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Sentencia CP-264-14 — Registro 16064

Resumen

En primera instancia se condenó a los imputados por los delitos de Asesinato y Homicidio Simple, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...En el caso de autos la prueba ofertada por el ente acusador para acreditar los hechos imputados, lo constituyeron los dictámenes de las autopsias practicadas a los ofendidos en las cuales se establece que todos murieron por inmersión o ahogamiento, tal como lo confirmó el testigo protegido quien observó cuando los ofendidos eran tirados al rio Chamelecón. Además se contó con las declaraciones de los testigos: Gonzalo Ramos Mejia, quien confirmó la presencia de las ofendidas Digna Rosa Canales y Maria Anabel Romero Canales (Madre e hija) en la Finca Bananera Tropical, quienes pidieron pasar por la hacienda porque era más cerca para llegar a su aldea, expresó que una de las bicicletas en las que se transportaban las ofendidas se averió, por lo que él junto con su primo Pedro Ramos, las auxiliaron llevándolas por cierta parte de la finca, hasta donde había una bomba de agua que el testigo debía cuidar; posteriormente observaron a los imputados Gabino Orellana y Jose Gonzales que los alcanzaron y les pasaron, las ofendidas se dirigieron rumbo al rio yendo para la Aldea Banderas; de igual forma se presentó a declarar el testigo protegido TP1 quien declaró que él vio a los guardias que llevaban a las mujeres y al otro guardia lo trasladaban encañonado con un arma larga y aventaron los cuerpos al agua, afirmó reconocer plenamente en la sala de audiencias a los acusados como las personas que observó tirar los cuerpos. De igual forma se contó con la declaración del señor José Rolando Hernandez, quien se desempeña como guardia de seguridad de la Finca Tropical, afirmó que el martes después de los hechos el supervisor Gabino Orellana le entregó una escopeta calibre 12 y dijo que era el arma del difunto Rufino Rodríguez; esto resulta muy interesante y hace que se confirme aun más la participación de los acusados en los hechos investigados, pues los hechos sucedieron un domingo 15 de enero del 2012, misma fecha en la que el señor y testigo Luis Arturo Romero andaba buscando a su esposa e hija en la Finca en mención, el martes siguiente, es decir el 17 de febrero el imputado Gabino Orellana le entrega al testigo Jose Rolando Hernandez el arma que era utilizada por el ahora occiso Rufino Rodríguez, sin embargo según los dictámenes de autopsia, los cuerpos fueron hallados hasta el miércoles 18 de enero, resulta interesante establecer cómo el imputado Gabino Orellana le asignó a otro guardia el arma de Rufino Rodríguez, cuando aun su cuerpo no había sido encontrado y no se sabía que estaba muerto. 5) Todas estas pruebas y otras que aparecen en el fallo recurrido, están plenamente valoradas por el Juzgador y aunque no son abundantes, si tiene la fuerza legal necesaria para que el A-quo adquiriera la certeza de la culpabilidad de los acusados en los hechos investigados, encontramos un testigo protegido que observó el momento en que los acusados tiraban al rio a los ofendidos, es decir este testigo es presencial de los hechos y es una prueba directa e irrefutable contra los imputados; de igual forma la declaración del testigo Gonzalo Ramos Mejia, quien auxilio a la ofendidas para poder trasladarlas en un tramo de la finca, observando además cómo los imputados Gabino Orellana Lopez y Jose Gabriel Gonzales los alcanzaron y les pasaron, ubicando a los acusados cerca de lugar donde se sucedieron los hechos, al unir ambas declaraciones, es posible llegar al grado de certeza necesaria para acreditar la culpabilidad de los acusados en los hechos investigados. El Tribunal Sentenciador también valoró de forma adecuada y correcta, cada uno de los medios de prueba, razonándolos de manera conjunta y armónica, y teniendo como base las reglas del recto entendimiento humano; todo lo cual posibilitó al Juzgador para que con la prueba ofertada lograra desaparecer la presunción de inocencia y surgiera el grado de culpabilidad de los imputados, por lo que se dictó un fallo condenatorio adecuado a derecho; por tales razones es procedente desestimar el presente recurso..