Sentencia CP-253-13 — Registro 16058
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de colaboración para la evasión, en perjuicio de la Administración Pública, resolviendo No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia del Recurso EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- Comparte esta Sala de lo Penal la opinión del Ministerio Público, cuando en el escrito de contestación del recurso hace la observación que el Censor no desarrolla con propiedad sus argumentos en aras de sustentar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, pues en lugar de explicar porque considera que existe violación o transgresión al estado material de inocencia o al debido proceso en perjuicio del acusado, presenta razones que se asemejan más a lo que debería de exponerse en un recurso por forma. Este Ad-Quem no advierte que exista un indebido razonamiento probatorio de la totalidad de la prueba, y en particular, de la declaraciones de los Testigos Elvin Rodriguez Avilés y Nelson Ismael Hernandez Guerrero.- Es de reflexionar que no existió conflicto en cuanto al hecho en sí, sino en cuanto a la intencionalidad del acusado que motivo su participación en él, para ello el Tribunal de Sentencia hace un recuento de aspectos objetivos evidencian cual fue esa intencionalidad, a saber: 1. Para el año 2010 los señores Marco Tomas Haylock y Carlos Alberto Breve eran internos del Centro Penal de la Ciudad de Puerto Lempira: el primero por ingreso en fecha 07 de Enero por suponerlo responsable de los delitos de Lavado de Activos y Portación Ilegal de Armas, y el segundo por ingreso el 18 de abril por suponerlo responsable de los delitos de posesión de armas de fuego comerciales y armas de fuego prohibidas; ambos internos, según informó el propio acusado, compartían una misma celda en el centro.- Tal información era conocida por el acusado, quien era Director del Centro Penal, decidiendo aún con ello autorizar la salida de los acusados, siendo razonable el prever que la gravedad del delito por los cuales se les estaba acusando podía motivar a los internos a tratar de evadirse, tal y como efectivamente ocurrió. 2. El acusado Sergio Gutiérrez Mejía, acordó con los internos mencionados hacer un viaje hasta la Comunidad de Rus Rus, en donde según palabras del propio acusado, tenía como propósito supuesto ver la propiedad y a matar un torete para azar su carne; tal acuerdo ocurrió días previos al día de la evasión de los internos, pues el viaje tuvo que ser coordinado en asuntos del medio de transporte, la hora de salida, etc. Así pues llegado el día, el 04 de Octubre de 2010, el viaje se emprendió alrededor de las ocho de la mañana cuando un vehículo particular paso recogiendo a los internos y al acusado.- Se trató entonces de un acto concebido con antelación y coordinado entre el acusado y los internos que se fugaron. 3. El día 04 de Octubre de 2010, el acusado ordenó la salida del Centro Penal de los internos Marco Tomas Haylock y Carlos Alberto Breve, sin autorización penitenciaria, judicial o Fiscal, y sin que tal salida fuese por asuntos relacionados con el Centro Penitenciario; el acusado señalo que era para conseguir unas aves (que dicho sea de paso es fauna protegida por la ley), y además se tenía pensado matar un torete para asar carne, lo que constituye una excusa reprochable, pues en conclusión el acusado expone como causa del viaje la búsqueda de éste de un beneficio personal que iba ser proporcionado por los internos en mención. Alrededor de las ocho de la mañana el hermano del interno Marco Tomas Haylock, paso recogiendo al acusado, a los dos internos y a dos policías penitenciarios que harían las veces de custodios, en un vehículo marca Nissan, modelo Frontier, color oro, tipo pick-up.- Explicó el acusado que en el vehículo se transportaban el conductor y otra persona, los dos internos, los dos custodios y él, lo que implica en matemáticas simples que la autoridad penitenciaria era superada en número por los demás ocupantes del vehículo que eran afines de los internos, quienes además tenían el control de la situación al ir conduciendo el vehículo y al dirigirse a un lugar conocido por éstos y desconocido supuestamente por aquellos. 4. El acusado señaló en su declaración que al pasar por el puesto de control militar en Morocon, fueron informados que el lugar al cual se dirigían era peligroso por ser un lugar cerca con la frontera con la República de Nicaragua, en donde se producía mucho robo de ganado, más aun con esa información el acusado decidió continuar el viaje. Todas estas circunstancias sumadas son razón suficiente para suponer que el resultado evasión de los dos internos fue como consecuencia de un mero descuido del acusado tal y como pretende el Censor, por el contrario es prueba de que obedece a conductas sistemáticas adoptadas con la razón de facilitar a los internos las condiciones adecuadas para su evasión, así declarado acertadamente por el Tribunal de Sentencia (F. 358).