Sentencia CP-261-13 — Registro 8064
Resumen
En primera instancia se condenó a los imputados por los delitos de homicidio simple y robo agravado, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." ... Concretamente esta Sala considera que, en el proceso que ahora nos ocupa, las partes acusadoras no han incorporado prueba de cargo suficiente para conformar la convicción de certeza positiva que requiere una sentencia condenatoria, no se acreditó cual fue la participación de los acusados en los hechos, de igual forma la fundamentación fáctica de la Sentencia (Hechos Probados) y la subsunción que el juzgador efectuara en la ley sustantiva no ha sido conformada de manera coherente, lógica y adecuada, por tanto consideramos que en el caso subjudice si existe violación a garantías constitucionales que deben ser observada por este Tribunal de Casación y tomar las decisiones apegadas a derecho, en consecuencia se declara con lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..." ... Concretamente esta Sala considera que, en el proceso que ahora nos ocupa, las partes acusadoras no han incorporado prueba de cargo suficiente para conformar la convicción de certeza positiva que requiere una sentencia condenatoria, no se acreditó cual fue la participación de los acusados en los hechos, de igual forma la fundamentación fáctica de la Sentencia (Hechos Probados) y la subsunción que el juzgador efectuara en la ley sustantiva no ha sido conformada de manera coherente, lógica y adecuada, por tanto consideramos que en el caso subjudice si existe violación a garantías constitucionales que deben ser observada por este Tribunal de Casación y tomar las decisiones apegadas a derecho, en consecuencia se declara con lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta días del mes de enero del dos mil diecisiete, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el Recurso de Casación SP 261-2013 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintidós de marzo de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, mediante la cual falló: 1) Condenando al señor L. A. M. V., conocido como L. A. M. V. la pena de diecisiete años de reclusión, por el delito de Homicidio Simple en perjuicio de R. R. C.; asimismo lo condenó a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. 2) Condenando al señor L. A. M. V. conocido como L. A. M. V., a la pena de siete años de reclusión, por el delito de Robo Agravado en perjuicio de R. R. C.. 3) Condenando a la señora C. V. S., a la pena de diez años de reclusión, por su participación como cómplice en el delito de Homicidio Simple en perjuicio de R. R. C.; asimismo la condenó a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. 4) Condenando a la señora C. V. S., a la pena de cinco años de reclusión, por el delito de Robo Agravado, en perjuicio de la señora R. R. C.. 5) Declarando civilmente responsables a los imputados L. A. M. V. conocido como L. A. M. V. y C. V. S.. 6) Absolviendo de toda responsabilidad al señor J. V. D. V., de los delitos de Homicidio Simple y Robo Agravado, en perjuicio de la señora R. R. C.. Interpuso el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, el abogado R. D. P., en su condición de Defensor Público de los señores L. A. M. V. conocido como L. A. M. V. y C. V. S.. Son Partes: El abogado M. R. A. E. en su condición de Defensor Público como recurrente y la abogada D. R. en su calidad de representante del Ministerio Público como recurrida. II. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: A eso de las siete con diez minutos de la mañana del día lunes veintiséis de septiembre del año dos mil once, en el Barrio El Centro del Municipio de San Miguelito, Departamento de Intibucá, la señora B. S. R. encontró amarrada del cuello con un cordón de zapatos y atada a la pata de una meza ubicada en la cocina de la casa de habitación, el cuerpo sin vida de su madre la señora R. R. C.; enseguida también llegó la señora M. A. M. R., luego llegó C. V. S., y le tocó la espalda a B. S., diciéndole: hoy en la mañana vine con L. A. y otro hombre y matamos a su mamá. SEGUNDO: Después, y en horas de la mañana de aquel mismo día lunes veintiséis de septiembre del año dos mil once, Agentes de la Policía Nacional Preventiva, incluido el Clase II O. E. E., encontraron a inmediaciones de un potrero de aquel