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Sentencia CP-249-14 — Registro 16054

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por Posesión Ilegal De Armas De Fuego Comerciales, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... DECISIÓN Esta Sala considera que en el presente caso el juzgador de instancia no ha infringido los derechos garantías de debido proceso ni de inviolabilidad del domicilio. Lo anterior, al valorar el a-quo la prueba agregada al juicio, consistente en la declaración rendida por el policía JUAN JOSÉ MIRANDA ZAVALA, que en resumen establece que el acusado JOSÉ ROBERTO PORTILLO ZAVALA fue detenido cuando estaba en el patio de una casa cerca de una cocina, fuera de la casa y que al registro se le encontró al acusado dos armas de fuego, un revolver, marca Smith & Wesson, cal. 38 especial, con serie número C742l60 y en la parte de atrás entre el pantalón y la cintura una pistola, marca Prieto Beretta, calibre 9mm, con serie ilegible. Al respecto esta sala considera que el lugar donde fue detenido el acusado por miembros de la Policía que realizaban labores de prevención del delito, no reúne los requisitos propios de un domicilio establecidos por la ley, en tanto que el acusado no estaba en el interior de su vivienda, ni en un espacio físico cercado o delimitado estructuralmente de su interior, destinado para realizar de manera permanente o temporal, un conjunto de actos privados. Aunque el domicilio comprenda tanto el lugar o edificación de la residencia como cualquier extensión que la componga, en el presente caso fue acreditado que el acusado estaba en posesión material de dos armas de fuego comerciales sin permiso de portación, en espacios no delimitados o en patios interiores de su casa u hogar, sino en espacios aledaños abiertos o de libre acceso al tránsito de personas. Lo anterior, por no estar ese sitio delimitado, ni separado del exterior por ningún tipo de estructura física que impidiera el paso de personas, obstruya el acceso visual a espacios internos de la vivienda, o sea apto para el desenvolvimiento de la vida íntima del acusado. Esta Sala considera que de acuerdo a lo declarado por el policía JUAN JOSÉ MIRANDA ZAVALA y la prueba documental del proceso anteriormente relacionada, al momento de la detención del acusado éste se encontraba fuera de su casa de habitación, en posesión de dos armas de fuego, una 38 al lado derecho y una 9 mm en la parte de atrás y que el patio de dicha casa de habitación no estaba cercado. Esta Sala concluye que no se trata de una intromisión por miembros de la Policía al interior de la vivienda o domicilio del acusado, o de un lugar anexo de ella, sino de un acceso a un patio cercano a la casa de habitación del acusado, no delimitada, cercada o separada del libre tránsito de las personas y sin conexión al interior de la casa del acusado. Por lo anterior, esta Sala declara sin lugar el motivo de casación por infracción de precepto constitucional, por violación del debido proceso e inviolabilidad del domicilio, invocado por el recurrente..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.SENTENCIA Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. El Pleno de la Sala de lo Penal integrado por los magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez quien actúa como coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado. EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el recurso de casación SP-249-2012 por infracción de precepto constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha siete de marzo de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, mediante la cual falló: 1) CONDENANDO al señor JOSÉ ROBERTO PORTILLO ALVARADO, a la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de POSESIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIALES, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) CONDENANDO al imputado JOSÉ ROBERTO PORTILLO ALVARADO, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL, e INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo que dure la pena. 3) DECLARÓ la responsabilidad civil del imputado. 