Sentencia CP-263-13 — Registro 8065
Resumen
En primer instancia se absolvió al imputado por el delito de secuestro.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 1) Denunció la recurrente la violación a las Reglas de la Sana Crítica por parte del Tribunal Sentenciador al momento de valorar la prueba evacuada en el juicio, consignando como precepto autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicó la censora que el juzgador al dictar un fallo absolutorio, consideró que la prueba de cargo era insuficiente para demostrar la versión del acusador, pues en el numeral decimo tercero de la sección valoración probatoria estableció el A-quo, que los indicios no se encuentran debidamente acreditados, no existe prueba científica que demuestre la presencia del acusado y de la víctima en el vehículo en que se transportaron el día de los hechos, aunado a eso las diligencias investigativas del grupo anti-secuestro GEAS, las contradicciones y la vulneración de derechos fundamentales respecto a la inviolabilidad del domicilio, dieron lugar a la no confiabilidad de la prueba evacuada en el proceso; considera la impetrante, que dichos razonamientos son violatorios de las reglas del recto entendimiento humano, específicamente de la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, ya que sus conjeturas carecen del sustento proveniente de la probanza evacuada. Continúa la censora señalando, que se evacuaron varios medios probatorios, de los cuales se extrajo la responsabilidad del acusado mediante indicios, como ser: a) Declaración de S. R. F., ofendido y quien reconoció al imputado como una de las personas que lo secuestró el día de los hechos; b) Declaración de I. A. C., esposa del ofendido y quien mantuvo comunicación con los secuestradores, con una mujer específicamente; d) Declaración de C.. R. G., quien rindió su declaración en audiencia inicial, la cual fue introducida por lectura debido a la muerte del testigo; quien encontró al ofendido amarrado a un silla a unos 600 metros de donde encontraron al imputado; e) Declaración M. R. R. E., policía preventivo quien participó en la captura del imputado, encontrando en una casa deshabitada a unas personas, nos dieron la información que andaban en un carro rojo, rodearon la casa y los capturaron; f) Declaración de J. M. C., agente de policía y quien participó también en la captura del imputado, junto con otras personas y un vehículo rojo; g) Declaración M. J. H., madre del dueño de la casa que se allanó por parte de la autoridades policiales , quien manifestó que la casa no estaba rentada y que era de su hijo; h) Prueba Documental de actas de inspección ratificadas por los agentes que las hicieron, Acta de Decomiso y Secuestro. Concluye la recurrente, que con estas pruebas se logra extraer que el imputado junto con tres personas más secuestraron al señor S. R. F., razonamientos que no fueron extraídos por el sentenciador del legajo probatorio. 2) Como criterio jurisprudencial ha establecido este Tribunal de Casación, que el proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas, está sujeto al control a través del examen casacional. En consecuencia, al realizar un estudio sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal hondureño, se custodia la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Significa que siendo libre el A-quo en la apreciación de las pruebas que le generen su convicción, su juicio de valoración deber ser razonable, es decir sujetarse a las reglas que gobiernan el correcto pensamiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos. Así la motivación lógica deberá responder a las características de: A) Coherencia, es decir que la motivación estará constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, para ello deberá ser: i) Congruente: las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas; ii) No Contradictoria: que no se empleen en la motivación, juicios contrastantes que entre sí se anulen; iii) Inequívoca: los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones que determinan. B) Derivación: el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que por ella se vayan formando. 3) Observa esta Sala de lo Penal, que el Juez A-quo al analizar la declaración del ofendido S. R. F., incurrió en quebranto a las Reglas de la Sana Crítica, específicamente de la lógica en su principio de derivación, pues no fue capaz de extraer de su testimonio el resultado probatorio de dicha prueba, pues si bien la declaración del ofendido fue evacuada mediante lectura autorizada conforme lo regula el artículo 311 del Código Procesal Penal, esto no resta que la misma pueda ser valorada de manera conjunta y armónica, pues el ofendido fue categórico y contundente al establecer que, al momento en que fue interceptado por sujetos armados, identificó plenamente a uno de ellos, al señor M. E. pues éste vive en la comunidad. El Juzgador le resta valor probatorio a la deposición de este testigo/ofendido, pues