lugar de San Miguelito, Intibucá, al referido L. A. M. V., conocido como Luís Alfonso M. V., quien en aparente estado de ebriedad y con sus ropas sucias, tenía en su poder tres costales que en su interior contenían: dos palas de hierro, una piocha, una barra de hierro color negro, dos martillos de hierro color negro cabo de madera, una azucarera de vidrio color amarilla, dos pailas plásticas una color negra y la otra gris, dos picheles uno color amarillo y el otro color blanco; todos estos objetos de la ahora occisa R. R. C.; ocurriendo que Luís Alonso mientras se le detenía, dijo a los policías que sí había matado a la viejita R. junto con C.; por lo que los Agentes Policiales lo trasladan a la sede de la Posta Policial de aquel Municipio.” III. RECURSO DE CASACIÓN El recurrente abogada R. D. P., en su condición de Defensor Público de los señores L. A. M. V. conocido como L. A. M. V. y C. V. S., procedió a formalizar su recurso de casación por infracción de precepto constitucional de la manera siguiente: “INDICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. ÚNICO: Infracción por parte del Juzgador de los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 82, 88 y 90, (DERECHOS DE DEFENSA, A LA NO AUTO INCRIMINACION y AL DEBIDO PROCESO), en relación con el artículo 1 del Código Procesal Penal; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO. PRIMERO: Las normas constitucionales que se denuncian como infringidas, en lo conducente, disponen lo siguiente: PRIMERO: El derecho de defensa es inviolable (art. 8 2 CR).- SEGUNDO: Nadie puede ser obligado en asunto penal, disciplinario o de policía, a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge o compañero de hogar, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad (art. 88 CR).-TERCERO: Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece (art. 90 CR).-CUARTO: Solo hará prueba la declaración rendida ante juez competente (art. 88 CR). SEGUNDO: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra de los señores L. A. M. V. y C. V. S., por los delitos de HOMICIDIO SIMPLE y ROBO AGRAVADO en perjuicio de la señora R. R. C. infringe gravemente los fundamentales derechos de DEFENSA, DEBIDO PROCESO y el de la NO AUTO INCRIMINACION, según los cuates, en asuntos penales, como el presente, nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías establecidos por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales suscritos por Honduras y la Ley en los que también se establece que únicamente tendrán valor probatorio aquellas declaraciones rendidas ante juez competente. TERCERO: El vicio se produce porque el Juzgador, de modo decisivo, basa su fallo condenatorio en supuestas confesiones que habrían prestado los imputados sin que en su práctica se hubiere observado el debido proceso, pues como antes señalamos para que una confesión se tenga como tal, en primer lugar en su valoración se debe atender lo dispuesto en el artículo 88 de la Constitución de la República en el que se dispone que solo hará prueba la declaración rendida ante juez competente; por otra parte y por la naturaleza inculpatoria de la confesión ella debe ser producto de una decisión informada, libre y racional, por lo que antes de prestarla el imputado debe ser instruido sobre sus derechos, los cargos que se le atribuyen, las consecuencias de su confesión, que al momento de prestarla esté asistido por un profesional del derecho y en relación al contenido de la confesión, ella debe ser circunstanciada, es decir, proporcionar detalles del hecho que solo los pueda saber quien haya participado en el mismo, ineludibles garantías procesales que en el causa seguida contra los señores C. V. S. y L. A. M. V. no han sido cumplidas, pues en relación a la imputada C. V. S. el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque en el primer hecho probado del fallo impugnado sostiene que ella le dijo a la señora B. S. R. haber participado en darle muerte a la señora R. R. C. y en el segundo hecho probado y en relación al imputado L. A. M. V. el Juzgador también sostiene que éste les confesó a los miembros de la policía nacional que le dieron captura, su participación junto con la otra imputada en darle muerte a la señora R. R. C., tal declaración de hechos probados y el fallo en su conjunto es contrario a lo dispuesto en los