue ratificado en la audiencia de debate por el señor Bayron Munguía, ello como consecuencia de un cambio en la proposición de ratificación hecho por el Ministerio Público en la fase de incidentes de debate, sin que exista registro en el acta respectiva de oposición a ello por parte de la defensa. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Abogado Oscar A. Luna Zuniga, actuando en su condición de Apoderado Defensor de los señores Isidro Ulloa, Iris Yolani Ulloa, Ada Linett Ulloa y María Lucia Maldonado.- Segundo Motivo. Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 202 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Motivación Insuficiente o Contradictoria, Inobservancia de las Reglas de la Sana Critica en la Valoración de la Prueba. Acciones de saneamiento presentadas durante el Proceso: Sin determinar por el Censor. Pretensión: Sin determinar por el Censor. Increpa el Censor que el Tribunal de Sentencia no observó las reglas contempladas en la sala critica para valorar la prueba desarrollada en la audiencia de juicio; advierte que de la prueba no es posible derivar que los acusados fueran las personas que habitaban la vivienda en donde estuvo privado de la libertad el señor H. A. F.; Se detiene a analizar la declaración del joven H. A. F., señalando que éste se orientó a responsabilizar a los acusados informando datos inexactos, pues en su primera declaración (prueba anticipada), aseguró que no había reconocido a ninguna persona por haber permanecido vendado de los ojos de manera permanente y porque no había escuchado de sus captores decir nada relevante, pero en su declaración de debate informó todo lo contrario, dándole credibilidad el Tribunal de Sentencia violentando el artículo 202 del Código Procesal Penal pues no apreció las contradicciones expuestas. Adicionalmente, el Censor hace relación de las declaraciones testificales de las señoras M. J. A. F. y María Dilia Flores, al igual que de los agentes William Alexander Ruiz y Bayron Munguía Boquín, haciendo un análisis de sus dichos en procura de que esta Sala de lo Penal evalúe su credibilidad, olvidando que los argumentos en el recurso de casación no deben de ir dirigidos a ese fin sino al de auditar que las actuaciones judiciales sean conforme a la legalidad, y en el caso específico, conforme al sistema de valoración probatoria reglado en la norma procesal. El Censor reclama y cuestiona la prueba documental: i) Afirma que el Tribunal de Sentencia derivó del acta de allanamiento la incautación de armas de fuego, municiones, pasamontañas, binoculares y teléfonos celulares, aun cuando en el documento no se consigna nada de ello; ii) Realiza un análisis del medio de prueba: acta de inspección ocular, concluyendo que de ésta no se puede derivar que los acusados sean las personas que habitaban la vivienda en donde fue privado de la libertad el ofendido. Concluye el Censor advirtiendo la ausencia de prueba que determine cuáles fueron las acciones cometidas por cada uno de sus representados y su grado de participación en los hechos juzgados. De la Procedencia del Segundo Motivo El Segundo Motivo es de Recibo Parcialmente.- Para poder dar respuesta al Censor, es oportuno señalar que no existe controversia en cuanto a la existencia del delito: La prueba permitió que el Tribunal de Sentencia declarase que el 10 de mayo de 2009, a bordo de un vehículo iba en tránsito el joven H. A. junto con sus dos hermanas, una de ellas, la señora M. J. A. F., manejando el automotor, cuando a la altura de la Aldea de Zambrano fueron alcanzados por dos vehículos, los cuales les interrumpieron la marcha hasta lograr que se detuvieran, bajándose de los vehículos interceptores personas con armas de fuego que obligaron al joven H. A. a bajarse del vehículo en que se transportaba para luego introducirlo en uno de aquellos en que se transportaban los agresores, alejándose de inmediato del lugar; las hermanas del ofendido, habiendo sido desposeídas de las llaves del vehículo en que se transportaban y de teléfonos celulares, caminaron hasta encontrar una persona quien les facilitó un teléfono celular mediante el cual dieron aviso de lo sucedido a sus familiares.- Mas tarde, la señora Maria Dilia Flores, madre del joven H. A., recibió una llamada en su teléfono celular de una persona desconocida, exigiendo la entrega de una cantidad de dinero a cambio de liberar a su hijo, iniciándose así un proceso de negociación en donde por parte de la familia Arévalo intervinieron como interlocutores un Pastor Evangélico y un Maestro, entretanto por parte de los agresores personas de sexo masculino de identidad desconocida.