refiere que su testimonio no fue evacuado conforme la inmediación y contradicción que rigen el juicio oral, resulta que con este razonamiento desconoce lo regulado en el ya referido artículo 311 de Código Procesal Penal, que permite que en caso excepcionales, se puedan introducir por lectura las declaraciones que se hayan rendido en etapas anteriores, considerándose dichas declaraciones como válidas, sin embargo el Sentenciador le resta valor probatorio precisamente porque no se presentaron de manera personal en el juicio, lo cual no es una excusa válida, pues la ley procesal permite que las mismas puedan ser introducidas por lectura al juicio, es lógico concluir que al ser víctima de secuestro por una persona conocida del lugar, el ofendido se negara posteriormente a presentarse a declarar al juicio, circunstancia que no consideró tampoco el A-quo. De dicho testimonio el Juez A-quo no tomó en consideración que el ofendido reconoció al imputado como una de las personas que lo habían secuestrado, pues le conocía porque era de la comunidad, situación que fue confirmada pues el acusado reside en el mismo lugar que el imputado, violentándose con ello la lógica de la derivación, pues el Sentenciador no extrajo de dicho testimonio todas las conclusiones necesarias, pues de haberlas tomado en cuenta, el resultado de la sentencia sería otro. Por todas las razones antes expuestas es procedente declarar con lugar el presente recurso de casación, pues en los razonamientos del Sentenciador se observa la inobservancia a las reglas del correcto entendimiento humano, por lo que, merece reproche casacional..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA, En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el Recurso de Casación SP 263-2013 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiocho de mayo de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, departamento de Atlántida, mediante la cual falló: 1) Absolviendo al señor M. E. A. C., del delito de Secuestro, en perjuicio de S. R. F.; 2) No Condenó en costas procesales, personales y gastos ocasionados por dicho Juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada M. E. B. I., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Son Partes: La abogada Y. M. en su condición de Fiscal del Ministerio Público como recurrente y el abogado A. A. G. en su calidad de Defensor Público del imputado como recurrido. II. HECHOS PROBADOS. “Único: El día siete (7) de noviembre del año dos mil cinco (2005) a eso de las tres horas con treinta minutos (3:30) de la madrugada, el señor S. R. F., salió de su casa de habitación ubicada en la aldea de San Juan Pueblo, Municipio de Esparta, Departamento de Atlántida, hacia su hacienda ubicada en la aldea de La Libertad, cuando transitaba a la altura de la Aldea Flores de Italia, fue interceptado por un vehículo tipo turismo color rojo, el cual le dio persecución y cuando el señor S. R. F., iba a la altura del puente del río Nutria, le salieron al camino cuatro individuos portando armas de fuego, quiénes lo obligaron a bajar de su vehículo e inmediatamente lo introdujeron en el vehículo marca Toyota, color rojo, tipo turismo, privando al ofendido S. R. F. de su libertad llevándoselo con rumbo desconocido.” III. RECURSO DE CASACIÓN. La recurrente abogada M. E. B. I., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS. “MOTIVO ÚNICO: Que al haber dictado el Juzgador Sentencia Absolutoria por el delito de SECUESTRO lo hizo valorando la prueba en inobservancia de las Reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Para mejor comprensión del presente recurso es pertinente establecer lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal. Según el Artículo 202 del Código Procesal Penal: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. El Juzgador consideró dictar un fallo absolutorio, al estimar que la prueba de cargo resultó ser insuficiente para demostrar la versión del acusador, en consecuencia tuvo por cierto los siguientes hechos probados: “UNICO: El día siete (7) de noviembre del año dos mil cinco (2005) a eso de las tres horas con treinta minutos (3:30) de la madrugada, el señor S. R. F., salió de su casa de habitación ubicada en la aldea de San Juan Pueblo, Municipio de Esparta, Departamento de Atlántida, hacía su hacienda ubicada en la aldea de la Libertad, cuando transitaba a la altura de la aldea Flores de Italia, fue interceptado por un vehículo tipo turismo color rojo, el cual le dio persecución y cuando el señor S. R. F., iba la altura del puente del río Nutría, le salieron al camino cuatro individuos portando armas de fuego, quienes lo obligaron a bajar de su vehículo e inmediatamente lo introdujeron en el vehículo marca toyota, color rojo, tipo turismo, privando al ofendido S. R. F. de su libertad llevándoselo con rumbo desconocido” De manera sucinta y para efectos de sustentar el factum que antecede, el Juzgador ha manifestado en el numeral décimo tercero de