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Sentencia CP-257-15 — Registro 16060

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de apropiación indebida, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... DE LA PROCEDENCIA DEL SEGUNDO MOTIVO EL SEGUNDO MOTIVO NO ES DE RECIBO.- La Sala de lo Penal encuentra un recurso defectuoso, al apelar el Censor a la reconsideración de la prueba, tal como si se estuviese dirigiendo a un Tribunal de Segunda Instancia, olvidando que estamos ante una única instancia revisora de legalidad y que precisamente por ello, tratándose del recurso de casación por infracción de ley, el Código Procesal Penal manda que los argumentos sustentatorios deben erigirse a partir de los hechos declarados probados y no en su cuestionamiento. El Censor denuncia la indebida aplicación de dos normas sustantivas distintas, (de por si erróneo pues le era obligatorio un planteamiento por separado), más al desarrollar su argumentación se distrae en aspectos tan distantes como el discutir la calidad con la cual participó el querellado en un proceso laboral previo y el cuestionar la ausencia de prueba en relación a aspectos fijados en los hechos declarados probados, colisionando de franco con el Principio de Intangibilidad de los hechos probados. .."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"... DE LA PROCEDENCIA DEL PRIMER MOTIVO EL PRIMER MOTIVO NO ES DE RECIBO.-Por la vía recursiva que prevé el artículo 360 del Código Procesal Penal, el Censor reitera el planteamiento ya desarrollado en su recurso de casación por infracción de precepto constitucional, pues insiste que el Código Penal no denomina al delito contenido en el artículo 242.8 como delito de “Apropiación Indebida” y que los juzgadores al hacerlo están creando una figura delictiva inexistente. De nueva cuenta esta Sala de lo Penal señala que el Nomine Crimen es correcto, pues el supuesto de hecho contenido en el artículo in comento, se le denomina como Apropiación Indebida; de igual forma y aun cuando la denominación del delito fuese diferente (que fuese otro el nombre por el cual es llamado el supuesto de hecho), tampoco implicaría la creación de una figura delictiva por los juzgadores, pues esta se encuentra contenida en una norma legal instituida por el Poder Legislativo y vigente de manera previa a la conducta realizada por el Querellado.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Veinticinco (25) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017).- El pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romeroen su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán Garcíay José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, LA SENTENCIA EN EL RECURSO DE CASACIÓN SP-257-2015 POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, INFRACCIÓN DE LEY Y POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, interpuesto contra la sentencia de fecha doce de enero del dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, mediante la cual falló: 1) Condenando al señor Juan Ángel Benavides Paz, a la pena de seis (06) años de reclusión, por el delito de apropiación indebida, en perjuicio de (Orden Alfabético): Abraham Hernández, Alex Escalante Vásquez, Elvin Humberto DíazBetanco, Félix Pedro Aguilar, Filadelfo Manuel Cruz Carias, Hermes Nicolás Baquedano Corrales, Jorge Alberto Vasquez, José Augusto Vasquez Oliva, José Leónidas Valladares Carrasco, José Santos Hernández, Juan Francisco Andino Godoy, Juan Francisco Rodriguez, Leonardo Antonio Carranza, Marvin Leonel Escalante, Nazario Díaz Méndez, Úrsulo Moncada López, Virgilio Sánchez y Wilfredo Martinez Guerrero; 2) Condenando al señor Juan Ángel Benavides Paz, a la multa de ciento treinta y nueve mil seiscientos sesenta y tres punto treinta y cinco lempiras (l. 139,663.35); 3) Condenando al señor Juan Ángel Benavides Paz, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal.-Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, por el Abogado Pedro Antonio Núñez Velásquez, en su condición de Defensor Privado del señor Juan Ángel Benavides Paz. SON PARTES: El AbogadoPedro Antonio NúñezVelásquez, apoderado legal del Querellado Juan Ángel Benavides Paz, en su Condición de Recurrente; Abogado Cesar Ernesto Baquedano, apoderado legal de los Querellantes (Orden Alfabético): Abraham Hernandez, Alex Escalante Vasquez, Elvin Humberto Díaz Betanco, Félix Pedro Aguilar, Filadelfo Manuel Cruz Carias, Hermes Nicolás Baquedano Corrales, Jorge Alberto Vasquez, Jose Augusto Vasquez Oliva, José Leónidas Valladares Carrasco, Jose Santos Hernandez, Juan Francisco Andino Godoy, Juan Francisco Rodriguez, Leonardo Antonio Carranza, Marvin Leonel Escalante, Nazario Díaz Méndez, Úrsulo Moncada Lopez, Virgilio Sánchez y Wilfredo Martinez Guerrero, en su condición de Recurrido. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Primero: En fecha 28 de febrero del año dos mil, el Juzgado de Letras Primero Departamental y del Trabajo por Ministerio de la Ley, condenó a la Sociedad Mercantil Agregados de la Construcción (AGRESA), a pagar a 52 trabajadores la cantidad de un millón seiscientos cinco mil ochocientos seis lempiras con sesenta y un centavos, en concepto de prestaciones, producto de la demanda ordinaria laboral interpuesta por el Abogado Alex D’ Vicente, y continuada por el Abogado Juan Ángel Benavides, cantidad que sumada a los salarios dejados de percibir asciende a la cantidad tres millones ochocientos veintitrés mil doscientos veintisiete lempiras con veinticuatro centavos (L. 3,823,227.24). Segundo: El día 16 de marzo del año dos mil, se practicó embargo sobre una maquinaria pesada utilizada para la Construcción, propiedad de AGRESA, que se encontraba en un plantel ubicado en la aldea Santa Elena, jurisdicción de Choluteca, nombrando el Juez Ejecutor como depositarios, a los señores Otilio Medrano y Gabriel Corrales, quienes se desempeñaban en el plantel, como vigilantes. Tercero: La audiencia de remate fue llevaba a cabo en fecha 18 de julio del año dos mil dos, adjudicando el Juez los bienes que cubrían la cantidad de cuatro millones ciento treinta y tres mil trescientos treinta y tres con treinta y tres centavos (L.4,133,333.33), a favor de los 52 trabajadores demandantes. Cuarto: Posterior a la Adjudicación, los trabajadores delegaron en el Abogado Juan Ángel Benavides la venta de la maquinaria, quien comenzó a venderla por partes y con el dinero obtenido procedió a cancelar la totalidad de sus honorarios al Abogado Alex D’ Vicente por la cantidad de seiscientos sesenta y tres mil (L.663,000) lempiras; y al Ingeniero Francisco Fernando Ruiz, la cantidad de trescientos setenta y cinco mil (L.375,000) lempiras. Quinto: Juan Ángel Benavides, en una de las ventas realizadas, sacó del plantel una trituradora y un equipo, para entregárselas al señor Bladimir Bonilla, así mismo sacó alguna maquinaria para trasladarla a la República de El Salvador y darla en venta. Sexto: En cuanto a las prestaciones del señor José Adgusto Vásquez Oliva, a quien, según sentencia laboral le correspondió la cantidad de cincuenta y nueve mil novecientos cincuenta y seis con cuarenta y tres centavos (L.59,956.43), éste solo recibió del señor Juan Ángel Benavides la cantidad de treinta y un mil quinientos (L.31,500) lempiras. Séptimo: En cuanto a las prestaciones del señor Ursulo Moncada, a quien, según sentencia laboral le correspondió la cantidad de doscientos veintisiete mil quinientos ochenta y siete con veintinueve centavos (L.227,587.29), éste solo recibió del señor Juan Ángel Benavides la cantidad de veinticuatro mil (L.24,000) lempiras. Octavo: En cuanto a las prestaciones del señor José Leónidas Valladares Carrasco, a quien, según sentencia laboral le correspondió la cantidad de setenta y cinco mil trescientos dieciocho con cuarenta centavos (L.75,318.40), éste solo recibió del señor Juan Ángel Benavides la cantidad de diecisiete mil (L. 17,000), lempiras. Noveno: En cuanto a las prestaciones del señor Félix Pedro Aguilar, a quien, según sentencia laboral le correspondió la cantidad de treinta mil ciento ochenta y cinco con sesenta y nueve centavos (L. 3O,185.69), éste solo recibió del señor Juan Ángel Benavides la cantidad de catorce mil (L. 14,000), lempiras. Decimo: En cuanto a las prestaciones del señor Wilfredo Martínez Guerrero, a quien, según sentencia laboral le correspondió la cantidad de treinta y dos mil doscientos sesenta y ocho con noventa y seis centavos (L.32,268.96), éste solo recibió del señor Juan Ángel Benavides la cantidad de nueve mil quinientos (L.9,500) lempiras. Décimo Primero: En cuanto a las prestaciones del señor Alex Escalante Vásquez, a quien, según sentencia laboral le correspondió la cantidad de treinta y un mil seiscientos veintinueve con setenta y seis centavos (L. 31, 629.76), éste solo recibió del señor Juan Ángel Benavides la cantidad de ocho mil quinientos (L.8,500) lempiras. Décimo Segundo: En cuanto a las prestaciones del señor Jorge Alberto Vásquez, a quien, según sentencia laboral le correspondió la cantidad de cuarenta y dos mil ochocientos noventa y cinco con dieciocho centavos (L.42,895.18), éste solo recibió del señor Juan Ángel Benavides la cantidad de ocho mil (L.8,000) lempiras. Décimo Tercero: En cuanto a las prestaciones del señor Marvin Leonel Escalante, a quien, según sentencia laboral le correspondió la cantidad de treinta y dos mil seiscientos cincuenta y ocho con ochenta y cuatro centavos (L. 32,658.84), éste solo recibió del señor Juan Ángel Benavides la cantidad de ocho mil quinientos (L.8,500) lempiras. Décimo Cuarto: En cuanto a las prestaciones del señor Nazario Díaz Méndez, a quien, según sentencia laboral le correspondió la cantidad de cincuenta siete mil cuarenta y siete con sesenta y nueve centavos (L.57,047.69), éste solo recibió del señor Juan Ángel Benavides la cantidad de dieciséis mil (L.16,000) lempiras. Décimo Quinto: En cuanto a las prestaciones del señor Elvin Humberto Díaz Betanco, a quien, según sentencia laboral le correspondió la cantidad de treinta y un mil seiscientos sesenta y uno con cuatro centavos (L.31, 661.04), éste