artículos 82, 88 y 90 de la Constitución de la República, porque el Tribunal arriba a su decisión en abierta violación a los derechos de defensa, de la no auto incriminación y el debido proceso, al otorgarles valor probatorio a declaraciones que supuestamente rindieron los imputados, en las que habrían confesado su participación en los hechos ilícitos que se les atribuye, sin que tales confesiones se hubieren hecho en armonía con lo dispuesto para ello en la Constitución de la República, por otra parte si bien es cierto que en el transcurso del proceso se pueden producir confesiones extrajudiciales, pero no es menos cierto que para que sean sustento de un fallo condenatorio las mismas deben ser ratificadas judicialmente por el confesante y corroboradas por otros medios de prueba, ello para darle cumplida aplicación a lo dispuesto en el artículo 88 de la Constitución de la República, pues aceptar confesiones extrajudiciales sin que las mismas sean ratificadas ante juez competente sería un artilugio para burlarse de tan importante garantía procesal, como sucede en el presente caso en el que los imputados durante todo el proceso han hecho uso de su derecho a guardar silencio, sin embargo, se les condena por una supuesta confesión extrajudicial en cuya recepción no es posible corroborar el más mínimo respeto al derecho de defensa, a la no auto incriminación y el debido proceso que en todo caso le asiste a todo imputado, aparte de que de la propia declaración de los testigos de cargo se desprende que al menos la señora C. V. S. al momento de la captura se encontraban en aparente estado de embriaguez y por ello no estaba en condiciones aptas para prestar ningún tipo de declaración. CUARTO: De lo precedentemente expuesto concluimos que en la causa seguida contra los señores L. A. M. V. y C. V. S. el Juzgador infringe lo dispuesto en los artículos 82, 88 y 90 de la Constitución de la República, pues da como bien hechas confesiones, supuestamente rendidas por parte de los referidos imputados, sin que las mismas se hubieren realizado o ratificado ante juez competente y con el acompañamiento y asistencia de un profesional del derecho, ello constituye una flagrante violación al derecho de defensa, a la no auto incriminación y consecuentemente al debido proceso contenidos en las normas constitucionales antes referidas. PRETENSION IMPUGNATIVA. Conscientes estamos de que al Tribunal de casación no le es dable realizar una valoración probatoria alternativa, sin embargo, en el presente caso basta leer los hechos probados del fallo impugnado para darse cuenta que el sustento del fallo condenatorio es la supuesta confesión de los imputados, por lo que pretendemos se constate que los señores L. A. M. V. y C. V. S. no han rendido ninguna declaración y menos declararse culpables, por lo que no se les puede tener por confesos y que constatado dicho extremo se case la sentencia impugnada y se resuelva conforme a derecho que no puede ser de otra manera más que dictando un fallo absolutorio a favor de los señores L. A. M. V. y C. V. S., pues en la causa no se aportaron pruebas que de manera objetiva acrediten la participación de dichos imputados en los hechos ilícitos que se les atribuye.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1) Denunció el censor la violación de los artículos 80, 88 y 90 de la Constitución de la República, estableciendo como precepto autorizante el artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicó el recurrente que las normas que se denuncian como infringidas se refieren al derecho de Defensa, derecho a no auto incriminarse y al Debido Proceso, los cuales fueron infringidos por el sentenciador al basar su sentencia condenatoria en supuestas confesiones que habrían dado los imputados sin que en su práctica se haya observado el debido proceso y el derecho de defensa, pues no se encontraba presente un defensor que legalizara tal acto. El juzgador en los hechos probados, establece que los imputados confesaron a varias personas que habían cometido el ilícito, por lo que incurre en franca violación a los artículos 82, 88 y 90 de nuestra Carta Magna, pues al darle valor probatorio a sus deposiciones y ser la base para el fallo condenatorio, se burla de tan importantes garantías. 