la sección de valoración probatoria cómo conclusión: “En el caso que nos ocupa la contra prueba radica específicamente en la inferencia lógica que hace el Tribunal, al establecer el hecho de que los indicios antes señalados no se encuentran debidamente acreditados, no existe prueba científica en el proceso que demostrase la presencia o no del acusado y la víctima en el vehículo en que se transportaron el día de los hechos o más aún, prueba que demostrare algún rastro que vinculara directamente al acusado M. E. A. C. con el día de los hechos, aunando a ellos, las diligencias investigativas del grupo antisecuestros GEAS, así como las contradicciones y vulneración de derechos tan fundamentales atinentes al Debido Procesó violentados en el proceso específicamente en su artículo 253 del Código Procesal Penal, así como también en lo atinente a la inviolabilidad del domicilio establecido en el artículo 99 Constitucional, dieron lugar a la no confiabilidad de la prueba evacuada en el proceso… en este caso particular debido a que al efecto no hay ningún grado de certeza de la comisión de ilícito por parte del acusado… El Tribunal es de la firme convicción que los hechos que se declararon probados no constituyen para M. E. A. C. el delito de SECUESTRO previsto en el artículo 192 del Código Penal señalado en la acusación en perjuicio de S. R. F..- los medios probatorios evacuados en la audiencia de juicio no fueron suficientes para enervar el estado de inocencia del acusado…” Nuestro reproche recursivo va dirigido a demostrar, que el Tribunal ha efectuado una errónea valoración de la prueba, arribando en consecuencia a conclusiones desacertadas, pues consideramos que la probanza allegada al juicio resultó ser suficiente y contundente para establecer no sólo la existencia del delito de Secuestro como señala el ente jurisdiccional en el numeral segundo del apartado de fundamentación jurídica, sino también la participación de los imputados en la perpetración del mismo, evidentemente al establecer tal posición, infringe la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, ya que su decisión carece de sustento proveniente del contenido de la probanza evacuada en el juicio; lo cual se hace manifiesto al momento de valorar el elenco probatorio de forma armónica y conjunta, en el cual después del análisis practicado a las mismas, no extrajo las conclusiones que éstas le ofrecen, produciendo como consecuencia una valoración fáctica alejada del sistema del recto entendimiento humano al estimar que no se acreditó la tesis de la acusación del delito de Secuestro. Si advertimos las reflexiones que hizo el Sentenciador una vez analizada toda la prueba desarrollada en audiencia de debate y que lo indujeron a dictar una Sentencia Absolutoria, vemos como éste al momento de valorar la misma se apartó de las reglas integrantes de la Sana Crítica y para ello basta observar el contenido de la prueba en sí y los resultas que de ella se derivan, tal como lo exponemos a continuación: S. R. F.: Declaró en su condición de ofendido: “aproximadamente como a las cuatro am, fui interceptado por un vehículo en la comunidad de Flores de Italia, por cuatro personas en un turismo color rojo, fuertemente armados, me sacaron del vehículo, se bajó una mujer y uno que andaba un pasamontañas, a las otras tres personas si la pude identificar, uno de ellos era M. E. porque vive en la comunidad, luego me amarraron me pusieron un pasamontañas y después no logré ver nada más, ellos mencionaron que iban a pedir rescate por mi cabeza, les dije que no tenía dinero que éramos unas personas luchadoras y me quitaron el celular y llamaron a mi esposa I. y fue cuando la llamaron y le dijeron que me tenían secuestrado, a mi me rescató la policía como a eso de las cinco de la tarde, fue cuando me di cuenta, que me tenían cerca de una escuela en unos matorrales, luego me dijeron que tenían a las personas que me habían secuestrado y fue cuando los reconocí y les dijo que eran ellos. I. A. C. Declaró: “Soy la esposa de S.… me llamaron y me dijeron que tenían secuestrado a mi esposo como a las seis de la mañana…, y que no dieran parte a la policía y luego me volvieron a llamar y dijeron que quería un millón y medio de lempiras…, me llamaron del teléfono de mi esposo como unas cinco veces… la policía lo rescató, la comunicación fue directamente con una mujer. C. R. G., quien rindió su testimonio en audiencia inicial y fue introducida al juicio oral y público por lectura autorizada, ya que se acreditó que el testigo falleció, habiendo manifestado en aquel momento: “Que no recordaba la fecha exacta de los hechos, sólo que fueron detenidos tres (3) varones y una(1) mujer Y que el ofendido fue rescatado por su persona atado y vendado atrás de una escuela, era de noche había un vehículo que no recordaba cómo era, se le decomisaron unos celulares, en el momento que llegaron intentaron escapar en el lugar habían varios Agentes de la DGIC y anti