solo recibió del señor Juan Ángel Benavides la cantidad de ocho mil (L.8,000) lempiras. Décimo Sexto: En cuanto a las prestaciones del señor Leonardo Antonio Carranza, a quien, según sentencia laboral le correspondió la cantidad de cuarenta y cinco mil quinientos sesenta y cinco con cuarenta y dos centavos (L. 45,565.42), éste solo recibió del señor Juan Ángel Benavides la cantidad de doce mil (L12,000) lempiras. Decimo Séptimo: En cuanto a las prestaciones del señor Virgilio Sánchez, a quien, según sentencia laboral le correspondió la cantidad de cuarenta y cinco mil setecientos cincuenta y seis con noventa y dos centavos (L.45,756.92), éste solo recibió del señor Juan Ángel Benavides la cantidad de ocho mil (L. 8,000) lempiras. Décimo Octavo: En cuanto a las prestaciones del señor Hermes Nicolás Baquedano Corrales, a quien, según sentencia laboral le correspondió la cantidad de treinta y cuatro mil cuatrocientos noventa y siete con treinta y siete centavos (L.34,497.37), éste solo recibió del señor Juan Ángel Benavides la cantidad de cinco mil (L.5,000) lempiras. Décimo Noveno: En cuanto a las prestaciones del señor Juan Francisco Rodríguez, a quien, según sentencia laboral le correspondió la cantidad de sesenta y tres mil diecisiete con veintitrés centavos (L.63,017.23), éste solo recibió del señor Juan Ángel Benavides la cantidad de dieciséis mil (L. 16,000) lempiras. Vigésimo: En cuanto a las prestaciones del señor Juan Francisco Andino Godoy, a quien, según sentencia laboral le correspondió la cantidad de sesenta y nueve mil cuatrocientos veinte cuatro con nueve centavos (L.69,424.09), éste solo recibió del señor Juan Ángel Benavides la cantidad de dieciséis mil quinientos (L.16,500) lempiras. Vigésimo Primero: En cuanto a las prestaciones del señor Abraham Hernández, a quien, según sentencia laboral le correspondió la cantidad de ciento veintinueve mil doscientos cincuenta y cuatro con sesenta centavos (L.129,254.60), éste solo recibió del señor Juan Ángel Benavides la cantidad de veintiocho mil (L.28,000) lempiras. Vigésimo Segundo: En cuanto a las prestaciones del señor Filadelfo Manuel Cruz Carías, a quien, según sentencia laboral le correspondió la cantidad de doscientos sesenta y un mil setecientos noventa con cincuenta y ocho centavos (L.261,790.58), éste solo recibió del señor Juan Ángel Benavides la cantidad de cincuenta y cinco mil (L.55,000) lempiras. Vigésimo Tercero: En cuanto a las prestaciones del señor José Santos Hernández, a quien, según sentencia laboral le correspondió la cantidad de ciento veintiséis mil ciento dieciocho con cero cinco centavos (L.126,118.05), éste solo recibió del señor Juan Ángel Benavides la cantidad de treinta y cinco mil (L.35,000) lempiras.”. III. RECURSO DE CASACIÓN.- MOTIVOSY ARGUMENTOS III.I.- “Recurso De Casación Por Infracción De Precepto Constitucional Expresión Del Motivo Del Recurso Motivo Único La Infracción Por Falta De Aplicación De La Garantía Contemplada En El Artículo 95 De La Constitución De La República que determina: Artículo 95 “Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la Ley, ni podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos.” (El subrayado es del suscrito). A esta Garantía se le relaciona con el contenido de lo referido en el artículo 2 del Código Penal que dice: “No se impondrán otras penas ni medidas de seguridad que las establecidas previamente por la Ley.”.- y en aplicación al artículo 2-D del Código Penal que refiere: “Las penas y medidas de seguridad solo se impondrán cuando sean necesarias y en forma proporcional a la gravedad del hecho realizado.- En ningún caso podrá imponerse una medida de seguridad si no es como consecuencia de una acción u omisión descrita como delito por la ley penal.” (El subrayado es del suscrito). Precepto Autorizante El motivo de la Casación por infracción de Precepto Constitucional Se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal que dice: Artículo 361.- Recurso De Casación Por Infracción De Precepto Constitucional.- En todos los casos que, con arreglo a este Código, pueda interponerse recurso de casación contra una resolución judicial, será suficiente para fundamentarlo, la infracción de precepto constitucional. Exposición Del Motivo Honorable Corte Suprema, podéis observar, la sentencia emitida por el Honorable Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, en fecha doce de enero del dos mil quince, que en su preámbulo los señores Jueces Gustavo Escoto, Iris Jackeline Cárcamo E Ivonne Claribel Martinez, han conocido el Juicio oral y público contra el señor Juan Ángel Benavides Paz, por suponerlo responsable del Delito De Apropiación Indebida, en perjuicio de Nazario DiazMéndez Y Otros, configurándolo en los artículos 241 y 242 numeral 8 del Código Penal, en el acápite Parte Resolutiva como aplicación legal. Nos dice el artículo 241 del Código Penal, reformado por Decreto 191-96 publicado en la Gaceta número 28,182 del 8 de febrero de 1997: El delito de estafa será sancionado: 1) Con dos a cinco años de reclusión cuando el valor de lo estafado no excediere de cinco mil lempiras.- 2) Con cuatro a siete años de reclusión si la cuantía supera los cinco mil y no excede cien mil lempiras y 3) Con seis a nueve años de reclusión si la cuantía excede de cien mil lempiras.- El agente, además será sancionado con una multa igual al diez por ciento del valor defraudado.- Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo prescrito por los artículos 36, 37 y 53, cuando sean aplicables.” El artículo 242 numeral 8 del Código Penal nos refiere: Incurrirá en las penas del artículo anterior: 1..., 2... ,3... ,4... ,5... ,6... ,7..., 8.- “Quien en perjuicio de otro se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que hubiere recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título conlleve obligación de entregarle o devolverla, o negare haberla recibido.” Honorable Corte, la aplicación del artículo 241 del Código Penal y referido en esta exposición, no determina el delito de Apropiación Indebida, sino que el de Estafa, ya que nuestro ordenamiento jurídico no le da categoría de tal, como lo Tipifican los Jueces del Tribunal de Sentencia, es preciso hacer saber, que la Doctrina lo refiere como tal, aunque sea fuente de derecho, no es taxativo ni tampoco literal la norma contenida en el artículo que nos ocupa, por ello la Garantía Constitucional indicada en el artículo 95 nos ampara para que no sea sancionada persona alguna por penas no establecidas previamente en la Ley; habrá que elevar la figura de Apropiación Indebida lo que a su letra establece el inciso 8) del artículo 242 de la norma sustantiva penal, pero ello le compete al Soberano Congreso Nacional y en su debido caso la interpretación que le da el Tribunal de Sentencia ocasiona grave violación constitucional objeto de amparo en su momento, conforme ya lo dispone la Ley de Justicia Constitucional.- En su caso el Tribunal Juzgador debió de tipificar la acción que se sigue con el agregado o la modalidad que se estila como costumbre en los Juzgados y Tribunales del país, por ejemplo cuando se condena al imputado por homicidio se le agrega el grado de ejecución, la modalidad de homicidio calificado o asesinato, en el caso de autos, en ningún momento se habla de fraude en la modalidad de apropiación indebida, sino que se califica el delito directamente como Apropiación Indebida, figura que no aparece como tal en nuestro ordenamiento jurídico, ya que esté se enmarca dentro del Delito sea de Estafa o de Otros Fraudes. Más aún, constituye grave violación a la Garantía Constitucional, lo determinado en el acápite CalificaciónJurídica De Los Hechos, expresado en el numeral Primero de la Fijación de los hechos dictada el día veinticuatro de marzo del dos mil catorce, por el Tribunal de Sentencia de los Departamentos de Choluteca y Valle, que reza literalmente: “Primero: De conformidad con el artículo 242 numeral 8 del Código Penal, constituye apropiación indebida quien en perjuicio de otro se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que hubiere recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que conlleve obligación de entregarlo o devolverla se sancionará con la pena de reclusión de seis (6) a nueve (9) años, si el valor de lo defraudado excede de cien mil lempiras.”(sic). Honorable Tribunal de Alzada, al efecto designé la literalidad del artículo 242 numeral 8 que dice: “Incurrirá en las penas del artículo anterior: 1)..., 2)..., 3)..., 4)..., 5)..., 6)..., 7)..., 8).-“Quien en perjuicio de otro se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que hubiere recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título conlleve obligación de entregarle o devolverla, o negare haberla recibido... 