- La prueba además logró determinar que tras recibir una llamada anónima sobre la posible ubicación del ofendido, en fecha 06 de junio de 2009 agentes de policía se personaron en la Aldea Piedra Parada, Municipio de Cabañas, en el Departamento de La Paz, donde después de inspeccionar el lugar identificaron una vivienda en la calle principal al pie de una colina, de donde salieron tres personas en veloz carrera llevando consigo al ofendido, quienes después de verse perseguidos aceleraron su huida dejando atrás a éste último, logrando así los agentes de policía liberar al ofendido de su indebido cautiverio. El reproche que hace el Censor recae sobre la afirmación del Tribunal de que los acusados formaban parte del grupo que concertó privar de la libertad al joven ofendido para exigir a sus familiares una cantidad de dinero a cambio de su liberación; para el Censor el A-quo indebidamente concluyó que los acusados habitaban la vivienda donde se mantuvo en cautiverio al ofendido, afirmando que ninguno de los medios de prueba propuestos y evacuados permiten derivar tal conclusión, violentándose así las reglas de la sana crítica; plantea que los acusados se encontraban en la vivienda, no porque viviesen en ella, sino porque se encontraban en campaña de evangelización del Ministerio Internacional, visitando a los vecinos e invitándoles para que asistiesen a la iglesia; es así que la presencia de los acusados en el lugar no fue puesta a debate sino la razón de estar en ese lugar. Lo anterior permite establecer que el aspecto objeto de debate es la afirmación del Tribunal de Sentencia, declarado probado, que los señores Isidro Ulloa, su esposa María Lucia Maldonado y sus hijas Ada Lineth Ulloa Maldonado e Iris Yolani Ulloa, eran las personas que habitaban la vivienda en donde fue encontrado el ofendido y en donde estuvo privado de su libertad un mínimo de 7 u 8 días, siendo los encargados de custodiar al ofendido y específicamente las jóvenes Ada Lineth Ulloa Maldonado e Iris Yolani Ulloa, de brindarle sus alimentos.- La denuncia formulada obliga a esta Sala de lo Penal a considerar la totalidad de la prueba a efecto de constar si conforme al método deductivo, es posible derivar de ésta que los acusados tuvieron responsabilidad en los hechos por los cuales fueron acusados: 1. El Estado, por conducto del Ministerio Público, propuso como medio de prueba la declaración de la señora M. J. A. F. (f. 203 v), quien declaró sobre el momento en que fue interceptado su menor hermano y privado de la libertad por personas de identidad desconocida; además informó sobre la conversación que tuvo con su hermano, estando éste en cautiverio, relacionado al pago del rescate para su liberación.- Esta declaración no ofreció a los jueces de sentencia ningún elemento que identificara a las personas que participaron en el delito, y en particular elementos de participación de las personas acusadas. 2. Fue escuchada la declaración testifical de la señora Maria Dilia Flores (f. 204), quien es madre del ofendido, informando al A-quo, sobre la llamada recibida solicitando dinero a cambio de la libertad de su hijo, del proceso de negociación y de cómo observó a su hijo una vez que fue liberado por la fuerza policial.- Este medio de prueba tampoco aporta elemento alguno en cuanto a la identidad de las personas que participaron en el delito. 3. Medio de Prueba pericial (así propuesto por el Ministerio Público), presentado por el señor Carlos José Cruz Sánchez, Agente de la Policía de Investigación, que tuvo a su cargo el registro de las llamadas entrantes y salientes que comunicaban a la persona que negoció la liberación del ofendido H. A. con los agresores; el perito relató que se recibían alrededor de 20 llamadas diarias, hechas por persona de sexo masculino, exigiendo la entrega de dinero a cambio de la liberación del ofendido; el perito igualmente informó que a cargo de las negociaciones primero estuvo un pastor evangélico y posteriormente un profesor.- Por su parte el Dictamen pericial consistió en un registro de las llamadas entrantes y salientes, hecho a partir del 18 de mayo y hasta el 6 de junio de 2006, el que da cuenta:
Numero de Celular Receptor
Numero de Celular Emisor
Número de llamadas realizadas
9516-0504
9969-9418
9804-4183
9969-9418
9823-4673
9969-9418
TOTAL