- Entonces la oposición del Censor a la valoración de las declaraciones de los testigos Nelson Ismael Hernández Guerrero y Elvin Rodríguez Avilés, es infundada, pues tales medios de prueba no son la base única de la declaratoria de culpabilidad, sino son elementos que se sumaron a los indicios que tienen su origen en otros medios de prueba y en la declaración del propio acusado; declaraciones que se articulan con los demás medios de prueba y que no pueden ser descalificadas como pretende el Censor por el hecho de que éstos hayan sido condenados por los mismos hechos que ocupa el juzgamiento actual, ello porque no se presentó prueba (de cualquier clase) de la existencia de un acuerdo de condena de los testigos, accediendo a declarar en contra del acusado a cambio de conseguir un beneficio procesal a su favor en sus propios juicios, y porque en general dispone el Código Procesal Penal que toda persona que tenga conocimiento de un hecho penalmente relevante puede ser llamado para prestar su declaración como testigo, ello incluye a personas privadas de libertad, pues en materia penal no existe la Tacha de testigos, como si en el proceso civil, insistiendo en que correctamente el A-Quo apreció que los testigos fueron contestes en sí mismos, entre sí y con el resto del acervo probatorio, por lo que la calificación de creíbles es conforme a un adecuado razonamiento probatorio, y por ende, en respeto al Derecho/Principio al Estado Material de Inocencia, que en el caso en estudio fue quebrantado con la prueba de cargo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL A LOS VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017).- El pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, LA SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-253-2013 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha diez de mayo de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual falló: 1) Condenando al acusado Sergio Gutiérrez Mejía, a la pena de seis (e6) años ocho (8) meses de reclusión, por el delito de colaboración para la evasión, en perjuicio de la Administración Pública. 2) condenando al imputado Sergio Gutiérrez Mejía, a las penas accesorias de inhabilitación especial por un período de trece (13) años cuatro (4) meses, y a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento.3) Condenando al imputado Sergio Gutiérrez Mejía, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena.4) No Condeno en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio al imputado y al Ministerio Público. 5) Declaró la responsabilidad civil del imputado Sergio Gutiérrez Mejía, en cuanto a responder por la indemnización de daños morales y económicos.6) Absolviendo al acusado Sergio Gutiérrez Mejía, del delito de abuso de autoridad en perjuicio de la Administración Pública. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, el Abogado Mario Alberto Flores Fúnez, en su condición de Defensor Público del Señor Sergio Gutiérrez Mejía. SON PARTES: El Abogado Mario Reniery Amador, Defensor Público, en su condición de Recurrente y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrido. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA Único: En fecha cuatro de octubre del año dos mil diez, a las ocho de la mañana, el señor Sergio Gutiérrez Mejía, Director de Centro Penal de la ciudad de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios decide sacar a los privados de libertad Marco Tomas Haylock y Carlos Alberto Breve Tejeda para que se fuguen de dicho centro, para lo cual se traslada en un vehículo facilitado por el hermano de Marco Tomas Haylock, marca Nissan, tipo pick up, doble cabina, color café, llevándolos hasta una propiedad de la familia de uno de los privados de libertad, ubicada en la lejana comunidad de Rus Rus, en la frontera con Nicaragua, ya estando en ese lugar los señores Haylock y Breve Tejada montados a caballo se escaparon del lugar con rumbo desconocido.”. III. RECURSO DE CASACIÓN.- MOTIVOSY ARGUMENTOS Indicación Del Motivo De Casación. Motivo Único: La infracción por parte del juzgador de lo dispuesto en los Artículos 89 y 90 de la Constitución de la República. Precepto Autorizante.- El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo. Primero: En el juicio oral y público en el que fue Juzgado el señor Sergio Gutiérrez Mejia, a quien se le atribuye que el día 04 de octubre de 2010 habría sacado del Centro Penal de la ciudad de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios a los privados de libertad Marco Tomas Haylock y Carlos Alberto Breve Tejeda con el propósito de que se fugaran de dicho centro de reclusión; el ente acusador para acreditar la imputación en contra del señor Sergio Gutiérrez Mejia ofreció, como principal medios de pruebas, las declaraciones de los testigos Elvin Rodríguez Avilés y Nelson Ismael Hernández Guerrero, personas estas que, como policías penitenciaros, el día de la evasión de los señores Marco Tomas Haylock y Carlos Alberto Breve Tejeda, se encargaban de la custodia de los referidos privados de libertad. Segundo: Es en la valoración de dicha prueba