9...”, podéis observaros, Digna Sala de lo Penal, que en ningún momento la norma enunciada por el Juzgador manifiesta la literalidad de Constituye Apropiación Indebida, como erróneamente la relaciona el Tribunal de Sentencia. Es visto, que el accionar de los Juzgadores, no está apegado a derecho y lesiona principios fundamentales que al efecto, garantiza la Carta Constitutiva que nos rige en el ámbito jurídico y que por tal accionar sin convencimientos lógicos o fácticos, lleguen a dictar un fallo sin el razonamiento o determinación de la sana crítica, sino por el empecinamiento, en afectar a un Profesional del Derecho, que con todo lo probado y referido en la prosecución del juicio y por ende en los debates correspondientes, aclara que la figura por la cual se le acusa no está dentro del ámbito de la ley penal y si hay un ilícito laboral-profesional, será el ente correspondiente, respetando la competencia que al efecto nos señala la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. Por ello, Honorable Tribunal de Alzada, el artículo 3 del Código Civil, manda que “Solo Toca Al Legislador Explicar O Interpretar La Ley De Un Modo Generalmente Obligatorio.” Asimismo el artículo 17, siempre del Código Civil, nos determina: “No Podrá Atribuirse A La Ley Otro Sentido Que El Que Resulta Explícitamente De Sus Propios Términos, Dada La Relación Que Entre Los Mismos Debe Existir Y La Intención Del Legislador.” De igual manera el artículo 18 del mismo cuerpo legal determina: “Cuando El Legislador Definiere Expresamente Las Palabras Para Ciertas Materias, Se Les Dará En Éstas Su Significado Legal.” Todo lo antes relatado, y en consideración a la inexistente figura tipificada como Delito, el impuesto por el Tribunal de Sentencia de Apropiación Indebida, a manera de Ilustración, lo sustentó en consideración al criterio vertido por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema, en la Sentencia de Casación Penal, bajo expediente número CP. 1044-2003 de fecha diecinueve de marzo del dos mil cuatro, que vierte el criterio siguiente: “...Que en cuanto al segundo motivo de Casación, que fue admitido en su desarrollo el recurrente alega que es absolutamente increíble que se haya aplicado a la imputada L. M. Z. A. 27, circunstancias 2), 23) y 24) establecido en el Código Penal, cuando a ciencia cierta en algunos delitos éstas circunstancias deben subsumirse a los elementos integrantes del mismo; ejemplo: La modalidad de apropiación indebida en el delito de estafa, el abuso de confianza, que es una circunstancia agravante...” (El subrayado y sombreado es del suscrito). Por tal virtud y ante la flagrante violación a la garantía amparada en la Constitución de la República en su artículo 95, es razón, para que Caséis, la sentencia recurrida, Honorable Corte Suprema de Justicia, por ende se anule la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de los Departamentos de Choluteca y Valle en fecha doce de enero del dos mil quince.”. III.II.- “Recurso De Casación Por Infracción De Ley Expresión De Los Motivos Del Recurso De Casación Por Infracción De Ley. Primer Motivo La Infracción Legal Por Aplicación Indebida del artículo 242 inciso 8) del Código Penal que determina: “Incurrirá en las penas del artículo anterior: 1)..., 2)..., 3)..., 4)..., 5)..., 6)..., 7)..., 8)” Quien en perjuicio de otro se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que hubiere recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título conlleve obligación de entregarle o devolverla, o negare haberla recibido... 9...”. Aplicación Precisa El Tribunal de sentencia omitió la aplicación del Artículo 11 del Código Penal: “Las Autoridades Judiciales No Podrán Crear Ningún Tipo De Figuras Delictivas.” Precepto Autorizante El motivo de la Casación por infracción de ley Se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal que dice: Artículo 360.- Casación Por Infracción De Ley O De Doctrina Legal.- Habrá lugar al Recurso de Casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo.- Se entenderá por doctrina legal la reconocida como tal por la Corte Suprema, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto.- Los errores cometidos en la cita de las disposiciones legales que le sirven de fundamento a la sentencia recurrida, que no hayan influido en su parte dispositiva no dará lugar a la casación. Exposición Del Motivo Honorable Corte Suprema, la sentencia emitida por el Honorable Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, en fecha doce de enero del dos mil quince, que en su preámbulo los señores Jueces: Gustavo Escoto, Iris Jackeline Cárcamo E Ivonne Claribel Martinez, han conocido el Juicio oral y público contra el señor Juan Ángel Benavides Paz, por suponerlo responsable del Delito De Apropiación Indebida, en perjuicio de Nazario DiazMéndez Y Otros, configurándolo en los artículos 241 y 242 numeral 8 del Código Penal, en el acápite Parte Resolutiva como aplicación legal. El artículo 242 numeral 8 del Código Penal dice: “Incurrirá en las penas del artículo anterior: 1)..., 2)..., 3)..., 4)..., 5)..., 6)..., 7)..., 8) “Quien en perjuicio de otro se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que hubiere recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título conlleve obligación de entregarle o devolverla, o negare haberla recibido... 9...”. De lo anterior podemos establecer que la literalidad de la norma aplicada, en ningún momento tiene la categoría delictiva de Apropiación Indebida, como reiteradamente los sentenciadores establecen. En el acápite CalificaciónJurídica De Los Hechos, expresado en el numeral Primero de la Fijación de los hechos dictada el día veinticuatro de marzo del dos mil catorce, por el Tribunal de Sentencia de los Departamentos de Choluteca y Valle, que reza literalmente: “Primero: De conformidad con el artículo 242 numeral 8 del Código Penal, constituye apropiación indebida quien en perjuicio de otro se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que hubiere recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que conlleve obligación de entregarlo o devolverla se sancionará con la pena de reclusión de seis (6) a nueve (9) años, si el valor de lo defraudado excede de cien mil lempiras.”(sic). Honorable Corte, como se deja apuntado, el artículo 11 de la Ley sustantiva penal, le restringe a la autoridad judicial, en este caso al Tribunal de Sentencia de los Departamentos de Choluteca y Valle, crear figuras delictivas, aunque en el argot popular y en los pasillos de los tribunales, sea sinónimo, la causal estatuida en el inciso 8) del artículo 242 del Código Penal, como Apropiación Indebida, no pueden los juzgadores dar otro sentido literal del que resulta explícitamente en sus propios términos, es más establecen la frase “Constituye Apropiación Indebida”, cuando el artículo 242 solamente determina:” Incurrirá En Las Penas Del Artículo Anterior:...”, no establece la palabra Constituye, por lo que el Tribunal de Sentencia, está creando Una Figura Delictiva que no está intrínsecamente definida como tal, la crean con el propósito de establecer en su fallo, una tipificación que de todo punto de vista, es ilegal y violatoria a los preceptos constitucionales. La Doctrina determina que la figura de Apropiación Indebida está ligada al delito de Robo y Hurto, pero en la legislación hondureña, está enmarcada como otros fraudes y su penalidad la establece juntamente con el delito de Estafa. No aparece en la Sentencia recurrida, clasificación de los elementos que determina el inciso 8) del artículo 242 del Código Penal, para estatuir la figura de Apropiación, por haberse otorgado al agente bienes muebles dados o recibidos en Deposito Comisión O Administración, o por otro título que conlleve a devolver o entregar y en su caso haberse negado que recibió. Segundo Motivo La Infracción Legal Por Aplicación Indebida del artículo 13, párrafo segundo y ligado implícitamente al 32 del Código Penal que determina: artículo 13… “la intención que se tuvo al ejecutarlo o cuando el autor sabe, o está obligado a saber, que como consecuencia de la acción u omisión existe la posibilidad de que se produzca un efecto dañoso, constitutivo de delito, no obstante, lo cual ejecuta el hecho y acepta, por ende, las consecuencias que del mismo se derivan...”. Artículo 32, “Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado.” La Aplicación Precisa Artículo: 188 del Código Civil: “Por el contrato de mandato se obliga una persona a prestar algún servicio o hacer alguna cosa, por cuenta o encargo de otra.” Artículo 4 del Código de Trabajo: “Trabajador es toda persona natural, que preste a otras u otras, natural o jurídica, servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, mediante el pago de una remuneración y en virtud de un contrato o relación de trabajo.” Precepto Autorizante El motivo de la Casación por infracción de ley Se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal que dice: Artículo 360.- Casación Por Infracción De Ley O De Doctrina Legal.- Habrá lugar al Recurso de Casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo.- Se entenderá por doctrina legal la reconocida como tal por la Corte Suprema, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto.- Los errores cometidos en la cita de las disposiciones legales que le sirven de fundamento a la sentencia recurrida, que no hayan influido en su parte dispositiva no dará lugar a la casación. Exposición Del Motivo. A) En Consideración Con El Artículo 13, Párrafo Segundo Del Código Penal Honorable Corte Suprema, la sentencia emitida por el Honorable Tribunal de Sentencia de los Departamentos de Choluteca y Valle, en fecha doce de enero del dos mil quince, que en su preámbulo los señores Jueces Gustavo Escoto, Iris Jackeline Cárcamo E Ivonne Claribel Martinez, han conocido el Juicio oral y público contra el señor Juan Ángel Benavides Paz, por suponerlo responsable del Delito De Apropiación Indebida, en perjuicio de Nazario DiazMéndez Y Otros, en el acápite Fundamentos Jurídicos, numero Segundo determinan: “Nuestro Código Penal establece en su artículo 13 párrafo segundo que “El delito es doloso cuando el resultado responde a la intención que se tuvo al ejecutarlo o cuando el autor sabe, o está obligado a saber, que como consecuencia de la acción u omisión existe la posibilidad de que se produzca un efecto dañoso, constitutivo de delito, no obstante, lo cual ejecuta el hecho y acepta, por ende, las consecuencias que del mismo se derivan.” La acción dolosa de Juan Ángel Benavides Paz, de apropiarse del dinero en efectivo, producto de la venta de la maquinaria adjudicada a los trabajadores, ahora querellantes, constituye de esta manera un actor material del delito de apropiación indebida. Plenamente quedó demostrado, tanto en la declaración testifical de los señores Jose Augusto Vasquez Oliva, Nazario DiazMéndez Y Jose Santos Hernandez, contrataron al Abogado Juan Ángel Benavides Paz, para representarlos ante el Juzgado de Letras del Trabajo por Ministerio de la Ley del Departamento de Choluteca, en la demanda laboral como trabajadores que fueron de la empresa AGRESA, asimismo, de la prueba documental consistente en el extracto del juicio laboral que el imputado siguió, como corre de los autos, por lo tanto, el Abogado Benavides Paz, ejerce su actividad profesional, venida de un mandato o como se estila, un Poder General para Pleitos, donde las únicas facultades eran las consignadas en el artículo 8, párrafo