secuestro. Ante estos testimonios el Juzgador valoró: “que habiéndose introducido por lectura las declaraciones testifícales antes señaladas, se limita la inmediación que deben tener los jueces para con la prueba, al no poder apreciar su deposición en forma directa y poder dar un juicio de valor en todo su contexto. Lo anterior ocasiona que la declaración relacionada sólo puede ser apreciada en los hechos que se confirme o concuerden con otros medios de prueba”. Al respecto debemos señalar, que si bien es cierto lo idóneo para el Tribunal sería tener inmediación a toda la prueba allegada al juicio, tal circunstancia no le resta valor probatorio a la misma, pues el artículo 311 de la normativa penal adjetiva permite la incorporación de prueba por lectura, en situaciones excepcionales, en el caso del testigo C. R. G., no podía reproducirse en el juicio oral y público, pues se acreditó por parte del ente Fiscal que había fallecido, por ende el juzgador devenía en la obligación de valorar el contenido de la declaración rendida en audiencia inicial; en relación a las declaraciones de las víctimas las mismas fueron legalmente introducidas al proceso mediante lectura a petición de ambas partes (Ministerio Público y Defensa), ya que no pudieron ser citadas para que comparecieran al juicio y resultar ser relevantes para la averiguación de la verdad, en consecuencia, ha sido imposible o extraordinariamente difícil reproducirlas en debate, En todo caso, no puede desconocer el Tribunal que aún cuando sea una prueba que se produjo en una etapa anterior al juicio oral y público, presenta como componentes comunes de todos los supuestos, la intervención del órgano jurisdiccional, ordenando la diligencia a petición del Ministerio Público o de cualquiera de las partes y la intervención de un defensor. Por otra parte al tratarse de un delito de Secuestro, que corresponde a criminalidad organizada, atendiendo las máximas de la experiencia en este tipo de ilícitos, donde incluso en el caso concreto el ofendido conocía al imputado, lo más normal es que sienta temor de acudir a un Tribunal a declarar frente al encausado. Siendo así las cosas no se torna válido que el ente jurisdiccional limite su valoración, sobre todo tomando en consideración, que al confrontar sus testimonios, los mismos reflejan coherencia, en cuanto al número de personas que participaron en el hecho delictivo y las que fueron capturadas, pues el señor S. R., refirió que cuando fue objeto del secuestro e interceptado por un carro turismo rojo, se bajó una mujer y uno que andaba un pasamontañas, a las otras tres personas si la pudo identificar, uno de ellos era M. E. porque vive en la comunidad y el testigo C. G. afirmó que participó en la detención de tres hombres y una mujer; por su parte la señora I. A. C. manifestó que las llamadas recibidas donde exigían rescate por la libertad de su esposo eran realizadas por una mujer.” la Sala de Penal de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que “el propósito del artículo 311 del Código Procesal Penal, es garantizar que la decisión del Tribunal se adopte en base a la prueba practicada en juicio, determinando que todo acto de investigación que se pretenda utilizar como prueba deberá producirse en juicio siempre que sea posible, caso contrario dichos elementos no podrán tenerse en cuenta para conformar la convicción del Juzgador, sólo permitiéndose Incorporar material de la etapa preparatoria como medios de prueba en los casos de excepción previstos en dicho artículo. La posibilidad excepcional regulada en la normativa procesal surge como una consecuencia del principio fundamental de la búsqueda de la verdad real o histórica que domina el proceso penal, que permite a los Tribunales la posibilidad de incorporar por lectura elementos de prueba o datos objetivos que se ajusten a lo descrito en el artículo 311 antes citado, siendo en esos casos excepcionalmente aceptado que prueba no controvertida en juicio de conformidad a los principio de Inmediación y oralidad pueda ser admitida y valorada armónicamente con el elenco probatorio producido directamente en juicio oral y público. Precisamente, el instrumento idóneo para la búsqueda de la verdad es la prueba, que debe concebirse como una actividad que involucra a todos los sujetos procesales en lo referente a su producción y recepción Partiendo de los supuestos previstos en el artículo 311 en mención, es importante señalar que para que tenga lugar la prueba anticipada se requiere: a) La concurrencia de peligro de pérdida o de inutilización de cualquier medio de prueba b) Existencia de peligro grave de que resulte imposible o extraordinariamente difícil la práctica de la prueba en el acto del debate y c) Existencia de riesgo grave de fallecimiento de un testigo o perito; de que, por ausencia o por cualquier otra causa, sea Imposible o extraordinariamente difícil que comparezca en el acto del juicio; o corra peligro de ser expuesto a