Es claro para esta Sala de lo Penal que indebidamente se nominó al medio de prueba como pericial, por cuanto no se trata de una persona que, apoyado en el saber de una ciencia, arte u oficio, comparte su opinión sobre un hecho tras un estudio encomendado por autoridad competente, sino que se trata de una persona que accidentalmente se ha enterado de hechos, por medio de sus sentidos y los cuales compartió al momento de su comparecencia en la audiencia de debate; de igual modo el llamado dictamen pericial es en realidad una bitácora de las llamadas recibidas a teléfonos celulares específicos. En lo concerniente al reclamo del Censor, igualmente este Tribunal de Casación concluye que no es posible derivar del medio de prueba, ante la ausencia de razón suficiente, algún elemento que indique que los acusados tuvieron participación en los hechos juzgados. 4. Declaración testifical del joven H. A. F., principal medio de prueba en la causa, quien declaró en la audiencia de debate (f. 901 v.) la forma en que fue privado de su libertad, así como la forma en que fue transportado a tres lugares diferentes en los días en que estuvo cautivo. Respecto a las personas que le privaron de la libertad el testigo informó: a. Al momento de ser interceptado: i).- Escuchó apodos de las personas como “Pisa Perra” y “Naranja”; ii).- Una de las personas andaba tatuaje en el cuello, que eran letras que no pudo leer. b. En el primer sitio donde estuvo cautivo, en Comayagua, estuvo vendado y amarrado, sin embargo reconoció dos voces; que habló por teléfono con persona de sexo masculino quien le preguntó que si sabía de qué se trataba el hecho, indicándole que era un secuestro; que escuchó una moto y que después llego una persona del sexo masculino quien le dijo a los demás que no permitieran que el testigo pudiese verlos; que escuchó a una persona en aparente estado de ebriedad, quejándose y diciendo que sacaran al testigo del lugar. c. Segundo Sitio, en el Departamento de La Paz, donde estuvo vendado y amarrado: Escuchó voces y varios nombres, como “Coco”, “Rene”, “Ercilio” y “Picoro”; y una de las personas que lo cuidaba trataba a otro como “Padre”. d. Tercer Sitio, donde solo estuvo amarrado, sin vendas: Pudo observar a un señor que dijo que estaba trabajando en la casa; que reconoció voces de personas que habían estado en el primer sitio donde estuvo cautivo; que escuchó el nombre de “Melvin” y voces de señoritas y la voz de una señora; que un señor, una señora y unas señoritas lo alimentaban; que del lugar donde estaba cautivo pudo observar a través de una hendidura a las muchachas que se iban a platicar a la pila; que una de ellas era alta, colocha y trigueña y la otra era gordita y trigueña y que ambas llamaban “Mamá” a la señora; que una de las señoritas trataba al señor como “Padre”; que en una ocasión el señor y la señora, la pareja que vivía en la casa, lo sacaron por la noche; que el Señor era delgado y piel trigueña; que un muchacho le dio unos tenis para que se calzara y después fue sacado por la fuerza, momento en que la policía lo liberó. El testigo también señaló que una persona a la que le decían “El Cojo” le obligó a hacer grabaciones para mandárselas a sus familiares.- Que el señor que vió en el tercer sitio, al que algunas personas llamaban “Padre” lo había visto en el segundo sitio; el testigo, al ser cuestionado del por que en su primera declaración había manifestado no haber visto a ninguna de las personas que lo mantuvieron cautivo respondió que en aquel momento (en la primera declaración), estaba demasiado afectado por las amenazas pero que como había pasado el tiempo ahora deseaba justicia. El testigo es la víctima del delito, el cual mediante su declaración se colige que fueron varias las personas que participaron en el delito, pudiendo identificar concretamente a personas que estuvieron en el tercer lugar donde permaneció cautivo: i) Un señor, al que en el segundo y tercer sitio era llamado “Padre”, al que identifica como pareja de una señora; Señala que este señor vivía en la vivienda donde permaneció privado de la libertad y cuyas características físicas eran ser delgado y piel trigueña; ii) Señora, pareja del “Señor” y madre de las señoritas que le daban de comer, la cual identificó como persona que también vivía en el lugar; iii) Dos señoritas, hermanas entre sí, hijas del “Señor” y de la “Señora”, a las cuales describió una alta, colocha y trigueña y la otra era gordita y trigueña; especificando que las pudo observar cuando iban a platicar a la pila, a través de una abertura del lugar en donde se encontraba. Esta Sala de lo Penal señala que correctamente los juzgadores derivaron que esta declaración permite