segundo del Código de Procedimientos Civiles (ya derogado pero de aplicación en la acción procesal de la demanda laboral), en ningún momento hay un Poder General de Administración para que el Profesional del Derecho, pueda realizar actos de riguroso dominio entre ellas enajenar o vender bienes muebles, simplemente se convierte en un trabajador, por su especialidad o prestar sus servicios profesionales como lo estila el artículo 4 del Código de Trabajo, por ende, la figura delictiva o dolosa como lo consideran los Juzgadores, no tiene cabida en el juicio de la Querella por el delito de “apropiación indebida”, ya que no hay un resultado que responda a ejecutar una acción u omisión de vender, donar, prendar, etc.; en el caso de autos, no existe ni las mínima prueba de haberse vendido determinado bien que sea precisa su consumación, sea describiendo y determinando la cuantía por la cual se enajenó, por lo tanto no se probó la acción dolosa, fundada en ley y que determine Acción Dolosa, para figurar y tipificar como Delito, preguntémonos, en que parte del expediente aparece que Juan Ángel Benavides Paz se apropió del dinero, cuánto fue, quién se lo entregó y cuánto fue su ganancia por haber vendido maquinaria adjudicada a los trabajadores. La carga de la prueba recae por el que reclama su cumplimiento y en el juicio oral y público, los Juzgadores, en ningún momento fueron determinantes según la prueba aportada, que conlleve a determinar Dolosa la acción del imputado, si no les consta, solamente se dejan llevar por supuestos, sin que exista prueba física de que el señor Benavidez Paz, se benefició o apropió cantidad alguna, que malintencionadamente, quieren justificar para condenar por un delito que inclusive, no aparece como tipificado en el Código Penal como lo es La Apropiación Indebida, dan por sentado y consumado que en la República de El Salvador, se vendió maquinaria, sin que para ello, haya prueba documental para el permiso y tramitación de las pólizas fiscales, obligatorias para estos actos; no, solamente se dejaron llevar como se le denomina en el ámbito casero, corazonadas. De no existir, mandato alguno de riguroso dominio para poder vender bienes muebles, y si se ha lucrado o realizado ventas, ya no cabría la figura de Apropiación, sino que hurto como lo establece nuestro ordenamiento penal. El efecto dañoso, que le imputa el Tribunal de Sentencia al señor Benavides Paz, venido de la intención que tuvo de vender maquinaria, para producir un efecto delictivo, no se acredita la aceptación de la ejecución que dio como resultado tal efecto, recordemos, que los ofendidos, aceptaron haber recibido cantidades por parte del Abogado Benavides Paz, por las supuestas ventas que él hizo, pero no hay indicio alguno o prueba que de razón o fe, para que sea tipificada la acción como dolosa, por lo que la aplicación del artículo 13 párrafo segundo del Código Penal, que plasma el Tribunal de Sentencia, en la resolución de estilo, está mal aplicado y de haber responsabilidad generada por la mala actuación dentro de las limitaciones del Poder General para Pleitos, existen instancias, que no es la penal, ya que las leyes aplicables y que rigen a los profesionales del derecho, franquean los mecanismos para poder deducir responsabilidades, pero en ningún momento acción delictiva por el ejercicio de su cargo. B) En Consideración Con El Artículo 32 Párrafo Primero Del Código Penal. “Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado...” En el acápite Fundamentos Jurídicos de la Sentencia recurrida, el Tribunal sentenciador, en su número Tercero, refiere: “De acuerdo al artículo 32 del Código Penal, se consideran autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado. En el presente caso se pudo establecer mediante prueba directa, la participación específica de Juan Ángel Benavides Paz en el ilícito penal de apropiación indebida a título de autor, por actuar como representante legal de los trabajadores, ostenta la posición de garante frente a sus clientes y fue la persona en la que los querellantes confiaron para que diera en venta maquinaria adjudicada a estos, y aprovechando Juan Ángel Benavides la confianza que depositaron los querellantes en su persona, se apropió del dinero producto de la venta y no canceló la totalidad de las prestaciones labores, salarios dejados de percibir de los trabajadores, ni tampoco devolvió la maquinaria.” (Literal). Infracción completa y errónea apreciación del Juzgador al artículo 32 párrafo primero del Código Penal, pareciera que los Juzgadores son los ofendidos, por cambiar totalmente la literalidad de las expresiones de los testigos que al mismo tiempo son ofendidos, ni tampoco tomaron en cuenta la declaración del imputado Juan Ángel Benavides Paz, que fue claro y contundente, al manifestar, que en ningún momento vendió determinado bien mueble a tal persona, que lo único que realizaba era acumular el producto de las ventas de los bienes que se embargaron y remataron, para posterior hacer partición a cada uno de los beneficiados. Donde y en que parte de la tramitación del juicio oral y público, está la comprobación De La Prueba Directa, ya sea de factura, recibo, contrato o documento análogo, que el señor Juan Ángel Benavides Paz, haya vendido, regalado, enajenado o gravado determinado bien mueble, y que con su producto se haya apropiado de valores venidos de las transacciones que le atribuye el Tribunal de Sentencia.- Desconocen los Juzgadores por completo, lo que es un Representante Legal, ya que en el acápite que nos ocupa, le dan tal categoría, en dado caso lo que fue es Apoderado Legal y por ello, no le da categoría para ser garante frente a sus clientes, más aún, le atribuyen actos, como el de que se apropió del dinero producto de la venta y no canceló la totalidad de las prestaciones y otros derechos, ni tampoco devolvió maquinaria, sin siquiera tener al menos un recibo de venta en la que el señor Benavides Paz, efectúa tal acción. Honorable Corte, el artículo 6 párrafo segundo del derogado Código de Procedimientos Civiles, como norma aplicable en el momento en que sucedieron las acciones nos determina: “... El procurador común deberá ajustar en lo posible sus procedimientos a las instrucciones y a la voluntad de las partes, que representa, y en los casos en que éstas no estuvieren de acuerdo, podrá proceder por si solo y como se lo aconseje la prudencia, teniendo siempre en mira la más fiel y expedida ejecución del mandato...”, lo anterior viene a colusión, en virtud que eran cincuenta y dos trabajadores, creemos que no todos dieron aprobación verbal para que alguien realizara ventas, solamente los tres testigos ofendidos relatan tal accionar, pero en ningún momento señalan cantidad precisa, bien determinado y persona a la que al final se le dio la venta. Para ser preciso, la ejecución directa de un acto para considerar autor a determinada persona, debe de haber al menos, algún indicio, de la participación del agente; en el caso de autos, y como señalan al Abogado Juan Ángel Benavides Paz, haberse apropiado de dinero, como así lo refiere el fallo respectivo, debe el Juzgador, haber llegado al convencimiento, mediante prueba indubitada, que el imputado se apropió de la cantidad venida por la venta que realizó a determinada persona, del bien mueble, en la fecha que se acredita con el documento que al efecto tuvieron a la vista o del testimonio de persona que es precisa en indicar detalles de las características, valor y persona a quien se le atribuye venta o enajenación, de los bienes propiedad de los ofendidos. No puede estimar un Tribunal de Sentencia, la calificación de Autor a determinada persona, basado únicamente en el testimonio vago de personas interesadas por ser al mismo tiempo ofendidos, aún más, a sabiendas de que se les entregó dinero, por parte del imputado, como así está acreditado de autos con los recibos acompañados, como prueba documental aportada por la defensa; falta al menos prueba que conlleve a calificar y determinar la participación directa del imputado como Autor, por haber tomado parte directa en la ejecución del hecho punible, si de autos está determinado, que al señor Juan Ángel Benavides Paz, no se le puede atribuir inclusive la participación como cómplice, ya que el ostenta un Poder para Pleitos, con el propósito de llegar mediante el procedimiento respectivo a la más fiel y expedita ejecución del mandato que fue otorgado por cincuenta y dos trabajadores, no únicamente por los dieciocho personas que han promovido la Querella que nos ocupa. Por lo anterior y por estar íntimamente ligado el Delito con la participación del mismo, sea Autor o cómplice y que nos ha provocado a establecer separadamente, pero dentro del mismo motivo la infracción de los artículos 13 y 32 del Código Penal, como así he sido preciso, os pido a la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que Caséis, este Recurso por la falta e indebida aplicación a los principios más elementales de la ley sustantiva penal, que esperamos, haya sido únicamente en este caso, la apreciación errónea en el fallo, porque de ser así, en delitos como de lesa humanidad, condenaran a inocentes, por el solo hecho de desconocer ciertos parámetros, debido a la poca praxis en el ámbito profesional. Previo a la iniciación de las audiencias de debate del juicio oral y público, el Apoderado Legal y Defensor del señor Juan Ángel Benavides Paz, en aquel momento presentó Las Excepciones De Falta De Acción Cuando No Haya Debido Promoverse O Cuando No Debe Proseguirse La Acción Penal, determinadas en el artículo 46 del Código Procesal Penal, Asimismo Nulidad De Los Actos Procedimentales, por la acción intentada en consideración a lo preceptuado en la norma 166 numerales 3 y 5 de la misma Ley adjetiva, escrito que fue declarado sin lugar por parte del Tribunal de Sentencia tipo de acción intentada que es eminentemente del fuero Laboral, ya que el juicio que promueven los trabajadores contra la empresa AGRESA, aún no ha concluido como se podrá determinar en el extracto que al efecto se acompañó a la infundada Querella promovida.”. III.III.