presiones, mediante violencia, amenazas, ofertas o promesas de dinero u otros beneficios análogos. (Ver artículo 277 del mismo Código Procesal Penal); el otro supuesto comprende las declaraciones recibidas en audiencia inicial y que sea imposible o extraordinariamente difícil reproducir en debate. En todo caso, son componentes comunes de todos los supuestos la intervención del órgano jurisdiccional, ordenando la diligencia a petición del Ministerio Público o de cualquiera de las partes y la intervención de un defensor.” MARDEN RENE ROMERO ESCOBAR (policía preventivo): quien manifestó; “el día lunes siete de noviembre del año dos mil cinco, a eso de las seis p.m. me informaron que habían secuestrado a un ganadero en la aldea de San Juan Pueblo de nombre S. R. F.… y al día siguiente como a eso de las cinco con treinta minutos de la tarde en la aldea Mata de Guineo, nos dijeron que en un camino hacia la derecha en una casa deshabitada habían unas personas y al llegar observamos que habían varias personas, nos dieron la información que andaban en un vehículo rojo, no se miraba muy bien y fue así como rodeamos la casa y así los de antiextorsión verificamos que eran las personas que andábamos buscando… en ese momento no se encontraba don S., fue hasta que llegaron los otros policías y gritaron que encontraron a don S. amarrado en una silla en una escuela… JOSE MARIA CARCAMO: Agente de Policía manifestó; Que el día lunes como a eso de las once mi jefe de Tela recibió información que habían secuestrado a S. R. y se realizó las investigación y se rastreó la zona, el día siguiente a las cuatro de la tarde se encontró el vehículo en una casa donde habían dos hombres y una mujer, se les encontró tres celulares y a S. R. posteriormente se traslado al DNIC. El juzgador al momento de valorar esta probanza establece: “que el testigo M. R. señala momentos que no le constan de manera personal”; afirmación que no corresponde a la narración de los hechos, pues de la supraindicada declaración se desprende que el mismo participó en la detención de las cuatro personas que estaban en la vivienda que allanaron y que perpetraron el secuestro en contra del señor S. R. M. J. H. quien refirió: Que de los hechos no sabía nada y que la casa era de un hijo suyo de nombre W. E. S., que la misma no estaba rentada, que llegó una señora, no recuerda cuando y un martes llegó la policía a su casa y pidieron permiso para entrar a la vivienda. PRUEBA DOCUMENTAL: TESTIGO S. E. A. ratificó los siguientes medios de prueba: A) Acta de Inspección, con su respectivo Álbum Fotográfico del automotor tipo pick up marca Toyota cabina y media y placa PBK8860, estacionado a la orilla de la calle de tierra, con los vidrios y puertas abiertas donde se conducía el ofendido S. R. F. al momento de ser secuestrado. B) Acta de decomiso y Secuestro de un vehículo marca Toyota color rojo, modelo Teruel placa PBN6387, copia de licencia laminada a nombre de JOSE ISRAEL SIERRA, un manojo de llaves una revisión de vehículo, el que utilizaron para transportar al ofendido hasta el lugar donde fue encontrado en la Aldea Mata de Guineo. Dichas actas fueron ratificadas por el Agente de Investigación Sady Enoc Andino, quien señaló que al momento de ingresar a la casa sospechosa encontraron los cuatro detenidos y la víctima apareció amarrada como a 600 metros del lugar. El Tribunal le concede credibilidad a la información contenida en las actas en cuestión, sin embargo indica, que del dicho del agente SADY ENOC ANDINO se permite inferir, que no realizó de manera personal estas diligencias. Apreciación que se encuentra alejada de la verdad, en virtud que se concluye de la prueba, que el Agente participó en las diligencias investigativas como parte de un equipo de rescate, en el cual se logró liberar al ofendido y donde se encontró el vehículo rojo tipo turismo, que es coincidente con el automotor donde dice la víctima lo introdujeron al momento del secuestro. De las probanzas antes descritas se logra determinar, que él imputado junto con tres personas más secuestraron al señor S. R. F. y que al momento de interceptarlo estos se conducían en un vehículo color rojo, mismo que fue localizado escondido en una casa deshabitada en la Aldea Mata de Guineo, la cual fue allanada por la autoridad policial y donde se dio detención a cuatro personas entre ellas el imputado M. E. A. C.; asimismo, procedió el ofendido a la identificación del hoy imputado, a quien reconoció en el preciso momento que sucedió el hecho, ya que conocía a M. E. A. C. y a sus acompañantes por ser estos conocidos de la comunidad y por haber trabajado con él, confirmando tal extremo al momento de su liberación. De igual manera, se desprende de la fundamentación probatoria, que el Tribunal cuestiona el hecho que no se haya logrado vincular el imputado con las víctima a través de los teléfonos celulares decomisados a los mismos, haciendo nuevamente una consideración aislada de la prueba, desvalorando