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO PENAL I. SENTENCIA Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete. El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de Coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el Recurso de Casación SP 264-2014 por Infracción de Precepto Constitucional, contra la sentencia de fecha veintisiete de febrero de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló: 1) Condenando a los señores GABINO ORELLANA LOPEZ y JOSE GABRIEL GONZALEZ, a la pena de veinte (20) años de reclusión, por el delito de Asesinato, en perjuicio de la señora Digna Rosa Canales. 2) Condenando a los señores GABINO ORELLANA LOPEZ y JOSE GABRIEL GONZALEZ, a la pena de veinte (20) años de reclusión, por el delito de Asesinato, en perjuicio de Maria Anabel Romero Canales. 3) Condenando a los señores GABINO ORELLANA LOPEZ y JOSE GABRIEL GONZALEZ, a la pena de Quince (15) años de reclusión, por el delito de Homicidio Simple, en perjuicio de Rufino Rodriguez; asimismo los condeno a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena. 4) Declaró la responsabilidad civil de los imputados Gabino Orellana Lopez y Jose Gabriel Gonzalez. 4) No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por dicho juicio a los señores Gabino Orellana Lopez y Jose Gabriel Gonzalez. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, la abogada Gloris Evelin Banegas Avila, en su condición de Defensora Pública de los señores Gabino Orellana Lopez y Jose Gabriel Gonzalez. Son Partes: El abogado Arnaldo Alcides Garcia Alvarado, en su condición de Defensor Público de los imputados como parte recurrente y la abogada Karen Lizeth Martinez en su calidad de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: El día 15 de enero del año 2012, aproximadamente a las cinco de la tarde, la señora DIGNA ROSA CANALES y su hija MARIA ANABEL ROMERO CANALES de 18 años de edad, llegaron cada una a bordo de una bicicleta a la finca Tropical, en Choloma, Cortés, con la intención de cruzar la finca para acortar camino rumbo a la aldea Banderas, lugar de su residencia. Una de las bicicletas se averió y ambas mujeres solicitaron auxilio al guardia de seguridad de la caseta de entrada a la finca. Casi al mismo tiempo llegó otro guardia de nombre GONZALO RAMOS a bordo de una bicicleta y les dijo que las acompañaría a través de la finca, hasta una bomba de agua que era su puesto asignado, y queda frente a su casa, en ese momento también llegó el primo GONZALO, el señor PEDRO RAMOS, quien llevó a una de las damas en su bicicleta, dejando la que estaba averiada en la caseta. Cuando los cuatro llegaron hasta el punto que les había referido el señor GONZALO RAMOS, éste se quedó con su primo y las mujeres continuaron adelante solas. SEGUNDO: Cuando doña DIGNA Y ANABEL iban por una de las intercepciones de la finca, fueron alcanzadas por los señores GABINO ORELLANA Y JOSE GABRIEL GONZALEZ quienes fungían como supervisor de seguridad y guardia de seguridad, respectivamente. Ambos hombres habían tomado previamente un atajo para alcanzar a las mujeres al cerciorarse que ya no estaban acompañadas. Una vez que las interceptan, las retuvieron contra su voluntad y luego de un tiempo no precisado, procedieron a atarle las manos a la señora DIGNA ROSA con una soga y luego la lanzaron al rió Chamelecón, donde falleció ahogada. Posteriormente sometieron a la impotencia a la joven MARIA ANABEL, golpeándola con un objeto contuso en su rostro y la arrastraron hasta la orilla del río, arrojándola aún con vida a la corriente, donde pereció por asfixia por sumersión. TERCERO: Los hechos antes descritos fueron advertidos por el señor RUFINO RODRIGUEZ quien también se desempeñaba como guardia de seguridad de la misma finca, por lo que al percatarse los señores GABINO ORELLANA Y JOSE GABRIEL GONZALEZ, también arremetieron contra él y lo lanzaron al río Chamelecón, donde