- ““Recurso De Casación Por Quebrantamiento De Forma Expresión De Los Motivos Del Recurso De Casación Por Quebrantamiento De Forma. Primer Motivo La Falta De MotivaciónFáctica O Jurídica Por Insuficiencia En La Valoración De La Prueba Testifical Por No Haberse Observado Las Reglas De La Sana Crítica. Aplicación Precisa Por ser de fondo los preceptos legales infringidos los mencionó así: Artículo 202 del Código Procesal Penal: “Valoración De Las Pruebas.- La Sana Critica.- Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Precepto Autorizante: El motivo de la Casación por infracción de ley Se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal que dice: “Artículo 360.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 1.-... 2... 3.- Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica... 4...” Exposición Del Motivo En el acápite Valoración Conjunta de la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de los Departamentos de Choluteca y Valle, de fecha doce enero del dos mil quince, Los Juzgadores determinan: en el párrafo primero: “A las declaraciones de Nazario Díaz Méndez, José Santos Hernández y José Augusto Vásquez, se les concede credibilidad porque son testigos que han apreciado por sus propios sentidos los hechos que han relatado, por ser parte afectada en el caso que nos ocupa.- Son confiables sus testimonios porque al ser confrontados los mismos entre sí y con el resto de la prueba, como ser recibos de pago, sentencia laboral, acta de remate, acta de entrega entre otros, son todos armónicos.” Errónea apreciación de la valoración conjunta de la Prueba Testifical, dictada por los Juzgadores, traigo a colusión, lo que la Ilustre Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justifica, se pronunció en la Sentencia de Casación Penal en el expediente número CP: 1043-2003 de fecha diecinueve de marzo del dos mil tres, que entre otros refirió: “...La Sala Penal se pronuncia de la siguiente manera: Las reglas de la psicología, nos enseñan que la credibilidad del testigo se funda en dos presunciones: que no engañe y que no quiera engañar y que si su capacidad intelectiva no está afectada, ni disminuida su capacidad moral, para no ser apreciados por el Juzgador sus declaraciones, debe de fundamentar más contundentemente sus criterios descalificadores, en base a las reglas de la Psicología aplicables y a la apreciación de la prueba testimonial...” Honorable Sala de lo Penal, en primer término, establezco que los testigos Nazario Diaz Méndez, Jose Santos Hernandez Y Jose Augusto Vasquez Olvia, son los ofendidos en la Querella de estilo y anteriormente demandantes en la Demanda Laboral que se promovió por ser en su momento trabajadores de la empresa AGRESA; serán los testigos imparciales en su testimonio, habrá un interés legítimo o por el contrario, su testimonio lo rinden sin afectar a terceras personas, recordemos lo que señala la Ilustre Sala Penal como quedó apuntado, que la credibilidad del testigo se funda en dos presunciones: Que No Engañe Y Que No Quiera Engañar y que si su capacidad intelectiva no está afectada, ni disminuida su capacidad moral, claro está, Honorable Sala, hay un interés directo en afectar al querellado, para sacar ventaja de la pretensión que promueven. En el testimonio del señor Nazario Diaz Méndez, que refiere en el acápite A Las Preguntas Del Querellador Privado: parte última “...y el Abogado Juan Ángel vendió todo eso y no ellos como trabajadores, le vendió a personas como a Bladimir, a Beto y otros y también se llevó una maquinaria para El Salvador.., al señor Juan Ángel, se le entregó en depósito los bienes porque él se encargó de vender toda la maquinaria y los bienes que estaban en el plantel para que esa venta les pagara a ellos, y en esa venta no estuvieron presentes los trabajadores solo un compañero que se llama José Augusto.”, A Las Preguntas Del Tribunal contestó: Que la autorización que le dieron al Abogado Benavides para vender la maquinaria no consta por escrito. En el testimonio del señor Jose Santos Hernandez, A Las Preguntas Del Querellador Privado respondió entre otros: “...la maquinaria la vendió Juan Ángel Benavides y ellos no participaron, en esa venta porque no fueron tomados en cuenta... A Las Preguntas Del Tribunal contestó: en la parte última “...todos los trabajadores autorizaron a Juan Ángel para que hiciera la venta de la maquinaria, pero dicha autorización no la hicieron por escrito.” En el testimonio del señor Jose Augusto Vasquez Oliva, a Las Preguntas Del Querellador Privado contestó entre otros: Que el Juzgado les adjudicó unos equipos, pero Juan Ángel llevó ese equipo a la República de El Salvador, después Juan Ángel trasladó el mejor equipo al plantel de Beto Guillén... tiene conocimiento que ese equipo se le vendió Juan Ángel a una empresa de El Salvador y a Beto Guillén le vendió una cargadora, a Bladimir Bonilla una trituradora y un paquete de un equipo que había en el plantel... a las Preguntas Del Tribunal contestó: “…El juzgado autorizó a Juan Ángel Benavides vender la maquinaria y los trabajadores no firmaban ningún documento cuando se iba a vender alguna maquinaria.” (El subrayado es del suscrito) Nos hacemos la pregunta, cuál de todos dice verdad, o solamente fueron preparados para decir, que la maquinaria la vendió Juan Ángel Benavides, que todos los trabajadores lo autorizaron para vender el equipo, que los bienes se le entregaron en depósito y por último el señor Jose Augusto Vasquez, quien dicen sus mismos compañeros, acompañaba al imputado, declara que Fue El Juzgado el que autorizó las ventas.- Como valorará la prueba testimonial el Juzgador, si no son contestes los declarantes con la probanza del delito que se le imputa al Abogado Benavides Paz, solamente hablan de supuestos, no son concretos, no hay contundencia en sus criterios, para ello el imputado en el número Noveno del acápite Valoración De La Prueba a las preguntas efectuadas por El Querellador Privado respondió entre otros: en la parte última... “no tiene conocimiento si la chatarra se vendió en el extranjero, porque la vendieron los trabajadores. - A Las Preguntas Del Tribunal respondió entre otros parte última:… no tuvo ninguna responsabilidad de acuerdo a los parámetros de la demanda laboral donde tenía que pagarle las prestaciones laborales y demás derechos a los trabajadores, lo que hubo fue una adjudicación de bienes en remate a ellos, lo cual fue establecido en la sentencia, no había persona encargada de acuerdo al remate en percibir dinero producto de la venta de esa maquinaria, sino que habían dos depositarios que fueron nombrados por el Juzgado en el momento del remate… además reiteró: “...el juicio no ha concluido porque los trabajadores buscaron otro abogado para que lo continuara, el juicio lo dejó en la fase de la audiencia de remate de los primeros bienes; si habían otros bienes que rematar, en Río del Hombre y en Ciudad Mateo y no sabe si han continuado rematando más maquinarias porque los trabajadores nombraron otro abogado.” Ante esta declaración el Juzgador en su valoración no le dio credibilidad, porque “no existe prueba que confirme el extremo manifestado por el querellado, por el contrario existen las declaraciones de tres trabajadores ahora querellantes que establecieron en juicio que la persona encargada de vender la maquinaria fue el mismo querellado Juan Benavides, por lo tanto no se le concede el valor probatorio de descargo.” Ahora Honorables Magistrados, donde está la valoración tomando en cuenta la sana crítica del Sentenciador, si para ello determina que no existe prueba que confirme lo aseverado por el Querellado, pero sí de los Querellantes, que en ningún momento establecieron con exactitud, la condición de la participación del señor Benavides Paz, y en la Valoración Conjunta, dan por hecho probado los Juzgadores, la Venta De La Maquinaria a la República de El Salvador, con la única afirmación de dos testigos, sin que haya un documento que respalde tal expresión, por lo que es irresponsable el criterio vertido, que motiva a casar la sentencia por el motivo aludido. Honorable Sala, si la prueba testifical aportada en juicio con el testimonio de los ofendidos y de la declaración del imputado, resulta no poder atribuirle motivación de conformidad a la sana crítica, al Tribunal de Sentencia, las normas jurídicas aplicables al caso, le franquean actos y procedimientos de los cuales se hará valer para poder apreciar con claridad su fallo, tal es el caso, bien pudieron dictar un auto para mejor proveer, a efecto de que se llamará como testigos a los señores tantas veces nominados a quien se les atribuyen los nombres de “Beto” Guillen y Bladimir Bonilla, por ser las personas que aducen testigos y ofendido compraron los bienes, por ello, se aclararía, quien vendió, porque cantidad y que bien compró cada cual, pero no, el Juzgador, únicamente le da valor al testimonio de los ofendidos. Segundo Motivo La Falta De MotivaciónFáctica O Jurídica Por Insuficiencia En La Valoración De La Prueba Documental Por No Haberse Observado Las Reglas De La Sana Crítica. Aplicación Precisa Por ser de fondo los preceptos legales infringidos los mencionó así Artículo 199, párrafo segundo del Código Procesal Penal: “Medios De Pruebas Permitidos.- En lo no previsto en este Código se estará a lo dispuesto en las normas que regulen el medio de prueba que más se asemeje...” Con carácter supletorio artículo 22 del Código Procesal Civil: “El presente Código se aplicará supletoriamente cuando no existan disposiciones en las leyes que regulan los procesos penales, contencioso-administrativos, laborales, y de otra índole procesal.” Norma que más se asemeja al medio de prueba Documental, como norma supletoria, el artículo 273 del Código Procesal Civil: “Fuerza Probatoria De Los Documentos Públicos: Los documentos públicos hacen prueba, aún contra tercero, del hecho, acto o estado de cosas que documenten y que motivó su otorgamiento, del lugar y de la fecha de éste, y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso intervengan en él.” Precepto Autorizante El motivo de la Casación por infracción de ley Se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal que dice: “Artículo 360.