4) NO CONDENÓ en costas a dicho imputado. Interpuso el recurso de casación por infracción de precepto constitucional el abogado HÉCTOR EDGARDO RIVERA PORTILLO, actuando en su condición de defensor público del señor JOSÉ ROBERTO PORTILLO ALVARADO. SON PARTES: el abogado HÉCTOR EDGARDO RIVERA PORTILLO, defensor público del acusado JOSÉ ROBERTO PORTILLO ALVARADO, como parte recurrente y la abogada ISIS PAOLA MORAZÁN FLORES, fiscal en representación del Ministerio Público, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS “Valorando las pruebas practicadas en juicio, este tribunal declara, expresa y terminantemente probados, los hechos siguientes: PRIMERO. El día treinta (30) de mayo del año dos mil doce, a eso de las dos con cuarenta minutos de la tarde, patrullaban a pie, tres miembros de la Policía Nacional Preventiva de la aldea San Andrés Minas, municipio de La Unión, Copán, cuando pasaron por el caserío Plan de María, aldea El Ladrillo, del mismo municipio, observaron en el patio de una casa al señor José Roberto Portillo Alvarado, los policías ingresaron al patio, pues no estaba cercado, requirieron al señor Portillo Alvarado, le hicieron un registro y le encontraron dos armas de fuego, en parte delantera entre el pantalón y la cintura, un revólver, marca Smith & Wesson, cal. 38 especial, con serie número C742160, y en la parte de atrás entre el pantalón y la cintura una pistola, marca Prieto Beretta, calibre 9 mm, con serie ilegible. SEGUNDO. El señor José Roberto Portillo Alvarado, no estaba autorizado por ninguna autoridad para llevar consigo o tener en su poder las armas de fuego antes mencionadas.” III. ADMISIÓN El recurso de casación por infracción de precepto constitucional, interpuesto por el abogado HÉCTOR EDGARDO RIVERA PORTILLO, actuando en su condición de defensor público del señor JOSÉ ROBERTO PORTILLO ALVARADO, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. IV. RECURSO DE CASACIÓN “EL RECURRENTE ABOGADO HECTOR EDGARDO RIVERA PORTILLO, ACTUANDO EN SU CONDICION DE DEFENSOR PUBLICO, PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, DE FORMA DE LA MANERA SIGUIENTE: “MOTIVO DE CASACION. MOTIVO UNICO: La sentencia infringe los artículos 90 y 99 de la Constitución de la República, relativos al debido proceso y a la inviolabilidad del domicilio. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO DE CASACION. El debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente, todos los derechos y garantías fundamentales de carácter procesal o instrumental. La prueba, en materia penal, es sinónimo de garantía y como tal debe manejarse tanto en la fase de formación como al introducirla en el proceso y finalmente al momento de apreciarla por parte del juzgador quien debe acudir a los más estrictos criterios dentro del esquema de la libre convicción, para no mancillar esa condición, pues la naturaleza de garantía la convierte en imperativa de ahí que cada vez que la prueba venga vulnerada y se le niegue este carácter de garantía en el proceso penal, la consecuencia lógica es la nulidad absoluta de ésta y de los efectos que de ella derivan. De ahí que, cuando el juzgador basa su decisión en una prueba ilícita viola directamente la norma que lo vincula a juzgar conforme a pruebas legítimas. En el presente caso, dos garantías son vulneradas mediante la valoración realizada por el Tribunal: la inviolabilidad del domicilio y, como consecuencia de esta valoración, la infracción al debido proceso. El domicilio es el espacio cerrado o en parte abierto, separado del mundo exterior, que evidencia la voluntad del morador de excluir a terceras personas y que está destinado a actividades propias de la vida privada, propia o familiar. En el concepto de domicilio se incluyen las dependencias, (cuadras, corrales, jardines, patios, etc.) siempre que estén directamente conectadas con el domicilio, con lo que habrá que entender que la entrada indebida en estos espacios antes descritos constituye una invasión ilícita. En razón de esto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos indica en su artículo 11.2 y 11.3 los siguiente: “2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. - 3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.” Siguiendo esta misma finalidad, el artículo 99 de la Constitución de la República establece al respecto: “El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente...” Se resalta el consentimiento de la persona que lo habita, en virtud que sólo la persona que ejerza su libertad íntima en dicho recinto puede autorizar el ingreso al mismo. En razón de lo anterior, es que se recurre la sentencia aludida en el preámbulo de este libelo ya que, al valorar una prueba que claramente constituye una violación a tan fundamental derecho, se ha cometido también una vulneración a la obligación que tiene el Estado de Honduras de otorgar un debido proceso a todo encausado. EXPLICACION DEL VICIO.PRIMERO: En el hecho probado primero de la sentencia impugnada el Tribunal establece lo siguiente: “PRIMERO.