murió ahogado. CUARTO: En virtud de la repentina desaparición de la señora DIGNA y su hija ANABEL sus familiares fueron a buscarlas a la finca, donde les indicaron que las habían visto entrar al lugar, por lo que se dio aviso a las autoridades de policía quienes descubrieron los cuerpos de los occisos flotando en el río Chamelecón.” III. RECURSO DE CASACIÓN La recurrente abogada Gloris Evelin Banegas Avila, en su condición de Defensora Publica de los señores Gabino Orellana Lopez y Jose Gabriel Gonzalez, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: “I. MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO UNICO: Infracción de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. CONCEPTO DE LA INFRACCION: La infracción de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, se configura al condenar el Tribunal de Sentencia al imputado por los delitos de ASESINATO en perjuicio de MARIA ANABEL ROMERO y DIGNA ROSA CANALES, y HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de RUFINO RODRIGUEZ, quebrantando el estado de inocencia, existiendo duda razonable sobre la participación de los señores GABINO ORELLANA LOPEZ Y JOSE GABRIEL GONZALEZ en los hechos. Explicamos el vicio de la siguiente forma: PRIMERO: En el acápite denominado Valoración de la Prueba, el Tribunal señala que las declaraciones de los testigos de cargo merecen credibilidad por haber sido pronunciadas con espontaneidad y ser coherentes en sí mismas y relacionadas entre ellas. Según el sentenciador, “se establecen indicio de oportunidad de los ahora imputados, como ser que ellos eran los únicos que tenían la posibilidad de desplazarse por toda la finca para supervisar a los demás guardias; que fueron vistos cuando pasaron delante de las dos mujeres y de las dos personas que las acompañaron, hasta cierto punto del camino, por lo tanto ellos sabían de la presencia dentro de la finca y se cercioraron cuando ya estaban solas; ellos conocían a la perfección el lugar adecuado para interceptaras y esa noche no supervisaron a los demás guardias como era su costumbre. Además el señor GABINO asignó a otro guardia un arma tipo escopeta, manifestándole que se trataba del arma del difunto RUFINO RODRIGUEZ, sin explicar cómo la obtuvo. Finalmente el testigo protegido TP1, presenció los hechos y los identifica como las personas que arrojaron los cuerpo de las víctimas al rió. Todo lo constituye prueba suficiente que logra incriminar a los acusados como autores de los hechos por los que se abrió la presente causa a juicio.” SEGUNDO: En base a la prueba testifical, el juzgador logra llegar a la convicción que los imputados dieron muerte a MARIA ANABEL ROMERO, DIGNA ROSA CANALES y RUFINO RODRIGUEZ; no obstante, dicho razonamiento lo hace en una clara violación al principio de inocencia y al debido proceso, ello, en primer término, debido a que si bien fue sostenido por el testigo GONZALO RAMOS MEJÍA, que los lideres, refiriéndose a GABINO ORELLANA LÓPEZ y JOSÉ GABRIEL GONZÁLEZ, podían salir de la finca, dicho extremo no aporta nada para esclarecer el grado de participación de los imputados. Que los demás guardias no tengan autorización de la finca, no obsta para que materialmente ellos o un tercero, ajeno a la finca, pueda hacerlo. TECERO: En segundo término, el testigo que asegura que vio a los imputados fuera de la finca, señor REINALDO VILLANUEVA FLORES, entra en clara contradicción al aseverar que el mayor de las personas que vio pasar, vestía un pasamontañas. Ante lo señalado por el testigo, cabe entonces cuestionar, ¿si uno de ellos vestía un pasamontañas, cómo fue el testigo capaz de determinar cuál de los testigos era mayor y cual era menor? Sobre esto, vale mencionar que el testigo en ningún momento identifica a los imputados en el juicio oral, y tampoco refirió verlos en compañía de alguno de los ofendidos. CUARTO: En tercer lugar, asevera el Tribunal que esa noche, los imputados no supervisaron a los demás guardias, sin embargo, de conformidad con la declaración del señor ALLAN ROBERTO PAVON MERCADO, los imputados llegaron a supervisarlo unas