Sentencia CP-265-13 — Registro 16065
Resumen
En primer instancia se condena al imputado por el delito de Robo de Vehículo Automotor Terrestre, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Los hechos probados establecen que el 21 de abril del 2010, la señora Karla Patricia Santos Landaverde, fue objeto de un asalto en donde la despojaron de su automotor, puntualizando el Juzgador los números de placas, motor, chasis y especificando el color gris del vehículo. También afirma la fundamentación fáctica, que el 20 de julio del 2010 se le decomisó al señor Daniel Oquely Acosta Gonzales, un vehículo con los mismos números de placas, motor y chasis que fue despojado a la ofendida, pero en color blanco; el cual tenía reporte de robo, el detenido afirman los sucesos, no logró probar ser su dueño. En el referido cuadro fáctico, si bien no se establece que el señor Daniel Oquely Acosta Gonzales fue quien robo el vehículo a la ofendida, esto no significa que no sea responsable, pues el tipo penal por el cual fue condenado el imputado es el del artículo 218D del Código Penal, el cual castiga a aquellas personas que oculten, transfieran o adquieran un vehículo que fue robado; en el presente caso el acusado fue encontrado en posesión del vehículo propiedad de la señora Karla Patricia Santos Landaverde, y para ocultar su procedencia ilegal fue pintado en blanco. Los hechos probados son coherentes, lógicos, armónicos y encajan de manera perfecta con el tipo penal por el cual fue condenado el imputado Daniel Oquely Acosta Gonzales, pues es posible extraer de ellos los elementos objetivos y subjetivos del delito de Robo de Vehículo en su modalidad de ocultamiento, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el Recurso de Casación SP 265-2013 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha quince de febrero del año dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual Condenó al señor DANIEL OQUELY ACOSTA GONZALES, como autor del delito de Robo de Vehículo Automotor Terrestre, en perjuicio de la señora Karla Patricia Santos Landaverde, a la pena de Nueve (09) años de reclusión, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal. Asimismo se declara la responsabilidad civil del condenado Daniel Oquely Acosta Gonzales. No procede declarar el comiso de objeto alguno por no haberse presentado ninguna evidencia en el juicio. No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados en el juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, el abogado Pedro Francisco Bernárdez, actuando en su condición de Defensor Privado del señor Daniel Oquely Acosta Gonzales. Son Partes: El abogado Pedro Francisco Bernárdez, en su condición antes indicada como recurrente y el abogado Salvador Cuestas Arévalo en su calidad de representante del Ministerio Público como recurrido. II. HECHOS PROBADOS. “Primero: El día miércoles veintiuno de abril del año dos mil diez, a inmediaciones del boulevard de la colonia La Unión, en la Ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la señora Karla Patricia Santos Landaverde, fue despojada de su vehículo marca Toyota, modelo Corolla, tipo turismo, color gris, placas PBV-3260, Motor 1ZZ5010999, Chasis 1NXBR12EXXZ243469, Año 1999, por personas desconocidas, quien procedió en esa misma fecha y ciudad a interponer la denuncia en la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Segundo: En fecha veinte de julio del año dos mil diez, a las once y cincuenta minutos de la mañana, en el barrio la Isla a inmediaciones del estadio municipal de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, fue requerido el señor Daniel Oquely Acosta Gonzales, por elementos de la Policía Nacional Preventiva, encontrándole en su poder el vehículo con las características siguientes: Marca Toyota, modelo Corolla tipo turismo, color Blanco, placas PBV-3260, motor 1ZZ5010999, Chasis 1NXBR12EXXZ243469, Año 1999, siendo detenido en ese instante, por tener un vehículo que no logró probar ser su dueño quien fue puesto a la orden de la autoridad competente.” III. RECURSO DE CASACIÓN. “El recurrente, Abogado Pedro Francisco Bernárdez, formalizó su Recurso de Casación por Infracción de Ley de la siguiente manera: ANTECEDENTES. El día 21 de julio de 2010, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra mi representado por suponerle responsable del delito de Alteración de a descripción registral de un vehículo automotor, mismo que según denuncia había sido robado en la ciudad de San Pedro Sula el 21 de abril del 2010, vehículo que al momento del robo era gris y al momento del decomiso era blanco. El ministerio Público calificó los hechos bajo la tipificación legal de Alteración de la descripción registral de un vehículo, establecido según el ente fiscal en el artículo 218D del Código Penal. La defensa estima que DANIEL OQUELY ACOSTA GONZALES es inocente, porque en el proceso no se comprobó que efectivamente haya participado en lo que fue el cambio de color del vehículo, asimismo no se le puede condenar por el delito de Robo de Vehículo, porque tampoco se comprobó a la luz del derecho que haya tenido participación en el robo del automotor, hecho acaecido en la ciudad de San Pedro Sula, no existe un solo testigo de cargo capaz de asegurar tal circunstancia, solamente existe una descripción vaga y general de