en donde el Juzgador flagrantemente viola la presunción de inocencia y el debido proceso en perjuicio del señor Sergio Gutiérrez Mejia, pues al valorar las declaraciones de los testigos Elvin Rodríguez Avilés y Nelson Ismael Hernández Guerrero les otorga plena credibilidad aun cuando son parte interesada en el proceso, pues a ellos también se les atribuyó responsabilidad penal por la evasión de los señores Marco Tomas Haylock y Carlos Alberto Breve Tejeda. Tercero: El Juzgador en los literales a) y b) numeral Primero del apartado Valoración Intelectiva De La Prueba del fallo recurrido, describe sucintamente lo declarado por los testigos y en su momento coimputados Elvin Rodríguez Avilés y Nelson Ismael Hernández Guerrero y a continuación los valora de manera conjunta, llegando a la conclusión que lo narrado por ellos es contundente para establecer con claridad la forma en que se dieron los hechos de las fugas de los internos Breve y Haylock, para el Tribunal las declaraciones de los señores Elvin Rodríguez Avilés y Nelson Ismael Hernández Guerrero es prueba directa con la que logra formar su convicción de la dinámica de los hechos y la participación del señor Sergio Gutiérrez Mejia como responsable de la evasión de los señores Marco Tomas Haylock y Carlos Alberto Breve Tejeda. Cuarto: Es en La valoración de las declaraciones de los señores Elvin Rodríguez Avilés y Nelson Ismael Hernández Guerrero en donde el Juzgador viola flagrantemente los derechos fundamentales de presunción de inocencia y del debido proceso en perjuicio del señor Sergio GutiérrezMejia, pues apoya su fallo condenatorio en una prueba que carece de la confiabilidad necesaria para quebrantar ese estado de presunción de inocencia del que goza, ello se produce porque los señores Elvin Rodríguez Avilés y Nelson Ismael Hernández Guerrero, son materialmente coimputados con el señor Gutiérrez Mejía con la diferencia que ellos se sometieron previamente a un trámite de simplificación procesal, pero los hechos son los mismos por los que ahora se juzga al señor Sergio Gutiérrez Mejia, sobre esa condición de coimputados el Tribunal niega que ello desacredite su declaración, porque para el Juzgador lo manifestado por ellos en ningún momento va orientado a su auto justificación, pues ya no tiene sentido en vista de que ya fueron juzgados. El razonamiento del Tribunal no es aceptable, porque si bien es cierto que ellos ya fueron juzgados, pero por una participación delictiva menos grave y haciendo recaer sobre el señor Sergio Gutiérrez Mejia toda la responsabilidad en cuanto a la evasión de los señores Marco Tomas Haylock y Carlos Alberto Breve Tejeda, razón por la cual sus declaraciones estarán siempre orientadas a hacer valer sus posiciones de participación marginal, pues cambiar su versión podría dar lugar a otra imputación por falso testimonio, de ahí que cuando el Tribunal sostiene que los señores Elvin Rodríguez Avilés y Nelson Ismael Hernández Guerrero no tienen un interés espurio en perjudicar al acusado excluye indebidamente ese interés directo que los declarantes tienen en cuanto a los resultados del juicio, ello implica una infracción al principio fundamental a la presunción de inocencia y al debido proceso que le asisten al señor Gutiérrez Mejía, por cuanto se apoya en una prueba testifical que presenta graves grietas de credibilidad, porque los declarantes están inducidos por la inocultable realidad de haber conseguido una calificación delictiva más favorable para ellos a costa de atribuirle a otro la responsabilidad de un hecho delictivo y un fallo de condena no puede sustentarse con declaraciones de coimputados en las que se auto marginan y atribuyen al señor Sergio Gutiérrez Mejia toda la responsabilidad de la evasión de los señores Marco Tomas Haylock y Carlos Alberto Breve Tejeda. Quinto: Finalmente Honorables Magistrados, es probable que el señor Sergio Gutiérrez Mejia haya actuado con algún grado de descuido al hacerse acompañar de dos internos del Centro Penal de Puerto Lempira del que él era su Director para realizar diligencias fuera del centro penal, pero de las pruebas evacuadas en la causa, ninguna duda queda que la intención de él jamás fue la de facilitar la fuga de los señores Marco Tomas Haylock y Carlos Alberto Breve Tejeda, pues si esa hubiera sido su intención no hubiera ordenado a dos policías penitenciarios (Elvin Rodríguez Avilés y Nelson Ismael Hernández Guerrero) que custodiaran a los referidos internos, ya que ello frustraría la evasión o en el peor de los caos serían testigos en su contra, por lo que las evidencias externas de las actuaciones del señor Sergio Gutiérrez Mejia no denotan una conducta dirigida tales circunstancia viola flagrantemente sus derechos fundamentales a la presunción de inocencia y al debido proceso. Pretensión Impugnativa. Conscientes estamos de que al Tribunal de casación no le es dable realizar una valoración probatoria alternativa, sin embargo, de las constancias que obran en el presente caso y sin desarrollar una rigurosa valoración probatoria se hace patente el vicio denunciado, por lo que resulta justo y procedente declarar la nulidad del fallo impugnado y en su lugar dictar la resolución que en derecho corresponda.”. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA IV.I.- Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional, es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. IV.II- Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la Defensa Pública a favor del acusado Sergio Gutiérrez Mejía.- Motivo Único. Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 89 y 90 de la Constitución de la República; Concepto de la Infracción: Violación al Estado Material de Inocencia; Pretensión: Declarar la Nulidad de la Sentencia Impugnada. El Censor no es muy claro en el planteamiento de su recurso, pues cita como infringidas dos normas constitucionales que contienen igual número de derechos fundamentales, más en el desarrollo de su libelo solo hace referencia a la transgresión de una de ellas.- Expone como fundamento de su recurso la errónea valoración hecha por el Tribunal de Sentencia a las declaraciones testificales de los Señores Elvin Rodriguez Avilés y Nelson Ismael Hernandez Guerrero, pues considera que indebidamente el A-Quo, dio crédito a sus dichos sin considerar que éstos son co-imputados, resultando condenados en proceso penal distinto por los mismos hechos por los cuales se está juzgando a su representado; explica que los testigos mencionados son parte interesada del proceso pues declaran inducidos por una la calificación delictiva más favorable con la que consiguieron ser condenados, siendo esto una grave grieta de credibilidad. Argumenta que el acusado si bien posiblemente actuó con descuido al hacerse acompañar de dos internos del Centro Penal para realizar diligencias fuera de éste, nunca fue su intención de que estos se evadieran, pues precisamente para evitar eso dispuso que lo acompañaran dos policías penitenciarios para su custodia. IV.II.I- Del Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia El derecho al Estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89 establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; éste derecho-principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3) De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la Sentencia Condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al Juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, éste derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Sentencia de fecha 01 de Septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: 128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de Mayo de 2011, en expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá de examinar (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de Noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. IV.II.II. De la Procedencia del Recurso EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- Comparte esta Sala de lo Penal la opinión del Ministerio Público, cuando en el escrito de contestación del recurso hace la observación que el Censor no desarrolla con propiedad sus argumentos en aras de sustentar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, pues en lugar de explicar porque considera que existe violación o transgresión al estado material de inocencia o al debido proceso en perjuicio del acusado, presenta razones que se asemejan más a lo que debería de exponerse en un recurso por forma. Este Ad-Quem no advierte que exista un indebido razonamiento probatorio de la totalidad de la prueba, y en particular, de la declaraciones de los Testigos Elvin Rodriguez Avilés y Nelson Ismael Hernandez Guerrero.- Es de reflexionar que no existió conflicto en cuanto al hecho en sí, sino en cuanto a la intencionalidad del acusado que motivo su participación en él, para ello el Tribunal de Sentencia hace un recuento de aspectos objetivos evidencian cual fue esa intencionalidad, a saber: 1. Para el año 2010 los señores Marco Tomas Haylock y Carlos Alberto Breve eran internos del Centro Penal de la Ciudad de Puerto Lempira: el primero por ingreso en fecha 07 de Enero por suponerlo responsable de los delitos de Lavado de Activos y Portación Ilegal de Armas, y el segundo por ingreso el 18 de abril por suponerlo responsable de los delitos de posesión de armas de fuego comerciales y armas de fuego prohibidas; ambos internos, según informó el propio acusado, compartían una misma celda en el centro.- Tal información era conocida por el acusado, quien era Director del Centro Penal, decidiendo aún con ello autorizar la salida de los acusados, siendo razonable el prever que la gravedad del delito por los cuales se les estaba acusando podía motivar a los internos a tratar de evadirse, tal y como efectivamente ocurrió. 