- El día treinta (30) de mayo del año dos mil doce, a eso de las dos con cuarenta minutos de la tarde, patrullaban a pie, tres miembros de la Nacional Preventiva de la aldea San Andrés Minas, municipio de La Unión, Copán, cuando pasaron por el caserío Plan de María, aldea El Ladrillo, del mismo municipio, observaron en el patio de una casa al señor José Roberto Portillo Alvarado, los policías ingresaron al patio, pues no estaba cercado, requirieron al señor Portillo Alvarado, le hicieron un registro y le encontraron dos armas de fuego, en parte delantera entre el pantalón y la cintura, un revolver, marca Smith & Wesson, cal. 38 especial, con serie número C742l60, y en la parte de atrás entre el pantalón y la cintura una pistola, marca Prieto Beretta, calibre 9mm, con serie ilegible.” En relación a la Declaración rendida por el policía JUAN JOSE MIRANDA ZAVALA (Valoración de la Prueba, inciso primero, renglones 12-15 y 18-23): “.. y que esa persona estaba en el patio de su casa, cerca de una cocina estaba, fuera de la casa, que no se opuso al registro, reiteró el testigo que se le encontraron dos armas de fuego, una 38 al lado derecho y una 9mm en la parte de atrás... que José Roberto Portillo estaba en el patio de la casa al frente de la cocinita; y que ese patio está cultivado de café y otros árboles; que ellos (los policías) iban pasando por enfrente del patio para salir al desvío de El Ladrillo y que el patio de esa casa sirve como camino de herradura, ese camino pasa entre la casa y la cocina (Sic)”. (Lo resaltado es nuestro). SEGUNDO: En cuanto al hecho probado primero, es importante destacar que son los propios jueces quienes, al utilizar la frase “los policías ingresaron al patio, pues no estaba cercado...”, declaran probado en juicio que efectivamente existe una delimitación entre la propiedad privada donde se encontraba mi representado y la vía pública. Esta intromisión es erróneamente justificada bajo el argumento que el patio no se encontraba cercado, lo cual es contrario a lo que señala nuestra Constitución de la República en su artículo 99, en la que no se exige semejante requisito para otorgar una debida protección al domicilio. Contrario a la actuación de los jueces, en lugar de intentar justificar esta accionar, mi representado debió haber sido protegido de este abuso de las autoridades policiales, por los órganos jurisdiccionales en cumplimiento a lo indicado por los artículos 11.2 y 11.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. TERCERO: Con respecto a la declaración del policía JUAN JOSE MIRANDA ZAVALA es evidente cómo trata de soslayar la violación al domicilio que ha sido cometida por él y sus compañeros, al pretender justificar que el patio de mi representado es una vía pública, lo cual es evidenciado como falso cuando del dicho del propio testigo de cargo se establece que el patio sí tiene una conexión directa con la casa de habitación, encontrándose ubicado entre la cocina y la sala de estar que forman parte de una sola propiedad que conforman el domicilio del señor José ROBERTO PORTILLO ALVARADO. De ahí que no es posible que se pretenda hacer creer que el patio de mi representado sea una vía pública. Es con base a estas consideraciones que las autoridades debieron pedir una autorización para ingresar en la vivienda, misma que nunca fue solicitada, obteniendo en forma ilícita las armas descritas en la sentencia que hoy se recurre. En razón de ello, y de acuerdo con la teoría del árbol envenenado, el allanamiento de la morada de mi defendido, así como todo lo que provenga de esta violación al domicilio no debió haber sido valorada por el Tribunal. Por lo anterior, cuando el Tribunal decide darle el valor