las personas que supuestamente robaron el vehículo mediante el uso de armas, tampoco se presentó a declarar la perjudicada Karla Patricia Santos Landaverde, para ratificar su denuncia. Que este Tribunal en forma subjetiva atribuye a mi representado, acciones dolosas que debieron haber sido comprobadas por la fiscalía, pues todos sabemos que la buena fe se presume y el artículo 94 Constitucional señala que nadie puede ser condenado sin haber sido oído y vencido en juicio. “MOTIVO DE LA CASACIÓN Infracción a la ley sustantiva y específicamente el artículo 339 del Código Procesal Penal, en virtud de la duda razonable que no operó a favor del imputado(INDUVIO PRO REO) porque no se demostró que DANIEL OQUELY ACOSTA GONZALES haya mandado a pintar el vehículo y mucho menos que haya tenido participación en el robo del vehículo, el hecho de ser un poseedor de buena fe, no es motivo suficiente para condenarlo por el delito de robo habiendo sido procesado por otro delito o sea la alteración en la descripción vehicular no comprobada. PRECEPTO AUTORIZANTE Artículo 360 del Código Procesal Penal. ARTÍCULO VIOLENTADO Y NO APLICADO Artículo 339 del Código Procesal Penal. HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA Primero: Que a juicio del Tribunal Sentenciador DANIEL OQUELY ACOSTA GONZALES, por el simple hecho de haber sido encontrado en posesión de un vehículo robado, lo cual el justiciable ignoraba, lo convierte en autor del delito de robo, véase tamaña injusticia del Tribunal., no es posible acusar por un delito y condenar por otro. EXPRESIÓN CONCRETA DE LA APLICACIÓN PRETENDIDA POR LA DEFENSA La defensa solicita la aplicación del artículo 339 del Código Procesal Penal, contentivo del Induvio pro reo, en caso de duda se debe absolver al reo. Y se le debe poner en inmediata libertad. Mi mandante tenía 2 días de poseer el vehículo lo tenía en prueba con la intención de comprarlo de buena fe, o sea que nunca lo adquirió de ninguna manera, pues siendo así, la fiscalía debió mostrar la revisión o boleta de circulación a nombre de DANIEL OQUELY ACOSTA GONZALES, o el traspaso del mismo.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 1) Denunció el recurrente que el Tribunal Sentenciador incurrió en infracción de ley, consignando como precepto autorizante el artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicó el censor que se infringió el artículo 339 del Código Procesal Penal, en virtud de la duda razonable que no operó a favor del acusado, porque no se demostró que Daniel Oquely Acosta Gonzales, haya mandado a pintar el vehículo y mucho menos que haya tenido participación en el robo de vehículo, el hecho de ser un poseedor de buena fe, no es motivo suficiente para condenarlo por el delito de robo, habiendo sido procesado por otro delito. 2) La presente impugnación no solo es carente de las mínimas técnicas que exige el Recurso de Casación, sino que denota en el recurrente una ausencia total de conocimiento sobre cómo elaborar una impugnación, pues su recurso es carente de coherencia y logicidad al tratar de abarcar varios temas en un solo argumento, lo que sin duda vuelve su escrito confuso. Ésta Sala de lo Penal ha asumido como criterio jurisprudencial, que por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la Sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. 3) Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la transgresión en un recurso de casación por infracción de ley puede recaer en tres aspectos: A) Precepto penal de carácter sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. B) Norma extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo las leyes penales en blanco, que son aquellas que señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. C) Principio de doctrina legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal, “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”[1]. Otra circunstancia a considerar por parte de los recurrentes, son las diferentes especies del recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, las cuales son: a) Violación o falta de aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajustan a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión de parte del Juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación indebida, consiste precisamente en la invocación por el Juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. 4) Estimamos necesario hacer las aclaraciones de los numerales anteriores, como una labor instructiva para que los recurrentes puedan contar con los conocimientos básicos sobre cómo dominar la técnica del recurso de casación, pues al analizar los planteamientos del censor, se puede inferir su inadecuada técnica recursiva al momento de señalar las razones de hecho y derecho que consideró para presentar una impugnación por infracción de ley. En el caso subjudice y de forma totalmente errónea, el impetrante enuncia un recurso de casación por infracción de ley, pero omite señalar la especie de casación que corresponde (Violación o falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea), pero lo más delicado gravita en el hecho de que al explicar el motivo de casación y puntualizar cuál es la norma penal supuestamente infringida, señala el artículo 339 del Código Procesal Penal, norma que en ningún momento constituye