2. El acusado Sergio Gutiérrez Mejía, acordó con los internos mencionados hacer un viaje hasta la Comunidad de Rus Rus, en donde según palabras del propio acusado, tenía como propósito supuesto ver la propiedad y a matar un torete para azar su carne; tal acuerdo ocurrió días previos al día de la evasión de los internos, pues el viaje tuvo que ser coordinado en asuntos del medio de transporte, la hora de salida, etc. Así pues llegado el día, el 04 de Octubre de 2010, el viaje se emprendió alrededor de las ocho de la mañana cuando un vehículo particular paso recogiendo a los internos y al acusado.- Se trató entonces de un acto concebido con antelación y coordinado entre el acusado y los internos que se fugaron. 3. El día 04 de Octubre de 2010, el acusado ordenó la salida del Centro Penal de los internos Marco Tomas Haylock y Carlos Alberto Breve, sin autorización penitenciaria, judicial o Fiscal, y sin que tal salida fuese por asuntos relacionados con el Centro Penitenciario; el acusado señalo que era para conseguir unas aves (que dicho sea de paso es fauna protegida por la ley), y además se tenía pensado matar un torete para asar carne, lo que constituye una excusa reprochable, pues en conclusión el acusado expone como causa del viaje la búsqueda de éste de un beneficio personal que iba ser proporcionado por los internos en mención. Alrededor de las ocho de la mañana el hermano del interno Marco Tomas Haylock, paso recogiendo al acusado, a los dos internos y a dos policías penitenciarios que harían las veces de custodios, en un vehículo marca Nissan, modelo Frontier, color oro, tipo pick-up.- Explicó el acusado que en el vehículo se transportaban el conductor y otra persona, los dos internos, los dos custodios y él, lo que implica en matemáticas simples que la autoridad penitenciaria era superada en número por los demás ocupantes del vehículo que eran afines de los internos, quienes además tenían el control de la situación al ir conduciendo el vehículo y al dirigirse a un lugar conocido por éstos y desconocido supuestamente por aquellos. 4. El acusado señaló en su declaración que al pasar por el puesto de control militar en Morocon, fueron informados que el lugar al cual se dirigían era peligroso por ser un lugar cerca con la frontera con la República de Nicaragua, en donde se producía mucho robo de ganado, más aun con esa información el acusado decidió continuar el viaje. Todas estas circunstancias sumadas son razón suficiente para suponer que el resultado evasión de los dos internos fue como consecuencia de un mero descuido del acusado tal y como pretende el Censor, por el contrario es prueba de que obedece a conductas sistemáticas adoptadas con la razón de facilitar a los internos las condiciones adecuadas para su evasión, así declarado acertadamente por el Tribunal de Sentencia (F. 358).- Entonces la oposición del Censor a la valoración de las declaraciones de los testigos Nelson Ismael Hernández Guerrero y Elvin Rodríguez Avilés, es infundada, pues tales medios de prueba no son la base única de la declaratoria de culpabilidad, sino son elementos que se sumaron a los indicios que tienen su origen en otros medios de prueba y en la declaración del propio acusado; declaraciones que se articulan con los demás medios de prueba y que no pueden ser descalificadas como pretende el Censor por el hecho de que éstos hayan sido condenados por los mismos hechos que ocupa el juzgamiento actual, ello porque no se presentó prueba (de cualquier clase) de la existencia de un acuerdo de condena de los testigos, accediendo a declarar en contra del acusado a cambio de conseguir un beneficio procesal a su favor en sus propios juicios, y porque en general dispone el Código Procesal Penal que toda persona que tenga conocimiento de un hecho penalmente relevante puede ser llamado para prestar su declaración como testigo, ello incluye a personas privadas de libertad, pues en materia penal no existe la Tacha de testigos, como si en el proceso civil, insistiendo en que correctamente el A-Quo apreció que los testigos fueron contestes en sí mismos, entre sí y con el resto del acervo probatorio, por lo que la calificación de creíbles es conforme a un adecuado razonamiento probatorio, y por ende, en respeto al Derecho/Principio al Estado Material de Inocencia, que en el caso en estudio fue quebrantado con la prueba de cargo. V. DECISIÓN NO HA LUGAR el recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. VI. POR TANTO LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, DECIDE: PRIMERO Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública.-SEGUNDO: Declarar FIRME y Ejecutable la Sentencia de fecha diez (10) de Mayo de dos mil trece (2013), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, en la cual se declara la responsabilidad penal del SeñorSergio Gutiérrez Mejía, por ser responsable de un delito consumado de Colaboración para la Evasión, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras.-Y MANDA: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.-RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado Coordinador.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha veintinueve de marzo del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-253-2013.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.