el resto de probanzas de cargo incorporadas al juicio y desconociendo que en este tipo de delitos son de naturaleza muy compleja, haciéndose uso de prueba indiciaria, en el caso concreto, si bien el secuestrado no fue encontrado junto con sus secuestradores, si quedó evidenciado a través de la prueba testifical, que su ubicación era a varios metros de la casa deshabitada donde se encontraba el ofendido y las personas que fueron detenidas como autores de este ilícito incluyendo a MERLIN EDHEN AGUILAR CASCO, que si bien no fue identificado mediante reconocimiento en rueda, la víctima lo ha identificado desde su detención e incluso durante su liberación como una de las personas que lo secuestro y por el cual estaba pidiendo a cambio de su libertad un millón y medio de lempiras; precisamente, porque era una persona conocida para él, lo que facilita su individualización y hace creíble la misma, de manera que no existe duda sobre la participación del encausado en el hecho objeto de juzgamiento, determinada a través de la declaración de la víctima. Asimismo, cabe mencionar que el delito de secuestro conlleva una serie de pasos, los cuales no pueden ser acreditados probatoriamente en su totalidad, no obstante lo anterior, en el presente proceso, se debe tener por establecido que el imputado es una de las personas responsables del Secuestro de que fue objeto el señor S. R. F., ya que el mismo, junto con las demás personas fue detenido por los policías que rodearon la casa donde se le había informado estaban los sospechosos del secuestro, encontrando además escondido en la misma, el vehículo color rojo que fue utilizado para transportar al ofendido al momento de perpetrarse el hecho delictivo. Como se logra acreditar, todas las conclusiones a las que ha arribado el Tribunal se tornan violatorias a la Regla Lógica en el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, en su característica de veracidad, en virtud que toda la prueba de cargo conduce ineludiblemente a establecer que el imputado es responsable del delito de secuestro y las apreciaciones que ha expresado en su fallo son fundamentadas básicamente en la prueba de cargo, a la cual pretende darle una valoración limitada, pues ha establecido un relato fáctico que no es más que la versión ofrecida por la víctima, a quien contradictoriamente no le cree el resto de su historia, es decir el reconocimiento de los imputados. También se ve vulnerado el principio de suficiencia, que exige que el proceso intelectivo de valoración de las probanzas se fundamente en una serie de inferencias que se desprendan del contenido de las mismas y en el caso de mérito, forzosamente desemboca en la conclusión de condena del enjuiciado”. El Ministerio Público considera, que concurre en el presente proceso prueba indiciaria suficiente para producir la certeza de que el imputado participó a título de autor de los hechos por los cuales fue sometido a proceso, en este sentido debemos señalar: “que el valor probatorio del indicio es más experimental que lógico, sólo el unívoco podrá producir certeza, en tanto que el anfibológico tornará meramente verosímil o probable el hecho indicado. La sentencia condenatoria podrá ser fundada sólo en aquél… La declaración de certeza sobre la participación del imputado puede basarse no sólo en prueba directa, sino también en elementos de convicción indirectos, entre los que se destacan los indicios. Pero para que la prueba indiciaria críticamente examinada conduzca a una conclusión cierta de participación, debe permitir al juzgador, partiendo de la suma de indicios introducidos al debate, superar las meras presunciones que en ellos puedan fundarse y arribar a un juicio de certeza legitimado por el método de examen crítica…” En la valoración de los indicios no existe un criterio uniforme sobre la cantidad de indicios requeridos o la circunstancia de que estén probados mediante prueba directa o no, para que sean concluyentes y permitan fundar una sentencia, sin embargo, la mayoría de los autores sostienen que los indicios deben estar probados, que deben ser concomitantes, que debe existir pluralidad de indicios, que debe existir univocidad entre el indicio indicador con el indicado, que tengan homogeneidad inculpatoria, que permitan establecer un nexo lógico-causal entre el contenido de las pruebas indiciarias y las conclusiones obtenidas por el sentenciador. Circunstancias que se cumplen en el caso subjudice, en vista que los indicios reúnen los requisitos señalados, pues el imputado fue encontrado en una casa deshabitada, en compañía de dos hombres y una mujer, donde también se encontraba escondido un carro rojo; coincidente con el número de personas que según la víctima lo interceptaron el día del secuestro, así como con el automotor utilizado para trasladarlo y sobre todo con el reconocimiento efectuado por el ofendido, al ser sus captores personas conocidas de la comunidad. Los parámetros supraindicados han