establecer la participación de los acusados Isidro Ulloa y Maria Licia Maldonado, pues su presencia en la vivienda no es cuestionada por las partes al momento en que se produjo el rescate del ofendido, más éste, en su declaración señala que existían dos personas, Señor y Señora, coincidiendo con tales calificativos con la edad de los acusados mencionados, quienes vivían en la casa, padres de las señoritas que también vivían en el inmueble, coincidiendo con el hecho de que los acusados mencionados son padres de tres jóvenes de sexo femenino, por lo que su presencia no es un mero accidente como plantea la defensa sino que se trata de dos personas que efectivamente vivían en el lugar y que junto con otros mantuvieron privado de libertad al ofendido en procura de obtener un enriquecimiento indebido a cambio de su liberación. En cuanto a las acusadas Ada Ulloa e Iris Ulloa, existe dificultad de identificación, pues en la vivienda habitaban además de ellas dos, una tercera persona menor de edad, también hija de los señores Isidro Ulloa y María Maldonado; es de tener en consideración que el acusado menciona que solo dos “señoritas” le llevaban la comida, por lo que de la declaración de éste no es posible derivar cuál de las tres jóvenes (Ada Ulloa, Iris Ulloa o Irma Ulloa) era la que no realizaba tal conducta contributiva al delito. Es de considerar que no fue presentado como medio de prueba el reconocimiento en rueda de personas, reconocimiento fotográfico o reconocimiento de voz realizado por el ofendido; Tampoco el A-quo (en su sentencia) hizo alguna relación sobre si existía o no coincidencia entre la descripción de las características físicas de las acusadas Ada Ulloa e Iris Ulloa y las personas descritas por el ofendido. Del medio de prueba se deriva participación de los acusados Isidro Ulloa y María Lucía Maldonado, por su relación marital así como su parentela con las tres jóvenes que vivían en el inmueble y por su presencia indiscutible en el lugar al momento en que el ofendido fue liberado de su cautiverio; en cuanto a las acusadas Ada Lineth Ulloa e Iris Yolani Ulloa, si bien se acreditó el vínculo consanguíneo descendente en primer grado con los otros acusados (padres e hijas respectivamente), ello no es suficiente para derivar certeza de participación pues existe una tercera persona que reúne iguales condiciones, que vivía en el inmueble y que además se encontraba en el mismo al momento de la liberación del ofendido, por lo que en conclusión son tres personas de sexo femenino de las que solo dos cooperaron en la realización del delito, según indicó el ofendido. 5. Declaración testifical del agente de Policía de la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación, Bayron Efrain Munguía Boquín, quien dio cuenta de haber recibido una llamada telefónica informando de la posible ubicación del ofendido, consecuencia de lo cual agentes de la policía se desplazaron al lugar señalado, en donde pudieron liberar a la persona ofendida; explica que en el proceso pudo observar a una muchacha en la vivienda donde habían tenido cautivo al ofendido; el testigo señala que él se encargó de llevar al joven H. A. al vehículo y resguardarlo, siendo otro equipo los encargados de realizar la captura.- De este medio de prueba no es posible derivar alguna participación de los acusados, pues el testigo solo refiere a una persona de sexo femenino que estaba en la vivienda, sin describir su fisonomía, mucho menos sin identificarla, por lo que no es posible poder determinar quién era. Por otro lado, tal dato pierde significancia pues es claro que las tres hermanas Ulloa Maldonado se encontraban en el lugar, siendo lo relevante cuál de ellas fue la que no tuvo participación alguna en los hechos. 6. Declaración testifical del señor Willian Alexander Ruiz Lagos (f. 899 v), agente de la Policía, quien participó en la liberación del ofendido. Respecto a las personas responsables de mantener en cautiverio al ofendido señaló que se tenía identificada a una persona de nombre Carlos García García, interno en un centro penitenciario y de otra persona de nombre Isidro, un ex policía de la zona de La Paz; declaró que al llegar a la Aldea de Piedra Parada, pudo observar de lejos a una persona de sexo femenino que estaba haciendo una llamada pero que cuando se percató de la presencia de la policía se introdujo en una vivienda; que al acercarse a la vivienda observó a tres sujetos llevando al ofendido por unos cafetales, pero que en la prisa aquellos se fueron, dejando en el suelo a éste