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 1.-... 2... 3.- Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica... 4...” Exposición Del Motivo En el acápite Valoración, de la Prueba Documental, determinada en Valoración De La Prueba, los Juzgadores, establecen que en el extracto del Juicio Laboral específicamente el Acta de embargo que corre a folio 30, se demostró la existencia de un embargo de maquinaria que practicó el Juzgado de Letras Departamental de Choluteca, a la empresa “AGRESA” consistente en la siguiente maquinaria... -, para lo cual se nombró como depositarios de los mismos a Gabriel Mendoza y José Otilio Medrano, sin embargo, a pesar que ellos depositarios, no fueron ellos quienes sacaron la maquinaria del plantel, al punto que a la fecha los mismos declarantes, Nazario, José Augusto y José Santos desconocen si hay maquinaria todavía sin vender, pero si se acreditó que la persona que vendió la maquinaria fue Juan Ángel Benavides.”.- Finalizan su valoración con el siguiente contenido: Por todo lo anterior los medios de prueba antes valorados se les concede credibilidad pero los mismos no son suficientes para determinar que los señores Otilio Medrano y Gabriel Mendoza son los responsables de la extracción de la maquinaria embargada a favor de los trabajadores, puesto que se acreditó con la constancia de entrega que el señor Juan Ángel Benavides es la persona que recibió la maquinaria en depósito...”. Errónea e irresponsable criterio vertido por los Sentenciadores, por las razones siguientes: 1.- No se está Juzgando la pérdida, inutilización, robo, hurto, etc., de la maquinaria, para que el Tribunal de Sentencia, haga comentario de algo que no ha sido materia del juicio, es decir, exime de responsabilidad a personas que siendo depositarios rindieron declaración en el Juzgado que conoció del reclamo laboral, por ser depositarios de los bienes embargados y posterior rematados, se están inmiscuyendo en un área que no es de su competencia y que se conoce como “Ultra Petita”, es decir, algo que nadie lo ha pedido, para el Juzgador no hubo necesidad de escuchar el testimonio de los depositarios, porque ellos ya saben que no tienen responsabilidad, por favor, señores Magistrados, ilusos son los sentenciadores para basarse solamente en corazonadas y para proteger a quien sabe y juzgar a alguien por el puro hecho de que vendió maquinaria, sin que para ello, se ilustre con prueba documental de haberse realizado tal acto, ya que las cantidades y procedencia de las ventas, están siempre vigiladas por el fuero que juzgó y en este caso es el Juzgado de Letras del Trabajo por Ministerio de la Ley del Departamento de Choluteca. 2.- Refieren irresponsablemente que se acreditó con la constancia de entrega que el señor Juan Ángel Benavides es la persona que recibió la maquinaria en depósito, ahora, que nos manifiesten en que parte del proceso se encuentra tal Constancia, a que folio obra, en qué fecha fue, que tipo de maquinaria recibió el Abogado Juan Ángel Benavides Paz en depósito para que posterior haya vendido. Recordemos que el artículo 9 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, expresa: Los Juzgados y Tribunales no podrán ejercer sus funciones sino a instancia de parte, excepto en los casos en que las leyes los faculten para proceder de oficio. Reclamada su intervención en forma legal y en asuntos de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad ni aún por falta de ley que resuelva la contienda sometida a su decisión.” Que sucedería, si los trabajadores beneficiados que no están determinados dentro de los dieciocho querellantes, quieren intentar acción contra los depositarios señores Otilio Medrano y Gabriel Mendoza, para que respondan civilmente por su cometido; no podrán intentar su acción, ya que el Tribunal de Sentencia de los Departamentos de Choluteca y Valle, ya los eximió de culpa y responsabilidad como así está expresado y referido de autos. Por lo antes expuesto y determinado en el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, y existiendo graves violaciones al principio del Debido Proceso, consignado tanto en la Constitución de la República como en el Código Procesal Civil como norma supletoria, es meritorio Honorable Sala de lo Penal, que Caséis los presentes recursos en sus motivos alegados.”. IV.FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA IV.I.- Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. IV.I.I.- Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por el Abogado Pedro Antonio Núñez Velásquez, a favor del Querellado Juan Ángel Benavides Paz.- Único Motivo. Norma Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 95 de la Constitución de la República; Concepto de la Infracción: Inexistencia de la figura delictiva que fundamenta el pronunciamiento condenatorio; Propuesta de Saneamiento Presentado contra el Vicio Denunciado: Sin Determinar por el Censor; Pretensión: Sin Determinar por el Censor. Reprocha el Censor que la Sentencia en ningún momento habla de fraude en la modalidad de apropiación indebida, sino que califica el delito directamente como Apropiación Indebida, la cual es una figura que no aparece como tal en el ordenamiento jurídico penal, ya que éste se enmarca dentro del delito de estafa o de otros fraudes; califica el Censor de grave violación a la garantía constitucional in comento cuando el A-quo determina en el numeral primero de la Fundamentación Jurídica que los hechos constituyen delito de apropiación indebida; agrega que la figura por la cual se condenó al Querellado no está dentro del ámbito de la penal, sino que se trata de un ilícito laboral/profesional. IV.I.II.- Naturaleza del delito de Fraude Entre los delitos en contra de la propiedad figura el fraude, mismo que se define por un “modus operandi” y no por una conducta comisiva u omisiva específica; es el empleo de medios intelectuales para poner en escena artificios en abuso de la confianza depositada, con el fin de perjudicar el patrimonio ajeno en provecho propio o de un tercero (Animus Decipiendi), entendiéndose como patrimonio el conjunto de relaciones jurídicas activas y pasivas que pertenecen a una persona y que son estimables económicamente, pudiendo ser bienes muebles o inmuebles, fungibles o no fungibles, tangibles o intangibles, etc. El Código Penal de Honduras tipifica el fraude en el artículo 241-A, estableciendo que: “Comete el delito de fraude quien con nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada cometa acciones donde se emplean sin consentimiento o conocimiento de los perjudicados mecanismos o prácticas para perjudicar, engañar, eludir, usurpar o menoscabar los derechos o patrimonio del Estado o de terceros, de cuyas acciones se sirve el que delinque para burlar la ley o los derechos que de ella se derivan o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error.”.- Ahora bien el Código Penal en el artículo 241 tipifica expresamente 18 supuestos de fraude, como fraudes específicos entre los cuales se encuentra la Apropiación Indebida, contemplada en el numeral 8, que prevé que será sancionado “Quien en perjuicio de otro se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que hubiere recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que conlleve obligación de entregarle o devolverla, o negare haberla recibido.”; finalmente nos encontramos con el delito de Estafa, que es un clase particular de fraude, tipificado en el artículo 240 del Código Penal, el que señala que: “Comete el delito de estafa quien con nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en provecho propio o ajeno.”. Entiéndase entonces que el fraude es el género y la estafa es la especie que pertenece a aquel género, precisamente por ello es que los supuestos del artículo 241 del Código Penal tradicionalmente se les ha conocido como “Otros Fraudes”, como una frase que da a entender claramente dentro de ese género se encuentra el delito de Estafa tipificado en un artículo anterior. La diferencia entre fraude y estafa radica en que en el primero el sujeto pasivo hace una disposición patrimonial con un consentimiento válido, sobreviniendo el dolo del sujeto activo quien con abuso de confianza se vale de un ardid para apropiarse o facilitar la apropiación a un tercero de aquella disposición patrimonial; entretanto en el segundo el dolo es anterior a la disposición patrimonial, misma que se consigue provocando error en el sujeto pasivo a partir de un engaño, es pues que la disposición patrimonial se realiza con un consentimiento viciado.- Es necesario advertir que si bien el artículo 241 se le conoce como Otros Fraudes, algunos de sus supuestos obedecen más a la naturaleza de la estafa que a la de fraude (Ejemplo los numerales 4, 7, 9, 10 y 15). En los procesos penales donde se aprecie un Concurso De Leyes entre la figura de fraude general, algunas de las clases de fraude específicos y la de estafa, requiere de un estudio inverso, ello por observancia al Principio de Subsidiariedad (Art. 2-A.2 cp.), y por mandato del artículo 243 del Código Penal al indicar que se calificara como fraude general cuando el hecho “no se halle comprendido en los artículos anteriores de este capítulo”; por ello el análisis debe de partir la especie, pasando por los supuestos específicos y finalizando con el supuesto genérico; de modo que el Tribunal de Justicia estudiara el caso bajo el prisma de los elementos del tipo de estafa (Art. 240 cp.), y en caso de juicio negativo de tipicidad, migrara su estudio a los casos de fraude específicos (Art. 242 cp.) y, en defecto de encuadramiento y como última instancia evaluara si se cumplen con los elementos del tipo de fraude general (Art. 240 cp.). Respecto a la Punibilidad, el Capítulo VI del Título VII del Libro Segundo del Código Penal establece que el delito de fraude contemplado en el artículo 241-A, será penado conforme lo señala el artículo 243, entretanto los fraudes específicos tipificados en el artículo 241 y la estafa, como la especie de fraude, serán sancionados con las penas previstas en el artículo 241, todos del Código Penal.