sido recogidos por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en el fallo proferido en el expediente número CP-922-04, del 13 de Diciembre del 2004 la cual refiere: “…El motivo no es de recibo, los indicios pueden ser actos previos, concomitantes o posteriores a la comisión del delito, estos hechos sirven al juzgador, ante la ausencia de prueba directa, para inferir otros que le permiten reconstruir el hecho juzgado…” Por lo que concluimos, que del razonamiento de la prueba testifical, pericial y documental de cargo una vez concatenada y armonizada entre sí, nos indica que el A quo en la sentencia vulneró la regla lógica de la Derivación en su postulado de razón suficiente en su característica valga la redundancia de suficiencia, que exige que el proceso intelectivo de valoración de las probanzas se fundamente en una serie de inferencias que se desprendan del contenido de las probanzas y que en caso subjudice indefectiblemente desemboca en una conclusión y es en la condena del enjuiciado”. El Tribunal en la valoración probatoria, someramente hace alusión al allanamiento efectuado por los Agentes de Investigación al momento de dar captura al imputado y sus acompañantes, haciendo referencia a la inviolabilidad del domicilio, al respecto se hace necesario precisar: el bien jurídico protegido en el caso del Allanamiento de Morada, es la intimidad, limitada a la morada, es decir a un limitado espacio físico, no se protege por tanto la propiedad” de manera que atendiendo este aspecto, resulta errado que el juzgador exprese que resta confiabilidad a la prueba incorporada al juicio, ya que ha quedado claramente establecido que la casa donde se encontraban los encausados estaba deshabitada y sin arrendar como indica la testigo M. J. H., madre del dueño. El Ministerio Público como recurrente es del firme criterio que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que debe observar el juzgador al momento de valorar la prueba, infringiendo en tal sentido lo dispuesto en el artículo 202 del Código Procesal Penal, ya que obvió considerarla de una manera armónica y concatenada, lo cual ha provocado un vicio que debe ser enmendado mediante la sentencia que resuelva con lugar el presente recurso de casación; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto de la sentencia.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 1) Denunció la recurrente la violación a las Reglas de la Sana Crítica por parte del Tribunal Sentenciador al momento de valorar la prueba evacuada en el juicio, consignando como precepto autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicó la censora que el juzgador al dictar un fallo absolutorio, consideró que la prueba de cargo era insuficiente para demostrar la versión del acusador, pues en el numeral decimo tercero de la sección valoración probatoria estableció el A-quo, que los indicios no se encuentran debidamente acreditados, no existe prueba científica que demuestre la presencia del acusado y de la víctima en el vehículo en que se transportaron el día de los hechos, aunado a eso las diligencias investigativas del grupo anti-secuestro GEAS, las contradicciones y la vulneración de derechos fundamentales respecto a la inviolabilidad del domicilio, dieron lugar a la no confiabilidad de la prueba evacuada en el proceso; considera la impetrante, que dichos razonamientos son violatorios de las reglas del recto entendimiento humano, específicamente de la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, ya que sus conjeturas carecen del sustento proveniente de la probanza evacuada. Continúa la censora señalando, que se evacuaron varios medios probatorios, de los cuales se extrajo la responsabilidad del acusado mediante indicios, como ser: a) Declaración de S. R. F., ofendido y quien reconoció al imputado como una de las personas que lo secuestró el día de los hechos; b) Declaración de I. A. C., esposa del ofendido y quien mantuvo comunicación con los secuestradores, con una mujer específicamente; d) Declaración de C.. R. G., quien rindió su declaración en audiencia inicial, la cual fue introducida por lectura debido a la muerte del testigo; quien encontró al ofendido amarrado a un silla a unos 600 metros de donde encontraron al imputado; e) Declaración M. R. R. E., policía preventivo quien participó en la captura del imputado, encontrando en una casa deshabitada a unas personas, nos dieron la información que andaban en un carro rojo, rodearon la casa y los capturaron; f) Declaración de J. M. C., agente de policía y quien participó también en la captura del imputado, junto con otras personas y un vehículo rojo; g) Declaración M. J. H., madre del dueño de la casa que se allanó por parte de la autoridades policiales , quien manifestó que la casa no estaba rentada y que era de su hijo; h) Prueba Documental de actas de inspección ratificadas por los agentes que las hicieron, Acta de Decomiso y Secuestro. Concluye la recurrente, que con estas pruebas se logra extraer que el imputado junto con tres personas más secuestraron al señor S. R. F., razonamientos que no fueron extraídos por el sentenciador del legajo probatorio. 