último; que el declarante continuó siguiéndolos y que pudo observar a una de las personas que iba disparando a la policía; que al bajar otro equipo tenía a varias personas detenidas y que al entrar a la vivienda pudo observar la fotografía del “joven I.”, que era la persona que les había disparado cuando iban subiendo la montaña; que en la vivienda fueron detenidas seis personas: 5 de ellas de sexo femenino y 1 de sexo masculino. De la declaración de este testigo es posible reflexionar: i) Refiere que información de inteligencia señalaba como una de las personas posibles responsables a un ex policía llamado Isidro, pero en la audiencia de debate no se presentó ninguna prueba que estableciera que el acusado Isidro Ulloa se hubiese desempeñado como agente de la policía; ii) El testigo indica que al entrar a la vivienda identificó al “joven I.” en una fotografía, como la misma persona que momentos antes le había disparado cuando subía por unos cafetales, descartándose que se tratase del acusado Isidro Ulloa, pues en primer término éste fue aprehendido por la policía en la vivienda y la persona que refiere el testigo logró darse a la fuga; por otro lado el acusado es una persona de 56 años y por ende no es una persona a la cual, en un lenguaje popular, podría dársele el calificativo de “joven” y finalmente no fue presentada en la audiencia de debate la fotografía a que se refiere el testigo a fin de comparar la persona que aparece en la imagen con el acusado y así vincularle con la vivienda y por ende con el delito de secuestro juzgado; iii) El testigo hace mención de que observó a una persona de sexo femenino, la cual identifica como “una señora” que estaba hablando por teléfono celular pero que al percatarse de la presencia policial apresuradamente se introdujo en la vivienda; el testigo no hizo ninguna descripción física de tal persona, tal como advierte el censor en su recurso, más ello no implica que exista duda de que se trataba de la acusada Maria Lucia Maldonado, pues en una sola dinámica de hechos los agentes de policía aseguraron la vivienda de manera inmediata pudiendo aprehender a las personas que se encontraban en su interior, siendo una de ellas la acusada mencionada, quien era la única persona de sexo femenino de mediana edad. 7. Prueba Documental consistente en el “Acta de Allanamiento” (f. 81), consistente en documento cuya suma dice “Acta de Inspección” de fecha 6 de junio de 2009, en el cual se describe que agentes de la sección anti-secuestro se personaron en la Aldea Piedra Parada, Departamento de La Paz, donde observaron un bien inmueble construido con “material concreto”, repellado y color verde, al cual ingresaron, siendo atendidos por el señor Isidro Ulloa, procediéndose a realizar registro, encontrándose 8 teléfonos celulares de diferentes etilos, un arma de fuego tipo revolver, marca Smith & Wesson, serie AZFS106, dos cajas de munición, binoculares. En una habitación posterior, con paredes de lámina de asbesto, color rojo, techo de lámina de zinc, se observó un colchón color café, dos barriles de metal color azul, un pasamontañas color negro y un radio. El medio de prueba permitió al A-quo poder determinar el lugar en donde el ofendido estuvo privado de su libertad, siendo la vivienda en donde fueron aprehendidos los acusados; el documento además hace referencia a la presencia del acusado Isidro Ulloa al momento de realizarse el allanamiento, lo cual no es discutido por las partes, agregando el acta que éste tomó postura de habitante del inmueble. 8. Fue presentada como evidencia física en la audiencia de debate, entre otros: a. Arma de fuego, tipo revólver, calibre desconocido, marca Smith & Wesson, serie AZF5106; b. Teléfono celular, color negro, serie 695040916 c. Teléfono celular, marca Motorola, color gris d. Teléfono celular, marca Motorola, color gris, Imei 010413005784387 e. Teléfono celular, marca Motorola, color negro, Imei 3538720088133442 f. Teléfono celular, marca Motorola, color negro, Imei 356254005935575 g. Teléfono celular, marca Motorola, color rojo, Imei 0017011472810 h. Teléfono celular, marca Motorola, color rojo, Imei 35505810110402351 i. Teléfono celular, marca Sajen, color negro, Imei 3524702630787 j. Teléfono celular, marca V600, color negro, Imei 351752033121881 k. Binoculares, marca Jasón, color negro l. Un Pasamontañas de hilo, color negro m. Tres monogramas de hilo azul, con letras de la Policía Fueron presentados en la audiencia de debate un total de nueve teléfonos celulares, no siendo coincidente con el “Acta de Allanamiento”, en donde se registra el hallazgo de 8 teléfonos celulares (sin descripción), desconociéndose entonces si los aparatos celulares presentados como evidencia física son los mismos que fueron incautados en el allanamiento y además, de ser así, cuál de ellos fue el aparato celular que no fue incautado en el allanamiento pero que si fue presentado en la audiencia de debate. 