probatorio pretendido por el Ministerio Público a todo lo que se decomisó dentro de dicha propiedad, infringe los principios constitucionales del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio. Por lo anterior, al no haber ningún elemento de prueba legal en contra de mi representado, el fallo a que ha arribado el Tribunal de Sentencia debe ser enmendado por la honorable Sala Penal en aras de lograr una correcta administración de justicia para el señor JOSE ROBERTO PORTILLO ALVARADO. Finalmente, aclaramos que esta Defensa no ha podido efectuar previamente reclamación alguna para la subsanación del motivo en cuestión, por haberse producido el vicio in procedendo, en el acto mismo de sentenciar.” V. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA La garantía genérica del DEBIDO PROCESO consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes en el proceso, dentro de tal garantía deben incluirse el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros, en fin el principio del debido proceso exige la materialización del principio de Legalidad. Antecedente jurisprudencial: sentencia de casación penal número SP-187-2011. Respecto a la garantía de INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO, esta Sala considera que: “El Domicilio es el espacio físico delimitado estructuralmente, bajo el dominio, uso o goce de una o más personas determinadas, destinado para realizar en él, de manera permanente o temporal, un conjunto de actos privados, generalmente emancipados de las normas sociales imperantes en el exterior. El domicilio comprende no sólo el lugar o edificación de la residencia, sino cualquier extensión que la componga, como patios interiores, bodegas, sótanos, etc., que se interconecten entre sí y en donde se evidencia que forman parte de un todo, conforme lo conceptualiza el artículo 220 del Código Penal. Son elementos del domicilio: A) Elementos objetivos: 1) Espacio físico, debidamente delimitado y separado del exterior por una estructura de cualquier tipo; 2) Que se impida desde el exterior acceso visual de todos los espacios internos de la estructura; 3) Que sea apto para el desarrollo de la vida privada. B) Elementos subjetivos: 1) Que el espacio físico esté siendo usado permanente o temporalmente para el desarrollo de la esfera privada de la vida; 2) Aprovechar las condiciones físicas estructurales para excluir la participación de terceros en las actividades de la vida personal, segregando los mismos a dicho espacio. En conclusión el domicilio, con independencia de la relación jurídica entre el lugar y sus moradores, puede consistir en una estructura natural o artificial, mueble o inmueble, siempre que sea un ambiente cerrado al cual sólo tenga acceso aquellas personas que moran en él, usándolo para resguardar sus actos y posesiones íntimas…”. Antecedente jurisprudencial: sentencia de casación penal número SP-208-2010. VI. RESUMEN La sentencia recurrida infringe los artículos 90 y 99 de la Constitución de la República, relativos al debido proceso y a la inviolabilidad del domicilio. Reprocha que al valorar la prueba testifical de cargo agregada al juicio el a-quo ha incurrido en violación a tan fundamentales derechos. Señala que en el hecho probado primero de la sentencia impugnada el a-quo establece que: “...los policías ingresaron al patio que no estaba cercado, requirieron al señor JOSÉ ROBERTO PORTILLO ALVARADO, le hicieron un registro y le encontraron dos armas de fuego, en parte delantera entre el pantalón y la cintura, un revolver, marca Smith & Wesson, cal. 38 especial, con serie número C742l60, y en la parte de atrás entre el pantalón y la cintura una pistola, marca Prieto Beretta, calibre 9mm, con serie ilegible. Considera que el policía JUAN JOSE MIRANDA ZAVALA declara que el acusado “estaba en el patio de su casa cerca de una cocina, estaba fuera de la casa, que no se opuso al registro, reiteró el testigo que se le encontraron dos armas de fuego, una 38 al lado derecho y una 9mm en la parte de atrás... y que los jueces apreciaron que: “los policías ingresaron al patio que no estaba cercado...”, y declaran probado que existe una delimitación de la propiedad privada donde se encontraba el acusado y la vía pública. El a-quo justifica la intromisión al domicilio bajo