2) Es necesario establecer cuál es el criterio jurisprudencial de este Tribunal de Casación, acerca de las garantías del Debido Proceso, Derecho de Defensa y Derecho a no auto incriminarse. La garantía genérica del Debido Proceso que consagra el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes en el proceso, dentro de tal garantía deben incluirse el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros, en fin el Principio del debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. Respecto al derecho de Defensa esta Sala de lo Penal ha señalado que: “...uno de los requisitos Constitucionales del Proceso Penal, lo constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (Véase Pavón Gómez Germán, De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49) (En fallo de fecha 02 de noviembre del 2011, contenido en el expediente 342-09); además esta Sala de lo Penal, ha establecido que “…el derecho de defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…”[1] La declaración del imputado, como protagonista de los hechos descritos en la acusación, es un elemento crucial para el descubrimiento de la verdad, siempre que se rodee de las suficientes garantías para asegurar la voluntariedad de la misma, es decir, para que se preste con libertad y conocimiento de sus consecuencias. Aunque uno de los derechos fundamentales de todo imputado es el de no declarar contra sí mismo y no confesarse culpable, ello no significa en absoluto, que dicho derecho sea irrenunciable. El derecho a no declarar y a no confesarse culpable constituye un principio que resulta del valor de la libertad de toda persona sometida a un proceso criminal, prohibiendo cualquier actividad encaminada a quebrantar su integridad y libertad obligándole a declarar en un determinado sentido. Se trata de un derecho fundamental que puede ser renunciado y que cede en los casos en que el procesado o acusado decide libre y voluntariamente declarar colaborando con las autoridades judiciales en la averiguación e investigación de cualquier hecho delictivo. Hasta tal punto esta decisión es posible, que el mismo sistema legal la incentiva al establecer como una causa de atenuación de la responsabilidad criminal la confesión espontánea a las autoridades de la infracción cometida cuando no exista otra prueba directa en el proceso (vid. artículo 26 No. 9) del Código Penal) (Vid. DE DIEGO DIEZ, LUIS ALFREDO, en Los Medios de Prueba, Cuadernos de Estudios Judiciales RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, pág. 96.)[2] 3) Resulta interesante para esta Sala la impugnación presentada por la defensa del acusado, pues al denunciar violación a Garantías Constitucionales, este Tribunal de Casación deviene en la obligación de analizar de manera detallada y minuciosa el respeto y la aplicación de esos derechos por parte del Tribunal Sentenciador, tanto al momento de conformar sus juicios de valor sobre la prueba evacuada, así como al efectuar la calificación jurídica dada a la fundamentación fáctica de la sentencia que se impugna. Al analizar el juicio, vemos con sumo asombro que la fundamentación fáctica de la sentencia no puede constituirse o conceptualizarse como “Hechos Probados” pues no encontramos en ellos un relato histórico, lógico, coherente que ubique a lector en tiempo y espacio y que permite establecer de qué manera la señora R. R. C. perdiera la vida y cual fue la participación de los acusados en dichos acontecimientos. En lugar de unos hechos probados, esta Sala de lo Penal encuentra una relación de las investigaciones realizadas por el ente acusador y los dichos de algunos testigos que se presentaron a declarar, quienes afirman que los acusados “dijeron” que ellos habían quitado la vida de la ofendida; sorprendentemente el Tribunal de Sentencia con estos hechos ha calificado el accionar de los imputados como responsables de un delito de homicidio y robo agravado, con participaciones de autor al señor L. A. M. V. conocido como L. A. M. V. y cómplice simple para la C. V. S.; sin que sea posible determinar cuáles fueron las acciones que cada uno de los imputados cometió para decretar su culpabilidad. En cuanto a la valoración probatoria que efectuara el juzgador, razonan las declaraciones de: a) B. S. R. hija de la ofendida, quien manifestó “que la acusada C. V. S. se le había acercado y le había confesado que ella, L. A. y otro hombre habían matado a su