9. Prueba Documental, consistente en el Acta de Inspección Ocular (f. 68), de fecha 6 de junio de 2009, que documenta que en esa fecha elementos de la entonces Dirección General de Investigación Criminal se desplazaron a la Aldea Piedra Parada, en el Departamento de La Paz, observándose una vivienda de construcción de adobe y techo de madera, encontrándose en el interior un arma de fuego tipo revolver, serie AZF5106, marca Smith & Wesson; se indica que al lado oeste del inmueble se encuentra un cuarto construido con láminas de asbesto, en cuyo interior se observó un colchón y una cobija de tela, un gorro. Es importante resaltar que la descripción que hace el “Acta de allanamiento” (f. 81), no es la misma que realiza el Acta de Inspección, más ello no implica que se trata del mismo bien inmueble, pues en ambos medios probatorios se documenta que fue incautada la misma arma de fuego tipo revolver, marca Smith & Wesson, serie AZF5106: i) En el Acta de Allanamiento se describe la vivienda como un bien inmueble construido de “material concreto”, repellada, pintada de color verde, techo construido con lámina de asbesto, puerta de madera y dos ventanas de madera, una de ellas protegida con balcón de metal color negro, con sala (cuadrante uno), 2 habitaciones (cuadrante dos y tres), cocina (cuadrante cuatro), y cuarto pequeño ubicado en el costado derecho de la vivienda (cuadrante 5); señala el documento que al entrar los agentes fueron atendidos por el acusado Isidro Ulloa; ii) Entretanto el acta de inspección describe el bien inmueble como una casa de construcción de adobe, con puerta de madera y ventanas de madera sin balcones, techo de madera y asbesto, con sala, dos dormitorios, un pasillo y una cocina; en el documento se indica que unos de los dormitorios es del acusado Isidro Ulloa.- La disparidad en la descripción es mínima en comparación con los elementos coincidentes, como ser la incautación de la misma arma de fuego, el mismo número de piezas de la vivienda (sala, dos habitaciones y una cocina), y la existencia de una pieza en la parte de afuera, acondicionada como una habitación donde fue encontrada una colchoneta, lugar en donde se mantenía cautivo al acusado; ambos documentos refieren que en el lugar se encontraba el acusado Isidro Ulloa. 10. Dictamen Pericial sobre vinculación entre teléfonos celulares, rendido por la señora Dinora Reyes Pineda (f. 907), quien en la audiencia de debate indicó que le fueron entregados los vaciados de 7 teléfonos celulares, más no los aparatos, los cuales no tuvo a la vista, concluyendo en las siguientes relaciones (F. 883):
Numero de Cel. Estudiado
Números de Cel. Relacionados
(Por llamadas entrantes y salientes)
9520-3167
9809-5649
9758-1693
9602-1114
9809-5649
9520-3167
9809-5649
9602-1114
9602-1114
9520-3167
9758-1693
9573-1412
9573-1412
9602-1114
El medio de prueba pericial no permite derivar que los números de teléfono mencionados tengan vinculación con aquel utilizado por los agresores para realizar llamadas a la familia Arévalo, exigiendo la entrega de una cantidad de dinero para la liberación del ofendido; tampoco es posible vincular los números de teléfono con los aparatos celulares que fueron encontrados en la vivienda de la Aldea Piedra Parada, pues el “Acta de Allanamiento” no hace descripción precisa de ellos, limitándose a mencionar que fueron encontrados 8 celulares (y no fueron presentadas como medios de prueba las actas de incautación de objetos). Igualmente no es posible vincular los números de teléfono analizados con los aparatos celulares presentados como evidencia en la audiencia de debate, pues en estos últimos solo se registra el número de Imei y no el número de teléfono con que funcionaban los chips. Finalmente no se vincularon los números telefónicos analizados en la pericia, ni los aparatos celulares encontrados en el allanamiento, ni los aparatos celulares presentados como evidencia en la audiencia de debate con alguna de las personas acusadas.