ley sustantiva que deba aplicarse, sino que es precepto procesal que establece parámetros para los sentenciadores de manera general. Otro error en el que incurre el impetrante, es que al momento en que desarrolla su impugnación supuestamente por infracción de ley, trae a discusión argumentos sobre valoración de prueba, realiza una revaloración probatoria y con explicaciones subjetivas expone criterios particulares de cómo debió razonarse la prueba, situaciones que no es posible efectuar en recursos donde se denuncia la violación de normas sustantivas. Como ya lo explicamos anteriormente, el recurso de casación por infracción de ley se circunscribe a los hechos declarados probados por el Sentenciador, de tal manera que revisando los sucesos relatados en ellos, se puede determinar si el Juzgador aplicó o interpretó de forma correcta la norma penal utilizada encajándola de manera perfecta, o por el contrario existió disgregación entre el cuadro fáctico y la norma sustantiva aplicada. 5) Ahora bien, en virtud del control de convencionalidad, que establece que los órganos del Estado en el marco de sus competencias, deben tomar en cuenta lo regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que sobre ésta ha realizado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual se constituye en un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, resulta necesario que los jueces y tribunales sean los primeros llamados a ejercer el control de convencionalidad. En tal sentido la convención americana de derechos humanos en su artículo 8.2.h establece las “Garantías Judiciales” exigibles en el marco de un proceso, dentro del cual se establece el “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior,” que es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. De acuerdo a la Corte IDH, el recurso contemplado en el artículo 8.2.h debe ser uno “ordinario eficaz” independientemente de la denominación que se le dé. En esa misma línea, los Estados “no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho a recurrir del fallo ya que dicha posibilidad debe ser accesible sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. Por ello, la corte ha estimado que “las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente.” (Corte IDH. Caso Mohamed vs Argentina). Por tales circunstancias, esta Sala de lo Penal procederá a realizar un análisis de la Fundamentación Fáctica de la sentencia que se ha impugnado, para determinar si los juzgadores han efectuado una correcta adecuación de los sucesos con la ley sustantiva utilizada, haciendo la aclaración que dicho análisis partirá únicamente de los hechos probados, los cuales son inalterables en casación.
- Los hechos probados establecen que el 21 de abril del 2010, la señora Karla Patricia Santos Landaverde, fue objeto de un asalto en donde la despojaron de su automotor, puntualizando el Juzgador los números de placas, motor, chasis y especificando el color gris del vehículo. También afirma la fundamentación fáctica, que el 20 de julio del 2010 se le decomisó al señor Daniel Oquely Acosta Gonzales, un vehículo con los mismos números de placas, motor y chasis que fue despojado a la ofendida, pero en color blanco; el cual tenía reporte de robo, el detenido afirman los sucesos, no logró probar ser su dueño. En el referido cuadro fáctico, si bien no se establece que el señor Daniel Oquely Acosta Gonzales fue quien robo el vehículo a la ofendida, esto no significa que no sea responsable, pues el tipo penal por el cual fue condenado el imputado es el del artículo 218D del Código Penal, el cual castiga a aquellas personas que oculten, transfieran o adquieran un vehículo que fue robado; en el presente caso el acusado fue encontrado en posesión del vehículo propiedad de la señora Karla Patricia Santos Landaverde, y para ocultar su procedencia ilegal fue pintado en blanco. Los hechos probados son coherentes, lógicos, armónicos y encajan de manera perfecta con el tipo penal por el cual fue condenado el imputado Daniel Oquely Acosta Gonzales, pues es posible extraer de ellos los elementos objetivos y subjetivos del delito de Robo de Vehículo en su modalidad de ocultamiento, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. V. DECISIÓN: Por las razones antes expuestas se desestima la presente impugnación. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 218D del Código Penal 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- FALLA: Único: Declarar no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por el abogado Pedro Francisco Bernárdez, en su condición de Defensor Privado del señor DANIEL OQUELY ACOSTA GONZALES, a quien se le condenó a la pena de Nueve (9) años de reclusión, por el delito de Robo de Vehículo en su modalidad de ocultamiento, en perjuicio de Karla Patricia Santos Landaverde. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLOS.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha veintinueve de marzo del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-265-2013.
JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
SP 265-2013 5
[1] Cuellar Cruz Rigoberto, Fernández Entralgo Jesús, Gomez Colomer Juan Luis y otros. Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico). Agencia Española de Cooperación Internacional. Tegucigalpa, Honduras. Año 2004. Página 588