cuatro veces durante la noche, escuchándolos hablar por radio comunicador en varias ocasiones. En relación, el sentenciador señala que dicha declaración no merece credibilidad, por cuanto la deposición de un testigo de descargo se contradice con el otro, por el hecho de que uno señaló que no había entrado ningún particular a la finca, y el otro manifestó que si. En este sentido, es preciso denotar, que puede que uno de ellos no tuvo noticia de que entraron particulares a la finca y el otro si. Esto, en virtud que los vigilantes cubren zonas especificas, de las cuales, como ellos han manifestado, no pueden desplazarse. Además una contradicción, no puede restar total credibilidad a lo depuesto. Si el Tribunal valorara en base a dicho argumento, debió restar total credibilidad a lo depuesto por el testigo GONZALO RAMOS MEJIA, quien señala en un primer momento que a RUFINO MEJIA le tocaba labor de turno ese día, y posteriormente dice que no le tocaba ese día, entrando en contradicción; asimismo, debió el sentenciador no atender a lo expuesto por el testigo JOSÉ ROLANDO HERNANDEZ, ya que, en la audiencia de juicio oral y público, se contradijo al sostener que GABINO le había entregado el arma, y a preguntas del Ministerio Público contestó no observar en la audiencia a GABINO ni GABRIEL, para luego reconocer a GABRIEL, en este sentido, si GABINO le entregó el arma, tuvo que haberlo reconocido en la audiencia, además sostuvo en un primer momento no reconocer a ninguno de los imputados, para luego decir que reconocía a GABRIEL. Por encima de lo argumentado, advertimos que, aún en el caso que los imputados no hayan supervisado a los guardias esa noche, ello no vínculo o crea un nexo causal entre los imputados y los ofendidos. QUINTO: En cuarto lugar, señala el Tribunal que GABINO asignó a otro guardia un arma tipo escopeta, manifestándole que se trataba del arma del difunto RUFINO RODRIGUEZ, sin explicar como la obtuvo. Sobre esto, en primer término, el Tribunal falta a la verdad, en cuanto a lo narrado por el testigo JOSÉ ROLANDO HERNANDEZ, sobre la manifestación que supuestamente hizo GABINO, que el arma fue asignada en primera instancia a RUFINO. El testigo JOSÉ ROLANDO HERNANDEZ manifestó que, quien le hizo tal advertencia fue un supervisor llamado DAVID, no RUFINO, situación que el sentenciador infiere de manera enigmática, ya que no deriva de ningún medio probatorio. En segundo término, el testigo tampoco pudo reconocer el arma. La razón de ello fue que son varías las escopetas que la seguridad de la finca posee. Y es que no existe medio probatorio alguno que indique que el arma fue asignada RUFINO la noche de los hechos enjuiciados. Dicho razonamiento proviene de lo expresado por un tercero que se desconoce. Asimismo se desconoce la fuente de dicha información, por lo que, no puede el sentenciador valerse de meros indicios para otorgar total credibilidad a dicho extremo. SEXTO: Finalmente, en quinto lugar, sostiene el juzgador que el testigo protegido TP1, presenció los hechos e identifica a los imputados como las personas que arrojaron los cuerpos de las víctimas al rió. Sobre esto, cabe denotar que el mismo testigo se refiere a que las condiciones de iluminación eran oscuras, debido a que presenció el acto a las 4:30 a.m. Por otro lado, manifiesta el testigo que se encontraba a unas quince barazadas de los hechos. Por encima de la difusa determinación de la distancia, por experiencia común se sabe que las personas no cuentan con visión nocturna. En este sentido se cuestiona la posibilidad que tuvo el testigo de apreciar los hechos encausados, e identificar en los mismos a los hechores, en las condiciones de iluminación y distancia señalados. Además de lo argumentado, el testigo no reconoce a ambos imputados, sino que claramente sostiene que de aquella noche, reconoce en la Sala sólo a uno, al trigueño, por lo que resulta dudosa la participación del otro, poniendo en entredicho su declaración y la acusación del ente acusador. Por otro lado resulta incoherente para esta parte que, pese a que se acreditó que las