- En conclusión el medio de prueba no aporta elemento de participación en contra de ninguno de los acusados. Concuerda esta Sala de lo Penal con los Jueces de Sentencia que existe razón suficiente para derivar que los acusados Isidro Ulloa y Maria Lucia Maldonado han tenido participación en la comisión del delito de secuestro, en perjuicio del joven H. A. F., pues los medios de prueba arrojan suficientes indicios que permiten derivar a ello. El Censor plantea como teoría de descargo que los acusados estaban en el lugar en tarea de evangelización, más al debate no se presentó ningún medio de prueba de descargo de este hecho o de que tuviesen su domicilio en otro lugar distinto, quedando sin ataque la prueba que determinó que éstos tenían su residencia en el lugar donde estuvo en cautiverio el ofendido. Ahora bien, le asiste la razón al Censor respecto a las acusadas Ada Linett Ulloa Maldonado e Iris Yolani Ulloa Maldonado, pues en principio el ofendido habla que solo dos señoritas eran las que le daban de comer durante los 7 u 8 días que estuvo en la aldea Piedra Parada, pero en el lugar vivían tres hermanas apellido Ulloa Maldonado (hijas todas ellas de Isidro Ulloa y Maria Maldonado y por tanto todas ellas podían tratar de Padre y Mamá a éstos), ergo se colige que una de ellas no realizó conducta de cooperación con el delito, sin que se pueda identificar cuál de las tres es la que debe ser excluida, pues como se explicó no se realizó ningún reconocimiento en rueda de personas, ningún reconocimiento fotográfico, o cuando menos análisis de parte del A-quo en relación a las características físicas descritas por el ofendido y las que se podían observar en la audiencia de debate a las acusadas. Así pues, el requerimiento fiscal explica que el día 6 de junio de 2009, fueron aprehendidas las jóvenes Ada Linett Ulloa Maldonado, Iris Yolani Ulloa Maldonado e Irma Areli Ulloa Maldonado, lo que tiene como respaldo probatorio la declaración testifical del señor Wilian Alexander Ruiz Lagos, el que refirió que en el lugar del allanamiento fueron aprehendidas un total de seis personas, cinco de ellas de sexo femenino que responderían a: la acusada María Lucía Maldonado, la acusada María Martina Laínez Amaya y las tres hermanas Ulloa Maldonado: Ada Linett, Iris Yolani e Irma Areli; En conclusión, no es posible derivar con la individualización de la joven U. M. que no participó en el delito, pudiendo ser cualquiera de las tres que fueron aprehendidas en el lugar, en cuenta las ahora acusadas Ada Linett e Iris Yolani de apellidos Ulloa Maldonado. IV. DECISIÓN 1. No ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. 2. No ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su primer motivo; y 3. Ha Lugar Parcialmente el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su segundo motivo. V. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 y 362 del Código Procesal Penal; FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por el Abogado Oscar Luna Zúniga, defensor privado de los acusados; Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su primer motivo, interpuesto por el Abogado Oscar Luna Zúniga, defensor privado de los acusados; Tercero: Declara Con Lugar Parcialmente el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Segundo motivo, interpuesto por el Abogado Oscar Luna Zúniga, casando la sentencia; Cuarto: Declara la nulidad parcial de la sentencia de fecha treinta y uno de agosto del año dos mil once (f.917) e igual forma parcialmente de la audiencia de debate que le origina de fecha veinticinco de mayo de dos mil once (F. 896), en todo lo referente a las acusadas Ada Linett Ulloa Maldonado e Iris Yolani Ulloa Maldonado; Quinto: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha treinta y uno de agosto del año dos mil once (f.917) en la cual se declara la responsabilidad penal de los señores Isidro Ulloa y María Lucía Maldonado y se absuelve a la señora María Martina Laínez Amaya, por un delito consumado de Secuestro, en perjuicio del joven H. A. F..- Y MANDA: Primero.- Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, proceda a celebrar un nuevo debate para resolver la acusación penal incoada por el Ministerio Público en contra de las jóvenes Ada Linett Ulloa Maldonado e Iris Yolani Ulloa Maldonado, en el cual deberán de participar Jueces de Sentencia distintos a los que concurrieron a emitir la sentencia de fecha treinta y uno de agosto del año dos mil once.- Segundo.- Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- Notifíquese.- FIRMA Y SELLO.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado Coordinador.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-27-2014.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.