mamá”; b) O. E. E., agente de policía asignado a la zona y quien expresó, “que el día de los hechos varias personas se acercaron a la posta a decir que L. había sido el que mato a la señora, lo buscamos, lo capturamos, le encontramos algunas pertenencias de la difunta, luego él nos dijo que junto a C. la habían matado”; c) O. M. R., que “el día en que se encontró muerta a doña R. llego un muchacho a decirnos que L. A. a. con el pantalón lleno de sangre, fueron a la policía y lo capturaron en la quebrada, andaba las cosas de la difunta”; d) M. A. M. R., ella se encontraba en la casa de mi tía R. R., ahí llegó C. y dijo “que ella había matado a mi tía junto con L. A.”; e) M. S. S. R., hermana del imputado, quien afirmó “que su hermano había llegado nervioso y le había dicho que había matado a R.”. También razonaron el acta de levantamiento de cadáver, acta de reconocimiento de objetos, dictámenes psicológico y psiquiátrico de los acusados. A las declaraciones rendidas en el debate el Sentenciador les otorga credibilidad, pues afirma que son coincidentes entre si y son la base para decretar un fallo condenatorio contra los acusados, pero resulta que, para este Tribunal de Casación las declaraciones de estos testigos no son más que indicios, pues no constituyen ninguno de ellos prueba directa de la participación de los encartados en la muerte de la ofendida Rosaura Reyes Cárcamo. Pero para llegar al grado de certeza a través de indicios, se requieren de varios requisitos: a) Los indicios han de estar plenamente probados, pues no es legítimo establecer presunciones sobre presunciones, es por tanto exigible la constatación clara de los indicios; b) Han de ser una pluralidad, no bastando uno solo, debiendo existir una articulación entre sí, de forma que recíprocamente se refuercen; c) El razonamiento que liga los indicios con el hecho inferido ha de ser racional y lógico, lo que el indicio muestra no es lo que en definitiva se quiere probar, sino un paso intermedio para llegar a ello con la ayuda de una regla de relación lógica, científica, estadística o de experiencia entre los dos hechos y d) En la sentencia ha de plasmarse todo lo anterior, pues la motivación de la sentencia que se funda en prueba indiciaria, no constituye una simple formalidad, es una exigencia derivada, fundamentalmente, de lo establecido por el artículo 82 de la Constitución de la República sobre el derecho de Defensa[3]. Para este Tribunal de Casación los medios de prueba evacuados en el juicio llegan a simples indicios que no pueden enervar el estado de inocencia de los acusados, pues no se cumplen con los requisitos arriba indicados, si bien existe pluralidad de testigos, todos coinciden en que los acusados fueron los que supuestamente confesaron el hecho, pero no existe ninguna otra prueba que ligue a los acusados con el crimen de la señora R. R. C.. Se estableció que el imputado L. A. M. V. al momento de ser capturado se encontraba con sangre en sus ropas, pero el ente acusador no presentó la prueba científica que acreditara que esa sangre pertenecía a la ahora occisa. Todo lo contrario encontramos exámenes psicológicos y psiquiátricos que establecen que ambos acusados padecen de un retraso mental leve, que lejos de incriminarlos fortalece aun más su estado de inocencia. 4) En conclusión, para este Tribunal de Casación, en efecto se ha visto vulnerada de manera colateral los derechos del Debido Proceso, Derecho de Defensa y Derecho a no incriminarse, que gozan los imputados L. A. M. V. conocido como L. A. M. V. y C. V. S., pero la garantía que se ha visto directamente infringida con las actuaciones del Sentenciador es la Presunción de Inocencia que todo acusado goza en el proceso penal. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que “La base de la doctrina constitucional respecto de la presunción de inocencia consiste, en que para desvirtuar la misma es preciso una mínima actividad probatoria, producida con las debidas garantías, que pueda entenderse de cargo y de la que se deduzca, la culpabilidad del procesado.” Por otro lado, como una carga de quien acusa, la presunción de inocencia es correlativamente un derecho fundamental, en virtud del cual incumbe, a quien acusa, aportar las pruebas desvirtuadoras de aquella presunción iuris tantum. No puede imputarse, en principio, a un ciudadano la carga de probar su inocencia, pues, en efecto, ésta es la que inicialmente se presume como cierta hasta que se demuestre lo contrario. Ahora bien, esta carga de la prueba, y la necesidad de su efectiva práctica cobra sentido, no como un mero formalismo, sino con una específica y definida finalidad: la formación de la convicción del Juzgador respecto de los hechos. En último término, lo que interesa es la adecuada formación de esa convicción. La sucesión o concatenación lógica de las fases del proceso penal, en lo que aquí interesa podría sintetizarse, muy esquemáticamente, como: a) Aportación de prueba por la acusación; b) A continuación, reconstrucción, a partir de esa prueba, de los hechos por el Juez; c) La subsunción de tales hechos en los correspondientes tipos penales. Llegar a la determinación de los hechos del caso a partir de la prueba practicada aparece como una operación lógica fundamental. De este modo, la Sala de lo Penal estima que en el motivo de casación por Infracción de Precepto Constitucional, fundado en vulneración del derecho de Presunción de Inocencia, debe recaer sobre: a) La ponderación del Juzgador sobre la prueba, para constatar si las partes acusadoras han aportado al juicio prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia; y, b) La racionalidad de la fundamentación intelectiva de la prueba para verificar los razonamientos o inferencias lógicas derivadas de ésta, para si en su valoración, el Juzgador ha observado las reglas del correcto entendimiento humano[4]. Concretamente esta Sala considera que, en el proceso que ahora nos ocupa, las partes acusadoras no han incorporado prueba de cargo suficiente para conformar la convicción de certeza positiva que requiere una sentencia condenatoria, no se acreditó cual fue la participación de los acusados en los hechos, de igual forma la fundamentación fáctica de la Sentencia (Hechos Probados) y la subsunción que el juzgador efectuara en la ley sustantiva no ha sido conformada de manera coherente, lógica y adecuada, por tanto consideramos que en el caso subjudice si existe violación a garantías constitucionales que deben ser observada por este Tribunal de Casación y tomar las decisiones apegadas a derecho, en consecuencia se declara con lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional. V. DECISIÓN Por las razones ampliamente establecidas se declara con lugar la presente impugnación. VI. RESOLUCION POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre de la República de Honduras y por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 88, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre; 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 359, 361, 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara con lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su Único Motivo, interpuesto por el abogado M. R. A. E. en su condición de Defensor Público del señor L. A. M. V., conocido como L. A. M. V. y C. V. S.. Segundo: Casa la sentencia de fecha veintidós de marzo del dos mil trece pronunciada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua en el sentido siguiente: A) Se ABSUELVE de toda responsabilidad penal al señor L. A. M. V., conocido como L. A. M. V., de los delitos de Homicidio Simple y Robo Agravado como autor directo, en perjuicio de Rosaura Reyes Cárcamo. B) Se ABSUELVE de toda responsabilidad penal a la señora C. V. S., de los delitos de Homicidio Simple y Robo Agravado como cómplice simple, en perjuicio de R. R. C.. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado Coordinador.-RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha treinta de enero del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-261-2013.
JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
[1] Vid Sentencia de Casación Penal N° SP 187-2011 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 15 de abril del 2013.
[2] Vid Sentencia de Casación Penal N° SP 162-2009 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 29 de septiembre del 2011.
[3] De Diego Diez, Luis Alfredo. Código Procesal Comentado de Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional. Tegucigalpa, Honduras. Año 2000. Páginas 549 al 554
[4] Vid Sentencia de Casación Penal SP 125-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 30 de noviembre del 2011.