2) Como criterio jurisprudencial ha establecido este Tribunal de Casación, que el proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas, está sujeto al control a través del examen casacional. En consecuencia, al realizar un estudio sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal hondureño, se custodia la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Significa que siendo libre el A-quo en la apreciación de las pruebas que le generen su convicción, su juicio de valoración deber ser razonable, es decir sujetarse a las reglas que gobiernan el correcto pensamiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos. Así la motivación lógica deberá responder a las características de: A) Coherencia, es decir que la motivación estará constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, para ello deberá ser: i) Congruente: las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas; ii) No Contradictoria: que no se empleen en la motivación, juicios contrastantes que entre sí se anulen; iii) Inequívoca: los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones que determinan. B) Derivación: el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que por ella se vayan formando. 3) Observa esta Sala de lo Penal, que el Juez A-quo al analizar la declaración del ofendido S. R. F., incurrió en quebranto a las Reglas de la Sana Crítica, específicamente de la lógica en su principio de derivación, pues no fue capaz de extraer de su testimonio el resultado probatorio de dicha prueba, pues si bien la declaración del ofendido fue evacuada mediante lectura autorizada conforme lo regula el artículo 311 del Código Procesal Penal, esto no resta que la misma pueda ser valorada de manera conjunta y armónica, pues el ofendido fue categórico y contundente al establecer que, al momento en que fue interceptado por sujetos armados, identificó plenamente a uno de ellos, al señor M. E. pues éste vive en la comunidad. El Juzgador le resta valor probatorio a la deposición de este testigo/ofendido, pues refiere que su testimonio no fue evacuado conforme la inmediación y contradicción que rigen el juicio oral, resulta que con este razonamiento desconoce lo regulado en el ya referido artículo 311 de Código Procesal Penal, que permite que en caso excepcionales, se puedan introducir por lectura las declaraciones que se hayan rendido en etapas anteriores, considerándose dichas declaraciones como válidas, sin embargo el Sentenciador le resta valor probatorio precisamente porque no se presentaron de manera personal en el juicio, lo cual no es una excusa válida, pues la ley procesal permite que las mismas puedan ser introducidas por lectura al juicio, es lógico concluir que al ser víctima de secuestro por una persona conocida del lugar, el ofendido se negara posteriormente a presentarse a declarar al juicio, circunstancia que no consideró tampoco el A-quo. De dicho testimonio el Juez A-quo no tomó en consideración que el ofendido reconoció al imputado como una de las personas que lo habían secuestrado, pues le conocía porque era de la comunidad, situación que fue confirmada pues el acusado reside en el mismo lugar que el imputado, violentándose con ello la lógica de la derivación, pues el Sentenciador no extrajo de dicho testimonio todas las conclusiones necesarias, pues de haberlas tomado en cuenta, el resultado de la sentencia sería otro. Por todas las razones antes expuestas es procedente declarar con lugar el presente recurso de casación, pues en los razonamientos del Sentenciador se observa la inobservancia a las reglas del correcto entendimiento humano, por lo que, merece reproche casacional. V. DECISIÓN. Se declara con lugar el presente recurso de casación por quebrantamiento de forma, interpuesto por el ente fiscal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 311, 338, 359, 362 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declarando con lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su Único Motivo interpuesto por la abogada M. E. B. I., en su condición de Fiscal del Ministerio Público en la causa instruida contra el señor M. E. A. C., a quien se le sigue proceso por el delito de Secuestro en perjuicio de S. R. F. Segundo: Casa la sentencia. TERCERO: Declara la nulidad del debate y de la sentencia de fecha veintiocho (28) de mayo del dos mil trece (2013), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, departamento de Atlántida. Y MANDA: I.- Que se repita el debate con un Tribunal integrado por Jueces distintos a los que conocieron el juicio anulado. II. Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de marzo del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-263-2013.
JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
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