últimas personas que estuvieron con las ofendidas fueron GONZALO RAMOS MEJIA y su primo PEDRO, quien fue citado mediante edictos sin comparecer como testigo, estos no fueron objeto de investigación por las autoridades, considerando que ellos llevaron a las ofendidas y las adentraron en la finca. SEPTIMO: En el caso de mérito, el razonamiento del sentenciador resulta ilógico e insuficiente, ya que con las pruebas presentadas en juicio se condena a los señores GABINO ORELLANA LÓPEZ y JOSÉ GABRIEL GONZÁLEZ en una clara violación a la presunción de inocencia y al debido proceso, por una insuficiente actividad probatoria. En la sentencia recurrida, el juzgador no cumple con los requisitos de prueba indiciaria, ya que las declaraciones de los testigos no parten de hechos plenamente probados, por cuanto sus dichos no son corroborados por otras pruebas; por lo que se llega a la conclusión, que a los imputados se le violentó su derecho constitucional de presunción de inocencia y por ende del debido proceso, al condenársele con una escasa actividad probatoria. Por lo anterior, resulta procedente que la Sala de lo Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, declare con lugar el presente motivo absolviendo de toda responsabilidad a los señores GABINO ORELLANA LOPEZ y JOSE GABRIEL GONZALEZ.”IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1) Para el recurrente se han infringido los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación a los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal, estableciendo como norma autorizante el artículo 361 del ya citado Código Procesal Penal. Explicó el censor que la infracción a los artículos de la Carta Magna se configura al condenar a los imputados por los delitos de asesinato y homicidio simple, en quebranto del Estado de Inocencia y el Debido Proceso, pues existió insuficiente actividad probatoria, además que la sentencia no cumple con los requisitos para una prueba indiciaria, ya que los dichos de los testigos de cargo no parten de hechos plenamente probados, pues no son corroborados por otras pruebas. 2) El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denunciar a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro. La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. 3) Para dar una respuesta adecuada al recurso presentado, es importante establecer los alcances del derecho al Debido Proceso y a la Presunción de Inocencia en el proceso penal. El Debido Proceso constituye un postulado básico del Estado de Derecho, traducido en la facultad del ciudadano de exigir tanto en la actuación judicial como administrativa, el respeto irrestricto de las normas y ritos propios de la actuación por parte del Estado en cada caso concreto de aplicación de la ley sustancial, al proceso o juicio conforme a las leyes pre-existentes al acto imputado, ante Juez o Tribunal competente y con observancia de las formas propias de cada juicio; así entonces, el Debido Proceso es la máxima expresión de las garantías fundamentales y cualquier vulneración a las mismas pueden ser alegadas por vía de violación al Debido Proceso en un sentido amplio, formando usualmente parte de éste: la pre-existencia de la ley penal, el Juez o Tribunal competente, el acceso a la administración de Justicia en condiciones de libertad e igualdad, la observancia y cumplimiento de las formas propias del Juicio, entendido éste último como todo el desarrollo del proceso, la aplicación de la ley penal favorable, la presunción de inocencia y sus consecuencias, la defensa técnica y material, el proceso público sin dilaciones injustificadas, el principio de contradicción, el principio de lesividad, la imparcialidad del Juez, a la doble instancia, entre otros. Así tenemos que la Constitución de la República precisamente establece que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, de manera que todo procedimiento o juzgamiento deberá estar sujeto a las formalidades de ley como instrumento de garantía de los derechos del justiciable, por otra parte, si bien es cierto que los derechos de defensa y