- Como consecuencia la pena de estafa y de fraudes específicos (otros fraudes), dependerá del quantum del daño patrimonial causado por el delito, entretanto que la pena del delito de fraude general depende de la existencia del delito sin que influya la extensión del daño patrimonial causado. IV.I.III.- Del Tipo Penal de Apropiación Indebida El artículo 103 de la Constitución de la República reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada, agregando en el artículo 106 que “nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés público calificados por la ley o por resolución fundada en ley”, debiendo entenderse por Propiedad todos aquellos intereses que el hombre aprecia fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad y que son susceptibles de apropiación; bajo el Título VII del Libro Segundo del Código Penal, el legislador ha creado tipos Penales cuyo objeto es la defensa del bien jurídico Propiedad y sus diversas relaciones jurídicas con las personas: IusUtendi (posesión), IusFruendi (usufructo) y IusAbutendi (dominio). Entre los delitos contemplados encontramos el de Apropiación Indebida, definido en el artículo 242.8 del Código Penal formulando reproche a “Quien en perjuicio de otro se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier cosa mueble que hubiere recibido en depósito, comisión o administración o por otro título que conlleve obligación de entregarle o devolverla, o negare haberla recibido”. La apropiación Indebida es una figura penal que se encuentra en zona fronteriza con la Estafa, Hurto y la Malversación de Caudales Públicos, pero con elementos muy particulares y bien diferenciados: En el delito de apropiación indebida la posesión de la cosa mueble es lícita, germinada de una relación previa entre el sujeto activo y pasivo, surgiendo después en el primero el ánimo de distraerla subrepticiamente a un fin distinto al que originalmente se había dispuesto, por ello, difiere del delito de hurto en no mediar sustracción, de la estafa por la ausencia de engaño previo a la posesión y de la malversación de caudales por la naturaleza privada del bien mueble y el hecho de que el sujeto activo no es un servidor público; en la apropiación indebida lo que existe es la distracción ilegítima de un bien mueble privado que ya se posee legítimamente, pudiendo darse la apropiación del sujeto activo o de un tercero, “…la lesión al patrimonio se fundamenta en el posterior abuso de confianza derivado de la ruptura del título por virtud del cual se poseía la cosa…” (De Diego Diez, Alfredo, Manual de Derecho Penal, Corte Suprema de Justicia de Honduras, Tegucigalpa, Honduras, 2006, Pág. 189). El sujeto activo de la apropiación indebida debe estar, por tanto, en posesión de la cosa apropiada, dándose en este tipo de delito una mutación de posesión lícita en una ilícita. Constituyen elementos objetivos del tipo penal: 1. Sujeto Activo, puede ser cualquier persona, a excepción del titular del bien mueble; 2. Sujeto Pasivo, podrá ser cualquier persona que esté en el uso, goce o dominio del objeto del delito; 3. Objeto material del delito, es el “bien mueble”. El bien mueble debe de estar en posesión del sujeto activo por causa lícita, como ser: Aparcería (Art. 1750 del Código Civil), Arrendamiento de bienes muebles (Art. 1681 y 1683 del Código Civil), Comodato (Art. 1920 del Código Civil), compra-venta con reserva de dominio (Art, 781 del Código de Comercio), Depósito (Art. 1939 del Código Civil), Mandato (Art. 1888 del Código Civil), Prenda con Desplazamiento, Préstamo de Uso (Art. 1919 del Código Civil), Transporte (Art. 1780 del Código Civil), contrato estimatorio (Art. 826 del Código de Comercio), administración, etc., además el título de posesión debe acarrear la obligación de devolver el bien mueble o el de destinarlo a un propósito específico; 4. Conducta criminosa, definida por dos verbos rectores: a. Distraer: Destinar el bien mueble a un fin distinto al que originalmente estaba proyectado y para lo cual le fue dado al sujeto activo, siempre que el nuevo destino imposibilite la devolución de la cosa; b. Apropiarse: Pasar por propio el bien mueble, disponiendo de él tal como lo haría el verdadero dueño o facilitar para que un tercero lo haga; en realidad la apropiación es una forma de distraer el bien mueble, nada más que en este caso concurre el Animus Lucrandi; 5. Modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector, puede ser realizada de cualquier forma, pero siempre con abuso de la confianza depositada por el sujeto pasivo en el sujeto activo. Por otra parte, constituye elemento subjetivo del tipo el dolo y el Animus Rem Sibi Habendi: 1. El dolo, conformado por el conocimiento de estar en posesión de un bien mueble ajeno, de estarlo distrayendo a un fin distinto al concebido por la persona natural o jurídica que le cedió dicha posesión y la voluntad de querer hacerlo; y 2. El Animus Rem Sibi Habendi, que significa el ánimo de disponer el bien como si fuese dueño de éste. Son las características del tipo penal de Apropiación Indebida: 1. Según Su Estructura: a. Tipo Penal Básico al describir un modelo de comportamiento de manera independiente a otros tipos penales; b. Tipo Penal Compuesto al describir dos modelos de comportamiento, cada uno de ellos capaz de conformar una conducta típica distinta (Distraer o apropiarse); 2. Según su Contenido; a. Tipo Penal de resultado que exige el cambio en el mundo físico, éste realizado mediante la distracción o el apoderamiento del bien mueble ajeno por parte del sujeto activo; b. Tipo de Conducta Instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; c. Tipo Penal de Acción: Porque describe un modelo de comportamiento comisivo; d. Tipo Penal Cerrado ya que los supuestos de hecho están determinados con precisión, de tal forma que las conductas prohibidas se desprende con precisión del tipo penal; 3. Según el Sujeto Activo: a. Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; b. Tipo Penal Común ya que no exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad personal; 4. Según el Bien Jurídico Tutelado: a. Tipo Penal Mono ofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la Propiedad Privada de los bienes muebles; b. Tipo Penal de lesión al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado. IV.I.IV.- DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO

EL RECURSO NO ES DE RECIBO.-. El Censor señala como norma constitucional infringida el artículo 95, que establece: “Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la Ley, […].”; lo cual se conoce con el aforismo “nullaponea sine lege”, que manda que nadie podrá ser juzgado y sancionado por conductas definidas como delitos de manera previa en una ley positiva. En el caso de marras alega el Censor que el Tribunal de Sentencia incorrectamente ha declarado culpable al querellado Juan Ángel Benavidez, del delito de Apropiación Indebida, aun cuando el Código Penal identifica la figura delictiva como “Otros Fraudes”, lo que constituye un alegato improcedente, pues: 1. La base de la sentencia condenatoria es la aplicación del artículo 242.8 del Código Penal, la cual es una norma positiva, que prevé un supuesto situacional determinado y que se encontraba vigente de previo al momento de la realización del hecho que se juzga, por lo que es falso referir que los Juzgadores crearon una figura delictiva, pues es una norma existente la aplicada al caso concreto, con independencia de la denominación del delito; y 2. El supuesto contenido en el artículo 242.8, del Código Penal se identifica como delito de Apropiación Indebida, que es el sustantivo delictivo usado por el A-quo; sin embargo y aun cuando fuese otro el sustantivo usado por los Juzgadores (en el supuesto que hayan errado en su identificación nominal), ello no constituye infracción al precepto constitucional citado, pues se trata de un mero aspecto de denominación que no repercute en la decisión, pues lo importante es la aplicación de la norma legal(artículo), que contenga el supuesto de hecho que se ajuste a la situación juzgada. En resumen el reclamo del Censor es una cuestión de Nomine Crimen, es decir de simple denominación de la figura delictiva aplicada, lo que no tiene relación alguna respecto a su existencia previa de la norma al hecho juzgado, que es la exigencia del Principio Constitucional descrito en el artículo 95. IV.II.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). IV.II.I.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO EL ABOGADO PEDRO ANTONIO NÚÑEZ VELÁSQUEZ, A FAVOR DEL QUERELLADO JUAN ÁNGEL BENAVIDES PAZ.- PRIMER MOTIVO. Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 11 y 242.8 del Código Penal; Concepto de la Infracción del Primer Motivo: Aplicación Indebida de una Norma Penal; Pretensión: Sin determinar por el Censor. Afirma el Censor que la norma aplicada en el caso concreto, artículo 242.8 del Código Penal, no tiene la categoría delictiva de Apropiación Indebida, como erróneamente han señalado los Juzgadores y con ello creando una figura delictiva que no está “intrínsecamente definida como tal”, por lo que su tipificación es ilegal y violatoria a los preceptos constitucionales. IV.II.II.- DE LA PROCEDENCIA DEL PRIMER MOTIVO EL PRIMER MOTIVO NO ES DE RECIBO.-Por la vía recursiva que prevé el artículo 360 del Código Procesal Penal, el Censor reitera el planteamiento ya desarrollado en su recurso de casación por infracción de precepto constitucional, pues insiste que el Código Penal no denomina al delito contenido en el artículo 242.8 como delito de “Apropiación Indebida” y que los juzgadores al hacerlo están creando una figura delictiva inexistente. De nueva cuenta esta Sala de lo Penal señala que el Nomine Crimen es correcto, pues el supuesto de hecho contenido en el artículo in comento, se le denomina como Apropiación Indebida; de igual forma y aun cuando la denominación del delito fuese diferente (que fuese otro el nombre por el cual es llamado el supuesto de hecho), tampoco implicaría la creación de una figura delictiva por los juzgadores, pues esta se encuentra contenida en una norma legal instituida por el Poder Legislativo y vigente de manera previa a la conducta realizada por el Querellado. IV.II.III.