el argumento que el patio no se encontraba cercado y que es vía pública, lo cual es falso por declarar el testigo que el patio tiene conexión con la casa de habitación y que él estaba entre la cocina y la sala de estar que forman parte de la propiedad o domicilio del acusado. Concluye que el patio del acusado no debió ser considerado una vía pública por lo que al darle valor probatorio a todo lo que se decomisó al acusado dentro de dicha propiedad, el a-quo incurre en violación de los derechos de debido proceso e inviolabilidad del domicilio. VII. DECISIÓN Esta Sala considera que en el presente caso el juzgador de instancia no ha infringido los derechos garantías de debido proceso ni de inviolabilidad del domicilio. Lo anterior, al valorar el a-quo la prueba agregada al juicio, consistente en la declaración rendida por el policía JUAN JOSÉ MIRANDA ZAVALA, que en resumen establece que el acusado JOSÉ ROBERTO PORTILLO ZAVALA fue detenido cuando estaba en el patio de una casa cerca de una cocina, fuera de la casa y que al registro se le encontró al acusado dos armas de fuego, un revolver, marca Smith & Wesson, cal. 38 especial, con serie número C742l60 y en la parte de atrás entre el pantalón y la cintura una pistola, marca Prieto Beretta, calibre 9mm, con serie ilegible. Al respecto esta sala considera que el lugar donde fue detenido el acusado por miembros de la Policía que realizaban labores de prevención del delito, no reúne los requisitos propios de un domicilio establecidos por la ley, en tanto que el acusado no estaba en el interior de su vivienda, ni en un espacio físico cercado o delimitado estructuralmente de su interior, destinado para realizar de manera permanente o temporal, un conjunto de actos privados. Aunque el domicilio comprenda tanto el lugar o edificación de la residencia como cualquier extensión que la componga, en el presente caso fue acreditado que el acusado estaba en posesión material de dos armas de fuego comerciales sin permiso de portación, en espacios no delimitados o en patios interiores de su casa u hogar, sino en espacios aledaños abiertos o de libre acceso al tránsito de personas. Lo anterior, por no estar ese sitio delimitado, ni separado del exterior por ningún tipo de estructura física que impidiera el paso de personas, obstruya el acceso visual a espacios internos de la vivienda, o sea apto para el desenvolvimiento de la vida íntima del acusado. Esta Sala considera que de acuerdo a lo declarado por el policía JUAN JOSÉ MIRANDA ZAVALA y la prueba documental del proceso anteriormente relacionada, al momento de la detención del acusado éste se encontraba fuera de su casa de habitación, en posesión de dos armas de fuego, una 38 al lado derecho y una 9 mm en la parte de atrás y que el patio de dicha casa de habitación no estaba cercado. Esta Sala concluye que no se trata de una intromisión por miembros de la Policía al interior de la vivienda o domicilio del acusado, o de un lugar anexo de ella, sino de un acceso a un patio cercano a la casa de habitación del acusado, no delimitada, cercada o separada del libre tránsito de las personas y sin conexión al interior de la casa del acusado. Por lo anterior, esta Sala declara sin lugar el motivo de casación por infracción de precepto constitucional, por violación del debido proceso e inviolabilidad del domicilio, invocado por el recurrente. RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado, todos de la Constitución de la República; 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360 del Código Procesal Penal. FALLA: Declara sin lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, en su motivo único, interpuesto por el abogado HÉCTOR EDGARDO RIVERA PORTILLO, defensor público del acusado JOSÉ ROBERTO PORTILLO ALVARADO, contra la sentencia de fecha siete de marzo de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los fines y efectos legales. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado Coordinador.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de febrero del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha doce de diciembre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-249-2014.

JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

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