debido proceso, aparecen en la Constitución de la República en el capítulo concerniente a los derechos individuales, es igualmente cierto que el Ministerio Público, legítimo representante de los intereses de la sociedad, como poseedor del monopolio de la acción penal, se presenta como un legítimo medio de las víctimas para acceder al proceso penal y concretizar los derechos individuales de estas; así las cosas, en una amplia interpretación de los derechos otorgados por la Constitución, el Ministerio Público puede reclamar en ese sentido la observancia de esos derechos Constitucionales, en consecuencia tratándose del ente fiscal, habrá que examinar si la intervención de este ha posibilitado su libre acceso al órgano jurisdiccional a efecto de concretizar mediante la acción el derecho de defensa de los intereses generales que suele representar en juicio, en ese sentido existe una gama de preceptos de orden procesal que llevan justamente a concretar este derecho del Ministerio Público así comprendido, por ello los artículos 25, 272, 273, 284 entre otros del Código Procesal Penal, hacen factible el acceso del ente fiscal, como defensor de los intereses de la Sociedad, a los órganos de justicia a fin de hacer valer los intereses que representa[1]. En cuanto el derecho a la Presunción de Inocencia, constituye una exigencia lógica del principio de jurisdiccionalidad en el cual, si la jurisdicción es la actividad necesaria para obtener la prueba de que un sujeto ha cometido un delito, hasta que esa prueba no se produzca mediante un juicio regular, ningún delito puede considerarse cometido y ningún sujeto puede ser considerado culpable ni sometido a pena. La Constitución de la República afirma positivamente la inocencia del acusado en tanto se no pruebe convincentemente su culpabilidad, y en la misma línea se orienta el código procesal penal. La posición del imputado en el proceso penal se encuentra, de este modo, reforzada porque, frente a la neutralidad que se mantiene en el proceso de derecho privado (el juzgador ha de considerar los hechos respectivamente alegados por las partes contrapuesto como datos a probar cumplidamente por aquella que los afirma), el juzgador penal (y también el instructor) ha de partir, como hipótesis de trabajo, de la inocencia de dicho imputado, de modo que, en caso de que la parte acusadora no acredite cumplidamente su acusación contra aquel, la inocencia interinamente afirmada se convertirá, por efecto de la irrevocabilidad del juicio jurisdiccional, en verdad definitiva. 4) En el caso de autos la prueba ofertada por el ente acusador para acreditar los hechos imputados, lo constituyeron los dictámenes de las autopsias practicadas a los ofendidos en las cuales se establece que todos murieron por inmersión o ahogamiento, tal como lo confirmó el testigo protegido quien observó cuando los ofendidos eran tirados al rio Chamelecón. Además se contó con las declaraciones de los testigos: Gonzalo Ramos Mejia, quien confirmó la presencia de las ofendidas Digna Rosa Canales y Maria Anabel Romero Canales (Madre e hija) en la Finca Bananera Tropical, quienes pidieron pasar por la hacienda porque era más cerca para llegar a su aldea, expresó que una de las bicicletas en las que se transportaban las ofendidas se averió, por lo que él junto con su primo Pedro Ramos, las auxiliaron llevándolas por cierta parte de la finca, hasta donde había una bomba de agua que el testigo debía cuidar; posteriormente observaron a los imputados Gabino Orellana y Jose Gonzales que los alcanzaron y les pasaron, las ofendidas se dirigieron rumbo al rio yendo para la Aldea Banderas; de igual forma se presentó a declarar el testigo protegido TP1 quien declaró que él vio a los guardias que llevaban a las mujeres y al otro guardia lo trasladaban encañonado con un arma larga y aventaron los cuerpos al agua, afirmó reconocer plenamente en la sala de audiencias a los acusados como las personas que observó tirar los cuerpos. De igual forma se contó con la declaración del señor José Rolando Hernandez, quien se desempeña como guardia