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO EL ABOGADO PEDRO ANTONIO NÚÑEZ VELÁSQUEZ, A FAVOR DEL QUERELLADO JUAN ÁNGEL BENAVIDES PAZ.- SEGUNDO MOTIVO. Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 13 y 32 del Código Penal; Concepto de la Infracción del Primer Motivo: Aplicación Indebida de una Norma Penal; Pretensión: Sin determinar por el Censor. Refiere el Censor que quedó demostrado mediante la declaración testifical de los Señores José Augusto Vasquez Oliva, Nazario Diaz Méndez y José Santos Hernandez, que éstos contrataron al ahora Querellado Juan Ángel Benavides Paz, para representarlos en una causa laboral en el Juzgado de Letras de Choluteca, convirtiéndose así en un trabajador, una persona que presta sus servicios profesionales como determina el artículo 04 del Código del Trabajo, siendo entonces improcedente la cabida de la figura delictiva de apropiación indebida; agrega que no existe la más mínima prueba de haberse vendido determinado bien por el Querellado lo que implica no haberse probado la acción dolosa; afirma que los Juzgadores se dejaron llevar por supuestos, en el testimonio vago de personas interesadas, como son los testigos que a la vez son ofendidos, lo que hace incorrecta la aplicación del artículo 13 y 32del Código Penal. IV.II.IV.- DE LA PROCEDENCIA DEL SEGUNDO MOTIVO EL SEGUNDO MOTIVO NO ES DE RECIBO.- La Sala de lo Penal encuentra un recurso defectuoso, al apelar el Censor a la reconsideración de la prueba, tal como si se estuviese dirigiendo a un Tribunal de Segunda Instancia, olvidando que estamos ante una única instancia revisora de legalidad y que precisamente por ello, tratándose del recurso de casación por infracción de ley, el Código Procesal Penal manda que los argumentos sustentatorios deben erigirse a partir de los hechos declarados probados y no en su cuestionamiento. El Censor denuncia la indebida aplicación de dos normas sustantivas distintas, (de por si erróneo pues le era obligatorio un planteamiento por separado), más al desarrollar su argumentación se distrae en aspectos tan distantes como el discutir la calidad con la cual participó el querellado en un proceso laboral previo y el cuestionar la ausencia de prueba en relación a aspectos fijados en los hechos declarados probados, colisionando de franco con el Principio de Intangibilidad de los hechos probados. IV.III.- DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez debe de estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. IV.III.I.- RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL ABOGADO PEDRO ANTONIO NÚÑEZ VELÁSQUEZ, APODERADO LEGAL DEL QUERELLADO JUAN ÁNGEL BENAVIDES PAZ.- PRIMER Y SEGUNDO MOTIVO. Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 202 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción Primer Motivo: Falta de motivación fáctica y jurídica por insuficiencia en la valoración de la prueba testifical por no haberse observado las reglas de la sana critica; Concepto de la Infracción Segundo Motivo: Falta de Motivación Fáctica o Jurídica por Insuficiencia en la Valoración de la Prueba Documental por no haberse observado las reglas de la sana critica; Acciones de saneamiento presentadas: Sin determinar por el Censor; Pretensión: Sin Determinar por el Censor. En el primer motivo protesta el Censor que a los testigos Nazario Diaz Méndez, Jose Santos Hernandez y Jose Augusto Vasquez el Tribunal les concedió plena credibilidad, lo que es una errónea valoración, pues estos son ofendidos en la querella y por ende tienen un interés directo en afectar al acusado para sacar ventaja en la pretensión que promueven; agrega que la prueba testifical no es conteste con el resto de la prueba, pues éstos solo hablan de supuestos y aun con ello los Juzgadores dan por probado que la maquinaria fue vendida por el Querellado en El Salvador; afirma que el A-Quo debió emitir un auto para mejor proveer a efecto de llamar como testigos a los Señores identificados como “Beto Guillen” y “BladimirBonilla”, quienes supuestamente compraron la maquinaria, pues ello hubiese aclarado quien fue quien la vendió. En el Segundo Motivo alega el Censor que el Tribunal emite un erróneo e irresponsable criterio cuando señala que la prueba documental consistente en el acta de embargo (f 30),no es suficiente para determinar que los Señores Otilio Medrano y Gabriel Mendoza fueron los responsables de la extracción de la maquinaria embargada, pues fue el Querellado quien recibió la maquinaria en depósito; indica el Censor que el A-Quo exime de responsabilidad a los depositarios lo que no es área de su competencial incurriendo en el vicio de Ultra Petita. IV.III.II.- DE LA PROCEDENCIA DEL PRIMER Y SEGUNDO MOTIVO LOS MOTIVOS PRIMERO Y SEGUNDO NO SON DE RECIBO.-El Recurso adolece de una debida técnica recursiva; de inicio, en el planteamiento lo que se anuncia como concepto de la infracción son un conjunto de vicios distintos, incluso alguno de ellos antagónicos: Se Denuncia Falta de Motivación Fáctica y Falta de Motivación Jurídica, lo que implica ausencia total de la motivación de hecho y de derecho, pero al mismo tiempo señala que hay insuficiencia en la valoración de la prueba refiriéndose entonces de que si existe motivación pero que ésta es insuficiente y de seguido indica que existe violación a las reglas de la sana critica, lo que necesariamente hace suponer que también la existencia de motivación.- De seguido el Censor desarrolla los motivos desarrollando argumentos poco claros: i).- En el primer motivo cuestiona el crédito dado por el Tribunal de Sentencia a la prueba testifical, señalando que ello es un error pues los testigos son ofendidos y por ende tienen interés directo en la causa, lo que per se no es causa que demerite la participación de aquellos, pues aun cuando efectivamente sean ofendidos de la causa no implica que necesariamente estén falseando los hechos relatados; el Censor no aporta ningún razonamiento que demuestre que efectivamente los testigos faltan a la verdad en su relato, ya sea por su ilogicidad interna o por su contradicción entre sí o con otros medios de prueba. Reciente el Censor que el Tribunal de Sentencia no haya emitido auto para mejor proveer a efecto de llamar como testigos a los Señores “Beto Guillen” y “Bladimir Bonilla”, personas que supuestamente compraron la maquinaria, a fin de que éstos pudiesen indicar a que persona se la compraron, lo que implica una protesta sin fundamento pues el propio Censor, como parte Querellada de la causa, estuvo en la posibilidad de proponer todos los medios de prueba que tuvo a bien a fin de acreditar su teoría del caso, ello incluía la posibilidad de proponer a dichos testigos para ser examinados en la audiencia de debate, ergo el Censor hace protesta por algo que le es imputable solo a él. ii).- En el segundo motivo, el Censor argumenta Ultra Petita, pues considera que el Tribunal de Sentencia hace un pronunciamiento ajeno a la causa, externando su preocupación de que a causa de tal vicio, en el futuro no sea posible deducir responsabilidad en contra de los Señores Otilio Medrano y Gabriel Mendoza; es entonces que el sentido del reclamo no es por una errónea valoración que haya causado una mala decisión judicial en relación al Querellado, sino un exceso que impida a futuro un reproche judicial a terceras personas, volviendo entonces improcedente el argumento, no solo por carecer de sentido a nivel casacional sino que además por no tener relación alguna con el concepto de la infracción anunciado. En todo caso, la preocupación del Censor es infundada; Indica el artículo 53 del Código Procesal Penal que: “El órgano jurisdiccional competente, para conocer de un delito o falta, lo será también para resolver las cuestiones incidentales que se susciten en el curso del proceso, aunque no pertenezcan al orden penal, siempre que tales cuestiones se encuentren tan íntimamente ligadas al hecho punible, que sea racionalmente imposible su separación.- La resolución de tales incidentes, sin embargo, producirá efectos únicamente en materia penal y se fundará en los preceptos legales correspondientes.”; es por ello que cualquier pronunciamiento y criterio esbozado por los Jueces de Sentencia no tienen ningún efecto fuera del proceso penal en el que se realizó. V. DECISIÓN 1. No ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo; 2. No ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en sus dos motivos; y 3. No ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos. VI. POR TANTO LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, DECIDE: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR los Recursos de Casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo, por Infracción de Ley en sus dos motivos y por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuestos todos ellos por el Abogado Pedro Antonio Núñez Velásquez, en su condición de apoderado del Querellado Juan Ángel Benavides Paz; SEGUNDO: Declara FIRME Y EJECUTABLE la Sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Choluteca, departamento de Choluteca, en fecha doce (12) de Enero de dos mil quince (2015), en la cual declara la responsabilidad penal del Señor Juan Ángel Benavides Paz, por ser autor de un delito consumado de Apropiación Indebida, en perjuicio de dieciocho personas.- Y MANDA: PRIMERO:Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al Tribunal de origen, a efecto de dar cumplimiento al párrafo primero del artículo 385 del Código Procesal Penal respecto a los pronunciamientos judiciales que han adquirido el carácter de firme.-SEGUNDO: Siendo la persona condenada Notario Público, certifíquese la presente resolución a la Contraloría del Notariado, para los efectos del artículo 50 y 82 del Código del Notariado.-NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.-Magistrado Coordinador.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-257-2015.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.