de seguridad de la Finca Tropical, afirmó que el martes después de los hechos el supervisor Gabino Orellana le entregó una escopeta calibre 12 y dijo que era el arma del difunto Rufino Rodríguez; esto resulta muy interesante y hace que se confirme aun más la participación de los acusados en los hechos investigados, pues los hechos sucedieron un domingo 15 de enero del 2012, misma fecha en la que el señor y testigo Luis Arturo Romero andaba buscando a su esposa e hija en la Finca en mención, el martes siguiente, es decir el 17 de febrero el imputado Gabino Orellana le entrega al testigo Jose Rolando Hernandez el arma que era utilizada por el ahora occiso Rufino Rodríguez, sin embargo según los dictámenes de autopsia, los cuerpos fueron hallados hasta el miércoles 18 de enero, resulta interesante establecer cómo el imputado Gabino Orellana le asignó a otro guardia el arma de Rufino Rodríguez, cuando aun su cuerpo no había sido encontrado y no se sabía que estaba muerto. 5) Todas estas pruebas y otras que aparecen en el fallo recurrido, están plenamente valoradas por el Juzgador y aunque no son abundantes, si tiene la fuerza legal necesaria para que el A-quo adquiriera la certeza de la culpabilidad de los acusados en los hechos investigados, encontramos un testigo protegido que observó el momento en que los acusados tiraban al rio a los ofendidos, es decir este testigo es presencial de los hechos y es una prueba directa e irrefutable contra los imputados; de igual forma la declaración del testigo Gonzalo Ramos Mejia, quien auxilio a la ofendidas para poder trasladarlas en un tramo de la finca, observando además cómo los imputados Gabino Orellana Lopez y Jose Gabriel Gonzales los alcanzaron y les pasaron, ubicando a los acusados cerca de lugar donde se sucedieron los hechos, al unir ambas declaraciones, es posible llegar al grado de certeza necesaria para acreditar la culpabilidad de los acusados en los hechos investigados. El Tribunal Sentenciador también valoró de forma adecuada y correcta, cada uno de los medios de prueba, razonándolos de manera conjunta y armónica, y teniendo como base las reglas del recto entendimiento humano; todo lo cual posibilitó al Juzgador para que con la prueba ofertada lograra desaparecer la presunción de inocencia y surgiera el grado de culpabilidad de los imputados, por lo que se dictó un fallo condenatorio adecuado a derecho; por tales razones es procedente desestimar el presente recurso. 6) Es posible detectar que el Juzgador incurrió en un error material de transcripción que no afecta la parte resolutiva del fallo y es el hecho de consignar como apellido del ofendido Rufino el “Gonzales”, cuando lo correcto y según los dictámenes de autopsias y actas de levantamiento, su apellido es “Rodríguez”, por lo que conforme lo establece el artículo 370 del Código Procesal Penal, debe entenderse que el apellido correcto de la víctima es Rodríguez y no Gonzales. V. DECISIÓN Se declara no ha lugar el presente Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por la Defensa Pública. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por Unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Único: Declarar No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su Único Motivo interpuesto por la Gloris Evelin Banegas Avila, en su condición de Defensora Pública de los señores GABINO ORELLANA LOPEZ y JOSE GABRIEL GONZALEZ a quienes se les condenó por los delitos de Asesinato y Homicidio en perjuicio de Digna Rosa Canales, Maria Anabel Romero Canales y Rufino Rodríguez. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- FIRMA Y SELLO.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado Coordinador.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de enero del año dos mil dieciocho.- Certificación de la sentencia de fecha veintidós de noviembre del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-264-2014.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

[1] Vid Sentencia de Casación Penal N° 40-2011 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 10 de enero del 2013.